República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04554-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
7 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04554-01 (10203)
Accionante: Deyber Antonio Pérez Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: ajuste salarial soldado profesional.
Subtema 3: defectos fáctico, sustantivo, procedimental, desconocimiento del
precedente judicial y violación directa a la Constitución.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir
la impugnación interpuesta por el señor Deyber Antonio Pérez Ruiz contra la
sentencia de primera instancia del 17 de julio de 2026 proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
1. Síntesis del caso
El señor Deyber Antonio Pérez Ruiz, a través de apoderada, presentó escrito de
tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la buena fe y el principio
de confianza legítima, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo
de Putumayo con ocasión de la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2025,
dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm.
86001-33-33-002-2018-00071-01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:
1
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-04554-00, índice 2, certificado C33E3328908E5871 F4490C3CF37DF546
D761411C1829DF6D 99C93844CBF3D9D1.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04554-01 (10203)
Accionante: Deyber Antonio Pérez Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
2. El señor Deyber Antonio Pérez Ruiz, el 14 de noviembre de 1997, ingresó al
Ejército Nacional para prestar el servicio militar obligatorio. Posteriormente, el 16 de
mayo de 1999, se vinculó como soldado voluntario y, a partir del 1 de noviembre de
2003 se incorporó como soldado profesional.
3. El accionante, mediante escrito del 20 de mayo de 2017, con radicado núm.
20171121874762, le solicitó al Ejército Nacional el reconocimiento y pago de la
diferencia salarial del 20% dejada de percibir en su asignación básica mensual, con
efectos retroactivos desde el 1 de noviembre de 2003.
4. La Dirección de Personal del Ejército Nacional, a través del Oficio núm.
20173170953051 del 10 de junio de 2017, accedió favorablemente a la solicitud e
informó al señor Pérez Ruiz, que, a partir de la nómina de junio de 2017, le sería
reajustado su salario en un 20 %, de acuerdo con los parámetros de la sentencia de
unificación CE-SUJ2 No. 003 de 2016; sin embargo, se abstuvo de efectuar el pago
del retroactivo reclamado, debido a la falta de disponibilidad presupuestal prevista
en el Decreto 2170 de 2016.
5. El actor, inconforme con la decisión, interpuso los recursos de reposición y en
subsidio el de apelación. En consecuencia, la entidad, con Oficio núm.
20173171476681 de 31 de agosto de 2017, desestimó los argumentos del
recurrente y confirmó la información contenida en el Oficio núm. 20173170953051
del 10 de junio de 2017.
6. El señor Deyber Antonio Pérez Ruiz presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, con el fin de que: i) se dejaran sin efecto los actos administrativos
referidos; ii) se reconociera y pagara el reajuste salarial del 20 %, al que, según
afirmó, tenía derecho desde el 1 de noviembre de 2003; y iii) se condenara a la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional al reconocimiento y pago
de los intereses moratorios sobre los valores que resultaran reconocidos por
concepto del reajuste solicitado.
7. El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa, mediante sentencia del 29 de
junio de 2022, negó las pretensiones de la demanda, al considerar los emolumentos
reclamados por el demandante se efectuaron conforme el régimen salarial aplicable
a este. Además, resaltó que, según la sentencia de unificación CE-SUJ2-003-16,
resultaba improcedente adelantar un juicio de igualdad entre soldados voluntarios y
soldados profesionales, pues a ambas clases de uniformados les aplican normas
diferentes y estas disposiciones deben ser aplicadas en forma integral.
8. Dicha providencia también se pronunció sobre el alcance de la prima de
actividad, pese a que no fue objeto de litigio. En este sentido, concluyó que el
demandante no tenía derecho al reconocimiento de dicha prestación, y que ello
tampoco vulneraba el derecho a la igualdad frente a los Oficiales y Suboficiales de
las Fuerzas Militares.
2
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Accionante: Deyber Antonio Pérez Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
9. La parte actora, inconforme con la decisión del juzgado, presentó recurso de
apelación.
10. El Tribunal Administrativo del Putumayo, mediante providencia del 12 de
diciembre de 2025, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se inhibió
de emitir un pronunciamiento de fondo, al considerar que se configuró una falta de
interés para actuar, debido a que el acto administrativo acusado había reconocido
plenamente el derecho cuyo restablecimiento pretendía el demandante, en lo que
respecta al incremento del 20% de su asignación básica mensual.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
11. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:
1) Que se tutelen los derechos fundamentales invocados por el accionante, los
cuales se han vulnerado por el Tribunal Administrativo del Putumayo mediante la
sentencia del 12 de diciembre de 2025 al inhibirse de emitir pronunciamiento de
fondo sobre el asunto.
2) Que, como consecuencia de la protección constitucional solicitada, se declare la
nulidad de la sentencia del 12 de diciembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Putumayo dentro del proceso No. 86001 33 33 002 2018 00071
01, por medio de la cual dicha corporación se inhibió de emitir pronunciamiento de
fondo arguyendo falta de interés para demandar.
3) Que, una vez declarada la nulidad solicitada, se ordene al Tribunal Administrativo
del Putumayo proferir una nueva sentencia, en la que se reconozca que el
accionante tiene derecho al reconocimiento y pago del incremento del 20% en su
sueldo básico y prestaciones sociales desde el 27 de mayo de 2013 en atención a
la prescripción señalada en la Sentencia de Unificación CE-SUJ2-003-16 del
Consejo de Estado2.
12. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante sostuvo que la
providencia del Tribunal Administrativo del Putumayo incurrió en defecto fáctico,
porque no realizó una adecuada valoración del contenido del oficio núm.
20173170953051 del 10 de junio de 2017, en tanto concluyó que este era
«plenamente favorable» al demandante, sin tener en cuenta que dicho acto
administrativo solo reconoció el reajuste del 20% hacia el futuro y negó
expresamente el pago del retroactivo causado, por falta de apropiación
presupuestal.
