Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00438-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00438-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2018-00438-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2018-00438-01 (27641)
Demandante FÉNIX CONSTRUCCIONES S.A.
Demandada MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA
Temas Participación en plusvalía por mayor aprovechamiento del
suelo. Liquidación y restablecimiento del derecho.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La sala1 decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del 1 de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que decidió2:
PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad parcial del (sic) 262 del 17 de noviembre de 2017, “Por
medio del cual se liquida la participación del efecto plusvalía para los predios incluidos dentro
del Palan (sic) Parcial Pionono perteneciente a la zona de expansión urbana del Municipio de
Sopó, el cual fue adoptado por el Decreto Municipal 080 de 2003 y Decreto 118 de 2016”, así
como la nulidad parcial del Decreto Municipal 063 del 12 de marzo de 2018, que resolvió el
recurso de reposición, ello, únicamente en lo que respecta a la liquidación asignada al
inmueble identificado con el número catastral 00-00-0002-0913-00 y matrícula inmobiliaria
número 176- 142092, de propiedad de la sociedad Fénix Construcciones S.A, de acuerdo a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que la sociedad FÉNIX
CONSTRUCCIONES S.A. no está obligada al pago del efecto plusvalía a ella determinado en
su calidad de propietarios del inmueble identificado con el número catastral 00-00-0002-0913-
00 y matrícula inmobiliaria número 176-142092, por valor de $10.778.679.607, en virtud de la
anulación parcial del ordinal anterior, como tampoco los actuales propietarios de los inmuebles
que de dicho predio se hubiesen desagregado.
TERCERO: ORDÉNASE al municipio de Sopó realizar la cancelación de los registros
realizados en el folio de matrícula inmobiliaria del referido predio, así como en aquellos
aperturados por segregación del mismo tras las ventas de las unidades habitacionales
resultantes del proyecto o proyectos inmobiliarios desarrollados en dicho inmueble, ante la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá.
CUARTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: Por no haberse causado, no se condena en costas.
(…). (Negrilla del original)
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Fénix Construcciones S.A. es propietaria del predio identificado con matrícula
inmobiliaria 176-142092, ubicado en el municipio de Sopó (Cundinamarca).
1
Mediante auto de 31 de marzo de 2025 el M.P. Milton Chaves García, dispuso remitir el expediente al siguiente en turno,
por ponencia negada. Índice Samai 27.
2
SAMAI Tribunal, índice 82, páginas 50 y 51.
1
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00438-01 (27641)
Demandante: Fénix Construcciones S.A.
Mediante el Decreto 262 del 17 de noviembre de 2017 (acto demandado), el alcalde
del municipio de Sopó liquidó la participación del efecto plusvalía para los predios
incluidos en el Plan Parcial Pionono perteneciente a la zona de expansión urbana
de dicho territorio, el cual fue adoptado por el Decreto Municipal 080 de 2003 -plan
parcial inicial-, acto modificado por el Decreto 118 de 2016 -plan parcial actual-. El
predio de la demandante conforma la Unidad de Gestión denominada Zona A y se
tuvo en cuenta para el mismo como hecho generador el mayor aprovechamiento del
suelo en edificación.
El recurso de reposición interpuesto por la sociedad Fénix Construcciones S.A.
contra la anterior decisión, fue resuelto mediante el Decreto 063 del 12 de marzo de
2018 (acto demandado), en el sentido de no reponer y reiterar lo expuesto en el acto
recurrido.
Por medio de la resolución 243 del 4 de octubre de 2018, el municipio de Sopó
ordenó la inscripción del efecto plusvalía liquidado con el Decreto Municipal 262 de
2017, en el folio de matrícula inmobiliaria de predios resultantes de la desagregación
del inmueble de propiedad de la demandante, con ocasión del proceso de
urbanización. Contra ese acto la sociedad interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos mediante la resolución 320 del 27
de diciembre de 2018, en el sentido de rechazarlos y confirmar el acto recurrido.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes
pretensiones3:
3.1. PRETENSIONES PRINCIPALES
PRIMERA PRETENSIÓN: Se declare la nulidad del Decreto Municipal 262 de 2017,
expedido por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ - Cundinamarca, en lo que respecta a la
liquidación de la participación en la plusvalía del predio identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria No. 176-142092.
SEGUNDA PRETENSIÓN: Se declare la nulidad del Decreto Municipal 063 de 2018,
expedido por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ - Cundinamarca, en lo que respecta a la
liquidación de la participación en la plusvalía del predio identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria No. 176-142092.
TERCERA PRETENSIÓN: A título de restablecimiento del derecho, se ordene al MUNICIPIO
DE SOPÓ - ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ cancelar la inscripción de los Decretos
Municipales 262 de 2017 y 063 de 2018 que haya realizado o llegare a realizar sobre el folio
de matrícula inmobiliaria No. 176-142092 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Zipaquirá y de los predios que de este se pudieren segregar o englobar.
CUARTA PRETENSIÓN: A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la ALCALDÍA
DE SOPÓ - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO abstenerse de
exigir el pago de las sumas liquidadas en los Decretos Municipales 262 de 2017 y 063 de
2018, correspondiente a la suma de DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS
($10.778.679.607), sobre el predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 176-
142092 y de los predios que de este se pudieren segregar o englobar.
3
SAMAI, índice 2, expediente digital, ED_C02_11REFORMADEMANDA(.pdf) NroActua 2.
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Demandante: Fénix Construcciones S.A.
QUINTA PRETENSIÓN: A título de restablecimiento del derecho y reparación del daño, se
ordene a la ALCALDÍA DE SOPÓ - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL Y
URBANISMO devolver los dineros que el demandante le haya pagado o llegare a pagar con
ocasión de la liquidación de la participación en la plusvalía realizada a través los Decretos
Municipales 262 de 2017 y 063 de 2018, respecto al predio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria No. 176-142092 y aquellos que de este se pudieren segregar o englobar.
SEXTA PRETENSIÓN: Se declare la nulidad de la Resolución No. 243 del 4 de octubre de
2018 expedida por la ALCALDÍA DE SOPÓ - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL
Y URBANISMO4.
SÉPTIMA PRETENSIÓN: Se declare la nulidad de la Resolución No. 320 del 27 de
diciembre de 2018 expedida por la ALCALDÍA DE SOPÓ - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
TERRITORIAL Y URBANISMO.
