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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04467-00

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04467-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor Jerley Barrero García contra el Tribunal Administrativo del Caquetá - Sala Segunda de Decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04467-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04467-00
Demandante: JERLEY BARRERO GARCÍA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ – SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN

TEMAS: Tutela contra providencia judicial – Declara improcedencia por
no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 11 de junio de 2026, el señor Jerley Barrero García presentó acción de tutela con
el fin de que se le amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa, al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada.

Las mencionadas garantías las estimó vulneradas por el Tribunal Administrativo de
Caquetá - Sala Segunda de Decisión al proferir la sentencia de 4 de febrero de
2026, que confirmó la decisión de 27 de junio de 2024 del Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Florencia, que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho radicada contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, identificada con el
radicado 18001-33-33-004-2022-00554-00/01.

1.2. Pretensiones

El actor presentó las siguientes:

PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL (PROTECCIÓN DE DERECHOS
FUNDAMENTALES): TUTELAR mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO
(artículo 29 C.P.), al DERECHO DE DEFENSA, al TRABAJO (artículo 25 C.P.) y a la
ESTABILIDAD LABORAL (artículos 25, 53 y 123 C.P.), vulnerados por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CAQUETÁ.

SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL (DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LA
PROVIDENCIA): DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia de segunda instancia
proferida el 4 de febrero de 2026 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Caquetá, con ponencia de la magistrada Angélica María Hernández

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04467-00
Demandante: Jerley Barrero García
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá –
Sala Segunda de Decisión

Gutiérrez, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
18001-33-33-004-2022-00554-01, por configurarse una VÍA DE HECHO derivada de
los defectos SUSTANTIVO, FÁCTICO y PROCEDIMENTAL, así como por el
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL (sentencia C-
1189/05).

TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL (ORDEN DE REINTEGRO Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO): Como consecuencia de lo anterior,
ORDENAR al Tribunal Administrativo de Caquetá que, en el término improrrogable de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la sentencia de tutela,
profiera una NUEVA SENTENCIA de segunda instancia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de la referencia, en la que se acoja integra y
motivadamente el salvamento de voto de la magistrada Yanneth Reyes Villamizar, y
en consecuencia: a) DECLARE LA NULIDAD de la Resolución número 131 del 3 de
marzo de 2021, expedida por el Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, por
medio de la cual se declaró mi retiro del servicio por abandono del cargo, al haber
sido proferida con violación del debido proceso (falta del procedimiento administrativo
previo exigido por la sentencia C-1189/05). b) ORDENE A LA FUERZA AÉREA
COLOMBIANA mi REINTEGRO INMEDIATO al cargo que desempeñaba al momento
de mi retiro (operario de despacho de aeronaves) o a uno de igual o superior categoría
y jerarquía, sin solución de continuidad. c) ORDENE A LA FUERZA AÉREA
COLOMBIANA el PAGO DE TODOS LOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES,
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (salud, pensiones, ARL) Y DEMÁS
EMOLUMENTOS dejados de percibir desde el 28 de enero de 2021 (fecha de efectos
del retiro) hasta la fecha de mi efectivo reintegro, indexados conforme al IPC
certificado por el DANE. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA (EN CASO DE NO
ACCEDERSE A LAS ANTERIORES): Si el juez constitucional considera que no
puede ordenar el contenido específico de la nueva sentencia, solicito, de manera
subsidiaria, que se ORDENE AL TRIBUNAL que, en el término de diez (10) días
hábiles, profiera una NUEVA SENTENCIA en la que INCORPORE Y APLIQUE el
precedente constitucional contenido en la sentencia C-1189 de 2005, resolviendo el
caso con estricto apego al derecho fundamental al debido proceso.

CUARTA PRETENSIÓN (MEDIDAS PROVISIONALES Y ACCESORIAS): Solicito
que, mientras se surte el trámite de la presente tutela y se profiere sentencia, se
ADOPTE COMO MEDIDA PROVISIONAL la suspensión de los efectos de la
sentencia atacada, ordenando mi reintegro inmediato, dado el perjuicio irremediable
que representa mi continua desvinculación laboral (artículo 7° del Decreto 2591 de
1991). Subsidiariamente, solicito se oficie al Ministerio de Defensa para que me
garantice el pago de un auxilio de sostenimiento mientras se resuelve la tutela.

