Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04463-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04463-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04463-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
16 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04463-00
Accionante: FÉLIX MARÍA TAPIA PÉREZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se declara
improcedente por no cumplir el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por Félix María Tapia Pérez contra el
Tribunal Administrativo del Atlántico.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Félix María Tapia Pérez solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia en
conexidad con los principios de buena fe y confianza legítima, cuya vulneración le
atribuyó a la providencia de 12 de febrero de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, dentro del medio de control de reparación directa con
número de radicación 08001-33-33-012-2024-00232-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Indicó que promovió demanda de reparación directa núm. 08001-33-33-012-2024-
00232-00/01 contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, con el
propósito de que se declarara su responsabilidad por los presuntos daños
ocasionados a un inmueble de su propiedad, derivados de la ejecución de una obra
pública en zonas cercanas. Adujo que en varias oportunidades elevó peticiones ante
la entidad territorial, solicitando información sobre la eventual afectación del bien,
frente a lo cual la administración distrital respondió reiteradamente en sentido
negativo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04463-00
Accionante: Félix María Tapia Pérez
2.2. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Barranquilla, autoridad judicial que, mediante
providencia de 22 de octubre de 2025, negó las pretensiones de la demanda y declaró
probada la excepción de caducidad propuesta por el distrito de Barranquilla y la
Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.A. (EDUBAR
S.A.), en su condición de vinculada. Precisó que dicha providencia fue adicionada
mediante auto de 6 de noviembre de 2025, en el sentido de declarar no probada la
excepción de caducidad formulada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC).
2.3. Señaló que interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia y el Tribunal
Administrativo del Atlántico, a través de providencia de 12 de febrero de 2026,
confirmó la decisión.
2.4. Consideró que la providencia mencionada vulneró sus derechos fundamentales
indicados supra por haber incurrido en los defectos fáctico y sustantivo.
2.5. En cuanto al defecto fáctico, argumentó que la autoridad judicial efectuó una
indebida valoración probatoria, al otorgar carácter determinante a la petición
presentada el 16 de septiembre de 2019 y concluir que, desde ese momento, el
demandante tenía conocimiento cierto del daño. No obstante, adujo que las
respuestas posteriores emitidas tanto por la administración distrital como por
EDUBAR S.A. constituían elementos de convicción relevantes para establecer si
existía certeza sobre la afectación del inmueble o, por el contrario, persistía una
situación objetiva de incertidumbre.
2.6. Respecto al defecto sustantivo argumentó que el Ministerio Público había puesto
de presente que las actuaciones administrativas evidenciaban una situación objetiva
de incertidumbre respecto del momento en que se tuvo conocimiento efectivo del
daño, al considerar que la petición de septiembre de 2019 constituía apenas una
sospecha inicial y no una certeza consolidada. Sin embargo, señaló que el tribunal
desestimó tales planteamientos sin exponer una motivación suficiente que justificara
la intrascendencia de las respuestas de la administración para efectos de determinar
la fecha de conocimiento del daño.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, buena
fe, confianza legítima y acceso a la administración de justicia del accionante.
SEGUNDA. Dejar sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico dentro del proceso radicado No. 08001-33-33-012-
2024-00232-01, exclusivamente en lo relacionado con la declaratoria de
caducidad de la acción.
TERCERA. Ordenar al Tribunal Administrativo del Atlántico proferir una nueva
decisión debidamente motivada en la que valore integralmente:
a) Las respuestas oficiales emitidas por la Administración Distrital.
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Accionante: Félix María Tapia Pérez
b) Las respuestas emitidas por EDUBAR.
c) Los argumentos expuestos por el Ministerio Público.
d) El principio constitucional de buena fe y confianza legítima.
e) La totalidad de las pruebas relacionadas con la fecha de conocimiento
efectivo del daño. […]” (negrilla del texto).
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 16 de junio de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación del
proceso admitió la presente acción de tutela y vinculó en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso al Distrito Especial, Industrial y Portuario
de Barranquilla, a la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región
Caribe (EDUBAR S.A.) y al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de
Barranquilla.
