Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04629-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04629-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04629-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-04629-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04629-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: MUNICIPIO DE SOPÓ
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ
QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.
DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El MUNICIPIO DE SOPÓ (CUNDINAMARCA), actuando a través
de apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en
el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su
1
En adelante Sección Cuarta.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04629-00
Actor: MUNICIPIO DE SOPÓ
derecho fundamental al debido proceso y al principio de autonomía
territorial, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN CUARTA,
al haber proferido la providencia de 12 de febrero de 2026 dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2018-00560-01.
I.2. Hechos
Señaló que en ejercicio de sus competencias legales expidió el
Decreto núm. 262 de 2017, por medio del cual liquidó el efecto
plusvalía para el inmueble identificado con cédula catastral núm. 00-
00-0002-0177-000 y matrícula inmobiliaria núm. 176-0011627,
ubicado en la Calle 3 Sur No. 6-05, de propiedad de los señores
MARGARITA FONSECA DE VALDERRAMA, MÓNICA, MARÍA
MARGARITA BRÍGIDA, CARLOS EDUARDO, MARÍA CELESTE,
FRANCISCO EUSEBIO, RICARDO JERÓNIMO y ANGÉLICA
VALDERRAMA FONSECA.
Mencionó que contra dicha decisión los propietarios del inmueble
interpusieron recurso de reconsideración, el cual fue resuelto de
manera desfavorable a través del Decreto núm. 063 de 12 de marzo
de 2018.
Manifestó que los mencionados señores presentaron demanda en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04629-00
Actor: MUNICIPIO DE SOPÓ
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en su contra, con el fin de obtener la nulidad de los actos
administrativos que liquidaron el efecto plusvalía.
Indicó que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 2018-00560-00 y le correspondió en primera instancia a
la SECCIÓN CUARTA -SUBSECCIÓN “B”- DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2 que, mediante
sentencia de 16 de marzo de 2023, anuló parcialmente los actos
administrativos y declaró que los allí actores no estaban obligados al
pago del efecto plusvalía.
Advirtió que inconforme con tal decisión, interpuso recurso de
apelación ante la SECCIÓN CUARTA que, en providencia de 12 de
febrero de 2026, modificó la sentencia del a quo y, en su lugar,
ordenó la liquidación del efecto plusvalía en la suma de
$100.776.787,32.
I.3. Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, la providencia judicial incurrió en defecto
orgánico ya que la autoridad judicial no tenía facultades para fijar
el monto del tributo, toda vez que esa competencia ha sido atribuida
exclusivamente a la administración municipal.
2
En adelante Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04629-00
Actor: MUNICIPIO DE SOPÓ
Mencionó que también incurrió en defecto sustantivo al considerar
que la providencia se fundamentó en normas inexistentes e
inconstitucionales en tanto el ordenamiento jurídico no les permite a
los jueces determinar un tributo. Además, vulneró los principios de
legalidad y reserva de ley, por cuanto les corresponde a los concejos
municipales imponer las contribuciones fiscales y parafiscales.
Señaló que igualmente incurrió en defecto procedimental al omitir
el procedimiento de determinación del efecto plusvalía previsto en la
Ley 388 de 19973, el cual establece los elementos técnicos, jurídicos
y normativos necesarios para que la fijación del tributo sea objetiva,
verificable y acorde a las circunstancias fácticas y jurídicas del
asunto.
Mencionó que incurrió en desconocimiento del precedente por
cuanto inaplicó la sentencia de 23 de octubre de 20254 proferida por
la misma SECCIÓN CUARTA, en la que al resolver un caso similar
anuló parcialmente los actos administrativos que liquidaron el efecto
de plusvalía y protegió su autonomía al negarse a reliquidar el tributo
respetando la reserva administrativa.
3
“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. Por la
cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
4
El actor hizo referencia a la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, expediente
identificado con número único de radicación 25000-23-37-000-2018-00438-01 (27641), actor Fénix
Construcciones S.A.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04629-00
Actor: MUNICIPIO DE SOPÓ
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,
en consecuencia:
“[…] PRIMERA: Tutelar los derechos fundamentales al debido
proceso y autonomía territorial del Municipio de Sopó.
SEGUNDA: Dejar sin efectos el ordinal primero de la sentencia del
12 de febrero de 2026, que reliquidó el tributo.
TERCERA: Ordenar a la autoridad accionada proferir una nueva
decisión en la que, si bien puede mantener la nulidad de los actos
administrativos, se ordene que la liquidación del impuesto sea
realizada por el Municipio, a partir de la realización de un nuevo
avalúo y liquidación conforme a la ley, garantizando el respeto por
la autonomía territorial […]”. (Destacado pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que no goza de legitimación en la
causa por pasiva para actuar dentro de la presente acción
constitucional, toda vez que la presunta afectación proviene de una
autoridad judicial distinta, por lo que solicitó ser desvinculado.
Asimismo, consideró que la acción de tutela debe ser denegada por
cuanto no se evidencia una afectación de los derechos
constitucionales invocados por el actor.
