Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04634-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04634-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04634-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 04634 00
Accionante: Glenen Alexander Ross
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no cumplir
con los requisitos generales de relevancia constitucional y
subsidiariedad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Glenen Alexander Ross en
contra del Tribunal Administrativo de Bolívar, el Juzgado Diecisiete Administrativo del
Circuito de Cartagena, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartagena, el Juzgado
Diecisiete Civil Municipal de Cartagena y la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia – UAEMC.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Glenen Alexander Ross promovió acción de tutela en contra de las precitadas
autoridades, y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:
1) dejar sin efecto la Decisión del accionado Luis Miguel Villalobos Álvarez que
resolvió la segunda instancia de hábeas corpus 13-001-33-33-017-2026-00138,
dejar sin efecto la Decisión del juez vinculado Santiago José Vergara Villamizar
que resolvió la primera instancia de hábeas corpus acción de hábeas corpus 13-
001-33 33-017-2026-00138, se anula la Resolución del vinculado Elba Sofia
Castro Abuabara que resolvió el recurso de hábeas corpus 13-001-40-03-003-
2026-00561, y se anula la Resolución del vinculado Walter González de la Hoz
que resolvió el recurso de hábeas corpus 13001-40-03-017-2026-00568
2) Suspender los efectos de la Resolución 20265020000726 hasta que s e r e s u
e l v a n d e fi n i t i v ame n t e l a s a c c i o n e s l e g a l e s 13001-23-33-000-
2026 00253 y 11001032400020260018300.
3) Declaro que los funcionarios de UAEMC tienen prohibido
detenerme/deportarme por hechos relacionados con el proceso penal No:
110016000050202654280. [SIC a toda la cita].
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04634 00.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 04634 00
Accionante: Glenen Alexander Ross
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El señor accionante manifestó que es ciudadano canadiense y que residió en Colombia
durante varios años, período durante el cual conformó una unión marital de hecho con la
señora Rosandy Colina Silgado.
Señaló que, mediante la Resolución núm. 20267040000496 del 6 de marzo de 2026, la
Directora Regional Caribe de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia -
UAEMC ordenó su deportación del territorio nacional y le impuso una prohibición de
ingreso al país por el término de diez (10) años.
Indicó que contra dicha decisión interpuso los recursos de reposición y apelación, y
mediante la Resolución núm. 20265020000726 del 6 de mayo de 2026, el Subdirector de
Verificación Migratoria de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia –
UAEMC, confirmó la Resolución núm. 20267040000496 del 6 de marzo de 2026.
Expuso que promovió ante el Consejo de Estado una acción de nulidad radicada bajo el
núm. 11001-03-24-000-2026-00183-00, mediante la cual cuestionó la validez de las
disposiciones normativas que, según estima, sirvieron de fundamento para la expedición
de los referidos actos administrativos.
De igual forma, instauró el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
identificado con el radicado núm. 13001-23-33-000-2026-00253-00, que cursa ante el
Tribunal Administrativo de Bolívar, con el propósito de obtener la nulidad de la precitada
Resolución núm. 20265020000726.
Posteriormente, relató que el 27 de mayo de 2026, funcionarios de Migración Colombia
lo privaron de la libertad y, dos días después, el 29 de mayo de 2026, fue deportado del
país.
Con ocasión de estos hechos, promovió varias acciones de hábeas corpus. La primera
de ellas, identificada con el radicado núm. 13-001-33-33-017-2026-00138-00, la cual fue
resuelta en primera instancia por el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de
Cartagena y, en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
Asimismo, presentó la acción de hábeas corpus radicada con el núm. 13001-40-03-003-
2026-00561-00, decidida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartagena, y la
identificada con el núm. 13001-40-03-017-2026-00568-00, resuelta por el Juzgado
Diecisiete Civil Municipal de Cartagena.
Con fundamento en lo anterior, promovió la presente acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar, el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cartagena,
el Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartagena, el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de
Cartagena y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.
