Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04514-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04514-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04514-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 04514 00
Accionante: Leonardo Ortega Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá – Sala Tercera de
Decisión
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por incumplir el
requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Leonardo Ortega Ramírez
contra la sentencia del 5 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
del Caquetá – Sala Tercera de Decisión en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificada con el radicado núm. 18001 33 33 003 2021 00139 00/01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Leonardo Ortega Ramírez, actuando por conducto de apoderado, promovió
acción de tutela en contra de las decisiones proferidas dentro del proceso y para ello
formuló las siguientes pretensiones1:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ en sentencia
del 5 de noviembre de 2025 dentro del medio de control bajo radicado No. 18801-
33-33-003-2021-00139 01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD de la señora
LEONARDO ORTEGA RAMÍREZ, al haber adoptado una decisión que se aparta
abiertamente de la normatividad que rige el caso concreto.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con fundamento en la normatividad
aplicable al caso de la parte actora, esto es, Ley 33 de 1985, como se acreditó
con las pruebas obrantes en el expediente. (Mayúsculas y negrillas originales del
escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El señor Leonardo Ortega Ramírez manifestó que cumplía los requisitos para acceder a
la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, por cuanto tenía más de 55 años
de edad y más de 20 años de servicios en el sector público, incluida su vinculación al
servicio docente oficial con anterioridad al 26 de junio de 2003.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04514 00.
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Indicó que, conforme lo anterior, el 23 de noviembre de 2020 presentó solicitud de
reconocimiento pensional; sin embargo, al no obtener respuesta de fondo por parte de la
entidad competente, se configuró un acto administrativo ficto, el cual fue demandado ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
El conocimiento del proceso ordinario correspondió, en primera instancia, al Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Florencia, autoridad que, mediante sentencia del 6
de diciembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda al considerar que el actor
únicamente acreditó 16 años, 2 meses y 20 días de vinculación oficial al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, tiempo insuficiente para acceder a la prestación
reclamada.
El juzgado también señaló que no era posible computar los períodos en los que el señor
Ortega Ramírez se vinculó como docente mediante contratos de prestación de servicios,
debido a que no se acreditó que durante esos lapsos se hubieran efectuado cotizaciones
al sistema de seguridad social.
Inconforme con la decisión adoptada en primera instancia, la parte demandante, hoy
accionante, interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo del Caquetá,
mediante sentencia del 5 de noviembre de 2025, notificada el 9 de diciembre de 2025, la
confirmó al estimar que, si bien el señor Ortega Ramírez tuvo vinculaciones a la docencia
oficial anteriores a la Ley 812 de 2003 y que, por esa razón, le resultaba aplicable la Ley
33 de 1985, el tiempo laborado entre el 20 de septiembre de 1984 y el 1 de agosto de
1995 no podía ser tenido en cuenta, porque durante ese período se desempeñó como
celador grado 04 del Centro Auxiliar Docente CASD de Florencia, Caquetá, y no como
docente.
Por lo anterior, el Tribunal Administrativo del Caquetá concluyó que, para la fecha de
presentación de la petición y de la demanda, el señor Ortega Ramírez no acreditaba los
20 años de servicio docente exigidos para acceder al reconocimiento pensional. Aunque
advirtió que el actor continuó laborando con posterioridad, estimó que el acto
administrativo demandado debía analizarse conforme a las condiciones fácticas
existentes al momento de su expedición.
En el escrito de tutela, la parte actora alegó que las autoridades judiciales accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia y tutela judicial efectiva.
Aseveró que su solicitud cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial. En cuanto a la relevancia constitucional, sostuvo lo
siguiente:
El presente caso tiene relevancia constitucional toda vez que el Tribunal
Administrativo del Caquetá introdujo una exigencia no contemplada por el
Legislador pata determinar el cumplimiento de los requisitos para el
reconocimiento de la pensión de jubilación reclamada por el señor Leonardo
Ortega Ramírez, con lo cual se advierte que se incurrió en un error judicial al
aplicarse de manera errónea la norma que regía su situación jurídica.
En cuanto a los requisitos específicos de procedencia, adujo que la decisión acusada
incurrió en defecto sustantivo, al exigir un requisito no previsto en la Ley 33 de 1985,
consistente en acreditar 20 años de servicio exclusivamente docente.
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Adicionalmente, agregó que también se configuró un defecto fáctico porque la autoridad
judicial accionada habría omitido valorar integralmente la certificación expedida por la
Secretaría de Educación del Departamento del Caquetá, en la que se relacionaban los
cargos desempeñados por el actor, incluidos los de celador, auxiliar administrativo y
docente.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 10 de junio de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 16 de junio de 20263 admitió y dispuso notificar4 al Tribunal
Administrativo del Caquetá – Sala Tercera de Decisión, como parte accionada y vincular5
al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Florencia y a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG),
como terceros con interés en el resultado del proceso.
