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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2021-00167-01

Fecha
27 de abril de 2026
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2021-00167-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA EN EL SERVICIO), al no haber atendido en el tiempo el ordenamiento jurídico en cuanto respecta a la aprobación y/o improbación del ‘Plan de Contingencia Vial del Proyecto Élite...’ iniciado desde el mes de septiembre de 2017; lo que conllevó al no aprovechamiento económico de los derechos de desarrollo y construcción que de conformidad con el Decreto 1077 de 2015 y demás normas concordantes, el Curador Primero Urbano de Pereira concedió a la sociedad convocante al aprobar de la Licencia Urbanística No 001173 del 19 de abril de 2016, de construcción 25 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril de 2010, Rad.: 18530. 14 Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1) Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro modalidad obra nueva; modificada mediante la Resolución 001576 de mayo 08 de 2017 y la Resolución de Modificación No 001772 de 20 de noviembre de 2017”. Ahora bien, se tiene que el artículo 83 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que “Transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa. En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la petición sin que esta se hubiere decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un (1) mes contado a partir de la fecha en que debió adoptarse la decisión. La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades. Tampoco las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya notificado auto admisorio de la demanda”. En este orden de ideas, se acreditó que, el 15 y 22 de septiembre de 2017, Alejandro Orozco Construcciones S.A.S. solicitó ante el Instituto de Movilidad y la Secretaría de Planeación de Pereira, respectivamente, la aprobación del “Plan de Contingencia Vial”. Posteriormente, el 18 de octubre de 2017, el precitado despacho le indicó a la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 66001-23-33-000-2021-00167-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

27 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)

REFERENCIA: REPARACIÓN DIRECTA
RADICACIÓN: 66001233300020210016701 (72091)
DEMANDANTE: ALEJANDRO OROZCO OCAMPO Y OTRO
DEMANDADO: MUNICIPIO DE PEREIRA

Tema: Afectación patrimonial por la imposibilidad de ejecutar un
proyecto urbanístico. Omisión en resolver oportunamente
solicitud de aprobación de “Plan de Contingencia Vial”. Silencio
administrativo. Caducidad del medio de control de reparación
directa. Condena en costas.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 29 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 19 de abril de 2016, el Curador Urbano primero de Pereira otorgó la licencia de
construcción No. 001173 a Alejandro Orozco Construcciones S.A.S., para el
desarrollo del proyecto urbanístico “Élite”. Posteriormente, el 15 y 22 de septiembre
de 2017, la sociedad accionante solicitó ante el Instituto de Movilidad de Pereira y
la Secretaría de Planeación del citado ente territorial, respectivamente, la
aprobación del “Plan de Contingencia Vial”, con el fin de desarrollar las obras de la
precitada construcción. Así las cosas, el 10 de octubre siguiente, la Dirección
Operativa de Control Físico de Pereira informó a Alejandro Orozco Ocampo que, de
acuerdo con concepto técnico rendido por la Dirección de Gestión del Riesgo
municipal (en adelante la “DIGER”), el predio donde se desarrollaría el proyecto
“Élite” se encontraba parcialmente delimitado como “zona de amenaza”.

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Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1)
Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

Seguidamente, el 18 de octubre de 2017, la Secretaría de Planeación de Pereira le
indicó a Alejandro Orozco Construcciones S.A.S. que no podía tramitar de fondo la
mencionada solicitud, hasta que la referida sociedad tomara medidas para mitigar
el riesgo asociado a la construcción del proyecto urbanístico “Élite”.

Entonces, el 31 de octubre de 2017, la sociedad demandante remitió a la Dirección
Operativa de Control Físico, a la Secretaría de Planeación y a la DIGER de Pereira
la documentación acreditando la adopción de las medidas indicadas, en aras de dar
continuidad al trámite del “Plan de Contingencia Vial”. Por su parte, el 23 de
noviembre de esa anualidad, la DIGER le informó a Alejandro Orozco
Construcciones S.A.S. que aún se encontraba revisando la documentación
correspondiente, por lo que amplió por 8 días hábiles el término para dar respuesta
a la referida petición. Finalmente, el 15 de enero de 2018, la Subsecretaría de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del precitado ente territorial indicó a la
sociedad accionante que analizaría nuevamente la solicitud de aprobación del “Plan
de Contingencia Vial”. No obstante, el municipio de Pereira nunca emitió respuesta
de fondo resolviendo dicha petición.

La sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S. y Alejandro Orozco Ocampo
consideran que el municipio de Pereira es patrimonialmente responsable por la
merma y/o aminoración patrimonial sufrida por la precitada sociedad, derivada de la
imposibilidad de ejecutar el proyecto de vivienda “Élite”, pues afirman que ello se
ocasionó debido a que el citado ente territorial no resolvió la solicitud de aprobación
del “Plan de Contingencia Vial del Proyecto Élite” de forma oportuna1.

1 Textualmente, en la demanda se solicita que: “el MUNICIPIO DE PEREIRA se avenga a reconocer

que es administrativamente responsable (FALLA EN EL SERVICIO), al no haber atendido en el
tiempo el ordenamiento jurídico en cuanto respecta a la aprobación y/o improbación del ‘Plan
de Contingencia Vial del Proyecto Élite...’ iniciado desde el mes de septiembre de 2017; lo que
conllevó al no aprovechamiento económico de los derechos de desarrollo y construcción que
de conformidad con el Decreto 1077 de 2015 y demás normas concordantes, el Curador Primero
Urbano de Pereira concedió a la sociedad convocante al aprobar de la Licencia Urbanística No
001173 del 19 de abril de 2016, de construcción modalidad obra nueva; modificada mediante la
Resolución 001576 de mayo 08 de 2017 y la Resolución de Modificación No 001772 de 20 de
noviembre de 2017”. (Se resalta)

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Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1)
Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 25 de junio de 20212, Alejandro Orozco Construcciones S.A.S. y Alejandro
Orozco Ocampo, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de
reparación directa, presentaron demanda contra el municipio de Pereira para que
fuera declarado patrimonialmente responsable por la merma y/o aminoración
patrimonial sufrida por la precitada sociedad, derivada de la imposibilidad de
ejecutar el proyecto de vivienda “Élite”, pues afirman que ello se ocasionó debido a
que dicho ente territorial no resolvió la solicitud de aprobación del “Plan de
Contingencia Vial del Proyecto Élite” de forma oportuna.

Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar al ente
territorial accionado a pagar, por daño a la vida de relación, 100 SMLMV a Alejandro
Orozco Ocampo; por daño a la salud, 50 SMLMV a Alejandro Orozco Ocampo; por
daño emergente, la suma de $1.535.713.039 a Alejandro Orozco Construcciones
S.A.S.; y por lucro cesante, la suma de $7.555.829.363 a Alejandro Orozco
Construcciones S.A.S.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 19 de abril de
2016, la Curaduría Urbana primera de Pereira otorgó la licencia de construcción
No. 001173, en la modalidad obra nueva, a Alejandro Orozco Construcciones
S.A.S., con el fin de desarrollar el proyecto de vivienda “Élite” en el predio
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 290-48548 y ubicado en la
calle 14 “con carreras 19 y 20” de ese municipio.

Sostiene que el 14 de septiembre de 2017, la sociedad accionante solicitó ante el
Instituto de Movilidad de Pereira la aprobación del “Plan de Manejo de Tránsito” para
desarrollar las obras del proyecto urbanístico “Élite”.

2 Índices 1 y 8, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.

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Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1)
Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

Manifiesta que, el 22 de septiembre de 2017, Alejandro Orozco Construcciones
S.A.S. radicó ante la Secretaría de Planeación de Pereira, como integrante de la
Comisión de Vías, Tránsito y Transporte del municipio, solicitud de “licencia de
intervención y ocupación del espacio público” para llevar a cabo la construcción del
mencionado proyecto de vivienda.

Indica que el 18 de octubre de 2017, la Secretaría de Planeación del precitado ente
territorial dio respuesta a la anterior petición, manifestando que no era posible
tramitar el “Plan de Contingencia Vial Proyecto Élite”, dado que, de acuerdo con
concepto técnico emitido por la DIGER, se identificaron riesgos relacionados con la
inestabilidad del suelo en el predio donde se realizaría el proyecto urbanístico.

Señala que, como consecuencia de lo anterior, la referida autoridad le indicó a la
sociedad accionante que para dar trámite al “Plan de Contingencia Vial” era
necesario que aquella tomara acciones preventivas para mitigar los riesgos
geológicos detectados por la DIGER.

Relata que el 26 y 30 de octubre de 2017, Alejandro Orozco Construcciones S.A.S.
remitió a la Secretaría de Planeación de Pereira la documentación acreditando la
adopción de las medidas indicadas anteriormente, en aras de dar continuidad al
trámite del “Plan de Contingencia Vial”.

