RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04646-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04646-00

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04646-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04646-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

16 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04646-00
Accionante: ÁNGEL FABIÁN PASTRANA MOLINA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se declara
improcedente por no cumplir el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por Ángel Fabián Pastrana Molina
contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Ángel Fabián Pastrana Molina, en nombre propio, solicitó el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y tutela judicial efectiva, cuya vulneración le atribuyó a la
providencia de 23 de octubre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicación 18001-23-33-000-2017-
00312-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
18001-23-33-000-2017-00312-00/01 contra la Nación – Fiscalía General de la Nación
en la cual solicitó i) inaplicar por inconstitucional el Decreto Ley 898 del 29 de mayo
de 2017 y anular parcialmente la Resolución núm. 02358 de 29 de junio de 2017, por
medio de la cual se distribuyeron los cargos de la planta de personal de la Fiscalía
General de la Nación y el Oficio núm. 02 de 30 de junio de 2017, por el cual se le
comunicó la finalización del vínculo laboral y se le ordenó la entrega de documentos
que estaban a su cargo; y ii) a título de restablecimiento del derecho, el reintegro sin

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04646-00
Accionante: Ángel Fabián Pastrana Molina

solución de continuidad al cargo que desempeñaba en la entidad o a otro de igual o
superior categoría, junto con el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones
sociales dejados de recibir.

2.2. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió al Tribunal
Administrativo del Caquetá, autoridad judicial que, mediante providencia de 22 de
septiembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Señaló
que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de providencia
de 23 de octubre de 2025, confirmó la decisión supra.

2.4. Consideró que la providencia mencionada vulneró sus derechos fundamentales
indicados supra por haber incurrido en una decisión con “[…] motivación aparente
[…]” y en los defectos fáctico y sustantivo.

2.5. Señaló que “[…] La sentencia de segunda instancia que cuestiono incurre en
defecto por falta de motivación, en su modalidad de motivación aparente o sofística,
figura desarrollada por la Corte Constitucional —entre otras en la sentencia T-233
de 2007— conforme a la cual no basta con que la providencia contenga formalmente
un razonamiento: éste debe responder de manera real, suficiente y congruente al
problema jurídico planteado. En mi caso, aunque la Sala reconoce el núcleo del
problema que planteé en la apelación —la ausencia de parámetros objetivos y
verificables que expliquen la incorporación de unos servidores a la nueva planta y
mi exclusión— termina confirmando la negativa de mis pretensiones mediante un
razonamiento que no resuelve de fondo ese punto decisivo, sino que lo “salva” con
una motivación tácita y general que no responde al interrogante concreto de
selección. La providencia ofrece, así, una apariencia de motivación que no satisface
el estándar constitucional. […]”.

2.6. Respecto al defecto fáctico sostuvo que “[…] el defecto se configura porque la Sala
omitió valorar, o en su caso constatar la inexistencia en el expediente de, prueba
determinante sobre la selección individual: matriz comparativa de servidores, hoja de
evaluación, acta del comité o cualquier otro instrumento que permitiera reconstruir por
qué unos provisionales fueron incorporados a la nueva planta y otros, entre ellos yo,
fuimos excluidos. Esa omisión es jurídicamente relevante porque el documento técnico
general en el que se apoyó la sentencia no contiene esa información, y porque, ante
el vacío reconocido por la propia Sala sobre los criterios de incorporación y supresión,
era constitucionalmente exigible verificar la existencia o no de un soporte probatorio
individual. La concurrencia del alcance contraevidente dado al documento técnico
general y la omisión de valoración sobre la prueba específica de selección configuran,
en conjunto, el defecto fáctico que invoco. […]”.

Sobre el defecto sustantivo indicó que “[…] Estos lineamientos resultan
2.7.

directamente aplicables a mi situación: al igual que la víctima en aquel precedente,
fui separado de un cargo de la Fiscalía General de la Nación que ejercía en
provisionalidad mediante un acto que no expuso los criterios objetivos y verificables

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04646-00
Accionante: Ángel Fabián Pastrana Molina

de selección, de modo que el núcleo del estándar interamericano —la exigencia de
motivación suficiente y la proscripción de la arbitrariedad en las decisiones que
afectan la estabilidad relativa de quienes ejercen la función fiscal— gobierna de
manera frontal el problema que sometí a la jurisdicción […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, así
como a la igualdad, vulnerados con ocasión de la sentencia de segunda
instancia proferida el 23 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho Rad. 18001-23-33-000-2017-00312-01 (2022-2025).

SEGUNDO: como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia del 23 de octubre de 2025 proferida por la autoridad judicial accionada
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho Rad. 18001-23-
33-000-2017-00312-01 (2022-2025), por incurrir en defectos
constitucionalmente relevantes que afectaron mi derecho a una decisión judicial
debidamente motivada, congruente y fundada en una valoración probatoria
racional.

