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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2017-00312-01

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2017-00312-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 22 de septiembre de 2021, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Caquetá negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante. SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en esta instancia, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 18001-23-33-000-2017-00312-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

23 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 18001-23-33-000-2017-00312-01 (2025-2022)
Demandante: Ángel Fabián Pastrana Molina
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Tema: Retiro del servicio por supresión del cargo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la
parte demandante contra la sentencia de fecha 22 de septiembre de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte demandante.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones1. La parte actora solicitó inaplicar por inconstitucionalidad el
Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017 y anular parcialmente la Resolución nro.
02358 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se distribuyeron los cargos de
la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y el oficio nro. 02 del 30
de junio de 2017, por el cual se le comunicó la finalización del vínculo laboral y se
le ordenó la entrega de documentos que estaban a su cargo.

3. Como restablecimiento del derecho solicitó: el reintegro sin solución de
continuidad al cargo que desempeñaba en la entidad o a otro de igual o superior
categoría, junto con el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales
dejados de recibir.

4. Así mismo, que las sumas a reconocer se actualicen conforme a la variación del
Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el pago de intereses moratorios.

5. Hechos. Mediante la Resolución nro. 2356 del 11 de julio de 2016, la Fiscalía
General de la Nación nombró en provisionalidad al señor Ángel Fabián Pastrana
Molina en el cargo de fiscal delegado ante los Juzgados Penales del Circuito
Especializado en la Subdirección Seccional de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana
del Caquetá
1 Tomadas del escrito de reforma integrada visible a folios 103 a 125 del expediente físico, la cual fue aceptada

por el Tribunal Administrativo del Huila mediante auto del 5 de julio de 2018 visible a folio 384 del expediente
físico.

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Radicado: 18001-23-33-000-2017-000312-01 (2025-2022)
Demandante: Ángel Fabián Pastrana Molina

6. Con ocasión del Acto Legislativo nro. 01 de 2016, fue emitido el Decreto Ley
898 de 2017, que creó la Unidad Especial de Investigación, modificó la estructura
de la entidad accionada y suprimió algunos cargos de fiscales delegados ante los
Juzgados Penales del Circuito Especializado.

7. Posteriormente, se expidió la Resolución nro. 2358 del 29 de junio de 2017, por
medio de la cual se distribuyeron los cargos en la planta de personal de la entidad
demandada.

8. El señor Pastrana Molina fue notificado personalmente del oficio nro. 09 (sic)
del 30 de junio del mismo año, en el que se le informaba la supresión de su cargo
como fiscal delegado ante los Juzgados Penales del Circuito Especializado a partir
del 30 de junio de esa anualidad.

9. En la Resolución nro. 2358 de 29 de junio de 2017, no se explicaron los motivos
y razones que se tuvieron en cuenta para justificar la supresión de doscientos
noventa y un (291) cargos de fiscal delegado ante los Juzgados Penales del Circuito
Especializado, entre ellos, el ocupado por el demandante.

10. Fundamentos de derecho. Para la parte actora, la decisión cuestionada
infringió los siguientes artículos: 6.°, 13, 25, 48, 53, 123, 125 y 209 de la Constitución
Política; la Ley 909 de 2004 y la sentencia C-160 de 2017. Al exponer el concepto
de violación, invocó los siguientes cargos:

11. Inaplicación del Decreto Ley 898 de 2017 por inconstitucional respecto de
la modificación de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación,
toda vez que se desconoció la estructura fijada en el Decreto 016 de 2014.
Aunque el mencionado decreto produjo una modificación en la estructura de la
entidad, dicha alteración no se limitó exclusivamente a los cambios relacionados
con el funcionamiento de la Unidad Especial de Investigación.

12. Lo anterior significa que el ente acusador desbordó lo contemplado en el
acuerdo de paz al modificar la estructura orgánica de la institución en asuntos que
no fueron acordados entre los suscribientes, vulnerando el principio de conexidad
estricta.

13. Por otra parte, sostuvo que los nombramientos en provisionalidad, al ser una
forma temporal de provisión de cargos de carrera, se asemejan en estabilidad a los
nombramientos en propiedad, por lo que su terminación también exige la existencia
de una causa legal y justificada.

