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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04491-00

Fecha
7 de julio de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04491-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por los señores Fernando Gómez Giraldo y Jorge Hernán Lozano Álvarez y las señoras María Elisa Achicanoy Torres y Mónica Guzmán Castro, en nombre propio, contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca) y las dependencias de Asuntos Laborales de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca), el Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca) y la Mesa de Entrada de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – SIGOBius, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04491-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04491-00
Accionante: FERNANDO GÓMEZ GIRALDO Y OTROS
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido
proceso, a la confianza legítima, al mínimo vital y al acceso efectivo a la administración de
justicia / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO –
Bonificación judicial creada por el Decreto 383 de 2013 – Actualización de nómina de las
prestaciones futuras / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD – No se encuentra acreditado.
Dispone del proceso ejecutivo donde puede exigirse una obligación de hacer.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por los ciudadanos Fernando Gómez Giraldo, María Elisa Achicanoy Torres, Mónica
Guzmán Castro y Jorge Hernán Lozano Álvarez, en nombre propio, de conformidad
con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 1991 y en el Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 10 de junio de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela contra la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle
del Cauca) y las dependencias de Asuntos Laborales de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca), el Área de Talento
Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali
(Valle del Cauca) y la Mesa de Entrada de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – SIGOBius, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a
la igualdad, al trabajo, al debido proceso, a la confianza legítima, al mínimo vital y
al acceso efectivo a la administración de justicia.

1 Que ingresó al despacho para fallo el 25 de junio de 2026.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04491-00
Accionante: Fernando Gómez Giraldo y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Hechos relevantes

2. En el escrito contentivo de la presente acción de tutela, los demandantes exponen
como fundamento fáctico de la solicitud de amparo los siguientes hechos, de los
cuales se desprende que:

3. Los señores Fernando Gómez Giraldo, María Elisa Achicanoy Torres, Mónica
Guzmán Castro y Jorge Hernán Lozano Álvarez promovieron, en forma individual,
demandas en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, con el fin de obtener el reconocimiento de la bonificación judicial prevista
en el Decreto 383 de 2013 como factor salarial para reliquidar las prestaciones
sociales y demás emolumentos laborales devengados y los que se causaran a
futuro.

4. Por medio de sentencias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, las cuales refieren que ya se encuentran ejecutoriadas, se inaplicó
la expresión “[…] y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización
al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud
[…]”, contenida en el artículo 1.° del Decreto 383 de 2013.

5. Asimismo, los jueces de conocimiento ordenaron a la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que reliquidara y pagara todas las
prestaciones sociales y demás emolumentos laborales de los actores con la
inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, durante los tiempos
cobijados por la relación laboral en razón a los cargos desempeñados por los
demandantes.

6. Sin embargo, sostienen que, a la fecha de la presentación de la acción de la
referencia, los valores causados y exigibles con posterioridad a las sentencias
ejecutoriadas no han sido reconocidos, actualizados y pagados con inclusión del
factor denominado bonificación judicial, pese a que ya se acreditó su naturaleza
salarial.

Pretensiones

7. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):

“PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales a la IGUALDAD,
TRABAJO, DEBIDO PROCESO, MÍNIMO VITAL, CONFIANZA LEGÍTIMA,
COSA JUZGADA y ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA de los accionantes, los cuales se encuentran vulnerados por las
entidades accionadas al otorgar un tratamiento diferenciado e injustificado
frente al reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial, pese
a existir sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que así lo ordenan.

SEGUNDA: ORDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, a
ASUNTOS LABORALES DIRECCIÓN SECCIONAL CALI y a la MESA DE

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04491-00
Accionante: Fernando Gómez Giraldo y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

ENTRADA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL –
SIGOBius ; ÁREA DE TALENTO HUMANO que, inmediatamente, procedan
a incorporar de manera efectiva la bonificación judicial creada mediante el
Decreto 383 de 2013 como factor salarial dentro de la nómina de los
accionantes, en cumplimiento de las respectivas sentencias ejecutoriadas.
TERCERA: ORDENAR a las entidades accionadas que, respecto de todos
los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se causen con
posterioridad a la ejecutoria de las sentencias proferidas a favor de los
accionantes, liquiden y paguen incluyendo como factor salarial la
bonificación judicial, comprendiendo, entre otros conceptos, primas,
vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, prima
de navidad, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados, prima
de productividad, prima especial, aportes al sistema de seguridad social y
cualquier otra prestación o derecho laboral cuya base de liquidación deba
incluir factores salariales.

