Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04412-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04412-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04412-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
15 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá, D. C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04412-00
Accionante: Rosa Esther Olascoaga González
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda de tutela presentada por Rosa Esther
Olascoaga González en contra de la sentencia proferida el 24 de marzo de 2026 por la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
SÍNTESIS1
La accionante cuestiona la sentencia proferida el 24 de marzo de 2026 por la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual se revocó, en parte, la decisión de primera instancia y, en su lugar, se
declaró probada parcialmente la excepción de caducidad y se inhibió de proferir
sentencia de mérito frente a las pretensiones relacionadas con el reconocimiento de
prestaciones económicas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho presentado contra la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombia S.A.
con el fin de que se reconocieran y pagaran los emolumentos laborales derivados de la
existencia de un contrato laboral. Se declara la improcedencia de la demanda de tutela,
debido a que no se superaron los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 10 de junio de 2026, Rosa Esther Olascoaga González, mediante apoderado
judicial, presentó una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración, los cuales, a su juicio, fueron vulnerados por la sentencia proferida el 24
de marzo de 2026 por la Subsección A de la Sección Segunda de Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se revocó, en parte, la decisión
emitida el 21 de agosto de 2025 por el Juzgado Quince Administrativo de Bogotá y, en
su lugar, se declaró probada parcialmente la excepción de caducidad y se inhibió de
proferir sentencia de mérito frente a las pretensiones relacionadas con el reconocimiento
1
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedencia / Relevancia constitucional / Subsidiariedad /
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04412-00
Accionantes: Rosa Esther Olascoaga González
Se declara la improcedencia de la demanda
de prestaciones económicas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho número 11001-33-35-015-2023-00235-01.
2. La accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
PRIMERA. Que se amparen los derechos fundamentales vulnerados al debido proceso
igualdad acceso administración de justicia.
SEGUNDA. En consecuencia, de lo anterior se revoque la decisión tomada por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN “A” – M.P Néstor Javier Calvo Chaves contenida en la sentencia emitida
del 24 de marzo de 2026 por medio del cual se declara la caducidad del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.
TERCERA. Que se le ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A” – M.P Néstor Javier Calvo proferir fallo de
segunda instancia ajustado a las pretensiones de la demanda, al régimen de trabajadora
oficial de la demandante, de acuerdo con lo establecido en sentencia emitida por el
Consejo de Estado dentro del proceso con numero de radicado
25000234200020180045901. [Mayúsculas y negrilla del texto citado]2
B. Hechos
De conformidad con lo expuesto en la demanda, los hechos que sustentan la solicitud de
amparo son los siguientes:
3.Rosa Esther Olascoaga González trabajó desde el 8 de marzo de 2016 hasta el 31
de enero de 2019 en la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, en
adelante, CIAC, como auxiliar de contaduría, por medio de contratos de prestación de
servicios.
4. El 23 de marzo de 2021, la señora Olascoaga presentó reclamación administrativa
ante la CIAC, con el fin de que se reconociera la existencia del contrato de trabajo en
calidad de trabajadora oficial y se pagaran las acreencias laborales adeudadas, de
conformidad con los términos previstos en el artículo 63 del Código Procesal del Trabajo
y de la Seguridad Social.
5. Mediante Oficio número 20211400010811 del 21 de abril de 2021, la CIAC negó la
reclamación administrativa.
6. El 30 de agosto de 2021, la señora Olascoaga presentó demanda ante la jurisdicción
laboral ordinaria en contra de la CIAC, con el fin de que, principalmente, se declarara la
nulidad de dicho acto administrativo, se declarara la existencia de una relación laboral
y se condenara a la CIAC a pagar las acreencias laborales dejadas de percibir,
causadas durante el 8 de marzo de 2016 hasta el 31 de enero de 2019.
7. Por reparto, la demanda le correspondió al Juzgado Cuarenta y Cinco Laboral del
2
Índice 2 del expediente digital disponible en Samai.
3
“Artículo 6. Reclamación administrativa. Las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y
cualquiera otra entidad de la administración pública sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación
administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho
que pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido
resuelta. Mientras esté pendiente el agotamiento de la reclamación administrativa se suspende el término de
prescripción de la respectiva acción. Cuando la ley exija la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de
procedibilidad, ésta reemplazará la reclamación administrativa de que trata el presente artículo”.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04412-00
Accionantes: Rosa Esther Olascoaga González
Se declara la improcedencia de la demanda
Circuito de Bogotá. Sin embargo, el 13 de junio de 2023, la autoridad judicial declaró la
falta de jurisdicción y competencia para conocer el asunto, por lo cual se remitió el
expediente a la jurisdicción contencioso-administrativa.