14. Nulidad de la Resolución nro. 2358 del 29 de mayo de 2017 y del oficio nro.
3 del 30 de junio de 2017 por falsa motivación. En el mencionado acto
administrativo no se plasmaron los motivos que se tuvieron en cuenta para la
supresión de doscientos noventa y un (291) cargos, entre ellos, el ocupado por el
demandante.

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Demandante: Ángel Fabián Pastrana Molina

15. Si bien es cierto que la motivación viene dada por el Decreto Ley 898 de 2017,
también lo es que no se explicó de manera detallada como la reestructuración
fortalecería las capacidades investigativas de la entidad, es decir que lo realizado
por la Fiscalía no se limitó a lo pactado en el acuerdo de paz.

16. Desviación de poder. El Decreto Ley 898 de 2017 incurrió en desviación de
poder, en tanto la modificación estructural de la Fiscalía General de la Nación no
respondió a lo acordado en el Acuerdo Final de Paz, sino que obedeció a una
decisión unilateral del Gobierno.

17. Contestación de la demanda2. Dentro de la oportunidad de ley, la accionada
contestó la demanda en los siguientes términos:

18. La Fiscalía General de la Nación actuó en cumplimiento de un deber legal, en
tanto que la supresión del cargo del demandante obedeció a las facultades
otorgadas en virtud del Decreto 898 de 2017.

19. Mediante el mencionado decreto, se creó al interior de la institución la Unidad
Especial de Investigación con el fin de desmantelar las organizaciones criminales
responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores de
derechos humanos, movimientos sociales o políticos o que amenacen o atenten
contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la
construcción de la paz.

20. Lo anterior, trajo consigo la modificación parcial de la estructura de la Fiscalía
General de la Nación, la supresión de cargos al interior de la entidad y otras
disposiciones.

21. Cabe resaltar que, dicha supresión y la redefinición de la planta «serán el canal
que permitirá reforzar la función principal de la entidad, la cual es el ejercicio de la
acción penal y la investigación de los hechos que revisten características de delito,
esto por medio del uso eficiente de los recursos que se han dispuesto para el gasto
del personal».

22. Ahora bien, en cuanto a la competencia para adelantar procesos de
reestructuración, en la sentencia C-306 de 2004, la Corte Constitucional reconoció
que, si bien el Congreso de la República es el titular de dicha facultad, resulta viable
que se delegue esa potestas en el ejecutivo, a través de facultades extraordinarias.

23. La modificación de la planta de cargos de la Fiscalía General de la Nación,
cumplió a cabalidad con los parámetros constitucionales establecidos para esta
clase de procesos, ya que i) se realizó dentro de los principios que rigen la
administración pública; ii) su principal propósito fue cumplir con los mandatos
establecidos en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción

2 Folios 43 a 59 del PDF 10 del expediente digital, el cual puede ser descargado en archivo denominado ED_

18001233300020170031(.zip) del índice 2 de la plataforma SAMAI.

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Demandante: Ángel Fabián Pastrana Molina

de una paz estable y duradera y; iii) se garantizaron los derechos fundamentales
de los servidores.

24. Así las cosas, propuso las excepciones de «inepta demanda por demandarse
un acto administrativo no sujeto a control judicial», «inepta demanda por indebida
acumulación de pretensiones», «cumplimiento de un deber legal» y «genérica».

25. Sentencia de primera instancia3. El 22 de septiembre de 2021, el Tribunal
Administrativo del Caquetá dictó sentencia en la que negó las súplicas de la
demanda y condenó en costas a la parte demandante. Después de relacionar los
hechos debidamente probados en el expediente, concluyó lo siguiente:

26. Inaplicación por inconstitucionalidad. El Decreto Ley 898 de 2017 fue
expedido con base en las facultades extraordinarias otorgadas al presidente de la
República con el fin de facilitar la implementación y el desarrollo normativo del
Acuerdo Final de paz, superando, en consecuencia, el juicio de necesidad estricta.

27. El mencionado decreto superó el examen de constitucionalidad, toda vez que
se demostró que las modificaciones en la planta de personal y la supresión de
cargos sí eran necesarias para el cumplimiento de los parámetros del acuerdo final.

28. En síntesis, si el cuestionado canon fue analizado por la Corte Constitucional y
se concluyó que atendía los requisitos de conexidad y necesidad, no puede
inaplicarse por inconstitucional.

