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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2026-00033-00

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2026-00033-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. 45 «Por medio de la cual se fijan los límites a los montos de gastos de las campañas electorales de las listas de candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes para las elecciones de 2026, se establece el monto máximo que cada partido o movimiento con personería jurídica puede invertir en ellas, y se fija el valor de reposición por voto válido». Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Demandante: Carlos Augusto Caicedo Gardeazabal Demandado: Consejo Nacional Electoral Radicado: 11001-03-28-000-2026-00033-00 SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2026-00033-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: NULIDAD
Radicación: 11001-03-28-000-2026-00033-00
Demandante: Carlos Augusto Caicedo Gardeazabal
Demandado: Consejo Nacional Electoral (CNE)

Tema: Valor de reposición de gastos de la campaña electoral por
voto válido obtenido por los candidatos al Congreso de la
República.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a dictar sentencia de única instancia dentro de este asunto, en el
que se demandó el artículo 1.º de la Resolución 0480 del 28 de enero de 2026, de
conformidad con los artículos 149.11 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por el artículo 24 de la Ley
2080 de 2021 y 13 del Acuerdo 080 de 20192.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante: pretensiones y supuestos fácticos de la
demanda

1. El demandante, en síntesis, solicita anular el artículo 1.º de la Resolución
0480 del 28 de enero de 20263, mediante el cual el Consejo Nacional Electoral
(CNE) fijó la suma de $ 8.863 como valor a recibir por concepto de reposición de
gastos de la campaña por voto válido obtenido por los candidatos al Congreso
de la República, en las elecciones del 8 de marzo de 2026, porque, en su criterio,
dicho monto deviene de un incremento injustificado, en comparación con los $ 2.685
que estableció la entidad4 para las consultas que efectuaran los partidos,
movimientos o grupos significativos de ciudadanos para 2026.

1 «Artículo 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA. <modificado por el

artículo 24 de la Ley 2080 de 2021> El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por
intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el
reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 1. De la nulidad de los actos
administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho
privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, salvo que se trate de actos de certificación
o registro, respecto de los cuales la competencia está radicada en los tribunales administrativos […]».
2
Modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024.
3 «Por medio de la cual se fija el valor de reposición por voto válido del Senado de la República y la Cámara de

Representantes para las elecciones de 2026».
4 Mediante Resolución 0490 del 28 de enero de 2026. «ARTÍCULO PRIMERO: FÍJESE la suma de […] $ 2.685,

como valor de reposición por cada voto válido depositado para las consultas de los partidos, movimientos
políticos y/o grupos significativos de ciudadanos que opten por este mecanismo para la toma de sus decisiones
o escogencia de sus candidatos a nivel nacional, departamental o distrital».

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2. Así las cosas, adujo que la disposición cuestionada fue expedida con
infracción de las normas en que debía fundarse porque desconoce los artículos
13, 40, 109, 209, 265, 334 de la Constitución Política y 21 de la Ley 1475 de 2011.

3. Para sustentar lo expuesto, indicó que, como el valor fijado para la reposición
de votos resulta «desproporcionado» y «exagerado», se trasgrede el principio de
igualdad del artículo 13 superior respecto de grupos políticos minoritarios con menor
capacidad financiera y frente a la ciudadanía en general; además, se restringe el
derecho de participación, conformación, ejercicio y control del poder político del
artículo 40 de la Constitución Política, en tanto que, favorece el fortalecimiento de
los grupos mayoritarios.

4. Seguidamente, explicó que, al fijar «un valor exagerado» sin soporte técnico,
el CNE infringió los artículos 109 y 209 de la Constitución Política y extralimitó la
competencia atribuida en el «numeral 6»5 del artículo 265 de dicha norma, pues
aunque el Estado tiene la potestad de financiar las campañas electorales en
garantía de la participación política, lo cierto es que dicha facultad no es absoluta ni
arbitraria «sino que debe ejercerse de conformidad con la ley, bajo criterios de
razonabilidad, proporcionalidad, equidad y sujeción al interés general».

5. De otro lado, aseguró que el acto acusado desconoce la garantía de
sostenibilidad fiscal contemplada en el artículo 334 Superior porque el incremento
injustificado del valor de reposición de votos, sin sujeción al IPC, representa «una
carga desmedida e irrazonable para el tesoro público», que no se acompasa con el
principio de economía del gasto público y tampoco con los fines constitucionales de
la financiación democrática.

6. Además, con fundamento en el dictamen pericial aportado, advirtió que la
Resolución 0480 del 28 de enero de 2026 trasgredió el artículo 21 de la Ley 1475
de 2011, el cual establece «que los valores de reposición deben actualizarse
conforme a los índices que reflejen la variación real de los costos electorales», dado
que, según su dicho, para reajustar el valor de reposición de votos, se aplicó,
exclusivamente, el IPC (5,10%) y no se tuvo en cuenta el índice específico
actualizado (ICCE6) para el año 2025.