OCTAVA PRETENSIÓN: A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la ALCALDÍA
DE SOPÓ - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO devolver los
dineros que el demandante le haya pagado o llegare a pagar con ocasión de la expedición y/o
cumplimiento de las Resoluciones Nos. 243 y 320 de 2018.
NOVENA PRETENSIÓN: A título de reparación del daño, se ordene a la ALCALDÍA DE SOPÓ
• SECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO indemnizar a la parte
demandante por los perjuicios patrimoniales que llegare sufrir con ocasión de la expedición
y/o cumplimiento de cualquiera de los actos administrativos demandados: Decretos
Municipales 262 de 2017 y 063 de 2018, y Resoluciones Nos. 243 y 320 de 2018.
DÉCIMA PRETENSIÓN: A título de restablecimiento del derecho y reparación de daño, se
ordene a la ALCALDÍA DE SOPÓ - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL Y
URBANISMO recocer y pagar intereses moratorios sobre cualquier suma de dinero o concepto
que como consecuencia del presente proceso deba reconocer a la parte demandante, en los
términos del artículo 192 del CPACA.
DECIMOPRIMERA PRETENSIÓN: Se Condene MUNICIPIO DE SOPÓ - ALCALDÍA
MUNICIPAL DE SOPÓ a pagar costas y agencias en derecho, de conformidad con lo
establecido en el artículo 188 del CPACA.
3.2. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA: En caso de no acceder a las pretensiones primera
y segunda principales, se ordene a la ALCALDÍA DE SOPÓ - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
TERRITORIAL Y URBANISMO, reliquidar el tributo de la participación en la plusvalía,
adoptando para el efecto los siguientes parámetros y valores consignados en el dictamen
pericial de parte, elaborado por los expertos Wilson Suárez Merchán y Miller Osiris Escudero.
SEGUNDA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA: En caso de que se acceda a la PRIMERA
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA, a título reparación del daño, se ordene a la ALCALDÍA DE
SOPÓ - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO devolver a Fénix
Construcciones S.A. los dineros que la demandante haya pagado o llegare a pagar en exceso;
esto es, aquellas sumas de dinero pagadas por encima de la participación en la plusvalía que
resulte de la re-liquidación solicitada en la PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA.” (Negrilla
del original).
A estos efectos, la demandante invocó como normas violadas los artículos 73, 74,
77, 80, 81 y 82 de la Ley 388 de 1997; 2 y 6 de la Ley 1673 de 2013; 2.2.2.17.2.2.
del Decreto 1074 de 2015, y 27 de la resolución 620 de 2008, proferida por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.
El concepto de la violación de esas disposiciones se resume a continuación:
Aseguró que los decretos demandados están viciados de nulidad por expedición
irregular y falta de competencia temporal, porque se desconoció el término de
4
En la audiencia celebrada el 27 de septiembre de 2022, etapa de fijación del litigio, el tribunal excluyó del medio de control
las pretensiones relacionadas con la nulidad de las resoluciones por las que se ordenó la inscripción del efecto plusvalía
en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios segregados, por tratarse de actos de ejecución, decisión que quedó
en firme al decidirse el recurso de reposición.
3
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Demandante: Fénix Construcciones S.A.
140 días previsto en los artículos 80 y 81 de la Ley 388 de 1997, para calcular y
liquidar el efecto plusvalía. Si el hecho generador del tributo lo constituye el Decreto
Municipal 118 de 2016, publicado el 6 de julio siguiente, la administración municipal
tenía hasta el 27 de enero de 2017 para expedir y notificar el acto administrativo
que determinara el tributo, pese a lo cual, el Decreto Municipal 262 de 2017 solo fue
notificado el 15 de diciembre de 2017, lo que es injustificado e irrazonable, en
contravía del orden jurídico, la seguridad jurídica y el debido proceso, por lo que
debe ser anulado, aunque dichas normas no tengan un efecto preclusivo.
Igualmente, incurrieron en infracción de las normas en las que debían fundarse,
por haberse desconocido el procedimiento que debía tenerse en cuenta para
liquidar el efecto plusvalía causado por el mayor aprovechamiento del suelo.
Sostuvo que para la fecha en la que se realizó el avalúo 277 de septiembre de 2017,
que sirvió de sustentó para la liquidación del efecto plusvalía, el perito no estaba
habilitado en el Registro Abierto de Avaluadores en la categoría de inmuebles
especiales, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 80 de la Ley 388 de 1997,
2 y 6 de la Ley 1673 de 2013 y, 2.2.2.17.2.2 del Decreto Nacional 1074 de 2015,
por lo que carece de validez e idoneidad técnica para la liquidación del efecto
plusvalía. Falencia que no se subsana con la inscripción actual del perito en dicho
registro, en las categorías de inmuebles urbanos y rurales.
Adicional a lo anterior, en la elaboración del citado avalúo se incurrió en errores
metodológicos y conceptuales.
Al efecto, afirmó que en este caso se tuvo como hecho generador del efecto
plusvalía el mayor aprovechamiento del suelo, por lo que, de conformidad con el
artículo 77 de la Ley 388 de 1997, ratificado en los artículos 133 literal c) del Decreto
Municipal 20 de 2009 y 27 de la resolución 620 de 2008 del IGAC, la administración
debía establecer el valor comercial del predio por metro cuadrado antes de la acción
urbanística (precio de referencia a través del método residual o de mercado), luego
se debía estimar el área potencial adicional de la edificación autorizada con la nueva
norma, y multiplicarla por el precio de referencia, para finalmente dividirlo por el
número de metros cuadrados que comprenden el área total del predio beneficiado.
Dicho procedimiento no se observó, toda vez que: i) se realizaron dos valoraciones
del predio, antes y después de la acción urbanística, utilizando dos técnicas
diferentes, la comparación de mercado y la residual, ii) en lugar de determinarse el
presunto mayor potencial edificatorio autorizado por la acción urbanística, se
determinó una valorización, lo que es ajeno al hecho generador del tributo, iii)
únicamente se deflactó el valor del escenario 1 (antes de la acción urbanística) al
año 2015 y el del escenario 2 (después de la acción urbanística) se mantuvo en
septiembre de 2017, por lo que no podían ser comparables entre sí, lo que condujo
a que se alterara el valor final, iv) no se cuenta con sustento técnico e información
(área, ubicación y norma urbanística) sobre los predios de referencia utilizados para
determinar el valor del escenario antes de la acción urbanística por lo que no está
demostrado que sean comparables para efectos del avalúo y v) en el segundo
escenario, después de la acción urbanística, no se tuvo en cuenta el costo y las
cargas (zonas de equipamiento, circulación y parqueaderos) que debía asumir el
proyecto de construcción.
