Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04512-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04512-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04512-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-04512-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
27 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Veintisiete (27) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-04512-001
Accionante : Sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S.
Accionado : Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Vinculados : Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de
Decisión, municipio de Pereira - Instituto de Movilidad de
Pereira, Previsora S.A. Compañía de Seguros, Seguros del
Estado S.A y Liberty Seguros S.A.
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, reparación directa,
caducidad
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por la Sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S. contra el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la actora frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
2. La Sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S., que actúa a través de
apoderado judicial, interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C.
1
Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04512-00
Accionante: Sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
3. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia de Veintisiete (27) de Abril
de Dos Mil Veintiséis (2026), mediante la cual, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C revocó la providencia del Veintinueve (29) de Agosto de Dos
Mil Veinticuatro (2024), con la que, el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Cuarta de Decisión negó las pretensiones de la demanda de reparación directa
promovida contra el municipio de Pereira (expediente 66001-23-33-000-2021-
00167-01), para, en su lugar, declarar de oficio probada la excepción de caducidad.
En su lugar, pidió que se ordene a la autoridad accionada emitir una nueva decisión
en la que se indique que ese asunto contencioso administrativo se formuló
oportunamente y, en consecuencia, se concedan dichas súplicas.
1.3 Hechos2.
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por
la accionante, se puede evidenciar que, el Veinticuatro (24) de Junio de Dos Mil
Veintiuno (2021) promovió demanda de reparación directa contra el municipio de
Pereira (expediente 66001-23-33-000-2021-00167-01), con el propósito que se le
declarara administrativamente responsable de los daños patrimoniales causados
por la falta de respuesta a la solicitud formulada el Quince (15) y el Veintidós (22)
de Septiembre de Dos Mil Diecisiete (2017), ante el Instituto de Movilidad y la
Secretaría de Planeación del referido ente territorial, encaminada a obtener la
aprobación del «Plan de Contingencia Vial», con el fin de desarrollar el proyecto
urbanístico «Élite», adelantado en el predio ubicado en el Barrio Álamos, en la calle
14 entre carreras 19 y 20, cuya licencia de construcción había sido otorgada el
Diecinueve (19) de Abril de Dos Mil Dieciséis (2016).
5. Dicho asunto correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Risaralda,
Sala Cuarta de Decisión que, el Veintinueve (29) de Agosto de Dos Mil Veinticuatro
(2024) negó las pretensiones, al considerar que, «[…] existieron razones jurídicas
atinentes a riesgos ambientales y del suelo ajenas a la entidad territorial que impidieron resolver la
petición favorable en la aprobación del plan de manejo de tránsito del proyecto urbanístico
denominado Élite, que contrario a lo aseverado por l[a] demandant[e], sí fue informado a lo largo del
procedimiento».
6. Inconforme con esa decisión, la actora interpuso recurso de apelación, desatado
el Veintisiete (27) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026) por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, en el sentido de revocarla, para, en su lugar,
2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
2
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04512-00
Accionante: Sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
declarar probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control, al
estimar que, «[…] al amparo de lo dispuesto en [el artículo 83 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo], transcurridos más de tres (3) meses desde la
fecha en que […] presentó la documentación requerida para tramitar el “Plan de Contingencia Vial”
sin que se hubiese notificado […] una decisión del municipio de Pereira que la resolviera, operó el
fenómeno del silencio administrativo, configurándose así un acto administrativo ficto », por lo que,
«[…] se tiene como extremo para contar la caducidad […] el 14 de febrero de 2018, pues en esa
fecha […] pud[o] conocer de la tardanza en la aprobación […] y, con ello, advertir la presunta
imposibilidad de desarrollar el proyecto urbanístico que le causó una afectación patrimonial […], y
no desde el vencimiento de la licencia de construcción ».
7. Por lo anterior, concluyó que, «[…] el término para ejercer el medio de control de reparación
directa empezó a correr el 15 de febrero de 2018 y expiró el 17 de febrero de 2020. Sin embargo,
como la demanda sólo se presentó hasta el 24 de junio de 2021, […] para esa fecha ya había
acaecido el término preclusivo dispuesto por el legislador ».
8. Sobre la precedente situación, la accionante aduce que, la providencia objeto
de censura incurre en (i) defecto fáctico, toda vez que, «[…] valoró equívocamente
los actos administrativos que acreditaban que la licencia de construcción estuvo plenamente
vigente y con fuerza ejecutoria hasta mayo 19 de 2019, desconociendo que mientras la licencia
conservara vigencia, el derecho sustantivo a edificar permanecía latente; por ende, el daño
económico alegado se volvió cierto, definitivo y conocible solo a partir de su expiración
jurídica»; y (ii) defecto sustantivo, por «[i]nterpretación [i]rrazonable del artículo 164 [del]
CPACA [al] aplic[ar] el término de caducidad desde un momento en que el daño aún no se había
consolidado», inobservando, además, «[…] la teoría del daño continuado o diferido ».