13. De este modo, explicó que la autoridad judicial efectuó una lectura parcial del
acto administrativo demandado y omitió valorar pruebas relevantes del expediente,
como la manifestación de la entidad en la diligencia de conciliación prejudicial, la
cual consistía en que las liquidaciones estaban «en trámite». Esto, en su criterio,
demostraba que la situación jurídica del actor no había sido satisfecha, por lo que
el análisis del Tribunal se sustentó en una apreciación fragmentada, que condujo a
una conclusión errada sobre la inexistencia de la controversia y derivó en una
inhibición injustificada.
2
Se transcribe incluso con errores de texto.
3
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Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
14. Por otro lado, el actor mencionó que la decisión cuestionada incurrió en defecto
sustantivo, por cuanto desarrolló un análisis de los artículos 43 y 138 de la Ley 1437
de 2011, en un sentido contrario a su contenido, al requerir la demostración previa
de un «agravio cierto, actual y verificable» como presupuesto para demandar, pese
a que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho solo exige que
la persona «se crea lesionada» en un derecho subjetivo para poder hacer uso del
medio de control judicial.
15. Así pues, indicó que el estudio que hizo el Tribunal accionado transformó
indebidamente un criterio subjetivo de legitimación en una carga probatoria
anticipada, lo que equivale a resolver el fondo del litigio antes de admitirlo. A ello se
suma que la autoridad desconoció la naturaleza de acto definitivo del oficio
demandado, pues este decidió el fondo al reconocer parcialmente el derecho y
negar el retroactivo. Para el tutelante, esta interpretación lo privó del acceso real a
la jurisdicción y desnaturalizó el medio de control invocado.
16. Adicionalmente, aseveró que la providencia cuestionada desconoció el
precedente fijado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la Sentencia
de Unificación CE-SUJ2-003-16 del 25 de agosto de 2016, en la que se estableció
que el derecho al reajuste del 20% no opera de manera automática y que la
prescripción cuatrienal corre desde la petición individual, lo que obliga al beneficiario
a reclamar administrativa y judicialmente para evitar la pérdida del retroactivo.
17. Indicó que, la decisión objeto de tutela concluyó que el actor carecía de interés
para demandar y con ello desconoció que la propia sentencia de unificación impone
la carga de acudir a la jurisdicción para consolidar el derecho, especialmente
cuando la administración negó el pago retroactivo. Para el tutelante, esta omisión
del precedente llevó al Tribunal a una conclusión incompatible con el marco
normativo aplicable y frustró la posibilidad de preservar un derecho sujeto a
prescripción.
18. Asimismo, alegó que se configuró un defecto procedimental absoluto, al
considerar que el Tribunal prescindió de las herramientas procesales previstas en
el CPACA para evitar una decisión inhibitoria. Afirmó que, antes de abstenerse de
resolver de fondo, la autoridad judicial pudo ejercer el control de legalidad, adoptar
medidas de saneamiento o decretar pruebas de oficio para establecer si el reajuste
salarial y los retroactivos reclamados habían sido efectivamente reconocidos y
pagados por la Administración.
19. Finalmente, manifestó que la providencia incurrió en violación directa de la
Constitución, pues al declarar la inhibición vulneró los artículos 228 y 229
superiores, toda vez que se abstuvo de resolver de fondo una controversia, lo cual
frustró la finalidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y
lo privó de un pronunciamiento de mérito que permitiera definir y hacer efectivo el
derecho reclamado.
4
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2.3. Trámite Procesal
20. El despacho ponente de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante auto del 17 de junio de 20263, admitió la solicitud de amparo;
ordenó la notificación al Tribunal Administrativo del Putumayo, en su condición de
autoridad accionada; y puso en conocimiento el escrito de tutela a la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.
2.4. Intervenciones
21. El Tribunal Administrativo del Putumayo4 solicitó que se declare improcedente
o, en su defecto, se niegue el amparo, porque no se configura una situación concreta
que afecte o vulnere los derechos fundamentales del accionante con la decisión
cuestionada.
22. En este sentido, explicó que la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho se estructuró sobre la premisa de que la administración había negado por
completo el reajuste del 20% de la asignación salarial, sin plantear un cargo
específico contra la negativa del retroactivo por los períodos anteriores a junio de
2017 o contra los apartes del acto relacionados con la ejecución presupuestal; solo
hasta la solicitud de amparo el actor reconoce expresamente que el acto
administrativo demandado contenía dos decisiones diferenciables (una favorable, el
reajuste hacia futuro, y otra desfavorable, la negativa del retroactivo), lo cual
evidencia que se pretende introducir en sede de tutela una controversia distinta a la
fijada en el proceso ordinario.
23. Afirmó que acceder a lo pretendido por el tutelante implicaría que el juez
constitucional reconstruyera de oficio la causa petendi y el concepto de violación,
en desmedro de los principios de congruencia, contradicción e imparcialidad, y en
desconocimiento del carácter excepcional y subsidiario de la tutela contra
providencias judiciales.
24. Por otro lado, indicó que no se configuró el defecto fáctico alegado, porque la
providencia cuestionada valoró de manera completa el Oficio núm.
20173170953051, incluyendo, a título de «obiter dicta», el punto relativo a la falta
de apropiación presupuestal para el pago del retroactivo, aspecto que fue calificado
como una simple condición para la ejecución del derecho ya reconocido y no como
una negativa de este. Adicionalmente, sostuvo que ese aspecto no fue objeto de
debate en la demanda.