Afirma que el 23 de noviembre de 2017, la DIGER informó a la sociedad
demandante que la documentación aportada aun continuaba en revisión, por lo que,
de momento no era posible emitir una respuesta de fondo frente a la aprobación de
dichos documentos y, así, poder continuar con el trámite del “Plan de Contingencia
Vial”. En consecuencia, el ente territorial amplió por 8 días hábiles el término para
resolver la precitada petición.

Sostiene que, mediante Oficio del 13 de diciembre de 2017, la DIGER manifestó a
la Dirección Operativa de Control Físico de Pereira que Alejandro Orozco
Construcciones S.A.S. había acogido las recomendaciones efectuadas para mitigar
los riesgos geológicos asociados a la construcción del “Proyecto Élite”, con

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Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1)
Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

excepción de la observación sobre el “Plan de prevención, preparación y respuesta
ante emergencias”.

Indica que el 15 de enero de 2018, la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo del referido ente territorial informó a la sociedad accionante que
analizaría nuevamente la solicitud de aprobación del “Plan de Contingencia Vial
para el Proyecto Élite” y que, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos
exigidos, el caso sería sometido a consideración de la Comisión de Vías, Tránsito y
Transporte o, en su defecto, en caso de encontrarse observaciones, aquellas se le
comunicarían oportunamente.

Afirma que, mediante Resolución No. 000124 del 18 de mayo de 2018, el Curador
Urbano Primero de Pereira, a solicitud de la sociedad demandante, prorrogó por 12
meses la vigencia de la licencia de construcción No 001173 del 19 de abril de 2016,
esto es, hasta el 19 de mayo de 2019.

Sostiene que, durante la vigencia de la licencia de construcción, Alejandro Orozco
Construcciones S.A.S. inició el desarrollo del proyecto urbanístico “Élite”, el cual
debió ser suspendido por la omisión del municipio de Pereira en resolver la solicitud
de aprobación del “Plan de Contingencia Vial del Proyecto Élite”, desde septiembre
de 2017.

La sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S. y Alejandro Orozco Ocampo
consideran que el municipio de Pereira es administrativamente responsable por la
merma y/o aminoración patrimonial sufrida por la precitada sociedad, derivada de la
imposibilidad de ejecutar el proyecto de vivienda “Élite”, pues afirman que ello se
ocasionó debido a la omisión del ente territorial en dar respuesta a la solicitud de
aprobación del “Plan de Contingencia Vial del Proyecto Élite” de forma oportuna.

Textualmente, en la demanda se solicita que: “el MUNICIPIO DE PEREIRA se
avenga a reconocer que es administrativamente responsable (FALLA EN EL
SERVICIO), al no haber atendido en el tiempo el ordenamiento jurídico en
cuanto respecta a la aprobación y/o improbación del ‘Plan de Contingencia
Vial del Proyecto Élite...’ iniciado desde el mes de septiembre de 2017; lo que

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Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1)
Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

conllevó al no aprovechamiento económico de los derechos de desarrollo y
construcción que de conformidad con el Decreto 1077 de 2015 y demás
normas concordantes, el Curador Primero Urbano de Pereira concedió a la
sociedad convocante al aprobar de la Licencia Urbanística No 001173 del 19 de
abril de 2016, de construcción modalidad obra nueva; modificada mediante la
Resolución 001576 de mayo 08 de 2017 y la Resolución de Modificación No 001772
de 20 de noviembre de 2017”. (Se resalta)

2. Contestación

El 15 de octubre de 20213, el Tribunal Administrativo de Risaralda admitió la
demanda y ordenó su notificación a la demandada y al ministerio público.

2.1. El municipio de Pereira4 se opuso a las pretensiones de la demanda,
argumentando que no fue posible tramitar la solicitud de aprobación del “Plan de
Contingencia Vial” dado que la construcción del proyecto de vivienda “Élite”
presentaba distintas dificultades técnicas y jurídicas que impedían el adecuado
desarrollo del mismo. Añadió que presentó una demanda de nulidad contra la
licencia de construcción N° 001173 del 19 de abril de 2016, la cual cursa ante el
Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira. Formuló las excepciones de inexistencia
del daño, ausencia de nexo de causalidad, “carga de la prueba” y la “innominada”.
En escrito aparte, llamó en garantía a La Previsora S.A.

2.2. La Previsora S.A.5, llamada en garantía por el municipio de Pereira6, se opuso
a las pretensiones, manifestando que no se configuró la falla del servicio endilgada
al ente territorial, toda vez que sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de
las funciones que legalmente le habían sido conferidas y en procura del interés
general. Propuso las excepciones que denominó como “[…] inexistencia del daño
antijuridico”, “inexistencia del nexo causal”, “ausencia de fundamento probatorio”,
“tasación excesiva de perjuicios”, “falta de integración del litisconsorcio necesario”
frente a la curaduría primera urbana de Pereira, “coadyuvancia” y la “innominada”.

3 Índice 11, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.
4 Índice 18, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.
5 Índice 29, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.
6 Índice 22, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda. Mediante auto del 26 de mayo de 2022, el

precitado tribunal aceptó el llamado en garantía realizado por el municipio de Pereira.

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Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

Con respecto al llamamiento garantía, formuló las excepciones de “ausencia de
cobertura por no ser funciones del municipio la expedición de licencias urbanísticas”,
inexistencia de interés asegurable, ausencia de responsabilidad del municipio de
Pereira, exclusión y límite de responsabilidad, límite de valor asegurado, y
“condiciones generales y exclusiones de la póliza”. En escrito aparte7, llamó en
garantía a Liberty Seguros S.A. y Seguros del Estado S.A.

2.3. Seguros del Estado S.A.8, llamada en garantía por La Previsora S.A.9, sostuvo
que no se se acreditó la falla del servicio endilgada al municipio de Pereira, dado
que el ente territorial actuó dentro del marco legal de sus funciones y procurando el
interés general. Propuso las excepciones que denominó “[…] inexistencia de daño
antijuridico”, “inexistencia del nexo causal”, “ausencia de fundamento probatorio”,
“tasación excesiva de perjuicios”, “falta de integración de litis consorcio necesario”
frente a la Curaduría Primera Urbana de Pereira, “coadyuvancia” e “innominada”.

Con respecto al llamamiento garantía, formulo las excepciones de “Ausencia de
cobertura por no ser funciones del municipio la expedición de licencias urbanísticas”,
“[…] inexistencia de interés asegurable”, “[…] ausencia de responsabilidad directa
del municipio de Pereira”, “exclusión de la póliza de responsabilidad”, “póliza en
modalidad de coaseguro y por lo tanto límite de responsabilidad máxima”, “límite de
valor asegurado”, “disponibilidad de valor asegurado […]” y “condiciones generales
y exclusiones de la póliza”.

2.4. Liberty Seguros S.A.10, llamada en garantía por La Previsora S.A., coadyuvó
los argumentos expuestos por el municipio de Pereira en la contestación de la
demanda. Adicionalmente, manifestó que no se acreditó el daño antijuridico ni el
nexo de causalidad entre aquel y alguna actuación desplegada por el precitado ente
territorial, dado que el proyecto urbanístico “Élite” presentaba distintos
impedimentos jurídicos y técnicos para su desarrollo. Propuso las excepciones que
denominó “hecho de la víctima/exposición al riesgo”, “inexistencia del daño
antijuridico en cabeza del municipio de Pereira”, “inexistencia de relación causal”,

7 Índice 29, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.
8 Índice 38, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.
9 Índice 31, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda. Mediante auto del 7 de febrero de 2023, el

referido tribunal aceptó el llamado en garantía realizado por La Previsora S.A.
10 Índice 39, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.

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Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1)
Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

“ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad”, “improcedencia de
aplicación de fundamento de falla en el servicio”, “relatividad de la falla en el
servicio”, “falta de prueba para reclamar perjuicios materiales en la modalidad de
lucro cesante”, “falta de prueba de perjuicio a la salud”, “eliminación del daño a la
vida de relación como categoría indemnizable por el Consejo de Estado”, “cobro
excesivo de perjuicios” y la “genérica”.

Con respecto al llamamiento en garantía, formuló las excepciones que denominó
“sujeción de las partes al contrato de seguro”, “límite de responsabilidad”,
“inexistencia de solidaridad”, “existencia de coaseguro cedido”, “deducible a cargo
del asegurado” y la “genérica”.

3. Audiencia inicial

El 19 de septiembre de 202311 el Tribunal Administrativo de Risaralda celebró la
audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, decretó pruebas y fijó
el objeto del litigio.

Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio señaló que se circunscribiría
a determinar los siguientes problemas jurídicos: “Principales: ¿Se genera daño
antijurídico por efecto de la omisión en la aprobación o improbación de planes de
contingencia vial estipulados en el artículo 101 del Código Nacional de Tránsito,
como requisito previo a la ejecución de construcción que cuenta con la respectiva
licencia? ¿Constituye fuente de daño antijurídico que una entidad estatal limite o
modifique la naturaleza del bien, que restringir su uso y goce, mediante la adopción
de medidas legítimas dirigidas a la protección del medio ambiente? Subsidiarios: en
caso de determinarse los elementos de la responsabilidad: ¿Quién está legitimado
materialmente en la causa por pasiva en este tipo de asuntos? ¿Cuál es la forma
en que deben determinarse los perjuicios en reclamaciones de esta naturaleza?
Asunto a resolver: Se debe determinar si la demandada es responsable
administrativa y patrimonialmente por los perjuicios causados a los demandantes
por una presunta falla en el servicio al no haber atendido en el tiempo del
ordenamiento jurídico la aprobación y/o improbación del ‘Plan de Contingencia Vial

11 Índice 60, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.

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Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1)
Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

del Proyecto Élite’, iniciado desde el mes de septiembre de 2017; lo que aduce,
impidió el aprovechamiento de los derechos de desarrollo y construcción de obra
nueva reconocidos por el Curador Primero Urbano de Pereira en la licencia
urbanística No. 001173 del 19 de abril de 2016. De ahí que, considera que dicha
actuación les ocasionó perjuicios de índole material e inmaterial que deben ser
reconocidos y pagados por parte del municipio accionado; o si, por el contrario,
como lo sostiene la parte demandada, dicha actuación se encuentra justificada en
la necesidad de evitar un riesgo ambiental para la comunidad”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 21 de noviembre de 202312 se corrió traslado a las partes y al ministerio público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte actora13, Seguros del Estado S.A.14, La Previsora S.A.15 y Liberty
Seguros S.A.16, reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en sus
contestaciones, respectivamente.

4.2. El municipio de Pereira y el ministerio público guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 29 de agosto de 202417 el Tribunal Administrativo de
Risaralda negó las pretensiones de la demanda, al constatar que la parte
demandante no acreditó la causación del daño reclamado ni su antijuridicidad. En
sustento, afirmó que lo probado en el proceso permitió evidenciar que el municipio
de Pereira informó en reiteradas ocasiones a la sociedad Alejandro Orozco
Construcciones S.A.S. la imposibilidad de tramitar la solicitud del “Plan de
Contingencia Vial”, debido a la existencia de distintos impedimentos jurídicos y
técnicos que imposibilitaban el debido desarrollo del proyecto urbanístico “Élite”.

12 Índice 71, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.
13 Archivo “60_060ALEGATOSDEMANDANTE”, índice 74, Samai, Tribunal Administrativo de
Risaralda.
14 Archivo “61_061ALEGATOSSEGUROSESTADO”, índice 74, Samai, Tribunal Administrativo de

Risaralda.
15 Archivo “62_062ALEGATOSPREVISORA”, índice 74, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.
16 Archivo “63_063ALEGATOSLIBERTY”, índice 75, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.
17 Índice 82, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.

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Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1)
Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

Asimismo, sostuvo que el sometimiento a los trámites previstos para la obtención
de un permiso, así como el cumplimiento de las normas urbanísticas, constituye una
carga para quienes lleven a cabo proyectos de construcción.

Al efecto indicó lo siguiente: “En el asunto bajo examen, existieron razones jurídicas
atinentes a riesgos ambientales y del suelo ajenas a la entidad territorial que
impidieron resolver la petición favorable en la aprobación del plan de manejo de
tránsito del proyecto urbanístico denominado Élite, que contrario a lo aseverado por
los demandantes, sí fue informado a lo largo del procedimiento […]. Es decir, entre
septiembre 2017 a enero de 2018, se le reiteró la inviabilidad de dar curso a la
solicitud de la licencia de intervención y ocupación de transporte o plan de
contingencia vial dentro del proyecto Élite. […] En efecto, advierte la Sala que dichas
situaciones fueron las que imposibilitaron dar trámite a la solicitud de la licencia de
intervención y ocupación del espacio público o plan de manejo de transporte del
proyecto habitacional, en tanto se decide sobre la legalidad de la licencia de
construcción, al encontrar anomalías no previstas desde su otorgamiento,
actuaciones que se encuentran justificadas a la luz del principio de precaución y que
se itera fueron comunicadas a la parte actora, incluso al solicitarle el consentimiento
para proceder a la revocatoria directa de la licencia de construcción. […] A juicio de
la Sala no procede endilgar responsabilidad al Estado por la actuación adelantada
por el municipio de Pereira, en la medida en que el sometimiento a los trámites
establecidos para la obtención de diferentes permisos, los cuales incluyen la
facultad de controvertir las decisiones para el otorgamiento de la licencia
urbanística, constituye una carga que deben soportar quienes se encuentren en
procesos constructivos, en pro de respetar las normas urbanísticas que están
dispuestas en el ordenamiento jurídico”.

Finalmente, el Tribunal Administrativo de Risaralda no condenó en costas.

5. Recurso de apelación

El 13 de septiembre de 202418, la parte demandante interpuso recurso de apelación,

18 Índice 86, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda. Se advierte que el recurso fue presentado

el 12 de septiembre de 2024 a las 5:47 p.m., por lo que se tiene radicado el día hábil siguiente.

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Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1)
Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

el cual fue concedido el 15 de octubre de 202419 y admitido el 22 de noviembre de
202420.

5.1. La recurrente argumentó que, contrario a lo considerado por el a quo, en el
plenario se acreditó la causación del daño consistente en la “falta de diligencia en
emitir la respuesta de manera concreta sobre la expedición del plan de movilidad”, lo
que conllevó a que la sociedad demandante no pudiera desarrollar el proyecto
urbanístico “Élite”.

De hecho, textualmente sostuvo: “El daño en el presente caso aparece acreditado y
consiste en la falta de diligencia en emitir la respuesta de manera concreta sobre la
expedición del plan de movilidad, para que la parte actora pudiera hacer o no
efectivo el derecho que le asistía frente a la licencia de construcción expedida por
el Curador Primero de Pereira, misma contenida en un acto administrativo de (sic)
goza de presunción de legalidad. […] A la fecha mis mandantes siguen esperando
que se reúna la Comisión y se envíe la respuesta. La administración municipal tenía
la obligación de responder la petición hecha, y no lo hizo, contrariando el art 23 de
la Constitución Política y el artículo 1º de la ley 1755 de 2015, normatividad que
obliga a las autoridades a dar respuesta a las peticiones formulados por los
ciudadanos. Así las cosas, en el presente caso estamos ante una evidente violación
de los derechos fundamentales, en especial el de petición y el debido proceso,
ocasionada por la ausencia de respuesta por parte de la administración […] su
omisión constituye la causa del daño antijurídico cuya reparación se pretende”. (se
subraya)

6. Trámite en segunda instancia

Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria del
auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 5° del artículo 247 del CPACA21, modificado por el artículo 67 de la Ley

19 Índice 91, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.
20 Índice 3, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.
21 “Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se

tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento (…): 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una
vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá

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Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1)
Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en segunda
instancia.

6.1. El ministerio público22 conceptuó que debían negarse las pretensiones de la
demanda, dado que no se acreditó la consolidación del daño alegado, toda vez que
se probó que la sociedad accionante fue quien incumplió los requerimientos
efectuados por el municipio de Pereira para dar trámite a la solicitud de aprobación
del “Plan de Contingencia Vial”.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia del 29 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera
la exigida de 1000 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta
Corporación23, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150, 152 y 157 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Medio de control procedente

Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación, la fuente del daño que origina la
reclamación de perjuicios al Estado es la que determina la acción judicial procedente
para acudir al órgano judicial o, en otras palabras, la fuente de la controversia es lo
que define el tipo de acción judicial que debe promoverse, así como la técnica para la
formulación de las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para
hacerlas valer por vía jurisdiccional24.

un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El
secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días
siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso”.
22 Índice 11, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.
23 El valor de las pretensiones se estima en la suma de $3.072.426.262.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de febrero de 2001, Rad.: 17769; Sentencia

del 12 de mayo de 2011, Rad.: 26758; Sentencia del 7 de junio de 2007, Rad.: 16474.

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Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

De modo que la escogencia de las acciones en ejercicio de las cuales se deben
tramitar los asuntos de conocimiento de esta jurisdicción no depende de la
discrecionalidad del demandante, sino del origen del perjuicio alegado y del fin
pretendido. Esta circunstancia tiene evidentes efectos en el ejercicio de defensa y
contradicción del demandado, de manera que escoger indebidamente la acción
procesal no puede entenderse como un simple defecto formal de la demanda, sujeto
a la corrección del juez de conocimiento25.