9. Asimismo, en desconocimiento del precedente, porque, no tuvo en cuenta que,
la Corte Constitucional, en sentencia SU-016 de 2026, dispuso que, «[…] ante la
inexistencia de sentencia de unificación del Consejo de Estado en cuanto respecta al momento para
el cómputo de la caducidad de la reclamación del daño cuando la administración pública guarda
silencio a una petición de permiso para adelantar actividad material que permite desarrollar derecho
patrimonial reconocido en licencia de construcción para obra nueva de urbanización y la existencia
de dos (2) tesis jurisprudenciales para resolver el caso, el fallador contencioso, en especial el del
Órgano de Cierre, debe aplicar la flexibilización hermenéutica […]».
II. TRÁMITE PROCESAL
10. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de
Dieciocho (18) de junio de Dos Mil Veintiséis (2026), admitió la presente acción de
tutela. En dicha decisión se (i) ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección
3
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04512-00
Accionante: Sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Tercera, Subsección C; (ii) dispuso vincular al Tribunal Administrativo de Risaralda,
Sala Cuarta de Decisión, al municipio de Pereira - Instituto de Movilidad de Pereira,
a la Previsora S.A. Compañía de Seguros, a Seguros del Estado S.A y a Liberty
Seguros S.A., en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991; y, (iii) negó
la medida provisional solicitada por la parte actora.
2.1 Contestaciones de la acción.
11. 2.1.1 El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión3
aportó el enlace digital del expediente ordinario con radicado 66001-23-33-000-
2021-00167-01, pero, no emitió pronunciamiento alguno frente a los hechos y
pretensiones expuestos por la parte actora en la acción de tutela de la referencia.
12. 2.1.2 El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C4 pidió declarar
improcedente este mecanismo constitucional por no satisfacer el presupuesto de la
relevancia constitucional, dado que, «[…] la sociedad actora […], lejos de revelar una clara
y marcada importancia constitucional frente a la decisión proferida por esta Sala de Subsección,
evidencia la mera insatisfacción de [sus] intereses […] y su intención de convertir al juez
constitucional de tutela en juez natural de la causa y en tercera instancia, para reevaluar la
controversia objeto de la litis presentada ante el contencioso administrativo en el medio de control
de reparación directa».
13. Explicó que, «[…] la sentencia objeto de reproche realizó un análisis integral de la normativa
vigente y aplicable al caso y de las pruebas obrantes en el expediente y, en modo alguno,
transgredió la Constitución Política ni el precedente constitucional citado en el escrito de tutela. Es
más, se observa que tanto el trámite de segunda instancia adelantado por esta Corporación como
la decisión acusada, se ajustaron a los cánones sustanciales y procesales que rigen la materia, con
estricto apego a los derechos fundamentales de los extremos que integran la litis ».
14. Agregó que, «[…] si bien la tutelante plantea que la providencia acusada incurrió en un defecto
factico por “valoración contraevidente de la prueba: dar por probado lo que no está o viceversa”, lo
cierto es que ello solo constituye un alegato de instancia que tiene como finalidad un nuevo examen
del cómputo del término de caducidad y de los medios de convicción debidamente decretados y
practicados en el proceso, para adoptar una decisión favorable a sus intereses, lo que escapa por
completo al alcance de la acción de tutela, la cual, se reitera, no constituye una instancia adicional
al proceso ordinario».
3
Índices 00010 y 00011 de Samai.
4
Índice 00012 de Samai.
4
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04512-00
Accionante: Sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
15. 2.1.3 El Instituto de Movilidad de Pereira 5 deprecó su desvinculación de este
trámite constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva, en la
medida en que, «[…] ninguna de las pretensiones formuladas […] está encaminada a obtener
una actuación material o jurídica por [su] parte […], ni existe conducta alguna [que le sea] atribuible
[…] que pueda calificarse como vulneradora de los derechos fundamentales invocados ».
16. 2.1.4 La Previsora S.A. Compañía de Seguros6 indicó que, «[…] se opone a la
totalidad de las pretensiones formuladas por la sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S.,
por cuanto considera que la providencia proferida el 27 de abril de 2026 por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado fue dictada por la autoridad judicial competente, con
fundamento en una interpretación razonada del ordenamiento jurídico y dentro del marco de la
autonomía e independencia judicial».