Aclaró que, en el presente caso, al tratarse de una expansión urbana con plan
parcial adoptado mediante el acuerdo 080 de 2003, se debía aplicar la técnica
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residual prevista en el artículo 4 de la resolución 620 de 2008 del IGAC, a pesar de
esto refirió que en el primer escenario el perito determinó el valor del predio a través
de la técnica de comparación de mercado, regulada en el artículo 1 ibidem, sin
justificar esa elección.
Relató que para el segundo escenario el perito cambio la técnica valuatoria y aplicó
la residual, y se limitó a determinar las áreas vendibles a partir del resultado de
aplicar directamente el índice de construcción, sin determinar el área privada
vendible o el área vendible construida. Además, no se tuvo en cuenta el número de
parqueaderos exigidos ni el costo de su construcción, y el equipamiento de zonas
verdes y vial se estimó en $50.000 por m2, valor que es muy bajo, tampoco se
evidencia que se haya realizado o consultado un estudio de mercado de proyectos
constructivos en propiedad horizontal en el municipio de Sopó o en otros municipios
que permitieran definir el valor de ventas para el proyecto planteado.
Aseveró que en la expedición de los decretos demandados se incurrió en falsa
motivación, porque para la época en la que tuvo lugar el presunto hecho generador
(2016), el acuerdo 025 de 2001 (tarifa), que les sirve de fundamento, había sido
derogado por el Acuerdo 20 de 2009, que tuvo como propósito esencial ajustar y
compilar en un solo régimen todos los tributos del municipio demandado.
Por otra parte, las resoluciones demandadas, por las que se ordenó la inscripción
del efecto plusvalía en los folios de matrícula inmobiliaria son nulas, porque sin
sustento legal se ordenó la inscripción del Decreto Municipal 262 de 2017 en los
predios identificados con el folio de matrícula 176-173918, 176-173919, 176-
173920, 176-173921, 176-173922 y 176- 173923, que no estaban incluidos de
forma expresa en esa disposición, lo que constituye el desconocimiento del
procedimiento y los términos de la liquidación de plusvalía, pues para hacerlo era
necesario que sobre estos se liquidara la participación en plusvalía.
En este caso, la transferencia de la inscripción del predio con matrícula inmobiliaria
176-142092 no se podía realizar a sus segregados, porque conforme al artículo 51
de la Ley 1579 de 2012 esta debía estar vigente, supuesto que no se cumple, en
tanto ni siquiera fue inscrita en el predio matriz.
Oposición de la demanda
El municipio de Sopó se opuso a las pretensiones de la demanda, porque los actos
demandados se expidieron conforme a las normas en las que debían fundarse, en
consideración al hecho generador del tributo y, por ende, procede su cobro, sin que
a la fecha esté probado que la demandante haya hecho pago alguno por dicho
concepto. En cuanto a la pretensión de restablecimiento del derecho manifestó que
esta no es procedente toda vez que en la demanda no se especifica concretamente
qué derecho supuestamente fue vulnerado, por lo que se estaría ante un proceso
de “nulidad residual”.
Explicó que los actos administrativos demandados fueron expedidos con
fundamento en la normatividad aplicable, en especial conforme a lo dispuesto en
los artículos 74 y 77 de la Ley 388 de 1997 y la resolución 620 de 2008 del IGAC,
considerando el hecho generador del efecto plusvalía, y se fundamentaron en el
avalúo realizado por la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de
Cundinamarca, en cumplimiento de un contrato interadministrativo celebrado con el
municipio, empresa que cuenta con la idoneidad requerida para el efecto.
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Aclaró que el mayor aprovechamiento del suelo es real y consiste en la mayor
edificabilidad por la modificación del plan parcial, al pasar del Decreto 080 de 2003
que admitía una altura máxima de 4 pisos según el uso, al Decreto 188 de 2016 que
permite una altura máxima de 12 pisos, modificándose también los índices de
ocupación y construcción, lo que dio lugar al hecho generador del tributo.
Respecto del avalúo, afirmó que se cumplió con la metodología indicada en la ley,
se observaron los requisitos previstos en la resolución 620 de 2008 expedida por el
IGAC y se aplicó el método residual o de mercado para establecer el precio de
referencia del metro cuadrado.
Indicó que la demandante confunde la metodología y la técnica empleada por el
perito para el cálculo del efecto plusvalía, porque una cosa es el estudio del efecto
plusvalía y el avalúo que genera la acción urbanística y otra es la valorización del
metro cuadrado.
Por otro lado, señaló que el acuerdo 020 de 2009 no derogó el artículo 1 del Acuerdo
025 de 2001, como lo sostiene la demandante.
De igual forma, sostuvo que para la época en la que se realizó el dictamen el perito
se encontraba debidamente inscrito ante Asolonjas, tal como consta en la
certificación correspondiente, y no requería estar habilitado para presentar avalúos
sobre inmuebles especiales, pues no se le pidió efectuar un avalúo sobre centros
comerciales, hoteles, colegios, hospitales, clínicas y avances de obras.
Finalmente, aseveró que el avalúo que sirvió de fundamento a los actos
demandados se practicó dentro del término previsto en el artículo 81 de la Ley 388
de 1997, y que la liquidación del efecto plusvalía se expidió y notificó en debida
forma.
Sentencia apelada
En primera instancia el a quo anuló parcialmente los actos demandados -liquidación
del efecto plusvalía- y a título de restablecimiento del derecho declaró que la
demandante no está obligada al pago del efecto plusvalía que le fue determinado,
y le ordenó al municipio cancelar el registro del gravamen en el folio de matrícula
inmobiliaria del predio de propiedad de la sociedad actora y de aquellos aperturados
por segregación de este. Por otra parte, negó las demás pretensiones de la
demanda, y no condenó en costas.
Para el tribunal, el incumplimiento de los términos establecidos en los artículos 80 y
81 de la Ley 388 de 1997, al proferirse el Decreto 262 de 2017, no repercute en la
configuración de la causal de nulidad por trámite irregular ni pérdida de competencia
temporal, por tratarse de un término perentorio, más no preclusivo, de modo que su
aparente desatención, porque no existe constancia de las fechas ciertas en las que
se adelantó el procedimiento reglado en esas normas, no acarrea una consecuencia
jurídica que lo vicie de nulidad.
