Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-04405-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-04405-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-04405-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., nueve (09) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04405-00
Demandante: Carlos Augusto Caicedo Gardeazabal
Demandado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad simple. Medida
cautelar. Defecto fáctico, sustantivo, insuficiente motivación y
violación directa de la Constitución.
Decisión: Niega el derecho al amparo
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Carlos
Augusto Caicedo Gardeazabal contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 9 de junio de 2026, Carlos Augusto Caicedo Gardeazabal, presentó una
acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, tutela judicial efectiva e igualdad procesal1 con ocasión
de los autos del 16 y 23 de abril de 2026 proferidos dentro de los procesos de
nulidad con radicado No 11001-03-28-000-2026-00019-002 y 11001-03-28-000-
2026-00033-003 respectivamente.
2. A título de amparo constitucional, solicitó que se dejaran sin efectos los Autos
del 16 y 23 de abril de 2026 proferidos dentro de los procesos de nulidad con
radicado No 11001-03-28-000-2026-00019-00 y 11001-03-28-000-2026-00033-00
respectivamente, y que, en su lugar, se profiriera decisión de reemplazo en la que
se accediera a sus pretensiones.
3. Asimismo, como pretensión subsidiaria, solicitó que se ordenara al Consejo
Nacional Electoral realizar un nuevo estudio técnico, financiero, contable, jurídico y
1 También menciona las garantías de prevalencia del derecho sustancial, la protección del patrimonio público y
los principios de moralidad administrativa, eficacia, economía, responsabilidad en la gestión administrativa y
sostenibilidad fiscal.
2
El auto que resolvió el recurso de reposición presentado frente a esta providencia fue notificado por estado
electrónico el 1 de junio de 2026.
3 El auto que resolvió el recurso de reposición presentado frente a esta providencia fue notificado por estado
electrónico el 5 de junio de 2026.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04405-00
Demandante: Carlos Augusto Caicedo Gardeazabal
de sostenibilidad fiscal, previo a cualquier reconocimiento, ordenación o pago
definitivo por concepto de reposición de votos con fundamento en las resoluciones
cuestionadas. Igualmente, pidió que se ordenara a dicha autoridad abstenerse de
efectuar reconocimientos o pagos definitivos por ese concepto mientras se
adelantara el referido estudio.
4. Como fundamentos fácticos del escrito de tutela y anexos, se observa que
el día 11 de febrero, Carlos Augusto Caicedo Gardeazabal presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad frente a la Resolución No 12111 del 23 de
diciembre de 20254 «Por la cual se fija el límite a los montos de gastos de las
consultas que realicen los partidos y movimientos políticos con personería jurídica,
y/o grupos significativos de ciudadanos para la toma de decisiones o la escogencia
de sus candidatos a la Presidencia de la República, que se lleven a cabo durante el
año 2026, se fija el valor de reposición de los votos válidos depositados y se toman
otras decisiones». Posteriormente el 4 de marzo de 2026, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad frente a la Resolución No 0480 del 28 de
enero de 20265 «Por medio de la cual se fija el valor de reposición por voto válido
del Senado de la República y la Cámara de Representantes para las elecciones de
2026» proferidas por el Consejo Nacional Electoral.
5. En las demandas se solicitó como medida cautelar la suspensión provisional
de los artículos 1 y 4 de la Resolución No 12111 del 23 de diciembre de 2025 y del
artículo 1 de la Resolución No 0480 del 28 de enero de 2026. Las solicitudes se
sustentaron en la necesidad de evitar un eventual detrimento de las finanzas
públicas ocasionado por la fijación del valor de reposición de votos con base en
criterios que los demandantes consideraron carentes de razonabilidad. Asimismo,
se alegó la presunta vulneración del principio de sostenibilidad fiscal. Con la
adopción de la medida cautelar se pretendía proteger provisionalmente el objeto del
proceso y garantizar la efectividad de la decisión que se adoptara en la sentencia.
4 La demanda le correspondió a la Sección Quinta del consejo de Estado con Rad. No 11001-03-28-000-2026-
00019-00 y pretende que se declare la nulidad de los artículos 1 y 4 de la Resolución No 12111 del 23 de
diciembre de 2025. «ARTICULO PRIMERO: FIJAR el límite de los gastos de las campañas de las consultas
que las agrupaciones políticas realicen para la escogencia de sus candidatos a la Presidencia de la República
en un equivalente al cincuenta por ciento (50%) del límite de gastos fijados en el artículo primero de la
Resolución No. 00204 del 22 de enero de 2025, que debe ser gastado de manera conjunta por las campañas
que adelanten todos los candidatos del respectivo partido o movimiento político entre cada uno de los
precandidatos, que sean inscritos y participen en la Consulta a realizarse el 08 de marzo de 2026», «ARTICULO
CUARTO: FIJAR la suma de OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE
($8.287) como valor de reposición por cada voto válido depositado en las consultas que realicen las
agrupaciones políticas para la escogencia de sus candidatos a la Presidencia de la República, a realizarse el 8
de marzo de 2026, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de este proveído»
5 La demanda le correspondió a la Sección Quinta del Consejo de Estado con Rad. No 11001-03-28-000-2026-
00033-00 y pretende que se declare la nulidad del artículo 1 de la Resolución No 0480 del 28 de enero de 2026.