Como sustento de la solicitud de amparo, sostuvo que las autoridades accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración
de justicia, a la libertad personal, al hábeas corpus y a la unidad familiar, al resolver las
acciones de hábeas corpus sin efectuar un examen adecuado de la legalidad y
constitucionalidad de la Resolución núm. 20265020000726, acto administrativo que sirvió
de fundamento para su detención y posterior deportación.
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Accionante: Glenen Alexander Ross
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros
Finalmente, afirmó que las providencias cuestionadas incurrieron en defectos que
habilitan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En consecuencia, solicitó dejar sin efectos las decisiones adoptadas dentro de los
referidos trámites y adoptar las medidas necesarias para la protección de los derechos
fundamentales que consideró vulnerados.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 16 de junio de 20262 y correspondió por reparto a la Sección
Primera de esta Corporación.
3.2. Mediante escrito del 22 de junio de 20263 el consejero ponente de esta decisión
manifestó impedimento para conocer del presente asunto al considerar que estaba
inmerso en las causales de impedimento previstas en los numerales 1 y 6 del artículo 56
del Código de Procedimiento Penal, comoquiera que, en el presente escrito de tutela, el
accionante hizo referencia expresa al proceso identificado con el radicado núm. 11001
03 24 000 2026 00183 00 el cual se tramita ante ese despacho.
3.3. Mediante auto del 9 de julio de 20264, la Sala de esta Sección declaró infundado el
impedimento formulado y ordenó la devolución del expediente al despacho de origen.
3.4. Por auto del 3 de agosto de 20265 se admitió la acción de tutela y se requirió al
profesional del derecho Javier Gastelbondo Campo para que aportara el poder especial
conferido por el accionante con las facultades expresas para promover esta acción
constitucional.
En la misma providencia se dispuso la notificación del Tribunal Administrativo de Bolívar,
el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cartagena, el Juzgado Tercero Civil
Municipal de Cartagena, el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Cartagena y la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia, en calidad de autoridades accionadas6
De igual forma, se requirió lo siguiente:
(i) Al Tribunal Administrativo de Bolívar y al Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito
de Cartagena para que allegaran copia digital del expediente identificado con radicado
núm. 13001 33 33 017 2026 00138 00/01.
(ii) Al Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartagena para que allegue copia digital o el
hipervínculo de consulta del expediente correspondiente al proceso identificado con el
radicado núm. 13001 40 03 003 2026 00561 00.
2 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04634 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04634 00.
4 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 04634 00
5 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 04634 00
6 Esta orden se cumplió el 6 de agosto de 2026. Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04634 00.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 04634 00
Accionante: Glenen Alexander Ross
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros
(iii) Al Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Cartagena para que allegue copia digital o el
hipervínculo de consulta del expediente correspondiente al proceso identificado con el
radicado núm. 13001 40 03 017 2026 00568 00.
3.5. Mediante escrito radicado el 6 de agosto de 20267, el profesional del derecho Javier
Gastelbondo Campo allegó el poder conferido por el señor Ross8.
3.6. Por escrito allegado el 6 de agosto de 20269, el accionante señaló lo siguiente:
Con base en que mi petición de protección judicial fue ADMITIDA por orden de
este tribunal emitida el 3 de agosto, y la obligación constitucional de resolver dicha
petición dentro de un plazo perentorio de diez (10) días, es razonable para mí
creer que la resolución se emitirá durante la semana del 17 de agosto. Por lo tanto,
independientemente de las declaraciones hechas por este Honorable Tribunal
Tutela en la resolución de esta acción legal, en ejercicio de mi derecho a estar
dentro del territorio nacional durante la fase de impugnación del proceso, planeo
salir de Canadá, viajar a Colombia y presentarme para mi identificación en un
puesto de control migratorio en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá
el 24 de agosto de este año. Respetuosamente, solicito a este tribunal que proteja
mi derecho al debido proceso a estar presente dentro del territorio nacional en
todo momento mientras se resuelve la impugnación.