De igual forma, se requirió al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Florencia y
al Tribunal Administrativo del Caquetá para que allegaran copia digital del expediente
correspondiente al proceso identificado con el radicado núm. 18001 33 33 003 2021
00139 00/01.
3.2. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, allegó escrito6 en el que
solicitó declarar improcedente la acción de tutela. Para ello, sostuvo que el mecanismo
constitucional tiene carácter excepcional, residual y subsidiario, por lo que no puede
utilizarse como una instancia adicional para controvertir decisiones judiciales.
Afirmó que el asunto carece de relevancia constitucional, pues, a su juicio, la controversia
planteada es de naturaleza económica y particular, sin que se acreditara una afectación
grave de los derechos fundamentales del accionante ni la existencia de un perjuicio
irremediable.
Agregó que las decisiones judiciales gozan de autonomía e independencia y que la tutela
contra providencias judiciales solo procede de manera excepcional, cuando se acreditan
los requisitos generales y específicos fijados por la jurisprudencia constitucional. En ese
sentido, señaló que en el presente caso no se configuró ningún defecto que habilitara la
intervención del juez constitucional.
3.3. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Florencia remitió copia del
expediente solicitado7, sin embargo, no se pronunció sobre los hechos y las pretensiones
de la tutela.
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04514 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04514 00.
4 Esta orden se cumplió el 19 de junio de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04514 00.
5 Ibidem
6 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04514 00.
7 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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3.4. El Tribunal Administrativo del Caquetá – Sala Tercera de Decisión guardó silencio.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 8 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,9 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202110, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201911, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente12:
4.2.1. El señor Leonardo Ortega Ramírez, actuando por conducto de apoderado,
promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - FOMAG, con el propósito de obtener la nulidad del
acto administrativo ficto que le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación prevista
en la Ley 33 de 1985.
A título de restablecimiento, solicitó que se condenara a la entidad demandada al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación reclamada.
4.2.2. La demanda correspondió, en primera instancia, al Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Florencia, que, mediante sentencia del 6 de diciembre de 2022 negó las
pretensiones.
4.2.3. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante, hoy accionante,
interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante
sentencia del 5 de noviembre de 2025, la confirmó.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
8 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
9 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
10 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
11 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
12 Lo que se desprende del expediente del proceso de con el radicado núm. 18001 33 33 003 2021 00139
00/01. Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
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El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.
4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades13:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 14. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.
13 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este
criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
14 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente núm. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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4.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera
legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios”, pues la
competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a
la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de
carácter legal” (…)15. (Se destaca) […].
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.
La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.
Ello, debido a que, a través de la solicitud de amparo, la parte actora pretende reabrir el
debate surtido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pues sus
inconformidades están encaminadas a cuestionar lo resuelto por la autoridad judicial
accionada respecto al no reconocimiento de la pensión de jubilación pretendida.
Lo anterior, con el fin de insistir en que debían contabilizarse los períodos durante los
cuales se desempeñó como celador y auxiliar administrativo al servicio de entidades
públicas, pues, a su juicio, la Ley 33 de 1985 no exige que los 20 años de servicios
prestados correspondan exclusivamente al ejercicio de la docencia oficial, lo cual ya fue
objeto de análisis y decisión en proceso ordinario.
15 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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Al respecto, el tribunal accionado, en la sentencia del 5 de noviembre de 2025, expuso
lo siguiente:
[…] conviene aclarar que pese a que el demandante prestó el servicio como
docente mediante contratos de prestación de servicios en el periodo referido, lo
cierto es que el Consejo de Estado mediante sentencia de unificación de fecha 25
de agosto de 2016 señaló que la vinculación de docentes bajo la modalidad de
prestación de servicios no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho
menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de
educación, en razón a que, al igual que los empleados públicos, se someten
permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes
autoridades educativas; careciendo de autonomía en el ejercicio de sus funciones,
cumpliendo órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y desarrollando sus
funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de
los establecimientos educativos estatales en los que trabajen. Motivo por el cual,
debido a los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e
igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del
Estado.
(…)
En línea con lo dicho, encuentra la Sala probado que el señor Lonardo Ortega
Ramírez tuvo vinculaciones a la docencia oficial anteriores a la promulgación de
la Ley 812 de 2003, luego le asiste derecho a la aplicación de la normatividad
anterior, esto es, la Ley 33 de 1985.
En lo que tiene que ver respecto al servicio prestados entre el 20 de septiembre
de 1984 al 01 de agosto de 1995, considera la Sala que no serán tenidos en
cuenta, atendiendo que la labor desempeñada por el actor no fue al servicio
docente, sino como celador grado 04 del Centro Auxiliar Docente CASD, en
Florencia, Caquetá.