QUINTA PRETENSIÓN (COSTAS Y NOTIFICACIONES): Solicito que, en caso de
ser amparados mis derechos, se condene en costas a la parte accionada (Tribunal) y
a la tercera con interés (Fuerza Aérea), de conformidad con el artículo 25 del Decreto
2591 de 1991 y el artículo 365 del CGP.1

1
Transcripción literal, por lo que puede contener errores.
2

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04467-00
Demandante: Jerley Barrero García
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá –
Sala Segunda de Decisión

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:

1.3.1. El actor se desempeñó como operario de despacho de aeronaves en el
comando aéreo de combate número 5 en Rionegro, Antioquia.

1.3.2. Por orden administrativa 702 de 2 de diciembre de 20202 se dispuso su
traslado al comando aéreo de combate número 6, con sede en Tres Esquinas –
Caquetá, decisión contra la cual se opuso mediante recurso de reposición, no
obstante, la misma, fue confirmada.

1.3.3. Por medio de la Resolución 131 de 3 de marzo de 2021 fue retirado del
servicio por abandono del cargo.

1.3.4. De manera que, radicó medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la referida resolución, y a título de restablecimiento, se ordenara su
reintegro en el cargo que desempeñaba o a uno de igual o de mejor jerarquía.

1.3.5. En primera instancia el proceso le correspondió al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Florencia que en sentencia de 27 de junio de
2014 negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

Para arribar a dicha decisión analizó el material probatorio para concluir que el
demandante no se presentó a su nuevo lugar de trabajo durante más de tres días
consecutivos sin acreditar causa justificada, por lo que se configuró el abandono del
cargo previsto en el artículo 42, numeral 2, del Decreto Ley 1792 de 2000.

Asimismo, resaltó que la interposición del medio de control de nulidad y
restablecimiento contra el acto de traslado no suspendía su ejecución y que no
existía pronunciamiento judicial que así lo dispusiera.

Adujo que el traslado dispuesto mediante la Orden Administrativa de Personal 702
de 2020 era de obligatorio cumplimiento, por lo que la inasistencia al nuevo destino
no podía excusarse en el trámite judicial iniciado.

Finalmente, indicó que la autoridad nominadora actuó conforme a derecho sin
vulnerar el debido proceso, y que, tratándose de un cargo de libre nombramiento y
remoción, la declaratoria de vacancia por abandono no requería motivación
adicional.

1.3.6. Inconforme con la decisión del a quo, interpuso recurso de apelación que
conoció el Tribunal Administrativo del Caquetá - Sala Segunda de Decisión y en

2
La Sala pone de presente que contra este acto de traslado el actor radicó medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, pero en esta tutela no alegó reproches en contra de ese
proceso ordinario.
3

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04467-00
Demandante: Jerley Barrero García
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá –
Sala Segunda de Decisión

providencia de 4 de febrero de 2026 confirmó el fallo del Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Florencia.

Mencionó que el actor sostuvo que su ausencia en el trabajo estaba justificada
porque había radicado medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la orden administrativa 702 de 2 de diciembre de 2020, acto que dispuso su
traslado, sin embargo, dicha afirmación no se acompañó de prueba que acreditara
la existencia de una orden judicial que en efecto suspendiera el traslado.

Asimismo, el tribunal expuso que el acto administrativo que dispuso el traslado del
demandante adquirió firmeza una vez fue notificada la decisión que resolvió el
recurso de reposición, el 5 de enero de 2021, circunstancia que habilitó a la
administración para ejecutarlo.

Adujo que el artículo 89 del CPACA prevé que la firmeza del acto administrativo es
suficiente para que la autoridad, por sí misma, pueda proceder a su ejecución
inmediata, sin necesidad de autorización judicial.

En ese orden de ideas, aseguró que la administración, en su condición de
empleadora, goza de la facultad de ius variandi que le permite, por razones del
servicio, modificar las condiciones de ejecución de la relación laboral, incluido el
lugar de prestación del servicio, siempre que se respeten los derechos mínimos del
trabajador.

Explicó el tribunal demandado que «en el expediente no obraba prueba en la que
se respaldara la afirmación del actor en el sentido de que la administración le impidió
desempeñar sus funciones en la unidad de origen. Por el contrario, el acta de
reunión del 20 de enero de 2021 evidencia que se le informó sobre la pérdida de
adscripción al CACOM-5 y se le indicó el procedimiento para coordinar su
incorporación al CACOM-6».

Concluyó advirtiendo que la decisión de traslado se encontraba firme desde el 5 de
enero de 2021, que la entidad concedió un plazo adicional hasta el 20 de enero de
2021 para que el demandante se presentara a la nueva unidad, e incluso gestionó
y facilitó su desplazamiento por vía aérea, pero el actor no compareció, de modo
que a partir del 25 de enero de 2021, la Fuerza Aérea Colombiana contabilizó los
tres días consecutivos de ausencia injustificada que dieron lugar a la declaratoria
de vacancia y abandono del cargo, ajustada a la hipótesis legal aplicable.