3.7. El Tribunal Administrativo de Bolívar rindió informe10 en el que señaló que el
accionante promovió una acción de hábeas corpus contra la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia, al considerar que se encontraba privado de la libertad sin
justa causa.
Explicó que dicha solicitud fue rechazada por improcedente mediante el Auto
Interlocutorio núm. 448 del 28 de mayo de 2026, proferido por el Juzgado Diecisiete
Administrativo del Circuito de Cartagena, al advertirse identidad sustancial con una
acción de hábeas corpus previamente presentada por el actor y al evidenciarse que los
hechos cuestionados correspondían a actuaciones administrativas derivadas de su
situación migratoria.
Indicó que la decisión fue impugnada el 29 de mayo de 2026 y que, mediante Auto
Interlocutorio núm. 117 del 2 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de Bolívar
confirmó la determinación adoptada en primera instancia.
Añadió que, al resolver la impugnación, verificó que el señor Ross había promovido una
acción de hábeas corpus el 7 de abril de 2026, en la que cuestionó las medidas adoptadas
por Migración Colombia y la resolución que ordenó su deportación. Por tal razón,
concluyó que la nueva solicitud se sustentaba esencialmente en los mismos hechos y
7 Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04634 00.
8 La Sala resalta que si bien en el poder allegado se indica que el mandato se otorga “para todas y cada
una de las acciones legales que considere prudentes y necesarias para proteger mis derechos y libertades”,
lo cierto es que está dirigido, entre otras entidades, al Consejo de Estado y menciona de manera expresa
el reproche indicado en el escrito de tutela respecto de la resolución expedida por Migración Colombia que
ordenó la deportación del accionante, así como, el expediente del habeas corpus identificado con el
radicado núm. 13001 33 33 017 2026 00138 00/01, el cual también es cuestionado en el presente trámite
tutelar.
9 Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04634 00.
10 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04634 00.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 04634 00
Accionante: Glenen Alexander Ross
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros
argumentos, sin que se hubieran acreditado circunstancias nuevas o sobrevinientes que
justificaran un nuevo pronunciamiento judicial.
Con fundamento en lo anterior, sostuvo que las providencias cuestionadas fueron
proferidas con observancia de las garantías procesales y de las normas aplicables, por
lo que solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que no se
configuraban los requisitos generales ni las causales específicas que habilitan
excepcionalmente el amparo contra providencias judiciales.
3.8. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia allegó escrito11 en el que
manifestó que el accionante permanecía irregularmente en el territorio nacional desde el
17 de marzo de 2024, situación que motivó el inicio de un procedimiento administrativo
sancionatorio mediante el Auto núm. 20257040006295 del 29 de julio de 2025.
Expuso que, una vez agotadas las etapas del procedimiento y garantizado el ejercicio de
los derechos de defensa y contradicción, profirió la Resolución núm. 20267040000496
del 6 de marzo de 2026, mediante la cual ordenó la deportación del extranjero, decisión
que fue confirmada por la Resolución núm. 20265020000726 del 6 de mayo de 2026.
Precisó que el 27 de mayo de 2026 funcionarios de la entidad ubicaron al accionante con
el fin de ejecutar la medida de deportación y que, surtidos los trámites consulares
correspondientes, este abandonó el país el 29 de mayo de 2026 con destino a Canadá.
A su turno, advirtió que el actor promovió de manera reiterada derechos de petición,
acciones de tutela y solicitudes de hábeas corpus relacionadas con el procedimiento
migratorio adelantado en su contra. En ese sentido, sostuvo que la presente acción
desconoce el carácter subsidiario de la tutela, pues el interesado dispone de mecanismos
judiciales ordinarios para controvertir la legalidad de los actos administrativos que
ordenaron su deportación, particularmente el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el cual ya fue promovido ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
3.9. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartagena, rindió informe 12 en el que solicitó
negar el amparo respecto de las actuaciones surtidas por ese despacho.