7. Bajo esa óptica, sostuvo que, de acuerdo con «la proyección técnica
efectuada mediante la aplicación del método de indexación basado en la variación
acumulada del IPC certificado por el Departamento Administrativo Nacional de

5 El actor indicó que el numeral 6 del artículo 265 de la Constitución Política «dispone distribuir los aportes para

el financiamiento de las campañas electorales, y para asegurar el derecho de la participación política de los
ciudadanos»; sin embargo, dicho contenido corresponde al numeral 7 de la referida norma.
6 Índice de Costos de las Campañas Electorales.

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Estadística», el CNE debía fijar como valor de reposición de votos la suma de
$2.685, tal como se contempló en la Resolución 0490 de 20267.

B. Posición de la parte demandada

8. La apoderada judicial del CNE8 solicitó denegar las pretensiones al concluir
que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado,
como pasa a exponerse.

9. Señaló que no se configuró la infracción de las normas en que debía
fundarse la disposición demandada porque fue expedida en atención a la
competencia prevista en los artículos 109 de la Constitución Política y 21 y 24 de la
Ley 1475 de 20119, relacionada con la fijación y actualización anual de los
valores de reposición por voto válido y los límites de gastos de campaña.

10. Asimismo, sostuvo que el CNE cuenta con «un margen técnico y
reglamentario» para actualizar los valores de reposición por voto válido y los límites
de gastos de campaña, por lo que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
en el 2012 adelantó un «estudio base para la actualización de los costos reales de
campaña electorales»10.

11. A su vez, señaló que, para el 2014, el DANE conformó el ICCE, con la
finalidad de medir la variación anual de los costos de bienes y servicios de las
campañas, y presentó una propuesta de costos para las campañas a la gobernación
y a la alcaldía, teniendo como punto de partida: i) la información reportada por los
candidatos, partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos en
el aplicativo de «cuentas claras»; ii) el censo electoral y iii) la normativa vigente.

12. Bajo ese entendido, explicó que los costos reales de las campañas
electorales fueron adoptados en virtud de los mencionados estudios técnicos y han
sido ajustados de forma periódica teniendo en cuenta las variaciones del ICCE o del
IPC, cuando el primero de estos no se encuentre disponible.

13. Partiendo de lo que antecede, indicó que la actualización de los valores de
reposición por voto válido, como ocurrió en este caso, no obedece a una actuación
«arbitraria o improvisada» del CNE, sino que deviene de un «esquema técnico»

7 «Por la cual se fija el valor de reposición por cada voto válido depositado para las consultas de los partidos,

movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos que opten por este mecanismo para la toma de
sus decisiones o escogencia de sus candidatos en el año 2026».
8 Índice 41, Samai.
9 Explicó que en las referidas normas se establecieron los siguientes criterios para fijar el límite máximo del

monto de gastos de las campañas electorales: «i) costos reales de campañas electorales, ii) censo electoral y
iii) la apropiación presupuestal para la financiación estatal de las respectivas campañas electorales».
10 Según la demandada, el referido estudio «constituyó el soporte técnico inicial para la determinación y

actualización progresiva de los valores asociados a la financiación estatal de campañas».

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soportado en estudios especializados, que también fue aplicado para expedir las
Resoluciones 00203 de 202511 y 0480 de 2026 (demandada).

14. En esa línea, puntualizó que el precepto acusado no creó de forma
«arbitraria» un nuevo monto por concepto de reposición por voto válido, por el
contrario, en realidad, plasmó el reajuste de la suma fijada con anterioridad en
la Resolución 00203 de 2025, teniendo en cuenta la variación certificada por el
DANE; aspecto que, a su juicio, permite evidenciar que se sustentó con observancia
de criterios técnicos verificables e información oficial remitida por la autoridad
competente.

15. En este punto, la defensa puso de presente que en el acto administrativo
acusado se explicó que, el 2 de enero de 202612, el CNE requirió al DANE para que
certificara la variación del IPC y el ICCE para el año 2025; entidad que informó,
entre otros aspectos, que el IPC para el 2025 fue del 5.10%.

16. Así las cosas, expuso que la autoridad electoral reajustó el monto por
concepto de reposición por cada voto válido, teniendo en cuenta el valor establecido
en la Resolución 00203 de 2025 y el incremento del IPC, a saber:

MONTO 2025 INCREMENTO IPC 2025 (5,10%) MONTO 2026
$ 8.433 $ 430 $ 8.863

17. En línea con lo que antecede, realizó un recuento de los actos administrativos
que han definido los valores de reposición por voto válido desde el año 2017 13, con
el propósito de poner de presente que el CNE «ha mantenido la misma
metodología», esto es, la aplicación de mecanismos de indexación con fundamento
en estudios técnicos e información reportada por el DANE, a efectos de fijar y
actualizar dichas estimaciones para las elecciones al Congreso de la República.

18. Bajo ese entendido, sostuvo que el valor fijado en el artículo cuestionado
($8.863) «no constituye una variación porcentual significativa» respecto de los
montos establecidos desde el año 2017 para las elecciones al Congreso de la
República, sino que, obedece al resultado de una «actualización progresiva».

