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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04554-00

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04554-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. NEGAR la solicitud de amparo de la acción de tutela presentada por Deyber Antonio Pérez Ruiz. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Radicado: 11001-03-15-000-2026-04554-00 Demandante: Deyber Antonio Pérez Ruiz SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04554-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04554-00
Demandante: Deyber Antonio Pérez Ruiz
Demandado: Tribunal Administrativo del Putumayo

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Soldado profesional. Reajuste salarial del 20%. Interés
para demandar. Acto administrativo favorable. Defecto fáctico.
Defecto sustantivo. Desconocimiento del precedente. Violación
directa de la Constitución.

Decisión: Niega solicitud de amparo.

La Sala decide la acción de tutela formulada por Deyber Antonio Pérez Ruiz contra
el Tribunal Administrativo del Putumayo.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 12 de junio de 2026, la parte actora, a través de apoderado, presentó
acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, así como los principios de buena fe, confianza legítima y prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas, los cuales estimó vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Putumayo dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. 86001-33-33-002-2018-00071-01.

2. A título de amparo, solicitó que se dejara sin efectos la Sentencia de 12 de
diciembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Putumayo y que, en
consecuencia, se dictara una providencia de reemplazo en la que se reconozca que
tiene derecho al reconocimiento y pago del incremento del 20% en su sueldo básico
y prestaciones sociales desde el 27 de mayo de 2013.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora
señaló que el 7 de febrero de 2018 presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el
propósito de que se declarara la nulidad del Oficio No. 20173170953051 de 10 de
junio de 2017 y del Oficio No. 20173171476681 de 31 de agosto de 2017, mediante
los cuales se negó el reajuste salarial del 20% a partir del 1 de noviembre de 2003.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04554-00
Demandante: Deyber Antonio Pérez Ruiz

4. El 29 de junio de 2022, el Juzgado 2 Administrativo de Mocoa negó las
pretensiones de la demanda, tras concluir que el hecho de que, a los soldados
profesionales, por su régimen salarial y prestacional, no les resultara aplicable la
prima de actividad reconocida a los oficiales, suboficiales y empleados públicos de
las Fuerzas Militares encontraba justificación en la naturaleza misma de la
institución. Explicó que no todos sus integrantes se encontraban en las mismas
condiciones ni desempeñaban las mismas funciones, circunstancia que permitía
establecer diferencias en materia salarial, sustentadas en criterios objetivos y
razonables acordes con los fines perseguidos por la autoridad. Advirtió que no era
posible efectuar un juicio de igualdad entre supuestos distintos, de manera que no
se configuraba una discriminación en sentido estricto, pues los oficiales y
suboficiales, además de estar sometidos a un régimen diferente, requerían una
preparación y experiencia distintas, así como asumían un cúmulo de
responsabilidades que no recaía sobre los soldados profesionales.

5. Inconforme con esa decisión, el 5 de julio de 2022 la parte actora interpuso
recurso de apelación, tras considerar que la sentencia había negado la pretensión
relacionada con el reajuste del 20% sobre salarios y prestaciones sociales, con
desconocimiento de la posición unificada del Consejo de Estado 1. Sostuvo que,
dado que se vinculó como soldado voluntario con anterioridad al 31 de diciembre de
2000 y posteriormente migró a la categoría de soldado profesional, le resultaban
aplicables las disposiciones previstas en el parágrafo 2 del artículo 1 del Decreto
1794 de 2000, conforme con las cuales su asignación salarial mensual equivalía a
un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%.