Para ello, anotó que conoció de la acción de hábeas corpus radicada con el núm. 13001-
40-03-003-2026-00561-00, promovida el 28 de mayo de 2026 por Javier Gastelbondo
Campo, en representación del señor Glenen Alexander Ross, contra la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia.
Señaló que el solicitante alegó que el extranjero había sido retenido por funcionarios de
la autoridad migratoria desde el día anterior, sin orden judicial y en presunta vulneración
de sus derechos fundamentales, razón por la cual solicitó su libertad inmediata. No
obstante, mediante providencia del 29 de mayo de 2026, declaró improcedente la
solicitud al concluir que no se configuraba una privación ilegal de la libertad, sino la
ejecución de un procedimiento administrativo de deportación adelantado por la autoridad
competente.
11 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04634 00.
12 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04634 00.
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Accionante: Glenen Alexander Ross
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros
3.10. El Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Cartagena, rindió informe13 en el que
solicitó que se valoraran las actuaciones surtidas dentro del trámite de hábeas corpus
radicado con el núm. 13001-40-03-017-2026-00568-00, promovido por el señor Glenen
Alexander Ross contra la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.
Manifestó que el asunto fue repartido a ese despacho el 29 de mayo de 2026 y que,
mediante auto de la misma fecha, se admitió la solicitud y se corrió traslado a la entidad
accionada, así como al Centro Penitenciario y Carcelario de San Sebastián de Ternera –
INPEC y a la Fiscalía General de la Nación, para que rindieran el informe
correspondiente.
Agregó que, mediante providencia del 29 de mayo de 2026, requirió al Juzgado Tercero
Civil Municipal de Cartagena para que remitiera copia de las actuaciones adelantadas
dentro del proceso de hábeas corpus radicado con el núm. 13001-40-03-003-2026-
00561-00, promovido por el mismo accionante.
Finalmente, señaló que mediante fallo del 29 de mayo de 2026 declaró improcedente la
solicitud y precisó que el trámite se surtió con observancia de las normas constitucionales
y legales aplicables, dentro del término de treinta y seis (36) horas previsto en el Decreto
1095 de 2006.
3.11. El Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cartagena guardó silencio.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 14 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,15 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202116, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201917, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente18:
13 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 04634 00.
14 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
15 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
16 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
17 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
18 Lo que se desprende del expediente de los procesos de hábeas corpus identificados con radicado núms.
13-001-33-33-017-2026-00138-00/01; 13001-40-03-003-2026-00561-00 y 13001-40-03-017-2026-00568-
00. Visto en los índices 26, 27 y 28 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
núm. 11001 03 15 000 2026 04634 00.
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4.2.1. Del expediente identificado con el radicado núm. 13001-40-03-003-2026-
00561-00
4.2.1.1. El 28 de mayo de 2026, el señor Glenen Alexander Ross, actuando a través de
apoderado, promovió acción de hábeas corpus al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales, debido a la presunta prolongación injustificada de su privación de su
libertad.
4.2.1.2. El asunto correspondió, por reparto, al Juzgado Tercero Civil Municipal de
Cartagena, que mediante auto del 28 de mayo de 2026 admitió la solicitud y requirió a la
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia para que informara si el señor
Glenen Alexander Ross, se encontraba detenido o retenido por esa institución y, en caso
afirmativo, indicara la autoridad que había dispuesto la medida, el número y contenido de
la orden correspondiente, los motivos de la detención o retención, la fecha y hora en que
se había producido y su situación actual, entre los demás aspectos relevantes para
esclarecer los hechos.
4.2.1.3. Mediante providencia del 29 de mayo de 2026, el Juzgado Tercero Civil Municipal
de Cartagena negó el hábeas corpus por improcedente, al considerar que no se había
acreditado una detención ilegal.