25. Asimismo, refirió que tampoco se presentó el defecto sustantivo, por cuanto no
se realizó una interpretación restrictiva o contraria al artículo 138 del CPACA, dado
que la conclusión sobre la ausencia de interés para demandar no se derivó de una
lectura abstracta o errónea de dicha norma, sino del análisis concreto del contenido
3
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-04554-00, índice 4, certificado 7A12F36F18EA0746 6C43C35A7B38C3F0
EA49AF76D3E244EF 41D9A2719E90BFAB.
4
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-04554-00, índice, 11, certificado 64CB784F4643B239
EAA8D1EF1DB4090D 175719F8D77C4204 89BE1C3D49F10832.
5
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del acto administrativo acusado y de los términos específicos en que la propia parte
actora estructuró la controversia en su demanda.
26. Además, manifestó que, si bien en el recurso de apelación se hizo referencia a
la aplicación de la sentencia de unificación CE-SUJ2-003-16, lo cierto es que antes
de abordar su estudio, la Sala identificó una cuestión previa consistente en la falta
de interés para demandar, la cual al resolverse negativamente hizo innecesario
pronunciarse sobre las reglas fijadas en dicho precedente. En consecuencia, afirmó
que no hubo desconocimiento de la citada providencia.
27. Agregó que tampoco se incurrió en el defecto procedimental, debido a que la
decisión inhibitoria no se fundamentó en la existencia o inexistencia de pago del
retroactivo reclamado, sino exclusivamente en el contenido del acto administrativo
demandado y en la forma en que la parte actora estructuró su propia controversia,
por ello, consideró que la facultad oficiosa prevista en el artículo 213 del CPACA no
impone al juez el deber de decretar pruebas para reconstruir o modificar el objeto
del litigio fijado por las partes.
28. Finalmente, expuso que no se configuró una violación directa de la Constitución,
pues al no configurarse ninguna de las causales específicas de procedibilidad
invocadas, tampoco se habría producido una afectación al derecho de acceso a la
administración de justicia ni al principio de prevalencia del derecho sustancial.
29. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional5 solicitó que se
negaran las pretensiones de la tutela, por cuanto esta no podía convertirse en una
tercera instancia para replantear lo que la parte actora no logró obtener dentro del
proceso ordinario. Adujo que en este asunto no se configuran los presupuestos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
30. El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa6 remitió, a esta corporación, el
expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin
pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.
2.5. Sentencia de tutela de primera instancia
31. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 17 de julio de 20267, negó la solicitud de amparo, al considerar que
no se configuró el defecto fáctico alegado, pues la providencia cuestionada valoró
el contenido del acto administrativo y los elementos relevantes del expediente, a
partir de los cuales determinó su alcance y las consecuencias jurídicas
correspondientes.
32. Indicó que la acción de tutela contra providencias judiciales no permite sustituir
la valoración del juez natural ni reabrir el debate ordinario cuando la decisión se
5
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-04554-00, índice 13, certificado 2679631C8EF87AE7 A1DFF9384426648C
51E32B533D3FF834 2A08C0D000C48B2E.
6
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-04554-00, índice 10, certificado 70E923D66543058A 22BBCF80A2BF7090
302FFEEF994ECB41 B59721BF6C4F9C73.
7
Samai. exp. núm. 11001-03-15-000-2026-04554-00, índice 17, certificado C2F3F52685C5F516 9765AD9AA8996C47
DC7F34D74475EE07 3318F2CEF7798C0A.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04554-01 (10203)
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encuentra sustentada en razones objetivas, razonables y suficientes, aun cuando la
parte actora discrepe de ellas.
33. Sostuvo que tampoco se presentó el defecto sustantivo, dado que la solicitud
de amparo no desarrolló una carga argumentativa y probatoria dirigida a demostrar
la aplicación de una norma que no correspondía o la adopción de una interpretación
abiertamente contraria al ordenamiento jurídico; por el contrario, se limitó a
cuestionar el entendimiento que el Tribunal efectuó respecto del alcance de los
actos administrativos demandados y de las consecuencias procesales que derivó
de ello.
34. Además, refirió que la decisión cuestionada no desconoció el precedente
judicial, en la medida en que no ignoró ni sustituyó por una regla distinta lo
estipulado en la sentencia de unificación CE-SUJ2-003-16, pues la autoridad
judicial, al examinar el contenido de los actos administrativos demandados,
concluyó que el interés para acudir a la jurisdicción no se encontraba acreditado,
toda vez que la administración ya había reconocido el reajuste salarial cuya
declaración pretendía obtener el actor. Bajo esa premisa, consideró innecesario
pronunciarse sobre la aplicación de las reglas contenidas en la sentencia de
unificación.
35. Asimismo, desestimó la existencia del defecto procedimental alegado, pues el
razonamiento del Tribunal correspondió al ejercicio de su autonomía judicial para
dirigir el proceso y valorar la pertinencia de la actividad probatoria. En consecuencia,
no se configuró la pretermisión de una etapa esencial del trámite ni la inobservancia
de una garantía procesal de entidad suficiente para configurar este defecto.
36. Por último, aseveró que la violación directa de la Constitución no se presentó,
dado que este planteamiento no constituyó un cargo autónomo frente a los demás
defectos analizados, sino una consecuencia que la parte actora derivó de la
interpretación procesal adoptada por el Tribunal Administrativo del Putumayo.
2.6. Impugnación
37. La parte actora presentó impugnación8 contra la sentencia del 17 de julio de
2026. En su escrito sostuvo que el juez de tutela de primera instancia no efectuó un
análisis adecuado de las circunstancias ocurridas en el proceso ordinario y de los
argumentos planteados en la demanda de tutela.
38. De esta manera, expuso que el Tribunal accionado desconoció el contenido
literal del acto administrativo, pues en dicha actuación no se reconocieron valores
causados con anterioridad a junio de 2017 ni se indicó que se encontraran
pendientes de pago, sino que condicionó su eventual cancelación a la futura
asignación de recursos presupuestales.