29. Falsa motivación. Adujo el apoderado de la parte demandante que en la
Resolución nro. 2358 del 29 de mayo de 2017 no se explicaron los motivos que
justificaron la supresión de 291 cargos de fiscal delegado ante los jueces penales
del circuito especializado, ya que este acto solo de fundó en el Decreto 898 de 2017.

30. En el presente caso, una vez transcritas las consideraciones de las antedichas
normas, el a quo sostuvo que la decisión de supresión de cargos atendió unos
parámetros estadísticos y unas aseveraciones de orden legal que permitieron la
reorganización sin incremento presupuestal, con el respeto de los derechos
laborales de los servidores públicos.

31. En ese sentido, consideró el tribunal que el acto administrativo enjuiciado no
estuvo falsamente motivado, puesto que el Decreto 898 de 2017 suprimió algunos
cargos, entre ellos, 291 de fiscal delegado ante los jueces penales del circuito
especializado, indicando las razones estadísticas, técnicas y funcionales por las
cuales se tomó la decisión, dirigidas a la necesidad de modificar la planta con el fin
de concretar la implementación y cumplimiento de las obligaciones consignadas en
el acuerdo final de paz.

3 PDF 13 del expediente digital, el cual puede ser descargado en archivo denominado ED_
18001233300020170031(.zip) del índice 2 de la plataforma SAMAI.

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Demandante: Ángel Fabián Pastrana Molina

32. Es necesario destacar que el proceso de reestructuración de la planta de
personal se fundamentó en el estudio técnico, tal como lo dispuso el artículo 94 de
la Ley 290 (sic) de 1996, en concordancia con el artículo 46 de la Ley 909 de 2004.

33. Además, la Corte Constitucional en la sentencia C-013 de 2017 indicó que las
modificaciones realizadas en la planta de personal de la Fiscalía General de la
Nación apuntan a reforzar el área misional de la entidad.

34. Respecto del argumento relacionado con la supresión de doscientos noventa y
un (291) cargos, pero después del 30 de junio de 2017 se nombraron cincuenta y
cuatro (54) más, ello no fue demostrado, incumpliendo el demandante con el deber
probatorio que le asiste.

35. Desviación de poder. Sostuvo que la Resolución nro. 0253 del 29 de junio de
2019 fue expedida en virtud de las facultades otorgadas al fiscal general de la
Nación por los Decretos 016 de 2014 y 898 de 2017, este último, para facilitar y
asegurar la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto
armado.

36. Al realizar el examen de constitucionalidad, la Corte Constitucional encontró que
el Decreto 898 de 2017 cumplió con el propósito de contar con una entidad más
eficiente en el ámbito misional y menos costosa en la parte administrativa, es decir,
un ajuste a costo 0. Todo ello, para enfrentar los retos y necesidades de cara al
postconflicto.

37. En ese escenario, contrario a lo afirmado por el recurrente, la reestructuración
sí obedeció a lineamiento del acuerdo final de paz y fue producto de la necesidad
de atender los requerimientos de la población para atender con eficacia y eficiencia
todas las obligaciones que imponían la presencia de la entidad en los municipios
que también tenían alta demanda de justicia.

38. Así las cosas, no se puede inferir que la decisión de suprimir el cargo del
demandante obedezca a apreciaciones subjetivas o al azar, ni tampoco se puede
deducir que el acto administrativo acusado haya desconocido el interés general
frente a un asunto de gran envergadura como era el acuerdo final de la paz,
contrario sensu, la decisión se basó en los principios de eficacia, eficiencia,
mejoramiento del servicio, celeridad en el trámite de los procesos e investigaciones
a cargo de la Fiscalía, entre otros.

39. De otra parte, precisó el tribunal que el actor no demostró que era sujeto de
especial protección constitucional, ni que contaba con mejor derecho que los demás
profesionales que ocuparon cargos de fiscal delegado ante jueces penales
especializado o que estos carecían de la aptitud necesaria para asumir el cargo,
para concluir que se desmejoró el servicio.

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Demandante: Ángel Fabián Pastrana Molina

40. Recurso de apelación4. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de
la parte demandante la recurrió en apelación. Con tales propósitos, arguyó:

41. El tribunal de primera instancia debió acceder a lo pretendido en la demanda,
toda vez que la entidad demandada no aporto ni demostró la existencia de estudio
técnico alguno a fin de expedir la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017. Por el
contrario, la Fiscalía General de la Nación, en su afán de reducir e implementar la
restructuración establecida en el Decreto ley 898 del 2017, no aplicó los criterios de
preferencia para la distribución de los cargos. Prueba de ello es que en dicha
resolución se estableció que para la Dirección Seccional del Caquetá existirían tres
(3) fiscales delegados ante los Juzgados Penales del Circuito Especializado,
quienes antes de la promulgación del Decreto Ley 898 del 2017, no gozaban de
reten social alguno y tampoco hacían parte de vinculación por carrera
administrativa.