I.5.2.- La SECCIÓN CUARTA solicitó declarar improcedente el
amparo deprecado, por cuanto el actor pretende utilizar la acción
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04629-00
Actor: MUNICIPIO DE SOPÓ
constitucional para reabrir un debate debidamente resuelto por los
jueces competentes.
I.5.3.- Los señores MARGARITA FONSECA DE VALDERRAMA,
MÓNICA, MARÍA MARGARITA BRÍGIDA, CARLOS EDUARDO,
MARÍA CELESTE, FRANCISCO EUSEBIO, RICARDO JERÓNIMO
y ANGÉLICA VALDERRAMA FONSECA, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
La Sala advierte que el TRIBUNAL solicitó ser desvinculado de la
presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04629-00
Actor: MUNICIPIO DE SOPÓ
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04629-00
Actor: MUNICIPIO DE SOPÓ
Ahora bien, comoquiera que el TRIBUNAL fue la autoridad judicial
que conoció y resolvió la primera instancia dentro del medio de
control objeto de cuestionamiento, le asiste interés directo en las
resultas del proceso constitucional de la referencia, razón por la cual
la Sala denegará la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en
la parte resolutiva de esta providencia.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04629-00
Actor: MUNICIPIO DE SOPÓ
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04629-00
Actor: MUNICIPIO DE SOPÓ
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04629-00
Actor: MUNICIPIO DE SOPÓ
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado .[11]
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la providencia de 12 de febrero de 2026, proferida por
la SECCIÓN CUARTA dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2018-00560-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso y al principio de autonomía territorial,
habida cuenta que, a juicio del actor, incurrió en defecto orgánico
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04629-00
Actor: MUNICIPIO DE SOPÓ
ya que no tenía facultades para fijar el monto del tributo, toda vez
que esa competencia ha sido atribuida exclusivamente a la
administración municipal.
Mencionó que también incurrió en defecto sustantivo al considerar
que la providencia se fundamentó en normas inexistentes e
inconstitucionales en tanto el ordenamiento jurídico no les permite a
los jueces determinar un tributo. Además, vulneró los principios de
legalidad y reserva de ley, por cuanto les corresponde a los concejos
municipales imponer las contribuciones fiscales y parafiscales.
Señaló que igualmente incurrió en defecto procedimental al omitir
el procedimiento de determinación del efecto plusvalía previsto en la
Ley 388 de 19975, el cual establece los elementos técnicos, jurídicos
y normativos necesarios para que la fijación del tributo sea objetiva,
verificable y acorde a las circunstancias fácticas y jurídicas del
asunto.
Mencionó que incurrió en desconocimiento del precedente por
cuanto inaplicó la sentencia de 23 de octubre de 20256 proferida por
la misma SECCIÓN CUARTA, en la que al resolver un caso similar
5
“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. Por la
cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
6
El actor hizo referencia a la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, expediente
identificado con número único de radicación 25000-23-37-000-2018-00438-01 (27641), actor Fénix
Construcciones S.A.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04629-00
Actor: MUNICIPIO DE SOPÓ
anuló parcialmente los actos administrativos que liquidaron el efecto
de plusvalía y protegió su autonomía al negarse a reliquidar el tributo
respetando la reserva administrativa.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial; y ii) de superarse tal derrotero,
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.
De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04629-00
Actor: MUNICIPIO DE SOPÓ
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional7, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».8
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
7
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04629-00
Actor: MUNICIPIO DE SOPÓ
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [11].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [12].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [13].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04629-00
Actor: MUNICIPIO DE SOPÓ
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [14]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [15].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [16]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04629-00
Actor: MUNICIPIO DE SOPÓ
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04629-00
Actor: MUNICIPIO DE SOPÓ
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la
presente acción de tutela no cumple con el requisito general de la
relevancia constitucional, en la medida en que lo pretendido por el
actor es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a
consideración del juez natural, como si este mecanismo
constitucional se tratara de una instancia adicional al proceso
ordinario.
En efecto, la inconformidad del actor se sustenta, básicamente, en
que la autoridad judicial accionada se extralimitó en sus funciones al
fijar la liquidación del efecto plusvalía sin tener la competencia legal
para hacerlo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04629-00
Actor: MUNICIPIO DE SOPÓ
Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, gira en torno a la inconformidad con la decisión
adoptada por el juez natural del asunto, el cual fue resuelto por la
SECCIÓN CUARTA, así:
“[…] El restablecimiento del derecho
En el recurso de apelación, el municipio afirmó que, si bien se
solicitó la nulidad de los actos demandados, no procede el
restablecimiento del derecho ordenado por el tribunal (la
inexistencia de una obligación de pagar suma alguna a título de
participación en plusvalía a cargo de los demandantes), teniendo
en cuenta que existió un mayor aprovechamiento del suelo, lo
que constituye el hecho generador del tributo.
