Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04572-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04572-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04572-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
16 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., dieciséis [16] de julio de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04572-00
Demandante: MARÍA DEL CARMEN MALDONADO HORTUA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C
Temas: Tutela contra providencia judicial – Declara la
improcedencia por falta de relevancia constitucional1.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide el presente mecanismo constitucional de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el Acuerdo
080 de 20192, de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La señora María del Carmen Maldonado Hortua, en nombre propio, presentó acción
de tutela con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la estabilidad
laboral reforzada de la mujer gestante.
Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de
la sentencia de 28 de enero de 2026, dictada por la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se confirmó
parcialmente el fallo proferido el 25 de agosto de 2023, por el Juzgado Cincuenta y
Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que accedió parcialmente a las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
adelantó la accionante contra la Unidad Nacional de Protección, proceso
identificado con el radicado 11001-33-42-055-2020-00240-00/01.
1 Reitera postura de la Sala fijada en la sentencia de 2 de julio de 2026 dentro del Exp. 11001-03-
15-000-2026-04231-00.
2 Modificado por el Acuerdo 434 del 2024.
Demandante: María del Carmen Maldonado Hortua
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04572-00
1.2. Peticiones del amparo constitucional
Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a
la administración de justicia, y estabilidad laboral reforzada de MARIA DEL
CARMEN MALDONADO HORTUA.
2. DEJAR SIN EFECTOS parcialmente la sentencia de segunda instancia
proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dentro del expediente 11001-33-42-055-
2020-00240-01.
3. ORDENAR al Tribunal accionado proferir una sentencia de reemplazo en la
que, aplicando el enfoque de género y la flexibilización de la regla de
unificación, declare que la no solución de continuidad en el periodo de 2017
por razones de protección a la maternidad, y por no terminación del vínculo
contractual, confirmando el pago total de las prestaciones sociales ordinarias
desde el 19 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2018 tal como había
indicado el A quo.3
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
La señora María del Carmen Maldonado Hortua prestó sus servicios personales a
la Unidad Nacional de Protección [UNP] desde el 19 de enero de 2012 hasta el 31
de diciembre de 2018, mediante diferentes contratos de prestación de servicios,
desempeñando actividades de apoyo en el área de radicación y recibo de
correspondencia.
El 27 de enero de 2020 presentó solicitud ante la Unidad Nacional de Protección
para que se reconociera la existencia de una relación laboral y, se ordenara el pago
de las prestaciones sociales y demás acreencias derivadas del vinculó que afirmó
existió durante el tiempo de ejecución de los demás contratos.
Mediante oficio OFI20-00003339 del 7 de febrero de 2020, la entidad negó dicha
petición, al considerar que la vinculación de la actora se desarrolló mediante
contrato de prestación de servicios, sin que se configurara los elementos propios de
una relación laboral.
Con ocasión de lo anterior, promovió medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la UNP, con el fin de obtener la nulidad del oficio OFI20-
00003339 del 7 de febrero de 2020, mediante el cual la entidad negó el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral. Como restablecimiento del
derecho solicitó que se declarara la existencia de un contrato realidad y se ordenara
el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, aportes al sistema de
3 Transcripción literal del texto original por lo que puede contener errores.
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Demandante: María del Carmen Maldonado Hortua
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04572-00
seguridad social y demás acreencias laborales derivadas del vínculo que afirmó
existió entre el 19 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2019.
El Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
mediante sentencia de 25 de agosto de 2023, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda al considerar acreditados los elementos del contrato
realidad, en especial la subordinación, y concluir que la UNP utilizó la contratación
por prestación de servicios para encubrir una verdadera relación laboral.
Inconforme con esa decisión, la UNP interpuso recurso de apelación al señalar que
la relación fue de naturaleza exclusivamente contractual, por cuanto la demandante
prestó sus servicios con autonomía, percibió honorarios pactados previa
presentación de la factura o cuenta de cobro. Asimismo, solicitó que se examinara
la prescripción derivada de las suspensiones presentadas durante la ejecución de
los contratos.
La Sección Segunda, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por medio de la providencia de 28 de enero de 2026, confirmó parcialmente la
sentencia de primera instancia, en el sentido de indicar que, en razón a que la
reclamación administrativa la presentó el 27 de enero de 2020, para el 27 de enero
de 2017, el contrato 075 de 2017, estaba suspendido y lo fue por un periodo superior
a los 30 días hábiles, por tanto, se configuró la prescripción extintiva del pago de las
prestaciones anteriores al 3 de abril de 2017, salvo lo que refería a los aportes
pensionales.
1.4. Fundamento de la solicitud
La solicitud de amparo se fundamenta en la presunta configuración de los defectos
fáctico y sustantivo.
Frente al primero la accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo dejó de
valorar las pruebas que, en su criterio, demostraban que la suspensión de la relación
contractual en el año 2017 obedeció a su estado de embarazo, parto y postparto.