«ARTICULO PRIMERO: FIJAR el valor a recibir por concepto de reposición de gastos de la campaña por voto
válido obtenido por los candidatos al Congreso de la República de las elecciones realizarse el 8 de marzo de
2026, en la suma de OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL
COLOMBIANA ($8.863).»
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Demandante: Carlos Augusto Caicedo Gardeazabal
6. La Sección Quinta, mediante Auto del 16 de abril de 20266, proferido dentro
del proceso con Rad. No 11001-03-28-000-2026-00019-00, resolvió negar la
suspensión provisional de los artículos 1 y 4 de la Resolución No 12111 del 23 de
diciembre de 2025. La decisión se fundamentó en que, en esa etapa procesal, no
se advertía la vulneración de las disposiciones invocadas ni de los principios de
igualdad, proporcionalidad y sostenibilidad fiscal.
7. Asimismo, indicó que la resolución acusada tiene como finalidad fijar el valor
de reposición de votos para las consultas destinadas a la selección de candidatos
a la Presidencia de la República, asunto regulado por la Ley 996 de 2005. Precisó
que los actos citados por el demandante se refieren a consultas destinadas a la
adopción de decisiones internas de los partidos políticos o a la selección de
candidatos a otros cargos de elección popular, reguladas por la Ley 1475 de 2011,
razón por la cual corresponden a mecanismos distintos. Resaltó, además, que las
consultas presidenciales cuentan con un régimen especial de financiación, por lo
que el Consejo Nacional Electoral tomó como referencia la Resolución 1671 de
2021, mediante la cual se reguló la financiación de consultas presidenciales
anteriores y se actualizaron los valores con base en la variación anual del IPC. Con
fundamento en lo anterior, consideró que el Consejo Nacional Electoral sustentó su
decisión en criterios técnicos, objetivos y verificables. Agregó que la discusión
acerca de si las consultas comparadas tienen la misma naturaleza deberá
resolverse en la sentencia.
8. Aunado a lo anterior, mediante Auto del 23 de abril de 2026, la Sección Quinta
dentro del proceso con Rad. No 11001-03-28-000-2026-00033-00 resolvió negar la
suspensión provisional del artículo 1 de la Resolución No 0480 del 28 de enero de
2026. La decisión se fundamentó en que en esa etapa procesal, no se evidenciaba
la vulneración de los principios de igualdad, proporcionalidad, razonabilidad,
progresividad y sostenibilidad fiscal. Asimismo, afirmó que la resolución demandada
no creó arbitrariamente un nuevo valor de reposición, sino que actualizó el fijado en
la Resolución 00203 de 2005 para las elecciones del Congreso, con base en la
variación del IPC. Resaltó que la presunta desproporción señalada por el
demandante surgía de la comparación entre mecanismos distintos, esto es, las
consultas internas de partidos políticos y las elecciones de Congreso de la
República, circunstancia que impedía concluir, en esa etapa procesal, la existencia
de un incremento injustificado, sin perjuicio de que en la sentencia se adopte una
conclusión diferente.
6 Frente a este Auto se presentó recurso de reposición el cual fue confirmado mediante Auto del 28 de mayo de
2026
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9. Mediante los autos de 28 de mayo7 y 4 de junio de 20268, la Sección Quinta
resolvió no reponer las providencias mediante las cuales se negaron las medidas
cautelares de suspensión provisional solicitadas.
10. Como fundamento de la vulneración, sostuvo que la Sección Quinta del
Consejo de Estado, al negar la medida cautelar, no efectuó una valoración integral,
motivada y completa de los dictámenes periciales que advertían un posible
detrimento patrimonial del Estado, y difirió el análisis técnico para la sentencia
definitiva. Manifestó que los autos cuestionados se limitaron a señalar que las
resoluciones comparadas correspondían a mecanismos electorales distintos, sin
examinar si la diferencia entre los valores fijados por el Consejo Nacional Electoral
y los obtenidos en el dictamen pericial resultaba razonable, necesaria y
proporcional.
