Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-33-33-006-2021-00120-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 63001-33-33-006-2021-00120-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-33-33-006-2021-00120-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-33-33-006-2021-00120-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 63001-33-33-006-2021-00120-01 (3377-2023)
Demandante: Jader Asdrúbal Espinal González
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)
Tema: Reconocimiento de asignación de retiro. Aplicación del
fenómeno de la cosa juzgada. Efectos ex tunc no aplicables
a asuntos decididos judicialmente que hicieron tránsito a
cosa juzgada. Condena en costas.
Decisión: Se revoca en su totalidad la sentencia porque se encontró
acreditada la excepción de cosa juzgada.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 24 de noviembre de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío.
I. ANTECEDENTES
Demanda1
1. El demandante en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio
202021000165181 ID 585109 del 18 de agosto del 2020 proferido por la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, mediante el cual se negó el
reconocimiento de la asignación de retiro a su favor por no cumplir con los
presupuestos establecidos en el Decreto 4433 de 2004 y Decreto 754 de 2019,
esto es, acreditar más de 20 años de servicio para adquirir el derecho a la
asignación de retiro.
2. Como restablecimiento del derecho solicitó que se ordene a la entidad
demandada reconocer y pagar la asignación de retiro, incluyendo los 3 meses de
alta de conformidad con el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990. Asimismo,
requirió el pago de todas las sumas dejadas de percibir por concepto de
asignaciones, primas, bonificaciones y demás prestaciones, junto con su
1 Documento PDF «002.1.1DemandaJaderAsdrubalEspinal.pdf» que obra en el documento
«4_630013333006202100120011EXPEDIENTEDIGI20230601123352.zip», visible en el índice 2 de SAMAI
del Consejo de Estado.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 1
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 63001 33 33 006 2021 00120 01 (3377-2023)
Demandante: Jader Asdrubal Espinal González
correspondiente actualización, así como el cumplimiento de la sentencia en los
términos legales y la condena en costas.
3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones expuso que ingresó a la
Policía Nacional el 29 de enero de 1999, donde prestó sus servicios por un
término total de 15 años, 5 meses y 8 días llegando al cargo de subintendente,
hasta que fue retirado del servicio activo el 6 de junio de 2014 mediante
destitución por la causal de mala conducta.
4. Señaló que, con ocasión de su salida de la institución, solicitó el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro; sin embargo, la prestación le
fue negada por la entidad demandada con fundamento en lo dispuesto en el
Decreto 1858 de 2012 el cual incrementó el tiempo de servicio exigido para
acceder a dicha prestación en el nivel ejecutivo de la Policía Nacional2 el cual es
mayor a 20 años.
5. Indicó que previamente promovió una demanda con pretensión de nulidad
y restablecimiento del derecho de radicado 63001-33-33-002-2015-00286-01, en
la que solicitó la inaplicación del referido decreto y la nulidad del Oficio No.
2624/GAG-SDP del 5 de marzo del 2015, mediante el cual se le negó su
asignación de retiro, proceso en el cual las pretensiones fueron negadas tanto en
primera como en segunda instancia.
6. No obstante, adujo que con posterioridad a dicha decisión judicial el
Consejo de Estado mediante sentencia del 3 de septiembre de 2018 3 declaró la
nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, disposición que incrementaba
los requisitos para acceder a la asignación de retiro, lo cual configura, a su juicio,
un hecho nuevo que habilita el ejercicio de la presente acción sin que opere el
fenómeno de la cosa juzgada.
7. Manifestó que en esta oportunidad se demanda un acto administrativo
distinto, esto es, el Oficio No. 202021000165181 ID 585109 del 18 de agosto de
2020 derivado de la petición presentada el 9 de marzo del 2020, mediante el cual
la entidad demandada negó el reconocimiento de la asignación de retiro
apoyando su decisión en el artículo 14 del Decreto 4433 de 2004 en concordancia
con el artículo 1 del Decreto 754 de 2019, al considerar que el actor no cumplía
con el tiempo de servicio exigido para acceder a dicha prestación.