Al respecto, estimó, con fundamento en las pruebas obrantes en el expediente y en el
informe rendido por Migración Colombia bajo la gravedad del juramento, que el
procedimiento había sido legal y se había adelantado en cumplimiento de una orden
administrativa de deportación; asimismo, constató que para ese momento el señor Ross
ya no se encontraba en Cartagena, sino en Bogotá, a la espera de abordar el vuelo con
destino a Toronto, Canadá.
4.2.2. Del expediente identificado con el radicado núm. 13001-40-03-017-2026-
00568-00
4.2.2.1. El 29 de mayo de 2026, el señor Ross promovió una nueva acción de hábeas
corpus contra la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, al considerar
vulneradas sus garantías constitucionales y legales por la presunta prolongación ilegal
de su privación de la libertad. Manifestó que había sido capturado aproximadamente a la
1:00 p. m. del 27 de mayo de 2026, cerca de su domicilio, y que, al momento de presentar
la solicitud, habían transcurrido más de veinticuatro (24) horas desde su captura, sin que
hubiera sido presentado ante un juez para la legalización de la detención ni se le hubiera
permitido reunirse con un abogado.
4.2.2.2. El asunto correspondió, por reparto, al Juzgado Diecisiete Civil Municipal de
Cartagena, que mediante auto del 29 de mayo de 2026 admitió la solicitud y requirió a la
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, al Centro de Servicios Judiciales de
los Juzgados Penales de Cartagena, al Centro Penitenciario y Carcelario de San
Sebastián de Ternera – INPEC y a la Fiscalía General de la Nación, para que rindieran
informe sobre los hechos que habían fundamentado la solicitud de hábeas corpus.
4.2.2.3. Mediante providencia del 29 de mayo de 2026, el Juzgado Diecisiete Civil
Municipal de Cartagena declaró improcedente la acción de hábeas corpus por
configurarse la cosa juzgada, al constatar durante el trámite que el Juzgado Tercero Civil
Municipal de Cartagena ya había resuelto de manera desfavorable una solicitud de
hábeas corpus promovida previamente por el señor Ross por los mismos hechos.
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Accionante: Glenen Alexander Ross
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros
4.2.3. Del expediente identificado con el radicado 13-001-33-33-017-2026-00138-
00/01
4.2.3.1. El señor Glenen Alexander Ross promovió acción de hábeas corpus con el
propósito de obtener la protección de su derecho fundamental a la libertad personal.
Como fundamento de la solicitud, sostuvo que funcionarios de la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia le impusieron restricciones y limitaciones que consideró
arbitrarias, las cuales, en su criterio, afectaban su libertad personal y su posibilidad de
circular, residir y abandonar el territorio nacional por decisión propia.
4.2.3.2. El proceso fue asignado, por reparto, al Juzgado Diecisiete Administrativo del
Circuito de Cartagena, autoridad judicial que, mediante auto interlocutorio núm. 448 del
28 de mayo de 2026 rechazó por improcedente el hábeas corpus.
4.2.3.3. Inconforme con dicha determinación, el accionante interpuso recurso de
impugnación el 29 de mayo de 2026. El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal
Administrativo de Bolívar, que mediante Auto Interlocutorio núm. 117 del 2 de junio de
2026 confirmó la decisión adoptada en primera instancia.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, el accionante cuestiona, por una parte, el trámite impartido a
los procesos de hábeas corpus identificados con los radicados núm. 13001 40 03 003
2026 00561 00, núm. 13001 40 03 017 2026 00568 00 y núm. 13001 33 33 017 2026
00138 00/01; y por otra, reprocha los actos administrativos expedidos por Migración
Colombia por los cuales se ordenó su deportación del territorio nacional y se prohibió el
ingreso por un período de 10 años. En ese sentido, la Sala procederá a estudiar los
anteriores reproches.