19. Por otra parte, advirtió que las conclusiones esbozadas en el dictamen
pericial del 20 de febrero de 202614 «parten de una comparación improcedente
entre actos administrativos que regulan mecanismos de participación distintos y no

11 «Por medio de la cual se fijan los límites a los montos de gastos de las campañas electorales de las listas de

candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes para las elecciones de 2026, se
establece el monto máximo que cada partido o movimiento con personería jurídica puede invertir en ellas, y se
fija el valor de reposición por voto válido».
12 Mediante oficio CNE-OJ-2026-0002.
13 Relacionó los siguientes actos: (i) Resolución No. 2796 de 2017 – periodo electoral 2018 - $ 5.642, (ii)

Resolución No. 0227 de 2021 (elecciones Congreso 2022) - $ 6.140, (iii) Resolución No. 0692 de 2022
(actualización elecciones Congreso 2022) - $ 6.485, (iv) Resolución No. 00203 de 2025 (elecciones Congreso
2026) $ 8.433 y (v) Resolución Sala Plena No. 0480 de 2026 - $ 8.863.
14 Aportado por el demandante.

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equiparables», pues en las resoluciones allí mencionadas15 se fijaron valores de
reposición por voto válido para las consultas internas de partidos,
movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, mientras que,
en el acto enjuiciado, se estableció el monto correspondiente para las
elecciones al Congreso de la República.

20. En concordancia con lo anterior, explicó que las consultas internas
requieren menos puestos de votación; es de cobertura territorial reducida e
involucra menor participación electoral, en comparación con las elecciones al
Congreso de la República, que son de nivel nacional, lo que implica una
estructura operativa y financiera más amplia.

21. De otro lado, precisó que el CNE no desconoció los artículos 13, 40, 109,
209, 265, 334 de la Constitución Política y 21 de la Ley 1475 de 2011, porque,
contrario a lo aducido por la parte actora y como se expuso, el acto enjuiciado tuvo
como fundamento la información reportada por el DANE, el estudio técnico y la
metodología de indexación que se ha aplicado históricamente para actualizar
de manera progresiva los valores de reposición por voto válido para las
elecciones al Congreso de la República.

C. Trámite del proceso

22. La demanda fue admitida mediante providencia del 25 de marzo de 202616 y,
en la misma fecha, se corrió traslado de la medida cautelar17. Asimismo, por auto
del 23 de abril de 202618, la Sala decidió negar la solicitud de suspensión provisional
de los efectos jurídicos del acto acusado, en síntesis, porque resultaba necesario
surtir las etapas del proceso para resolver los cargos propuestos por la parte actora.

23. A su vez, en auto del 18 de junio de 202619, el magistrado ponente, con
fundamento en el artículo 182A del CPACA20, ordenó impartir trámite para dictar
sentencia anticipada, fijó el litigio, decidió sobre el decreto probatorio y ordenó correr
traslado para ejercer la contradicción de las pruebas, alegar de conclusión y al
Ministerio Público para su concepto.

24. El CNE21 allegó alegatos de conclusión en los que reiteró los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda e insistió en que se nieguen las
pretensiones, puesto que la resolución cuestionada fue expedida en ejercicio

15 Resoluciones 0147 de 2021, 0673 de 2023, 799 de 2024, 00206 de 2025 y 0490 de 2026.
16 Índice 13, Samai.
17 Índice 14, Samai.
18 Índice 30, Samai. El demandante interpuso recurso de súplica contra el auto que no accedió a la medida

cautelar, el cual fue adecuado a reposición y negado por la Sala mediante la providencia del 4 de junio de 2026.
19 Índice 58, Samai.
20 Adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.
21 Índice 65, Samai.

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de las competencias atribuidas a la entidad y sustentada en criterios técnicos
y jurídicos, por lo que no vulneró las normas invocadas por el actor.

25. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó
negar la nulidad del acto acusado, pues, en su criterio, de la revisión de las
disposiciones22 que facultan al CNE para reglamentar la financiación estatal de las
campañas electorales, de las pruebas obrantes en el expediente y de la motivación
de la resolución demandada23, no se acredita «la infracción del ordenamiento
jurídico invocado ni la falta de competencia del CNE para expedir el artículo
1º de la Resolución 0480 de 2026».

26. Seguidamente, sostuvo que el dictamen pericial aportado por el actor
«presenta imprecisiones» que impiden que sus conclusiones desvirtúen la legalidad
del acto acusado, dado que, en primer término, el análisis histórico del valor de
reposición se realizó a partir de la comparación de actos administrativos de
categorías jurídicas distintas, pues trajo a colación resoluciones que
corresponden a las consultas de partidos, movimientos políticos y grupos
significativos24, mientras que, el acto demandado se refiere a las elecciones al
Senado de la República y a la Cámara de Representantes.