42. Cuando las reformas de las plantas de personal conllevan a la supresión de
empleos, se tienen como fundamentos de carácter objetivo los criterios y
condiciones relacionados con las necesidades del servicio o modernización de la
administración, lo cual en este caso no se encuentran plenamente acreditados.

43. Reiteró que los actos administrativos demandados no expusieron los motivos
que justificaron la supresión de los cargos, lo cual tampoco se puede extraer del
estudio técnico, nunca se supo porque el demandante fue retirado mientras que sus
compañeros -que no gozaban de protección constitucional- permanecieron en la
planta global de la institución.

44. En consecuencia, los actos enjuiciados, fueron expedidos de manera irregular,
sin motivación válida, con violación a su derecho a la igualdad y al trabajo, sin
estudios técnicos relacionados directamente con la supresión del cargo de fiscal
delegado ante los jueces penales del Circuito Especializado, así como su no
reubicación en el cargo, a diferencia de sus compañeros, por lo que es procedente
la declaratoria de nulidad.

45. Por último, se citó el precedente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Martínez Esquivia vs. Colombia, para argumentar que, por su
papel en la administración de justicia, los fiscales (incluidos los provisionales) deben
gozar de garantías reforzadas de estabilidad e independencia. En su concepto, la
desvinculación desconoció estos estándares internacionales y vulneró los derechos
derivados del principio de objetividad y del debido proceso.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

46. La admisión del recurso5. Mediante auto de 5 de julio de 2022 se admitió el
recurso de apelación. Dentro de la oportunidad prevista se pronunció la parte

4 PDF 15 del expediente digital, el cual puede ser descargado en archivo denominado ED_
18001233300020170031(.zip) del índice 2 de la plataforma SAMAI.
5 Índice 4 de la plataforma SAMAI.

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demandante quien después de reiterar los argumentos del recurso de apelación,
solicitó revocar la sentencia de primera instancia6.

47. Por su parte, la entidad demandada manifestó que la supresión del cargo se
sustentó en el marco constitucional y legal vigente7.

48. Control de legalidad8. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

49. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,9 esta sala de
subsección es competente para resolver el recurso de apelación.

50. Marco de análisis de la segunda instancia. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso,10 el juez de segunda instancia
debe pronunciarse únicamente sobre los argumentos invocados por el recurrente,
salvo que ambas partes hayan apelado toda la sentencia, caso en el cual podrá
resolver sin limitaciones. En el asunto actual, este tribunal solo emitirá juicio frente
a las razones expuestas en la alzada por el apoderado de la parte demandante, en
su condición de apelante único.

51. Problemas jurídicos. De conformidad con los argumentos planteados por la
apelante, se deben resolver los siguientes problemas jurídicos.

52. ¿La supresión de cargos al interior de la Fiscalía General de la Nación vulneró
el derecho a la estabilidad laboral del demandante?

53. ¿Los actos administrativos demandados se encuentran viciados de nulidad al
no haberse soportado en criterios objetivos para la supresión de cargos en la
Fiscalía General de la Nación?

54. El caso concreto.

55. Marco constitucional y legal de la supresión de cargos al interior de la
Fiscalía General de la Nación.

6 Índice 10 de la plataforma SAMAI.
7
Índice 12 de la plataforma SAMAI.
8 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
10 «competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las disposiciones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley […]»

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56. Mediante el Acto Legislativo 01 de julio 7 de 2016 «[P]or medio del cual se
establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el
desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera», se concedieron facultades al
presidente de la República para expedir Decretos con fuerza de ley, dirigidos a
«facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera».11

57. Guiado por esa deferencia, se emitió el Decreto Ley 898 de 29 de mayo de
2017,12 dispositivo de carácter instrumental a través del cual se implementaron
desarrollos normativos tendientes a cumplir con los puntos del acuerdo final que
comprometían al ente investigador y relacionados, entre otros, con el «sistema de
seguridad en el ejercicio de la política y garantías para líderes y lideresas de
organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos
humanos» y la «lucha contra las organizaciones criminales y sus redes de apoyo,
incluyendo las que hayan sido denominadas sucesoras del paramilitarismo, que
representan la mayor amenaza a la implementación de los acuerdos y la
construcción de la paz».