Tampoco se presentó el desconocimiento de una garantía de carácter sustancial y
dado que el término de 30 días para practicar la notificación del acto de
determinación del efecto plusvalía es un trámite para dar publicidad a la decisión de
la administración, al margen de la fecha en la que esa actuación se surtió, lo cierto
es que se garantizó el derecho de contradicción.
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En cuanto a la liquidación del efecto plusvalía, precisó que no hay discusión sobre
la efectiva ocurrencia del hecho generador ligado a la acción urbanística concretada
con la expedición del Decreto 118 de 2016 que ajustó y complementó la
normatividad del Plan Parcial Pionono perteneciente a la zona de expansión del
municipio de Sopó, para permitir un mayor índice de edificación, respecto a la norma
anterior, el Decreto 080 de 2003, por lo que el estudio se concreta en el aspecto
cuantitativo.
Para el efecto, precisó que la Ley 388 de 1997 dispuso que el cálculo del efecto
plusvalía debe ser realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por la
entidad que haga sus veces, o a través de peritos técnicos debidamente inscritos
en las lonjas de propiedad raíz o instituciones análogas. Por otra parte, la Ley 1673
del 19 de julio de 2013 reguló y estableció las responsabilidades y competencias de
los avaluadores, así como la obligación de inscripción en el Registro Abierto de
Avaluadores para poder suscribir los respectivos avalúos, so pena del ejercicio ilegal
de la actividad.
En este caso se acreditó la inscripción ante Asolonjas de quien realizó el avalúo que
sirvió de sustento para establecer el efecto plusvalía del predio de la demandante,
pero no su inclusión en el registro nacional de avaluadores, a pesar de que esa
condición ya era exigible para el momento en el que preparó el informe (septiembre
de 2017). Esto se corrobora con lo manifestado por el director de la Agremiación
Inscripción y Registro de la Corporación Colombiana Autorreguladora de
Avaluadores - A.N.A, al señalar que, conforme a la base de datos, esa actuación se
surtió el 6 de diciembre de 2017.
Al haberse desacreditado la validez jurídica del avalúo 277 del 28 de septiembre de
2017, por haber sido realizado por una persona no habilitada para ejercer como
avaluador, los actos demandados que se fundamentaron en aquél se encuentran
viciados de nulidad por falsa motivación.
Por otra parte, en cuanto a la elaboración del avalúo, advirtió que no se cuenta con
documentos soporte que demuestren cuáles fueron los proyectos constructivos de
los que se valió el perito evaluador para establecer el precio de referencia del metro
cuadrado para la liquidación del efecto plusvalía. La relación de 5 predios y sus
datos (reflejados en una tabla) no justifican las razones por las cuales el inmueble
de la demandante tenía un potencial de desarrollo similar, pues no constan las
condiciones del mercado inmobiliario y las variables tenidas en cuenta para obtener
los valores del mercado, falencia insubsanable que imposibilitó el derecho de
defensa y contradicción, a tal punto que la demandante tuvo que contratar un
avaluador para que realizara el ejercicio de liquidación con el objeto de poder
determinar los errores del cálculo del avalúo que fundamentó los actos
demandados.
Señaló que, para adelantar el avalúo del predio como lo dispone el IGAC, debe
establecerse el precio comercial con comparación de zonas geoeconómicas
homogéneas, lo que no está probado en el expediente. Precisó que no es suficiente
que exista un avalúo en el que se evidencien los cálculos de los cuales proviene el
plusvalor, al tratarse de un procedimiento que va más allá de una operación
aritmética5.
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Al respecto citó la sentencia del Consejo de Estado, del 10 de marzo de 2022, Exp. 25359, C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez.
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Demandante: Fénix Construcciones S.A.
Por lo anterior, concluyó que se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos
demandados en lo que al predio de la demandante se refiere, motivo por el cual
procede su nulidad parcial, relevándose del estudio de los demás cargos. A título
de restablecimiento del derecho declaró que la actora no está obligada al pago del
efecto plusvalía asignado al predio de su propiedad y que procede la cancelación
de los registros en la matrícula inmobiliaria de este y de aquellos aperturados por
segregación. No se ordenó la devolución solicitada, ante la falta de prueba.
No se condenó en costas porque no se demostró su causación.
Recursos de apelación
Parte demandante
La demandante apeló la sentencia de primera instancia y manifestó estar en
desacuerdo con la decisión de negar las demás pretensiones de la demanda, en
concreto, la devolución de los dineros pagados o que se llegaren a pagar con
ocasión de la liquidación del efecto plusvalía realizada mediante los actos
demandados, en relación con el predio de su propiedad o de aquellos que de este
se pudieren segregar o englobar (pretensión quinta), y de no reconocer y ordenar el
pago de los intereses moratorios sobre cualquier suma de dinero o concepto que
como consecuencia de este proceso se deba reconocer a su favor, en los términos
del artículo 192 del CPACA (pretensión décima).
Expuso que, si bien dentro de las oportunidades probatorias no se allegó prueba del
pago, fue porque este no se había realizado, pero en consideración a la formulación
de la pretensión quinta, era procedente que el tribunal profiriera una condena en
abstracto por los perjuicios causados, encaminada a que los montos
desembolsados fueran determinados mediante trámite incidental, junto con los
intereses.
Puso de presente que a la fecha de interposición del recurso apelación se realizaron
pagos (2 de agosto y 25 de septiembre de 2019 y, 18 de mayo de 2021) por
concepto de liquidación del efecto plusvalía para los inmuebles segregados.
Parte demandada
El municipio interpuso recurso de apelación y solicitó que se revoque la sentencia
apelada. De forma subsidiaria pidió que se revoque el ordinal segundo y, en su
lugar, se ordene la reliquidación del efecto plusvalía, en consideración a que no está
en controversia la existencia del hecho generador del tributo, por lo que no es
procedente que se exima a la demandante de la obligación que le asiste por el efecto
plusvalía. De lo contrario, se afectaría el erario.
Afirmó que la liquidación del efecto plusvalía, mediante los actos administrativos
demandados, se realizó con base en el estudio efectuado por la Empresa
Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, con quien celebró contrato
interadministrativo, entidad idónea y especializada en la materia.