17. 2.1.5 Seguros del Estado S. A.7 sostuvo que, «[…] no [se] encontr[ó] acreditada la
ocurrencia de los defectos alegados por la parte actora respecto de la providencia del veintisiete
(27) de abril de dos mil veintiséis (2026) dictada por la autoridad judicial accionada, en el proceso
de reparación directa con radicado 66001233300020210016701 (72091) », sino que, por el
contrario, dicha decisión «[…] se expidió conforme a derecho correspondía en consonancia
con lo debida y oportunamente probado».
18. 2.1.6 El municipio de Pereira y la sociedad Liberty Seguros S.A. guardaron
silencio en la oportunidad prevista para el efecto.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
19. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.
3.2 La acción.
20. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política
y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
5
Índice 00015 de Samai.
6
Índice 00016 de Samai.
7
Índice 00017 de Samai.
5
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04512-00
Accionante: Sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Legitimación en la causa por pasiva.
21. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…] se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional9, ha
considerado que, «[l]a legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal
de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».
22. El Instituto de Movilidad de Pereira, en el escrito de intervención solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto, «[…]
ninguna de las pretensiones formuladas […] está encaminada a obtener una actuación material o
jurídica por [su] parte […], ni existe conducta alguna [que le sea] atribuible […] que pueda calificarse
como vulneradora de los derechos fundamentales invocados ».
23. Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue en
calidad de tercero con interés, por integrar el extremo pasivo dentro del proceso
contencioso en cuestión, esto, en aras de garantizar su derecho a la defensa y
contradicción, por lo que, se negará su solicitud.
3.4 Problema jurídico.
24. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar si
la sentencia de Veintisiete (27) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), mediante la
cual, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C revocó la providencia
del Veintinueve (29) de Agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024), en la que, el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión negó las pretensiones
formuladas en la demanda de reparación directa con radicado 66001-23-33-000-
2021-00167-01, para, en su lugar, declarar de oficio probada la excepción de
caducidad, adolece de defecto fáctico, defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente y, por consiguiente, vulnera los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia invocados por la accionante.
6
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04512-00
Accionante: Sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.
25. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 8 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado9, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
26. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
27. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
8 Sentencia C-590 de 2005.
9 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth
García González.
7
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04512-00
Accionante: Sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
28. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que, (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio de la actora,
en una indebida valoración probatoria y aplicación normativa y jurisprudencial, lo
cual, de comprobarse, conllevaría a la vulneración de sus derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia; (ii) contra la decisión
objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que
originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, teniendo en cuenta que, la providencia
atacada quedó ejecutoriada el Veintisiete (27) de Mayo de Dos Mil Veintiséis
(2026)10 y la solicitud de amparo se presentó el Doce (12) de Junio siguiente, es
decir, dentro de los seis meses; y (v) el fallo acusado no es de tutela.
29. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto fáctico, defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente invocadas por la demandante.
3.5.1 Defecto fáctico.
30. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
10
Notificada por estado electrónico el 22 de mayo de 2026.
8
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04512-00
Accionante: Sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »11.
31. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en
los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra12.
3.5.2 Defecto sustantivo.
32. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las
normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
33. La jurisprudencia constitucional13 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 14.
3.5.3 Desconocimiento del precedente.
34. Al respecto, se precisa que el desconocimiento del precedente tiene dos
modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra
providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como
11
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
12
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
13
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
14
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
9
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04512-00
Accionante: Sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene
su origen en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los
precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia15, y la segunda
hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente
horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la
providencia adolece de un defecto sustantivo16 en virtud de los principios del debido
proceso, igualdad y buena fe17.
3.6 Análisis del caso concreto.
35. En el asunto sub examine, la parte demandante aduce que, la providencia
cuestionada incurrió en (i) defecto fáctico, toda vez que, «[…] valoró equívocamente
los actos administrativos que acreditaban que la licencia de construcción estuvo plenamente
vigente y con fuerza ejecutoria hasta mayo 19 de 2019, desconociendo que mientras la licencia
conservara vigencia, el derecho sustantivo a edificar permanecía latente; por ende, el daño
económico alegado se volvió cierto, definitivo y conocible solo a partir de su expiración
jurídica»; y (ii) defecto sustantivo, por «[i]nterpretación [i]rrazonable del artículo 164 [del]
CPACA [al] aplic[ar] el término de caducidad desde un momento en que el daño aún no se había
consolidado», inobservando, además, «[…] la teoría del daño continuado o diferido ».