58. Con tales fines, surgieron para el ente acusador una serie de retos ligados al
ejercicio de la potestad punitiva «especialmente en los acuerdos de participación
política, garantías de seguridad y víctimas» que le impusieron la obligación de «(i)
fortalecer la capacidad investigativa y de judicialización para procesar a quienes
atenten contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y quienes ejercen
la política, combatir la corrupción, intensificar la persecución penal de las
organizaciones criminales y los fenómenos criminales relacionados con drogas
ilícitas, […] (iii) implementar la Unidad Especial de Investigación para el
desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de
homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos,
movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las
personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de
la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como
sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo».

59. El cumplimiento de esas obligaciones generó la necesidad de ajustar la
estructura de la Fiscalía General de la Nación, con la consecuente e indispensable
modificación de su planta de personal. Así, en cuanto a la estructura se refiere, la
nueva organización quedó plasmada entre los artículos 25 y 55. Por su parte, la
supresión de cargos fue depositada en el artículo 59 ejusdem. En lo que aquí

11 Ver artículo 2.°
12 «Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para

el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres,
que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que
amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción
de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del
paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos
para su conformación y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la
Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones».

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concierne, se eliminaron 291 empleos de fiscal delegado ante jueces penales de
circuito especializados.

60. Se destaca que en el artículo 62 se estableció que, con ocasión al proceso de
reforma adelantado, la continuidad en el servicio estaría limitada por: i) la
incorporación a la nueva planta; ii) un nuevo nombramiento y; iii) la comunicación
de supresión del cargo respectivo. Asimismo, en el artículo 64 se condicionaron
todos los movimientos de personal a la no afectación, perdida o disminución de los
derechos de los servidores inscritos en carrera administrativa.

61. Al examinar la constitucionalidad de estos dos artículos, la Corte Constitucional
expresó:

«El artículo 62 del Decreto Ley 898 de 2017 regula la continuidad en el servicio. Se
prevé que los servidores continuarán desempeñando las funciones del empleo en
el cual se encuentran nombrados y devengado su respectiva remuneración, hasta
tanto se produzca su incorporación, un nuevo nombramiento o se les comunique la
supresión de sus cargos, aclarando que “La supresión efectiva de los cargos de los
servidores que tienen causada la pensión, se efectuará una vez ingresen en nómina
de pensionados».

[…]

Dado que las modificaciones a la planta de personal de la Fiscalía General de la
Nación persiguen unos fines constitucionalmente válidos y que no se advierte
persecución sindical alguna, la Corte declarará exequibles los artículos 59, 60 y 61
del Decreto Ley 898 de 2017.

Sin embargo la Sala considera que dentro del proceso de ajuste institucional que se
surte, resulta necesario preservar los derechos de los trabajadores y la vigencia y
contenido del retén social, en el sentido de asegurar que los hombres y mujeres
cabeza de familia en los términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional; las
personas que a 29 de mayo de 2017, fecha de expedición del Decreto Ley 898 de
2017, les faltaren tres años o menos para cumplir los requisitos para obtener la
respetiva pensión; y las personas en condición de discapacidad, respecto de
quienes se suprimen los cargos que venían ocupando, no sufran la afectación de
sus derechos constitucionales. En este sentido, se declarará la exequibilidad
condicionada del artículo 62 del Decreto Ley 898 de 2017, en el entendido que las
personas a las que se ha hecho referencia, cuyos cargos hayan sido suprimidos con
ocasión del proceso de ajuste institucional, deberán ser reubicados o nombrados y
posesionados en otro cargo igual o del mismo nivel de los que se crean o de los que
se mantienen en la Fiscalía General de la Nación.