En dicho avalúo se tuvo en cuenta el hecho generador del efecto plusvalía,
consistente en la mayor edificabilidad derivada de la modificación al plan parcial.
Así mismo, se aplicaron los métodos correspondientes conforme a la normativa
contenida en la Ley 388 de 1997 y en la Resolución IGAC 620 de 2008, con
observancia del debido proceso y de las disposiciones legales pertinentes.
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Demandante: Fénix Construcciones S.A.
Sostuvo que en la demanda se pidió la nulidad de los actos demandados, pero no
se especificó un derecho que fuera vulnerado y, en tal sentido, se trataría de un
proceso de “nulidad residual”, por lo que no procede el restablecimiento del derecho
ordenado por el tribunal, máxime si se tiene en cuenta que existió un mayor
aprovechamiento del suelo consistente en aumento de edificabilidad por la
modificación del plan parcial. Todo, porque el Decreto 080 de 2003 consideró una
altura máxima permitida según el uso de 3 pisos, mientras que con el Decreto 188
de 2016 se aumentó a 12 pisos; también se modificaron los índices de ocupación y
construcción. Este último decreto sigue vigente pues no ha sido derogado o
anulado, por lo que es aplicable a los predios que se segregaron del predio matriz,
que aún se encuentran dentro del suelo de expansión urbana, incluso algunos de
ellos no han sido desarrollados en términos urbanísticos.
La demandante confunde la metodología y la técnica empleada para realizar el
avalúo para el cálculo del efecto plusvalía con la técnica valuatoria, porque una cosa
es el estudio del efecto plusvalía y el avalúo que genera la acción urbanística y otra
cosa es la valorización del m2 que aduce el demandante.
El avalúo practicado se enfoca en calcular el valor del efecto plusvalía como
consecuencia de un hecho generador que se originó en un mayor aprovechamiento
del suelo, y se practicó y presentó dentro del término previsto en el artículo 81 de la
Ley 388 de 1997. También es oportuna la expedición y notificación del acto de
liquidación del efecto plusvalía, que cumple con las normas aplicables al hecho
generador del tributo.
Indicó que la declaratoria de nulidad parcial de los actos demandados da a entender
que los demás predios incluidos en estos tienen la obligación de plusvalía por lo que
lo procedente es que el municipio elabore un nuevo avalúo comercial “que se ajuste
en todo a lo reglamentado en la resolución 620 de 2008 del IGAC, en cuanto al método de
valoración”, para luego expedir una nueva liquidación a los predios que sean objeto y
a los cuales no se les haya configurado el momento de exigibilidad, en
consideración a que como lo expuso el tribunal, el incumplimiento de los términos
previstos en los artículos 80 y 81 de la Ley 388 de 1997 no repercute en trámite
irregular ni pérdida de competencia por parte de la autoridad administrativa.
Oposición al recurso
Las partes guardaron silencio.
Intervención del Ministerio Público
El ministerio público también guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
De conformidad con los recursos de apelación interpuestos por las partes, le
corresponde a la Sala determinar: i) la validez del avalúo que sirvió de fundamento
para la expedición de los actos demandados y ii) de mantenerse la nulidad parcial
de los actos, si a título de restablecimiento del derecho procede ordenar la
reliquidación del tributo, como lo solicita el municipio o la devolución de las sumas
pagadas o que se deban pagar por dicho concepto, como lo pidió la demandante.
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Validez del avalúo 277 de 2017
Frente a la competencia del perito para elaborar el avalúo 277 de septiembre de
2017, que sirvió de sustento para la expedición de los actos demandados, el tribunal
coincide con la parte demandante en que no se acreditó que para esa fecha
estuviera incluido en el registro nacional de avaluadores, como lo exigía la Ley 1673
de 2013. Por su parte, la entidad demandada sostiene que el avalúo se realizó con
base en el estudio efectuado por la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos
de Cundinamarca, con quien celebró contrato interadministrativo, entidad idónea y
especializada en la materia.
Sobre el procedimiento para el cálculo del efecto plusvalía, el artículo 80 de la Ley
388 de 1997 establece que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que
haga sus veces o los peritos técnicos debidamente inscritos en las Lonjas o
instituciones análogas, son las encargadas de establecer los precios comerciales
por metro cuadrado de los inmuebles, teniendo en cuenta su situación anterior a la
acción o acciones urbanísticas; y determinarán el correspondiente precio de
referencia tomando como base de cálculo los parámetros establecidos en los
artículos 75, 76 y 77 de esa misma ley, dependiendo del hecho generador del tributo.
No se controvierte que, para la elaboración del avalúo que fundamenta los actos
administrativos demandados, la Secretaría de Planeación Territorial y Urbanismo
de Sopó suscribió el contrato interadministrativo D-2017-0397 con la Empresa
Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, el cual, conforme al artículo
16 del Decreto 262 de 2017 (acto demandado), hace parte integral del mismo. La
controversia se centra en establecer si la validez del avalúo se ve afectada por el
hecho de que el perito designado por dicha empresa no cumplía los requisitos
legales para ejercer como avaluador, específicamente, la inscripción en el Registro
Abierto de Avaluadores (RAA) al momento de realizar el estudio correspondiente.
Al respecto, se advierte que en virtud de la Ley 1673 de 2013 es obligación de los
avaluadores inscribirse en el Registro Abierto de Avaluadores, que será
desarrollado por las entidades reconocidas de autorregulación que sean
autorizadas para el efecto por la Superintendencia de Industria y Comercio, so pena
de ejercicio ilegal de la actividad de avaluador.
Para tal fin, en el parágrafo 1 del artículo 6 de la Ley 1673 de 20136 se estableció
un régimen de transición, para permitir a los avaluadores continuar la actividad de
valuación hasta cuando entrara en funcionamiento el Registro Abierto de
Avaluadores, y en el parágrafo 2 del artículo 23 de la citada ley se dispuso que la
obligación de registro inicial ante el RAA deberá realizarse dentro de los 24 meses
siguientes contados a partir de la fecha en quede en firme la resolución de
reconocimiento de la primera entidad reconocida de autorregulación por la
Superintendencia de Industria y Comercio.