2 «Artículo 2º. Régimen común para el personal del Nivel Ejecutivo que ingresó al escalafón por
incorporación directa. Fijase el régimen pensional y de asignación de retiro para el personal que ingresó al
Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004, los cuales
tendrán derecho cuando sean retirados de la institución con veinte (20) años o más de Servicio por
llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Director General de la Policía por delegación, o por
disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados
en forma absoluta o destituidos después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a partir de la
fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se
les pague una asignación mensual de retiro equivalente a un setenta y cinco por ciento (75%) del monto de
las partidas de que trata el artículo 3º del presente decreto, por los primeros veinte (20) años de servicio y
un dos por ciento (2%) más, por cada año que exceda de los veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase
el ciento por ciento (100%) de tales partidas»
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Rad. 11001-03-25-000-2013-00543-00, C.P. César
Palomino Cortés.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 2
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 63001 33 33 006 2021 00120 01 (3377-2023)
Demandante: Jader Asdrubal Espinal González
8. Indicó que el 27 de abril de 2021 radicó petición electrónica ante la entidad
demandada, la cual también fue presentada de manera física el 14 de mayo de
2021 bajo el radicado No. 202121000184342 ID 655615, requiriendo nuevamente
el reconocimiento y pago de la asignación de retiro con fundamento en el Decreto
1212 de 1990; sin embargo, fue negada mediante oficios 654101 del 8 de mayo
de 2021 y 659404 del 27 de mayo de 2021, en los que se le informó que ya existía
un pronunciamiento previo sobre la materia contenido en el acto administrativo
antes referido.
9. Finalmente, sostuvo que no resulta procedente la aplicación de los
Decretos 1858 de 2012 ni 754 de 2019 a su situación particular, en tanto el
primero fue declarado nulo y el segundo entró en vigencia con posterioridad a su
retiro del servicio, razón por la cual considera que le asiste el derecho al
reconocimiento de la asignación de retiro conforme al régimen aplicable al
momento de su desvinculación.
Contestación de la demanda4
10. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones y a
las condenas solicitadas a título de restablecimiento del derecho, así como al
pago de costas y agencias en derecho.
11. Sostuvo que el acto administrativo acusado se encuentra ajustado a
derecho, en tanto el reconocimiento de la asignación de retiro debe efectuarse
conforme a las disposiciones vigentes para el personal del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional, en particular los Decretos 4433 de 2004 y 754 de 2019, que
establecen los requisitos para acceder a dicha prestación.
12. Indicó que el demandante no cumple con las condiciones exigidas en la
normatividad aplicable, toda vez que fue retirado del servicio por destitución sin
haber alcanzado el tiempo mínimo requerido para acceder a la asignación de
retiro bajo esa causal, esto es, 20 años de servicio.
13. Adicionalmente, propuso la excepción de cosa juzgada, al señalar que el
actor ya había promovido un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con el mismo objeto, en el que se discutió el reconocimiento de la asignación de
retiro y cuyas pretensiones fueron negadas en primera y segunda instancia, por
lo que no resulta posible reabrir el debate jurídico sobre los mismos hechos y
pretensiones.
14. Finalmente, manifestó que no se configura un hecho nuevo que desvirtúe
la cosa juzgada, pues la declaratoria de nulidad del artículo 2 del Decreto 1858
de 2012 no altera la situación jurídica del demandante ni implica, por sí sola, el
reconocimiento de la prestación. En consecuencia, solicitó negar las
pretensiones de la demanda y declarar ajustado a derecho el acto acusado.
4 Documento PDF «CONTESTACIÒN DEMANDA JADER ASDRUBAL ESPINAL GONZÁLEZ
(ASIGNACIÓN).pdf» Ibidem.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 3
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 63001 33 33 006 2021 00120 01 (3377-2023)
Demandante: Jader Asdrubal Espinal González
Reforma de la demanda5
15. El accionante presentó reforma de la demanda mediante la cual adicionó
una nueva pretensión encaminada a que, en el presente asunto, se inaplique el
artículo 1 del Decreto 754 de 2019, mediante el ejercicio de las excepciones de
inconstitucionalidad e ilegalidad.
16. Sostuvo que dicha disposición resulta manifiestamente contraria a los
artículos 29, 53 y 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política, así como a
los artículos 2° y 3° numeral 3.1 de la Ley 923 de 2004, en tanto incrementa en
5 años el tiempo requerido para acceder a la asignación de retiro por causales
distintas a la solicitud propia.
17. Adicionalmente, indicó que el referido decreto reproduce en esencia el
contenido del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, disposición que fue declarada
nula, lo cual, a su juicio, vulnera la prohibición de reproducir actos administrativos
anulados en idénticas condiciones, razón por la cual solicitó su inaplicación en el
presente caso.
Contestación de la reforma de la demanda6
18. La accionada se opuso a la reforma de la demanda y a la prosperidad de
la nueva pretensión allí formulada.