8
Samai. exp. núm. 11001-03-15-000-2026-04554-00, índice 21, certificado 5C783E4AF8B7BBEC 70AEED07524C89FE
92F74B226D3C0BB7 F48069CEABD406AA.
7
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39. En este sentido, reiteró que la providencia cuestionada omitió verificar el
contenido de las pretensiones de la demanda ordinaria, pues estas incluían
expresamente el reconocimiento y pago del reajuste desde noviembre de 2003. Así
pues, la afirmación de que el retroactivo no fue objeto de debate resulta incompatible
con la lectura de la demanda y constituye un error fáctico que afectó los intereses
del demandante, al concluir que se configuró una falta de interés para demandar.
40. De igual manera, refirió que la decisión objeto de tutela omitió aplicar la regla
cuarta de la sentencia de unificación CE-SUJ2-003-16, pese a reconocer su
pertinencia. Dicha directriz exige acudir a la vía judicial para consolidar el derecho
y evitar la prescripción, de modo que la tesis de la falta de interés para demandar
vació de contenido el precedente aplicable y desconoció la estructura normativa que
rige la reclamación del retroactivo.
41. Agregó que esta circunstancia adquiría especial relevancia porque habían
transcurrido varios años desde que el Ejército Nacional condicionó el pago del
retroactivo a la existencia de apropiación presupuestal, el cual no se realizó. En
tales condiciones, la decisión inhibitoria dejó al accionante sin un mecanismo judicial
que garantizara el reconocimiento y pago de las sumas reclamadas, mientras el
transcurso del tiempo podía comprometer la aplicación por la figura de la
prescripción.
42. Finalmente alegó que la providencia no se sustentó en una motivación objetiva,
razonable y suficiente, sino en una valoración fragmentaria del acto administrativo
y de las pretensiones formuladas en la demanda.
43. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque el fallo impugnado y, en
su lugar, se acceda a las pretensiones de la tutela.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
44. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 17 de
julio de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
3.2. Legitimación en la causa de las partes
45. La legitimación en la causa por activa del señor Deyber Antonio Pérez Ruiz está
acreditada, porque fue el demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que fue expedida la sentencia que, a su juicio, desconoció sus
derechos fundamentales.
46. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Putumayo, debido a que fue la autoridad que profirió la
providencia, objeto de estudio.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04554-01 (10203)
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3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
47. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado9 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional10.
48.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
49. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso
de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por lo
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
50. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución12.
3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
51.En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
10
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
12
Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04554-01 (10203)
Accionante: Deyber Antonio Pérez Ruiz
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una afectación de sus derechos fundamentales indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
52. La presente acción también supera el requisito de subsidiariedad, porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela
53. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 12 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Putumayo fue notificada el 15 de diciembre siguiente13, y la demanda de tutela se
presentó el 12 de junio de 202614, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto
por la jurisprudencia constitucional15 y del Consejo de Estado16 como razonable.
54. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera expuesto la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
55. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
56. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos fáctico, sustantivo,
procedimental, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos
que planteó la parte actora.
3.4. Problema jurídico
57. La Sala debe determinar lo siguiente: ¿El Tribunal Administrativo de Putumayo
vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la buena fe y el principio de confianza legítima del
tutelante?
58. En particular, se deberá establecer esto: ¿La autoridad accionada incurrió en
los defectos fáctico, sustantivo, procedimental, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución, al proferir la sentencia del 12 de diciembre de
2025 que revocó el fallo de primera instancia17 y, en su lugar, se declaró inhibido
13
Samai, exp. 86001-33-33-002-2018-00071-01, índice 18, certificado 52111476D9F0579B 6144FA468C74764F
AE74A47C98D72102 AE8790A9469B3644.
14
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04554-00, índice 1.
15
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
17
Sentencia del 29 de junio de 2022, Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa.
10
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para emitir pronunciamiento de fondo a las pretensiones invocadas por el actor en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?
59. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados;
y ii) el caso concreto.
3.4.1. El defecto sustantivo
60. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado18.
61. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
62. La Corte Constitucional se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]19.
63. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
64. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
18
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
19
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
11
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derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).20
3.4.2. El defecto fáctico
65. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»21. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión22» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.
66. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»23. Por su parte, la dimensión negativa
se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran
los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución
del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes
que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en
aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»24.
67. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados
hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso25.
68. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial26, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
20
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
21
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
22
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
25
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
26
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
12
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evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»27.
69. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente
opuesta –siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de
los materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]28.
3.4.3. El desconocimiento del precedente
70. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas29.
71. Al respecto, la Corte Constitucional30 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos
analizados y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente
considerado por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior.
Frente a la obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:
90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto
de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al
imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia
para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
27
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
28
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
29
Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
30
Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
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Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre
de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo
principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el
ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un
principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la
aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales31.
72. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia32.
73. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»33 .
74. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela34.
75. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación35.
31
Se transcribe incluso con errores.
32
Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
33
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
34
Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
35
Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
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76. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.
3.4.4. El defecto procedimental
77. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución
Política, los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y
el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen
prerrogativas de connotación ius fundamental para el adecuado funcionamiento de
la actividad judicial.
78. En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo
de los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de
las partes, constituyen una causal específica de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que la jurisprudencia constitucional denominó defecto
procedimental.
79. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada, que el
defecto procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se
presenta cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando
el goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo
rigor en la aplicación de las normas procesales»36.
80. Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede
configurar porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al
asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del
procedimiento establecido o (iii) no realiza el debate probatorio»37.
81.De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela
demostrar que el juez, ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés, actuó
completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello, generó
una vulneración grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio
adecuado y oportuno a la defensa y a la contradicción.