Así, tenemos que se allegó el certificado de tiempo de servicios del 15 de octubre
de 2010, en el cual se indican que laboró como docente, en los siguientes
periodos:
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Se allegó certificación de servicio de la Sub Secretaria de Despacho
Administrativo de Educación municipal, en el cual se indicó que el actor se
desempeñó como docente, en los siguientes tiempos:
Se allegaron unas ordenes de servicios, las cuales se encuentran certificadas en
la constancia expedida por el Asesor de la Secretaría Administrativa31, del
Municipio de Florencia, así:
Para un total de 5 años y 17 días, laborados al servicio docente.
Así mismo, reposa la Certificación expedida por el Coordinador de Educación
Municipal, en el cual se indica que el actor laboró como docente por orden de
prestación de servicios conforme convenio No. 019 por el periodo del 01 de enero
de 1998 al 31 de diciembre de 199832, es decir, por el término de 1 año.
Que conforme el certificado cetil, de fecha 26 de febrero de 2020, se indica que el
actor ingresó al servicio docente en provisionalidad, en el Establecimiento Rural
El Edén en Cartagena del Chaira, desde el 02 de junio de 2009 a la su fecha de
expedición, es decir, 11 años en el servicio docente.
Así las cosas, y conforme la certificaciones verificadas y valoradas, se establece
que el señor Leonardo Ortega Ramírez, a la fecha de expedición del certificado
cetil -26 de febrero de 2020, contaba con un tiempo de 17 años y 5 meses de
servicio docente, tiempo en el cual se hicieron los aportes para pensión al Fondo
Prestacional del Magisterio, es decir, que, al momento de presentación de la
demanda, no cumplía con el requisito establecido de los 20 años de servicio
docente.
Es decir, que con el tiempo de servicio prestado, resulta insuficiente para el
reconocimiento del derecho pensional del demandante, pues se insiste que al
momento de peticionar a la entidad y de presentar la demanda efectivamente el
actor no era beneficiario de dicho reconocimiento y si bien, en el transcurso del
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presente proceso se logró establecer que este continuó laborando de manera
ininterrumpida desde el 26 de febrero de 2020 incluso hasta el 9 de junio de 2025,
en virtud de lo cual se acreditaron 5 años, y 15 días de tiempo de servicio como
docente adicionales ya advertidos. Lo cierto es que el acto administrativo
demandado al momento de su expedición se efectuó conforme a las condiciones
fácticas que este reunía.
Por lo anterior, precisa la Sala que el demandante no debe ser sometido al
régimen de pensión de jubilación establecido por el Decreto 812 de 2003, debido
a que este solo es aplicable a quienes se vincularon después de la fecha de su
entrada en vigencia, es decir, después del 27 de junio de 2003. Por lo tanto, dado
que su vinculación fue antes de esa fecha, le corresponde el régimen establecido
en la Ley 91 de 1989 y la Ley 33 de 1985, que regían la pensión de jubilación para
los empleados vinculados con anterioridad a la entrada en vigor del mencionado
decreto, tal como se advirtió en párrafos anteriores.
Ahora bien, destaca la Sala que en esta oportunidad rectifica su postura frente al
reconocimiento pensional que se venía aplicando, es decir en el que se concedía
la prestación pensional aun cuando el demandante al momento de incoar la
respectiva solicitud y posterior demanda no reunía los requisitos establecidos en
la norma, sino que los reunía al interior del proceso judicial, lo anterior por cuanto
no se puede anular un acto administrativo que al momento de ser expedido estaba
acorde con la normatividad que regía la materia y los supuestos fácticos puestos
en consideración de la Administración ello en consideración con lo dispuesto por
el Consejo de Estado en sentencia del 19 de junio de 2025 dentro del proceso con
radicado No. 11001 03 24 000 2015 00516 00, en relación con la congruencia
entre el petitum de la demanda y la decisión […].
Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela pretende reabrir el debate
surtido en el proceso ordinario, pues la inconformidad de la parte actora se dirige a
controvertir el cómputo de los tiempos de servicio realizado por el juez natural.
En efecto, el accionante insiste en que el tribunal accionado impuso una exigencia no
prevista en la ley, consistente en acreditar 20 años de servicio exclusivamente docente,
y que debió contabilizar los períodos durante los cuales se desempeñó en otros cargos
públicos.
Sin embargo, dicha cuestión fue analizada por la autoridad judicial accionada, que explicó
las razones por las cuales excluyó el período laborado como celador y concluyó que, para
la fecha de la solicitud pensional y de la presentación de la demanda, el señor Ortega
Ramírez no había consolidado el derecho reclamado.
Así las cosas, la solicitud de amparo no evidencia una controversia de relevancia
constitucional, sino una discrepancia frente a la interpretación normativa y la valoración
probatoria efectuadas por el juez natural. Por tanto, no le corresponde al juez de tutela
sustituir dicho análisis ni convertir la acción constitucional en una instancia adicional.
En consecuencia, sin ser necesario descender a otras consideraciones, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela, por cuanto no cumple el requisito general de relevancia
constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 04514 00
Accionante: Leonardo Ortega Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá – Sala Tercera de Decisión
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor
Leonardo Ortega Ramírez, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 9 de
julio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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