27. A su vez, indicó que la diferencia en pesos a la que arriba el documento es
«meramente hipotética y no conclusiva», en tanto que, la constatación en torno al
sistema de reposición de votos le corresponde al CNE, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1475 de 2011.

28. De otra parte, consideró que el CNE no incurrió en una extralimitación de sus
facultades, dado que no creó una nueva regla de financiación electoral, sino que se
limitó a aplicar el artículo 21 de la Ley 1475 de 2011. En ese sentido, expuso que
resultaba jurídicamente admisible que la entidad acudiera de manera supletoria al
IPC y no al ICCE, si se tiene en cuenta que, de conformidad con la parte motiva de
la Resolución 0480 de 2026, fue el único índice correspondiente al año 2025
reportado por el DANE.

29. Al respecto, trajo a colación el antecedente de esta Sección25 en el que se
consideró razonable que el CNE acudiera a indicadores técnicos disponibles,
como el IPC, cuando no contaba con el ICCE actualizado, aunado a que, en este
caso, no obra prueba que demuestre que, para la fecha de expedición del acto
demandado, estuviese disponible el ICCE para el 2025, por lo que el hecho de que

22 Artículos 109, 265 de la Constitución Política, 21 y 24 de la Ley 1475 de 2011.
23 Sostuvo que la resolución cuestionada se limitó a ajustar, a partir del IPC reportado por el DANE para el 2025,

el valor de reposición por voto válido para las elecciones al Congreso de la República de 2026, el cual había
sido previamente establecido en la Resolución 00203 del 22 de enero de 2025.
24 Particularmente la Resolución 0490 de 2026.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de abril de 2021,

MP. Luis Alberto Álvarez Parra, rad. 11001-03-28-000-2019-00026-00.

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no tuviese a su disposición el indicador referido, no relevaba al CNE de cumplir el
deber impuesto por el legislador.

30. Por otro lado, indicó que en el presente asunto no se acreditó la infracción
de los artículos 13, 40, 109, 209, 265 y 334 de la Constitución Política y, señaló
que el CNE sustentó en debida forma la resolución demandada, máxime si se tiene
en cuenta que partió del valor de reposición de voto fijado en la Resolución 00203
del 22 de enero de 2025 y se le aplicó el IPC certificado por el DANE, equivalente
al 5.10%, para obtener el resultado de $8.863.

II. CONSIDERACIONES

31. La Sala negará la pretensión de nulidad del artículo 1.º de la Resolución 0480
del 28 de enero de 2026, mediante la cual el CNE fijó el valor de reposición por voto
válido para los candidatos al Senado de la República y a la Cámara de
Representantes para las elecciones de 2026, por los motivos que pasan a
exponerse.

2.1. Caso concreto

32. Para resolver el presente asunto se abordarán los problemas jurídicos
planteados en la fijación del litigio, por lo que, tratándose del ajuste del valor por
concepto de reposición de votos se analizará, en primer término, la comparación
entre los montos fijados en el acto acusado y la Resolución 0490 de 2026 y,
seguidamente, los criterios y el estudio que desarrolló el CNE para emitir el acto
acusado.

2.1.1. Para fijar el valor de $ 8.863 por concepto de reposición de gastos de la
campaña por voto válido obtenido por los candidatos al Congreso de la
República en las elecciones del 8 de marzo de 2026, ¿el CNE debía tener en
cuenta los aspectos establecidos en la Resolución 0490 de 2026, en el cual se
estimó la suma de $ 2.685 para las consultas que efectuaran los partidos,
movimientos o grupos significativos de ciudadanos en el 2026?

33. En este punto, la parte actora adujo que el CNE debía fijar como valor de
reposición de votos la suma de $ 2.685, como se contempló en la Resolución
0490 de 2026, para lo cual, trajo a colación un dictamen pericial26 que tuvo como
finalidad realizar la actualización e «indexación» del referido monto, «aplicando los
factores de corrección monetaria correspondientes», con observancia del IPC y de
distintas resoluciones mediante las cuales la autoridad electoral estableció el citado

26 El dictamen pericial estableció el siguiente objetivo: «el presente estudio tiene como objeto efectuar la
actualización e indexación del valor de reposición por voto a precios constantes, aplicando los factores de
corrección monetaria correspondientes, con el propósito de determinar el monto que, por concepto de reposición
por voto, debería reconocerse y pagarse para la vigencia 2026, conforme a los criterios normativos y parámetros
fijados por el Consejo Nacional Electoral».

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valor para las consultas de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos
de ciudadanos27.

34. Al respecto, la Sala advierte que, las comparaciones que se tuvieron en
cuenta, a efectos de arribar a las conclusiones que soportan el reparo del actor, no
se acompasan con el asunto que se definió en el acto acusado, en tanto que, los
actos aludidos en dicha prueba se refieren a la fijación de valores por concepto de
reposición de votos válidos obtenidos en las consultas internas, mientras que, la
resolución demandada refiere a la determinación de dichos montos, pero para las
elecciones al Congreso de la República del 2026.