19. En lo que respecta a la solicitud de inaplicación del artículo 1 del Decreto
754 de 2019 mediante las excepciones de inconstitucionalidad e ilegalidad,
sostuvo que no resulta procedente en el marco del presente medio de control
toda vez que si el demandante consideraba que dicha disposición era contraria a
la Constitución o a la ley debía acudir a los mecanismos judiciales previstos para
controvertir su legalidad por lo que, en su criterio, el medio de control escogido
resulta inadecuado para tal propósito.
Sentencia apelada7
20. Mediante sentencia del 24 de noviembre de 2022, el Tribunal
Administrativo del Quindío accedió a las pretensiones de la demanda.
21. Como fundamento de su decisión el a quo analizó en primer lugar la
excepción de cosa juzgada propuesta por la entidad demandada y concluyó que
no se configuraba, en tanto, si bien existía un proceso previo en el que se había
solicitado el reconocimiento de la asignación de retiro del demandante, en dicha
oportunidad la controversia fue resuelta con fundamento en el artículo 2 del
Decreto 1858 de 2012, norma que posteriormente fue declarada nula con efectos
ex tunc por el Consejo de Estado en sentencia del 3 de septiembre de 2018 lo
5 Documento PDF «reforma demanda y anexos Jader Espinal.pdf» Ibidem.
6 Documento PDF «CONTESTACIÓN REFORMA.pdf» Ibidem.
7 Documento PDF «026Sentencia.pdf» Ibidem.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 4
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 63001 33 33 006 2021 00120 01 (3377-2023)
Demandante: Jader Asdrubal Espinal González
cual constituye un hecho nuevo que modifica sustancialmente el marco jurídico
aplicable al caso concreto.
22. En ese sentido consideró que la nueva solicitud y el acto administrativo
ahora demandado no podían analizarse bajo los mismos supuestos jurídicos del
proceso anterior, razón por la cual resultaba procedente emitir un nuevo
pronunciamiento de fondo.
23. De otra parte el Tribunal encontró procedente inaplicar para el caso
concreto el artículo 1 del Decreto 754 de 2019, esto es, un tiempo de servicio
mayor a 20 años para adquirir el derecho a asignación de retiro por parte del
personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, al considerar que dicha
disposición reproduce el contenido del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012,
previamente anulado y que además no se encontraba vigente para la fecha de
retiro del demandante, esto es, el 6 de junio de 2014. Asimismo, advirtió que
impone requisitos más gravosos para el acceso a la asignación de retiro en
contravía de lo previsto en la Ley 923 de 2004.
24. Bajo ese entendido concluyó que el régimen aplicable al demandante era
el previsto en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 conforme al cual
acreditaba el tiempo mínimo de servicios exigido para acceder a la asignación de
retiro, esto es, mayor a 15 años pese a haber sido retirado por destitución.
25. En consecuencia, declaró la nulidad del acto administrativo contenido en
el Oficio No. 202021000165181 ID 585109 del 18 de agosto de 2020, mediante
el cual se negó el reconocimiento de la prestación y ordenó a la entidad
demandada reconocer y pagar la asignación de retiro a favor del actor, junto con
las sumas dejadas de percibir debidamente actualizadas.
26. Finalmente, se abstuvo de imponer condena en costas al no encontrarlas
probadas dentro del proceso.
Recurso de apelación8
27. Inconforme con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del
Quindío, la parte demandada interpuso recurso de apelación solicitando que se
revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen las
pretensiones de la demanda.
28. Sostuvo que el a quo incurrió en un error al declarar no probada la
excepción de cosa juzgada por cuanto, a su juicio, en el proceso anterior ya se
había debatido el mismo objeto, es decir, el reconocimiento de la asignación de
retiro del demandante con identidad de partes y causa, existiendo una decisión
judicial en firme que negó dichas pretensiones. En ese sentido, indicó que la
declaratoria de nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 no configura un
8 Documento PDF «23RecursoApelación.pdf», ibidem.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 5
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 63001 33 33 006 2021 00120 01 (3377-2023)
Demandante: Jader Asdrubal Espinal González
hecho nuevo que habilite un nuevo pronunciamiento, en tanto no modifica la
situación jurídica consolidada del actor.
29. Cuestionó la decisión del Tribunal de inaplicar el artículo 1 del Decreto 754
de 2019 al considerar que dicha disposición goza de presunción de legalidad y
no puede ser desconocida en sede de nulidad y restablecimiento del derecho.
Señaló que, si el demandante estimaba que dicha norma era contraria al
ordenamiento jurídico, debía acudir al medio de control correspondiente para
controvertir su legalidad, por lo que resultaba improcedente su inaplicación en el
caso concreto.
