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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04588-01

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04588-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del 9 de julio de 2026 proferido por el Consejo de Estado, Sección Primera que declaró la improcedencia de la acción de tutela instaurada por el señor Jader Asdrúbal Espinal González, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04588-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04588-01
Demandante: JADER ASDRÚBAL ESPINAL GONZÁLEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
A

Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma improcedencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 9 de julio de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera que
declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no superar el requisito de
relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Con escrito presentado el 16 de junio de 20261, el señor Jader Asdrúbal Espinal
González, actuando a través de apoderado judicial2, promovió acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, con la que pretende
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social,
al mínimo vital y de acceso a la administración de justicia, en concordancia con el
principio de favorabilidad laboral.

El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia del 14 de mayo de 2026 proferida por la autoridad judicial
accionada que revocó la providencia del 24 de noviembre de 2022 dictada por el
Tribunal Administrativo de Quindío en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho iniciado contra la Caja de Sueldos de Retiro de la

1
Acción de tutela promovida por medio del buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
2
Índice 2 de Samai de primera instancia. Poder debidamente otorgado con presentación personal al
abogado Paulo Augusto Serna.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jader Asdrúbal Espinal González
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04588-01

Policía Nacional (en adelante Casur), identificado con el radicado 63001-33-33-006-
2021-00120-00/01.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS en su totalidad la referida sentencia de segunda
instancia dictada dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con
radicado 63001-33-33-006-2021-00120-01 (3377-2023). Lo anterior, por cuanto la
Sala, bajo la ponencia del Consejero Juan Camilo Morales Trujillo, se apartó
abiertamente del bloque de constitucionalidad y de la jurisprudencia al revocar el
fallo del Tribunal Administrativo del Quindío. El ad quem incurrió en un defecto
sustantivo al declarar probada de forma rígida la excepción de cosa juzgada,
desconociendo con ello el artículo 53 de la Carta Política, la Ley marco 923 de 2004,
el Decreto 1212 de 1990 y el precedente vinculante que ampara el derecho a la
asignación de retiro para miembros de la Fuerza Pública con más de 15 años de
servicio desvinculados por causales distintas a la solicitud propia.

TERCERO: ORDENAR a la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado
que, en el término perentorio que este despacho judicial disponga, proceda a proferir
sentencia de reemplazo. En dicha providencia, de conformidad con los
lineamientos del fallo de tutela, deberá declararse la inaplicabilidad de la cosa
juzgada por configurarse el fenómeno de la cosa juzgada aparente, procediendo así
a resolver el fondo de la controversia. En consecuencia, se solicita disponer el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro a favor del accionante conforme al
régimen especial del Decreto 1212 de 19903.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

El señor Jader Asdrúbal Espinal González ingresó a la Policía Nacional el 29 de
enero de 1999 para prestar el servicio militar obligatorio. El 6 de marzo de 2000 se
incorporó al nivel ejecutivo de la institución, en la que desarrolló su carrera policial
hasta alcanzar el grado de subintendente.

Mediante Resolución 02133 del 3 de junio de 2014, expedida por el director general
de la Policía Nacional, se ejecutó una sanción disciplinaria impuesta al actor y, en
consecuencia, fue retirado del servicio activo.

Con ocasión de su desvinculación, el señor Espinal González elevó petición ante
Casur solicitando el reconocimiento y pago de la asignación de retiro. No obstante,
por medio de Oficio 2624/GAG-SDP del 5 de marzo de 2015, la entidad indicó que,

3
Transcripción literal que puede contener errores.
2

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Demandante: Jader Asdrúbal Espinal González
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04588-01

de conformidad con los Decretos 1091 de 19954, 4433 de 20045 y 1858 de 20126,
el personal del nivel ejecutivo incorporado directamente que hubiese sido retirado o
destituido de la institución debía acreditar 25 años de servicio para acceder a la
prestación, requisito que no satisfacía el actor por contar únicamente con 15 años,
5 meses y 8 días de servicio.