De esta forma, la pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para
perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño
invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra
actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo
dispone el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

En el sub examine, los demandantes pretenden la declaratoria de responsabilidad
del municipio de Pereira por la merma y/o aminoración patrimonial sufrida por la
sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S., derivada de la imposibilidad de
ejecutar el proyecto de vivienda “Élite”, pues afirman que ello se ocasionó debido a
que dicho ente territorial no resolvió la solicitud de aprobación del “Plan de
Contingencia Vial del Proyecto Élite” de forma oportuna y por tanto no pudieron
ejercer los derechos que le concedía la licencia de construcción. De hecho, en el
libelo introductorio textualmente se solicita declarar que: “el MUNICIPIO DE
PEREIRA se avenga a reconocer que es administrativamente responsable (FALLA
EN EL SERVICIO), al no haber atendido en el tiempo el ordenamiento jurídico en
cuanto respecta a la aprobación y/o improbación del ‘Plan de Contingencia Vial del
Proyecto Élite...’ iniciado desde el mes de septiembre de 2017; lo que conllevó al no
aprovechamiento económico de los derechos de desarrollo y construcción que de
conformidad con el Decreto 1077 de 2015 y demás normas concordantes, el
Curador Primero Urbano de Pereira concedió a la sociedad convocante al aprobar
de la Licencia Urbanística No 001173 del 19 de abril de 2016, de construcción

25 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril de 2010, Rad.: 18530.

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Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1)
Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

modalidad obra nueva; modificada mediante la Resolución 001576 de mayo 08 de
2017 y la Resolución de Modificación No 001772 de 20 de noviembre de 2017”.

Ahora bien, se tiene que el artículo 83 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo dispone que “Transcurridos tres (3) meses
contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado
decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa. En los casos en que
la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la petición sin que
esta se hubiere decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un (1)
mes contado a partir de la fecha en que debió adoptarse la decisión. La ocurrencia
del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades.
Tampoco las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el
interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto, o que habiendo
acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya notificado
auto admisorio de la demanda”.

En este orden de ideas, se acreditó que, el 15 y 22 de septiembre de 2017, Alejandro
Orozco Construcciones S.A.S. solicitó ante el Instituto de Movilidad y la Secretaría
de Planeación de Pereira, respectivamente, la aprobación del “Plan de Contingencia
Vial”. Posteriormente, el 18 de octubre de 2017, el precitado despacho le indicó a la
sociedad demandante que no podía tramitar de fondo la mencionada solicitud, hasta
que aquella adoptara medidas para mitigar el riesgo asociado a la construcción del
proyecto urbanístico “Élite”. En consecuencia, el 31 de octubre siguiente, Alejandro
Orozco Construcciones S.A.S. radicó ante la DIGER y la Secretaría de Planeación
de Pereira la documentación acreditando la adopción de medidas preventivas de
gestión del riesgo, en aras de dar continuidad al trámite del “Plan de Contingencia
Vial”. Por su parte, el 23 de noviembre de 2017, la DIGER le informó a la sociedad
accionante que aún se encontraba revisando la documentación correspondiente,
por lo que amplió por 8 días hábiles el término para dar respuesta a la petición. No
obstante, se observa que el municipio de Pereira no emitió pronunciamiento
resolviendo la solicitud de aprobación del “Plan de Contingencia Vial” (hechos
probados 6.1.5, 6.1.8, 6.1.10 y 6.1.12).

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Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1)
Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

Así las cosas, se advierte que, al amparo de lo dispuesto en la normativa atrás
transcrita, transcurridos más de tres (3) meses desde la fecha en que Alejandro
Orozco Construcciones S.A.S. presentó la documentación requerida para tramitar
el “Plan de Contingencia Vial” sin que se hubiese notificado a la sociedad accionante
una decisión del municipio de Pereira que la resolviera, operó el fenómeno del
silencio administrativo, configurándose así un acto administrativo ficto.

Al efecto, debe advertirse que las pretensiones formuladas por el extremo activo no
apuntan a cuestionar la legalidad del referido acto administrativo, lo que supondría,
en principio que el medio de control procedente sería el de nulidad y
restablecimiento del derecho, sino que se dirigen a obtener la declaratoria de
responsabilidad del municipio de Pereira por: “no haber atendido en el tiempo el
ordenamiento jurídico en cuanto respecta a la aprobación y/o improbación del “Plan
de Contingencia Vial del Proyecto Élite...” iniciado desde el mes de septiembre de
2017; lo que conllevó al no aprovechamiento económico de los derechos de
desarrollo y construcción que de conformidad con el Decreto 1077 de 2015 y demás
normas concordantes, el Curador Primero Urbano de Pereira concedió a la sociedad
convocante al aprobar de la Licencia Urbanística No 001173 del 19 de abril de
2016”, lo que comportó una “falla en el servicio” por la “omisión de dar respuesta de
fondo a un trámite radicado desde el año 2017”.

En efecto, de acuerdo con lo anterior, el hecho dañoso no corresponde al acto
administrativo ficto, frente al cual la parte accionante no formuló reparo alguno, sino
a la merma patrimonial derivada de la imposibilidad de ejercer los derechos de
desarrollo urbanístico sobre un lote donde se pretendía ejecutar el proyecto de
vivienda “Élite”, debido a la omisión de la mencionada entidad territorial en resolver
oportunamente la solicitud del “Plan de Contingencia Vial” presentada por Alejandro
Orozco Construcciones S.A.S.

De esta forma, el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se
reclama la reparación de un daño por una omisión imputable al municipio de Pereira,
consistente en no resolver de forma oportuna la solicitud de aprobación del “Plan de
Contingencia Vial del Proyecto Élite”.

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3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el derecho de accionar se ejerció
oportunamente o si, por el contrario, la pretensión de reparación directa se
encontraba caducada al momento de la presentación de la demanda.

4. Solución al problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester exponer unas consideraciones
generales sobre la vigencia del medio de control de reparación directa.

5. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes, ni la sentencia estimó que tal fenómeno se
produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en el tiempo oportuno
por cuanto se trata de un presupuesto procesal26.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general27, estableció unos plazos para poder ejercer

26 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
27 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”

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Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1)
Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las
situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción28, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el anverso,
la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al

28 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos”.

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Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1)
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ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure29 que opera
por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para
hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia30,
cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley
procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Esta concepción
de límite temporal de la figura en comento, sin embargo, opera en favor del
accionado y en contra del accionante que acude tarde a hacer efectivo su derecho
de acción, pues implica reconocer que el derecho a demandar se perdió, en tanto
el accionado lo puede proponer como medio exceptivo o el juez reconocer o declarar
de oficio.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, señala que el medio de control de reparación directa deberá
presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al
de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

6. Caso en concreto

En el recurso de apelación formulado contra la sentencia del 29 de agosto de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de
la demanda, la parte demandante argumentó que, contrario a lo considerado por el a
quo, en el plenario se acreditó la causación del daño consistente en la “falta de
diligencia en emitir la respuesta de manera concreta sobre la expedición del plan de

29 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
30 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.

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Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1)
Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

movilidad”, lo que conllevó a que la sociedad demandante no pudiera desarrollar el
proyecto urbanístico “Élite”.

De hecho, textualmente sostuvo: “El daño en el presente caso aparece acreditado y
consiste en la falta de diligencia en emitir la respuesta de manera concreta sobre la
expedición del plan de movilidad, para que la parte actora pudiera hacer o no
efectivo el derecho que le asistía frente a la licencia de construcción expedida por
el Curador Primero de Pereira, misma contenida en un acto administrativo de (sic)
goza de presunción de legalidad. […] A la fecha mis mandantes siguen esperando
que se reúna la Comisión y se envíe la respuesta. La administración municipal tenía
la obligación de responder la petición hecha, y no lo hizo, contrariando el art 23 de
la Constitución Política y el artículo 1º de la ley 1755 de 2015, normatividad que
obliga a las autoridades a dar respuesta a las peticiones formulados por los
ciudadanos. Así las cosas, en el presente caso estamos ante una evidente violación
de los derechos fundamentales, en especial el de petición y el debido proceso,
ocasionada por la ausencia de respuesta por parte de la administración […] su
omisión constituye la causa del daño antijurídico cuya reparación se pretende”.

No obstante, antes de estudiar si el daño alegado es atribuible a la demandada, se
analizará si el medio de control de reparación directa se presentó en tiempo, pues
de no haber sido así habrá lugar a declarar probada de oficio dicha excepción y, por
sustracción de materia, no podrán estudiarse los demás presupuestos procesales
ni el fondo del asunto.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si la demanda se presentó en tiempo.