11. Indicó que los autos incurrieron en: (i) defecto fáctico, al no valorar
integralmente los dictámenes periciales allegados al proceso, particularmente en lo
relacionado con la metodología de indexación, la trazabilidad histórica, la
razonabilidad del valor base, la diferencia porcentual, el impacto fiscal y el posible
sobrecosto por voto; (ii) defecto sustantivo, al aplicar de manera restrictiva el artículo
231 de CPACA, pese a que existían elementos técnicos que permitían advertir, al
menos de forma preliminar, una posible infracción de normas superiores y un riesgo
fiscal; (iii) insuficiente motivación, debido a que las providencia no explicaron de
manera completa las razones por las cuales los dictámenes carecían de aptitud para
demostrar una infracción normativa en sede cautelar, y; (iv) violación directa de la
Constitución, por desconocimiento de los artículos 29, 209, 267, 334 y 229 de la
Constitución Política.
7 El accionante presentó un recurso de súplica contra la decisión que negó la suspensión provisional de los
artículos 1 y 4 de la Resolución 12111 del 23 de diciembre de 2025. Sin embargo, de conformidad con el artículo
318 del CGP la Sala adecuó dicha solicitud al recurso de reposición. En el auto que resolvió el recurso se
destacó que la Resolución 1678 de 2021 constituyó el referente utilizado para fijar el valor de reposición de
votos en un mecanismo consultivo, razón por la cual sirvió de fundamento para que el CNE estableciera en
$8.287 el valor de reposición por voto. Asimismo, se indicó que dicho calculó tuvo en cuenta el IPC, lo que
constituye el sustento técnico y verificable de la decisión adoptada. Finalmente, resaltó que el documento
técnico presentado por el demandante se sustentaba en actos administrativos destinados a fijar valores para
consultas orientadas a la adopción de decisiones internas de los partidos políticos o la selección de candidatos
para otros cargos de elección popular, por lo que correspondían a mecanismos de naturaleza distinta a las
consultas objeto de análisis.
8 El accionante interpuso un recurso de súplica contra la decisión que negó la suspensión provisional del artículo
1 de la Resolución 0480 del 28 de enero de 2026. Sin embargo, de conformidad con el artículo 318 del CGP la
Sala adecuó dicha solicitud al recurso de reposición. En la providencia que resolvió el recurso, la Sala manifestó
que había explicado suficientemente que, en esta etapa procesal, la resolución demandada regulaba el monto
de reposición por voto valido para los candidatos a las elecciones al Congreso de la República, mientras que
los actos administrativos citados en el dictamen pericial fijaron el valor de reposición de votos para las consultas
internas de los partidos o para la selección de candidatos a otros cargos de elección popular. Por esta razón,
consideró que el presunto incremento desproporcionado alegado surgía de comparar mecanismos de
participación diferentes. Asimismo, indicó que, aunque el demandante insistía en que se restó valor al dictamen
pericial, en sede de suspensión provisional el juez debe verificar la procedencia de la medida mediante el cotejo
entre el acto demandado y las normas invocadas como vulneradas, de conformidad con el artículo 231 del
CPACA. Finalmente, señaló que el CNE sustentó el incremento del valor de reposición a partir del IPC, por lo
que, en ese momento procesal, no se advertía la presunta transgresión de los principios de igualdad,
razonabilidad y sostenibilidad fiscal.
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Intervenciones9
12. La Sección Quinta del Consejo de Estado10. El Magistrado Omar Joaquín
Barreto Suárez11, indicó que los argumentos expuestos por el accionante evidencian
el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, debido a que se limitan
a controvertir el análisis jurídico efectuado en las providencias cuestionadas y no
señalan las razones por las cuales se apartarían del ordenamiento jurídico. Por lo
anterior, solicitó declarar improcedente la acción de tutela.
13. Por su parte, el Magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil12, manifestó que la
acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional, ya que los
reproches reflejan únicamente la inconformidad del accionante con la decisión
adoptada y en ningún momento da cuenta de la afectación a las garantías y
principios constitucionales. Asimismo, indicó que el auto cuestionado ni resolvió de
fondo la controversia ni implicó prejuzgamiento. Finalmente, resaltó que los
argumentos expuestos en la acción de tutela reproducen, en esencia, los planteados
en el recurso de reposición.
