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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04588-00

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04588-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04588-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04588-00
Accionante: JADER ASDRÚBAL ESPINAL GONZÁLEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN A
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se declara
improcedente por no cumplir el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por Jader Asdrúbal Espinal González
contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Jader Asdrúbal Espinal González, a través de apoderado judicial, solicitó
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, a la
igualdad y seguridad social, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 14 de
mayo de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con número de radicación 63001-33-33-006-2021-00120-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
63001-33-33-006-2021-00120-01 contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional - CASUR en la cual solicitó que se declarara la nulidad del acto administrativo
contenido en el oficio 202021000165181 ID 585109 del 18 de agosto del 2020,
mediante el cual se negó el reconocimiento de la asignación de retiro a su favor por
no cumplir con los presupuestos establecidos en el Decreto 4433 de 2004 y Decreto
754 de 2019 y, a título de restablecimiento del derecho, que se ordenara a la entidad
demandada reconocer y pagar la asignación de retiro, incluyendo los 3 meses de alta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04588-00
Accionante: Jader Asdrúbal Espinal González

de conformidad con el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990. Asimismo, requirió el
pago de todas las sumas dejadas de percibir por concepto de asignaciones, primas,
bonificaciones y demás prestaciones, junto con su correspondiente actualización, así
como el cumplimiento de la sentencia en los términos legales y la condena en costas.

2.2. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió al Tribunal
Administrativo del Quindío, autoridad judicial que, mediante providencia de 24 de
noviembre de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda.

2.3. Señaló que la parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión y la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de
providencia de 14 de mayo de 2026, revocó la decisión supra porque se encontró
acreditada la excepción de cosa juzgada.

2.4. Consideró que la providencia mencionada vulneró sus derechos fundamentales
indicados supra por haber incurrido en un defecto sustantivo y en un
desconocimiento del precedente judicial.

2.5. Como fundamento del defecto sustantivo señaló que “[…] La Sala accionada
aplicó de manera indebida el artículo 303 del Código General del Proceso (Cosa
Juzgada), omitiendo que la causa jurídica varió sustancialmente. La nulidad del
Decreto 1858 de 2012 decretada por el propio Consejo de Estado opera con efectos
retroactivos (ex tunc). Al declararse nulo el decreto que sirvió para negar el derecho
del accionante en el año 2017, este debe considerarse como si nunca hubiera
existido. Por tanto, la primera decisión judicial se edificó sobre una norma ficticia y
desprovista de validez. […]”.

2.6. Respecto al desconocimiento del precedente judicial indicó que “[…] La línea
Jurisprudencial del Consejo de Estado con respecto al control de Legalidad y
Efectos Ex Tunc, ha unificado su criterio respecto a que la seguridad jurídica no
puede erigirse como un manto autocrático para perpetuar injusticias basadas en
normas declaradas nulas. Como lo ha decantado la jurisprudencia del Consejo de
Estado, particularmente en los radicados 66001-23-33-000-2014-00070-01 (3973-
14) y 11001-03-15-000-2017-00644-01(AC), los efectos de la sentencia de nulidad
son ex tunc es decir, deshacen los efectos de la norma anulada desde el momento
mismo de su expedición. Así las cosas, es evidente que el señor Jader Asdrúbal
Espinal vio afectado su derecho fundamental por la aplicación de una norma que
posteriormente fue declarada ilegal. La nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de
2012 eliminó por completo ese obstáculo de nuestro ordenamiento, lo que abre el
camino para una nueva revisión de su caso. En consecuencia, no es aceptable
oponer de forma rígida la figura de la cosa juzgada, menos aún cuando el derecho
en discusión como lo es la asignación de retiro, es una prestación de tracto
sucesivo, irrenunciable y de carácter fundamental […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04588-00
Accionante: Jader Asdrúbal Espinal González

“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital del señor Jader Asdrúbal
Espinal González, los cuales fueron vulnerados por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado al proferir la providencia del 14 de mayo
de 2026.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS en su totalidad la referida sentencia de
segunda instancia dictada dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho con radicado 63001-33-33-006-2021-00120-01 (3377-2023). Lo
anterior, por cuanto la Sala, bajo la ponencia del Consejero Juan Camilo
Morales Trujillo, se apartó abiertamente del bloque de constitucionalidad y de la
jurisprudencia al revocar el fallo del Tribunal Administrativo del Quindío. El ad
quem incurrió en un defecto sustantivo al declarar probada de forma rígida la
excepción de cosa juzgada, desconociendo con ello el artículo 53 de la Carta
Política, la Ley marco 923 de 2004, el Decreto 1212 de 1990 y el precedente
vinculante que ampara el derecho a la asignación de retiro para miembros de la
Fuerza Pública con más de 15 años de servicio desvinculados por causales
distintas a la solicitud propia.