35. Sobre el particular, deviene necesario precisar que, de acuerdo con el artículo
5 de la Ley 1475 de 2011, las consultas son mecanismos de participación
democrática en las que los partidos, movimientos políticos y grupos
significativos de ciudadanos, de manera interna28, pueden «adoptar decisiones
internas o escoger sus candidatos, propios o de coalición, a cargos o corporaciones
de elección popular»; mientras que, los comicios relativos al Congreso de la
República tienen como finalidad elegir a quienes ocuparán las respectivas
curules en representación de los ciudadanos.

36. Pues bien, como el incremento desproporcionado alegado por el demandante
tiene su génesis en el cotejo de mecanismos de participación de diferente
naturaleza, no resulta procedente aducir, con la simple confrontación de dichas
actuaciones, que el monto de $ 8.863 fijado en el artículo 1.º de la Resolución
0480 del 28 de enero de 2026 resulta desmedido.

37. Sin perjuicio de lo anterior, resulta imperativo adentrarse al estudio de
legalidad de la resolución demandada con la identificación de aquellas actuaciones
en las que, de manera previa, se establecieron los montos de reposición de votos
relativos a las elecciones para el Congreso de la República, en procura de
determinar la presunta existencia una variación que pueda resultar excesiva.

38. En este orden, en la resolución demandada se explicó que el valor que se
tuvo en cuenta para realizar la actualización fue establecido en la Resolución 00203
de 2025, mediante la cual el CNE fijó los límites a los montos de gastos de las
campañas electorales de las listas de candidatos al Senado de la República y a la
Cámara de Representantes para las elecciones de 2026.

27 Resoluciones: i) 0147 de 2021, ii) 0673 de 2023, iii) 799 de 2024, iv) 206 de 2025.
28 Corte Constitucional, sentencia C-490 del 23 de junio de 2011, expediente: PE-031, MP: Luis Ernesto Vargas

Silva: «Además, la existencia de consultas en las agrupaciones políticas satisface dos principios también
medulares para el Estado Constitucional: la participación efectiva y el pluralismo. Lo primero, puesto que las
consultas son, ante todo, mecanismos en que los ciudadanos expresan sus preferencias acerca de las
decisiones más importantes del partido o movimiento, lo que involucra la participación de los
interesados en las decisiones que los afectan. Las consultas, en ese sentido, facilitan que los ciudadanos
incidan en que dichas decisiones sean compatibles con el programa y plan de acción política de la agrupación
[…]». (Énfasis añadido)

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39. Así las cosas, la Sala evidencia que el acto respecto del cual se actualizó
el valor para el año 2026 corresponde al mismo mecanismo de participación
estipulado en el acto acusado, esto es, las elecciones para la Cámara de
Representantes; aspecto que permite evidenciar que el punto de partida para la
verificación y actualización de dicho monto debe y guarda relación con la misma
materia.

40. Así las cosas, no resulta procedente tener en consideración los actos en que
se haya fijado valores de reposición de votos válidos obtenidos en las consultas
populares para determinar si el monto establecido en el acto demandado resultó
desproporcionado, dado que, como se demostró, se tratan de mecanismos
democráticos distintos; en consecuencia, se despachará de manera desfavorable
el presente cargo.

2.1.2. ¿El Consejo Nacional Electoral extralimitó su competencia y trasgredió
el artículo 21 de la Ley 1475 de 2011 al ajustar el valor por concepto de
reposición de votos obtenido por los candidatos al Congreso de la República
en las elecciones del 8 de marzo de 2026, con observancia exclusiva del IPC29
(5,10%), sin tener en cuenta el ICCE30 actualizado para el año 2025?

41. En este punto, la parte actora señaló que la autoridad electoral excedió la
competencia atribuida en el artículo 265 de la Constitución Política, para lo cual,
indicó que, aunque el CNE tiene la potestad de financiar las campañas electorales
en garantía de la participación política, dicha facultad no es absoluta ni arbitraria,
sino que está sometida al ordenamiento jurídico y a los criterios de razonabilidad,
proporcionalidad, equidad, con observancia del interés general.

42. En línea con lo anterior, adujo que con la expedición del acto cuestionado el
CNE desconoció el criterio técnico exigido por el artículo 21 de la Ley 1475 de
2011, puesto que aplicó, exclusivamente, el IPC (5,10%) para reajustar el valor
de reposición de votos sin tener en cuenta el índice específico actualizado
(ICCE) correspondiente al año 2025.

43. Al respecto, deviene oportuno traer a colación el artículo 265 Superior, el cual
establece que el CNE es la autoridad encargada de regular, inspeccionar, vigilar y
controlar «toda la actividad electoral» de las colectividades políticas, sus
representantes y directivos. Además, dispone que, entre otras atribuciones
especiales, debe «distribuir los aportes que para el financiamiento de las campañas
electorales y para asegurar el derecho de participación política de los ciudadanos,
establezca la ley».

29 Índice de Precios al Consumidor.
30 Índice de Costos de Campañas Electorales.