CUARTA: ORDENAR a las entidades accionadas que cesen de manera
inmediata el trato discriminatorio que actualmente existe entre servidores
judiciales que cuentan con sentencias ejecutoriadas en idénticas
condiciones jurídicas, garantizando la aplicación efectiva de los principios
constitucionales de igualdad, trabajo igual salario igual, confianza legítima,
buena fe y respeto por la cosa juzgada judicial.

QUINTA: ORDENAR a las entidades accionadas que adopten las medidas
administrativas, presupuestales y operativas necesarias para asegurar el
cumplimiento integral y permanente de las sentencias ejecutoriadas que
reconocieron la naturaleza salarial de la bonificación judicial respecto de los
accionantes, evitando futuras vulneraciones de sus derechos
fundamentales.

SEXTA: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR que las
liquidaciones futuras de salarios, prestaciones sociales y demás acreencias
laborales de los accionantes se efectúen de manera uniforme y en igualdad
de condiciones respecto de los demás servidores judiciales que ya vienen
percibiendo el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial
en cumplimiento de sentencias judiciales ejecutoriadas”2.

Fundamentos de la demanda de tutela

8. La parte demandante alega una vulneración de los principios constitucionales de
igualdad material, confianza legítima, buena fe y remuneración equitativa, pues
considera que, mientras a un grupo de servidores judiciales se les reconocen y
pagan las diferencias prestacionales derivadas de la inclusión de la bonificación
judicial como factor salarial, a otro grupo, que cuenta igualmente con sentencias
ejecutoriadas y exigibles, se le priva injustificadamente de idéntico tratamiento.

9. Además, manifiesta que los pagos efectuados de manera selectiva por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, consistentes en la incorporación en
nómina únicamente de aquellos servidores judiciales cuyas sentencias
ejecutoriadas ya fueron ingresadas para efectos de su liquidación y pago, mientras
se excluye a quienes también cuentan con sentencias de segunda instancia
debidamente ejecutoriadas y se encuentran en idéntica situación jurídica y fáctica,
desconocen su derecho fundamental a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de
la Constitución Política.

2 Folios 8 y 9 del escrito de tutela.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04491-00
Accionante: Fernando Gómez Giraldo y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

10. De igual modo, señala que la falta de adición en nómina y de pago de las
acreencias reconocidas judicialmente carece de justificación objetiva y razonable,
configurándose un trato discriminatorio prohibido por la Constitución, en atención a
que todos los beneficiarios ostentan la misma calidad jurídica: servidores judiciales
favorecidos con sentencias ejecutoriadas que reconocen la naturaleza salarial de la
bonificación judicial y ordenan el correspondiente reajuste prestacional.

Trámite procesal

11. Por medio de auto del 12 de junio de 2026, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar como accionados a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca),
y a las dependencias de Asuntos Laborales de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca), al Área de Talento Humano de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca) y
a la Mesa de Entrada de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
SIGOBius.

12. Asimismo, vinculó al Consejo Seccional de la Judicatura de Cali (Valle del
Cauca) como de tercero con interés en las resultas del proceso y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que, de considerarlo necesario,
interviniera en el asunto de la referencia.

Intervenciones

13. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca)
solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, por
no existir vulneración alguna de derechos fundamentales. Adicionalmente, indicó
que la entidad no es la encargada de realizar el trámite de inclusión de sentencia de
bonificación judicial de los servidores judiciales, pues dicho trámite se encuentra
supeditado a la autorización por parte del nivel central de la DEAJ.

14. Sostuvo que el Área Jurídica del Grupo de Defensa de la DESAJ de Cali (Valle
del Cauca) verificó el caso del señor Jorge Hernán Lozano Álvarez e identificó que
la sentencia de segunda instancia de la cual es beneficiario se notificó a dicha
dependencia el 27 de mayo de 2026 y se reportó al Grupo de Sentencias el 5 de
junio del mismo año. En ese sentido, expuso que “deberá estarse a lo resuelto ante
la instancia Ministerial mencionada, dando cumplimiento con los trámites
administrativos tanto internos como externos y se cuente con las apropiaciones
presupuestales, es decir, que ‘(…) hasta tanto la Unidad de Planeación no cuente
con la autorización del Ministerio de Hacienda no es posible realizar nuevas
inclusiones de la novedad (…)’ […]”3.

15. De igual modo, frente al señor Fernando Gómez Giraldo y a las señoras María
Elisa Achicanoy Torres y Mónica Guzmán Castro, precisó que la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, por medio de Oficios núms. DEAJO26-477 del 4 de junio

3 Folio 4. Archivo “019_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-33RPTATUTELAFERNA”.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04491-00
Accionante: Fernando Gómez Giraldo y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

de 2026 y DEAJO26-497 del 11 de junio de 2026, remitió relación de los servidores
judiciales con sentencia judicial que ordenó incluir la bonificación judicial como factor
salarial. En ese orden de ideas, dado que ya contaba con la autorización del nivel
central, la DESAJ de Cali realizó el registro de la novedad periódica en el sistema
de nómina Efinómina, con el fin de que se liquidaran las prestaciones sociales con
la inclusión del factor salarial a partir del mes de junio de 2026.

16. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pidió su desvinculación
por falta de legitimación en la causa por pasiva por no haber vulnerado los derechos
fundamentales invocados por los actores, habida cuenta que, en el marco de sus
competencias, ha adelantado el trámite pertinente, en orden a cuantificar los
recursos y formalizar la solicitud ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
para garantizar la inclusión de la bonificación judicial, lo cual constituye una
obligación de hacer a cargo de cada una de las seccionales.

17. Sumado a ello, adjuntó el informe de gestión remitido el 22 de julio de 2026 por
la Unidad de Asistencia Legal de la DEAJ, según el cual, se adelantaron los
siguientes trámites con el fin de lograr la inclusión en la bonificación judicial como
factor salarial y prestacional:

“Particularmente, respecto del señor JORGE HERNÁN LOZANO, se verificó
que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 22 de mayo de 2026
y quedó ejecutoriada el 2 de junio de 2026. Posteriormente, la Dirección
Seccional correspondiente efectuó el reporte del caso el 5 de junio de
2026, razón por la cual su situación administrativa se encuentra actualmente
dentro del proceso de consolidación del listado de beneficiarios con corte al
30 de junio de 2026, tal como le fue informado mediante las
comunicaciones remitidas los días 17 y 18 de junio de 2026.

[…]

En relación con la señora MÓNICA GUZMÁN CASTRO, identificada con el
CUP 76111333300120240003500, se verificó que la sentencia de segunda
instancia fue proferida el 27 de marzo de 2026 y quedó ejecutoriada el 14
de abril de 2026. En virtud de ello, la Dirección Seccional reportó el caso el
21 de abril de 2026. Asimismo, verificado el aplicativo Efinómina, se
evidencia que la beneficiaria cuenta con la respectiva marcación en el
sistema desde el 1 de junio de 2026, encontrándose adelantadas las
actuaciones correspondientes a dicha etapa del procedimiento.

Respecto de la señora MARÍA ELISA ACHICANOY TORRES, identificada
con el CUP 76111333300220240017100, se constató que la sentencia de
segunda instancia fue proferida el 24 de marzo de 2026 y quedó ejecutoriada
el 23 de abril de 2026, razón por la cual la Dirección Seccional efectuó el
reporte el 24 de abril de 2026. De igual forma, verificado el aplicativo
Efinómina, se evidencia que la beneficiaria cuenta con la respectiva
marcación en el sistema desde el 1 de junio de 2026, encontrándose
adelantadas las actuaciones correspondientes a esta etapa del trámite.

Por su parte, respecto del señor FERNANDO GÓMEZ GIRALDO,
identificado con el CUP 76111333300120240014200, se verificó que la
sentencia de segunda instancia fue proferida el 24 de abril de 2026 y quedó
ejecutoriada el 5 de mayo de 2026, motivo por el cual la Dirección Seccional
realizó el correspondiente reporte el 6 de mayo de 2026. Adicionalmente,
verificado el aplicativo Efinómina, se evidencia que el beneficiario cuenta
con la respectiva marcación en el sistema desde el 5 de junio de 2026,

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04491-00
Accionante: Fernando Gómez Giraldo y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

encontrándose adelantadas las actuaciones propias de esta etapa del
procedimiento. […]”4.

18. El Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y la Presidencia
del Consejo Superior de la Judicatura solicitaron su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

19. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

20. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder: ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular el de subsidiariedad, al
existir mecanismos ordinarios de defensa idóneos para obtener las pretensiones
que se persiguen en el presente asunto?

21. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca) y
las dependencias de Asuntos Laborales de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca), el Área de Talento Humano de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca) y
la Mesa de Entrada de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – SIGOBius
incurrieron en una vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al
trabajo, al debido proceso, a la confianza legítima, al mínimo vital y al acceso
efectivo a la administración de justicia de la parte accionante?

22. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) el principio de subsidiariedad y la
procedencia excepcional de la acción de tutela; y (iii) el caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

23. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades o de los
particulares en los casos que señale la ley.

4 Folios 7 y 8. Archivo “018_MemorialWeb_Respuesta-CONTESTACIONDEMANDA”.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04491-00
Accionante: Fernando Gómez Giraldo y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

24. En ese sentido, el artículo 5° del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”, prevé:

“Artículo 5. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela
procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la
acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto
jurídico escrito”5.