Con la Resolución 23705 del 13 de mayo de 2015, la citada superintendencia le
asignó a la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de
6
PARÁGRAFO 1o. Régimen de transición. Por única vez y dentro de un periodo de veinticuatro (24) meses contados a
partir de la fecha en que quede en firme la resolución de reconocimiento de la primera Entidad Reconocida de
Autorregulación por la Superintendencia de Industria y Comercio, los nacionales o los extranjeros autorizados por esta
ley que a la fecha de expedición de la presente ley se dedican a la actividad del avaluador podrán inscribirse en el Registro
Abierto de Avaluadores sin necesidad de presentar prueba de la formación académica exigida en este artículo,
acreditando: (i) certificado de persona emitido por entidad de evaluación de la conformidad acreditado por el Organismo
Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) bajo la norma ISO 17024 y autorizado por una Entidad Reconocida de
Autorregulación, y (ii) experiencia suficiente, comprobada y comprobable mediante, avalúos realizados y certificaciones
laborales de por lo menos un (1) año anteriores a la presentación de los documentos.
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Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de esa entidad, entre otras, la función de
reconocer a las Entidades Reconocidas de Autorregulación -ERA- de la actividad
del avaluador.
Fue con la Resolución 20910 del 25 de abril de 2016, que la Superintendencia de
Industria y Comercio concedió la solicitud de reconocimiento a la Corporación
Autorregulador Nacional de Avaluadores ANA como entidad reconocida de
autorregulación ERA, para llevar el Registro Abierto de Avaluadores RAA, acto que
adquirió firmeza el 11 de mayo de 20167, por lo que “según el parágrafo 2 del artículo 23
de la Ley 1673 de 2013, los avaluadores tienen la obligación de efectuar la inscripción inicial en el
Registro Abierto de Avaluadores (RAA) dentro del término de 24 meses contados a partir de la fecha
en que quedó en firme la resolución de reconocimiento de la primera ERA, es decir, desde el 11 de
mayo de 2016 y hasta el 11 de mayo de 2018”8.
En este sentido, durante el periodo de transición establecido por la Ley 1673 de
2013, y mientras se efectuaba la inscripción en el Registro Abierto de Avaluadores
(RAA), las personas que ejercían la actividad valuadora podían continuar haciéndolo
válidamente. Por lo tanto, no se comparte la conclusión del tribunal según la cual el
avalúo 277 del 28 de septiembre de 2017 fue elaborado por una persona no
habilitada para ejercer como avaluador, toda vez que dicha apreciación desconoce
el régimen de transición previsto por el legislador y parte de la exigencia -la
inscripción en el RAA- que no resultaba aplicable para la fecha en la que se realizó
el referido avalúo.
Superado el reparo relacionado con la persona que ejerció la actividad valuatoria,
corresponde abordar el cuestionamiento relativo a la metodología empleada para
determinar el efecto plusvalía, en consideración al hecho generador del tributo. En
el presente caso, dicho hecho corresponde al mayor aprovechamiento del suelo
derivado de la expedición del Decreto Municipal 118 del 8 de julio de 2016, mediante
el cual se complementó la normatividad del Plan Parcial Pionono, aplicable a la zona
de expansión urbana del municipio de Sopó. Cabe precisar que este aspecto no
constituye un punto de controversia entre las partes.
Conforme al citado hecho generador, la determinación del efecto plusvalía debía
seguir los parámetros señalados en el artículo 77 de la Ley 388 de 1997, así:
“Artículo 77.- Efecto plusvalía resultado del mayor aprovechamiento del suelo. Cuando
se autorice un mayor aprovechamiento del suelo, el efecto plusvalía se estimará de acuerdo
con el siguiente procedimiento:
1. Se determinará el precio comercial por metro cuadrado de los inmuebles en cada una de
las zonas o subzonas beneficiarias; con características geoeconómicas homogéneas,
antes de la acción urbanística generador a de la plusvalía. En lo sucesivo este precio
servirá como precio de referencia por metro cuadrado.
2. El número total de metros cuadrados que se estimará como objeto del efecto plusvalía
será, para el caso de cada predio individual, igual al área potencial adicional de edificación
autorizada. Por potencial adicional de edificación se entenderá la cantidad de metros
cuadrados de edificación que la nueva norma permite en la respectiva localización, como
la diferencia en el aprovechamiento del suelo antes y después de la acción generadora.
3. El monto total del mayor valor será igual al potencial adicional de edificación de cada
predio individual multiplicado por el precio de referencia, y el efecto plusvalía por metro
cuadrado será equivalente al producto de la división del monto total por el área del predio
objeto de la participación en la plusvalía.”
7
Así consta en el Concepto 17-133372 del 7 de julio de 2017 de la Superintendencia de Industria y Comercio.
8
Ibidem.
11
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Al respecto, la resolución 620 de 2008 del IGAC, por la cual se establecen los
procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997
-tenida en cuenta en el estudio de plusvalía-, en el artículo 27 señala que cuando
se autorice un mayor aprovechamiento del suelo, el precio comercial por metro
cuadrado de los inmuebles en la zonas o subzonas beneficiadas, con características
geoeconómicas homogéneas, antes y después de la acción urbanística generadora
de plusvalía, se determinará con el método (técnica) residual y/o de mercado.
Conforme a dicha resolución, el método residual es el que busca establecer el valor
comercial del bien, normalmente para el terreno, a partir de estimar el monto total
de las ventas de un proyecto de construcción, acorde con la reglamentación
urbanística vigente y de conformidad con el mercado del bien final vendible, en el
terreno objeto de avalúo. Para encontrar el valor total del terreno, “se debe descontar,
al monto total de las ventas proyectadas, los costos totales y la utilidad esperada del proyecto
constructivo. Es indispensable que además de la factibilidad técnica y jurídica se evalúe la factibilidad
comercial del proyecto, es decir la real posibilidad de vender lo proyectado" (art. 4).
Por su parte, el método de comparación o de mercado es la técnica valuatoria que
busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de
avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e
interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial (art. 1).
En este caso, en el acápite denominado “9. CÁLCULO DE PLUSVALÍA” del avalúo, se
precisó que “… se realizó Investigación de mercado sobre predios de Uso urbano no urbanizados
en zonas homogéneas similares al Inmueble objeto de este Cálculo, es decir, se utilizó el Método
Comparativo o de Mercado. (Ver Anexo 1)” 9, es decir, se acudió a uno de los métodos
permitidos por el ordenamiento legal para calcular el efecto plusvalía resultado del
mayor aprovechamiento del suelo.
