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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04491-01

Fecha
31 de agosto de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04491-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

31 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04491-01 (9776)
Accionantes: Jorge Hernán Lozano Álvarez y otros
Accionados: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros

Tema: tutela para el cumplimiento de sentencia judicial. Subtema 1: bonificación
judicial como factor salarial. Subtema 2: inclusión en nómina. Subtema 3:
subsidiariedad.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Jorge Hernán Lozano Álvarez contra la sentencia
proferida el 7 de julio de 2026 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.

1. Síntesis del caso

Los señores Jorge Hernán Lozano Álvarez , Fernando Gómez Giraldo, María Elisa
Achicanoy Torres y Mónica Guzmán Castro, presentaron acción de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al
debido proceso, a la confianza legítima, al mínimo vital y al acceso efectivo a la
administración de justicia, que consideraron vulnerados por la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali y otras dependencias, con ocasión de la omisión de no incorporar la
bonificación judicial como factor salarial en la nómina de salarios y prestaciones
sociales causadas a partir de junio de 2026, pese a contar con sentencias
ejecutoriadas de la jurisdicción contencioso-administrativa que así lo ordenaron.

1

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04491-01 (9776)
Accionantes: Jorge Hernán Lozano Álvarez y otros
Accionados: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1.
A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2.
Los señores Jorge Hernán Lozano Álvarez, Fernando Gómez Giraldo, María
Elisa Achicanoy Torres y Mónica Guzmán Castro prestan sus servicios en el
Juzgado Primero Civil Municipal de Tuluá (Valle del Cauca).

3.
Los servidores judiciales cuentan con sentencias ejecutoriadas, proferidas por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, que reconocieron la bonificación
judicial prevista en el Decreto 383 de 2013 como factor salarial para la reliquidación
de sus prestaciones sociales y demás emolumentos laborales.

4.
En virtud de esas decisiones judiciales, solicitaron a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial en la
nómina de junio de 2026.

5.
No obstante, las entidades accionadas no incorporaron la bonificación judicial en
la nómina de los demandantes, por lo que estos promovieron la presente acción de
tutela.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

6.
La parte actora solicitó, en el escrito de tutela1, lo siguiente:

PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales a la IGUALDAD, TRABAJO,
DEBIDO PROCESO, MÍNIMO VITAL, CONFIANZA LEGÍTIMA, COSA JUZGADA y
ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de los accionantes, los
cuales se encuentran vulnerados por las entidades accionadas al otorgar un
tratamiento diferenciado e injustificado frente al reconocimiento de la bonificación
judicial como factor salarial, pese a existir sentencias judiciales debidamente
ejecutoriadas que así lo ordenan.

SEGUNDA: ORDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL, a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA, a ASUNTOS LABORALES DIRECCIÓN
SECCIONAL CALI y a la MESA DE ENTRADA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - SIGOBIUS; ÁREA DE TALENTO HUMANO que,
inmediatamente, procedan a incorporar de manera efectiva la bonificación judicial
creada mediante el Decreto 383 de 2013 como factor salarial dentro de la nómina de
los accionantes, en cumplimiento de las respectivas sentencias ejecutoriadas.

1
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Accionantes: Jorge Hernán Lozano Álvarez y otros
Accionados: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros

TERCERA: ORDENAR a las entidades accionadas que, respecto de todos los salarios,
prestaciones sociales y demás emolumentos que se causen con posterioridad a la
ejecutoria de las sentencias proferidas a favor de los accionantes, liquiden y paguen
incluyendo como factor salarial la bonificación judicial, comprendiendo, entre otros
conceptos, primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios,
prima de navidad, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados, prima de
productividad, prima especial, aportes al sistema de seguridad social y cualquier otra
prestación o derecho laboral cuya base de liquidación deba incluir factores salariales.

7.
Como fundamento de sus pretensiones, manifestaron que la acción de tutela es
el mecanismo idóneo para ordenar el cumplimiento de una obligación de hacer a
cargo de la administración judicial, consistente en incluir de manera permanente la
bonificación judicial del Decreto 383 de 2013 como factor salarial en la nómina y en
las prestaciones sociales causadas con posterioridad a junio de 2026, en
acatamiento de las sentencias contencioso-administrativas ejecutoriadas a su favor.