Inconforme con dicha determinación, el accionante presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 63001-33-33-002-2015-00286-01, en el que solicitó la nulidad del Oficio
2624/GAG-SDP del 5 de marzo de 2015 y el consecuente reconocimiento de la
asignación de retiro.

El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Segundo Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Armenia, que en sentencia del 17 de enero de 2017 negó las
pretensiones de la demanda, tras concluir al señor Espinal González no le era
aplicable el régimen previsto en el Decreto 1212 de 19907, en tanto había ingresado
directamente al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, y, por el contrario, se
encontraba sometido al régimen especial previsto para esa categoría.

Asimismo, consideró que, para la fecha de su retiro, se encontraba vigente el
Decreto 1858 de 2012, cuyo artículo segundo8 exigía 25 años de servicio para
quienes hubieran sido retirados por destitución, para poder acceder a la asignación
perseguida.

El recurso de apelación interpuesto por el extremo activo fue resuelto por la Tribunal
Administrativo del Quindío, que en fallo del 10 de noviembre de 2017 confirmó la
decisión del a quo. La corporación sostuvo que la normativa aplicable al
demandante era la correspondiente al personal incorporado directamente al nivel
ejecutivo y concluyó que no procedía la inaplicación del Decreto 1858 de 2012.

4
«Por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995».
5
«Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública».
6
«Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional».
7
«Por la cual se reforma el Estatuto de personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional».
8
«Artículo 2º. Régimen común para el personal del Nivel Ejecutivo que ingresó al escalafón por
incorporación directa. Fíjase el régimen pensional y de asignación de retiro para el personal que
ingresó al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional por incorporación directa hasta el 31 de diciembre
de 2004, los cuales tendrán derecho cuando sean retirados de la institución con veinte (20) años o
más de Servicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Director General de la Policía
por delegación, o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia
o sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos después de veinticinco (25) años de
servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, por la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro
equivalente a un setenta y cinco por ciento (75%) del monto de las partidas de que trata el artículo
3º del presente decreto, por los primeros veinte (20) años de servicio y un dos por ciento (2%) más,
por cada año que exceda de los veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase el ciento por ciento
(100%) de tales partidas».

3

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Demandante: Jader Asdrúbal Espinal González
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04588-01

Además, estimó que el actor no reunía el requisito temporal exigido para acceder a
la asignación de retiro.

Con posterioridad, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
providencia del 3 de septiembre de 2018, dentro del radicado 11001-03-25-000-
2013-00543-00, declaró la nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012. Al
respecto, concluyó que el Gobierno Nacional había excedido la potestad
reglamentaria al exigir a los miembros del nivel ejecutivo incorporados directamente,
tiempos de servicio superiores a los autorizados por el artículo 3.1 de la Ley 923 de
20049, disposición que establecía límites mínimos y máximos para el
reconocimiento de la asignación de retiro.

Adicionalmente, la sentencia indicó que la nulidad produciría efectos ex tunc
respecto de las situaciones jurídicas no consolidadas.

Con fundamento en el cambio jurisprudencia suscitado, el accionante elevó
reclamación administrativa ante Casur, por medio de la cual solicitó nuevamente el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro.

La entidad resolvió negativamente la petición mediante Oficio 202021000165181 ID
585109 del 18 de agosto de 2020, en el que indicó que el solicitante había ingresado
al nivel ejecutivo por incorporación directa y que únicamente había acreditado 15
años, 5 meses y 8 días de servicio. Agregó que, conforme al artículo 1° del Decreto
754 de 201910, quienes fueran retirados por destitución debían contar con 20 años

9
«Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus
sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas, correspondientes a los
miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como
mínimo los siguientes elementos:
3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública se fijará
exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de servicio y/o el aportado. El tiempo
de servicio para acceder al derecho de asignación de retiro será mínimo de 18 años de servicio y en
ningún caso se exigirá como requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años.

A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la
presente Ley, no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de
servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley
cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca
por cualquier otra causal.

Excepcionalmente, para quienes hayan acumulado un tiempo de servicio en la Fuerza Pública por
20 años o más y no hayan causado el derecho de asignación de retiro, podrán acceder a esta con
el requisito adicional de edad, es decir, 50 años para las mujeres y 55 años para los hombres.