6. El 12 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Putumayo revocó
la Sentencia de 29 de junio de 2022 y, en su lugar, se inhibió de emitir un
pronunciamiento de fondo, tras considerar configurada la falta de interés para
actuar, tras verificar que el acto administrativo acusado había reconocido
plenamente el derecho cuya nulidad y restablecimiento se pretendía. Afirmó que la
ausencia de interés para actuar impedía cualquier decisión de mérito, por cuanto la
jurisdicción únicamente podía intervenir cuando existiera un interés real, actual y
jurídicamente cualificado que justificara el ejercicio de la función judicial. Precisó
que la decisión inhibitoria no constituía una restricción indebida del acceso a la
administración de justicia, sino la respuesta que imponía la ausencia de un
presupuesto procesal esencial para la validez y eficacia de la actuación
jurisdiccional. señaló que, si bien el acto administrativo hacía referencia a la
imposibilidad presupuestal de efectuar pagos correspondientes a periodos
anteriores a junio de 2017, ello no implicaba una negativa del derecho reconocido,
sino una manifestación de las restricciones de ejecución a cargo de la
administración, aspecto que no fue objeto de debate en la demanda, pues esta se
dirigió exclusivamente contra la supuesta omisión en el reconocimiento del reajuste.

1 Sentencia de Unificación CE-SUJ2-003-16.

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7. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora sostuvo que la
Sentencia de 12 de diciembre de 2025 vulneró sus derechos fundamentales, pues
el Tribunal Administrativo del Putumayo se inhibió de emitir un pronunciamiento de
fondo al considerar que carecía de interés para demandar, tras concluir que el Oficio
No. 20173170953051 de 10 de junio de 2017 le había reconocido plenamente el
derecho reclamado. Afirmó que dicho acto administrativo únicamente accedió de
manera parcial a su solicitud, en tanto reconoció el reajuste salarial hacia el futuro,
pero negó el pago de los retroactivos causados con anterioridad a junio de 2017 por
falta de apropiación presupuestal, circunstancia que evidenciaba la existencia de un
interés real, actual y concreto para acudir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

8. Señaló que la providencia cuestionada incurrió en un defecto fáctico, por
cuanto efectuó una valoración fragmentaria del acto administrativo demandado al
calificarlo como plenamente favorable, pese a que este contenía una decisión
desfavorable relacionada con la negativa de reconocer y pagar los efectos
económicos retroactivos del reajuste salarial. Agregó que el Tribunal desconoció
otros elementos probatorios que demostraban que la situación jurídica del
accionante no había sido satisfecha integralmente, entre ellos, las manifestaciones
de la entidad durante la actuación administrativa y la audiencia de conciliación, así
como el alcance de las pretensiones formuladas en la demanda, lo que condujo a
concluir, de manera equivocada, que no existía interés para demandar.

9. Afirmó que la sentencia incurrió en un defecto sustantivo al interpretar los
artículos 43 y 138 de la Ley 1437 de 2011 en un sentido contrario a su contenido,
pues exigió la demostración previa de un agravio cierto, actual y verificable para
acceder a la jurisdicción, cuando el citado medio de control únicamente requiere
que quien demanda considere lesionado un derecho subjetivo. Sostuvo que el
Tribunal anticipó el análisis propio de la decisión de mérito para concluir que no
existía controversia alguna, pese a que el acto administrativo demandado negó
materialmente el pago del retroactivo reclamado.

10. Manifestó que el Tribunal desconoció el precedente fijado en la Sentencia
de Unificación CE-SUJ2-003-16, dado que dicha decisión estableció las reglas
aplicables para el reconocimiento del reajuste salarial y precisó que el derecho al
retroactivo debía reclamarse tanto en sede administrativa como judicial, comoquiera
que la providencia cuestionada resultó contradictoria, pues reconoció la
aplicabilidad de ese precedente al caso concreto y, simultáneamente, concluyó que
el accionante carecía de interés para promover el medio de control, pese a que era
precisamente esa sentencia de unificación la que imponía acudir a la jurisdicción
para obtener el reconocimiento definitivo del retroactivo.

11. Alegó la configuración de un defecto procedimental absoluto, tras
considerar que el Tribunal prescindió de las herramientas procesales previstas en
el CPACA para evitar una decisión inhibitoria. Sostuvo que, antes de abstenerse de
resolver el fondo del litigio, el juez pudo ejercer el control de legalidad, adoptar

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medidas de saneamiento o decretar pruebas de oficio encaminadas a establecer si
el reajuste salarial y los retroactivos habían sido efectivamente reconocidos y
pagados por la administración.