5. Mediante informe secretarial de 2 de julio de 2026, la Secretaría General del
Consejo de Estado señaló que, al efectuar el reparto de la acción de tutela radicada
bajo el número 11001-03-15-000-2026-04467-00, se incorporaron por error los
anexos y el acta de reparto correspondientes a la acción de tutela promovida por el
señor Félix María Tapia Pérez.
6. En atención a lo anterior, el Despacho sustanciador de la Sección Quinta de esta
Corporación del proceso radicado bajo el número 11001-03-15-000-2026-04467-00
profirió auto del 3 de julio de 2026, mediante el cual i) dejó sin efectos el auto
admisorio del 12 de junio de 2026 emitido dentro de ese trámite, ii) ordenó remitir la
totalidad de las actuaciones procesales al presente expediente, y iii) dispuso
informar al accionante de dicho proceso sobre las inconsistencias presentadas en
el registro.
V. INTERVENCIONES
7. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y vinculadas, se
allegaron al expediente de la referencia los siguientes informes1:
7.1. El Departamento del Atlántico manifestó que la acción constitucional estaba
dirigida a la autoridad judicial que había proferido la decisión de segunda instancia
y que no había incurrido en vulneración de derechos del accionante, razón por la
cual carece de legitimación en la causa por pasiva.
7.2. ElDistrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla indicó que la
presente acción de tutela es improcedente por cuanto las autoridades accionadas
motivaron adecuadamente las providencias y este no puede ser un mecanismo para
revivir debates que ya se resolvieron.
7.3. El Tribunal Administrativo del Atlántico sostuvo que se pretende reabrir un
debate que ya se surtió adecuadamente, indicó que la sentencia se profirió con
1
Al respecto se toma en cuenta también lo allegado dentro del radicado 11001-03-15-000-2026-04467-00, que fue remitido
a la presente acción de tutela.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04463-00
Accionante: Félix María Tapia Pérez
sustento en la normativa vigente y una valoración probatoria adecuada. Además,
agregó que el accionante tuvo a su disposición todos los mecanismos ordinarios
dentro del proceso contencioso administrativo para controvertir la excepción de
caducidad y debatió el asunto en segunda instancia, la acción de tutela no puede
ser instrumentalizada como una tercera instancia.
7.4. ElInstituto Geográfico Agustín Codazzi manifestó que no ha incurrido en
vulneración alguna de derechos fundamentales, sus competencias no guardan
relación con los hechos expuestos y, por esa razón, adujo que carece de
legitimación en la causa por pasiva y debe ser desvinculado del proceso.
7.5. La Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y de la Región Caribe –
EDUBAR S.A. señaló que carece de legitimación en la causa por pasiva toda vez
que lo afirmado por el accionante se circunscribe al proceso ordinario en donde no
tiene incidencia alguna y, en consecuencia, debería ser desvinculada del proceso.
Añadió que se debería declarar la improcedencia por cuanto existen otros
mecanismos de defensa judicial para reclamar sus derechos.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
8. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20214 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20247.
VI.2. Cuestión previa
9. La Sala advierte que, previo a la definición del problema jurídico que se
resolverá, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por el Departamento del Atlántico, el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi y la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y
de la Región Caribe – EDUBAR S.A.
10. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en la sentencia T-1001 de 20068, señaló lo siguiente:
2
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
3
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
4
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
5
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
6
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
8
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04463-00
Accionante: Félix María Tapia Pérez
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
‘2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción
[…]’ […]” (subrayado fuera del texto).
11. Teniendo en cuenta que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Empresa
de Desarrollo Urbano de Barranquilla y de la Región Caribe - EDUBAR S.A. fueron
partes dentro del medio de control de reparación directa cuestionado, la Sala
considera que a estas entidades sí les asiste el interés jurídico para ser vinculadas
a esta acción constitucional.
12. Respecto a la solicitud allegada por el Departamento del Atlántico, autoridad
que fue notificada del auto admisorio de la presente solicitud de amparo, la Sala
considera que a esta entidad no le asiste el interés jurídico para ser vinculada a esta
acción constitucional, teniendo en cuenta que no fue parte en el proceso
cuestionado ni en la presente acción.