TERCERO: ORDENAR a la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado que, en el término perentorio que este despacho judicial disponga,
proceda a proferir sentencia de reemplazo. En dicha providencia, de
conformidad con los lineamientos del fallo de tutela, deberá declararse la
inaplicabilidad de la cosa juzgada por configurarse el fenómeno de la cosa
juzgada aparente, procediendo así a resolver el fondo de la controversia. En
consecuencia, se solicita disponer el reconocimiento y pago de la asignación de
retiro a favor del accionante conforme al régimen especial del Decreto 1212 de
1990 […]”. [Negrilla del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 19 de junio de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación del
proceso admitió la presente acción de tutela y vinculó en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso a la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional - CASUR y al Tribunal Administrativo del Quindío.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y vinculadas, se
allegó el siguiente informe:

5.1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado afirmó lo
siguiente:

“[…] comoquiera que la situación del demandante ya había sido decidida
mediante la sentencia del 10 de noviembre de 2017 —ejecutoriada con
anterioridad al fallo anulatorio de 2018—, se concluyó que se trata de una
situación jurídica consolidada a la que no se extienden dichos efectos. Además,
no puede perderse de vista que esta colegiatura ha aplicado reiteradamente
dicho criterio, tal como consta en la sentencia del 13 de agosto de 2021, bajo
el radicado 66001-33-33-001-2012-00141-01.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04588-00
Accionante: Jader Asdrúbal Espinal González

En cuarto lugar, tampoco resulta de recibo el argumento según el cual, por
tratarse de una prestación periódica e imprescriptible, la cosa juzgada solo
operaría sobre las mesadas y permitiría reclamar el derecho en cualquier
tiempo, en la medida en que tal regla gobierna la reliquidación de una
prestación ya reconocida —supuesto en el que se generan nuevas mesadas
susceptibles de revisión—, y no la reiteración de la pretensión de un derecho
que fue negado mediante decisión judicial en firme.

En quinto lugar, no se configura defecto fáctico ni procedimental alguno porque
la providencia efectuó una valoración integral y razonada del material
probatorio, incluido un cuadro comparativo de ambos procesos, conforme a las
reglas de la sana crítica.

Finalmente, admitir la tesis del accionante conduciría a un resultado
incompatible con la seguridad jurídica que la cosa juzgada protege, pues
implicaría aceptar que cualquier anulación normativa posterior reabre, de
manera indefinida, controversias ya resueltas mediante decisiones
ejecutoriadas, despojando de firmeza a los fallos de esta jurisdicción.

En consecuencia, resulta evidente que el accionante pretende emplear la
acción de tutela como una instancia adicional para controvertir una decisión
judicial desfavorable, sin demostrar la existencia de un defecto constitucional
que justifique la intervención del juez de tutela. […]”.

5.2. La Caja de Sueldos de Retiro – CASUR solicitó declarar improcedente la acción
constitucional, en la medida que “[…] se utiliza como una “tercera instancia” para
controvertir decisiones judiciales debidamente ejecutoriadas y no se configura
ningún defecto que amerite la intervención excepcional del juez constitucional […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:

1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04588-00
Accionante: Jader Asdrúbal Espinal González

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por el accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un
defecto sustantivo y en un desconocimiento del precedente judicial.

8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
8
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial , la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04588-00
Accionante: Jader Asdrúbal Espinal González

13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

16. El señor Jader Asdrúbal Espinal González, a través de apoderado judicial,
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales debido proceso, mínimo vital, a
la igualdad y seguridad social, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 14
de mayo de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con número de radicación 63001-33-33-006-2021-00120-00/01.