25. Frente a esto, la Corte Constitucional ha establecido:

“[…]para que proceda la acción de tutela en un asunto determinado, se
requiere que existan elementos objetivos de los cuales se pueda inferir una
amenaza o vulneración cierta de derechos fundamentales, bien sea por una
acción o una omisión de las autoridades públicas y, excepcionalmente,
de los particulares.

Así las cosas, quien acuda a la acción de tutela en procura de obtener la
protección de los derechos fundamentales que considera conculcados, debe,
como cuestión inicial, acreditar, siquiera sumariamente, el hecho vulnerador,
es decir, la amenaza o afectación directa del bien jurídico susceptible de
amparo.

Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en
señalar que, ‘la acción de tutela procede, cuando se pruebe que se amenazan
o vulneran los derechos fundamentales de una persona por parte de
autoridades públicas o los particulares, y adicionalmente no existe un
mecanismo judicial de protección de los mismos, idóneo para tal efecto’6(se
destaca)7.

Del principio de subsidiariedad. Procedencia excepcional de la acción de
tutela

26. El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6.° del Decreto 2591 de
1991 establecen que la acción de tutela es procedente cuando no exista un medio
de defensa judicial eficaz que permita resolver el asunto sometido a consideración
del juez o, en los casos en los que, pese a contar el accionante con una herramienta
idónea, se esté frente a la inminencia de un perjuicio irremediable en los términos
de la jurisprudencia constitucional.

27. En la sentencia SU-355 de 2015, la Corte Constitucional precisó su posición
frente al requisito de subsidiariedad y señaló que este principio se rige por las reglas
de exclusión de procedencia y de procedencia transitoria. Así, estableció que (i) es
improcedente cuando existen medios de defensa judicial idóneos y eficaces para
resolver el problema jurídico y no se evidencia riesgo de un perjuicio irremediable;
(ii) procede de manera definitiva cuando no existen tales mecanismos; y, (iii) de
forma excepcional, es procedente de manera transitoria cuando, aun existiendo

5 Art. 5. Decreto 2591 de 1991.
6 Original de la Cita: “Ver Sentencia T-313 del 7 de abril de 2008, M.P Rodrigo Escobar Gil”.
7 T-346-10.

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04491-00
Accionante: Fernando Gómez Giraldo y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

medios judiciales adecuados, se advierte la posibilidad de un perjuicio irremediable
que haga necesaria la protección inmediata de los derechos fundamentales del
accionante.

28. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que,
cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, se admite la
excepcionalmente la tutela y es tarea del operador jurídico realizar un examen
flexible de procedibilidad de la acción. Así, ha sostenido la Corte:

“[…] 46. En sentencia SU-588 de 2019, esta Corte reiteró su postura
respecto del requisito de subsidiariedad y estableció que este principio
responde a las reglas de (i) exclusión de procedencia y (ii) procedencia
transitoria.

47. En otras palabras, (i) si existe un medio de defensa idóneo y eficaz para
resolver el problema jurídico y no hay riesgo de que se configure un perjuicio
irremediable, la acción de tutela es improcedente; (ii) cuando no existen
mecanismos de defensa idóneos y eficaces para resolver el asunto puesto
a consideración del juez constitucional, la tutela será procedente de manera
definitiva; y (iii) de manera excepcional, cuando la persona disponga de
medios de defensa idóneos y eficaces, pero exista riesgo de configuración
de un perjuicio irremediable, el amparo será procedente de manera
transitoria con el fin de proteger los derechos fundamentales del
accionante”.8

Análisis del caso concreto

29. En el presente asunto, los servidores judiciales Fernando Gómez Giraldo, María
Elisa Achicanoy Torres, Mónica Guzmán Castro y Jorge Hernán Lozano Álvarez, en
nombre propio, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad, al trabajo, al debido proceso, a la confianza legítima, al mínimo vital y al
acceso efectivo a la administración de justicia. Lo anterior, con ocasión de la
presunta falta de reconocimiento y pago en la nómina de las diferencias
prestacionales derivadas de la inclusión de la bonificación judicial como factor
salarial, pese a que ya cuentan con sentencias judiciales ejecutoriadas y exigibles
que reconocen dicho derecho.

30. En ese orden de ideas, la Sala examinará, en primer lugar, la legitimación en la
causa y, en segundo lugar, verificará si en el presente trámite constitucional se
cumplen las causales generales de procedibilidad de la acción de tutela,
particularmente, el requisito de subsidiariedad.