4.3.1. De los reproches presentados en contra de los procesos de hábeas corpus.
4.3.1.1. De los procesos identificados con los radicados núm. 13001 40 03 003 2026
00561 00 y núm. 13001 40 03 017 2026 00568 00
(i) En el hábeas corpus identificado con el radicado núm. 2026 00561 00, el Juzgado
Tercero Civil Municipal de Cartagena, mediante decisión del 29 de mayo de 2026 negó
la solicitud promovida en favor del señor Glenen Alexander Ross, al considerar que no
se había acreditado una detención ilegal.
Para arribar a esa conclusión, valoró las pruebas obrantes en el expediente y el informe
rendido por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, del cual desprendió
que la actuación desplegada correspondía a un procedimiento legal encaminado a dar
cumplimiento a una orden administrativa de deportación y que, para ese momento, el
señor Ross ya no se encontraba en Cartagena, sino en Bogotá, a la espera de abordar
el vuelo con destino a Toronto (Canadá).
(ii) Por su parte, en el hábeas corpus identificado con el radicado núm. 2026 00568 00,
el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Cartagena, mediante decisión del 29 de mayo de
2026 declaró improcedente, por cosa juzgada, la nueva acción promovida en favor del
señor Ross. Para ello, constató que el precitado Juzgado Tercero Civil Municipal de
Cartagena ya había resuelto de manera desfavorable una solicitud anterior de hábeas
corpus relacionada con los mismos hechos.
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Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se tiene lo siguiente:
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela solo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de tutela no
procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.
Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida que
solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable19.
La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad envuelve
tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial20: (i) cuando el asunto está trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas
procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico.
En el asunto bajo examen, la parte actora controvierte las precitadas providencias por las
cuales se le negó la solicitud de hábeas corpus deprecada respecto de la privación de su
libertad por el cumplimiento de una orden administrativa; sin embargo, no se encuentra
acreditado que el accionante hubiese hecho uso de los medios de defensa judicial que
tenía a su alcance en el trámite de las mencionadas acciones para controvertir las
decisiones que hoy cuestiona por vía de tutela, por lo que se concluye que la solicitud de
amparo no cumple con el requisito general de subsidiariedad.
Al efecto, acorde con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 1095 de 2006, contra la
decisión que niegue el hábeas corpus procede la impugnación, la cual, tal como se indicó
previamente, no se evidencia que se haya promovido.
En este punto, la Sala precisa que, en el escrito de tutela, la parte actora no ofreció ningún
motivo que justifique su inactividad en la interposición del mencionado recurso que
disponía para atacar las providencias cuestionadas, y tampoco alegó ni probó la
existencia de un perjuicio irremediable para que la acción de tutela proceda como un
mecanismo transitorio.
19 La Corte Constitucional en la sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez, dijo que los criterios a partir de los cuales debe analizarse si, efectivamente, en un caso concreto,
se está ante la presencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo
de amparo constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho
fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño
producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente
la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales.
20 Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
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4.3.1.2. Del proceso identificado con el radicado núm. 13001 33 33 017 2026 00138
00/01
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el caso
concreto.
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]21.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades22:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
21 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
22 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
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Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 23. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” (…)24. (Se
destaca) […].
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, «circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial».
En igual sentido anotó que «como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial» (…)”. [Se
destaca].
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.
La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.
Lo anterior, por cuanto la petición de amparo está siendo utilizada por la parte actora para
reabrir el debate resuelto en el hábeas corpus dado que sus inconformidades están
encaminadas a controvertir el examen de legalidad y constitucional efectuado dentro de
dicho proceso.
23 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente núm. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
24 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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En el caso concreto, el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cartagena,
mediante Auto Interlocutorio núm. 448 del 28 de mayo de 2026, rechazó por
improcedente la solicitud promovida por el señor Ross, quien había alegado que
funcionarios de Migración Colombia le habían impuesto restricciones y limitaciones
arbitrarias que afectaban su libertad personal y su posibilidad de circular, residir y
abandonar el territorio nacional. Esta decisión fue impugnada y posteriormente
confirmada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante Auto Interlocutorio núm.