8. Mediante sentencia del 21 de agosto de 2025, el Juzgado Quince Administrativo de
Bogotá acreditó los elementos constitutivos para declarar la existencia de una relación
laboral, en particular, la prestación personal del servicio, la continuada subordinación y
la remuneración durante el tiempo en que la demandante prestó sus servicios a la CIAC,
por lo cual resolvió:
PRIMERO. – DECLARAR no probada la excepción de caducidad propuesta por la
apoderada de la entidad accionada por las razones expuestas en esta sentencia.
SEGUNDO. - DECLARAR la nulidad parcial del acto administrativo contenido en el
Oficio No. CIAC/140/GRAJU/ N°20211400010811 del 21 de abril de 2021 expedido por
la CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA CIAC S.A.
mediante el cual negó el reconocimiento de la existencia de la relación laboral y el pago
de las acreencias laborales de la señora ROSA ESTHER OLASCOAGA GONZÁLEZ
durante el periodo comprendido entre el 08 de marzo de 2016 al 31 de diciembre de
2019.
TERCERO. - Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad, a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA
AERONÁUTICA COLOMBIANA CIAC S.A. a pagar a la señora ROSA ESTHER
OLASCOAGA GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.101.525, las
prestaciones sociales devengadas por un trabajador oficial que ejerza las mismas
funciones o similares con base en los honorarios pactados dentro del contrato de
prestación de servicios, durante el periodo comprendido entre el 08 de marzo de 2016
al 31 de diciembre de 2019, según las consideraciones señaladas en la presente
providencia.
CUARTO. – CONDENAR a la CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
COLOMBIANA CIAC S.A. a verificar durante el periodo comprendido entre el 08 de
marzo de 2016 al 31 de diciembre de 2019, el ingreso base de cotización (IBC)
pensional de la demandante, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes
realizados como contratista y los que se debieron efectuar y cotizar al respectivo fondo
de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje
que le correspondía como empleador, conforme lo dispuesto en la parte motiva de esta
providencia.
QUINTO. – NEGAR el reconocimiento de las prestaciones de la sanción moratoria,
devolución de las sumas pagadas por concepto de seguridad social, indemnización por
mora en el pago de acreencias laborales, y la indemnización por despido injustificado,
según lo señalado en las consideraciones de esta sentencia.
SEXTO. – NEGAR las demás pretensiones de la demanda. (…) [Negrillas y
mayúsculas del texto citado]
9. La CIAC presentó recurso de apelación con el fin de desacreditar la relación laboral
que determinó el juez de primera instancia. Para el efecto, expuso que se confundió la
supervisión contractual con el elemento de subordinación e insistió en la caducidad del
medio de control, debido a que la demanda se presentó por fuera del término legal
prestablecido en la norma.
10. La demandante también interpuso recurso de apelación y solicitó que se condenara
a la entidad al pago de las indemnizaciones correspondientes por despido injusto, ya
que era un contrato a término indefinido presuntivo y por el no pago de cesantías,
salarios y prestaciones sociales. Expuso que el reconocimiento del vínculo laboral debía
reconocerse bajo el régimen legal y prestacional de los trabajadores oficiales.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04412-00
Accionantes: Rosa Esther Olascoaga González
Se declara la improcedencia de la demanda
11. Por medio de sentencia del 24 de marzo de 2026, la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la existencia de una
relación laboral. No obstante, consideró que se configuró la caducidad del medio de
control de manera parcial, respecto de las pretensiones de tipo salarial y social. Agregó
que la Sala no se pronunciaría respecto el reconocimiento del régimen legal y
prestacional de los trabajadores oficiales, debido a que operó la caducidad parcial frente
a las pretensiones de contenido económico. En ese sentido, resolvió:
PRIMERO: REVOCAR los ordinales PRIMERO y TERCERO de la sentencia proferida
el 21 de agosto de 2025 por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá - Sección Segunda, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho adelantado por la señora Rosa Esther Olascoaga González en contra de
la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana CIAC S.A., que quedan así:
PRIMERO. – DECLARAR probada parcialmente la excepción de caducidad propuesta
por la entidad demandada por las razones expuestas en esta sentencia.
TERCERO. - INHIBIRSE de proferir sentencia de mérito con respecto a las
pretensiones relativas al reconocimiento de prestaciones económicas, por los
argumentos antes expuestos
SEGUNDO: REVOCAR parcialmente los ordinales SEGUNDO y CUARTO de la
sentencia de primera instancia, los cuales quedan así:
SEGUNDO. - DECLARAR la nulidad parcial del acto administrativo contenido en el
Oficio No. CIAC/140/GRAJU/ N°20211400010811 del 21 de abril de 2021 expedido por
la CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA CIAC S.A.,
en cuanto negó el reconocimiento de la relación laboral reclamada por la señora ROSA
ESTHER OLASCOAGA GONZÁLEZ y el pago de los aportes al sistema de seguridad
social en pensión del 8 de marzo de 2016 al 31 de enero de 2019.