En el avalúo 277 del 28 de septiembre de 2017 se observa el anexo denominado
“15.1 ANTES DEL HECHO GENERADOR” y se incluye la siguiente información:
“15.1.1 INVESTIGACIÓN INDIRECTA
DESCRIPCIÓN AREA DE
TEL. VALOR DEL % VALOR VALOR
DATO Ubicación PISOS GENERAL DEL NOMBRE FUENTE TERRENO
FUENTE PREDIO NEG DEPURADO M2
INMUEBLE M2
Lote del
1 X Lote de terreno Carlos Guerrero (…) 29.349 $ 6.500.000.000 10% $ 5.850.000.000 199.325
sector
2 Lote urbano X Lote de terreno No suministro Datos (…) 11.000 $ 2.450.000.000 10% $ 2.205.000.000 200.455
Lote urbano
pasando la María Antonia
3 X Lote de terreno (…) 8.680 $2.000.000.000 10% $ 1.800.000.000 207.373
Finca Cárdenas
Armenia
Lote sector
4 X Lote de terreno Fernando Bohórquez (…) 4.800 $1.200.000.000 10% $ 1.080.000.000 225.000
urbano
Entrada al
municipio de Inmobiliaria y Finca
5 X Lote de terreno (…) 4.220 $1.145.000.000 10% $ 1.030.500.000 244.194
Sopó- sec Raíz
urbano
PROMEDIO $215.269
DESVIACIÓN $15.462
COEF. VARIA 7,18%
LIMITE SUPERIOR $230.732
LIMITE INFERIOR $199.807
NOTA 1: Este mercadeo corresponde a lotes de terreno urbanos no urbanizados del sector; año 2017. Valor M.2. $215.269.”
En la sentencia apelada el tribunal puso de presente que no se contaba con
9
Samai, índice 2, PDF “ED_C01_03ANEXOSDEMANDA”, página 106.
12
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documentos soporte que demostraran cuáles fueron los proyectos constructivos de
los que se valió el perito evaluador para establecer el precio de referencia del metro
cuadrado para la liquidación del efecto plusvalía. Y destacó que la relación de 5
predios y sus datos (reflejados en la tabla que antecede) no justifican las razones
por las cuales el inmueble de la demandante tenía un potencial de desarrollo similar,
pues no constan las condiciones del mercado inmobiliario y las variables tenidas en
cuenta para obtener los valores del mercado, falencia insubsanable que imposibilitó
el derecho de defensa y contradicción.
En el recurso de apelación, la demandada afirmó que para la liquidación del efecto
plusvalía se tuvo en cuenta el artículo 77 de la Ley 388 de 1997 y el estudio “serio,
responsable e idóneo” realizado por la empresa contrada, pero no propuso reparo
concreto frente a la falta de soportes que advirtió el tribunal, los que a su juicio
resultaban necesarios en consideración a la técnica valuatoria utilizada para
determinar el valor comercial del inmueble de la demandante -método comparativo
o de mercado-, que como se desprende de la Resolución 620 de 2008 del IGAC, se
basa en el estudio de las ofertas o transacciones recientes de bienes similares y
comparables, siendo necesario que se clasifiquen, analicen e interpreten para llegar
a la estimación del valor comercial.
Por lo tanto, la relación de cinco predios y la información registrada sobre los
mismos, como consta en el avalúo analizado, no permiten tener certeza de la forma
como se estableció el precio comercial del inmueble de la demandante, con
comparación de zonas geoeconómicas homogéneas, lo que repercutió en el
ejercicio del derecho de defensa y contradicción de la actora.
La Sala ha considerado que como cada método o técnica para realizar avalúos
exige la recolección de información estadística o del mercado inmobiliario, esto debe
estar documentado en los respectivos avalúos o pericias, pues no de otro modo
podría el propietario o poseedor reconocer la contundencia de los valores arrojados
en la valuación o discutir aquellos que estime como equivocados y que alteran la
suma establecida como plusvalor10.
Así las cosas, se concluye que la parte apelante no desvirtuó lo expuesto por el
tribunal en cuanto a la falta de documentación de la información que sirvió de
soporte para realizar el cálculo del efecto plusvalía del predio de la demandante, en
concreto, para establecer el precio de referencia aplicando el método comparativo
o de mercado, que se insiste, busca establecer el valor comercial del bien, a partir
del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y
comparables al del objeto de avalúo, de ahí que no sea suficiente que se relacionen
los predios seleccionados para ser comparados, pues dadas las diferencias que se
presentan entre los inmuebles, es necesario que quede reflejado en el documento
de tasación la mecánica de homogeneización que se ha empleado en la aplicación
del método de comparación.
Por lo anterior, y conforme a lo analizado en esta sentencia, se mantendrá la
decisión del tribunal en relación con la falta de validez del avalúo que sirvió de
fundamento para la expedición de los actos administrativos demandados. En
consecuencia, lo procedente es declarar la nulidad parcial de dichos actos,
10
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 10 de marzo de 2002, exp.
25359, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, reiterada por la sentencia del 16 de junio de 2022, exp. 24361, C.P. Milton
Chaves García.
13
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específicamente en lo relativo a la liquidación del efecto plusvalía del predio de
propiedad de la demandante, como se dispuso en primera instancia.
El restablecimiento del derecho
En el recurso de apelación, al igual que en la contestación de la demanda, el
municipio afirmó que, si bien se solicitó la nulidad de los actos demandados, no se
precisó un derecho que hubiera sido vulnerado. En ese sentido, sostuvo que se trata
de un proceso de “nulidad residual”, por lo cual no procede el restablecimiento del
derecho ordenado por el tribunal, máxime si se tiene en cuenta que existió un mayor
aprovechamiento del suelo, lo que constituye el hecho generador del tributo.
Al respecto, es preciso señalar que el objeto del medio de control de nulidad y del
de nulidad y restablecimiento del derecho es obtener la declaración de nulidad de
actos administrativos que infringen normas de carácter superior. Sin embargo,
mientras con el primero se busca la defensa del orden jurídico en abstracto, con el
segundo se pretende el resarcimiento de un derecho subjetivo lesionado por un acto
de la administración (arts. 137 y 138 CPACA).
Este último supuesto se configura en el presente caso, en la medida en que, además
de solicitar la nulidad de los Decretos 262 de 2017 y 063 de 2018, se pretende que
no se exija el pago de la suma liquidada en dichos actos y que se ordene la
cancelación de la inscripción del efecto plusvalía en el correspondiente folio de
matrícula inmobiliaria, razón por la cual no procede este argumento de apelación.