117 del 2 de junio de 2026.
En este punto, la Sala advierte que la parte accionante pretende cuestionar, a través de
la tutela, las conclusiones a las que llegaron tanto el juez de primera instancia como el
de segunda instancia respecto de la procedencia del hábeas corpus y de la naturaleza
de las actuaciones adelantadas por Migración Colombia. De acuerdo con sus
planteamientos, las autoridades judiciales habrían desconocido sus derechos
fundamentales al no efectuar un análisis suficiente sobre la legalidad y constitucionalidad
de la actuación administrativa que dio lugar a su retención y posterior deportación.
Sin embargo, la Sala considera que tales argumentos tampoco evidenciaron una cuestión
de evidente relevancia constitucional, pues estuvieron encaminados a reabrir el debate
que ya había sido resuelto en las dos instancias del trámite de hábeas corpus. En
esencia, se pretendió que el juez constitucional efectuara una nueva valoración de las
circunstancias fácticas y jurídicas relacionadas con la actuación de Migración Colombia
y determinara si estas comportaron una afectación del derecho a la libertad personal,
pese a que tales asuntos ya habían sido examinados por el Juzgado Diecisiete
Administrativo del Circuito de Cartagena y posteriormente revisados por el Tribunal
Administrativo de Bolívar.
Así, aun cuando el accionante invocó la vulneración de derechos fundamentales y
atribuyó a las providencias cuestionadas defectos específicos de procedencia de la tutela
contra providencias judiciales, la Sala advierte que su inconformidad se dirigió, en
realidad, contra la corrección de las decisiones adoptadas dentro del trámite de hábeas
corpus. Es decir, no se planteó un problema constitucional que trascendiera la
controversia ya resuelta, sino que se pretendió obtener un nuevo pronunciamiento sobre
la valoración efectuada por los jueces competentes y sobre la interpretación de las
normas que regulaban el mecanismo constitucional invocado.
La Sala observa que el accionante pretende que el juez constitucional reexamine un
asunto ya decidido por el juez natural de la causa, con el propósito de obtener una
decisión distinta y favorable a sus intereses.
Si bien la parte actora sostiene que las providencias acusadas incurrieron en las causales
específicas de procedencia de la tutela contra providencia judicial, lo que realmente se
evidencia es su desacuerdo con las conclusiones de las autoridades judiciales respecto
al no acceder a las pretensiones del hábeas corpus. Así, no se plantea un problema
estrictamente constitucional, sino que se pretende que la acción de tutela funcione como
una instancia adicional.
En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela de la referencia, respecto de
las decisiones adoptadas en el hábeas corpus identificado con el radicado núm. 2026
00138 00/01, es improcedente por cuanto no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.
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4.3.2. Del reproche en contra de la Resolución núm. 20265020000726 proferida por
la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.
Como se señaló anteriormente, el artículo 86 de la Constitución Política establece que la
acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de tutela no
procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.
Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida que
solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable25.
La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad envuelve
tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial26: (i) cuando el asunto está trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado
los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico.
Sobre la improcedencia de la acción de tutela en los casos en los que el asunto está en
trámite, la Corte Constitucional ha manifestado que la intervención del juez
constitucional, en principio, está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye
un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser
resueltos al interior del trámite ordinario27. Al respecto, ha precisado que28:
[…] la acción de tutela no procede de manera directa cuando el asunto está en
trámite, toda vez que se cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa
previstos en el ordenamiento. No obstante, la protección de derechos
fundamentales a través de la acción de tutela permite la intervención del juez
constitucional siempre que se demuestre que no existe otro medio de defensa
judicial o que se pretende evitar un perjuicio irremediable […].