CUARTO. – CONDENAR a la CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
COLOMBIANA CIAC S.A. a verificar durante el periodo comprendido del 8 de marzo
de 2016 al 31 de enero de 2019, descontado las interrupciones entre los contratos, el
ingreso base de cotización (IBC) pensional de la demandante, mes a mes, y si existe
diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar
y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a
pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, teniendo en cuenta
como base los honorarios devengados en los contratos de prestación de servicios.
Para ello la parte demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no
las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o
completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada, de conformidad con lo
antes expuesto. (…) [Negrillas y mayúsculas del texto citado]
12. Lo anterior, por cuanto, si bien concluyó que se acreditó la existencia de la relación
laboral, determinó que se configuró parcialmente la caducidad del medio de control.
Para el efecto, consideró que el último contrato de prestación de servicios terminó el 31
de diciembre de 2019, por lo que no resultaba aplicable el carácter de prestación
periódica y, en consecuencia, debía observarse la regla de caducidad prevista en el
artículo 164 del CPACA. Asimismo, se abstuvo de pronunciarse sobre el régimen
jurídico aplicable a los trabajadores oficiales, así como respecto de la indemnización por
despido injusto y la sanción moratoria, al estimar que, una vez configurada la caducidad,
no era procedente emitir un pronunciamiento de fondo sobre acreencias que ya no eran
exigibles judicialmente.
C. Fundamentos de la vulneración
13. La accionante alegó que la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04412-00
Accionantes: Rosa Esther Olascoaga González
Se declara la improcedencia de la demanda
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca transgredió sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia al
incurrir en los defectos por violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente judicial. Si bien la accionante mencionó los defectos fáctico, sustantivo y
exceso ritual manifiesto, no presentó ningún argumento en particular al respecto.
14. Sobre el desconocimiento del precedente, alegó que se desconoció la sentencia de
unificación CE-SUJ25 de 2016 proferida por el Consejo de Estado4, según la cual los
aportes pensionales derivados del contrato realidad son imprescriptibles y prestaciones
periódicas, por lo cual pueden ser solicitados y demandados en cualquier momento.
15. A su vez, en dicha sentencia se determinó que, quien pretenda el reconocimiento
de una relación laboral y el pago de las prestaciones causadas, deberá reclamar sus
emolumentos laborales dentro de los 3 años siguientes contados a partir de la
terminación de su vínculo contractual, sin embargo, la autoridad judicial accionada
declaró la caducidad.
16. Sostuvo que, si bien el CPACA contempla un término de 4 meses a partir de la
notificación del acto acusado para promover el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en dicha jurisprudencia el Consejo de Estado determinó
que la caducidad no aplica en aquellos casos que se discute la existencia de un vínculo
de trabajo, tal como ocurre en el caso concreto, por lo cual no es procedente que la
autoridad judicial accionada únicamente estudie las pretensiones relacionadas con los
aportes a seguridad social, cuando también debería pronunciarse sobre las demás
súplicas.
17. Argumentó que se configuró un defecto por violación directa de la Constitución, en
particular, frente al debido proceso, libertad, igualdad, acceso a la administración de
justicia y los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, favorabilidad, primacía
de la realidad sobre las formas y prevalencia de los sustancial sobre lo formal con
ocasión de la caducidad que declaró el juez de segunda instancia en el proceso
ordinario.
18. A su juicio, la autoridad judicial accionada no consideró que se puede demandar en
cualquier momento cuando la demanda se dirija contra actos que reconozcan o nieguen
total o parcialmente prestaciones periódicas, tal como ocurre en el caso concreto, dentro
del cual se pretende el reconocimiento de un día de salario por cada día de mora en el
pago de las prestaciones con ocasión de la ineficacia de la terminación del contrato y
4
Si bien la accionante se refirió a la sentencia CE-SUJ25 de 2016, de las citas y apartes transcritos en la demanda de
tutela se advierte que la providencia a la que realmente corresponde dichas referencias es la sentencia proferida el 25
de agosto de 2016 por la Sección Segunda del Consejo de Estado. Sentencia de unificación 23001-23-33-000-2013-
00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04412-00
Accionantes: Rosa Esther Olascoaga González
Se declara la improcedencia de la demanda
con fundamento en el parágrafo 2 del artículo 1°5 del Decreto número 797 de 19496, la
cual por su naturaleza constituye una prestación periódica y de tracto sucesivo, en
concordancia con el artículo 1647 del CPACA8.
19. Insistió que la declaración de caducidad vulnera sus derechos fundamentales, por
cuanto la demanda ordinaria se presentó el 20 de agosto de 2021, debido a que el
precedente jurisprudencial vinculante establecía que la jurisdicción competente era la
ordinaria laboral, escenario en el cual sus pretensiones estaban amparadas por un
término de prescripción de 3 años. No obstante, mediante auto número 492 del 14 de
septiembre de 20219, la Corte Constitucional modificó el precedente y estableció que
tales asuntos eran competencia de la jurisdicción contencioso administrativo, por lo cual
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aplicó el término de caducidad, no obstante,
dicho plazo no estaba contemplado al momento de la presentación de la demanda
ordinaria.