8.
En tal sentido, precisaron que las entidades demandadas vulneran sus derechos
a la igualdad, al debido proceso, a la cosa juzgada y al acceso a la administración
de justicia, pues incluyeron dicho factor salarial en la nómina de otros servidores
judiciales con fallos similares, mientras que a ellos los mantienen excluidos en
idénticas condiciones fácticas y jurídicas.

9.
Por consiguiente, afirmaron que dicha omisión lesiona la confianza legítima y
afecta su mínimo vital, toda vez que sus salarios y prestaciones se liquidan por
debajo de lo reconocido judicialmente.

2.3. Trámite procesal

10.
El despacho ponente de la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de
Estado, mediante auto del 12 de junio de 20262, admitió la solicitud de amparo y
ordenó notificar a las entidades accionadas y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado. Asimismo, vinculó al Consejo Seccional de la Judicatura del
Valle del Cauca, en calidad de tercero con interés.

2.4. Intervenciones

11.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial3 argumentó que la inclusión de
la bonificación judicial como factor salarial en la nómina corresponde a las
Direcciones Seccionales, a través de sus áreas de Talento Humano, y no al nivel
central.

12.
Asimismo, informó que el caso de Jorge Hernán Lozano Álvarez, cuya sentencia
quedó ejecutoriada el 2 de junio de 2026, fue reportada el 5 de junio siguiente, y se
encontraba en la consolidación del listado de beneficiarios.

2
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3

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Accionantes: Jorge Hernán Lozano Álvarez y otros
Accionados: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros

13.
Respecto de Mónica Guzmán Castro, explicó que su sentencia quedó
ejecutoriada el 14 de abril de 2026, fue reportada el 21 de abril siguiente y contaba
con marcación en Efinómina desde el 1.º de junio de 2026.

14.
En cuanto a María Elisa Achicanoy Torres, indicó que su sentencia quedó
ejecutoriada el 23 de abril de 2026, fue reportada el 24 de abril siguiente y tenía
marcación en Efinómina desde el 1.º de junio de 2026.

15.
Frente a Fernando Gómez Giraldo, señaló que su sentencia quedó ejecutoriada
el 5 de mayo de 2026, fue reportada el 6 de mayo siguiente y contaba con marcación
en Efinómina desde el 5 de junio de 2026.

16.
De igual manera, sostuvo que las diferencias en el estado de los trámites
obedecían a las fechas de ejecutoria de las respectivas sentencias y a los reportes
efectuados por las Direcciones Seccionales, por lo que no existía identidad fáctica
ni temporal que permitiera establecer un trato desigual. Por lo anterior, consideró
que no había vulnerado los derechos fundamentales invocados.

17.
Finalmente, solicitó que se declarara probada la falta de legitimación en la causa
por pasiva, se desvinculara a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y se
rechazara por improcedente la acción de tutela.

18.
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali4 informó que, respecto
de Fernando Gómez Giraldo, María Elisa Achicanoy Torres y Mónica Guzmán
Castro, realizó el registro de la bonificación judicial como factor salarial en Efinómina
desde junio de 2026.

19.
En cuanto a Jorge Hernán Lozano Álvarez, indicó que su sentencia fue reportada
al Grupo de Sentencias el 5 de junio de 2026, pero que aún no figuraba en el listado
de beneficiarios remitido por el nivel central. Asimismo, manifestó que su inclusión
dependía de la autorización del nivel central y de la disponibilidad presupuestal.

20.
Por lo anterior, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, solicitó vincular
al Grupo de Sentencias de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y pidió
negar el amparo.

21.
El Consejo Superior de la Judicatura5 adujo falta de legitimación en la causa por
pasiva. Señaló que no tenía competencia para resolver la situación planteada por
los accionantes, pues las funciones relacionadas con el reconocimiento y pago de
salarios y prestaciones sociales corresponden a las Unidades de Recursos
Humanos de las Direcciones Seccionales de Administración Judicial y, respecto de
los servidores del nivel central, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

22.
Indicó que no existía prueba de que los accionantes hubieran presentado

4
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5
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4

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Accionados: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros

solicitudes ante esa Corporación. Por lo anterior, solicitó que se declarara probada
la falta de legitimación en la causa por pasiva y se desvinculara del trámite de tutela.

23.
El Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca6 manifestó que carece
de competencia para reconocer y pagar factores salariales y prestacionales de los
servidores judiciales, función que corresponde a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y a las Direcciones Seccionales.