17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

18. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental11 y no cuando guarda

Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
11
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04588-00
Accionante: Jader Asdrúbal Espinal González

relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones12.

13
19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales , el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14.

20. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

16
21. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

12
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
13
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
14
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
15
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
16
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04588-00
Accionante: Jader Asdrúbal Espinal González

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

22. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202317.

23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales18.

17
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04588-00
Accionante: Jader Asdrúbal Espinal González

24. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio el accionante alega que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, a la
igualdad y seguridad social, por haber incurrido, presuntamente, en un defecto
sustantivo y en un desconocimiento del precedente judicial.

25. Como fundamento del defecto sustantivo señaló que “[…] La Sala accionada
aplicó de manera indebida el artículo 303 del Código General del Proceso (Cosa
Juzgada), omitiendo que la causa jurídica varió sustancialmente. La nulidad del
Decreto 1858 de 2012 decretada por el propio Consejo de Estado opera con efectos
retroactivos (ex tunc). Al declararse nulo el decreto que sirvió para negar el derecho
del accionante en el año 2017, este debe considerarse como si nunca hubiera
existido. Por tanto, la primera decisión judicial se edificó sobre una norma ficticia y
desprovista de validez. […]”.

26. Respecto al desconocimiento del precedente judicial indicó que “[…] La línea
Jurisprudencial del Consejo de Estado con respecto al control de Legalidad y
Efectos Ex Tunc, ha unificado su criterio respecto a que la seguridad jurídica no
puede erigirse como un manto autocrático para perpetuar injusticias basadas en
normas declaradas nulas. Como lo ha decantado la jurisprudencia del Consejo de
Estado, particularmente en los radicados 66001-23-33-000-2014-00070-01 (3973-
14) y 11001-03-15-000-2017-00644-01(AC), los efectos de la sentencia de nulidad
son ex tunc es decir, deshacen los efectos de la norma anulada desde el momento
mismo de su expedición. Así las cosas, es evidente que el señor Jader Asdrúbal
Espinal vio afectado su derecho fundamental por la aplicación de una norma que
posteriormente fue declarada ilegal. La nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de
2012 eliminó por completo ese obstáculo de nuestro ordenamiento, lo que abre el
camino para una nueva revisión de su caso. En consecuencia, no es aceptable
oponer de forma rígida la figura de la cosa juzgada, menos aún cuando el derecho
en discusión como lo es la asignación de retiro, es una prestación de tracto
sucesivo, irrenunciable y de carácter fundamental […]”.

27. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional; y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural del asunto.

28. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones por las

2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Accionante: Jader Asdrúbal Espinal González

que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

29. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, no está poniendo de presente
que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino
que el motivo de su inconformidad gira en torno a que la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, revocó la sentencia de primera instancia en su
totalidad porque se encontró acreditada la excepción de cosa juzgada.

30. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
providencia cuestionada:

“[…] 47. De lo expuesto se desprende que el demandante había acudido
previamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
radicado 63-001-3333-002-2015-00286-01. En dicho proceso, se solicitó la
nulidad del Oficio No. 2624/GAG-SDP del 5 de marzo de 2015, mediante el cual
la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional negó el reconocimiento y
pago de la asignación de retiro, así como el consecuente restablecimiento del
derecho consistente en el reconocimiento de dicha prestación con fundamento
en el Decreto 1212 de 1990.

48. En ese proceso, el demandante sustentó sus pretensiones en el hecho de
haber prestado sus servicios en la Policía Nacional por un término de 15 años,
5 meses y 8 días, hasta ser retirado del servicio el 6 de junio de 2014 mediante
destitución, y solicitó la inaplicación del Decreto 1858 de 2012 al considerar que
dicha norma incrementaba de manera indebida los requisitos para acceder a la
asignación de retiro, en contravía de la Ley 923 de 2004.

49. La controversia fue resuelta mediante sentencia de primera instancia del 17
de enero de 2017 proferida por el Juzgado 2 Administrativo del Circuito de
Armenia y de segunda instancia del 10 de noviembre de 2017 emanada del
Tribunal Administrativo del Quindío, en las cuales se analizó la legalidad del
acto administrativo que negó la asignación de retiro y se concluyó que el
demandante no cumplía con los requisitos exigidos para acceder a esa
prestación, razón por la cual se negaron las pretensiones de la demanda. Estas
decisiones quedaron debidamente ejecutoriadas.