20. A su vez, señaló que se vulneró el artículo 29 de la Constitución, debido a que se
convalidó la notificación electrónica del acto administrativo número 20211400010811,
pese a que no cumplió con los requisitos del artículo 5610 de la Ley 1437 de 2011, pues
se notificó por correo simple y no se verificó el acuse de recibo.
D. Trámite procesal
21. Mediante auto del 10 de junio de 202611, se admitió la demanda de tutela y se
ordenó notificar a la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y, en calidad de terceros con interés, al Juzgado Quince
Administrativo de Bogotá y a la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana
S.A. – CIAC S.A., para que, rindieran un informe sobre los hechos objeto de la demanda
de tutela.
5
“Artículo 52. Salvo estipulación expresa. en contrario, no se considerará terminado el contrato de trabajo antes de
que el patrono ponga a disposición del trabajador el valor de todos los salarios, prestaciones e indemnizaciones que le
adeude, salvo las Retenciones autorizadas por la ley o la convención; si no hubiere acuerdo respecto del monto de tal
deuda, bastará que el patrono consigne ante un Juez o ante la primera autoridad política del lugar la cuantía que
confiese deber, mientras la justicia del trabajo decide la controversia. Parágrafo 2° Los contratos de trabajo entre el
Estado y sus servidores, en los casos en que existan tales relaciones jurídicas conforme al artículo 4º de este Decreto-
, sólo se considerarán suspendidos hasta por el término de noventa (90) días, a partir de la fecha en que se haga
efectivo el despido o el retiro del trabajador. Dentro de este término los funcionarios o entidades respectivos deberán
efectuar la liquidación, y pago de los correspondientes salarios, prestaciones e indemnizaciones que se adeuden a
dicho trabajador, (…)”
6
Presidente de la República de Colombia. Decreto 797 de 1949. Por el cual se sustituye el artículo 52 del Decreto
número 2127 de 1945.
7
“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: 1. En cualquier tiempo,
cuando: (…) c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin
embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe; (…)”
8
Congreso de Colombia. Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
9
Corte Constitucional. Auto número 492 del 14 de septiembre de 2021. Expediente CJU-317. M.P. Gloria Stella Ortíz
Delgado
10
“Artículo 56. Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos,
siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación. (…) Las notificaciones por medios electrónicos
se practicarán a través del servicio de notificaciones que ofrezca la sede electrónica de la autoridad. Los interesados
podrán acceder a las notificaciones en el portal único del Estado, que funcionará como un portal de acceso. La
notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda a la misma, hecho que deberá
ser certificado por la administración.”
11
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04412-00
Accionantes: Rosa Esther Olascoaga González
Se declara la improcedencia de la demanda
E. Oposiciones e intervenciones
22. La CIAC S.A.12 (tercero con interés) rindió un informe de los hechos y señaló que
cualquier inconformidad relacionada con la notificación del acto administrativo
cuestionado debía plantearse dentro del proceso ordinario. Por otro lado, sostuvo que,
en realidad, mediante el auto número 492 de 2021, la Corte Constitucional confirmó que,
cuando se pretende la declaratoria de existencia de una relación laboral y una de las
partes es una entidad pública, tal controversia debe ventilarse ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
22.1. Indicó que el debate que presenta la parte accionante se circunscribe a una
controversia de naturaleza estrictamente legal, relacionada con la configuración de la
caducidad del medio de control frente a las pretensiones económicas derivadas de la
existencia de un contrato realidad, por lo cual no es procedente que, mediante la
demanda de tutela, se reabra el debate propio del proceso ordinario.
22.2.Agregó que no se satisface el requisito de subsidiariedad, toda vez que la
accionante disponía del recurso extraordinario de revisión. Así, solicitó que se declare
improcedente la solicitud de amparo, en tanto la providencia judicial cuestionada se
adoptó conforme el régimen de caducidad previsto, con fundamento en los hechos
probados y en las normas aplicables al caso concreto.
23. El Juzgado Quince Administrativo de Bogotá13 (tercero con interés) señaló que
profirió la sentencia del 21 de agosto de 2025 con plena observancia en el debido
proceso de las partes y de conformidad con la normatividad y jurisprudencia aplicable.
Adicional a ello, remitió copia del expediente número 11001-33-35-015-2023-00235-00.
24. El apoderado judicial de la parte accionante14 allegó múltiples piezas del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, objeto de la solicitud de amparo.
25.La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (accionado) fue debidamente notificada15, sin embargo, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
26. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de tutela interpuesta por Rosa Esther Olascoaga González contra
la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de
2019).