82. En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción de
tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto procedimental
exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes
presupuestos:«(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna
otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se
advierta la ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea
manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador
de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el
36
Corte Constitucional, Sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-367 de 2018 y T-008 de 2019.
37
Corte Constitucional, Sentencia T-166 de 2022.
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proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
especificidades del caso concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al
afectado; y (v) como consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los
derechos fundamentales»38.
3.4.5. Violación directa de la Constitución
83. De acuerdo con la Corte Constitucional, el defecto bajo estudio tiene
fundamento en la fuerza vinculante prevista en el artículo 4 superior, según el cual
la Carta Política es norma de normas en todo el ordenamiento jurídico interno y,
ante cualquier «incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica,
se aplicarán las disposiciones constitucionales». Dicha causal específica de
procedencia ocurre cuando el juez en su providencia «omite, contradice o le da un
alcance insuficiente a las reglas, principios y valores consagrados en el texto
superior»39.
84. En un principio, el defecto de violación directa de la Constitución fue concebido
como un defecto sustantivo; sin embargo, en la sentencia T-949 de 2003 fue
comprendido como una causal autónoma de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, criterio ratificado con la sentencia C-590 de 200540.
Ahora bien, el alto tribunal constitucional ha indicado que esta causal se configura
en los siguientes eventos:
i) En la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una disposición
legal de conformidad con el precedente constitucional;
ii) se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación
inmediata;
iii) los jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no
tienen en cuenta el principio de interpretación conforme con la
Constitución; y
iv) si el juez encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma
incompatible con la Constitución, y no aplica las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales41.
85. En conclusión, el defecto autónomo de violación directa de la Constitución
supone el desconocimiento por parte de los jueces del mandato contenido en el
artículo 4 superior que antepone, de manera preferente, la aplicación de los
postulados de la Constitución Política, sus reglas, principios y valores.
3.5. Caso concreto
86. En el asunto bajo estudio, el señor Deyber Antonio Pérez Ruiz promovió
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el
fin de que se dejaran sin efecto los oficios núm. 20173170953051 del 10 de junio
38
Corte Constitucional, Sentencia SU-418 de 2019.
39
Corte Constitucional, sentencia T- 587 de 2017.
40
Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021.
41
Corte Constitucional, sentencia SU-098 de 2018.
16
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de 2017 y núm. 20173171476681 de 31 de agosto siguiente y, en consecuencia,
se ordenara el reajuste de su asignación básica desde el 1 de noviembre de 2003.
87. En primera instancia, el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa, mediante
sentencia del 29 de junio de 2022, negó las pretensiones de la demanda. Apelada
dicha decisión, el Tribunal Administrativo de Putumayo profirió fallo el 12 de
diciembre de 2025, en el que revocó la providencia del juez de primera instancia y,
en su lugar, se declaró inhibido para emitir pronunciamiento de fondo.
88. Ahora bien, la parte accionante alegó en el escrito de tutela que la autoridad
judicial accionada, al dictar la sentencia del 12 de diciembre de 2025, incurrió en
defecto fáctico, por cuanto no realizó una adecuada valoración del contenido del
oficio núm. 20173170953051 del 10 de junio de 2017, en tanto concluyó que este
era «plenamente favorable» al demandante, sin tener en cuenta que dicho acto
administrativo solo reconoció el reajuste del 20% hacia el futuro y negó
expresamente el pago del retroactivo causado, alegando falta de apropiación
presupuestal.
89. Agregó que la decisión cuestionada incurrió en defecto sustantivo, debido a que
realizó una interpretación contraria de los artículos 43 y 138 de la Ley 1437 de 2011,
al exigir la demostración previa de un «agravio cierto, actual y verificable» como
presupuesto para demandar, pese a que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho solo exige que la persona «se crea lesionada» en un
derecho subjetivo.
90. Asimismo, indicó que se desconoció el precedente, por cuanto se dejó de
analizar de fondo el litigio, pese a que la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en la sentencia de unificación CE-SUJ2-003-16 del 25 de agosto de 2016,
estableció que el derecho al reajuste del 20% no opera de manera automática y
que la prescripción cuatrienal corre desde la petición individual, lo que obliga al
beneficiario a reclamar administrativa y judicialmente para evitar la pérdida del
retroactivo.
91. Refirió que se configuró un defecto procedimental, porque el Tribunal prescindió
de las herramientas procesales previstas en el CPACA para evitar una decisión
inhibitoria.
92.Por último, alegó que la decisión cuestionada vulneró los artículos 228 y 229
superiores, por lo que incurrió en el defecto de violación directa de la Constitución.
93. Al respecto, se observa que el Tribunal Administrativo de Putumayo, en la
sentencia del 12 de diciembre de 2025, examinó los documentos aportados al
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho y precisó que: «el señor
Deyber Antonio Pérez, con fundamento en el artículo 1° del Decreto 1793 de 2000,
solicitó ante la jefatura de nómina del Ejército Nacional el reajuste del 20 % de su
asignación salarial y prestaciones sociales a partir del 1 de noviembre de 2003,
fecha en la cual pasó de ser soldado voluntario a ser soldado profesional».
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94. De igual manera, la autoridad judicial accionada constató que al trámite judicial
se aportó copia del Oficio núm. 20173170953051 del 10 de junio de 2017, por medio
del cual la Dirección de Personal del Ejército Nacional atendió la petición del actor
en los siguientes términos:
Con relación a las solicitudes señaladas en el derecho de petición de la referencia, me
permito informar que, a partir de la nómina del mes de junio del presente año, será
reajustado el 20% del salario del señor SLP DEYBER ANTONIO PÉREZ RUIZ, al cual
se asiste derecho a devengar, conforme a los parámetros establecidos en la Sentencia
CE-SUJ2 No.003/16 decretada por el Consejo de Estado.