14. El Consejo Nacional Electoral sostuvo que existía falta de legitimación en la
causa por pasiva, por cuanto la acción de tutela se dirigía contra providencias
judiciales proferidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado. Resaltó que las
resoluciones No. 12111 del 23 de diciembre de 2025 y No 0480 del 28 de enero de
2026 fueron expedidas en ejercicio de las competencias constitucionales y legales
atribuidas al CNE. Asimismo, manifestó que no se configuraba ninguno de los
defectos alegados respecto de las providencias cuestionadas, pues la Sección
Quinta sí analizó el dictamen pericial aportado en el proceso.
9 Mediante Auto del 11 de junio de 2026, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra la Sección
Quinta del Consejo de Estado y vinculó al Consejo Nacional Electoral.
El 22 de junio, el accionante presentó un memorial mediante el cual se pronunció sobre el informe rendido por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el que se indicó que la acción de tutela sí tiene relevancia
constitucional. Señaló que la valoración de los dictámenes fue aparente pues no se explicó por qué la
metodología pericial, la trazabilidad histórica, la razonabilidad del valor base, la diferencia porcentual, el impacto
fiscal y el posible sobrecosto por voto no resultaban suficientes para justificar la adopción de una medida
cautelar. Asimismo, insistió en que el dictamen únicamente fue mencionado en las providencias cuestionadas,
sin que se efectuara un análisis sustancial de sus elementos centrales. Agregó que la variación del IPC, por sí
sola, no demuestra la corrección del valor base utilizado. Finalmente, manifestó que no era admisible sostener
que todo el debate debe diferirse hasta la sentencia de fondo. En consecuencia, solicitó no se acogiera la
solicitud de improcedencia ni la solicitud de negar el amparo.
10 La Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado envío el enlace para consultar los procesos proceso
de nulidad a través de SAMAI.
11 Quien se refirió concretamente a lo expuesto en la acción de tutela frente al Auto del 16 de abril de 2026 que
negó la medida cautelar de suspensión provisional de la Resolución 12111 del 23 de diciembre de 2025
expedida por el CNE
12 Refiriéndose al Auto del 23 de abril de 2026 que negó la solicitud de suspensión provisional de los efectos
del artículo 1 de la Resolución 0480 del 28 de enero de 2026 expedida por el CNE
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II.CONSIDERACIONES
Competencia
15. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión Previa
16. La Sala no accederá a la solicitud de desvinculación presentada por el
Consejo Nacional Electoral, toda vez que dicha entidad tiene interés directo en el
resultado del proceso, por cuanto actúa como demandada dentro de los medios de
control de nulidad que dieron origen a la presente acción constitucional.
Problema jurídico
17. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, si la
Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en los defectos fáctico y sustantivo.
En particular, se deberá establecer si la autoridad judicial efectuó una indebida
valoración del dictamen pericial y una interpretación restrictiva del artículo 231 del
CPACA, al omitir un examen material del impacto fiscal que tendría el alegado
sobrecosto en el valor de la reposición de votos reconocido con fundamento en las
Resoluciones No 12111 del 23 de diciembre de 2025 y No 0480 del 28 de enero de
2026 expedidas por el Consejo Nacional Electoral.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
18. La Sala declarará improcedente la acción de tutela por no haberse
satisfecho el requisito general de relevancia constitucional, de conformidad con las
razones que a continuación se exponen:
19. Para la Corte Constitucional, el requisito bajo estudio encuentra su razón de
ser en el carácter residual de este mecanismo constitucional, así como en la
necesidad de preservar las competencias judiciales y el respeto de la autonomía e
independencia de los jueces. Por tal razón, la acción de tutela contra providencia
judicial se restringe a asuntos donde se afecten los derechos y garantías
fundamentales, en aras de evitar que se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario13.
20. La jurisprudencia constitucional ha señalado de manera reiterada que la
acción de tutela contra providencias judiciales únicamente resulta procedente
cuando la controversia sometida al juez constitucional plantea un auténtico
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
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problema de relevancia constitucional. En consecuencia, no basta con que el
accionante invoque formalmente la vulneración de derechos fundamentales, sino
que es indispensable que el debate trascienda el ámbito de la mera legalidad y
comprometa realmente el contenido, alcance o eficacia de una garantía
constitucional.
21. Así, la corporación precitada identificó los siguientes criterios para
determinar si un asunto goza de importancia constitucional: (i) que la discusión
involucre algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una meramente
legal y/o económica; (iii) que la acción de tutela exponga argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental. Dicho de otro modo, no basta con que la parte actora alegue la
violación al debido proceso, a la administración de justicia o a la igualdad, sino que
debe ir más allá «de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales», lo cual supone justificar de manera
razonada y clara la «existencia de una restricción desproporcionada a un derecho
fundamental»; y (iv) el análisis contra decisiones de las altas cortes debe ser
estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación
judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales, ya que
estas, al ser tribunales de cierre, son a quienes les corresponde «la unificación de
jurisprudencia como forma de precisar con autoridad y vocación de generalidad el
significado y alcance de las diferentes áreas del ordenamiento jurídico»14
22. Esta exigencia responde al carácter excepcional de la tutela contra
providencias judiciales, pues el juez constitucional no puede convertirse en un juez
adicional encargado de revisar la corrección jurídica de las decisiones adoptadas
por los jueces competentes.