En todo caso, los miembros de la Fuerza Pública que se retiren o sean retirados del servicio activo
sin derecho a asignación de retiro o pensión, tendrán derecho al reconocimiento del bono pensional
por el total del tiempo servido, de conformidad con las normas del Sistema General de Pensiones».
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«ARTÍCULO 1. Régimen de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional, que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004. Fijase
el régimen de asignación de retiro para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que
ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004, los cuales tendrán
derecho cuando sean retirados de la institución con quince (15) años o más de servicio por
llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Director General de la Policía, o por disminución
de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en
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Demandante: Jader Asdrúbal Espinal González
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04588-01

de servicio para acceder a la asignación de retiro.

El 27 de abril de 2021 el actor reiteró su petición ante la entidad. No obstante,
mediante oficios 654101 de 8 de mayo de 2021 y 659404 de 27 de mayo de 2021
Casur le informó que ya se había pronunciado sobre la materia a través del Oficio
202021000165181 ID 585109 del 18 de agosto de 2020.

En consecuencia, el señor Jader Asdrúbal Espinal González promovió un nuevo
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el
radicado 63001-33-33-006-2021-00120-00, dirigido contra el acto administrativo
contenido en el Oficio 202021000165181 ID 585109 del 18 de agosto de 2020.
Como fundamento sostuvo que la nulidad del artículo 2° del Decreto 1858 de 2012
constituía un hecho nuevo que impedía la configuración del fenómeno de cosa
juzgada frente al proceso decidido en 2017. Igualmente, alegó que el Decreto 754
de 2019 reproducía el contenido normativo de una disposición anulada y que, por
esa razón, debía ser inaplicado por vía de excepción de ilegalidad e
inconstitucionalidad.

En sentencia del 24 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Quindío
accedió a las pretensiones, tras concluir que no se configuraba la excepción de cosa
juzgada porque la declaratoria de nulidad del artículo 2° del Decreto 1858 de 2012
constituía un hecho jurídico nuevo que modificaba sustancialmente el marco
normativo analizado en el proceso anterior.

En segundo lugar, consideró procedente inaplicar el artículo 1° del Decreto 754 de
2019 por estimar que reproducía el contenido de una disposición previamente
anulada y establecía requisitos incompatibles con la Ley 923 de 2004. Con
fundamento en ello declaró la nulidad del acto acusado y ordenó a Casur a
reconocer y pagar la asignación de retiro al señor Espinal González desde el 6 de
septiembre de 2014, declarando prescritas las sumas causadas con anterioridad al
9 de marzo de 2016.

Contra esa decisión la entidad demandada interpuso recurso de apelación, decidido
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que, en fallo del 14 de
mayo de 2026, revocó la decisión del a quo, para en su lugar, declarar probada la
excepción de cosa juzgada. Después de efectuar un análisis comparativo entre los
procesos 63001-33-33-002-2015-00286-01 y 63001-33-33-006-2021-00120-01,
determinó que existía identidad de partes, objeto y causa

forma absoluta o destituidos después de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la
fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro equivalente a un cincuenta por ciento (50%)
del monto de las partidas de que trata el artículo 3° del Decreto 1858 de 2012, por los primeros
quince (15) años de servicio, un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda de los quince
(15) hasta cumplir los diecinueve (19) años, y un nueve por ciento (9%) al cumplir los veinte (20)
años de servicio. Así mismo se incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año que exceda de
los veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase el ciento por ciento (100%) de tales partidas».
5

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Demandante: Jader Asdrúbal Espinal González
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04588-01

Acerca de los alcances de los efectos ex tunc derivados de la sentencia del 3 de
septiembre de 2018, sostuvo que únicamente beneficiaban situaciones jurídicas no
consolidadas y que la situación particular del demandante había quedado definida
con la providencia del 10 de noviembre de 2017. Por consiguiente, concluyó que la
nulidad de la disposición reglamentaria no constituía un hecho nuevo apto para
desconocer la cosa juzgada ni para habilitar que se dictara un pronunciamiento
judicial distinto sobre el mismo derecho prestacional.