30. Alegó que el a quo incurrió en un error al determinar el régimen jurídico
aplicable pues en su criterio, la situación del demandante debía analizarse
conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 4433 de 2004 y el artículo
1 del Decreto 754 de 2019, normas vigentes para el personal del nivel ejecutivo
de la Policía Nacional, las cuales exigen un tiempo de 20 años de servicio cuando
el retiro se produce por destitución, requisito temporal que no cumple el actor.
31. Asimismo, manifestó que no es procedente aplicar el Decreto 1212 de
1990 al caso concreto, toda vez que el demandante pertenecía al nivel ejecutivo
de la Policía Nacional, cuyo régimen prestacional se encuentra regulado por
disposiciones especiales como el Decreto 754 de 2019 por lo que, en su criterio,
el Tribunal aplicó indebidamente una norma que no resultaba pertinente.
32. Finalmente, cuestionó el reconocimiento de la asignación de retiro
ordenado en la sentencia al considerar que el demandante no acreditó el
cumplimiento de los requisitos legales exigidos para acceder a dicha prestación,
por lo que insistió en que el acto administrativo demandado se ajusta a derecho.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
33. Mediante auto del 21 de septiembre de 2023 9 se admitió el recurso de
apelación y se le advirtió a la parte demandada que tenía hasta la ejecutoria de
dicha providencia para pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio
Público que disponía hasta antes de que el expediente ingresara al despacho
para fallo para emitir concepto.
34. El Ministerio Público rindió concepto dentro del término legal en el cual
solicitó confirmar la sentencia de primera instancia indicando que no se configura
el fenómeno de la cosa juzgada en la medida en que la declaratoria de nulidad
del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 con efectos ex tunc constituye un hecho
jurídico nuevo que modifica el marco normativo aplicable al caso concreto, lo que
habilita un nuevo pronunciamiento de fondo.
9 Índice 4 de SAMAI del Consejo de Estado.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 6
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 63001 33 33 006 2021 00120 01 (3377-2023)
Demandante: Jader Asdrubal Espinal González
35. Consideró que no resulta procedente la aplicación del artículo 1 del
Decreto 754 de 2019 habida cuenta de que dicha disposición reproduce el
contenido de una norma previamente anulada e impone condiciones más
gravosas para el reconocimiento de la asignación de retiro en contravía de la Ley
923 de 2004.
36. Indicó que el régimen aplicable al demandante es el previsto en el Decreto
1212 de 1990 toda vez que resulta más favorable y se ajusta a las condiciones
en que se produjo su vinculación y retiro del servicio, por lo que no es viable exigir
el cumplimiento de requisitos establecidos en normas posteriores.
37. En ese sentido, concluyó que el demandante cumple con el tiempo de
servicio requerido para acceder a la asignación de retiro pese a haber sido
retirado por destitución, razón por la cual consideró ajustada a derecho la
decisión del Tribunal de declarar la nulidad del acto administrativo acusado y
ordenar el reconocimiento de la prestación.
38. Por su parte la entidad demandada guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
39. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
Problema jurídico
40. Conforme con los reparos formulados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar si en el presente asunto se configuró el
fenómeno de la cosa juzgada entre este proceso y el decidido mediante sentencia
de 10 de noviembre de 2017 por el Tribunal Administrativo del Quindío, dentro
del radicado 63-001-33-33-002-2015-00286-01.
41. De no configurarse la cosa juzgada, la Sala resolverá de fondo si el
demandante cumple los requisitos legales para acceder a la asignación de retiro,
en particular, si acredita el tiempo mínimo de 20 años de servicio exigido cuando
la causal de retiro es la destitución o si debe exigírsele los 15 años contemplados
en el Decreto 1212 de 1990.
Análisis del problema jurídico
42. El fenómeno de la cosa juzgada, de contenido sustancial, corresponde a
una excepción que doctrinariamente se ha entendido como mixta, por cuanto en
su calidad de medio de defensa no solo ataca el fondo del litigio en lo relacionado
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 7
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 63001 33 33 006 2021 00120 01 (3377-2023)
Demandante: Jader Asdrubal Espinal González
con la inviabilidad de las pretensiones o del derecho reclamado cuando su
procedencia ya ha sido analizada y juzgada, sino que también controvierte el
proceso en sí mismo desde el punto de vista formal en lo que tiene que ver con
la habilitación del juez para conocer y emitir un pronunciamiento de mérito frente
a un conflicto previamente resuelto.
43. Esta institución se deriva del principio de seguridad jurídica, con base en
el cual lo que se busca es dar certeza a las partes respecto de la firmeza y
definición permanente de sus controversias, a fin de evitar la existencia de
decisiones judiciales contradictorias en punto a unos mismos hechos y derechos
en tensión.