13. Por lo anterior, se negarán las solicitudes de desvinculación elevadas por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y de la Región Caribe - EDUBAR S.A. y se aceptará la solicitud
presentada por el Departamento del Atlántico, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
14. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por el accionante, al haber incurrido, presuntamente, en los
defectos fáctico y sustantivo.
15. Con
el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04463-00
Accionante: Félix María Tapia Pérez
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
16. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
17. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
18. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
19. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
10
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial , la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.
20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04463-00
Accionante: Félix María Tapia Pérez
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.
21. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
22. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
23. El señor Félix María Tapia Pérez solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia en
conexidad con los principios de buena fe y confianza legítima, cuya vulneración le
atribuyó a la providencia de 12 de febrero de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, dentro del medio de control de reparación directa con
número de radicación 08001-33-33-012-2024-00232-00/01.
24. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.
VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
25. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental13 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones14.
15
26. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales , el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
13
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
14
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
15
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04463-00
Accionante: Félix María Tapia Pérez
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces16.
27. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación17, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
18
28. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
16
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
17
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04463-00
Accionante: Félix María Tapia Pérez
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].
29. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202319.
30. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales20.
31. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio el accionante alega que el Tribunal Administrativo del Atlántico vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
en conexidad con los principios de buena fe y confianza legítima, por haber
incurrido, presuntamente, en los defectos fáctico y sustantivo.
19
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04463-00
Accionante: Félix María Tapia Pérez
32. En cuanto al defecto fáctico, argumentó que la autoridad judicial efectuó una
indebida valoración probatoria, al otorgar carácter determinante a la petición
presentada el 16 de septiembre de 2019 y concluir que, desde ese momento, el
demandante tenía conocimiento cierto del daño. No obstante, adujo que las
respuestas posteriores emitidas tanto por la administración distrital como por
EDUBAR S.A. constituían elementos de convicción relevantes para establecer si
existía certeza sobre la afectación del inmueble o, por el contrario, persistía una
situación objetiva de incertidumbre.
33. Respecto al defecto sustantivo argumentó que el Ministerio Público había puesto
de presente que las actuaciones administrativas evidenciaban una situación objetiva
de incertidumbre respecto del momento en que se tuvo conocimiento efectivo del
daño, al considerar que la petición de septiembre de 2019 constituía apenas una
sospecha inicial y no una certeza consolidada. Sin embargo, señaló que el tribunal
desestimó tales planteamientos sin exponer una motivación suficiente que justificara
la intrascendencia de las respuestas de la administración para efectos de determinar
la fecha de conocimiento del daño.
34. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional; y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural del asunto.
35. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones por las
que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
36. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, no está poniendo de presente
que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino
que el motivo de su inconformidad gira en torno a que el Tribunal Administrativo del
Atlántico confirmó la sentencia de primera instancia que había denegado las
pretensiones de la demanda y declarado probada la excepción de caducidad, decisión
que resulta contraria a sus intereses.
37. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo del Atlántico en la providencia cuestionada:
“[…] Ahora bien, en cuanto a la determinación del momento del conocimiento
del daño, el actor sostiene que sólo tuvo conocimiento de la posible ocupación
del predio el 21 de agosto de 2022, cuando según afirma en su demanda,
observó edificaciones sobre el área correspondiente al lote de su propiedad; sin
embargo, de la revisión del expediente se advierte escrito radicado por el
demandante en fecha 6 de septiembre de 2019 ante la Alcaldía Distrital de
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Accionante: Félix María Tapia Pérez
Barranquilla, elemento probatorio que resulta de especial relevancia para la
determinación de la data en la cual efectivamente tuvo conocimiento, habida
consideración que en el citado documento el propio señor Félix María Tapia
Pérez expresó que su predio “hace parte de un de mayor extensión donde se
adelanta actualmente una obra pública” y que la autoridad distrital “se apropió
de mi lote”, afirmando que se había producido un cambio en su uso del suelo,
declaración que a juicio de la Sala descarta de plano la tesis del conocimiento
tardío alegada por el demandante. La Sala comparte el razonamiento realizado
por el juez, en cuanto a que el daño alegado era conocido por el actor desde el
16 de septiembre de 2019, pues así lo afirmó de manera espontánea, clara y
categórica en los escritos dirigidos ante la autoridad administrativa.