Dicha decisión fue notificada electrónicamente el 29 de mayo de 202611.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora sostuvo que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A incurrió en los siguientes yerros al interior de la sentencia del 14 de mayo de 2026.

Defecto sustantivo: afirmó que la autoridad judicial accionada aplicó indebidamente
el artículo 303 del Código General del Proceso, disposición que regula la cosa
juzgada, pues concluyó equivocadamente que entre el proceso decidido en el año
2017 y el promovido en 2021 existía plena identidad de causa, objeto y partes. A su
juicio, dicha conclusión desconocía que la declaratoria de nulidad del artículo 2 del
Decreto 1858 de 2012 produjo una modificación sustancial del escenario jurídico
bajo el cual había sido resuelta la primera controversia.

Explicó que durante el proceso culminado en 2017 la jurisdicción contencioso-
administrativa examinó su derecho a la asignación de retiro bajo la vigencia del
artículo 2° del Decreto 1858 de 2012, norma que exigía mayores tiempos de servicio
para acceder a la prestación. Sin embargo, con posterioridad, el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B declaró la nulidad de esa disposición con efectos
ex tunc, esto es, retrotrayendo sus efectos hasta el momento mismo de su
expedición.

A partir de lo anterior, sostuvo que la primera sentencia quedó edificada sobre una
disposición que jurídicamente debía entenderse como inexistente, razón por la cual
no podía ser utilizada para impedir un nuevo pronunciamiento judicial a través de la
figura de la cosa juzgada. Así, manifestó que la causa petendi del segundo proceso
no era la misma del primero.

Agregó que, tratándose de una prestación periódica como la asignación de retiro, la
cosa juzgada debía analizarse bajo parámetros más flexibles, pues el derecho
pensional era imprescriptible. En ese contexto, insistió en que la expedición de un
nuevo acto administrativo y la existencia de una decisión judicial posterior que
expulsó del ordenamiento jurídico la norma aplicada en el primer litigio impedían
predicar una identidad absoluta de causa.

11
Índice 20 de Samai del expediente 63001-33-33-006-2021-00120-01.
6

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Desconocimiento del precedente: expuso los radicados 66001-23-33-000-2014-
00070-01 y 11001-03-15-000-2017-00644-01, sobre los cuales concluyó que el
Consejo de Estado había reconocido que las sentencias de nulidad con efectos ex
tunc eliminaban la disposición anulada desde el momento mismo de su expedición
y no permitía perpetuar situaciones jurídicas fundadas en normas declaradas
ilegales.

Asimismo, relató que la providencia censurada desconoció los estándares fijados
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de protección judicial
efectiva y seguridad social, particularmente aquellos relacionados con la obligación
de evitar que barreras meramente procesales impidan el reconocimiento efectivo de
derechos prestacionales.

Defecto fáctico: adujo que la autoridad judicial accionada omitió valorar
adecuadamente la incidencia jurídica de la declaratoria de nulidad del artículo 2 del
Decreto 1858 de 2012 y no apreció de manera integral las diferencias existentes
entre el proceso del 2017 y del 2021. Al respecto, explicó que la Sala accionada dio
el mismo tratamiento jurídico a dos litigios que, a su juicio, descansaban sobre
presupuestos normativos distintos.

1.5. Trámite de la acción de tutela

El Magistrado Ponente del Consejo de Estado, Sección Primera en providencia del
19 de junio de 2026, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte
demandante12 y, como demandada, al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A13.

Además, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el resultado
del proceso a Casur14 y al Tribunal Administrativo del Quindío15.