Así mismo con relación a los valores a que le asista derecho a devengar, por
mencionado concepto, con anterioridad a Junio de 2017, se informa que previo a las
solicitudes realizadas por el Ejército Nacional ante el Ministerio de Defensa Nacional,
a la fecha, conforme a lo establecido en el Decreto 2170 de 2016, "Por el cual se liquida
el Presupuesto General de la Nación", no ha sido asignado por parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, presupuesto alguno al Ejército Nacional, para la
cancelación de los valores solicitados correspondientes con vigencias expiradas,
relacionados con la Sentencia de unificación de jurisprudencia CE-SUJ2 No.003/16,
decretada por el Consejo de Estado. […].
95. De igual manera, la providencia objeto de tutela verificó que el demandante
presentó recursos de reposición y de apelación contra el referido oficio, bajo la
convicción de que el acto administrativo había negado su pretensión. En este
sentido, el Tribunal destacó que en el expediente se encontraba acreditado que la
Sección Nómina del Ejército Nacional, mediante Oficio núm. 20173171476681 de
31 de agosto de 2017, reiteró a la parte actora que «a partir de la nómina del mes
de junio del presente año, fue reajustado el 20 % del salario al cual le asiste derecho
a devengar, conforme a los parámetros establecidos en la Sentencia CE-SUJ2 No.
003/16 decretada por el Consejo de Estado […]».
96. Aunado a lo anterior, la sentencia cuestionada puso de presente que la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se estructuró sobre las
siguientes pretensiones:
[…] la nulidad del Oficio No. 20173170953051 de 10 de junio de 2017, dictado por el
Director de Personal del Ejército Nacional, que, según el demandante, «negó el
reajuste salarial del 20 % a mi representado a partir del 1 de noviembre de 2003», así
como el Oficio No. 20173171476681 de 31 de agosto de 2017, que resolvió los
recursos en sede administrativa.
A título de restablecimiento del derecho, el actor solicitó que se condenara a la entidad
demandada al reconocimiento y pago del reajuste salarial del 20 % a partir del 1° de
noviembre de 2003, así como el reajuste de las prestaciones sociales y acreencias
laborales devengadas desde el 1° de noviembre de 2003 y hasta su retiro definitivo de
la institución. Adicionalmente, pidió que se condenara a la demandada al
reconocimiento y pago de intereses moratorios, indexación sobre los valores
reconocidos y al pago de costas.
97.A partir del anterior contexto probatorio, el Tribunal Administrativo de Putumayo
consideró que la parte demandante carecía de interés para ejercer el medio de
18
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control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los citados actos
administrativos, con fundamento en las consideraciones que se describen a
continuación:
A partir de lo anterior, la Sala encuentra que el acto administrativo cuestionado
reconoce expresamente al demandante el reajuste salarial del 20 % solicitado, y que
la administración ratificó en sede administrativa dicho reconocimiento, indicando que
el reajuste sería aplicado a partir de junio de 2017. No existe, por tanto, una decisión
adversa que altere, restrinja o menoscabe su situación jurídica.
Si bien el acto se refiere a la imposibilidad presupuestal de efectuar pagos
correspondientes a periodos anteriores a junio de 2017, lo cierto es que no constituye
una negativa del derecho reconocido, sino una manifestación de las restricciones de
ejecución a cargo de la administración. Además, dicho aspecto no fue objeto de debate
en la demanda, la cual se dirigió exclusivamente contra la supuesta omisión en el
reconocimiento del reajuste.
Al ser el acto impugnado favorable, no se configura el presupuesto del interés para
demandar previsto en el artículo 138 del CPACA. El demandante no está «lesionado
en un derecho subjetivo», y el proceso carece de un objeto litigioso real que habilite a
esta jurisdicción para revisar la legalidad del acto.
La sentencia de primera instancia, al abordar el fondo como si existiera una negativa
administrativa, desconoció el contenido material del acto y resolvió una controversia
inexistente. En consecuencia, corresponde a esta Sala revocar dicha decisión y
declararse inhibida, por ausencia del interés para demandar y por carencia de objeto.
La Sala no desconoce la posición de la Corte Constitucional relacionada con la
prohibición de proferir fallos inhibitorios. Sin embargo, esa Corporación también ha
considerado la posibilidad de que existan esta clase de decisiones en «casos
extremos» cuando quiera que se establezca con plena seguridad que el juez no tiene
otra alternativa42.
En el presente asunto, la ausencia de interés para actuar impide cualquier
pronunciamiento de mérito, pues la jurisdicción solo puede intervenir cuando existe un
interés real, actual y jurídicamente cualificado que justifique la activación de la función
judicial. En estas condiciones, la inhibición no constituye una restricción indebida del
acceso a la justicia, sino la respuesta obligada del juez frente a la falta de un
presupuesto procesal esencial que condiciona la validez y eficacia misma de la
actuación jurisdiccional.
98. De acuerdo con lo anterior, se observa que el Tribunal Administrativo de
Putumayo revisó el contenido el acto administrativo demandado, así como las
pretensiones de la demanda y advirtió que la decisión de la administración se emitió
en un sentido favorable a lo solicitado por el demandante, pues reconoció
expresamente que era procedente efectuar el reajuste salarial del 20 % y confirmó
su aplicación desde junio de 2017.
99.El Tribunal puso de presente que, si bien el Oficio núm. 20173170953051 del
10 de junio de 2017 hizo referencia a limitaciones presupuestales para pagar
42
Corte Constitucional de Colombia. (1996). Sentencia C-666/96.