44. Por esa razón, la cosa juzgada garantiza la inmutabilidad y unicidad de las
providencias, en el entendido de que no podrán ser objeto de nuevas
manifestaciones o estudios judiciales pues lo resuelto deberá ser definitivo. Al
respecto, el artículo 303 del CGP regula esta figura de la siguiente forma:
Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre
el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos
haya identidad jurídica de partes. […]
45. A su turno, esta Sección10 ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre
el fenómeno jurídico de la cosa juzgada, en los siguientes términos:
«[…] 15. De acuerdo con la disposición del referido estatuto procesal, para que se
configure, el juez debe verificar necesariamente la existencia de tres elementos, estos
son: i) identidad de objeto, ii) identidad de causa e iii) identidad jurídica de partes.
Estos elementos han sido definidos por la jurisprudencia constitucional en los
siguientes términos:
• Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando
sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una
o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre
aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados
expresamente.
• Identidad de causa, es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa
juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando
además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente
se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar
los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva
causa.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 10 de julio de 2024, radicado: 25000-23-42-000-2018-02464-01 (0245-2023).
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 8
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 63001 33 33 006 2021 00120 01 (3377-2023)
Demandante: Jader Asdrubal Espinal González
• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye
cosa juzgada.
[…] 17. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la institución jurídico procesal de la
cosa juzgada conlleva para el funcionario judicial la prohibición de emitir
pronunciamiento sobre aquellos asuntos que previamente han sido objeto de una
decisión judicial de fondo. […]»
46. En ese contexto, para determinar si en el presente asunto se configura la
cosa juzgada, resulta pertinente elaborar un cuadro comparativo entre ambos
procesos, a fin de establecer la existencia —o no— de identidad de partes, objeto
y causa, conforme a lo previsto en el artículo 303 del CGP. Para tal efecto, la
información relativa al proceso previo se tomó de la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío el 10 de noviembre
de 2017, aportada con el escrito de demanda. Véase:
Radicado 63-001-3333-002-2015-00286-01 63001-33-33-006-2021-00120-
(Proceso anterior)11 01 (Proceso actual)
Partes Demandante: Jader Asdrúbal Demandante: Jader Asdrúbal
Espinal González Espinal González
Demandada: CASUR Demandada: CASUR
El demandante solicitó la nulidad El demandante solicitó la
del Oficio No. 2624/GAG-SDP del nulidad del Acto Administrativo
5 de marzo de 2015, mediante el No. 202021000165181 del 18
cual la Caja de Sueldos de Retiro de agosto de 2020, mediante el
de la Policía Nacional negó el cual la Caja de Sueldos de
reconocimiento y pago de la Retiro de la Policía Nacional
Objeto asignación de retiro. negó el reconocimiento y pago
(Pretensiones) de la asignación de retiro.
A título de restablecimiento del
derecho, pidió el reconocimiento y A título de restablecimiento del
pago de dicha prestación, con derecho, pidió el
fundamento en el Decreto 1212 de reconocimiento y pago de
1990, al considerar que cumplía dicha prestación, con
con el tiempo mínimo de servicio fundamento en el Decreto 1212
exigido. de 1990, así como el pago de
las mesadas dejadas de
De igual forma, solicitó el pago de percibir, debidamente
las mesadas dejadas de percibir, actualizadas e indexadas, junto
junto con su correspondiente con los intereses
indexación, intereses moratorios y correspondientes.
demás emolumentos derivados
del reconocimiento prestacional. Adicionalmente, en la reforma
de la demanda, solicitó la
Adicionalmente, planteó la inaplicación del artículo 1° del
inaplicación del Decreto 1858 de Decreto 754 de 2019 mediante
2012, al estimar que dicha norma las excepciones de
modificó de manera irregular los inconstitucionalidad e
11 Páginas 56 al 90 del documento «002.1.1DemandaJaderAsdrubalEspinal.pdf» que obra en el documento
«4_630013333006202100120011EXPEDIENTEDIGI20230601123352.zip», visible en el índice 2 de SAMAI
del Consejo de Estado.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 9
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 63001 33 33 006 2021 00120 01 (3377-2023)
Demandante: Jader Asdrubal Espinal González
requisitos para acceder a la ilegalidad, por considerar que
asignación de retiro, en contravía dicha disposición reproduce el
de la Ley 923 de 2004. contenido del Decreto 1858 de
2012 —previamente anulado—
y establece condiciones más
gravosas para acceder a la
asignación de retiro.