6.1. Hechos probados31

Antes de señalar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
expediente, es pertinente indicar que se valorarán sin restricción alguna las pruebas

31 La Sala considera que se debe dar mérito probatorio a las copias simples aportadas al proceso,

conforme al precedente jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección Tercera, que estableció que
es posible apreciar las copias si las mismas han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas
a los principios de contradicción y de defensa de las partes, conforme a los principios de lealtad
procesal y buena fe que deben conducir toda la actuación judicial. Consejo de Estado, Sala Plena
de la Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad. 25022.

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Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1)
Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

trasladadas del proceso de nulidad simple No. 66001-33-33-004-2018-00040-0032,
acumulado con el No. 66001-33-33-005-2018-000-38-0032, peticionada por la parte
demandada, decretadas en debida forma, allegadas mediante oficio del 10 de
octubre de 2023 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira33 e incorporadas
al expediente contencioso en audiencia de practica de pruebas en la que la parte
actora quedó notificada y manifestó no formular recurso alguno contra la
actuación34.

De conformidad con los medios probatorios allegados oportuna y válidamente al
proceso, se demostraron los siguientes hechos:

6.1.1. Se probó que, el 19 de abril de 2016, el curador urbano primero de Pereira,
concedió la licencia de construcción No. 001173, en modalidad de obra nueva, a
Alejandro Orozco Construcciones S.A.S., respecto del predio identificado con el folio
de matrícula inmobiliaria No. 290-48548 y ubicado en el barrio Los Álamos de esa
ciudad. Esto, con el fin de desarrollar el proyecto de “vivienda multifamiliar tres pisos
y un sótano: local comercial (24,20 m2) y 6 apartamentos (421.46 m2), con un área
total construida de 445.66 m2”. De ello, da cuenta copia auténtica de dicha
Resolución35.

6.1.2. Consta que, mediante Resolución No. 001576 del 8 de mayo de 2017, el
curador urbano primero de Pereira modificó la anterior licencia de construcción y,
en consecuencia, amplió el área del proyecto de vivienda “Élite”. De ello, da cuenta
copia auténtica de la precitada Resolución36.

6.1.3. Se demostró que el 15 de septiembre de 2017, el representante legal de
Alejandro Orozco Construcciones S.A.S. solicitó ante el Instituto de Movilidad de
Pereira la aprobación del “Plan de Manejo de Tránsito” para el desarrollo de la obra

32 Índice 64, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.
33 Ibidem.
34 Índice 67, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.
35 Archivo “2_REPARTOYRADICACION_EXPEDIENTE_ANEXOS”, Pág. 62 a 65, índice 1, Samai,

Tribunal Administrativo de Risaralda.
36 Archivo “2_REPARTOYRADICACION_EXPEDIENTE_ANEXOS”, Pág. 55 a 59, índice 1, Samai,

Tribunal Administrativo de Risaralda.

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Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1)
Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

“Multifamiliar y Comercial Edificio Élite”. De ello, da cuenta copia simple del referido
escrito37.

6.1.4. Consta que, mediante Oficio No. 23266 del 20 de septiembre de 2017, la
DIGER rindió concepto técnico sobre el proyecto de vivienda “Élite” ante la Dirección
Operativa de Control Físico de Pereira. Allí, se advirtió que el suelo donde pretendía
desarrollarse el proyecto urbanístico prestaba condiciones de riesgo geológico que
podían afectar la obra, así como las vías y la red de acueducto aledañas. Por lo
anterior, en el concepto se concluyó que resultaba necesario la adopción de
acciones para mitigar el riesgo identificado. De ello, da cuenta copia simple del
precitado concepto38.

6.1.5. Se probó que, a través de Oficio No. 44119-2017 del 22 de septiembre de
2017, la sociedad demandante solicitó ante la Secretaría de Planeación de Pereira
la aprobación de la licencia de “intervención y ocupación del espacio público” y de
“intervención malla vial”, según da cuenta copia simple del referido escrito39.

6.1.6. Se comprobó que, mediante Oficio No. 40203 del 22 de septiembre del 2017,
la Dirección Operativa de Control Físico de Pereira remitió a Alejandro Orozco
Ocampo las recomendaciones efectuadas por la DIGER en el concepto técnico
rendido el 20 de septiembre de 2017, advirtiéndole que “presuntamente” el predio
donde se desarrollaría el proyecto de vivienda “Élite” se encontraba parcialmente
delimitado como zona de amenaza. Por lo anterior, requirió a la sociedad
demandante para que tomara las medidas pertinentes para mitigar los riesgos
advertidos. De ello, da cuenta copia simple del precitado oficio40, de cuyo contenido
se destaca:

“Así las cosas, teniendo en cuenta las condiciones de amenaza y
vulnerabilidad inherentes al escenario de riesgo debido a la ejecución del

37 Archivo “1_REPARTOYRADICACION_EXPEDIENTE_ESCRITOMEDIOCONTROLP”, Pág. 38 y

39, índice 1, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.
38 Archivo “13_013ANEXOSCONTESTACION”, Pág. 76 a 80, índice 19, Samai, Tribunal

Administrativo de Risaralda.
39 Archivo “1_REPARTOYRADICACION_EXPEDIENTE_ESCRITOMEDIOCONTROLP”, Pág. 40,

índice 1, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.
40 Archivo “03Cuaderno1-2Principal.pdf”, carpeta “C01Principal”, Pág. 247 y 248, link One Drive,

archivo “45_045RESPUESTAJ4ADMPERPD(.pdf)”, índice 64, Samai, Tribunal Administrativo de
Risaralda.

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Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1)
Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

proyecto Élite, se solicita comedidamente el acato de las siguientes
apreciaciones:

• Certificar de manera oficial el trazado del Colector Quebrada La Dulcera
entre el eje de la Avenida Calle 14 y 50 metros lineales colector aguas
arriba.
• Diseñar e implementar el plan de obras de estabilización de los taludes.
• Diseñar e implementar el plan de obras y acciones de protección de las
infraestructuras colindantes,
• Diseñar e implementar, de ser necesario, planes de contingencia ante
posibles fallos en las infraestructuras de tránsito, de acueducto y del
Colector Quebrada La Dulcera.
• Certificar que los estudios de suelos y diseños de la obra tiene (sic) en
cuenta las condiciones de espesores de llenos antrópicos y los depósitos
fluvio-torrenciales. […]

Por lo tanto, este despacho realiza la siguiente aclaración; en aras de
proteger el interés público y de realizar la ejecución del respectivo control
urbanístico, comedidamente sugiere se tenga en cuenta por su parte las
recomendaciones mencionadas anteriormente que realiza la (DIGER)
Dirección de Gestión del riesgo, con el fin de mitigar la presunta amenaza y
vulnerabilidad que puede llegar a obtener la construcción del proyecto en
mención.

Adicionalmente este despacho le solicita, se nos informe las acciones
preventivas que se tomaran por parte del constructor con el fin de mitigar el
posible riesgo inminente que se evidencia por parte de la (DIGER) Dirección
de Gestión del riesgo”.

6.1.7. Se acreditó que, mediante Oficio No. 43099 del 10 de octubre de 2017, la
Dirección Operativa de Control Físico de Pereira remitió nuevamente a Alejandro
Orozco Ocampo las recomendaciones efectuadas por la DIGER en el concepto
técnico rendido el 20 de septiembre de 2017. Esto, en atención a que la sociedad
accionante aún no había dado respuesta al requerimiento efectuado el 22 de
septiembre de 2017. En consecuencia, el referido despacho solicitó al señor Orozco
Ocampo que informara de forma inmediata las acciones preventivas que tomaría
para mitigar el riesgo inminente sobre el proyecto urbanístico “Élite”. De ello, da
cuenta copia simple del precitado oficio41.

6.1.8. Consta que, mediante Oficio No. 44162 del 18 de octubre de 2017, la
Secretaría de Planeación de Pereira informó a Alejandro Orozco Construcciones
S.A.S. que, de acuerdo con el concepto técnico emitido por la DIGER el 20 de
septiembre de 2017, no podía tramitar de fondo la solicitud de aprobación del “Plan

41 Archivo “1_REPARTOYRADICACION_EXPEDIENTE_ESCRITOMEDIOCONTROLP”, Pág. 55 y

56, índice 1, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.