De la legitimación en la causa por activa y pasiva

31. En primer lugar, los señores Fernando Gómez Giraldo y Jorge Hernán Lozano
y las señoras María Elisa Achicanoy Torres y Mónica Guzmán Castro Álvarez
cuentan con legitimación en la causa por activa, dado que ostentan la titularidad de
los derechos fundamentales cuya vulneración invocan. En tal condición, actúan
como las personas directamente afectadas por la presunta vulneración de derechos
fundamentales en que incurrieron las autoridades judiciales accionadas.

8 Corte Constitucional. Sentencia T-095 de 2022.

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04491-00
Accionante: Fernando Gómez Giraldo y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

32. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca) y
las dependencias de Asuntos Laborales de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca), el Área de Talento Humano de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca) y
la Mesa de Entrada de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – SIGOBius,
autoridades a la cuales se les atribuye la transgresión de los derechos
fundamentales reclamados por los demandantes.

33. Asimismo, se mantendrá la vinculación del Consejo Seccional de la Judicatura
del Valle del Cauca en calidad de tercero con interés, toda vez que los accionantes
manifiestan estar vinculados al Juzgado Primero Civil Municipal de Tuluá (Valle del
Cauca), despacho que integra la circunscripción territorial de dicha seccional.

Del principio de subsidiariedad

34. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad
de subsidiariedad.

35. En el caso bajo estudio, la parte accionante solicita que se ordene a las
autoridades accionadas que procedan a incorporar de manera efectiva la
bonificación judicial, creada mediante el Decreto 383 de 2013, como factor salarial
dentro de la nómina y las prestaciones futuras que se causen, en cumplimiento de
las respectivas sentencias ejecutoriadas. Sin embargo, de conformidad con los
documentos obrantes en el plenario, se advierte lo siguiente:

a. Del proceso correspondiente a la accionante María Elisa Achicanoy Torres

i. La señora María Elisa Achicanoy Torres promovió demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación
– Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin
de obtener la nulidad del acto administrativo mediante el cual se negó el
carácter de factor salarial de la bonificación judicial, creada a través de los
Decretos 383 y 384 de 2013.

ii. El proceso fue radicado bajo el número 76111-33-33-002-2024-00171-00.

iii. El Juzgado Segundo (2.°) Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga
conoció del asunto en primera instancia. Por medio de sentencia del 21 de
octubre de 2025, ordenó:

“[…] Segundo. Inaplicar en el caso concreto, la expresión «[…] y
constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al
sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social
en salud […]», contenida en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013, así
como en los demás decretos que en adelante de la fecha de su
expedición modifican o regulan, en ejercicio de la potestad

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04491-00
Accionante: Fernando Gómez Giraldo y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

reglamentaria, la bonificación judicial limitando el carácter salarial de la
bonificación judicial.

En consecuencia,

Tercero. Declarar la nulidad de las Resoluciones No. DESAJCLR24-
2765 del 19 de julio de 2024 y DESAJCLR24-2819 del 24 de julio de
2024, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

Cuarto. Ordenar, a título de restablecimiento del derecho, a la Nación
– Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
reconocer a favor de María Elisa Achicanoy Torres, la bonificación
judicial de la que tratan entre otros, el Decreto 383 de 2013 como factor
salarial para liquidar todas las prestaciones sociales devengadas y las
que se causen a futuro.

Quinto. Ordenar a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, reliquidar y pagar todas las prestaciones
sociales de la demandante María Elisa Achicanoy Torres, a partir del 4
de marzo de 2022. Ello, hasta que se haga efectivo el respectivo
reconocimiento y pago, teniendo en cuenta para ello la bonificación
judicial como factor salarial, durante los tiempos cobijados por la
relación laboral en razón a los cargos desempeñados por la
demandante.

Si existieran valores sobre los cuales no se aportó a la seguridad social,
la entidad podrá realizar los respectivos descuentos en la proporción
que le corresponda a la parte demandante”9. (Subrayado fuera del
texto).

iv. La entidad demandada presentó apelación contra la sentencia del 21 de
octubre de 2025. El recurso fue asignado al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca que, por medio de providencia del 24 de marzo de 2026, confirmó
lo fallado en primera instancia.

b. Del proceso correspondiente a la accionante Mónica Guzmán Castro

i. La señora Mónica Guzmán Castro presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de obtener
la nulidad del acto administrativo mediante el cual se negó el carácter de
factor salarial de la bonificación judicial, creada a través de los Decretos 383
y 384 de 2013.

ii. El proceso fue radicado bajo el número 76111-33-33-001-2024-00035-00.

iii. El Juzgado Tercero (3.°) Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara
de Buga, conoció el asunto en primera instancia. Por medio de sentencia del
15 de diciembre de 2025, ordenó:

“PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional la expresión “y constituirá
únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General
de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”,
contenida en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013 y demás que lo