36. Asimismo, en desconocimiento del precedente, por no tener en cuenta que,
la Corte Constitucional, en sentencia SU-016 de 2026, dispuso que, «[…] ante la
inexistencia de sentencia de unificación del Consejo de Estado en cuanto respecta al momento para
el cómputo de la caducidad de la reclamación del daño cuando la administración pública guarda
silencio a una petición de permiso para adelantar actividad material que permite desarrollar derecho
patrimonial reconocido en licencia de construcción para obra nueva de urbanización y la existencia
de dos (2) tesis jurisprudenciales para resolver el caso, el fallador contencioso, en especial el del
Órgano de Cierre, debe aplicar la flexibilización hermenéutica […]».
37. No obstante, antes de proceder a realizar el estudio de fondo de este trámite
constitucional, cabe anotar que, la letra i del numeral 2 del artículo 164 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo preceptúa que
15
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando:
(i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii)
se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto
que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
16
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos
Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.
P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González
Cuervo.
17
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
10
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04512-00
Accionante: Sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
la demanda de reparación directa debe presentarse, como regla general, dentro de
los dos (2) años siguientes a la ocurrencia de la acción u omisión que produjo el
daño que se pretende indemnizar, motivo por el cual, si se promueve luego de dicho
lapso, acontece la caducidad. El tenor de la mencionada norma prevé:
Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser
presentada:
[…]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
[…]
i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del
término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad
de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
38. En el evento en que los dos (2) años que trata la letra i del numeral 2 del artículo
164 del CPACA finalicen un día feriado o vacante, el medio de control debe
promoverse el primer día hábil siguiente, tal como lo autoriza el artículo 62 18 del
Código de Régimen Político y Municipal.
39. Ahora bien, en el sub lite se evidencia que, en la providencia objeto de reproche
la autoridad accionada, sostuvo:
En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la merma y/o
aminoración patrimonial sufrida por la sociedad accionante, derivada de la
imposibilidad de ejecutar el proyecto de vivienda “Élite”, debido a que, según se aduce
en la demanda, el municipio de Pereira no resolvió la solicitud del “Plan de Contingencia
Vial del Proyecto Élite” de forma oportuna.
Ahora bien, el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, señala que el medio de control de reparación directa
deberá ejercerse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente
al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
En este orden de ideas, en el plenario se demostró que, el 15 de septiembre de 2017,
el representante legal de Alejandro Orozco Construcciones S.A.S. solicitó ante el
Instituto de Movilidad de Pereira la aprobación del “Plan de Manejo de Tránsito” para
el desarrollo de las obras del proyecto urbanístico “Élite” (hecho probado 6.1.3).
De igual forma, consta que, el 22 de septiembre de 2017, la sociedad accionante
solicitó a la Secretaría de Planeación de Pereira la aprobación de la licencia de
“intervención y ocupación del espacio público” y de “intervención malla vial” (hecho
probado 6.1.5).
Asimismo, está acreditado que, mediante oficios del 22 septiembre y 10 de octubre de
2017, la Dirección Operativa de Control Físico de Pereira informó a Alejandro Orozco
18
«En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes,
a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado
o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil».
11
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04512-00
Accionante: Sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Ocampo que, de acuerdo con el concepto técnico rendido por la DIGER el 20 de
septiembre de 2017, el predio donde se desarrollaría el proyecto de vivienda “Élite” se
encontraba parcialmente delimitado como zona de amenaza, por lo que, era necesario
que […] tomara acciones preventivas con el fin de mitigar el riesgo identificado (hechos
probados 6.1.4, 6.1.6 y 6.1.7).
De esta forma, se probó que, mediante oficio No. 44162 del 18 de octubre de 2017, la
Secretaría de Planeación del precitado ente territorial le indicó a la sociedad
demandante que no podía tramitar de fondo la solicitud de aprobación del “Plan de
Contingencia Vial”, hasta que aquella adoptara las acciones pertinentes para mitigar
los riesgos asociados a la construcción del proyecto “Élite”. En consecuencia, el 24 y
31 de octubre siguientes, Alejandro Orozco Construcciones S.A.S. remitió a la
Dirección Operativa de Control Físico, a la Secretaría de Planeación y DIGER de
Pereira la documentación acreditando la adopción de las medidas indicadas, para así
poder continuar con el trámite del “Plan de Contingencia Vial” (hechos probados 6.1.8
a 6.1.10).
Ahora bien, consta que el 23 de noviembre de 2017, la DIGER informó a Alejandro
Orozco Construcciones S.A.S. que aún continuaba revisando la anterior
documentación, por lo que prorrogó por 8 días hábiles el término para brindarle una
respuesta de fondo sobre la aprobación de los documentos allegados (hecho probado
6.1.12).