TERCERO: ORDENAR al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, proferir una nueva sentencia de remplazo (sic), respetuosa de la
Constitución, en la que se resuelva el recurso de apelación con observancia
plena de las garantías fundamentales invocadas, valorando integralmente el
material probatorio del expediente, teniendo en cuenta también los estándares
convencionales invocados en el proceso y que son de obligatorio cumplimiento
para los jueces de la república en la medida en la que hacen parte del bloque
de constitucionalidad.

CUARTO: Las demás que se considere pertinentes para la efectividad del
amparo y garantía de mis derechos fundamentales invocados. […]”. [Negrilla
del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 22 de junio de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación del
proceso admitió la presente acción de tutela y vinculó en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso a la Fiscalía General de la Nación y al
Tribunal Administrativo del Caquetá.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y vinculadas, se
allegó el siguiente informe:

5.1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado indicó que
“[…] la interpretación del juez natural frente a lo decidido no se puede catalogar
como un presupuesto que habilita la procedencia de la acción constitucional,

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04646-00
Accionante: Ángel Fabián Pastrana Molina

máxime cuando se explicaron los motivos por los que no le asistía razón a la parte
demandante en su dicho. Así entonces, el hecho de que la decisión le fuera
desfavorable al tutelante no significa que se hayan vulnerado sus derechos
fundamentales […] Así las cosas, resulta claro que los planteamientos expuestos
en la acción de tutela coinciden con los esgrimidos en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo que evidencia que se pretende reabrir un debate
ya resuelto en vía judicial […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y del Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por el accionante, al haber incurrido, presuntamente, en una
decisión con “[…] motivación aparente […]” y en los defectos fáctico y
sustantivo.

8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04646-00
Accionante: Ángel Fabián Pastrana Molina

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
8
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial , la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04646-00
Accionante: Ángel Fabián Pastrana Molina

esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

16. El señor Ángel Fabián Pastrana Molina, en nombre propio, solicitó el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y tutela judicial efectiva, cuya vulneración le atribuyó a la
providencia de 23 de octubre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicación 18001-23-33-000-2017-
00312-00/01.

17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

18. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental11 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones12.

19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales13, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14.

10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
11
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
13
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
14
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04646-00
Accionante: Ángel Fabián Pastrana Molina

20. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

16
21. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la

15
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
16
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04646-00
Accionante: Ángel Fabián Pastrana Molina

pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

22. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202317.

23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales18.

24. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio el accionante alega que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y tutela judicial efectiva, por haber incurrido,
presuntamente, en una decisión con “[…] motivación aparente […]” y en los defectos
fáctico y sustantivo.

25. Señaló que “[…] La sentencia de segunda instancia que cuestiono incurre en
defecto por falta de motivación, en su modalidad de motivación aparente o sofística,
17
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04646-00
Accionante: Ángel Fabián Pastrana Molina

figura desarrollada por la Corte Constitucional —entre otras en la sentencia T-233
de 2007— conforme a la cual no basta con que la providencia contenga formalmente
un razonamiento: éste debe responder de manera real, suficiente y congruente al
problema jurídico planteado. En mi caso, aunque la Sala reconoce el núcleo del
problema que planteé en la apelación —la ausencia de parámetros objetivos y
verificables que expliquen la incorporación de unos servidores a la nueva planta y
mi exclusión— termina confirmando la negativa de mis pretensiones mediante un
razonamiento que no resuelve de fondo ese punto decisivo, sino que lo “salva” con
una motivación tácita y general que no responde al interrogante concreto de
selección. La providencia ofrece, así, una apariencia de motivación que no satisface
el estándar constitucional. […]”.

26. Respecto al defecto fáctico sostuvo que “[…] el defecto se configura porque la Sala
omitió valorar, o en su caso constatar la inexistencia en el expediente de, prueba
determinante sobre la selección individual: matriz comparativa de servidores, hoja de
evaluación, acta del comité o cualquier otro instrumento que permitiera reconstruir por
qué unos provisionales fueron incorporados a la nueva planta y otros, entre ellos yo,
fuimos excluidos. Esa omisión es jurídicamente relevante porque el documento técnico
general en el que se apoyó la sentencia no contiene esa información, y porque, ante
el vacío reconocido por la propia Sala sobre los criterios de incorporación y supresión,
era constitucionalmente exigible verificar la existencia o no de un soporte probatorio
individual. La concurrencia del alcance contraevidente dado al documento técnico
general y la omisión de valoración sobre la prueba específica de selección configuran,
en conjunto, el defecto fáctico que invoco. […]”.