Bajo ese contexto, la Sala advierte que una de las inconformidades planteadas por el
accionante se dirige a cuestionar la legalidad de la Resolución núm. 20265020000726
del 6 de mayo de 2026, expedida por la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia, mediante la cual se confirmó la Resolución núm. 20267040000496 del 6 de
25 La Corte Constitucional en la sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez, dijo que los criterios a partir de los cuales debe analizarse si, efectivamente, en un caso concreto,
se está ante la presencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo
de amparo constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho
fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño
producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente
la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales.
26 Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
27 Corte Constitucional. Sentencia T-335 de 2018. M.P.: Diana Fajardo Rivera.
28 Ibidem.
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marzo de 2026, que ordenó su deportación del territorio nacional. En consecuencia,
respecto de dicho cuestionamiento, la acción de tutela resulta improcedente, toda vez
que el ordenamiento jurídico prevé mecanismos judiciales ordinarios idóneos para
controvertir la legalidad de tales actos administrativos.
En efecto, se encuentra acreditado que el accionante promovió el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado núm. 13001-23-33-
000-2026-00253-00, que cursa ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, con el
propósito de obtener la nulidad de los referidos actos administrativos.
Al respecto, se observa en la plataforma SAMAI que el 3 de junio de 2026 29 la parte
demandante presentó escrito de subsanación de la demanda y que el expediente ingresó
al despacho para estudio el 9 de junio de 202630, trámite que, para la fecha de adopción
de la presente providencia, se encuentra pendiente de decisión. En esas condiciones,
no es posible desplazar al juez natural de la causa ni sustituir los mecanismos judiciales
ordinarios actualmente en curso mediante el ejercicio de la acción de tutela, la cual tiene
carácter subsidiario y residual.
Al efecto, la acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo al proceso
judicial para la defensa de los intereses de las partes, pues ello implicaría que es el juez
de tutela y no el juez competente de la causa quien decide sobre la sustanciación y
ritualidad de los procesos.
Adicionalmente, la Sala advierte que el accionante no alegó ni acreditó la ocurrencia de
un perjuicio irremediable que permita la procedencia de la solicitud de amparo como
mecanismo transitorio.
En consecuencia, la solicitud de amparo es improcedente por no cumplir con el requisito
general de subsidiariedad comoquiera que existe un medio de control que se encuentra
en curso, y no se alegó ni acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Finalmente, frente a la solicitud del accionante presentada mediante escrito radicado el
6 de agosto de 2026, relacionada con la protección de su derecho fundamental al debido
proceso y “a estar dentro del territorio nacional” durante el trámite de esta acción
constitucional, la Sala advierte que no hay lugar a pronunciarse al respecto comoquiera
que, por una parte, las pretensiones de la presente tutela no están orientadas a permitir
el ingreso del accionante al país, y por otra, su deportación se dio en virtud de un acto
administrativo expedido por la autoridad migratoria competente, la cual fue cuestionada
por el señor Ross a través del proceso ordinario correspondiente, por lo tanto, no es
competencia del juez constitucional estudiar la viabilidad del reingreso del actor al
territorio nacional.
Al efecto, es preciso aclarar que el hecho que al actor no se encuentre en el país no
afecta ni vulnera su derecho al debido proceso durante este trámite tutelar, comoquiera
que él actúa a través de apoderado, quien está facultado para comparecer en su nombre
y representación.
29 Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 13001-
23-33-000-2026-00253-00.
30 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 13001-
23-33-000-2026-00253-00.
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Accionante: Glenen Alexander Ross
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por por el
señor Glenen Alexander Ross, por las razones expuestas en esta providencia
SEGUNDO: Reconocer personería adjetiva al profesional del derecho Javier
Gastelbondo Campo identificado con cédula de ciudadanía núm. 73.156.590 y portador
de la tarjeta profesional núm. 200.988 del C.S.J., como apoderado de la parte accionante.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 3 de
septiembre de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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