Finalmente, se acreditó que el 15 de enero de 2018, la Subsecretaría de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano de Pereira manifestó a la sociedad accionante que, de
acuerdo con el concepto técnico rendido por la DIGER el 13 de diciembre de 2017, se
constató que había “acogido hasta el momento las recomendaciones de la DIGER para
mitigar el escenario de riesgo por la construcción del proyecto ÉLITE”, por lo que
analizaría nuevamente la solicitud de aprobación del “Plan de Contingencia Vial”. No
obstante, el precitado ente territorial nunca emitió respuesta de fondo frente a dicha
solicitud (hechos probados 6.1.14 y 6.1.15).
Ahora bien, se advierte que, de acuerdo con el artículo 83 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “Transcurridos tres (3) meses
contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión
que la resuelva, se entenderá que esta es negativa. En los casos en que la ley señale
un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la petición sin que esta se hubiere
decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un (1) mes contado a partir
de la fecha en que debió adoptarse la decisión […]”.
[…]
Así las cosas, al amparo de la norma atrás transcrita, el 14 de febrero de 2018 19 operó
el fenómeno del silencio administrativo negativo frente a dicha solicitud, toda vez que
transcurrieron más de tres (3) meses desde la fecha en que Alejandro Orozco
Construcciones S.A.S. presentó la documentación requerida para tramitar el “Plan de
Contingencia Vial” adicionándole a dicho el plazo los 8 días hábiles por los cuales se
prorrogó el término para dar respuesta al anterior requerimiento, sin que se hubiese
notificado a la sociedad accionante de una decisión de la Administración que resolviera
de fondo su solicitud (hechos probados 6.1.10 y 6.1.12).
Es así que en el sub examine, se tiene como extremo para contar la caducidad del
medio de control de reparación directa el 14 de febrero de 2018, pues en esa fecha los
demandantes pudieron conocer de la tardanza en la aprobación del “Plan de
Contingencia Vial” y, con ello, advertir la presunta imposibilidad de desarrollar el
proyecto urbanístico que le causó una afectación patrimonial cuya indemnización se
19
Al efecto, la Sala advierte que, el 31 de octubre de 2017, la sociedad accionante remitió al municipio de Pereira la
documentación requerida para tramitar el “Plan de Contingencia Vial”. Asimismo, se observa que el 23 de noviembre
siguiente, la citada autoridad amplió por ocho días hábiles el término para resolver la referida petición (hechos probados
6.1.10 y 6.1.12). En consecuencia, de acuerdo con dicha prórroga y a la luz de lo establecido en el artículo 83 del CPACA,
para computar la fecha en que operó el silencio administrativo se adicionó el término de ocho días hábiles a la fecha de
radicación de los documentos, esto es el 31 de octubre de 2017, lo cual da como resultado el 14 de noviembre de 2017. Así
las cosas, a partir de ese día corrió el término de tres meses para que operara el silencio administrativo, el cual acaeció el
14 de febrero de 2018, sin que se hubiese notificado a la sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S. de una decisión
del municipio de Pereira que resolviera de fondo la solitud de aprobación del “Plan de Contingencia Vial”
12
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04512-00
Accionante: Sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
pretende en el presente asunto litigioso. En efecto, es a partir de dicha fecha, y no
desde el vencimiento de la licencia de construcción, que la parte demandante tuvo
conocimiento de la omisión del municipio de Pereira por “no haber atendido en el tiempo
el (sic) ordenamiento jurídico en cuanto respecta a la aprobación y/o improbación del
“Plan de Contingencia Vial del Proyecto Élite”, toda vez que, con el acaecimiento del
silencio administrativo, los accionantes pudieron advertir que el precitado ente territorial
no resolvió de forma oportuna su petición. Además, no se allegó prueba al proceso que
permita determinar que la parte demandante se encontraba en imposibilidad de haber
conocido el daño para la fecha en que ocurrió.
Por lo anterior, se tiene que el término para ejercer el medio de control de reparación
directa empezó a correr el 15 de febrero de 2018 y expiró el 17 de febrero de 2020 20.
Sin embargo, como la demanda sólo se presentó hasta el 24 de junio de 2021 21, se
advierte que para esa fecha ya había acaecido el término preclusivo dispuesto por el
legislador.
Y aunque lo probado en el proceso permitió constatar que el 11 de mayo de 2021 22, el
extremo activo presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 37
Judicial II para Asuntos de Conciliación Administrativa de Pereira, lo cierto es que para
ese momento no había término de caducidad susceptible de ser suspendido porque,
como se explicó anteriormente, ya había operado el fenómeno preclusivo que extinguía
para esa causa la posibilidad de invocar el medio de control de reparación directa frente
al menoscabo alegado por la sociedad demandante.