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44. En consonancia con lo que antecede, el artículo 21 de la Ley 1475 de 201131
reguló, entre otros aspectos, el sistema de reposición de gastos de las campañas
electorales por votos válidos obtenidos por los candidatos e impuso al CNE el deber
de incrementar anualmente dicho monto en base con los costos reales de las
campañas en cada circunscripción, para lo cual, «con el apoyo del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, deberá realizar periódicamente los estudios que
correspondan».

45. De lo anterior se colige que, de conformidad con el postulado constitucional
y el desarrollo legal respectivo, la autoridad electoral tiene la facultad especial de
distribuir los aportes para el financiamiento de las campañas electorales mediante
el sistema de reposición de gastos por votos válidos obtenidos y, además, cuenta
con la potestad de incrementar el valor que se fije por dicho concepto de manera
anual, con observancia de los costos reales y los respectivos estudios.

46. Sobre el particular deviene relevante mencionar que la Corte Constitucional
se pronunció sobre la norma que contempla la actualización anual del monto fijado
por voto válido y expuso que «no encuentra objeción alguna de orden
constitucional» porque se trata de una disposición razonable y proporcional y
contempla dos criterios, el primero de ellos relacionado con los costos reales de las
campañas electorales en cada circunscripción y, el segundo, concerniente a
«estudios periódicos que ayuden a dilucidar las necesidades reales de
financiación».32

47. En ese sentido, a efectos de cumplir con el deber impuesto por el artículo 21
de la Ley 1475 de 2011, en el año 2012 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
contempló el ICCE como el factor para tasar la variación anual de los costos de
bienes y servicios relacionados con la estructura de las campañas33, para lo cual,
utilizó la información disponible de otros índices producidos periódicamente por el
DANE34 y factores electorales reportados por el CNE35.

31 «ARTÍCULO 21. DE LA FINANCIACIÓN ESTATAL PARA LAS CAMPAÑAS ELECTORALES. Los partidos y

movimientos políticos y grupos de ciudadanos que inscriban candidatos, tendrán derecho a financiación estatal
de las correspondientes campañas electorales, mediante el sistema de reposición de gastos por votos válidos
obtenidos, siempre que obtengan el siguiente porcentaje de votación: […]
PARÁGRAFO. El valor de reposición por voto válido obtenido por cada candidato o lista será
incrementado anualmente por el Consejo Nacional Electoral teniendo en cuenta los costos reales de las
campañas en cada circunscripción. Para efectos del cumplimiento de esta disposición, el Consejo Nacional
Electoral con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá realizar periódicamente los
estudios que correspondan». (Énfasis añadido)
32 Corte Constitucional, sentencia C-490 del 23 de junio de 2011, expediente: PE-031, MP: Luis Ernesto Vargas

Silva.
33 Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 8

de octubre de 2014, MP Lucy Jeanette Bermúdez Bermúdez, rad. 11001-03-28-000-2013-00060-00.
34 Tales como el IPC, el Índice de Costos de Construcción de Vivienda (ICVV), el Índice de Costos de

Construcción Pesada (ICCP), el Índice de Costos de la Educación Superior Privada (ICESP) y el Índice de
Costos de Transporte de Carga (ICTC).
35 En concreto, los factores a saber: la clase de elección, las diferentes circunscripciones, el censo electoral a

partir de su índice de incremento, el factor poblacional y el número de curules a proveer en las justas electorales
respectivas.

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48. Pues bien, en atención a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1475 de
2011, mediante la Resolución 0480 del 28 de enero de 202636 (acto demandado) el
CNE actualizó el valor por concepto de reposición por voto válido obtenido por los
candidatos para las elecciones al Congreso de la República del 8 de marzo de 2026
y, en consecuencia, fijó el monto de $ 8.863 (valor actualizado $ 8.433).

49. A su vez, en el referido acto la autoridad electoral explicó que, para
desarrollar dicha atribución, mediante oficio CNE-OJ-2026-0002 del 2 de enero de
202637, solicitó al DANE que certificara «la variación que se tuvo en el Índice de
Precios al Consumidor (IPC), y el Índice de Costos de Campañas Electorales (ICCE)
durante el año 2025».

50. En ese orden, en el acto demandado el CNE puntualizó que, a través del
Oficio 164 del 9 de enero de 202638, el DANE respondió a su requerimiento, en
el sentido de adjuntar el reporte del IPC del 2025 y especificar que la
información relacionada con el ICCE se encontraba con corte al año 2024, por
lo que la publicación de dichos datos actualizados al 2025 estarían disponibles a
partir del 16 de febrero de 202639.