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de Contingencia Vial” hasta que “se adelanten las acciones pertinentes para la
mitigación del riesgo, o se certifique que no existe ningún impedimento técnico y/o
jurídico para el adecuado desarrollo del proyecto”. De ello, da cuenta copia simple
del precitado oficio42, de cuyo contenido se destaca:

“En atención solicitud de aprobación de Plan de Contingencia Vial del Proyecto Élite,
[…] nos permitimos informarle lo siguiente:

Dicha solicitud no podrá surtir el trámite de fondo respectivo ante la Comisión de Vías,
Tránsito y Transporte, teniendo en cuenta que por concepto técnico emitido por la
Dirección Operativa de Gestión de Riesgo DIGER, mediante oficio No. 23266 del 20
de septiembre 2017, trasladado a este despacho mediante oficio No. 43099 del 10 de
octubre 2017, se hace necesario que se desarrollen acciones tendientes a mitigar las
condiciones de riesgo latentes en el predio en mención, el cual amenaza la estabilidad
del andén y la calzada de la Avenida Calle 14 por encontrarse en un predio con
condición de suelo inestable.

La falta de trámite para una posterior aprobación del plan de contingencia vial, se
encuentra sustenta (sic) tanto en el concepto técnico emitido por DIGER, como en el
principio de precaución, el cual respalda la adopción de medidas protectoras ante
incertidumbre de hechos o acciones que crean un riesgo grave para la salud pública
o el medio ambiente, pero sin que se cuente todavía con una prueba definitiva de tal
riesgo. […]

2. De igual manera le informamos que una vez se adelanten las acciones pertinentes
para la mitigación del riesgo, o se certifique que no existe ningún impedimento técnico
y/o jurídico para el adecuado desarrollo del proyecto, se analizará la información
suministrada para la revisión del plan de contingencia vial en la Comisión de Vías,
Tránsito y Transporte”.

6.1.9. Consta que, mediante memorial No. 49470-2017 del 24 de octubre de 2017,
Alejandro Orozco Construcciones S.A.S. remitió a la Dirección Operativa de Control
Físico de Pereira la documentación acreditando la adopción de las medidas de
mitigación del riesgo solicitadas mediante Oficio No. 43099 del 10 de octubre de
2017. En este sentido, la sociedad demandante allegó los documentos contentivos
del “Plan de Obra de estabilización de los taludes”, “Trazado oficial colector
Quebrada la Dulcera”, “Plan de obra y acciones de protección de las infraestructuras
aledañas” y “Estudio de suelo con diseño de espesores de llenos antrópicos y
depósitos fluviotorrenciales”. De ello, da cuenta copia simple del precitado escrito43.

42 Archivo “1_REPARTOYRADICACION_EXPEDIENTE_ESCRITOMEDIOCONTROLP”, Pág. 41 a

43, índice 1, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.
43 Archivo “1_REPARTOYRADICACION_EXPEDIENTE_ESCRITOMEDIOCONTROLP”, Pág. 50,

índice 1, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.

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Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1)
Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

6.1.10. Se acreditó que mediante oficio No. 50626 el 31 de octubre de 2017, la
sociedad demandante radicó ante la DIGER y la Secretaría de Planeación de
Pereira la documentación acreditando la adopción de medidas de mitigación del
riesgo para el desarrollo del proyecto de vivienda “Élite”. Esto, en atención a que,
mediante Oficio No. 23266 del 20 de septiembre de 2017, el precitado despacho
“tomo la determinación de negar la aprobación del plan de contingencia vial que se
solicita para este caso”. De ello, da cuenta copia simple del referido documento44.

6.1.11. Se probó que, mediante Resolución No. 001772 del 20 de noviembre de
2017, la curaduría urbana primera de Pereira, a solicitud de Alejandro Orozco
Construcciones S.A.S., modificó la licencia urbanística No. 001173 del 19 de abril
de 2016, “en el sentido de modificar la rampa de acceso al proyecto multifamiliar y
comercial EDIFICIO ÉLITE - 12 PISOS, 66 APTOS Y 4 LOCALES COMERCIALES
e incluir documentos aclaratorios”. De ello, da cuenta copia auténtica de la referida
Resolución45.

6.1.12. Consta que, mediante Oficio No. 50351 del 23 de noviembre de 2017, la
DIGER informó a Alejandro Orozco Construcciones S.A.S. que continuaba
evaluando la documentación allegada sobre “estudios de suelos, plan de manejo de
taludes y plano del colector”, por lo que aún no podía brindarle una respuesta de
fondo sobre la aprobación de dichos documentos. En consecuencia, el precitado
despacho prorrogó por 8 días hábiles el término para resolver la petición, esto es,
hasta el 1 de diciembre de 2017. De ello, da cuenta copia simple del referido
documento46.

6.1.13. Se probó que, mediante Oficio No. 32388 del 7 de diciembre de 2017, la
Secretaría de Planeación de Pereira rindió “concepto de uso del suelo” sobre el
predio donde se desarrollaría el proyecto de vivienda “Élite”, el cual estaba dirigido
a la DIGER, a la Dirección Operativa de Control Físico y a la Secretaría Jurídica del

44 Archivo “1_REPARTOYRADICACION_EXPEDIENTE_ESCRITOMEDIOCONTROLP”, Pág. 47 y

48, índice 1, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.
45 Archivo “1_REPARTOYRADICACION_EXPEDIENTE_ESCRITOMEDIOCONTROLP”, Pág. 50 y

51, índice 1, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.
46 Archivo “1_REPARTOYRADICACION_EXPEDIENTE_ESCRITOMEDIOCONTROLP”, Pág. 51,

índice 1, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.

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Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1)
Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

citado ente territorial, “como sustento para la revisión del Proyecto Élite”. De ello,
da cuenta el precitado concepto47, de cuyo contenido se destaca:

“Concepto de uso.

El uso del suelo donde fue otorgada la licencia Urbanística N° 001173 de construcción
modalidad obra nueva de fecha abril 19 del 2016, modificada por las Resoluciones N°
001576 de mayo 08 de 2017 y N° 001772 del 20 de noviembre de 2017, corresponde
a un suelo de protección por encontrarse: (i) el 70% del área del suelo en la categoría
de suelo de protección y (ii) por presentar pendientes superiores al 60%, conforme a
la norma urbanística contenida en la UP3 Decreto 717 de 2007.

El proyecto debe dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 16 del Decreto 717 de
2007, que establece: "Todos los proyectos de parcelación, urbanización y
construcción deben demarcar con exactitud los suelos de protección
correspondientes a las áreas forestales protectoras de las corrientes hídricas
permanentes y a los suelos expuestos a amenaza por inundación y deslizamiento. La
demarcación estará a cargo del responsable del proyecto y se realizará sobre un
levantamiento topográfico detallado y a escala adecuada, con base en los mapas
generales y los criterios técnicos contenidos en el presente decreto y su respectivo
documento técnico. La demarcación de las áreas en mención será avalada por la
entidad ambiental competente."

Para el caso del proyecto Élite, solo fueron delimitados los suelos de protección para
áreas forestales protectoras de corrientes hídricas, mediante la Resolución N° 00583
del 15 de marzo de 2016 ante la Corporación Autónoma Por la cual se aprueba la
demarcación de zonas de retiro, suelos de protección, o fajas protectoras de
corrientes hídricas y se dictan otras disposiciones.

No se encuentra delimitados los suelos por pendientes superiores al 60%, trámite
ante la DIGER, para el momento de expedición de la respectiva licencia, respecto a
la delimitación de los suelos de amenaza por inundación y deslizamiento”.

6.1.14. Se encuentra acreditado que, mediante Oficio No. 32876 del 13 de diciembre
de 2017, la DIGER presentó concepto técnico ante la Dirección Operativa de Control
Físico de Pereira, en donde analizó las medidas adoptadas por Alejandro Orozco
Construcciones S.A.S. “tendientes a mitigar las condiciones que (sic) riesgo que se
generan a partir del escenario que se configura ante la construcción inminente de la
obra edificio Élite”. Allí, se concluyó que, la sociedad demandante había “acogido
hasta el momento las recomendaciones de la DIGER para mitigar el escenario de
riesgo por la construcción del proyecto ÉLITE, y se requiere el seguimiento por parte
de los despachos competentes. Lo anterior, a excepción de la recomendación hecha

47Archivo “13_013ANEXOSCONTESTACION”, Pág. 89 a 97, índice 19, Samai, Tribunal
Administrativo de Risaralda.

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Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1)
Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

frente el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias”. De ello,
da cuenta el precitado concepto48.

6.1.15. Consta que, mediante Oficio No. 1036 del 15 de enero de 2018, la
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Pereira remitió a
Alejandro Orozco Construcciones S.A.S. el concepto técnico suscrito por la DIGER
el 13 de diciembre de 2017. En concordancia con las conclusiones del citado
concepto, la Subsecretaría indicó a la sociedad demandante que analizaría la
solicitud de aprobación del “Plan de Contingencia Vial” y que, en caso de que la
documentación aportada cumpliera con los requisitos, el caso sería examinado en
la Comisión de Vías, Tránsito y Transporte del municipio. De lo contrario, de
encontrarse observaciones, aquellas le serían comunicadas oportunamente. De
ello, da cuenta copia del precitado oficio49.