A su vez, le reconoció personería para actuar al abogado Paulo Augusto Serna
como apoderado judicial de la parte actora.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

12
Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación remitida a los correos electrónicos:
pauloa.serna1977@outlook.com y jader.es@hotmail.com.
13
Índice 8 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a:
notifjduque@consejodeestado.gov.co, dperezc@consejodeestado.gov.co,
notifjmoralest@consejodeestado.gov.co, dgavirias@consejodeestado.gov.co,
notiflmesa@consejodeestado.gov.co, dsolanolo@consejodeestado.gov.co y
ces2secr@consejodeestado.gov.co.
14
Índice 8 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a los buzones electrónicos:
judiciales@casur.gov.co y juridica@casur.gov.co.
15
Índice 8 de Samai de primera instancia. Notificación realizada al buzón web:
sectribadmarm@cendoj.ramajudicial.gov.co.
7

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1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

Mediante informe del 30 de junio de 2026, rendido por el Magistrado Ponente de la
providencia cuestionada, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela.
Sostuvo que lo planteado por el accionante no configuraba un yerro, sino una
inconformidad con la aplicación de la figura de la cosa juzgada, con el propósito de
reabrir una controversia prestacional definida en sede judicial mediante decisión
ejecutoriada, como si la tutela constituyera una instancia adicional.

Precisó que no se configuró el defecto sustantivo, en tanto la sentencia se sustentó
en la verificación expresa de los tres elementos exigidos por el artículo 303 del
Código General del Proceso, esto es, la identidad de partes, objeto y causa. Adujo
que tampoco era acertado afirmar que la decisión se hubiera apoyado en una norma
inexistente ni que hubiera incurrido en una contradicción grosera entre sus
fundamentos y lo resuelto.

Acerca de los efectos ex tunc de la sentencia que declaró la nulidad del artículo 2°
del Decreto 1858 de 2012, recordó que estos únicamente beneficiaban situaciones
jurídicas no consolidadas. No obstante, afirmó que la situación del accionante había
sido resuelta mediante sentencia ejecutoriada del 10 de noviembre de 2017, razón
por la cual no podían aplicarse los efectos retroactivos de la sentencia de 2018.

Añadió que tampoco se configuraba el defecto fáctico, toda vez que la providencia
realizó una valoración integral de los antecedentes procesales y de la prueba
documental allegada al expediente, incluido un cuadro comparativo entre ambos
procesos judiciales, elaborado con el fin de verificar la concurrencia de los
elementos de la cosa juzgada. En ese sentido afirmó que la decisión fue adoptada
con observancia de las reglas de la sana crítica y mediante una motivación
suficiente que descartaba cualquier arbitrariedad judicial.

Finalmente, sostuvo que admitir los argumentos planteados por el accionante
conduciría a desconocer los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues
implicaría aceptar que cualquier decisión posterior de anulación normativa permitiría
reabrir indefinidamente controversias previamente resueltas mediante providencias
judiciales ejecutoriadas.

1.6.2. Casur

En memorial del 1° de julio del presente año, la jefe de la oficina asesora jurídica de
la entidad solicitó declarar improcedente la acción de tutela. Sostuvo que el
mecanismo no podía ser utilizado como una tercera instancia destinada a reabrir
discusiones jurídicas que ya fueron definidas por los jueces naturales en el marco
de un proceso ordinario.

8

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Demandante: Jader Asdrúbal Espinal González
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04588-01

Indicó que el accionante tuvo la posibilidad de presentar pruebas, argumentos y
recursos dentro del proceso contencioso administrativo, en el cual obtuvo una
decisión definitiva luego de surtirse las dos instancias jurisdiccionales
correspondientes. En consecuencia, afirmó que el desacuerdo con el resultado de
ese trámite no habilitaba la intervención excepcional del juez constitucional.

Aseguró además que la providencia cuestionada no constituía una vía de hecho,
puesto que había aplicado el ordenamiento jurídico vigente, desarrollando un
análisis razonado de la controversia, motivo por el cual la decisión no podía
calificarse como arbitraria ni contraria a la Constitución.

1.7. Fallo impugnado

El Consejo de Estado, Sección Primera en sentencia del 9 de julio de 2026, declaró
la improcedencia de la solicitud de amparo, al no encontrar acreditado el requisito
de relevancia constitucional.

Luego de revisar la fundamentación de la decisión cuestionada, determinó que los
reparos alegados no trascendían el ámbito de una discusión de legalidad ya resuelta
por la jurisdicción contencioso-administrativa. Explicó que la providencia censurada
estudió lo relativo a la configuración de la cosa juzgada, verificó la identidad de
partes, objeto y causa entre los dos procesos promovidos por el accionante y analizó
específicamente el alcance de los efectos ex tunc derivados de la sentencia que
declaró la nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012.