23. En el mismo sentido, la tutela tampoco procede cuando la controversia
conserva una naturaleza predominantemente legal, patrimonial o económica, aun
cuando el accionante invoque formalmente derechos fundamentales. Lo
determinante es establecer si realmente existe un problema constitucional
autónomo o si la discusión continúa siendo esencialmente de legalidad.
24. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de
agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo expresamente
que este requisito requiere la conjunción de varios elementos: (1) una carga
argumentativa por parte del accionante que explique, con suficiencia, la relevancia
de la controversia para el juez de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en
el asunto; (2) que la solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener
una instancia adicional al proceso ordinario y (3) que se trate de una controversia
sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad.
14 Corte Constitucional. SU-215 de 2022.
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25. De esta manera se observa que, aunque el actor afirma que se vulneraron
sus derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia, tutela judicial
efectiva e igualdad procesal, el examen integral del escrito de tutela evidencia que
el verdadero objeto de inconformidad no consiste en la afectación autónoma de tales
garantías, sino en el desacuerdo con la valoración jurídica y probatoria efectuada
por la Sección Quinta al resolver las solicitudes de suspensión provisional
formuladas dentro de los medios de control de nulidad.
26. En realidad, todos los reproches formulados por el accionante se orientan a
demostrar que la autoridad judicial debió otorgar mayor fuerza demostrativa al
dictamen pericial aportado con la demanda; que interpretó de manera equivocada
el artículo 231 del CPACA; que debió concluir que existía una infracción prima facie
de las normas superiores; y que, en consecuencia, debía decretar la suspensión
provisional de las resoluciones expedidas por el Consejo Nacional Electoral.
27. Así, el debate planteado no versa sobre una lesión constitucional autónoma,
sino sobre la corrección de la interpretación jurídica realizada por la Sección Quinta
respecto de los presupuestos legales para decretar una medida cautelar.
28. En el mismo sentido, se resalta que el centro del debate consiste en
determinar si el Consejo Nacional Electoral fijó correctamente el valor de reposición
de votos; si el incremento derivado del IPC resultaba razonable; si el dictamen
pericial ofrecía una metodología técnicamente adecuada; y si tales elementos
justificaban la suspensión provisional de los actos administrativos demandados. Se
trata, por tanto, de cuestiones propias del juicio de legalidad que se desarrolla en el
medio de control de nulidad y no de un problema constitucional autónomo.
29. No modifica esta conclusión el hecho de que el accionante invoque
principios como la sostenibilidad fiscal, la moralidad administrativa, la protección del
patrimonio público o la prevalencia del derecho sustancial. Tales referencias no
alteran la verdadera naturaleza de la controversia, pues constituyen simplemente el
soporte argumentativo utilizado para insistir en que la medida cautelar debió
concederse. En consecuencia, dichos principios son empleados como fundamento
de una discrepancia jurídica respecto de la decisión cautelar y no como expresión
de una vulneración constitucional independiente.
30. Por lo expuesto, la Sala advierte que la tutela persigue reabrir exactamente
la discusión adelantada ante el juez ordinario. De hecho, los mismos argumentos
relativos a la valoración del dictamen pericial, al supuesto impacto fiscal, a la
metodología de indexación, al alcance del artículo 231 del CPACA y a la motivación
de las providencias son reiterados en esta sede constitucional, con el propósito de
obtener un nuevo pronunciamiento sobre la procedencia de la suspensión
provisional.
31. En estas condiciones, la acción de tutela pretende convertir al juez
constitucional en una instancia adicional encargada de revisar la valoración jurídica
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efectuada por el juez competente dentro del proceso de nulidad, finalidad que
resulta incompatible con el carácter excepcional de la tutela contra providencias
judiciales.
32. Por consiguiente, la Sala concluye que la presente acción no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional y, en consecuencia, debe declararse
improcedente, sin que resulte necesario abordar el estudio material de los defectos
fáctico, sustantivo, de motivación o de violación directa de la Constitución invocados
por el accionante.
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo
Nacional Electoral, por las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por
Carlos Augusto Caicedo Gardeazabal contra la Sección Quinta del Consejo de
Estado, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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