Según lo señalado por la Sala El demandante expuso que
Tercera de Decisión del Tribunal ingresó a la Policía Nacional el
Administrativo del Quindío, el 29 de enero de 1999 y prestó
demandante ingresó a la Policía sus servicios por un término
Nacional en el nivel ejecutivo el 29 total de 15 años, 5 meses y 8
de enero de 1999 y prestó sus días, hasta que fue retirado del
servicios por un término total de 15 servicio activo el 6 de junio de
años, 5 meses y 8 días, hasta que 2014 mediante destitución por
fue retirado del servicio activo el 6 mala conducta.
Causa de junio de 2014 mediante
(Hechos) destitución por mala conducta. Señaló que, con ocasión de su
retiro, solicitó el reconocimiento
Se señaló que, con ocasión de su y pago de la asignación de
retiro, solicitó el reconocimiento y retiro; no obstante, dicha
pago de la asignación de retiro; sin prestación le fue negada por la
embargo, dicha prestación le fue Caja de Sueldos de Retiro de la
negada por la Caja de Sueldos de Policía Nacional mediante el
Retiro de la Policía Nacional Acto Administrativo No.
mediante el Oficio No. 2624/GAG- 202021000165181 del 18 de
SDP del 5 de marzo de 2015, acto agosto de 2020, el cual
administrativo que constituye el constituye el acto demandado
objeto de controversia en ese en el presente proceso.
proceso.
Indicó que previamente había
Indicó que la negativa de la promovido una acción de
entidad se sustentó en la nulidad y restablecimiento del
aplicación del Decreto 1858 de derecho con el mismo
2012, el cual incrementó el tiempo propósito, cuyas pretensiones
de servicio requerido para acceder fueron negadas en sede
a la asignación de retiro en el nivel judicial; sin embargo, afirmó
ejecutivo de la Policía Nacional, que con posterioridad a dicha
exigiendo un mayor número de decisión el Consejo de Estado
años cuando el retiro se produce declaró la nulidad del artículo 2
por causales como la destitución. del Decreto 1858 de 2012,
circunstancia que, a su juicio,
En ese sentido, sostuvo que dicha modificó el marco jurídico
disposición no resultaba aplicable aplicable a su situación
a su situación particular, en tanto particular, y se estableció un
desconocía los parámetros fijados nuevo hecho sobreviniente que
en la Ley 923 de 2004, por lo que rompió la cosa juzgada.
solicitó su inaplicación y, en su
lugar, la aplicación del régimen Manifestó que, con
previsto en el Decreto 1212 de fundamento en lo anterior,
1990, conforme al cual presentó nuevas solicitudes
consideraba que cumplía con el ante la entidad demandada,
tiempo mínimo exigido para entre ellas un derecho de
acceder a la prestación. petición radicado el 27 de abril
de 2021 por medio electrónico
y el 14 de mayo de 2021 de
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 10
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 63001 33 33 006 2021 00120 01 (3377-2023)
Demandante: Jader Asdrubal Espinal González
forma física, mediante el cual
solicitó nuevamente el
reconocimiento y pago de la
asignación de retiro con
fundamento en el Decreto 1212
de 1990; sin embargo, dichas
solicitudes fueron negadas
mediante oficios posteriores,
en los que la entidad reiteró su
posición.
Sostuvo que no resulta
procedente la aplicación de
normas posteriores como el
Decreto 754 de 2019, por
cuanto entró en vigencia con
posterioridad a su retiro del
servicio, y que, además, dicha
disposición reproduce el
contenido del Decreto 1858 de
2012, previamente anulado por
el Consejo de Estado. En ese
sentido, insistió en que cumple
con el tiempo de servicio
requerido para acceder a la
asignación de retiro conforme
al régimen aplicable al
momento de su desvinculación.
47. De lo expuesto se desprende que el demandante había acudido
previamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
radicado 63-001-3333-002-2015-00286-01. En dicho proceso, se solicitó la
nulidad del Oficio No. 2624/GAG-SDP del 5 de marzo de 2015, mediante el cual
la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional negó el reconocimiento y
pago de la asignación de retiro, así como el consecuente restablecimiento del
derecho consistente en el reconocimiento de dicha prestación con fundamento
en el Decreto 1212 de 1990.
48. En ese proceso, el demandante sustentó sus pretensiones en el hecho
de haber prestado sus servicios en la Policía Nacional por un término de 15 años,
5 meses y 8 días, hasta ser retirado del servicio el 6 de junio de 2014 mediante
destitución, y solicitó la inaplicación del Decreto 1858 de 2012 al considerar que
dicha norma incrementaba de manera indebida los requisitos para acceder a la
asignación de retiro, en contravía de la Ley 923 de 2004.