1.4. Fundamentos de la solicitud

El señor Jerley Barrero García consideró que el Tribunal Administrativo del Caquetá
• Sala Segunda de Decisión con el fallo 4 de febrero de 2026 transgredió sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al trabajo y a la estabilidad
laboral reforzada, dado que incurrió en los siguientes defectos:

Desconocimiento del precedente: dijo que «el Tribunal aplicó el artículo 42, numeral
2, del Decreto Ley 1792 de 2000 de manera aislada, literalista y mecanicista,

4

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ignorando por completo la interpretación sistemática con el artículo 29 de la
Constitución y, lo que es más grave, desconociendo abiertamente el precedente
constitucional vinculante de la sentencia C-1189 de 2005 de la Corte
Constitucional».

Indicó que la judicatura demandada aplicó una norma constitucional (el derecho al
debido proceso) de manera indebida, lo que convierte su decisión en «un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional».
Defecto fáctico: puesto que, en su sentir, ignoró por completo el contenido del acta
de reunión de 20 de enero de 2021, donde se evidencia que la Fuerza Aérea le
informó al accionante que formaba parte del Comando Aéreo de Combate número
5, por ende, no estaba autorizado para ingresar a las instalaciones.

Además, aseguró que hubo una valoración irrazonable de la explicación técnica y
aplicación al caso concreto, y arguyó que quien debía probar la injustificación de la
ausencia, era la administración, lo que implicaba desvirtuar la negativa de ingreso y
la existencia de un proceso judicial pendiente.

Defecto sustantivo: dado que, «la Sala mayoritaria del Tribunal desconoció de
manera frontal y consciente la sentencia C-1189 de 2005. Esta sentencia es
precedente constitucional vinculante (artículo 243 C.P. y artículo 21 Decreto 2067
de 1991). El Tribunal prefirió aplicar una tesis jurisprudencial del Consejo de Estado
(anterior a la sentencia C-1189) que había sido superada por la propia Corporación
consultiva o que fue interpretada de manera incompleta».

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 3 de julio de 20263, el despacho sustanciador de esta decisión
admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante y al Tribunal
Administrativo del Caquetá – Sala Segunda de Decisión.

Asimismo, y como terceros con interés, vinculó al Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito Judicial de Florencia y a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Fuerza Aérea Colombiana así como a las demás personas y/o entidades contra la
cual se haya dirigido la demanda con radicado 18001-33-33-004-2022-00554-00/01,
para que, si lo consideraban del caso intervinieran en el presente asunto.

De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la Corporación con la información de la tutela,
con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, requirió
a las autoridades judiciales respectivas, la remisión digital del expediente del
proceso ordinario donde se dictó la providencia censurada.

3
Se precisa que por medio medio de providencia de la misma fecha, el magistrado ponente dejó sin
efectos la providencia de 12 de junio de 2026, el cual se profirió con ocasión a un error secretarial.
5

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1.6. Contestación

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentó la siguiente intervención:

1.6.1. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana

Por medio de memorial de 8 de julio de 2026, intervino en el presente asunto y se
opuso a la prosperidad de esta acción constitucional con fundamento en que el actor
radicó esta acción de tutela con el objetivo de reemplazar los procesos ordinarios y
por ende utilizarla como una instancia adicional para abrir nuevamente el debate
que culminó con la sentencia reprochada, es decir, la de 4 de febrero de 2026.

En ese orden de ideas, aseguró que la presente solicitud de amparo no cumple con
los requisitos de procedibilidad, puesto que esta acción contra providencias
judiciales es excepcional, y por ende consideró que en este asunto no se supera la
relevancia constitucional, pues resulta evidente que los derechos fundamentales del
señor Jerley Barrero García no están siendo transgredidos por el Tribunal
Administrativo del Caquetá - Sala Segunda de Decisión ni por la Nación, Ministerio
de Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana.

En consecuencia, solicitó que se niegue la tutela de la referencia.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el señor Jerley Barrero García contra el Tribunal Administrativo de
Caquetá - Sala Segunda de Decisión, de conformidad con lo establecido en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y,
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación, modificado por el
Acuerdo 434 de 2024.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales del señor Jerley Barrero García, con ocasión de la sentencia de 4 de
febrero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá - Sala Segunda
de Decisión que confirmó la providencia de 27 de junio de 2024 del Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Florencia, que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho radicada contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, identificada con el
radicado 18001-33-33-004-2022-00554-00/01.