51. De conformidad con lo expuesto, en la resolución acusada la autoridad
electoral precisó que el valor a fijarse surgió de la multiplicación entre el
incremento del IPC reportado por el DANE para el 2025 (5.10%) y el monto por
concepto de reposición por voto válido obtenido por los candidatos al
Congreso de la República para las elecciones de 2026, fijado en la Resolución
00203 del 22 de enero de 202540 ($ 8.433), a saber:

MONTO 2025 INCREMENTO IPC 2025 (5,10%41) MONTO 2026
$8.433 $430 $8.863

52. De lo anterior se colige que, ante la ausencia del ICCE requerido, el CNE
acudió al incremento del IPC reportado por el DANE para el año 2025, a efectos de
desarrollar la fórmula correspondiente para actualizar el valor por concepto de
reposición de votos válidos obtenidos por los candidatos al Congreso de la
República para las elecciones del 8 de marzo de 2026; aspecto que no deviene

36 «Por medio de la cual se fija el valor de reposición por voto válido del Senado de la República y la Cámara

de Representantes para las elecciones de 2026».
37 Índice 17, Samai. Folio 70.
38 Índice 17, Samai. Folios 71-73.
39 Para consultar el indicador referido a partir de que estuviese disponible, el DANE mencionó el siguiente

enlace: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-
lascampanas-electorales.
40 «Por medio de la cual se fijan los límites a los montos de gastos de las campañas electorales de las listas de

candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes para las elecciones de 2026, se
establece el monto máximo que cada partido o movimiento con personería jurídica puede invertir en ellas, y se
fija el valor de reposición por voto válido».
41 «Boletín Técnico emitido el 8 de enero de 2026 que contiene el Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Diciembre 2025».

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ilegal y tampoco implica una extralimitación de las funciones propias de la autoridad
electoral, como pasa a explicarse.

53. Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1475 de 2011 el precitado valor
debe actualizarse cada año teniendo en cuenta dos criterios, el primero de ellos
relacionado con los costos reales de las campañas electorales y, el segundo,
concerniente a los estudios periódicos a los que haya lugar, tal como se expuso en
líneas anteriores.

54. Bajo ese entendido, a efectos de atender los parámetros expuestos en la
norma estatutaria para actualizar el reiterado monto, el CNE requirió al DANE para
que certificara la variación que tuvo tanto el IPC como el ICCE para el año 2025; sin
embargo, la entidad remitió, únicamente, los porcentajes relacionados con el
primero de los índices, pues la información relacionada con el ICCE para el año
2025 no se encontraba disponible, pues, solo obraban los datos a corte del 2024.

55. En esa medida, la Sala advierte que resulta jurídicamente viable que la
autoridad electoral hubiese acudido, solamente, a la variación del IPC
correspondiente al año 2025, en tanto que, fue el único índice disponible y
certificado por la entidad correspondiente para actualizar el valor por concepto de
reposición de votos válidos obtenidos por los candidatos al Congreso de la
República para los comicios del 8 de marzo de 2026.

56. Sumado a lo anterior, se resalta que el CNE realizó el referido ajuste en los
términos mencionados, a efectos de dar cumplimiento a la obligación del incremento
anual que dispone el parágrafo del artículo 21 de la Ley 1475 de 2011; actualización
que deviene necesaria con el fin de tener en cuenta los costos reales para
desarrollar de manera efectiva la financiación estatal a las campañas electorales,
en atención al artículo 109 superior que establece que «el Estado concurrirá a la
financiación política y electoral de los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica, de conformidad con la ley».

57. Ahora bien, en este punto deviene relevante precisar que la Sección Quinta42
estudió la legalidad de un acto mediante el cual el CNE fijó el monto de gastos

42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de abril de 2021,

MP Luis Alberto Álvarez Parra, rad. 11001-03-28-000-2019-00026-00. «[…] el Consejo Nacional Electoral, al
expedir la Resolución 2796 del 8 de noviembre 2017, cuya nulidad se pretende y ante la ausencia del “Índice
de Costos de las Campañas Electorales” (ICCE) para el año 2016, optó por acudir al documento
elaborado en el año 2014, donde obra el mencionado índice certificado por el DANE para los años 2014
y 2015, para luego aplicarle la variación correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los
años 2016 y lo corrido del mes de enero a septiembre de 2017, es decir, tuvo que optar por recurrir a la
información disponible y proceder a combinar estos dos indicadores, esto es, el ICCE y el IPC, a fin de
cumplir con el deber expedir la resolución, así fuera tardíamente, atendiendo el criterio relacionado con “los
costos reales de las campañas electorales”, generando un índice aproximado, para las elecciones del Congreso
a efectuarse en el mes de marzo de 2018.
En este orden, ante la situación presentada, el CNE no podía obrar de otra manera, que buscar un
mecanismo sustituto o alternativo para fijar los topes a los gastos de campaña, respecto del criterio
técnico relativo a los “costos reales de las campañas”, como fue aplicar el ICCE para los años 2014 y 2015
y ajustarlos con el IPC de los años 2016 y lo corrido hasta el mes de septiembre de 2017, cuya solución, en

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de las campañas electorales43 para resaltar que, entre otros aspectos, encontró
acorde al ordenamiento jurídico que dicha autoridad combinara el ICCE y el IPC,
al momento de actualizar los valores correspondientes.