49. La controversia fue resuelta mediante sentencia de primera instancia del
17 de enero de 2017 proferida por el Juzgado 2 Administrativo del Circuito de
Armenia y de segunda instancia del 10 de noviembre de 2017 emanada del
Tribunal Administrativo del Quindío, en las cuales se analizó la legalidad del acto
administrativo que negó la asignación de retiro y se concluyó que el demandante
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 11
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 63001 33 33 006 2021 00120 01 (3377-2023)
Demandante: Jader Asdrubal Espinal González
no cumplía con los requisitos exigidos para acceder a esa prestación, razón por
la cual se negaron las pretensiones de la demanda. Estas decisiones quedaron
debidamente ejecutoriadas.
50. Ahora bien, en la demanda que dio origen al presente proceso, el actor
nuevamente solicitó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro, esta vez
con ocasión de haber provocado la expedición de un nuevo acto administrativo
—oficio No. 202021000165181 del 18 de agosto de 2020— mediante el cual la
entidad demandada reiteró la negativa de la prestación. A su vez, invocó como
fundamento la declaratoria de nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 y
solicitó la inaplicación del artículo 1 del Decreto 754 de 2019, indicando que
reprodujo en idénticas circunstancias el contenido del Decreto 1858 de 2012.
51. Con base en lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la excepción de
cosa juzgada toda vez que entre el proceso anteriormente resuelto y el presente
existe identidad jurídica de partes, por cuanto en ambos comparecieron el
señor Jader Asdrúbal Espinal González en calidad de demandante y la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional –CASUR– como entidad demandada.
52. Asimismo, se advierte identidad de objeto, en la medida en que, aunque
en cada proceso se controviertan actos administrativos distintos, ambos tienen el
mismo contenido sustancial: la negativa de la entidad a reconocer y pagar la
asignación de retiro al demandante. En consecuencia, el derecho en discusión
es idéntico en ambos trámites —el reconocimiento de la asignación de retiro con
fundamento en el Decreto 1212 de 1990, junto con el pago de las mesadas,
retroactivos y demás emolumentos—, lo que evidencia la misma finalidad
perseguida por el actor.
53. De igual forma, en ambos procesos se plantea la aplicación de la
excepción de inconstitucionalidad o de ilegalidad frente al Decreto 1858 de 2012:
en el primero, de manera expresa; y en el segundo, a partir de su reproducción
en el artículo 1 del Decreto 754 de 2019.
54. En cuanto a la identidad de causa, la Sala advierte que, si bien en el
presente proceso el demandante introduce elementos adicionales —como la
expedición de un nuevo acto administrativo y la declaratoria de nulidad del
artículo 2 del Decreto 1858 de 2012—, el fundamento fáctico y jurídico de ambas
controversias permanece inalterado. En efecto, en ambos procesos se parte de
los mismos supuestos: la prestación del servicio por más de 15 años, el retiro por
destitución y la negativa de la entidad a reconocer la asignación de retiro con
fundamento en el Decreto 1212 de 1990, al cuestionarse la aplicación de normas
posteriores más exigentes en cuanto al requisito temporal y la causal de retiro.
55. En ese sentido, la invocación del requisito de 15 años de servicio previsto
en el Decreto 1212 de 1990 constituye el fundamento jurídico en ambos
procesos, al margen de que se haya declarado la nulidad del Decreto 1858 de
2012, que establecía la exigencia de 20 años.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 12
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 63001 33 33 006 2021 00120 01 (3377-2023)
Demandante: Jader Asdrubal Espinal González
56. En otras palabras, aunque el demandante sostiene que la declaratoria de
nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 constituye un hecho nuevo que
habilita un nuevo pronunciamiento judicial, dicha circunstancia no desvirtúa la
identidad sustancial del litigio, pues el debate central permanece inalterado: el
reconocimiento de la asignación de retiro con fundamento en el Decreto 1212 de
1990, a partir de los mismos supuestos fácticos.
57. En ese contexto, la Sala considera que dicho planteamiento no configura
un hecho nuevo autónomo que permita reabrir la controversia, toda vez que la
situación jurídica del demandante ya fue objeto de análisis y decisión en el
proceso anterior, en el cual se evaluaron el tiempo de servicio, la causal de retiro
y el régimen aplicable.
58. En consecuencia, al encontrarse acreditada la identidad de partes, objeto
y causa frente al proceso identificado con radicado 63-001-33-33-002-2015-
00286-01, la Sala declarará probada la excepción de cosa juzgada y, en
consecuencia, revocará la decisión adoptada por el tribunal de primera instancia.