12
Índice 13 del expediente digital disponible en Samai.
13
Índice 14 del expediente digital disponible en Samai.
14
Índice 15 del expediente digital disponible en Samai.
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Índice 8 del expediente digital disponible en Samai.
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Accionantes: Rosa Esther Olascoaga González
Se declara la improcedencia de la demanda
G. Sentido de la decisión
27. En el escrito de tutela la accionante propone dos discusiones a partir de la sentencia
proferida el 24 de marzo de 2026 por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. En primer lugar, cuestiona la conclusión respecto la
declaración parcial de caducidad y la inhibición de proferir sentencia de mérito en relación
con las pretensiones relativas al reconocimiento de prestaciones económicas. En
segundo lugar, se refiere a la indebida notificación del acto administrativo número
20211400010811, toda vez que, a su juicio, se vulneró su derecho fundamental al debido
proceso, porque no se consideraron los lineamientos contenidos en el artículo 56 del
CPACA y tampoco se verificó el acuse de recibo.
28. Respecto los reparos relacionados con la caducidad y la negativa frente al
reconocimiento de las prestaciones económicas, la Sala declarará la improcedencia de
la demanda de tutela, por cuanto no se superó el requisito de relevancia constitucional.
29. En relación con los argumentos respecto la indebida notificación del acto
administrativo número 20211400010811, la Sala declarara la improcedencia por falta del
requisito de subsidiariedad. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta
providencia no se hará la verificación de los demás requisitos generales de procedencia
de la demanda de tutela16.
H. El requisito de relevancia constitucional
30. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.17 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada18, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial”.
31. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
16
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia
constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
18
Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P. Cristina
Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04412-00
Accionantes: Rosa Esther Olascoaga González
Se declara la improcedencia de la demanda
corresponde definir a otras jurisdicciones.19
32. En la sentencia SU-215 de 202220, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:
(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental;
(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;
(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces,
no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental; y
(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales
33. Para la Corte Constitucional21, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
34. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que
han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico
de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional” 22.
19
Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P.
José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073
de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
20
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
21
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
22
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04412-00
Accionantes: Rosa Esther Olascoaga González
Se declara la improcedencia de la demanda
I. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda
35. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.
36. En el asunto sub iudice, la accionante cuestiona la sentencia proferida el 24 de
marzo de 2026 por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, porque, a su juicio, incurrió en los defectos por violación directa de
la Constitución y desconocimiento del precedente judicial. A continuación, la Sala
describirá las características y elementos de los defectos alegados, con el propósito de
determinar el objeto de la litis y examinar a fondo la presunta vulneración de derechos
fundamentales.
37. El desconocimiento del precedente ocurre cuando un juez se aparta de un
precedente judicial (vertical u horizontal) sin proporcionar una carga argumentativa
razonada que justifique las razones por las cuales se aparta de la regla jurisprudencial
previa.
38. La violación directa de la Constitución se estructura cuando la autoridad judicial
se aparta del mandato de supremacía constitucional contenido en el artículo 4° de la
Constitución Política23. En ese orden, este defecto se puede configurar en los siguientes
supuestos: (i) la autoridad judicial deja de aplicar una norma constitucional que resulta
aplicable al caso concreto y (ii) la autoridad judicial aplica una norma legal al margen de
los postulados constitucionales.
J. Sobre la declaración parcial de caducidad y la negativa frente el reconocimiento
de las pretensiones económicas
39. La Sala considera que la solicitud de amparo no satisface el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que la accionante pretende una instancia adicional para
controvertir la conclusión a la que arribó la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
40. De hecho, la accionante no plantea una controversia constitucional autónoma, sino
que pretende reabrir, por vía de tutela, un debate propio del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el propósito de que el juez constitucional sustituya la
interpretación y el criterio adoptado por el juez natural del asunto. En particular, pretende
que se examine, nuevamente, el reconocimiento de los efectos económicos derivados
de la declaración de la existencia del contrato realidad, cuestión que ya fue objeto de
análisis y decisión dentro del proceso ordinario.
41. En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la demandante
pretendió que se declarara la nulidad del oficio número 20211400010811 del 21 de abril
23
Corte Constitucional, sentencias SU-069 de 2018 y SU-037 de 2019.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04412-00
Accionantes: Rosa Esther Olascoaga González
Se declara la improcedencia de la demanda
de 2021 y, a título de restablecimiento del derecho, principalmente, solicitó que se
condenará a la CIAC a pagar las prestaciones laborales y sociales dejadas de percibir
entre el 8 de marzo de 2016 y 31 de enero de 2019; que se reintegraran los aportes
pagados al Sistema de Seguridad Social; que se pagara una indemnización por
terminación del contrato sin justa causa y que se reconociera y pagara la sanción
moratoria causada por la demora en el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales y las cesantías.