6

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Sala Segunda de Decisión

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 4,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “ fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada.»

Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte,
el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una

4
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
5
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
6
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
7
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7

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instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar
si se supera esta exigencia, los cuales son:

[...] (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

En la solicitud de amparo que ocupa la atención de esta colegiatura, el señor Jerley
Barrero García consideró que sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa, al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada fueron transgredidos por el
Tribunal Administrativo de Caquetá - Sala Segunda de Decisión al proferir la
sentencia de 4 de febrero de 2026, que confirmó la providencia de 27 de junio de
2024 del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Florencia, que negó
las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho radicada
contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana,
identificada con el radicado 18001-33-33-004-2022-00554-00/01.

Pues bien, en el presente asunto, el tutelante adujo que el tribunal demandado
incurrió en tres yerros: desconocimiento del precedente, defecto fáctico y defecto
sustantivo.

El Tribunal Administrativo del Caquetá – Sala Segunda de Decisión en el fallo
reprochado, después de analizar las pruebas y el caso concreto a la luz de la
jurisprudencia y marco jurídico relacionado con el asunto, concluyó lo siguiente:

Con base en la preceptiva jurídica que regula la figura del abandono del cargo, en la
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre situaciones con contornos fácticos y
jurídicos análogos al presente caso y en el acervo probatorio obrante en el
expediente, la Sala concluye que debe confirmarse la sentencia denegatoria de
primera instancia, por cuanto se acreditó que la ausencia del demandante por más de
tres días consecutivos careció de justificación válida, pese a las reiteradas gestiones
de la administración para facilitar su presentación en la nueva unidad de destino. La
decisión de traslado, que contaba con presunción de legalidad, se encontraba en
firme y no estaba suspendida por medida cautelar alguna, por lo que era plenamente
exigible su cumplimiento.

Sobre el particular, la sala encuentra que los argumentos que expone el señor
Barrero García no solo no cuentan con la carga argumentativa para ser estudiados,
en el marco de la trasgresión de sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la defensa, al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada, sino que además, son una
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reiteración de lo que manifestó en sede ordinaria, la cual está encaminada a
controvertir las conclusiones a las que arribó el Tribunal Administrativo del Caquetá
– Sala Segunda de Decisión en el fallo de 4 de febrero de 2026, toda vez que en su
criterio valoró irrazonablemente los medios de convicción aportados, aplicó las
normas de forma «aislada, literalista y mecanicista», y «desconoció de manera
frontal y consciente la sentencia C-1189 de 2005».

Acorde con lo analizado, se hace evidente que el señor Jerley Barrero García busca
imponer su criterio, invalidando así, lo dicho por la judicatura demandada, lo cual
para esta Sección denota un desconcierto respecto al sentido de la decisión de 4
de febrero de 2026, máxime si se tiene en cuenta que esa autoridad judicial, centró
su análisis en explicar las razones por las cuales la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, no erró al proferir la Resolución 131 de 3 de
marzo de 2021, por medio de la cual, el actor fue retirado del servicio.

Sobre el particular, se advierte que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones
vía acción de tutela.

Así las cosas, se reitera que el juez constitucional no está instituido como órgano
de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto
estableció el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de
este mecanismo constitucional y la desarticulación de la organización judicial.

En consecuencia, es claro que la controversia esbozada por el señor Barrero García
no satisface el requisito de relevancia constitucional, debido a que la discusión se
circunscribe a aspectos probatorios que ya fueron abordados y zanjados por el juez
natural, es decir, el Tribunal Administrativo del Caquetá – Sala Segunda de
Decisión.

Con base en lo señalado, se considera que, si bien el actor intenta exponer las
razones por las cuales considera que la parte demandada incurrió en una
vulneración de sus garantías en realidad lo que se evidencia es una simple
inconformidad con lo dispuesto en la providencia censurada.

Así las cosas, para esta Sección no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad judicial demandada,
que amerite la intervención del juez constitucional.

2.5. Conclusión

De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de Decisión declarará la improcedencia
de la solicitud de amparo promovida por el señor Jerley Barrero García contra el
Tribunal Administrativo del Caquetá - Sala Segunda de Decisión, comoquiera que
no se encontró satisfecho el requisito de relevancia constitucional.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04467-00
Demandante: Jerley Barrero García
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá –
Sala Segunda de Decisión

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Jerley Barrero García contra el Tribunal Administrativo del Caquetá - Sala Segunda
de Decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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