6.1.16. Se probó que, mediante Oficio No. 2069 del 18 de enero de 2018, la DIGER
remitió a la Secretaría Jurídica de Pereira informe técnico sobre el estado de riesgo
del predio donde se desarrollaría el proyecto de vivienda “Élite”. En dicho concepto,
se concluyó que “en el predio se identifican dos áreas a ser demarcadas como de
protección por amenaza geotécnica e hidrológica, las cuales deberán ser
adecuadamente delimitadas en el terreno […]. Una vez identificadas estas áreas
como zonas de protección, es posible evaluar las condiciones de amenaza y riesgo
para el resto del predio, del cual de acuerdo con los parámetros de evaluación se
considera que los terrenos se encuentran en estado de Riesgo Alto Mitigable”. De
ello, da cuenta el referido concepto50.

6.1.17. Se encuentra acreditado que, mediante Oficio No. 2513 del 19 de enero de
2018, la Dirección Operativa de Gestión del Riesgo informó a la Secretaría Jurídica
de Pereira que “la presencia de áreas consideradas como Zona Forestal Protectora
por condiciones de Amenaza Geotécnica y (sic) hidrológicas en un terreno
cualquiera genera serios (sic) limitantes tanto legales como técnicos para la

48 Archivo “13_013ANEXOSCONTESTACION”, Pág. 98 a 101, índice 19, Samai, Tribunal
Administrativo de Risaralda.
49 Archivo “13_013ANEXOSCONTESTACION”, Pág. 71 a 73, índice 19, Samai, Tribunal

Administrativo de Risaralda.
50 Archivo “13_013ANEXOSCONTESTACION”, Pág. 151 a 156, índice 19, Samai, Tribunal

Administrativo de Risaralda.

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Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1)
Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

construcción de edificaciones seguras. En el caso particular del proyecto Élite se
evidencian la presencia de estas condiciones, limitan considerablemente las áreas
disponibles para urbanización el predio mismo […]”. De ello, da cuenta copia del
precitado documento51.

6.1.18. Se probó que el 9 y 14 de febrero de 2018, el municipio de Pereira y la
Procuraduría 28 Judicial II Ambiental y Agraria de ese municipio presentaron
demandas de nulidad simple contra la licencia de construcción No. 001173 del 19
de abril de 2016, expedida por el curador urbano primero de Pereira, según dan
cuenta los correspondientes escritos de demanda52.

6.1.19. Se demostró que, mediante auto del 14 de marzo de 2018, el Juzgado
Cuarto Administrativo de Pereira suspendió provisionalmente los efectos de la
precitada licencia de construcción, según da cuenta la respectiva providencia53.

6.1.20. Se acreditó que, mediante Resolución No. 000124 del 18 de mayo de 2018,
el curador urbano primero de Pereira prorrogó por 12 meses la vigencia de la
licencia de construcción No 001173 del 19 de abril de 2016, esto es, hasta el 19 de
mayo de 2019. De ello, da cuenta copia auténtica de la referida Resolución54.

6.1.21. Consta que, mediante auto del 15 de junio de 2018, el Tribunal
Administrativo de Risaralda revocó la providencia del 14 de marzo de 2018, por
medio de la cual se suspendieron provisionalmente los efectos de la licencia de
construcción No. 001173 del 19 de abril de 2016, según da cuenta el oficio No. 1316
suscrito por el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira55.

51 Archivo “13_013ANEXOSCONTESTACION”, Pág. 159, índice 19, Samai, Tribunal Administrativo

de Risaralda.
52 Archivo “01CuadernoPrincipal1.pdf”, Pág. 14 a 29, carpeta “C01Principal”, carpeta
“C03Acumulados”; Archivo “01Cuaderno1Principal”, Pág. 100 a 118, link One Drive, archivo
“45_045RESPUESTAJ4ADMPERPD(.pdf)”, índice 64, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.
53 Archivo “01MedidaProvisional.pdf”, Pág. 249 a 266, carpeta “C02MedidaProvisional”, link One

Drive, archivo “45_045RESPUESTAJ4ADMPERPD(.pdf)”, índice 64, Samai, Tribunal Administrativo
de Risaralda.
54 Archivo “2_REPARTOYRADICACION_EXPEDIENTE_ANEXOS”, Pág. 46 y 47, índice 1, Samai,

Tribunal Administrativo de Risaralda.
55 Archivo “01Cuaderno2SuspensionMedida”, Pág. 142 y 143, carpeta “C02MedidaProvisional”,

carpeta “C03Acumulados”, índice 64, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.

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Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1)
Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

6.1.22. Está demostrado que, mediante auto del 25 de junio de 2018, el Juzgado
Cuarto Administrativo de Pereira acumuló los procesos de nulidad interpuestos por
el municipio de Pereira y la Procuraduría 28 Judicial II Ambiental y Agraria de ese
municipio, contra la licencia de construcción No. 001173 del 19 de abril de 2016, los
cuales se tramitan bajo los radicados No. 66001-33-33-005-2018-000038-00 y No.
66001-33-33-004-2018-00040-00, respectivamente. De ello, da cuenta la respectiva
providencia56.

6.2. Análisis de la caducidad del medio de control de reparación directa

En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la merma y/o
aminoración patrimonial sufrida por la sociedad accionante, derivada de la
imposibilidad de ejecutar el proyecto de vivienda “Élite”, debido a que, según se
aduce en la demanda, el municipio de Pereira no resolvió la solicitud del “Plan de
Contingencia Vial del Proyecto Élite” de forma oportuna.

Ahora bien, el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, señala que el medio de control de reparación directa
deberá ejercerse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día
siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando
el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior
y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia.

En este orden de ideas, en el plenario se demostró que, el 15 de septiembre de
2017, el representante legal de Alejandro Orozco Construcciones S.A.S. solicitó
ante el Instituto de Movilidad de Pereira la aprobación del “Plan de Manejo de
Tránsito” para el desarrollo de las obras del proyecto urbanístico “Élite” (hecho
probado 6.1.3).

De igual forma, consta que, el 22 de septiembre de 2017, la sociedad accionante

56 Archivo “03Cuaderno1-2Principal.pdf”, carpeta “C01Principal”, Pág. 78 a 82, link One Drive,
archivo “45_045RESPUESTAJ4ADMPERPD(.pdf)”, índice 64, Samai, Tribunal Administrativo de
Risaralda.

29

Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1)
Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

solicitó a la Secretaría de Planeación de Pereira la aprobación de la licencia de
“intervención y ocupación del espacio público” y de “intervención malla vial” (hecho
probado 6.1.5).

Asimismo, está acreditado que, mediante oficios del 22 septiembre y 10 de octubre
de 2017, la Dirección Operativa de Control Físico de Pereira informó a Alejandro
Orozco Ocampo que, de acuerdo con el concepto técnico rendido por la DIGER el
20 de septiembre de 2017, el predio donde se desarrollaría el proyecto de vivienda
“Élite” se encontraba parcialmente delimitado como zona de amenaza, por lo que,
era necesario que la sociedad accionante tomara acciones preventivas con el fin de
mitigar el riesgo identificado (hechos probados 6.1.4, 6.1.6 y 6.1.7).

De esta forma, se probó que, mediante oficio No. 44162 del 18 de octubre de 2017,
la Secretaría de Planeación del precitado ente territorial le indicó a la sociedad
demandante que no podía tramitar de fondo la solicitud de aprobación del “Plan de
Contingencia Vial”, hasta que aquella adoptara las acciones pertinentes para mitigar
los riesgos asociados a la construcción del proyecto “Élite”. En consecuencia, el 24
y 31 de octubre siguientes, Alejandro Orozco Construcciones S.A.S. remitió a la
Dirección Operativa de Control Físico, a la Secretaría de Planeación y DIGER de
Pereira la documentación acreditando la adopción de las medidas indicadas, para
así poder continuar con el trámite del “Plan de Contingencia Vial” (hechos probados
6.1.8 a 6.1.10).

Ahora bien, consta que el 23 de noviembre de 2017, la DIGER informó a Alejandro
Orozco Construcciones S.A.S. que aún continuaba revisando la anterior
documentación, por lo que prorrogó por 8 días hábiles el término para brindarle una
respuesta de fondo sobre la aprobación de los documentos allegados (hecho
probado 6.1.12).

Finalmente, se acreditó que el 15 de enero de 2018, la Subsecretaría de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Pereira manifestó a la sociedad
accionante que, de acuerdo con el concepto técnico rendido por la DIGER el 13 de
diciembre de 2017, se constató que había “acogido hasta el momento las
recomendaciones de la DIGER para mitigar el escenario de riesgo por la
construcción del proyecto ÉLITE”, por lo que analizaría nuevamente la solicitud de

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Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1)
Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

aprobación del “Plan de Contingencia Vial”. No obstante, el precitado ente territorial
nunca emitió respuesta de fondo frente a dicha solicitud (hechos probados 6.1.14 y
6.1.15).