24.
También, destacó que los accionantes no presentaron solicitudes ante esa
corporación, invocó falta de legitimación en la causa por pasiva. Además, planteó la
improcedencia de la tutela por subsidiariedad y afirmó que no se acreditaba
vulneración de los derechos fundamentales. Por lo anterior, solicitó su
desvinculación del trámite constitucional.

25.
Por otra parte, el accionante Jorge Hernán Lozano Álvarez7 allegó una
comunicación emitida por Janis Molina Ríos, directora del Grupo de Sentencias de
la DEAJ, quien le informó que la sentencia fue reportada en firme el 5 de junio de
2026 y precisó que su inclusión en nómina quedó programada para el corte
presupuestal del 30 de junio siguiente.

26.
Con base en ello, el actor argumentó que la administración conoció
oportunamente la ejecutoria y aplazó de manera injustificada el pago de las
prestaciones de junio y julio de 2026, por lo que solicitó la vinculación formal de la
citada funcionaria al trámite constitucional8.

2.5. Sentencia de primera instancia

27.
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 7 de julio de 20269, declaró improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

28.
Consideró que las sentencias ejecutoriadas de los accionados contienen órdenes
claras, expresas y exigibles sobre la inclusión de la bonificación judicial como factor
salarial, cuyo cumplimiento podía reclamarse mediante el proceso ejecutivo.

29.
Además, valoró el informe de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y
estableció que los trámites administrativos de los cuatro accionantes se
encontraban en curso.

30.
Respecto de Lozano Álvarez, indicó que su caso estaba en proceso de
consolidación; frente a Guzmán Castro y Achicanoy Torres, que ambas registraban

6
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5

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Accionantes: Jorge Hernán Lozano Álvarez y otros
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marcación en Efinómina desde el 1.º de junio de 2026; y, en relación con Gómez
Giraldo, que registraba actualización desde el 5 de junio de 2026.

31.
Así, concluyó que los accionantes disponían del proceso ejecutivo para exigir el
cumplimiento de las providencias. Además, indicó que no se acreditó la existencia
de un perjuicio irremediable que permitiera la procedencia excepcional de la acción
de tutela.

2.6. Impugnación

32.
El señor Jorge Hernán Lozano Álvarez10 presentó impugnación contra la
sentencia del 7 de julio de 2026 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado.

33.
En su escrito manifestó que la decisión aplicó de manera equivocada el principio
de subsidiariedad, pues la tutela no pretendía el cobro de acreencias históricas, sino
la protección de sus derechos fundamentales frente a la falta de incorporación
oportuna del factor salarial reconocido judicialmente en las nóminas posteriores a la
ejecutoria de la sentencia.

34.
Afirmó que su sentencia quedó ejecutoriada el 2 de junio de 2026 y que, pese a
ello, la administración no incorporó sus efectos en la liquidación de la prima de
servicios de junio ni en la prima de julio de 2026.

35.
Informó que los demás accionantes fueron incorporados en las nóminas
correspondientes, mientras él continuó excluido, situación que, a su juicio, vulneró
sus derechos a la igualdad, al debido proceso y al acceso efectivo a la
administración de justicia.

36.
En consecuencia, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y se
conceda el amparo de sus derechos fundamentales, con la orden de incorporar de
manera inmediata los efectos salariales reconocidos en su sentencia ejecutoriada.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

37.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 7 de julio de
2026 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

10
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6

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Accionantes: Jorge Hernán Lozano Álvarez y otros
Accionados: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros

3.2. Legitimación en la causa

38.
La legitimación en la causa por activa del señor Jorge Hernán Lozano Álvarez
está acreditada, porque fue demandante dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se profirió la sentencia que reconoció la
bonificación judicial como factor salarial para la reliquidación de sus prestaciones
sociales y demás emolumentos laborales. Además, fue quien presentó la
impugnación contra la sentencia de primera instancia y, por tanto, tiene interés
directo en la decisión que corresponde adoptar en esta instancia.

39.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, autoridades a las
que el accionante atribuye la falta de incorporación de los efectos de la sentencia
ejecutoriada en las nóminas correspondientes.

40.
Por otro lado, se advierte que el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del
Cauca y el Consejo Superior de la Judicatura solicitaron su desvinculación del
trámite constitucional, al considerar que carecían de legitimación en la causa por
pasiva.