42. Mediante sentencia proferida el 21 de agosto de 2025, el Juzgado Quince
Administrativo de Bogotá consideró que se acreditaron los elementos propios de la
relación laboral y que la demandante interpuso la acción correspondiente dentro de los
3 años exigidos por la ley. Sobre la caducidad, precisó que la demanda podía
presentarse en cualquier momento por tratarse de prestaciones periódicas, en ese
sentido, accedió parcialmente a las pretensiones en los términos descritos en el párrafo
número 8 de esta providencia.
43. Al respecto, la demandante interpuso recurso de apelación contra la decisión de
primera instancia e insistió que se accedieran a las pretensiones de la demanda, en
particular alegó, principalmente, que tenía derecho al reconocimiento de la
indemnización por despido sin justa causa y al pago de la sanción moratoria, toda vez
que la CIAC no reconoció ni liquidó las cesantías definitivas causadas por la terminación
del contrato de trabajo.
44. Por medio de sentencia del 24 de marzo de 2026, la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se ocupó de determinar si entre
la CIAC y la demandante existió una relación laboral y si era procedente o no el
reconocimiento de las prestaciones sociales y demás acreencias laborales dejadas de
percibir por el trabajo realizado.
45. Para dilucidar dichos problemas jurídicos la autoridad judicial accionada realizó un
recuento normativo y jurisprudencial dentro del cual se refirió al artículo 5324 de la
Constitución Política, la Ley 80 de 199325, la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-
2021 del Consejo de Estado26 y la sentencia de unificación proferida el 25 de agosto de
2016 por el Consejo de Estado27. A su vez, precisó los fundamentos fácticos de la
demanda, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso con el fin de confirmar
la existencia de una relación laboral entre la demandante y la CIAC.
46. Por otra parte, respecto a la configuración de la caducidad del medio de control de
24
Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los
siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima
vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles;
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía
a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la
maternidad y al trabajador menor de edad.
25
Congreso de Colombia. Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública.
26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia SUJ-025-CE-S2 2021 del
09 de septiembre de 2021. Rad. 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del veinticinco
(25) de agosto de dos mil dieciséis (2016), radicación número: 230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-
16. Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04412-00
Accionantes: Rosa Esther Olascoaga González
Se declara la improcedencia de la demanda
nulidad y restablecimiento del derecho, el Tribunal accionado precisó que el Consejo de
Estado ha señalado que en los asuntos en los que se discuta la relación laboral, la
caducidad del medio de control opera respecto de la nulidad del acto y de los derechos
derivados de este, con excepción de los aportes al sistema de seguridad social. En
cuanto a las prestaciones sociales y los salarios reclamados, señaló que la caducidad
debe definirse en la sentencia, previa verificación de la existencia de una relación laboral
subyacente, por lo cual explicó y determinó:
En las anteriores condiciones y con apoyo en la sentencia de unificación de la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, no quedó
duda que, respecto de la pretensión de pago de aportes a seguridad social, por tener
el carácter de prestación periódica, debía aplicarse la regla de caducidad prevista en el
numeral 1º literal c) del artículo 164 del CPACA, es decir, la demanda podía presentarse
en cualquier tiempo.
Sin embargo, lo anterior no es igual para las prestaciones sociales económicas,
pues en este caso el último contrato de prestación de servicios terminó el 31 de
diciembre de 2019, de manera que no podría atenderse al carácter de prestación
periódica. En estas condiciones frente a esta pretensión, la caducidad debe
contabilizarse bajo la regla contenida en el artículo 164 numeral 2º literal d) del
CPACA.
En el asunto, se tiene que el acto administrativo demandado contenido en el Oficio Nº
CIAC/140/GRAJU N° 20211400010811 del 21 de abril de 2021, negó el reconocimiento
de la existencia de la relación laboral y el pago de todas las prestaciones sociales a
que había lugar, entre otros.
El anterior acto fue notificado vía electrónica el 21 de abril de 202132, por lo que el
término para interponer la demanda inició el 22 de abril y finalizó el 22 de agosto de
2021, extendiéndose hasta el día hábil siguiente 23 de agosto de 2021, sin que se
advirtiera suspensión del término, dado que en el expediente no reposa solicitud de
conciliación prejudicial. Como la demanda fue presentada en la Jurisdicción
Ordinaria Laboral el 26 de agosto de 2021 a las 17:12, por lo que se generó la
demanda en línea el día hábil siguiente, esto es, el 30 de agosto de 2021, es decir,
se presentó la demanda con posterioridad al término legal, configurándose la
excepción de caducidad parcial del medio de control respecto a las prestaciones
de tipo salarial y social.