12. Adujo que la providencia incurrió en violación directa de la Constitución tras
hacer prevalecer una exigencia procesal sobre el derecho sustancial, restringiendo
injustificadamente el acceso a la administración de justicia. Expuso que la decisión
inhibitoria dejó sin definición judicial la controversia relativa al pago de los
retroactivos derivados del reajuste salarial y, por tanto, lo privó de una decisión de
mérito que permitiera hacer efectivo un derecho que la propia administración había
reconocido parcialmente. Sostuvo que la sentencia impugnada impuso una carga
desproporcionada al accionante y frustró la finalidad del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.

Intervenciones2

13. El Juzgado 2 Administrativo de Mocoa envió el expediente digital de proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho No. 86001-33-33-002-2018-00071-00/01.

14. El Tribunal Administrativo del Putumayo solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, se negara el amparo, por
cuanto la Sentencia de 12 de diciembre de 2025 no incurrió en ninguna de las
causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

15. Manifestó que la providencia cuestionada no fundamentó la ausencia de
interés para demandar en la existencia o inexistencia del pago reclamado, pues
dicha conclusión se sustentó exclusivamente en el análisis del contenido del acto
administrativo demandado y en la forma en que la propia parte actora estructuró la
controversia en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Añadió que
el argumento expuesto en la solicitud de amparo partía de una premisa equivocada,
consistente en asumir que la decisión adoptada dependía de establecer si las sumas
reclamadas por concepto de retroactivo habían sido efectivamente pagadas al
accionante.

16. Indicó que el decreto oficioso de pruebas no tenía por finalidad suplir la
carga argumentativa de las partes ni modificar el objeto del proceso. Explicó que su
ejercicio presuponía que el hecho por probar resultara pertinente frente al litigio
efectivamente planteado, de modo que verificar si existió o no el pago de los
retroactivos habría implicado desplazar el debate desde el reconocimiento del
reajuste salarial hacia una controversia distinta que no fue formulada
oportunamente por el hoy accionante.

2 Mediante Auto de 17 de junio de 2026, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Tribunal
Administrativo del Putumayo y se vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

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17. Afirmó que no desconoció el precedente fijado en la Sentencia de
Unificación CE-SUJ2-003-16, pues advirtió expresamente que uno de los aspectos
planteados en el recurso de apelación consistía en establecer si la decisión de
primera instancia debía revocarse por una eventual inaplicación de las reglas fijadas
en dicho precedente. Explicó que, luego de examinar el contenido del acto
administrativo acusado y los términos en que fue planteada la controversia,
concluyó que la administración había reconocido el reajuste salarial reclamado,
circunstancia que impedía avanzar en el estudio de fondo de los demás
planteamientos formulados en la apelación. Sostuvo que el precedente invocado no
fue desconocido ni inaplicado arbitrariamente, sino que no resultó necesario
pronunciarse sobre él una vez establecida la inexistencia de un presupuesto
procesal indispensable para emitir una decisión de mérito.

18. El Ministerio de Defensa Nacional solicitó que se negaran las pretensiones
de la acción de tutela, por cuanto esta no podía convertirse en una tercera instancia
para replantear lo que la parte actora no logró obtener dentro del proceso ordinario.
Sostuvo que no se configuraban los presupuestos para acceder a las pretensiones,
en atención a la temporalidad de la reclamación, la calidad del accionante y la
existencia de un precedente de unificación jurisprudencial.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

19. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Problema jurídico

20. Corresponde a la Sala determinar si, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, el Tribunal
Administrativo del Putumayo vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, así como los principios
de buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas de la parte actora al proferir la Sentencia de 12 de diciembre de 2025, por la
presunta configuración de los defectos fáctico, sustantivo y procedimental alegados,
así como por el supuesto desconocimiento del precedente y la alegada violación
directa de la Constitución.

Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

21. La acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedibilidad, toda vez que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
comoquiera que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos

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fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, así como los principios de buena fe, confianza legítima y prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas; no se trata de una discusión de raigambre
eminentemente legal ni una reiteración de los argumentos planteados en el trámite
ordinario y, en todo caso, los reparos (defecto fáctico, defecto sustantivo, defecto
procedimental absoluto, desconocimiento del precedente y la violación directa de la
Constitución) fueron dirigidos concretamente contra la decisión que resolvió el
recurso de apelación dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho;
(2) se encuentra satisfecha la legitimación en la causa por activa y por pasiva,
debido a que, por un lado, la parte actora tenía la calidad de demandante en el
trámite y, por el otro, el Tribunal Administrativo del Putumayo profirió la decisión que
se cuestiona; (3) se encuentra acreditada la exigencia de subsidiariedad,
comoquiera que se agotaron todos los mecanismos judiciales que tenía para
procurar la defensa de sus derechos; (4) la acción de tutela se presentó el 12 de
junio de 2026, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la
Sentencia de 12 de diciembre de 20253; (5) se identificaron razonablemente los
hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de
derechos fundamentales; y (6) la tutela no se interpone contra una providencia de
igual naturaleza.

22. Comoquiera que la acción de tutela es procedente, se estudiará el fondo de
la controversia.

Análisis de vulneración alegada: estudio de defecto

23. La Sala negará la solicitud de amparo, por las razones que se exponen a
continuación:

24. La parte actora sostuvo que la Sentencia de 12 de diciembre de 2025
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y a la prevalencia del derecho sustancial,
por cuanto el Tribunal Administrativo del Putumayo se inhibió de emitir un
pronunciamiento de fondo al considerar que carecía de interés para promover el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. A su juicio, dicha
decisión obedeció a una valoración fragmentaria del Oficio No. 20173170953051 de
10 de junio de 2017, pues, aunque este reconoció el reajuste salarial del 20% a
partir de junio de 2017, también negó materialmente el pago de los retroactivos
causados con anterioridad a esa fecha, circunstancia que demostraba la existencia
de una controversia jurídica susceptible de control judicial.

25. A partir de dicha conclusión, afirmó que la providencia cuestionada incurrió
en un defecto fáctico al omitir el examen integral del acto administrativo demandado
y de las demás actuaciones surtidas en sede administrativa; en un defecto
sustantivo por la interpretación que efectuó del presupuesto procesal relativo al

3 Notificada mediante mensaje de datos el 15 de diciembre de 2025.

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interés para demandar; en desconocimiento del precedente fijado en la Sentencia
de Unificación CE-SUJ2-003-16; en un defecto procedimental absoluto por
abstenerse de ejercer las facultades oficiosas previstas en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, finalmente, en
violación directa de la Constitución por privilegiar exigencias procesales sobre el
derecho sustancial.

26. En efecto, el análisis de la providencia cuestionada permite advertir que el
Tribunal Administrativo del Putumayo identificó previamente el objeto del litigio
sometido a su consideración y, a partir de ese examen, concluyó que el presupuesto
procesal relativo al interés para demandar no se encontraba satisfecho. Para llegar
a esa conclusión, la autoridad judicial no fundó su decisión en una circunstancia
extraña al proceso ni en una apreciación arbitraria del material probatorio, sino en
la confrontación entre el contenido de los actos administrativos demandados y las
pretensiones formuladas por la parte actora dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.

27. En ese sentido, la Sala observa que la demanda ordinaria fue estructurada
bajo la premisa de que los Oficios Nos. 20173170953051 de 10 de junio de 2017 y
20173171476681 de 31 de agosto de 2017 habían negado el reajuste salarial del
20% que, según el accionante, le asistía en virtud del parágrafo 2 del artículo 1 del
Decreto 1794 de 2000. A partir de esa consideración, solicitó la nulidad de dichos
actos y, como restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara el reconocimiento
del incremento salarial desde el 1 de noviembre de 2003, junto con el reajuste de
las prestaciones sociales, la indexación de las sumas adeudadas y el pago de los
intereses correspondientes.