Ahora bien, se advierte que, de acuerdo con el artículo 83 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “Transcurridos
tres (3) meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya
notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa. En los casos
en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la petición
sin que esta se hubiere decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de
un (1) mes contado a partir de la fecha en que debió adoptarse la decisión […]”.

En este orden de ideas, se observa que, el 31 de octubre de 2017, la sociedad
Alejandro Orozco Construcciones S.A.S. remitió a la DIGER y a la Secretaría de
Planeación de Pereira los documentos requeridos por el precitado ente territorial
para poder resolver la solicitud de aprobación del “Plan de Contingencia Vial”,
radicada el 15 y 22 de septiembre de 2017. Asimismo, se advierte que el 23 de
noviembre de 2017, la DIGER le informó a la sociedad accionante que aún se
encontraba revisando la documentación correspondiente, por lo que amplió por 8
días hábiles el término para dar respuesta a la referida petición. No obstante, el
municipio de Pereira nunca dio respuesta a la solicitud de aprobación del “Plan de
Contingencia Vial” (hechos probados 6.1.5, 6.1.10 y 6.1.12).

Así las cosas, al amparo de la norma atrás transcrita, el 14 de febrero de 201857
operó el fenómeno del silencio administrativo negativo frente a dicha solicitud, toda
vez que transcurrieron más de tres (3) meses desde la fecha en que Alejandro
Orozco Construcciones S.A.S. presentó la documentación requerida para tramitar
el “Plan de Contingencia Vial” adicionándole a dicho el plazo los 8 días hábiles por

57 Al efecto, la Sala advierte que, el 31 de octubre de 2017, la sociedad accionante remitió al
municipio de Pereira la documentación requerida para tramitar el “Plan de Contingencia Vial”.
Asimismo, se observa que el 23 de noviembre siguiente, la citada autoridad amplió por ocho días
hábiles el término para resolver la referida petición (hechos probados 6.1.10 y 6.1.12). En
consecuencia, de acuerdo con dicha prórroga y a la luz de lo establecido en el artículo 83 del CPACA,
para computar la fecha en que operó el silencio administrativo se adicionó el término de ocho días
hábiles a la fecha de radicación de los documentos, esto es el 31 de octubre de 2017, lo cual da
como resultado el 14 de noviembre de 2017. Así las cosas, a partir de ese día corrió el término de
tres meses para que operara el silencio administrativo, el cual acaeció el 14 de febrero de 2018, sin
que se hubiese notificado a la sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S. de una decisión del
municipio de Pereira que resolviera de fondo la solitud de aprobación del “Plan de Contingencia Vial”.

31

Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1)
Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

los cuales se prorrogó el término para dar respuesta al anterior requerimiento, sin
que se hubiese notificado a la sociedad accionante de una decisión de la
Administración que resolviera de fondo su solicitud (hechos probados 6.1.10 y
6.1.12).

Es así que en el sub examine, se tiene como extremo para contar la caducidad del
medio de control de reparación directa el 14 de febrero de 2018, pues en esa fecha
los demandantes pudieron conocer de la tardanza en la aprobación del “Plan de
Contingencia Vial” y, con ello, advertir la presunta imposibilidad de desarrollar el
proyecto urbanístico que le causó una afectación patrimonial cuya indemnización se
pretende en el presente asunto litigioso. En efecto, es a partir de dicha fecha, y no
desde el vencimiento de la licencia de construcción, que la parte demandante tuvo
conocimiento de la omisión del municipio de Pereira por “no haber atendido en el
tiempo el (sic) ordenamiento jurídico en cuanto respecta a la aprobación y/o
improbación del Plan de Contingencia Vial del Proyecto Élite”, toda vez que, con el
acaecimiento del silencio administrativo, los accionantes pudieron advertir que el
precitado ente territorial no resolvió de forma oportuna su petición. Además, no se
allegó prueba al proceso que permita determinar que la parte demandante se
encontraba en imposibilidad de haber conocido el daño para la fecha en que ocurrió.

Por lo anterior, se tiene que el término para ejercer el medio de control de reparación
directa empezó a correr el 15 de febrero de 2018 y expiró el 17 de febrero de 202058.
Sin embargo, como la demanda sólo se presentó hasta el 24 de junio de 202159, se
advierte que para esa fecha ya había acaecido el término preclusivo dispuesto por
el legislador.

58 Se observa que la demandante tenía hasta el 15 de febrero de 2020 (sábado) para ejercer el

derecho de acción. No obstante, como ese día fue festivo, los demandantes tendrían que haber
presentado la demanda el día hábil siguiente a esa fecha, esto es, el lunes 17 de febrero de 2020.
Al efecto, es pertinente resaltar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 4
de 1913: “[...] en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden
suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se
computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá́ el plazo
hasta el primer día hábil”.
59 Índices 1 y 8, Samai, Tribunal Administrativo de Risaralda.

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Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1)
Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

Y aunque lo probado en el proceso permitió constatar que el 11 de mayo de 202160,
el extremo activo presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría
37 Judicial II para Asuntos de Conciliación Administrativa de Pereira, lo cierto es
que para ese momento no había término de caducidad susceptible de ser
suspendido porque, como se explicó anteriormente, ya había operado el fenómeno
preclusivo que extinguía para esa causa la posibilidad de invocar el medio de control
de reparación directa frente al menoscabo alegado por la sociedad demandante.

Por último, la Sala destaca que la decisión adoptada, se acompasa con lo resuelto
en un caso de similares características al que aquí se discute, en donde esta misma
Subsección C61 declaró la caducidad del medio de control de reparación directa
porque contabilizó el término desde la fecha en que operó el fenómeno del silencio
administrativo. Justamente, en esa oportunidad la Sala sostuvo:

“[…] En este orden de ideas, se observa que, mediante oficio del 18 de noviembre de
2008, el representante legal de la sociedad DEMARCO Ltda. solicitó al INCODER una
prórroga del permiso de pesca industrial comercial concedido mediante Resolución
No. 00082 del 20 de enero de 2004 (hechos probados 6.1.1. y 6.1.5.).

No obstante, se advierte que, al amparo de lo dispuesto en la normativa atrás
transcrita, el 18 de febrero de 2009 operó el fenómeno del silencio administrativo
negativo frente a dicha solicitud, toda vez transcurrieron más de tres (3) meses desde
la fecha en que se presentó la petición sin que se hubiese notificado a la accionante
de una decisión de la Administración que la resolviera.

Es así que en el sub examine, se tiene como extremo para contar la caducidad de la
acción de reparación directa el 18 de febrero de 2009, pues en esa fecha la sociedad
demandante pudo conocer de la tardanza en la autorización de la prórroga al permiso
de pesca industrial comercial industrial y, con ello, advertir la presunta afectación
patrimonial cuya indemnización se pretende en el presente asunto litigioso. Además,
no se allegó prueba al proceso que permita determinar que la demandante se
encontraba en imposibilidad de haber conocido el daño para la fecha en que ocurrió”.

Así las cosas, en la parte resolutiva de este proveído la Sala revocará la sentencia
del 29 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que
negó las pretensiones de la demanda, y en su lugar, declarará la caducidad del
medio de control de reparación directa.

60 Archivo “2_REPARTOYRADICACION_EXPEDIENTE_ANEXOS”, Pág. 41 y 42, índice 1, Samai,

Tribunal Administrativo de Risaralda.
61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 11 de diciembre de 2024, Rad.: 62085.

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Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

7. Condena en costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.

Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas, a saber:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que
dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes
la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. 4.
Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte
vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 5. En caso de que
prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas
o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. […]. 8.
Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación”.

De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva se
condenará en costas a la parte actora, toda vez que el recurso de apelación que
interpuso no prosperó.

La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo
dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha
liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.

Precisamente, frente a las reglas para la imposición de la condena, el artículo 365
de la norma procesal general establece que ésta procede en contra de la parte
vencida o contra quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación y,
que “[…] solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación”.

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Radicación: 66001233300020210016701 (7209 1)
Demandante: Alejandro Orozco Ocampo y otro

En lo relativo a las agencias en derecho, entendidas como “la porción de las costas
imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa”, se evidencia que
en atención a lo previsto en el numeral 8º del artículo 365 del Código General del
Proceso y tomando en consideración que la entidad demandada no desplegó
actuación en segunda instancia, no se impondrá una orden para que proceda su
pago, pues, no existe una causación material que así las sustente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 29 de agosto de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda,
para en su lugar DECLARAR de oficio la caducidad del medio de control de
reparación directa, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
Aclaración de voto
VF

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