Por último, la Sala destaca que la decisión adoptada, se acompasa con lo resuelto en
un caso de similares características al que aquí se discute, en donde esta misma
Subsección C23 declaró la caducidad del medio de control de reparación directa porque
contabilizó el término desde la fecha en que operó el fenómeno del silencio
administrativo […].
40. De lo expuesto se colige que, la autoridad accionada determinó que, como el
daño alegado por la parte actora en su demanda consistía, puntualmente, en la
omisión de la entidad accionada de brindarle respuesta oportuna a su solicitud de
aprobación del «Plan de Contingencia Vial», para poder ejecutar el proyecto de vivienda
«Élite», lo que conllevó al detrimento patrimonial frente al que reclama la
indemnización, el término de caducidad de dos años previsto en el artículo 164 del
CPACA, debía contabilizarse desde el Catorce (14) de Febrero de Dos Mil
Dieciocho (2018), fecha en que tuvo conocimiento de ese hecho, porque se
cumplieron los tres meses para que operara el silencio administrativo negativo
preceptuado en el artículo 83 ibidem.
41. En ese orden de ideas, estableció que, tenía hasta el Diecisiete (17) de febrero
de Dos Mil Veinte (2020) para instaurar su demanda; no obstante, tanto la solicitud
20
Se observa que la demandante tenía hasta el 15 de febrero de 2020 (sábado) para ejercer el derecho de acción. No
obstante, como ese día fue festivo, los demandantes tendrían que haber presentado la demanda el día hábil siguiente a esa
fecha, esto es, el lunes 17 de febrero de 2020. Al efecto, es pertinente resaltar que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 62 de la Ley 4 de 1913: “[...] en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden
suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el
calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá́ el plazo hasta el primer día hábil”.
21
Índices 1 y 8, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.
22
Archivo “2_REPARTOYRADICACION_EXPEDIENTE_ANEXOS”, Pág. 41 y 42, índice 1, Samai, Tribunal Administrativo
de Risaralda.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de diciembre
de 2024, Rad.: 62085.
13
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04512-00
Accionante: Sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
de conciliación como el medio de control los presentó el Once (11) de Mayo y
Veinticuatro (24) de Junio de Dos Mil Veintiuno (2021), respectivamente, es decir,
por fuera de dicho plazo.
42. Asimismo, la autoridad judicial accionada explicó que, no era dable realizar ese
cálculo desde la fecha en que venció la licencia de construcción (19 de mayo de
2019), como lo pretende la accionante, puesto que, se debía tener en cuenta el
momento en que conoció la ocurrencia del daño alegado que, se recuerda, no fue
otro más que la tardanza del municipio de Pereira en atender su petición de
aprobación del «Plan de Contingencia Vial», lo que implicaba la imposibilidad de
desarrollar su proyecto de vivienda.
43. Así las cosas, se observa que la providencia censurada no deviene de una
interpretación caprichosa de la autoridad accionada, en tanto que, sus argumentos
estuvieron debidamente motivados, conforme a las pruebas que fueron aportadas
en el aludido proceso ordinario.
44. Ahora bien, resulta oportuno indicar que, más que una indebida valoración
probatoria, lo que se advierte por parte de la actora es una inconformidad con la
forma en que se contabilizó el término de caducidad, lo que permite concluir que,
no agotó la carga argumentativa requerida para sustentar la causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales denominada
defecto fáctico.
45. Al respecto, cabe precisar que, en reciente sentencia de unificación SU-304 de
202424 la Corte Constitucional sostuvo que, en tratándose de tutelas contra fallos
proferidos por una alta corte, como en este caso, el examen debe realizarse con
mayor rigurosidad para poder constatar «una afectación desproporcionada a un derecho
fundamental, producto de una actuación arbitraria», lo que implica que no se permita su uso
con el propósito de reabrir debates concluidos en el proceso ordinario.
46. De acuerdo con lo anterior, se debe entender que la acción de tutela contra
providencia judicial, más aún cuando aquella es emitida por una alta corte, exige
una especial carga argumentativa, que no se satisface con la mera discrepancia
genérica frente a la interpretación judicial, sino con la identificación precisa de los
yerros en que incurrió y la explicación de cómo estos resultan determinantes para
24
M. P. Vladimir Fernández Andrade.
14
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04512-00
Accionante: Sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
cambiar su sentido, carga que, en cuanto al defecto fáctico, omitió cumplir la
tutelante en su escrito introductorio.