28. Esa misma línea argumentativa fue mantenida en el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia. Allí, la parte accionante insistió
en que el juzgado había desconocido la posición unificada del Consejo de Estado
respecto del régimen salarial aplicable a los soldados voluntarios que migraron a la
categoría de soldados profesionales, razón por la cual solicitó revocar la decisión y
acceder al reconocimiento del reajuste salarial y prestacional del 20%. En
consecuencia, la inconformidad planteada en segunda instancia continuó orientada
a demostrar que el actor tenía derecho al referido incremento salarial conforme a la
Sentencia de Unificación CE-SUJ2-003-16 y al parágrafo 2 del artículo 1 del Decreto
1794 de 2000.

29. En ese contexto, el Tribunal Administrativo del Putumayo examinó el
contenido del acto administrativo acusado y concluyó que este no había negado el
reajuste salarial cuya protección se reclamaba mediante el medio de control, sino
que, por el contrario, había reconocido expresamente que el actor tenía derecho a
devengar el incremento del 20% en su asignación salarial a partir de la nómina del
mes de junio de 2017, de conformidad con las reglas fijadas en la Sentencia de
Unificación CE-SUJ2-003-16. Por ello, estimó que el presupuesto relativo al interés
para demandar no se encontraba acreditado, pues, desde su perspectiva, el

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derecho cuyo reconocimiento constituía el fundamento de las pretensiones había
sido expresamente reconocido por la administración.

30. Por otro lado, la Sala no encuentra acreditado el defecto fáctico alegado por
la parte actora. En efecto, la providencia cuestionada no desconoció el contenido
del acto administrativo ni omitió valorar los elementos relevantes del expediente,
sino que efectuó una interpretación expresa de tales elementos para determinar el
alcance jurídico de la decisión administrativa. En particular, el Tribunal no ignoró
que el oficio hiciera referencia a los valores causados con anterioridad a junio de
2017 ni pasó por alto la inexistencia de apropiación presupuestal para atender
dichos pagos. Por el contrario, examinó ese aparte del acto administrativo y
concluyó que esa manifestación no constituía una negativa del derecho reconocido,
sino una referencia a las limitaciones presupuestales existentes para su ejecución,
aspecto que, según explicó, no correspondía, a su juicio, a la controversia planteada
en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

31. En esas condiciones, la discrepancia formulada en la acción de tutela no
evidencia la omisión de un elemento probatorio determinante ni la valoración
arbitraria de las pruebas obrantes en el expediente. Lo que realmente cuestiona el
accionante es la interpretación que el Tribunal efectuó sobre el alcance jurídico del
acto administrativo demandado y las consecuencias procesales derivadas de esa
interpretación. Sin embargo, la acción de tutela contra providencias judiciales no
constituye un mecanismo para sustituir el criterio hermenéutico del juez natural por
el del juez constitucional, ni autoriza reabrir el debate propio del proceso ordinario
cuando la decisión judicial se encuentra sustentada en una motivación objetiva,
razonable y suficientemente desarrollada, aun cuando la parte actora discrepe de
ella.

32. Tampoco se configura el defecto sustantivo invocado. Si bien la parte
accionante sostiene que el Tribunal interpretó equivocadamente el presupuesto
relativo al interés para demandar al concluir que carecía de un interés jurídicamente
relevante para promover el medio de control, lo cierto es que esa conclusión fue el
resultado de la interpretación que efectuó sobre el contenido de los actos
administrativos demandados y sobre el objeto de la controversia planteada por el
propio accionante. En efecto, la autoridad judicial estimó que la administración había
reconocido expresamente el reajuste salarial cuya declaración se pretendía obtener
y que la referencia contenida en el oficio respecto de los valores anteriores a junio
de 2017 no alteraba esa conclusión, pues correspondía, a su juicio, a un aspecto
relacionado con la ejecución del acto y no con el reconocimiento mismo del derecho.