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periodos anteriores, lo cierto es que ello no constituía una negativa del derecho,
sino una explicación sobre la ejecución administrativa. Además, aclaró que ese
punto no fue un argumento que se hubiese propuesto al interior de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho. En consecuencia, la autoridad judicial
consideró que no existía una decisión adversa que afectara su situación jurídica del
actor ni un verdadero conflicto que habilitara la intervención del juez contencioso.
100.En este orden, la sentencia acusada afirmó que la actuación administrativa
cuestionada resultó favorable al demandante, por lo que el asunto que se dejó a
consideración del Tribunal carecía de objeto en la medida en que no se configuró
un interés para demandar, de acuerdo con los supuestos descritos en el artículo
138 del CPACA. Lo anterior, por cuanto el acto demandado no permitía verificar un
hecho concreto que lesionara un derecho subjetivo del actor.
101.En este punto, la autoridad judicial accionada resaltó que la Corte
Constitucional, si bien ha limitado los fallos inhibitorios, también ha admitido su
procedencia en casos extremos donde el juez no tiene alternativa. De este modo,
advirtió que en el caso bajo estudio la falta de un interés real, actual y jurídicamente
cualificado impedía cualquier pronunciamiento de mérito. La inhibición, entonces,
no restringía el acceso a la justicia, sino que constituía la respuesta obligada ante
la ausencia de un presupuesto procesal esencial que condiciona la validez de la
actuación jurisdiccional.
102.Con fundamento en lo anterior, la corporación judicial concluyó que los hechos
y las pruebas aportadas al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
permitían inferir la ausencia de un interés para actuar de la parte actora, lo cual
impedía emitir un pronunciamiento de mérito.
103.En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del 12 de diciembre
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Putumayo no incurrió en los
defectos alegados por el tutelante, toda vez que la decisión de revocar la
providencia de primera instancia43 estuvo soportada en un estudio razonable de los
hechos, de las pruebas, de la normativa procesal y de la jurisprudencia aplicable al
caso.
104.En efecto, se observa que la decisión cuestionada valoró de manera coherente
el contenido del acto administrativo demandado, con el propósito de establecer el
alcance jurídico de este. Ciertamente, el Tribunal puso de presente que la
administración reconoció y ordenó el pago del 20% de la asignación salarial
reclamada y también se pronunció sobre los valores causados con anterioridad a
junio de 2017, para lo cual resaltó que estas acreencias estaban sujetas a la
apropiación presupuestal para atender dichos pagos por parte de la entidad.
105.De este modo, el Tribunal concluyó que tal manifestación no constituía una
negativa del derecho reconocido, sino una alusión a las limitaciones presupuestales
existentes para su ejecución, aspecto que, en su criterio, resultaba ajeno a la
controversia planteada en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
43
Sentencia del 29 de junio de 2022, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa.
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106.En concreto, se tiene que el análisis probatorio desarrollado por la autoridad
judicial accionada lejos de mostrar una situación indebida por acción u omisión, lo
que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al contenido de los
documentos y testimonios aportados a la actuación judicial, por lo que no es posible
inferir que la decisión objeto de tutela fue contraria a derecho. Distinto es que el
Tribunal no le haya otorgado el valor probatorio que los demandantes pretendían
que se les atribuyera a los medios de prueba allegados al proceso.
107.Sobre el punto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»44.
108.Por otro lado, se observa que la providencia cuestionada al examinar los
hechos y las pruebas aportadas al proceso ordinario efectuó una interpretación
adecuada del artículo 138 del CPACA, en tanto concluyó que no se configuraba el
supuesto descrito en la norma para analizar la controversia bajo el referido medio
de control judicial y emitir un pronunciamiento de fondo.
109. En suma, la autoridad judicial consideró que la entidad demandada había
reconocido expresamente el reajuste salarial cuya declaración se pretendía obtener
y que la referencia contenida en el oficio respecto de los valores anteriores a junio
de 2017 no alteraba esa conclusión, pues correspondía, a su juicio, a un aspecto
relacionado con la ejecución del acto y no con el reconocimiento mismo del
derecho. Además, la demanda de ninguna manera desarrolló una carga
argumentativa y probatoria dirigida a demostrar una negativa de la administración
en el pago de un retroactivo ni planteó reclamación alguna en ese sentido, por lo
que se configuraba una ausencia de interés para demandar.
110.Bajo esta consideración, es posible advertir que el acto administrativo
demandado no contenía una manifestación clara y expresa que resolviera de
manera desfavorable la pretensión que el tutelante pretende reclamar a través de
este mecanismo de tutela, por lo que la autoridad judicial al abstenerse de emitir
una decisión de mérito no incurrió en el defecto sustantivo alegado.
111. Sobre la configuración del acto administrativo demandable ante las autoridades
de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, es pertinente mencionar que el
numeral 2 del artículo 161 del CPACA45 establece el agotamiento preliminar de la
actuación administrativa como hecho que garantiza el debido proceso de la
respectiva entidad y, a su vez, constituye un presupuesto procesal para acudir a la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
44
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
45
Artículo 161 numeral 2 del CPACA: «[…] 2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán
haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la
primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto».
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112.En este sentido, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado46 precisó que la persona que pretenda obtener el reconocimiento de un
derecho, mediante el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, debe agotar previamente una actuación administrativa en la cual se
configure el acto objeto de debate. Al respecto, la corporación indicó lo siguiente:
El agotamiento de la actuación administrativa constituye un presupuesto procesal sine
qua non para quien pretende acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa con
el fin de hacer valer sus derechos, por tanto, es obligatorio para quien pretenda
demandar un acto administrativo en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, agotar la actuación administrativa antes de acceder a la
jurisdicción contenciosa47; dicha reclamación debe tramitarse ante la entidad pública
llamada a reconocer o extinguir el derecho que sea invocado por el administrado, es
decir, aquella entidad que tenga la competencia o atribución legal para crear o modificar
situaciones jurídicas a través de la expedición de actos administrativos de contenido
particular y concreto.