47. Por otra parte, en lo referente a la supuesta interpretación irrazonable del artículo
164 del CPACA, como se explicó en párrafos precedentes, contrario a lo indicado
por la accionante, la autoridad judicial accionada aplicó en debida forma esa norma,
pues, contabilizó el término de caducidad de dos años allí dispuesto, desde el
momento en que se tuvo conocimiento del daño alegado, esto es, a partir del
momento en que se configuró el silencio administrativo negativo frente a su solicitud
de aprobación del «Plan de Contingencia Vial» para poder ejecutar su proyecto de
vivienda.
48. Ahora bien, en cuanto a la teoría del daño continuado o diferido, cabe advertir
que, no debe confundirse con los hechos que se extienden en el tiempo, los cuales
se presentan cuando una determinada circunstancia se reitera, pero la causa del
deterioro es la misma, situación por la que la caducidad se cuenta a partir de cuando
ocurrió o se supo del mismo, tal como lo dijo esta Corporación25, al precisar:
«[...] se debe diferenciar el daño continuado o de tracto sucesivo, del hecho dañoso y
de los daños de naturaleza inmediata cuyos efectos o perjuicios se prolongan en el
tiempo, o cuando el mismo daño termina por agravarse pero se realizó con mucho
tiempo de anterioridad, comoquiera que en esos casos el menoscabo se concreta ipso
facto en un momento determinado, y es a partir de éste o de que se le conoció[,] se
reitera […], que el término de caducidad debe empezar a computarse».
49. Es decir, el daño continuado se estructura cuando se conocen sus
consecuencias negativas «con el discurrir del tiempo y con posterioridad al hecho generador»,
lo que no ocurre en este caso, porque, se reitera, desde que se configuró el silencio
administrativo negativo, la accionante supo de la omisión de la Administración de
atender oportunamente su solicitud de aprobación del «Plan de Contingencia Vial», lo
que conllevaría a que no pudiera poner en marcha su proyecto de vivienda « Élite»
y, en consecuencia, implicaría un menoscabo patrimonial.
50. Así, también lo expuso la autoridad judicial accionada en su escrito de
contestación:
De igual forma, la tutelante argumenta que la Subsección “Desconoció la teoría del
daño continuado o diferido, según la cual, cuando el daño se prolonga en el tiempo o
se consolida en un momento posterior a la conducta que lo origina, la caducidad corre
desde ese momento posterior”.
25
Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, sentencia de 30 de julio de 2015, C. P. Danilo Rojas Betancourth,
expediente 47001-23-31-000-2003-00847-01.
15
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04512-00
Accionante: Sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Pues bien, al respecto debe advertirse que la misma no tiene vocación de prosperidad,
pues el daño alegado en la demanda se causó en un solo momento. Precisamente, el
argumento planteado parte del equívoco de considerar que en este caso se está en
presencia de un evento de daño continuado cuando, por el contrario, se está frente a
un daño instantáneo, en tanto la supuesta merma patrimonial por la imposibilidad de
desarrollar el proyecto urbanístico “Élite” se causó, según se alega en la demanda,
porque el municipio de Pereira no resolvió la solicitud de aprobación del “Plan de
Contingencia Vial del Proyecto Élite” de forma oportuna, aunque pueda haber
producido perjuicios que se proyectaron en el tiempo o que sus efectos se agravaron
con el paso de los años.
Sobre este particular, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado
ha diferenciado el daño instantáneo o inmediato y el daño continuado y/o de tracto
sucesivo; señalando que el primero es aquel que resulta susceptible de identificarse en
un momento preciso de tiempo y que si bien produce perjuicios que se pueden
proyectar hacia el futuro, él, como tal, existe únicamente en el momento en que se
produce; mientras que el segundo, es aquel que se prolonga en el tiempo, sea de forma
continua o intermitente26.
Entonces, se tiene que, en el presente caso, el daño que se reclama frente a la
aminoración patrimonial por la imposibilidad de desarrollar el proyecto de vivienda
“Élite” es uno de carácter instantáneo, pues, justamente, su concreción se agotó en un
solo momento, esto es, en aquel en que operó el fenómeno del silencio administrativo
negativo frente a la solicitud de aprobación del “Plan de Contingencia Vial del Proyecto
Élite”, pues fue allí cuando resultó claro para la sociedad demandante la tardanza en
la aprobación de la citada petición y la consecuente imposibilidad de desarrollar el
proyecto urbanístico.