En tal sentido, concluyó que la discusión propuesta en la tutela coincidía
sustancialmente con los planteamientos que ya habían sido objeto de examen por
los jueces naturales de la causa.

1.8. Impugnación

Con escrito allegado el 22 de julio de 202616, la parte actora impugnó el fallo de
primer grado. A su juicio, la sentencia careció de una verdadera motivación respecto
de las razones por las cuales descartó la intervención del juez constitucional.

Relató que el propósito del amparo nunca fue reabrir una simple discusión de
legalidad ni promover una nueva valoración probatoria, sino obtener la protección
de derechos fundamentales que consideró afectados por la decisión judicial
cuestionada.

Reiteró la argumentación respecto del defecto sustantivo, indicando que la autoridad
judicial accionada aplicó indebidamente la figura de la cosa juzgada prevista en el
artículo 303 del Código General del Proceso. Además, insistió en que la nulidad

16
El fallo de primer grado fue notificado el 17 de julio de 2026.
9

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04588-01

declarada por el propio Consejo de Estado establecía que el artículo 2 del Decreto
1858 de 2012 debía entenderse como si nunca hubiese existido.

También reiteró que no existía identidad de causa entre ambos procesos y que la
asignación de retiro constituía una prestación periódica de naturaleza pensional y
que, por tal razón, la cosa juzgada no podía aplicarse de manera rígida cuando
surgieran circunstancias jurídicas nuevas que justificaran una nueva reclamación
administrativa y judicial.

1.9. Trámite en segunda instancia

La Magistrada Ponente del presente trámite manifestó impedimento para conocer
del asunto el 19 de agosto de 2026. No obstante, mediante auto del 25 siguiente,
fue declarado infundado, por lo que el expediente regresó al Despacho el 8 de
septiembre de 2026.

Asimismo, el 22 de septiembre del año en curso, el Magistrado Omar Joaquín
Barreto Suárez manifestó impedimento, en atención a la amistad íntima que
sostiene con el Magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, quien suscribió la
sentencia cuestionada. No obstante, por medio de providencia del 24 del mismo
mes y año, se declaró infundado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado, Sección Quinta es competente para conocer de la
impugnación presentada por el señor Jader Asdrúbal Espinal González contra la
sentencia del 9 de julio de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Primera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución
Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de
Estado 080 del 12 de marzo de 201917.

2.2. Problemas jurídicos

Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 9 de
julio de 2026 del Consejo de Estado, Sección Primera, para lo cual deberá resolver
los siguientes problemas jurídicos:

● ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial, en especial el relacionado con la relevancia
constitucional?

17
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
10

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

● ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A vulneró las
garantías fundamentales de la parte actora en la providencia del 14 de mayo
de 2026 dictada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 63001-33-33-006-2021-00120-01?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y si es procedente,
iii) el estudio del caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201218
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema19 y declaró su
procedencia20.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez

18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García
González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
19
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
20
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
11

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natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Relevancia constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de
202221, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este
requisito.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal22 (Énfasis de la Sala).

21
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
22
Sentencia SU-573 de 2019.
12

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De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico23; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional24[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica […]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal25”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales26”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto27, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal28. (Resaltado de la Sala)

2.5. Caso concreto

El señor Jader Asdrúbal Espinal González presentó la acción de tutela por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital y de acceso a la administración de
justicia, con ocasión de la sentencia del 14 de mayo de 2026 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual revocó el
fallo favorable dictado por el Tribunal Administrativo del Quindío, para en su lugar,
declarar probada la excepción de cosa juzgada dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 63001-33-33-006-
2021-00120-00/01.