33. En esas condiciones, la Sala advierte que la inconformidad del accionante
no se dirige a demostrar la aplicación de una norma manifiestamente inaplicable o
la adopción de una interpretación abiertamente contraria al ordenamiento jurídico,
sino a cuestionar el entendimiento que el Tribunal efectuó respecto del alcance de
los actos administrativos demandados y de las consecuencias procesales que
derivó de esa interpretación. Sin embargo, esa discrepancia interpretativa, por sí

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sola, no autoriza la intervención del juez constitucional, pues la acción de tutela no
constituye una instancia adicional para sustituir el criterio jurídico del juez natural
cuando este exterioriza una motivación objetiva, suficiente y razonable.

34. De igual forma, la Sala considera que no se configuró el desconocimiento
del precedente invocado por la parte accionante. En la solicitud de amparo se
sostuvo que el Tribunal Administrativo del Putumayo desconoció las reglas fijadas
en la Sentencia de Unificación CE-SUJ2-003-16, según las cuales los soldados
voluntarios que posteriormente fueron incorporados como soldados profesionales
conservan el derecho a devengar un salario mínimo legal mensual vigente
incrementado en un 60% y, en consecuencia, deben acudir tanto en sede
administrativa como judicial para reclamar el reconocimiento de las diferencias
salariales y prestacionales correspondientes.

35. No obstante, la lectura de la providencia cuestionada permite advertir que
el Tribunal no desconoció la existencia, el contenido ni el alcance de dicho
precedente jurisprudencial. Por el contrario, identificó expresamente que uno de los
fundamentos del recurso de apelación consistía en determinar si la sentencia de
primera instancia había desconocido las reglas fijadas por la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado respecto del reajuste salarial reclamado
por los soldados voluntarios incorporados posteriormente como soldados
profesionales. Es decir, el precedente invocado fue plenamente identificado por la
autoridad judicial y formó parte del problema jurídico inicialmente planteado en la
segunda instancia.

36. Sin embargo, el Tribunal estimó que antes de abordar el estudio material de
dicho planteamiento debía verificar la concurrencia de los presupuestos procesales
necesarios para emitir una decisión de mérito y, luego de examinar el contenido de
los actos administrativos demandados, concluyó que el interés para acudir a la
jurisdicción no se encontraba acreditado, pues, desde su perspectiva, la
administración ya había reconocido el reajuste salarial cuya declaración pretendía
obtener el accionante. Bajo esa premisa, consideró innecesario pronunciarse sobre
la aplicación de las reglas contenidas en la Sentencia de Unificación CE-SUJ2-003-
16, al entender que la ausencia del referido presupuesto procesal impedía av anzar
hacia el análisis de fondo del litigio.

37. En esas condiciones, el desacuerdo del accionante no evidencia un
desconocimiento del precedente judicial. En otras palabras, se evidencia la
inconformidad respecto a la decisión del Tribunal entorno a la imposibilidad de
arribar al estudio de fondo de las reglas jurisprudenciales invocadas debido a la
ausencia del interés para demandar. Sin embargo, esa circunstancia no equivale a
afirmar que el precedente hubiera sido ignorado, inaplicado arbitrariamente o
sustituido por una regla distinta, sino que corresponde a una consecuencia derivada
de la interpretación procesal que el juez efectuó respecto del caso concreto,
interpretación que, por sí sola, no configura una causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales.

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38. Tampoco prospera el cargo relacionado con la configuración de un defecto
procedimental absoluto. La parte accionante sostuvo que el Tribunal debió ejercer
las facultades previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo para decretar pruebas de oficio, sanear el proceso o
adoptar otras medidas encaminadas a verificar si el reajuste salarial y los
retroactivos habían sido efectivamente reconocidos y pagados por la
administración, antes de proferir una decisión inhibitoria.

39. No le asiste razón a la parte accionante cuando sostiene que el Tribunal
debió ejercer las facultades oficiosas previstas en el CPACA antes de proferir la
decisión inhibitoria. Tales facultades constituyen mecanismos dirigidos a esclarecer
los hechos relevantes para resolver la controversia efectivamente planteada; no
obstante, su ejercicio no tiene por finalidad alterar el objeto del litigio ni sustituir la
carga que corresponde a las partes en la delimitación de las pretensiones y de las
razones de inconformidad sometidas al conocimiento del juez.