9 Folio 60. Archivo “001_DemandaWeb_Demanda_TUTELABONIFICACIONRA”.

10

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04491-00
Accionante: Fernando Gómez Giraldo y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

modifiquen y sustituyan, y en su lugar, se aplican el preámbulo y los
artículos 1, 25 y 53 de la Constitución Política y el principio constitucional
de equidad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No.
DESAJCLR23-7043 del 14 de diciembre de 2023, la cual le negó el
reconocimiento con carácter salarial y prestacional de la bonificación
judicial contemplada en el Decreto 383 de 2013 a la señora MONICA
GUZMÁN CASTRO.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la
entidad demandada, a reliquidar y pagar en favor de la señora MONICA
GUZMÁN CASTRO, todas sus prestaciones sociales, como primas,
vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonificaciones, a partir
de la fecha en que sean exigibles, atendiendo los periodos
estrictamente laborados, así como también las prestaciones que se
causen en adelante, incluyendo en su base de liquidación el valor
correspondiente de la bonificación judicial, creada mediante el Decreto
383 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o sustituyan, como
factor salarial […]”10. (Subrayado fuera del texto).

v. La entidad demandada presentó apelación contra la sentencia del 15 de
diciembre de 2025. El recurso fue asignado al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca que, por medio de providencia del 27 de marzo de 2026 11,
confirmó lo fallado en primera instancia.

c. Del proceso correspondiente al accionante Jorge Hernán Lozano Álvarez

i. El señor Jorge Hernán Lozano Álvarez presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación
– Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin
de obtener la nulidad del acto administrativo mediante el cual se negó el
carácter de factor salarial de la bonificación judicial, creada a través de los
Decretos 383 y 384 de 2013.

ii. El proceso fue radicado bajo el número 76111-33-33-004-2023-00230-00.

iii. El Juzgado Cuarto (4.°) Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara
de Buga, conoció el asunto en primera instancia. Por medio de sentencia del
27 de febrero de 2026, ordenó:

“[…] Tercero. Inaplicar en el caso concreto, la expresión «[…] y
constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al
sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social
en salud […]», contenida en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013, así
como en los demás decretos que en adelante de la fecha de su
expedición modifican o regulan, en ejercicio de la potestad
reglamentaria, la bonificación judicial limitando el carácter salarial de la
bonificación judicial.

En consecuencia,

10 Folio 91 ibid.
11 Suscrita por los magistrados Andrés González Arango, Víctor Adolfo Hernández Díaz y Zoranny
Castillo Otálora.

11

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04491-00
Accionante: Fernando Gómez Giraldo y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Cuarto. Declarar la nulidad de la Resolución No. DESAJCLR23-5318
del 6 de junio de 2023 y de la Resolución No. 6429 del 9 de agosto de
2023, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

Quinto. Ordenar, a título de restablecimiento del derecho, a la Nación -
Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
reconocer a favor de JORGE HERNÁN LOZANO ÁLVAREZ, la
bonificación judicial de la que tratan entre otros, el Decreto 383 de 2013
como factor salarial para reliquidar las prestaciones sociales y demás
emolumentos laborales devengados y los que se causen a futuro.

Sexto. Ordenar a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, reliquidar y pagar todas las prestaciones
sociales y demás emolumentos laborales del demandante JORGE
HERNÁN LOZANO ÁLVAREZ, a partir del 05 de junio de 2020. Ello,
hasta que se haga efectivo el respectivo reconocimiento y pago,
teniendo en cuenta para ello la bonificación judicial como factor salarial,
durante los tiempos cobijados por la relación laboral en razón a los
cargos desempeñados por el demandante.

Si existieran valores sobre los cuales no se aportó a la seguridad social,
la entidad podrá realizar los respectivos descuentos en la proporción
que le corresponda a la parte demandante. […]”12. (Subrayado fuera del
texto).

iv. La entidad demandada presentó apelación contra la sentencia del 27 de
febrero de 2026. El recurso fue asignado al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca que, por medio de providencia del 22 de mayo de 2026, revocó el
numeral relativo a la condena en costas y confirmó en lo demás lo fallado en
primera instancia.

d. Del proceso correspondiente al señor Fernando Gómez Giraldo

i. El señor Fernando Gómez Giraldo presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de obtener
la nulidad del acto administrativo mediante el cual se negó el carácter de
factor salarial de la bonificación judicial, creada a través de los Decretos 383
y 384 de 2013.

ii. El proceso fue radicado bajo el número 76111-33-33-001-2024-00142-00.

iii. El Juzgado Tercero (3.°) Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara
de Buga, conoció el asunto en primera instancia. Por medio de sentencia del
29 de septiembre de 2025, ordenó:

“PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional la expresión “y constituirá
únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General
de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”,
contenida en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013 y demás que lo
modifiquen y sustituyan, y en su lugar, se aplican el preámbulo y los
artículos 1, 25 y 53 de la Constitución Política y el principio constitucional

12 Folio 129 ibid.

12

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04491-00
Accionante: Fernando Gómez Giraldo y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

de equidad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No.
DESAJCLR24-1977 del 22 de abril de 2024, la cual le negó el
reconocimiento con carácter salarial y prestacional de la bonificación
judicial contemplada en el Decreto 383 de 2013 al señor FERNANDO
GÓMEZ GIRALDO.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la
entidad demandada, a reliquidar y pagar en favor del señor FERNANDO
GÓMEZ GIRALDO, todas sus prestaciones sociales, como primas,
vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonificaciones, a partir
de la fecha en que sean exigibles, atendiendo los periodos
estrictamente laborados, así como también las prestaciones que se
causen en adelante, incluyendo en su base de liquidación el valor
correspondiente de la bonificación judicial, creada mediante el Decreto
383 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o sustituyan, como
factor salarial. […]”13. (Subrayado fuera del texto).

iv. La entidad demandada presentó apelación contra la sentencia del 29 de
septiembre de 2025.

v. El recurso fue asignado al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que,
por medio de providencia del 24 de abril de 2026, modificó el numeral primero
de la sentencia recurrida y confirmó en lo demás lo fallado, así:

“PRIMERO: MODIFICAR el ordinal tercero la sentencia del 29 de
septiembre de 2025, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Buga, por las razones expuestas en la parte considerativa
de esta providencia, el cual quedará así:

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a
la entidad demandada, a pagar en favor del señor FERNANDO
GÓMEZ GIRALDO, las diferencias que resulten entre lo pagado y por
pagar con la reliquidación, por concepto de todas sus prestaciones
sociales, como primas, vacaciones, cesantías, intereses a las
cesantías, bonificaciones, a partir de la fecha en que sean exigibles,
atendiendo los periodos estrictamente laborados, así como también
las prestaciones que se causen en adelante, incluyendo en su base
de liquidación el valor correspondiente de la bonificación judicial,
creada mediante el Decreto 383 de 2013 y demás normas que lo
modifiquen o sustituyan, como factor salarial.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada.
[…]”14. (Subrayado fuera del texto).

36. De acuerdo con lo expuesto, esta Subsección advierte que en las sentencias
proferidas dentro de los procesos ordinarios radicados núms. 76111-33-33-002-
2024-00171-00, 76111-33-33-001-2024-00035-00, 76111-33-33-004-2023-00230-
00 y 76111-33-33-001-2024-00142-00, mediante las cuales se accedió a las
pretensiones de los respectivos demandantes, se dispuso, a título de
restablecimiento del derecho, el reconocimiento y pago de las prestaciones que se
causen con posterioridad, para cuyo efecto se ordenó incluir, en la base de

13 Folio 158 ibid.
14 Folios 169 y 170 ibid.

13

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04491-00
Accionante: Fernando Gómez Giraldo y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

liquidación de dichos emolumentos, el valor correspondiente a la bonificación
judicial creada por el Decreto 383 de 2013 como factor salarial.

37. En consecuencia, se trata de una orden expresa, clara y exigible impartida por
el juez de lo contencioso administrativo, contenida en providencias que se
encuentran debidamente ejecutoriadas y que, por ende, constituyen títulos
ejecutivos susceptibles de hacerse efectivos mediante el correspondiente proceso
ejecutivo. Así, cualquier inconformidad derivada del presunto incumplimiento de
tales decisiones o de la omisión en su ejecución debe ventilarse a través de los
mecanismos judiciales ordinarios previstos para obtener el cumplimiento forzado de
las sentencias, y no mediante la acción de tutela.

38. En ese contexto, no resulta jurídicamente viable que el juez constitucional emita
un pronunciamiento de fondo respecto de la presunta falta de inclusión en nómina
de las diferencias prestacionales derivadas de la incorporación de la bonificación
judicial como factor salarial, pese a que los accionantes cuentan con sentencias
judiciales ejecutoriadas y exigibles que amparan dicho derecho. Lo anterior, por
cuanto el ordenamiento jurídico les provee mecanismos judiciales idóneos y
eficaces para obtener el cumplimiento de las órdenes contenidas en las sentencias
declarativas.