23
Sentencia SU-103 de 2022.
24
Sentencia SU-103 de 2022.
25
Sentencia SU-103 de 2022.
26
Sentencia SU-128 de 2021.
27
Sentencia SU-573 de 2019.
28
Ib.
13

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La parte accionante estructuró su solicitud de amparo a partir de la presunta
configuración de los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del
precedente judicial, los cuales en síntesis se dirigieron a cuestionar la utilización de
la figura de cosa juzgada dispuesta en el artículo 303 del Código General del
Proceso, pese a la declaratoria de nulidad del artículo 2° del Decreto 1858 de 2012,
la cual había producido una modificación sustancial del marco jurídico de la
controversia, que a su juicio, impedía predicar la existencia de la misma causa
petendi. En criterio del accionante, la sentencia cuestionada desconoció que el
primer litigio fue resuelto con fundamento en una disposición que posteriormente
fue expulsada del ordenamiento jurídico con efectos ex tunc.

De la revisión de la sentencia del 14 de mayo de 2026, se advierte que la autoridad
judicial accionada desarrolló un estudio del artículo 303 del Código General del
Proceso y de la jurisprudencia de la misma Sección Segunda relativa a los
elementos configurativos de la cosa juzgada. A continuación, elaboró un cuadro
comparativo entre los procesos con radicado 63001-33-33-002-2015-00286-01 y
63001-33-33-006-2021-00120-01, con el fin de determinar la configuración de la
figura jurídica.

Con fundamento en ese análisis concluyó que existía: i) identidad de partes porque
en ambos litigios se encontraban los mismos extremos procesales; ii) identidad de
objeto porque en los dos procesos se perseguía el reconocimiento y pago de la
asignación de retiro con fundamento en el Decreto 1212 de 1990, y iii) identidad de
causa porque las controversias descansaban en los mismos supuestos fácticos y
jurídicos, esto es, el tiempo de servicios prestado por el demandante, su retiro
mediante destitución y la negativa de la administración de reconocer la prestación
reclamada.

Asimismo, la Sala analizó expresamente el argumento relativo a la declaratoria de
nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012. Al respecto reconoció que la
sentencia de nulidad produjo efectos ex tunc; sin embargo, precisó que tales efectos
únicamente podían aplicarse a situaciones jurídicas no consolidadas. En ese
contexto concluyó que la situación del actor había quedado definida mediante
sentencia ejecutoriada del 10 de noviembre de 2017, razón por la cual no era posible
extender los efectos retroactivos de la sentencia anulatoria de 2018.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el presente asunto no supera el requisito
de relevancia constitucional, en atención a que la totalidad de los cargos formulados
por la parte accionante se dirigen a cuestionar la interpretación jurídica efectuada
por la autoridad judicial accionada respecto del alcance de la cosa juzgada y de los
efectos derivados de la sentencia que declaró la nulidad del artículo 2 del Decreto
1858 de 2012.

Así las cosas, los reparos planteados por el accionante no ponen de presente una
actuación judicial arbitraria, caprichosa o manifiestamente contraria a la

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Constitución, sino una discrepancia con las conclusiones jurídicas alcanzadas por
el juez natural de la causa.

De igual manera, se observa que la argumentación desarrollada en el escrito de
tutela coincide con las razones expuestas por el actor en el proceso ordinario y,
posteriormente, en el recurso de apelación que dio lugar a la sentencia censurada.

Tampoco advierte la Sala que se hubiera acreditado una afectación iusfundamental
de tal entidad que habilite la intervención del juez constitucional. Si bien el actor
invoca garantías fundamentales, lo cierto es que la fundamentación de la tutela se
concentra en demostrar que la autoridad judicial debió adoptar una interpretación
jurídica distinta sobre la figura de la cosa juzgada y sobre los efectos de una
sentencia de nulidad.

Admitir el estudio de fondo de los cargos propuestos implicaría convertir la acción
de tutela en una nueva instancia de revisión de la controversia contencioso-
administrativa, desnaturalizando así el carácter subsidiario y excepcional del
mecanismo de amparo.

Así las cosas, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela, al no encontrarse satisfecho el requisito de
relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del 9 de julio de 2026 proferido por el Consejo de
Estado, Sección Primera que declaró la improcedencia de la acción de tutela
instaurada por el señor Jader Asdrúbal Espinal González, por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual
revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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