40. Precisamente, el Tribunal explicó que, a su juicio, el debate procesal no
giraba en torno a establecer si las diferencias salariales reclamadas habían sido
efectivamente canceladas por la administración, sino en determinar si los actos
administrativos demandados habían negado el reajuste salarial cuya nulidad se
solicitaba. Así, estimó que la verificación del pago de los retroactivos habría
supuesto desplazar la discusión hacia una controversia distinta de la propuesta por
el accionante en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
razón por la cual concluyó que no existía fundamento para ejercer las facultades
probatorias oficiosas invocadas por el hoy accionante. Tal razonamiento
corresponde al ejercicio de la autonomía judicial para dirigir el proceso y valorar la
pertinencia de la actividad probatoria, sin que de él pueda inferirse la pretermisión
de una etapa esencial del procedimiento o la inobservancia de una garantía procesal
de entidad suficiente para configurar un defecto procedimental absoluto.

41. Finalmente, tampoco se configura la violación directa de la Constitución
alegada en la solicitud de amparo. Según el accionante, el Tribunal hizo prevalecer
una exigencia procesal sobre el derecho sustancial, restringiendo injustificadamente
el acceso a la administración de justicia y privándolo de una decisión de fondo
respecto del pago de los retroactivos derivados del reajuste salarial.

42. Al respecto, la Sala advierte que dicho planteamiento no constituye un cargo
autónomo frente a los demás defectos analizados, sino una consecuencia que el
actor deriva de la interpretación procesal acogida por el Tribunal Administrativo del
Putumayo. En efecto, la supuesta vulneración del principio de prevalencia del
derecho sustancial depende enteramente de que resulte demostrada la
arbitrariedad de la decisión inhibitoria y, como quedó expuesto, la providencia
cuestionada exteriorizó de manera suficiente las razones por las cuales consideró
que no se encontraba acreditado el interés para demandar, a partir de la

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Demandante: Deyber Antonio Pérez Ruiz

confrontación entre las pretensiones formuladas por la parte actora y el contenido
de los actos administrativos demandados.

43. En ese orden de ideas, la circunstancia de que el accionante no comparta
la interpretación efectuada por la autoridad judicial respecto del alcance de dichos
actos administrativos o del presupuesto procesal del interés para demandar no
habilita, por sí sola, la intervención excepcional del juez de tutela. La jurisprudencia
constitucional ha sido consistente en señalar que la acción de tutela contra
providencias judiciales no constituye un mecanismo para reabrir el debate jurídico
resuelto por el juez natural ni para sustituir su criterio interpretativo, salvo que la
decisión cuestionada resulte manifiestamente arbitraria, caprichosa o carente de
fundamentación objetiva, circunstancias que no se advierten en el presente asunto.

44. En efecto, la Sala observa que la decisión adoptada en el proceso ordinario
desarrolló una motivación suficiente, identificó el objeto del litigio, examinó el
contenido de los actos administrativos demandados, explicó las razones por las
cuales consideró que la administración había reconocido el derecho cuya
declaración perseguía el accionante y expuso de manera clara los fundamentos que
la condujeron a concluir que no se encontraba acreditado el interés para demandar.
En consecuencia, los argumentos formulados en la presente acción constitucional
reflejan, en realidad, la inconformidad del actor con la interpretación jurídica
realizada por el Tribunal Administrativo del Putumayo y con las conclusiones
alcanzadas dentro del proceso ordinario, propósito que resulta incompatible con el
carácter subsidiario y excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

Conclusión

45. Por las razones expuestas, la Sala negará la solicitud de amparo, por cuanto
no se acreditó que la Sentencia de 12 de diciembre de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Putumayo hubiera incurrido en alguno de los defectos específicos
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales alegados por
la parte actora ni, en consecuencia, vulnerado los derechos fundamentales
invocados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

III. FALLA

PRIMERO. NEGAR la solicitud de amparo de la acción de tutela presentada por
Deyber Antonio Pérez Ruiz.

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Demandante: Deyber Antonio Pérez Ruiz

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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