Por ende, en aras de determinar cómo ha de hacerse la contabilidad del tiempo
acreditado, partiendo del hecho que el actor expresó conocimiento de los
hechos originarios del daño en escrito del 16 de septiembre de 2019, en ese
orden de ideas, desde esa data el actor se encontraba enterado del daño que
repercutía sobre el inmueble de su propiedad.
Por tanto, es viable determinar como esa la fecha desde la cual el actor tuvo
conocimiento del daño, siendo que el término de caducidad comenzó a correr
al día siguiente, esto es, el 17 de septiembre de 2019 y venció el 17 de
septiembre de 2021.
No existe en el expediente prueba alguna que permita inferir que el actor estuvo
impedido para conocer el daño desde su ocurrencia; por el contrario, fue él
mismo quien lo denunció formalmente para el año 2019 ante la administración
distrital.
[…] La presente teoría es aplicada al caso, ya que no puede tenerse como fecha
de conocimiento del daño la aducida por el actor, pues era de conocimiento
suyo quien era un directo perjudicado por la ubicación de su inmueble que indica
hacia parte del otro de mayor extensión, dentro del cual el Distrito estaría
ejecutando la obra. Por tanto, no resulta aplicable para el sub lite, la teoría que
establece que cuando el daño nace de forma sucesiva o continua, el inicio del
cómputo de la caducidad se postergará en el tiempo hasta el momento en que
se pueda tener conocimiento cierto del daño, sin confundir el nacimiento del
daño con la permanencia o agravación en el tiempo de los perjuicios generados
por un daño ya consolidado y conocido.
Ahora bien, realizando el conteo, y tomando como fecha el día 17 de septiembre
de 2021, la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por el actor el 22
de agosto de 2022 se realizó casi once meses después del vencimiento del
término de caducidad, atendiendo el término de caducidad de dos (2) años a
partir del día siguiente al conocimiento del daño, para la interposición del
presente medio de control.
[…] De conformidad con la jurisprudencia traída a colación, en el Sub examine
no puede equipararse el daño, a los perjuicios que se proyectan a futuro, según
lo decantado por la jurisprudencia, siendo que en este caso si es posible
determinar el momento en que este se genera.
En otras palabras, no puede el actor igualar un daño continuado, que conforme
se ha indicado, es aquel respecto del cual el administrado no logra percatarse
con exactitud, el momento exacto de su ocurrencia, dada a la repetitividad del
mismo en el pasar del tiempo, causando perjuicios a inmediato, mediano y largo
plazo. El actor expresó en su demanda y en su escrito que el Distrito realizó
actuaciones sobre el terreno (cambio de cartografía, modificación de
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coordenadas, actualización catastral), sin notificación previa, actuaciones que
se determinan en una fecha determinada, identificable.
Deviene de lo expuesto la imposibilidad para esta Corporación de irrogarle el
hecho dañino a la entidad demandada, habida consideración que en este caso
se halló configurado el fenómeno de la caducidad en la acción.
En ese orden de ideas esta Corporación estima que, la administración pública
demandada no está llamada a responder patrimonialmente, por los presuntos
daños sufridos por el señor FELIX MARIA TAPIA PÉREZ, según los supuestos
fácticos precisados en el libelo introductorio.
Por lo anterior, la Sala encuentra ajustada a derecho la decisión del a quo, y
confirmará la declaratoria de caducidad. Corolario de lo expuesto, al haber
operado el fenómeno de la caducidad del medio de control, esta sala considera
innecesario examinar los elementos que configuran la responsabilidad del
Estado que expresa el artículo 90 de la Constitución Política. […]”.
38. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.
39. Por el contrario, se observa que el Tribunal Administrativo del Atlántico realizó un
estudio razonable del caso.
40. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”21.
41. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”22.
42. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”23.
43. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
22
Ibidem
23
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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Accionante: Félix María Tapia Pérez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DESVINCULAR al Departamento del Atlántico, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi y la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y
de la Región Caribe - EDUBAR S.A.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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