41.
Al respecto, la Sala precisa que en la sentencia de primera instancia se mantuvo
la vinculación del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, en calidad
de tercero interés, con el propósito de garantizar sus derechos de defensa y
contradicción. Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura fue vinculado como
entidad accionada.

42.
En consecuencia, la decisión que se adopte en esta instancia no modifica la
condición procesal con la que fueron vinculados al trámite constitucional.

3.3. Problema jurídico

43.
Corresponde a la Sala determinar si ¿La acción de tutela satisface el requisito de
subsidiariedad para obtener la incorporación en nómina de la bonificación judicial
como factor salarial, reconocida mediante sentencia ejecutoriada a favor del
impugnante?

44.
En caso afirmativo, se continuará con el estudio de los demás requisitos de
procedibilidad y, si a ello hay lugar, se determinará si se vulneraron los derechos
fundamentales invocados.

45.
Para el efecto, se estudiará: (i) las generalidades de la procedibilidad de la acción
de tutela; y (ii) el caso en concreto.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

46.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
7

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inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala
la ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez11.

47.
El primero, exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que busque evitar un perjuicio irremediable12; y el segundo, consiste
en que se acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de
lo contrario, «[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela
queda en entredicho […]»13.

3.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso en concreto

48.
El señor Jorge Hernán Lozano Álvarez presentó acción de tutela con la
pretensión de que se ordene a las autoridades accionadas incorporar la bonificación
judicial como factor salarial en su nómina y en la liquidación de las prestaciones
sociales causadas con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia que reconoció
ese derecho.

49.
En efecto, el actor promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, para obtener el reconocimiento de la bonificación judicial como factor
salarial, dentro del proceso radicado núm. 76111-33-33-004-2023-00230-00. El
Juzgado Cuarto Administrativo de Buga accedió a la pretensión, decisión que
confirmó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 22 de mayo de 2026, la
sentencia quedó ejecutoriada el 2 de junio siguiente.

50.
Lo anterior supone controvertir la falta de incorporación de la bonificación judicial
como factor salarial en la nómina y en las prestaciones sociales a favor del señor
Jorge Hernán Lozano Álvarez causadas con posterioridad al 2 de junio de 2026.

51.
Bajo ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
exige, en los términos del artículo 86 constitucional y 6 del Decreto 2591 de 199114
que el juez constitucional, por un lado, verifique que el accionante no cuente con
otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos fundamentales; y, por
otro lado, valore si dichos mecanismos resultan idóneos y eficaces para garantizar
de forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las particularidades de
cada caso15.

52.
En el evento de que existan otros medios de defensa judicial pero no sean
idóneos o eficaces, procede la acción de tutela como mecanismo de protección de

11
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
12
Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
13
Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en la sentencia SU-084 de 2019.
14
Artículo 6o. causales de improcedencia de la tutela
«La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
[…]».
15
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
8

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derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables16.

53.
En el caso concreto, el señor Jorge Hernán Lozano Álvarez sostiene que la tutela
no busca el pago de acreencias históricas. Afirma que pretende la incorporación
oportuna de la bonificación judicial en las prestaciones causadas después de la
ejecutoria de la sentencia que reconoció ese derecho.

54.
El a quo17 declaró improcedente la acción de tutela porque el accionante contaba
con el proceso ejecutivo para obtener el cumplimiento de la sentencia que reconoció
la bonificación judicial como factor salarial. Ello porque, la providencia contiene una
obligación clara, expresa y exigible, cuyo cumplimiento puede reclamarse mediante
el mecanismo ordinario correspondiente.

55.
Quedó demostrado en este trámite constitucional que el señor Lozano Álvarez
solicitó el 17 de junio de 2026 la inclusión de la bonificación judicial en la nómina
de junio y en las primas de junio y julio.

56.
También está acreditado que el Grupo de Sentencias de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial le informó que la incorporación no se produce de manera
automática con la ejecutoria de la sentencia. Explicó que antes del registro en
nómina deben surtirse etapas de validación, consolidación y gestión presupuestal.

57.
Asimismo, el Grupo de Sentencias le informó que su caso sería incluido en el
listado de beneficiarios con corte al 30 de junio de 2026 y que este sería remitido
durante los primeros diez días hábiles de julio a la División de Asuntos Laborales.
Posteriormente, se realizarían la validación administrativa y la cuantificación de los
costos, con el fin de gestionar la autorización de los recursos y comunicar a las
Direcciones Seccionales el listado definitivo.