Cosa distinta es que en ocasiones específicas los perjuicios o efectos patrimoniales del
daño se prolonguen en el tiempo con posterioridad al momento de acaecimiento del
hecho dañoso que sirve de fundamento de la acción. Sin embargo, lo cierto es que ello
no puede significar que el término de caducidad se postergue de manera indefinida,
pues el cómputo de la caducidad debe empezar a contarse a partir del día siguiente al
hecho que le sirve de basamento a la pretensión, esto es, la fecha en que acaece el
suceso o fenómeno que genera el daño que es conocido por la víctima 27, que para el
caso se concretó con el acaecimiento del silencio administrativo negativo ante la
tardanza del municipio de Pereira en la aprobación del “Plan de Contingencia Vial” y
que produjo que la sociedad accionante no pudiera desarrollar el proyecto urbanístico
que le causó la afectación patrimonial a la sociedad accionante.
De no ser así, se desconocería, por una parte, que el término preclusivo opera por
ministerio de la ley y, por la otra, se pasaría por alto que dichos plazos tienen carácter
perentorio, improrrogable y de orden público. En consecuencia, si al vencimiento de
dicho término el interesado no hubiere radicado la respectiva demanda, se extingue el
derecho de accionar y se consolidan aquellas situaciones jurídicas pendientes de
solución.
51. En ese orden de ideas, para la Sala, contrario a lo afirmado por la demandante,
en la providencia censurada no se incurrió en defecto sustantivo.
52. Por otro lado, se evidencia que, la sentencia SU-016 de 202628 de la Corte
Constitucional, que se aduce como desconocida, carece de fuerza vinculante, en
tanto que, el asunto allí estudiado está relacionado con la falta de unificación
jurisprudencial por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado respecto de
26
Auto de 26 de junio de 2015, Exp. 25000-23-41-000-2014-01569-01(AG), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
27
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de julio de 2011, radicación: 21281.
28
M. P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
16
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04512-00
Accionante: Sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
la incidencia de la liquidación extemporánea del contrato estatal sobre el conteo del
término de caducidad de la acción de controversias contractuales, mas no, sobre
la aplicación de dicho fenómeno jurídico al medio de control de reparación directa,
cuando, como en el sub lite, aquel se contabiliza desde la fecha en que operó el
silencio administrativo.
53. Y, de todas formas, en el fallo reprochado, la autoridad judicial accionada citó
un pronunciamiento reciente de esta Corporación, en el que, en un caso de
similares características se arribó a la misma conclusión, así:
Por último, la Sala destaca que la decisión adoptada, se acompasa con lo resuelto en
un caso de similares características al que aquí se discute, en donde esta misma
Subsección C29 declaró la caducidad del medio de control de reparación directa porque
contabilizó el término desde la fecha en que operó el fenómeno del silencio
administrativo. Justamente, en esa oportunidad la Sala sostuvo:
“[…] En este orden de ideas, se observa que, mediante oficio del 18 de
noviembre de 2008, el representante legal de la sociedad DEMARCO Ltda.
solicitó al INCODER una prórroga del permiso de pesca industrial comercial
concedido mediante Resolución No. 00082 del 20 de enero de 2004 (hechos
probados 6.1.1. y 6.1.5.).
No obstante, se advierte que, al amparo de lo dispuesto en la normativa atrás
transcrita, el 18 de febrero de 2009 operó el fenómeno del silencio administrativo
negativo frente a dicha solicitud, toda vez transcurrieron más de tres (3) meses
desde la fecha en que se presentó la petición sin que se hubiese notificado a la
accionante de una decisión de la Administración que la resolviera.
Es así que en el sub examine, se tiene como extremo para contar la caducidad
de la acción de reparación directa el 18 de febrero de 2009, pues en esa fecha
la sociedad demandante pudo conocer de la tardanza en la autorización de la
prórroga al permiso de pesca industrial comercial industrial y, con ello, advertir
la presunta afectación patrimonial cuya indemnización se pretende en el
presente asunto litigioso. Además, no se allegó prueba al proceso que permita
determinar que la demandante se encontraba en imposibilidad de haber
conocido el daño para la fecha en que ocurrió”.
54. Así las cosas, se evidencia que, la providencia censurada no incurre en
desconocimiento del precedente.
55. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de diciembre
de 2024, Rad.: 62085.
17
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04512-00
Accionante: Sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
IV. DECISIÓN
56. La Sala considera que en el presente asunto la actora no acreditó que la
providencia de Veintisiete (27) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, hubiere incurrido en defecto
fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente. Por tal motivo, se negará la
solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación del Instituto de Movilidad de
Pereira, conforme a la motivación.
SEGUNDO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia invocados por la Sociedad Alejandro Orozco
Construcciones S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
(En permiso)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
18
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.