39. En efecto, cualquier controversia relacionada con la ejecución, cumplimiento o
eventual incumplimiento de las sentencias que reconocieron las referidas
acreencias debe ser sometida al conocimiento del juez de lo contencioso
administrativo, autoridad competente para adoptar las medidas conducentes a la
satisfacción efectiva de los derechos reconocidos. En consecuencia, la acción de
tutela no puede ser empleada como un mecanismo alternativo, paralelo o sustitutivo
de los medios judiciales ordinarios previstos para exigir el cumplimiento de
providencias judiciales ejecutoriadas.

40. Así las cosas, es necesario resaltar que la causal de improcedencia de la acción
consistente en la existencia de otros medios de defensa tiene el propósito de
respetar la división de competencias que la Constitución Política ha delineado y el
principio de especialidad de la jurisdicción; por tanto, invadir la órbita de
competencia del juez natural de la causa implica desconocer el encargo
constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada,
función para la cual fueron revestidos de autonomía e independencia.

41. Conjuntamente, en el presente caso no se configura un perjuicio irremediable 15
que habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela, pues la parte
accionante cuenta con otros medios judiciales idóneos y eficaces para la protección
de los derechos que considera vulnerados. En consecuencia, mientras dichos
mecanismos se encuentran disponibles, la acción de tutela no puede sustituirlos ni

15 Las características del perjuicio irremediable se concretan en un riesgo “(i) inminente, es decir,
que la lesión o afectación al derecho está por ocurrir; (ii) grave, esto es, que el daño del bien jurídico
debe ser de una gran intensidad; (iii) urgente, en tanto que las medidas para conjurar la violación o
amenaza del derecho se requieren con rapidez; e (iv) impostergable, porque se busca el
restablecimiento de forma inmediata”, Corte Constitucional, Sentencia T-350 e 2025.

14

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04491-00
Accionante: Fernando Gómez Giraldo y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

anticipar su resultado, sin que ello implique una afectación actual o definitiva de los
derechos fundamentales invocados.

42. Además, del análisis de las circunstancias fácticas del caso no se advierte la
configuración de un riesgo inminente que haga necesaria la intervención del juez de
tutela. En efecto, aunque los accionantes alegan la vulneración de su derecho
fundamental a la igualdad, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial informó,
en el trámite de la presente acción constitucional, que las solicitudes de los
demandantes se encuentran en curso y que, respecto de cada uno de ellos, se han
adelantado las actuaciones administrativas correspondientes.

43. Así, se tiene que la entidad indicó que: (i) en relación con el señor Jorge Hernán
Lozano, su situación administrativa está en proceso de consolidación dentro del
listado de beneficiarios con corte al 30 de junio de 2026; (ii) respecto de la señora
Mónica Guzmán Castro, el aplicativo Efinómina registra la correspondiente
marcación desde el 1.º de junio de 2026, encontrándose en trámite las actuaciones
propias de dicha etapa del procedimiento; (iii) en cuanto a la señora María Elisa
Achicanoy Torres, el mismo aplicativo evidencia que cuenta con la respectiva
marcación desde el 1.º de junio de 2026, adelantándose igualmente las actuaciones
correspondientes; y (iv) respecto del señor Fernando Gómez Giraldo, el aplicativo
Efinómina da cuenta de que el beneficiario cuenta con la respectiva actualización
desde el 5 de junio de 2026.

44. Tampoco se acredita un daño grave, en la medida en que la controversia tiene
un contenido legal y económico, dado que se cuestiona la liquidación de
prestaciones sociales con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial.
De igual forma, no se evidencia una situación de urgencia, pues lo pretendido en
sede constitucional puede ser solicitado y resuelto dentro de los trámites judiciales
correspondientes, ni se configura una condición impostergable, ya que la parte
accionante no demostró que la espera derivada del agotamiento de dichos medios
le ocasione un perjuicio definitivo o irreversible que haga necesaria la intervención
inmediata del juez constitucional.

45. En este contexto, por no cumplirse con el requisito de subsidiariedad, esta Sala
declarará improcedente la acción de tutela presentada por los señores Fernando
Gómez Giraldo y Jorge Hernán Lozano Álvarez y las señoras María Elisa Achicanoy
Torres y Mónica Guzmán Castro Álvarez, en nombre propio, contra la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca) y
las dependencias de Asuntos Laborales de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca), el Área de Talento Humano de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca) y
la Mesa de Entrada de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – SIGOBius.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

15

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04491-00
Accionante: Fernando Gómez Giraldo y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

III. R E S U E L V E

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por los
señores Fernando Gómez Giraldo y Jorge Hernán Lozano Álvarez y las señoras
María Elisa Achicanoy Torres y Mónica Guzmán Castro, en nombre propio, contra
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle
del Cauca) y las dependencias de Asuntos Laborales de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca), el Área de Talento
Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali
(Valle del Cauca) y la Mesa de Entrada de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – SIGOBius, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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