En ese orden, hay un indebido agotamiento de la actuación administrativa cuando se
plantean asuntos nuevos que no fueron formulados cuando se pretendió agotar la
actuación administrativa, puesto que, los hechos, cargos y pretensiones reclamadas
para que la administración revise sus decisiones y subsane las irregularidades en que
pudo haber incurrido, imponen el marco de la demanda, es decir que un punto que no
fue discutido ante la administración, no podrá ser estudiado en sede jurisdiccional, lo
que sí se puede plantear son mejores argumentos jurídicos.
113.De acuerdo con lo expuesto, es claro que, si lo pretendido por la parte actora
era obtener el pago del retroactivo de la prestación salarial reconocida en el oficio
demandado, bien podía presentar una petición en ese sentido ante la entidad, que
le permitiera interrumpir el término de prescripción y, a su vez, obtener un acto
administrativo susceptible de control judicial.
114.Se debe mencionar que este tipo de conflictos jurídicos deben debatirse al
interior de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, conforme sus reglas
procesales, tal y como lo ha indicado en reiterados pronunciamientos48 la Corte
Constitucional al dirimir conflictos de jurisdicción.
115. De otra parte, la Sala no advierte la configuración del desconocimiento del
precedente jurisprudencial invocado por la parte actora. Contrario a lo expuesto por
el tutelante, el Tribunal consideró que, antes de abordar el estudio de fondo de dicho
planteamiento, debía verificar la concurrencia de los presupuestos procesales
necesarios para proferir una decisión de mérito. Tras examinar el contenido de los
actos administrativos demandados, concluyó que no se encontraba acreditado el
interés para acudir a la jurisdicción. Bajo esa premisa, estimó que no era necesario
pronunciarse sobre la aplicación de las reglas contenidas en la Sentencia de
46
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 16 de mayo de 2019, radicado: 15001-23-33-000-2013-
00891-01 (4438-2016).
47
De conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo
48
Al respecto, se puede ver: Corte Constitucional Autos A-492 de 2021, A025 de 2025 y A-315 de 2025.
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Unificación CE-SUJ2-003-16 del 25 de agosto de 2016, al indicar que la falta de
dicho presupuesto procesal impedía efectuar un estudio de fondo del litigio.
116.Así pues, el desacuerdo del accionante no evidencia un desconocimiento del
precedente judicial, sino una inconformidad con la decisión del Tribunal de no
abordar el análisis de las reglas jurisprudenciales invocadas, como consecuencia
de la falta de interés para demandar. Sin embargo, esa circunstancia no significa
que el precedente fue ignorado, inaplicado arbitrariamente o sustituido por una
regla distinta. En concreto, se trata de una consecuencia derivada de la
interpretación procesal efectuada por el juez frente al caso concreto, la cual, por sí
sola, no configura una causal específica de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
117.Adicionalmente, se debe mencionar que en la sentencia objeto de tutela,
tampoco se configura un defecto procedimental, en la medida en que no se observa
que la autoridad judicial accionada haya actuado completamente al margen del
procedimiento legal establecido o ignorando de forma total las normas procesales
esenciales.
118. En este caso, el Tribunal explicó que el debate procesal no giraba en torno a si
las diferencias salariales fueron pagadas, sino a si los actos demandados habían
negado el reajuste salarial cuya nulidad se solicitaba; por ello, verificar el pago de
los retroactivos habría desplazado la discusión hacia una controversia distinta de la
propuesta. Tal razonamiento corresponde al ejercicio de la autonomía judicial para
dirigir el proceso, sin que de él se infiera la omisión de una etapa esencial del
procedimiento.
119.Bajo este contexto no le asiste razón a la parte accionante, cuando afirmó que
el Tribunal debió ejercer sus facultades oficiosas previstas en el CPACA, para
interpretar los actos administrativos demandados y la demanda, para que se
encausara el proceso, conforme la pretensión del accionante, pues estas
potestades están dirigidas a esclarecer los hechos relevantes para resolver la
controversia planteada, no a alterar el objeto del litigio ni a sustituir la carga de las
partes en la delimitación de sus peticiones.
120.Por último, conviene mencionar que en el asunto objeto de estudio no se
configura el defecto de violación directa de la Constitución, porque dicho
planteamiento no constituye un cargo autónomo frente a los demás defectos
propuestos, sino una consecuencia que el actor deriva de la interpretación procesal
acogida por el Tribunal Administrativo del Putumayo.
121.En efecto, la alegada vulneración del principio de prevalencia del derecho
sustancial depende enteramente de que se demuestre la arbitrariedad de la
decisión inhibitoria y, como quedó expuesto, la providencia cuestionada expuso de
manera suficiente las razones por las cuales consideró que no se encontraba
acreditado el interés para demandar, a partir de la confrontación entre las
pretensiones formuladas por la parte actora y el contenido de los actos
administrativos demandados.
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122.Conforme a lo hasta aquí planteado la Sala advierte que la autoridad accionada,
en ejercicio de los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica,
realizó una interpretación coherente y razonable de las normas y de las pruebas
obrantes en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho. Por estas
razones, si bien la providencia objeto de tutela no resultó favorable al tutelante, ello
no implica que se hayan desconocido sus garantías constitucionales.
123.De esta manera, no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la
acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir
el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un pronunciamiento
que se acomode a sus intereses y pretensiones.
4. Conclusión
124.El Tribunal Administrativo de Putumayo no incurrió en los defectos alegados por
el accionante. Por tal motivo, se confirmará la sentencia del 17 de julio de 2026
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación, que negó
la solicitud de amparo.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia del 17 de julio de 2026 emitida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta
providencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
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Accionante: Deyber Antonio Pérez Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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