58. Sin embargo, el caso previamente expuesto obedece a una situación de
contornos fácticos disímiles a los que se abordan en el presente asunto, en tanto
que, de un lado, allí se discutió la legalidad del acto mediante el cual el CNE
fijó el monto de gastos de las campañas electorales, mientras que, en este caso,
se reprocha la actuación mediante la que la autoridad electoral actualizó el valor
a recibir por concepto de reposición de gastos de la campaña por voto válido
obtenido por los candidatos al Congreso de la República.

59. De otra parte, en el citado antecedente la Sección avaló la combinación de
variaciones de los índices IPC e ICCE, correspondientes a diferentes periodos, lo
cual dista del presente asunto, en el que la autoridad electoral, ante la ausencia
del reporte de la variación del ICCE para el año 2025, decidió acudir al
porcentaje relacionado con el IPC del 2025, a efectos de dar cumplimiento a la
actualización del valor a recibir por concepto de reposición de gastos de la campaña
por voto válido y fijar el monto correspondiente.

60. Así las cosas, ante la ausencia del reporte del ICCE del año inmediatamente
anterior (2025), la Sala encuentra razonable que en la resolución demandada el
CNE hubiese actualizado para el año 2026 el valor de reposición por voto válido
para las elecciones del Congreso de la República, a partir de la actualización del
monto fijado en la Resolución 00203 de 202544 teniendo en cuenta la variación del
IPC del 2025 informado por el DANE, pues esta fórmula encuentra su fundamento
en el artículo 21 de la Ley 1475 de 2011, como ya quedó suficientemente expuesto.

61. En consecuencia, este cargo no está llamado a prosperar, pues el CNE, en
ejercicio de sus funciones legales y constitucionales, cumplió con el deber de
incrementar anualmente el monto por reposición de voto válido con observancia de
los parámetros establecidos en el artículo 21 de la Ley 1475 de 2011.

2.1.3. ¿El artículo acusado fue expedido por el CNE con infracción de los
artículos 13, 40, 109, 209, 265, 334 de la Constitución Política, al fijar, sin
justificación técnica, la suma de $ 8.863 por concepto de reposición de gastos
de la campaña por voto válido obtenido por los candidatos al Congreso de la
República de las elecciones del 8 de marzo de 2026?

todo caso, resultaba menos lesiva al interés público que dejar de expedir dicha reglamentación, máxime
cuando ya se aproximaba el certamen electoral» (Énfasis añadido)
43 Resolución 2796 del 8 de noviembre de 2017.
44 «Por medio de la cual se fijan los límites a los montos de gastos de las campañas electorales de las listas de

candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes para las elecciones de 2026, se
establece el monto máximo que cada partido o movimiento con personería jurídica puede invertir en ellas, y se
fija el valor de reposición por voto válido».

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62. En este punto, el demandante señaló que como el valor fijado para la
reposición de votos no está presidido de una justificación técnica y resulta
«desproporcionado» y «exagerado», se trasgrede el principio de igualdad respecto
de los ciudadanos y los grupos políticos minoritarios con menor capacidad
financiera; además, se restringe el derecho de participación, conformación, ejercicio
y control del poder político, en tanto que, favorece el fortalecimiento de los grupos
mayoritarios.

63. A su vez, mencionó que el acto acusado desconoce la garantía de
sostenibilidad fiscal porque el incremento injustificado del valor de reposición de
votos representa «una carga desmedida e irrazonable para el tesoro público», que
no se acompasa con el principio de economía del gasto público y tampoco con los
fines constitucionales de la financiación democrática.

64. La Sala advierte de entrada que, contrario al argumento expuesto por el actor,
la fijación del valor establecido en el acto demandado se encuentra presidido de una
justificación, que corresponde a la aplicación de una fórmula matemática, en la que
se tuvo en cuenta el valor por concepto de reposición de votos válidos fijado en la
Resolución 00203 del 22 de enero de 202545 y la variación del IPC reportado por el
DANE para el año 2025, tal como se expuso en el acápite anterior.

65. Bajo ese entendido, no le asiste razón al extremo activo en torno al supuesto
desconocimiento del principio de igualdad y del derecho de participación política,
pues, contrario a ello, el CNE ejecutó de manera efectiva su facultad especial para
distribuir los aportes correspondientes a la financiación de las campañas electorales
a través del sistema de reposición de votos y dio pleno cumplimiento a la
actualización contemplada en el parágrafo 21 de la Ley 1475 de 2011, en garantía
de la intervención política y los derechos de las colectividades.

66. Así las cosas, como no prosperaron los cargos alegados por la parte actora,
es lo procedente negar las pretensiones de la demanda, por las razones que se
exhibieron en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.

45 «Por medio de la cual se fijan los límites a los montos de gastos de las campañas electorales de las listas de

candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes para las elecciones de 2026, se
establece el monto máximo que cada partido o movimiento con personería jurídica puede invertir en ellas, y se
fija el valor de reposición por voto válido».

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SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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