En este orden de ideas, se revocará el ordinal primero de la sentencia de primera
instancia para, en su lugar, declarar probada la excepción de caducidad parcial del
medio de control respecto de las acreencias salariales y prestacionales. En
consecuencia, se revocará el ordinal tercero, pues la inhibición de la Sala sobre las
pretensiones de contenido económico hace improcedente ordenar pago alguno por
dichos conceptos.
Asimismo, la Sala se inhibirá de emitir pronunciamiento de fondo sobre el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante en lo relativo al reconocimiento del
régimen legal y prestacional de los trabajadores oficiales, así como a las
indemnizaciones por despido injusto y la sanción moratoria por el pago de cesantías,
salarios y prestaciones. Lo anterior, toda vez que, al haber operado el fenómeno de la
caducidad parcial del medio de control respecto de las pretensiones de contenido
económico, impide a esta Corporación proferir un juicio de valor sobre la naturaleza del
régimen prestacional aplicable si las acreencias derivadas del mismo ya no son
exigibles judicialmente. (negrillas de la Sala)
47. En ese contexto, es evidente que la accionante presenta la demanda de tutela con
el fin de que se reabra un debate propio del trámite ordinario y se adopte un
pronunciamiento distinto en favor de sus intereses, con el propósito que se reconozcan
las prestaciones reclamadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, no obstante, dicha discusión ya fue debidamente analizada y concluida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04412-00
Accionantes: Rosa Esther Olascoaga González
Se declara la improcedencia de la demanda
48. Si bien la accionante invocó la configuración de los defectos por violación directa de
la Constitución y desconocimiento del precedente como requisitos específicos de
procedibilidad, lo cierto es que tales reparos no satisfacen la carga argumentativa
requerida para demostrar que la sentencia del 24 de marzo de 2026 transgredió sus
garantías iusfundamentales o que se fundamentó en criterios arbitrarios o caprichosos
en detrimento de sus derechos fundamentales.
49. Por el contrario, se advierte que los reparos formulados se dirigen, en esencia, a
insistir en el reconocimiento de las prestaciones económicas reclamadas dentro del
proceso ordinario, así como la sanción moratoria, argumentos que también fueron
planteados, en términos similares, en el recurso de apelación que interpuso contra la
decisión de primera instancia.
50. La Sala enfatiza que la demanda de tutela que se dirige contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no de corrección, toda vez que su finalidad no es
sustituir el criterio del juez natural ni desplazar la competencia preferente del juez natural
del asunto, por el contrario, la competencia del juez de tutela se limita a evaluar si la
providencia judicial cuestionada vulnera los derechos fundamentales de la parte
accionante por la configuración de los defectos establecidos por la jurisprudencia, por
lo cual no es procedente que se utilice la vía constitucional para reabrir un debate propio
de la jurisdicción contencioso administrativa.
51. De tal manera, las discrepancias de la accionante con la interpretación jurídica o las
conclusiones adoptadas por la autoridad judicial accionadas no habilitan, por sí mismas,
la intervención del juez constitucional, pues ello supondría convertir la tutela en una
instancia adicional del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
52. En suma, la Sala encuentra que la solicitud de amparo no supera el requisito de
relevancia constitucional, debido a que la discusión que presenta corresponde a la
inconformidad de la accionante con la interpretación y conclusión del juez de segunda
instancia, quien adoptó una decisión contraria a sus intereses y, en todo caso, se
circunscribe a un asunto económico, asunto que ya fue debidamente analizado y
definido por el juez natural.
K. El requisito de subsidiariedad
53. El artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, el requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela establece que esta acción es excepcional y residual
a los demás medios de defensa judicial.
54. En virtud del requisito de subsidiariedad, la demanda de acción de tutela solo
procede en dos supuestos excepcionales: (i) cuando el afectado no dispone de otro
medio de defensa judicial idóneo y eficaz, caso en el cual la tutela procede como
mecanismo de protección definitivo; y (ii) cuando el afectado utiliza la tutela con el
propósito de evitar un perjuicio irremediable, evento en el que procede como mecanismo
transitorio.
55. La valoración de este requisito debe ser más rigurosa cuando se trata de una acción
de tutela contra providencia judicial, ya que, en virtud de la naturaleza autónoma,
subsidiaria y residual del mecanismo constitucional, la demanda de amparo solo es
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04412-00
Accionantes: Rosa Esther Olascoaga González
Se declara la improcedencia de la demanda
procedente cuando el accionante no cuente con otro medio de defensa judicial. De tal
modo, es imperativo para la parte interesada agotar todos los medios judiciales
ordinarios que tenga a su alcance para pretender la defensa de sus derechos
fundamentales, como requisito previo para acudir al mecanismo constitucional.
56. En ese contexto, la Corte Constitucional28 ha sido enfática y reiterativa respecto a
que el juez constitucional debe verificar de forma exhaustiva que el accionante
efectivamente haya agotado los medios de defensa judicial a su alcance, pues de lo
contrario, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales y de utilizar la solicitud de amparo como una instancia adicional en el trámite
jurisdiccional.