50. Ahora bien, en la demanda que dio origen al presente proceso, el actor
nuevamente solicitó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro, esta
vez con ocasión de haber provocado la expedición de un nuevo acto
administrativo —oficio No. 202021000165181 del 18 de agosto de 2020—
mediante el cual la entidad demandada reiteró la negativa de la prestación. A
su vez, invocó como fundamento la declaratoria de nulidad del artículo 2 del
Decreto 1858 de 2012 y solicitó la inaplicación del artículo 1 del Decreto 754 de
2019, indicando que reprodujo en idénticas circunstancias el contenido del
Decreto 1858 de 2012.

51. Con base en lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la excepción de cosa
juzgada toda vez que entre el proceso anteriormente resuelto y el presente
existe identidad jurídica de partes, por cuanto en ambos comparecieron el señor
Jader Asdrúbal Espinal González en calidad de demandante y la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional –CASUR– como entidad demandada.

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Accionante: Jader Asdrúbal Espinal González

52. Asimismo, se advierte identidad de objeto, en la medida en que, aunque en
cada proceso se controviertan actos administrativos distintos, ambos tienen el
mismo contenido sustancial: la negativa de la entidad a reconocer y pagar la
asignación de retiro al demandante. En consecuencia, el derecho en discusión
es idéntico en ambos trámites —el reconocimiento de la asignación de retiro
con fundamento en el Decreto 1212 de 1990, junto con el pago de las mesadas,
retroactivos y demás emolumentos—, lo que evidencia la misma finalidad
perseguida por el actor.

53. De igual forma, en ambos procesos se plantea la aplicación de la excepción
de inconstitucionalidad o de ilegalidad frente al Decreto 1858 de 2012: en el
primero, de manera expresa; y en el segundo, a partir de su reproducción en el
artículo 1 del Decreto 754 de 2019.

54. En cuanto a la identidad de causa, la Sala advierte que, si bien en el
presente proceso el demandante introduce elementos adicionales —como la
expedición de un nuevo acto administrativo y la declaratoria de nulidad del
artículo 2 del Decreto 1858 de 2012—, el fundamento fáctico y jurídico de ambas
controversias permanece inalterado. En efecto, en ambos procesos se parte de
los mismos supuestos: la prestación del servicio por más de 15 años, el retiro
por destitución y la negativa de la entidad a reconocer la asignación de retiro
con fundamento en el Decreto 1212 de 1990, al cuestionarse la aplicación de
normas posteriores más exigentes en cuanto al requisito temporal y la causal
de retiro.

55. En ese sentido, la invocación del requisito de 15 años de servicio previsto
en el Decreto 1212 de 1990 constituye el fundamento jurídico en ambos
procesos, al margen de que se haya declarado la nulidad del Decreto 1858 de
2012, que establecía la exigencia de 20 años.

56. En otras palabras, aunque el demandante sostiene que la declaratoria de
nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 constituye un hecho nuevo que
habilita un nuevo pronunciamiento judicial, dicha circunstancia no desvirtúa la
identidad sustancial del litigio, pues el debate central permanece inalterado: el
reconocimiento de la asignación de retiro con fundamento en el Decreto 1212
de 1990, a partir de los mismos supuestos fácticos.

57. En ese contexto, la Sala considera que dicho planteamiento no configura un
hecho nuevo autónomo que permita reabrir la controversia, toda vez que la
situación jurídica del demandante ya fue objeto de análisis y decisión en el
proceso anterior, en el cual se evaluaron el tiempo de servicio, la causal de retiro
y el régimen aplicable.

58. En consecuencia, al encontrarse acreditada la identidad de partes, objeto y
causa frente al proceso identificado con radicado 63-001-33-33-002-2015-
00286-01, la Sala declarará probada la excepción de cosa juzgada y, en
consecuencia, revocará la decisión adoptada por el tribunal de primera
instancia. […]”.

31. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04588-00
Accionante: Jader Asdrúbal Espinal González

32. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”19. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”20.

33. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”21.

34. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
20
Ibidem
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04588-00
Accionante: Jader Asdrúbal Espinal González

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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