Por otra parte, no resulta viable que, ante la nulidad parcial de los actos
demandados -en lo relativo al predio de la demandante, debido a falencias en el
avalúo-, se ordene como restablecimiento del derecho la realización de un nuevo
avalúo para liquidar el efecto plusvalía. Aunque no se controvierte que se configuró
el hecho generador del tributo, derivado del mayor aprovechamiento del suelo en
edificación, se estableció que la estimación de la plusvalía, efectuada mediante el
avalúo que forma parte integral del acto administrativo demandado, no observó el
procedimiento previsto en el ordenamiento legal. Tal irregularidad constituye un vicio
de nulidad que no puede ser subsanado mediante la práctica de un nuevo avalúo,
por lo que no prospera el recurso de apelación del municipio.
Restitución de sumas pagadas a título de participación en plusvalía
El tribunal rechazó la devolución de los dineros solicitada por la parte demandante,
al considerar que no se acreditó el pago.
En el recurso de apelación, la sociedad sostuvo que, si bien durante las
oportunidades probatorias no se allegó prueba del pago, ello se debió a que este
aún no se había efectuado. No obstante, en atención a la formulación de la
pretensión quinta -referida al restablecimiento del derecho y reparación del daño por
los pagos que eventualmente se realizaran-, resultaba procedente que el tribunal
profiriera una condena en abstracto por los perjuicios causados, con el fin de que
los montos desembolsados fueran determinados en un trámite incidental, junto con
los intereses correspondientes.
Para tal efecto, aportó pruebas del pago por concepto de plusvalía respecto de los
inmuebles segregados.
14
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Demandante: Fénix Construcciones S.A.
En efecto, con el memorial del 7 de septiembre de 202311, la actora solicitó que se
tuvieran como pruebas en segunda instancia las constancias de pago de la
participación en plusvalía exigida por el municipio en los actos demandados.
Petición que fue aceptada por el despacho sustanciador mediante auto del 31 de
julio de 202412, por cumplirse el supuesto previsto en el numeral 3 del artículo 212
del CPACA, en tanto que los documentos aportados “corresponden a constancias de los
pagos efectuados por concepto de participación en plusvalía entre agosto de 2019 y mayo de 2021,
fechas posteriores a las de la presentación de la demanda y su corrección (oportunidades procesales
para adjuntar pruebas en primera instancia)” 13.
Las citadas pruebas corresponden a las siguientes:
• Soporte de consignación por valor de $640.187.287 a favor del municipio de Sopó del 21
de agosto de 2019, por concepto de “pago primera cuota plusvalía”, con constancia de
recepción del pago emitida por el municipio.
• Certificado bancario de la cuenta corriente desde donde se efectuó el pago anterior, que
da cuenta de que su titular es la sociedad demandante.
• Copia del cheque de gerencia 866191 del 25 de septiembre de 2019 (Banco
Bancolombia), por valor de $ 1.726.438.779 y formato transaccional 55932599 dirigido al
municipio de Sopó por el mismo valor.
• Copia del cheque de gerencia 866192 del 25 de septiembre de 2019 (Banco
Bancolombia), por valor de $ 1.056.267.134 y formato transaccional 55932600 dirigido al
municipio de Sopó por el mismo valor.
• Comunicación del 25 de septiembre de 2019, dirigida al municipio de Sopó, por medio de
la cual se adjuntan las constancias de pago anteriormente mencionadas.
• Copia del soporte de pago mediante transferencia bancaria “MO-235” del 18 de mayo de
2021, por medio de la plataforma Bancolombia, por valor de $1.916.332.006.
Visto lo anterior, y teniendo en cuenta que procede la nulidad parcial de los actos
administrativos demandados, en cuanto liquidan el efecto plusvalía a cargo de la
demandante por el predio de su propiedad, se concluye que a título de
establecimiento del derecho es procedente la pretensión de devolución de las
sumas pagadas con fundamento en dichos actos, las cuales, según se probó,
ascienden a $5.339.225.206. Esta suma deberá ajustarse conforme al IPC, desde
la fecha de ejecutoria de esta sentencia hasta el momento en que se realice el pago
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley 1437
de 2011. Dichos valores devengarán los intereses moratorios previstos en los
artículos 192 y 195 de la misma ley.
Ahora, aun cuando en la pretensión quinta se aludió a la reparación del daño por
los dineros que se hayan pagado o se llegaren a pagar con ocasión de los actos
demandados, se entiende que dicha pretensión se encamina a obtener la
devolución del impuesto pagado, con la que se restablece el derecho particular que
le asiste a la demandante al probar la ilegalidad de la actuación administrativa
demandada, que servía de fuente de la obligación, pretensión a la que se accedió y
que constituye una condena en concreto, pues se fija un monto determinado a
devolver conforme a lo probado en el expediente.
En cuanto a la pretensión de condena en abstracto, esta no resulta procedente, ya
que, al no estar probado el perjuicio o daño causado a la demandante con la
11
Samai, índice 20.
13
Samai, índice 9.
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00438-01 (27641)
Demandante: Fénix Construcciones S.A.
expedición de los actos demandados, no existe un derecho reconocido y, en
consecuencia, no hay una cuantía que deba liquidarse por la vía incidental.
En conclusión, prospera parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante, por lo que se revocará el ordinal cuarto de la sentencia apelada
y, en su lugar, se ordenará la devolución de la suma de $5.339.225.206. Esta suma
deberá ajustarse conforme al IPC, desde la fecha de ejecutoria de esta sentencia
hasta el momento en que se realice el pago correspondiente, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011. Dichos valores devengarán
los intereses moratorios previstos en los artículos 192 y 195 de la misma ley. En lo
demás, se confirmará.
Costas
No se impondrá condena por este concepto en esta instancia, conforme el numeral
5 del artículo 365 del Código General del Proceso, norma aplicable por la remisión
del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, toda vez que en este caso prosperó parcialmente la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar el ordinal cuarto de la sentencia apelada, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, el 1 de
diciembre de 2022. En su lugar se dispone:
“CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la ALCALDÍA DE SOPÓ –
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO devolver a la demandante
la suma de $5.339.225.206, en los términos indicados en la parte motiva de esta providencia.”
2. En lo demás, confirmar la sentencia apelada.
3. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Con salvamento de voto
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