Análisis sobre la aplicación de los efectos ex tunc respecto de la nulidad
del artículo 2 del decreto 1858 del 2012
59. Ahora bien, resulta pertinente para la Sala precisar el alcance de los
efectos ex tunc aplicados por el Consejo de Estado en la sentencia del 3 de
septiembre de 201812, mediante la cual se declaró la nulidad del artículo 2 del
Decreto 1858 de 2012. Lo anterior, en razón a que dicha decisión fue invocada
por el demandante como un hecho nuevo sobreviniente que habilitaría un nuevo
estudio sobre el reconocimiento de la asignación de retiro, postura que fue
acogida por el Tribunal de primera instancia.
60. En la referida providencia esta Corporación declaró la nulidad del artículo
2 del Decreto 1858 de 2012, disposición que establecía un incremento en el
tiempo de servicio exigido, esto es, superior a 20 años para el reconocimiento de
la asignación de retiro al personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Dicha
nulidad fue decretada con efectos ex tunc, lo que implica que la decisión retrotrae
sus efectos al momento mismo en que fue expedido el acto, de modo que las
cosas deben entenderse como si la norma anulada nunca hubiera existido,
afectando así las situaciones jurídicas no consolidadas surgidas bajo su vigencia.
61. En ese sentido, los efectos ex tunc se predican exclusivamente de las
situaciones jurídicas no consolidadas, esto es, aquellas que no han sido definidas
de manera definitiva en sede administrativa o judicial y que, por tanto,
permanecen susceptibles de modificación. Al respecto, el Consejo de Estado13
ha señalado que:
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Rad. 11001-03-25-000-2013-00543-00, C.P. César
Palomino Cortés.
13 Consejo de Estado, sentencia del 13 de agosto de 2021, rad. 66001-33-33-001-2012-00141-01, C.P.
Gabriel Valbuena.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 13
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 63001 33 33 006 2021 00120 01 (3377-2023)
Demandante: Jader Asdrubal Espinal González
«Los efectos ex tunc solo pueden predicarse de situaciones jurídicas no consolidadas,
es decir, de aquellas que surgieron en virtud del acto administrativo nulo, pero que no
se han definido. No ocurre lo mismo respecto de las situaciones consolidadas, que ya
no son susceptibles de ser discutidas en vía administrativa y judicial por cuanto los
fallos de nulidad no los pueden evitar [...]».
62. En el presente asunto, la Sala advierte que la situación jurídica del
demandante ya había sido definida con anterioridad a la declaratoria de nulidad
del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, en tanto mediante sentencia de segunda
instancia proferida el 10 de noviembre de 2017 dentro del proceso radicado 63-
001-3333-002-2015-00286-01, se negó el reconocimiento y pago de la
asignación de retiro, decisión que quedó ejecutoriada antes del fallo anulatorio
de 2018.
63. En consecuencia al tratarse de una situación jurídica consolidada, en todo
caso no resulta procedente extender a este caso los efectos ex tunc de la nulidad
declarada en 2018, por lo que dicha circunstancia no constituye un hecho nuevo
que habilite un nuevo pronunciamiento judicial. Por el contrario, se reafirma la
configuración del fenómeno de la cosa juzgada en los términos previamente
analizados.
Condena en costas
64. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
65. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
66. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
67. En consecuencia, se impondrá condena en costas en ambas instancias a
la parte demandante, por cuanto se revoca en su integridad la sentencia de
primera instancia y se niegan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto,
de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 14
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 63001 33 33 006 2021 00120 01 (3377-2023)
Demandante: Jader Asdrubal Espinal González
fijadas por el magistrado sustanciador de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Quindío.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR en su totalidad la sentencia del 24 de noviembre de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual se accedió
a las pretensiones de la demanda incoada por el señor Jader Asdrúbal Espinal
González contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia.
SEGUNDO. En su lugar, DECLARAR probada la excepción de cosa juzgada
frente al proceso identificado con radicado 63-001-33-33-002-2015-00286-01
decidido mediante sentencia de primera instancia del 17 de enero de 2017
proferida por el Juzgado 2 Administrativo del Circuito de Armenia y de segunda
instancia del 10 de noviembre de 2017 emanada del Tribunal Administrativo del
Quindío.
TERCERO. CONDENAR en costas a la parte demandante en ambas instancias.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado sustanciador de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Quindío.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 15
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 63001 33 33 006 2021 00120 01 (3377-2023)
Demandante: Jader Asdrubal Espinal González
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 16
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.