58.
La Sala advierte que, de acuerdo con las actuaciones conocidas en el
expediente, el trámite para incorporar el factor salarial se encontraba en curso y
atendía las etapas informadas por la Administración. Además, esta informó al
accionante las actuaciones realizadas y aquellas que se encontraban pendientes
para materializar los efectos de la sentencia que resultó favorable a sus intereses.

59.
En esas condiciones, no se encuentra demostrada una negativa expresa al
cumplimiento de la providencia judicial ni una conducta dilatoria de la administración
que permita concluir que los mecanismos ordinarios de ejecución carecen de
idoneidad o eficacia.

60.
En este punto, conviene señalar que el artículo 192 del CPACA establece que,
cuando una sentencia impone una condena que no implica el pago o devolución de
una cantidad líquida de dinero, la autoridad encargada de ejecutarla debe adoptar

16
Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017, criterio reiterado en la sentencia T-019 de 2026.
17
Según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (https//dpej.rae.es/), significa «Gral. Dicho del juez o
tribunal autor de la resolución: Que se recurre ante otro tribunal superior o ad quem».
9

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las medidas necesarias para su cumplimiento dentro de los treinta días siguientes
a su comunicación.

61.
A su vez, el artículo 298 del mismo código prevé que, una vez transcurrido ese
término sin que se haya cumplido la condena, el juez competente puede librar
mandamiento ejecutivo, previa solicitud del acreedor.

62.
La jurisprudencia constitucional ha precisado que, en principio, las pretensiones
dirigidas al cumplimiento de órdenes judiciales tendrán que declararse
improcedentes, dado que el accionante cuenta con el proceso ejecutivo. En
particular, que para el análisis de subsidiariedad debe valorarse su eficacia en cada
caso, atendiendo a la conducta de la autoridad obligada y a la afectación de los
derechos fundamentales del interesado18.

63.
En este asunto, el proceso ejecutivo constituye un mecanismo judicial para exigir
el cumplimiento de las órdenes contenidas en la sentencia, siempre que estas sean
claras, expresas y exigibles y se hayan cumplido los presupuestos legales para su
ejecución.

64.
En ese sentido, el artículo 297 del CPACA establece cuáles documentos prestan
mérito ejecutivo ante esta jurisdicción, mientras que el artículo 298 regula la
procedencia del mandamiento ejecutivo una vez vencido el término previsto para el
cumplimiento de la condena. Por su parte, los artículos 422 y siguientes del Código
General del Proceso regulan la ejecución de obligaciones claras, expresas y
exigibles, en los casos en que resulten aplicables.

65.
Ahora bien, como sustento de la pretensión de amparo el accionante afirmó que
requiere la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Sin embargo, no
acreditó la existencia del perjuicio irremediable que justifique la intervención
excepcional del juez constitucional y que le impida, una vez verificada la exigibilidad
de la obligación, acudir al proceso ejecutivo para obtener el cumplimiento de la
sentencia que le resultó favorable.

66.
Además, no se puede desconocer que la administración demostró en este
trámite constitucional, que ha adelantado y está adelantando las actuaciones
necesarias para materializar los efectos de la decisión cuyo cumplimiento pretende
el actor. Por lo tanto, no se encuentra acreditado un incumplimiento definitivo en el
trámite que debe seguir la entidad para hacer efectivo el derecho reconocido
judicialmente y que haga necesaria la intervención del juez de tutela.

67.
En consecuencia, la acción de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad,
pues el accionante dispone de mecanismos judiciales para exigir el cumplimiento
de la sentencia y no acreditó circunstancias excepcionales que permitan concluir
que estos no resultan adecuados o eficaces.

68.
Por lo anterior, no es posible emitir un pronunciamiento de fondo.

18
Corte Constitucional, sentencia T-398-2022.
10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04491-01 (9776)
Accionantes: Jorge Hernán Lozano Álvarez y otros
Accionados: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros

4. Conclusión

69.
La Subsección confirmará la sentencia del 7 de julio de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela promovida por el señor Jorge Hernán Lozano
Álvarez y otros.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia del 7 de julio de 2026, proferida por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Édison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

11

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