57. El principio de subsidiariedad permite reconocer la validez, la prevalencia y la
viabilidad de los recursos ordinarios y extraordinarios para la protección de los intereses
fundamentales, ya que de esta manera se impide el uso indebido de la acción
constitucional como una vía preferente.
58. En este sentido, de acuerdo con el marco normativo mencionado y con lo
establecido jurisprudencialmente por la Corte Constitucional29, si el ordenamiento
jurídico ofrece mecanismos de defensa judicial idóneos y eficaces para solicitar la
protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados o
amenazados, se debe recurrir a ellos, y no a la acción de tutela, de tal forma que se
impida el uso indebido de este mecanismo constitucional.
L. Sobre la indebida notificación del acto administrativo número 20211400010811
59. Respecto los argumentos que presentó la parte accionante en relación con la
indebida notificación del oficio número 20211400010811 del 21 de abril de 2021, la Sala
considera que no se satisface el requisito de subsidiariedad, debido a que la discusión
que presenta la accionante debió ser propuesta dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.
60. En el escrito de tutela, la accionante cuestionó la providencia judicial de 24 de marzo
de 2026, al considerar que la autoridad judicial accionada no valoró la indebida
notificación del oficio número 20211400010811, por cuanto la comunicación no se surtió
con observancia de lo dispuesto en el artículo 56 del CPACA. Así, la accionante
pretende que, por medio del mecanismo constitucional, se deje sin efectos la
providencia judicial cuestionada, al considerar que la decisión adoptada vulneró su
derecho fundamental al debido proceso.
61. No obstante, la controversia que ahora plantea la accionante respecto de la
presunta indebida notificación del acto administrativo número 20211400010811 del 21
de abril de 2021 debió ser formulada oportunamente dentro del proceso ordinario, bien
sea en la demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho o en
el recurso de apelación, ya que eran los mecanismos idóneos y eficaces previstos por
el ordenamiento jurídico para alegar tal asunto.
28
Corte Constitucional. Sentencia T-106 del 9 de abril de 2024 y sentencia T-103 del 26 de febrero de 2014.
29
Corte Constitucional, sentencia T-247 de 2024. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04412-00
Accionantes: Rosa Esther Olascoaga González
Se declara la improcedencia de la demanda
62. Sin embargo, la interesada no promovió en la oportunidad procesal correspondiente
los instrumentos que tenía a su alcance para cuestionar dicha actuación, por lo que no
resulta admisible que ahora acuda a la demanda de tutela con el propósito de revivir
etapas procesales ya superadas y suplir la falta de ejercicio oportuno de los mecanismos
ordinarios de defensa. Admitir tal posibilidad desnaturalizaría el carácter subsidiario y
residual del amparo constitucional y permitiría convertirlo en una instancia adicional para
controvertir actuaciones que adquirieron firmeza dentro del trámite judicial.
63. En ese contexto, la Sala considera que no se encuentra satisfecho el requisito de
subsidiaridad, debido a que la accionante contaba con los mecanismos procesales
idóneos para controvertir la validez de la notificación del acto administrativo número
20211400010811 dentro del proceso ordinario y, aun así, no hizo uso de ellos. De
hecho, si estimaba que tal actuación desconocía las reglas previstas en el artículo 56
del CPACA y que, como consecuencia de ello, se afectaba su derecho al debido
proceso, debía formular oportunamente el correspondiente reparo ante el juez natural
del asunto.
64. Por el contrario, la accionante dejó transcurrir las etapas procesales pertinentes sin
formular oportunamente los reparos que ahora plantea, pese a que contaba con los
mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico para controvertir la actuación que
considera irregular. En consecuencia, pretende utilizar la demanda de tutela como un
mecanismo para subsanar su propia inactividad procesal y reabrir oportunidades
procesales ya precluidas, finalidad que resulta incompatible con el carácter subsidiario
y residual de la solicitud de amparo.
65. En atención a lo expuesto, la Sala declarara la improcedencia de la demanda de
tutela por falta del requisito de subsidiariedad, toda vez que la accionante pretende
revivir etapas procesales en las que se dejaron de emplear los recursos previstos por el
ordenamiento jurídico para alegar la indebida notificación del acto administrativo que se
cuestionó en el proceso ordinario.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la demanda de tutela (i) por falta del
requisito de relevancia constitucional, respecto los argumentos relacionados con la
declaración parcial de caducidad y la negativa frente al reconocimiento de las
pretensiones económicas y (ii) por falta del requisito de subsidiariedad, respecto el reparo
relacionado con la indebida notificación del acto administrativo.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
TERCER: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVÍESE el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04412-00
Accionantes: Rosa Esther Olascoaga González
Se declara la improcedencia de la demanda
CUARTO : PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
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