Conforme a lo expuesto en los antecedentes, es claro para la
Sala que no se discute en este caso la realización del hecho
generador de la participación en plusvalía por el mayor
aprovechamiento del suelo derivado de la expedición del Decreto
Municipal 118 de 2016. La objeción de los demandantes frente
a los actos demandados se centró en la utilización de la
metodología equivocada para el cálculo de la misma, en la
medida en que no se siguió lo dispuesto en la ley para estimar
el tributo siguiendo las reglas específicas para este hecho
generador.
En contraste, los demandantes presentaron en su escrito de
demanda una liquidación del efecto plusvalía, siguiendo lo
establecido en el artículo 77 de la Ley 388 de 1997, que no fue
objetada por la parte demandada20. Para ello (i) tomaron como
precio base de referencia por metro cuadrado (anterior a la
expedición del Decreto 118 de 2016) la suma de $190.000, valor
que coincide con el utilizado por el avalúo nro. 26521. (ii) Este
valor se multiplica por la diferencia entre el área potencial
edificable según el Decreto 118 de 2016 (25.302,5 m2), y el
área potencial edificable según el Decreto 080 de 2003
(21.639,09 m2). (iii) El resultado anterior (monto total del
mayor valor) se divide por el área total del predio (10.121 m2),
con el fin de hallar el valor del efecto plusvalía por metro
cuadrado. (iv) El valor del efecto plusvalía por metro cuadrado
se multiplica a su vez por el área potencial adicional de
edificación, y a este resultado se le aplica la tarifa del 40% de la
participación en plusvalía, para hallar el valor del tributo a cargo.
[…]
Dado que tanto la parte demandante en la demanda como el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04629-00
Actor: MUNICIPIO DE SOPÓ
municipio en su apelación, solicitaron que en caso de que se
declarase la nulidad de los actos demandados se reliquidara el
valor de la participación en plusvalía a su cargo conforme al
cálculo arriba expuesto, la Sala concluye que debe accederse a
esta pretensión. Por tanto, se modificará el numeral segundo de
la sentencia apelada, y a título de restablecimiento del derecho,
se reliquidará la participación en plusvalía a cargo de los
demandantes en la suma de $100.776.787,32.
Por otra parte, dado que no obran en el expediente pruebas de
que se hayan efectuado pagos por parte de los demandantes a
favor del municipio de Sopó a título de participación en plusvalía,
se confirmará en lo demás la sentencia apelada […]”. (Negrilla
pertenece al texto)
De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se advierte
que la SECCIÓN CUARTA elaboró un recuento de las pruebas
aportadas al proceso ordinario cuestionado y, a partir de dicho
análisis, concluyó que había lugar a confirmar parcialmente la
decisión de primer grado debido a la falta de validez del avalúo que
sirvió de fundamento para la expedición de los actos administrativos
allí acusados.
Igualmente, la SECCIÓN CUARTA al efectuar el estudio del
restablecimiento del derecho, advirtió que había lugar a modificar la
decisión del TRIBUNAL en tanto si era posible ordenar la liquidación
de participación en plusvalía, por cuanto el hecho generador del
tributo sí se configuró dado que existió un mayor aprovechamiento
del suelo.
Igualmente, manifestó que la actora en el recurso de apelación
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04629-00
Actor: MUNICIPIO DE SOPÓ
solicitó que en caso de declararse la nulidad de los actos
administrativos que impusieron la contribución se reliquidara el valor
de la participación conforme a la fórmula establecida en el artículo
77 de la Ley 388 de 1997.
Por lo tanto, al evidenciar que la entidad territorial solicitó la
reliquidación del tributo, no le corresponde a esta sede constitucional
reabrir el debate jurídico ni realizar un estudio distinto al efectuado
por el juez natural, el cual se circunscribió a los argumentos
expuestos por la entidad territorial en el recurso de apelación.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la autoridad judicial
accionada se pronunció frente a los aspectos que la parte actora
alude como desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber
actuado de forma abiertamente arbitraria o haber desbordado los
límites del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto
carece del requisito general de la relevancia constitucional.
Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí
dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que
de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, la SECCIÓN CUARTA decidió el asunto sometido a su
consideración.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04629-00
Actor: MUNICIPIO DE SOPÓ
Ahora bien, cabe anotar que la presunta configuración del defecto
por desconocimiento del precedente judicial tampoco cumple
con la carga argumentativa necesaria para sustentar dicha
afirmación. La parte actora se limitó a citar una sentencia en la que,
a su juicio, la misma SECCIÓN CUARTA resolvió un asunto similar;
sin embargo, omitió precisar la relación fáctica y jurídica coincidente
entre lo allí decidido y su propio caso. Esto resulta especialmente
relevante si se tiene en cuenta que la providencia invocada definió
una controversia bajo circunstancias sustancialmente disímiles.
Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa
del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta
Sección17 ha indicado:
“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04629-00
Actor: MUNICIPIO DE SOPÓ
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
demandante, sino una divergencia que obedece a la interpretación
dada por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al
proceso, en el cual el juez constitucional no puede inmiscuirse, so
pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de un recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir
la competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud
de amparo y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04629-00
Actor: MUNICIPIO DE SOPÓ
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada por
la SECCIÓN CUARTA -SUBSECCIÓN “B”- DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de julio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.