27. Sobre el defecto sustantivo indicó que “[…] Estos lineamientos resultan
directamente aplicables a mi situación: al igual que la víctima en aquel precedente,
fui separado de un cargo de la Fiscalía General de la Nación que ejercía en
provisionalidad mediante un acto que no expuso los criterios objetivos y verificables
de selección, de modo que el núcleo del estándar interamericano —la exigencia de
motivación suficiente y la proscripción de la arbitrariedad en las decisiones que
afectan la estabilidad relativa de quienes ejercen la función fiscal— gobierna de
manera frontal el problema que sometí a la jurisdicción […]”.

28. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional; y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural del asunto.

29. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la accionante motive suficientemente las razones por las que
considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación desproporcionada
a sus derechos fundamentales […]”.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04646-00
Accionante: Ángel Fabián Pastrana Molina

30. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, no está poniendo de presente
que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino
que el motivo de su inconformidad gira en torno a que la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda.

31. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
providencia cuestionada:

“[…] El caso concreto.

Podría concluirse, prima facie, que ese acto administrativo carece de la
motivación suficiente para entender y predicar que el empleo del actor fue
suprimido. Lo anterior, en razón a que en esos apartados no se señalaron los
parámetros que conllevaron a la administración a incorporar a la nueva planta
de personal los cargos allí descritos y, por contera, tampoco se identificaron los
criterios que determinaron la supresión de aquellos que no se beneficiaron con
esa medida.

78. Sin embargo, y atendiendo a que esa decisión devino del cumplimiento del
Decreto Ley 898 de 2017 -arriba reseñado-, es dable pregonar que la citada
resolución contiene una motivación tácita que no solo dimana de aquél, sino
también de las reglas concebidas por la Corte Constitucional en la sentencia C-
013 de 2018, que se concretan en garantizar la estabilidad laboral de: i) los
servidores inscritos en carrera administrativa; ii) los empleados que detentan la
condición de prepensionados y; iii) los funcionarios que se encuentran en
condición de discapacidad.

79. Así entonces, para esta subsección es claro que la incorporación a la nueva
planta de cargos de unos funcionarios y el retiro de la institución de otros,
provino del respeto de los anteriores parámetros, al punto que conllevó la
supresión del empleo desempeñado por el actor, que se encontraba vinculado
en provisionalidad y quien, además, no acreditó estar adscrito a algunas de las
condiciones especiales definidas por la Corte Constitucional para los fines de
estabilidad laboral.

80. Bajo esa óptica, la existencia de unos criterios legales y jurisprudenciales
para garantizar el derecho al trabajo de los funcionarios de la Fiscalía General
de la Nación, tornaba innecesaria la realización de un nuevo estudio técnico,
pues se contaban con elementos de juicio razonables y ponderados para
adelantar los movimientos de personal que el proceso de reestructuración
requería.

81. A juicio de la sala, los actos que ordenaron la supresión de cargos no
establecieron criterios objetivos específicos para la supresión del cargo que
ocupaba el demandante, toda vez que estos se limitaron a disponer la
reestructuración orgánica de la entidad, sin individualizar cargos concretos ni
precisar las condiciones particulares de cada empleo suprimido.

82. Cabe resaltar que esta corporación en múltiples jurisprudencias ha
establecido que la Resolución nro. 02358 del 29 de junio de 2017 es un acto
administrativo de naturaleza general, razón por la que no le era exigible una
motivación particular o criterios específicos frente a cada uno de los servidores
desvinculados.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04646-00
Accionante: Ángel Fabián Pastrana Molina

83. En tercer lugar, el recurrente citó el caso Martínez Esquivia vs. Colombia,
decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de
afirmar que los fiscales, incluso aquellos que ocupan el cargo en
provisionalidad, deben contar con garantías reforzadas de estabilidad. No
obstante, aunque dicho precedente resulta ilustrativo al resaltar que la
desvinculación de los operadores judiciales no puede basarse en motivos
arbitrarios o discriminatorios, no es aplicable al asunto bajo examen, toda vez
que la eliminación del cargo se produjo dentro de un proceso general de
reestructuración institucional, sustentado en disposiciones legales y en estudios
técnicos previos. Por consiguiente, no se evidencia una desvinculación
individual carente de justificación, como la examinada por la Corte
Interamericana.

84. En cuarto lugar, frente a la posible vulneración del derecho a la igualdad, el
demandante no aportó pruebas para demostrar que tenía mejor derecho para
que su empleo no fuera eliminado en ese proceso de reestructuración, ni que la
permanencia de los demás fiscales no satisfizo los requerimientos legales y
jurisprudenciales sobre la materia.

85. Por último, si bien en el recurso de apelación se indicó «que, de ser
confirmada la sentencia de primera instancia, se revoque la condena en costas
impuesta a la parte demandante», cierto es también que la parte actora no
cumplió con la carga mínima argumentativa para soportar su dicho, razón por
la cual se mantendrá la condena en costas impuestas en primera instancia.
[…]”.

32. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

33. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”19. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”20.

34. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”21.

35. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.

19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
20
Ibidem
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04646-00
Accionante: Ángel Fabián Pastrana Molina

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.