En ese sentido, afirmó que la Unidad Nacional de Protección conocía dicha
circunstancia y contaba con la documentación que la acreditaba; sin embargo,
omitió ponerla en conocimiento del juez ordinario. Por lo que, agregó que la
providencia cuestionada desconoció el principio de la realidad sobre las formas,
pues no tuvo en cuenta que la interrupción del vínculo contractual respondió a una
situación derivada de la maternidad y no a una decisión voluntaria de las partes.
Respecto del defecto sustantivo, sostuvo que la autoridad judicial aplicó de manera
estricta la regla prevista en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, según
la cual una interrupción superior a treinta días hábiles rompe la unidad contractual
para efectos de la prescripción. A su juicio, el ad quem ignoró que ese precedente
permite flexibilizar dicha regla cuando concurren circunstancias especiales como las
derivadas de la protección constitucional de la maternidad.
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Demandante: María del Carmen Maldonado Hortua
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
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1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 17 de junio de 2026, el magistrado ponente admitió la acción de
tutela y ordenó la notificación de la parte actora y del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.
De igual forma, vinculó al Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá y a la Unidad Nacional de Protección, así como a las demás
partes, personas y entidades que participaron en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-055-2020-00240-00/01,
para que, si lo estimaban pertinente, intervinieran en el presente trámite
constitucional.
Asimismo, requirió Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Juzgado
Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá para que remitieran
el expediente del proceso ordinario objeto de la presente acción de tutela.
1.6. Intervenciones
1.6.1. El Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá mediante informe allegado a través del titular del despacho, hizo un
recuento de las actuaciones procesales dentro del expediente del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-42-055-2020-00240-00, y
solicitó ser desvinculado del trámite constitucional, al no haber vulnerado alguna
prerrogativa de carácter fundamental de la accionante.
1.6.2. La Unidad Nacional de Protección pidió que se declarara la improcedencia
de la acción de tutela o, que, en su defecto, se negara el amparo.
Resaltó que la presente acción constitucional pretende reabrir un debate jurídico y
probatorio que ya fue resuelto por el juez natural, pues la inconformidad de la actora
se limita a cuestionar la valoración del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C respecto de la continuidad del vínculo contractual
y la prescripción.
De igual manera, afirmó que no se cumplió con el requisito de la subsidiariedad, en
la medida en que la demandante no agotó los mecanismos judiciales previstos por
el ordenamiento para controvertir la decisión cuestionada.
Por último, señaló que, diferente a lo manifestado por la parte actora, no incurrió en
ninguna actuación discriminatoria ni ocultó información relacionada con el estado
de embarazo de la señora María del Carmen Maldonado. Sobre el punto, indicó que,
sí esta contaba con pruebas para acreditar dicha circunstancia, debió aportarlas
oportunamente dentro del proceso ordinario y no en la acción de tutela, este actuar
refuerza que se promueve el mecanismo constitucional para conjurar falencias que
debieron ponerse de presente en el trámite ordinario.
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Demandante: María del Carmen Maldonado Hortua
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1.6.3. La Procuraduría General de la Nación solicitó ser desvinculada de la acción
de amparo.
1.7. Impedimento
Mediante auto de 16 de julio de 2026, el magistrado ponente declaró infundado el
impedimento manifestado por el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez, quien
consideró que podía estar incurso en la causal prevista en el numeral 5.º del artículo
56 de la Ley 906 de 2004, por la amistad que sostiene con el Procurador General
de la Nación.
Al respecto, se concluyó que dicha circunstancia no comprometía su imparcialidad
para conocer del presente asunto, toda vez que la Procuraduría General de la
Nación fue vinculada únicamente en calidad de tercero con interés en las resultas
del proceso y no como autoridad accionada, razón por la cual no se configuró la
causal de impedimento invocada.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la
señora María del Carmen Maldonado Hortua contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C de conformidad con el Decreto
2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y
los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de 2024 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa
El Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
y la Procuraduría General de la Nación propusieron ser desvinculadas del trámite
constitucional, al considerar que no les es atribuible la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la actora.
Sobre el particular, la Sala accederá únicamente a la solicitud formulada por la
Procuraduría General de la Nación, por cuanto no intervino en la expedición de la
providencia cuestionada ni se advierte que tenga interés directo en la decisión que
se adopte en esta acción constitucional.
Distinta es la situación del Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, pues dicha autoridad conoció en primera instancia del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la presente tutela.
Por lo tanto, resulta procedente mantener su vinculación al trámite, en atención a
que la decisión que se adopte podría incidir en la actuación judicial surtida dentro
de ese proceso.
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2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos de parte del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C con ocasión de
la providencia de 28 de enero de 2026.
Para el efecto, se abordará el estudio del caso así: (i) la procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial, (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, y
de encontrarlos superados, (iii) el caso en concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 4
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Ahora bien, continuando con el estudio de los parámetros esenciales de
viabilidad de la tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, resulta
4 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
6 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de
2022 en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara al requisito de
relevancia constitucional, así:
[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe
analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].
Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 20148, que en concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal.
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas
controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no
puede convertirse en una tercera instancia9.
Sobre el particular, se considera, que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.
En primer lugar, se recuerda que en el escrito de tutela la accionante sostuvo que
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
incurrió en defectos fáctico y sustantivo al declarar la prescripción de las
prestaciones sociales causadas con anterioridad al 3 de abril de 2017, pese a que,
en su criterio, la suspensión del contrato durante el año 2017 obedeció a su estado
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de
septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
9 Énfasis de la sala.
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de embarazo, parto y posparto, circunstancia que impedía considerar interrumpida
la continuidad del vínculo contractual.
Los reproches formulados en la solicitud de amparo parten de una misma premisa,
esto es, que la autoridad judicial dejó de valorar las pruebas relacionadas con su
estado de gestación y, como consecuencia de ello, aplicó de manera estricta las
reglas sobre la prescripción previstas en la jurisprudencia de unificación del Consejo
de Estado, sin tener en cuenta las circunstancias particulares del caso.
Ahora bien, de la lectura de la providencia cuestionada se observa que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C resolvió el
recurso de apelación con fundamento en la sentencia de unificación jurisprudencia
SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre emitida por la Sala Plena de la Sección
Segunda del Consejo de Estado relativa a la figura del contrato realidad, y a las
reglas para establecer la solución de continuidad en los contratos de prestación de
servicios, especialmente en materia de prescripción.
En desarrollo de dicho precedente, la autoridad judicial explicó que el término de
treinta días hábiles constituye el parámetro para determinar la continuidad entre
contratos sucesivos, sin desconocer que esa regla puede flexibilizarse cuando
existan circunstancias especiales debidamente acreditadas dentro del proceso. En
ese sentido resaltó que «en razón a que la reclamación administrativa la presentó
el 27 de enero de 2020, para el 27 de enero de 2017, el contrato 075 de 2017,
estaba suspendido y lo fue por un periodo superior a los 30 días hábiles, por lo tanto,
se configuró la prescripción extintiva del pago de las prestaciones anteriores al 3 de
abril de 2017, salvo lo que refiere a aportes pensionales».
En consecuencia, modificó parcialmente la sentencia de primera instancia y limitó
el reconocimiento de las prestaciones sociales al periodo comprendido entre el 3 de
abril de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 y declaró expresamente la prescripción
de las prestaciones reclamadas con anterioridad a aquella fecha.
En este punto, conviene pertinente recordar que un simple desacuerdo con la
conclusión a la que arribó el juez ordinario no constituye, por sí mismo, una
vulneración del debido proceso, ni habilita la intervención del juez constitucional.
Aceptar lo contrario implicaría una sustitución indebida del juez natural, contraria a
la naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela.
En otras palabras, la discrepancia planteada por la accionante no involucra la
interpretación directa o el alcance de una garantía fundamental, sino que se
circunscribe a un desacuerdo estrictamente legal y probatorio respecto a la
aplicación de las reglas de prescripción extintiva de las prestaciones sociales.
Aunado a lo anterior, la Sala advierte que la accionante fundamentó el defecto
fáctico en la supuesta omisión de valorar las pruebas relacionadas con su estado
de embarazo. Sin embargo, del expediente no se evidencia que tales elementos de
8
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convicción hubieran sido oportunamente incorporados al proceso ordinario o que la
parte hubiera impulsado las actuaciones necesarias para que fueran decretados y
valorados por el juez de la causa.
En esas condiciones, no resulta admisible atribuir al Tribunal de Cundinamarca un
defecto por la falta de apreciación de un material probatorio que no hizo parte del
debate judicial, ni utilizar la acción de tutela para reabrir una discusión que
correspondía surtirse dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Por todo lo anterior, esta Sección considera que no se acreditaron los criterios
fijados por la Corte Constitucional para tener por superado el requisito de relevancia
constitucional, en la medida en que la controversia se limitó a cuestionar la
valoración probatoria y la interpretación jurídica adoptada por el juez de segunda
instancia, sin demostrar la existencia de una afectación directa, grave y manifiesta
de derechos fundamentales.
En consecuencia, resulta claro que el asunto planteado se circunscribe a una
inconformidad de carácter legal, cuyo conocimiento corresponde de manera
exclusiva al juez ordinario, razón por la cual no es competencia del juez
constitucional10 dirimir este tipo de controversias.
2.5. Conclusión
Así las cosas, se procede a declarar improcedente la solicitud de amparo de la
referencia, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
3. FALLA:
PRIMERO: DESVINCULAR del presente trámite constitucional a la Procuraduría
General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Juzgado Cincuenta y Cinco
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
10 Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-
15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; (iii) sentencia de
28 de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra;
y (iv) sentencia de 21 de noviembre de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-04391-01, M.P.
Luis Alberto Álvarez Parra.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
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TERCERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por la parte actora contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuese impugnada esta decisión, dentro de los tres [3] días
siguientes, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
10
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