[…]

El artículo 64 del Decreto Ley 898 de 2017 trata sobre las incorporaciones y
movimientos de personal. Al respecto prevé que los cambios de personal que se
realicen como resultado de la modificación de la planta de personal de la Fiscalía
General de la Nación, “no generarán para los servidores que ostenten derechos de
carrera su pérdida o desmejora”. Lo anterior se ajusta a los dictados del artículo 125
Superior».13

13 Sentencia C-013 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Demandante: Ángel Fabián Pastrana Molina

62. De lo expuesto se concluye que la garantía de estabilidad laboral -incorporación
a la nueva planta de personal o reintegro en caso de ser posible-, se extendió -por
disposición legal y por mandato de la Corte Constitucional- a los servidores de
carrera administrativa, a los prepensionados y los que se encontraran en
condiciones de discapacidad.

63. Precisado lo anterior, se destaca que en el citado Decreto no se identificaron
los empleos y las áreas misionales a las que pertenecen que serían objeto de
supresión, de modo tal que permitieran advertir, en esa primera instancia, los
resultados concretos que ese proceso de reestructuración tendría frente a todos los
servidores de la entidad. En este delimitado contexto, se indica que dicha orden
contaba, a voces de ese dispositivo «[…] con el concepto técnico favorable del
Departamento Administrativo de la Función Pública y la viabilidad presupuesta (sic)
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público».

64. A pesar de ello, con la Resolución 02358 de 29 de junio de 2017, 14 la fiscal
general de la Nación (E) distribuyó los cargos de la planta de personal, identificando
las personas, los empleos, las dependencias y la ubicación laboral de los servidores
que continuarían prestando sus servicios a esa institución. En consecuencia, los
funcionarios que no fueron incluidos en esas decisiones, fueron retirados del
servicio al considerar que sus empleos habían sido suprimidos.

65. Primer interrogante: ¿La supresión de cargos al interior de la Fiscalía General
de la Nación vulneró el derecho a la estabilidad laboral del demandante?

66. Sobre el particular, la sala observa que, conforme se indicó tanto en la demanda
como en el recurso de apelación, el demandante se desempeñó en provisionalidad
en el cargo de fiscal delegado ante los Juzgados Penales del Circuito
Especializados, adscrito a la Subdirección Seccional de Fiscalías y Seguridad
Ciudadana de Caquetá.

67. En ese contexto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia de esta
corporación15 y de la Corte Constitucional16, los servidores públicos nombrados en
provisionalidad gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia, que si bien
no equivale a las garantías propias de quienes ostentan derechos de carrera
administrativa, tampoco los asimila a los cargos de libre nombramiento y remoción,
razón por la cual su desvinculación debe obedecer a causas objetivas y
debidamente justificadas.

68. Por lo tanto, la estabilidad de un servidor vinculado en provisionalidad se
concreta en el deber de la administración de expresar los motivos que sustentan su
retiro, con el propósito de que el afectado cuente con los elementos necesarios para

14 Aclarada-modificada por la Resolución 02386 de 30 de junio de 2017.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A., C.P: Luis Eduardo Mesa Nieves, sentencia del 24 de

julio de 2025 identificada con el siguiente radicado: 68001-23-33-000-2017-00687-01 (2125-2023).
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-917 del 16 de noviembre de 2010, M.P: Jorge Iván Palacio Palacio.

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valorar la viabilidad de acudir ante la jurisdicción contenciosa y controvertir la
legalidad del acto respectivo.

69. En el sub lite, se advierte que la desvinculación del actor obedeció a la supresión
del cargo como consecuencia de la reestructuración institucional ordenada
mediante el Decreto Ley 898 de 2017, lo que quiere decir que el retiro del
demandante se produjo por una causal objetiva -supresión del empleo-, producto
de los acuerdos de paz que estableció el gobierno nacional.

70. Finalmente, dado que el demandante no acreditó la condición de servidor de
carrera ni demostró encontrarse dentro de alguno de los supuestos de especial
protección constitucional que justificaran un tratamiento distinto, la Sala concluye
que no se configura vulneración de derechos fundamentales y, por tanto, no
prospera el cargo.

71. Segundo interrogante. ¿Los actos administrativos demandados se encuentran
viciados de nulidad al no haberse soportado en un estudio técnico y en criterios
objetivos para la supresión de cargos en la Fiscalía General de la Nación?

72. En primer lugar, advierte la sala que no le asiste razón al demandante cuando
afirma que los actos administrativos que dispusieron la supresión de cargos al
interior de la Fiscalía General de la Nación no estuvieron soportados en un estudio
técnico, pues dentro del material probatorio aportado en debida forma al expediente,
reposa el documento denominado «organización de la Fiscalía de la gente, para la
gente y por la gente» del 5 de enero de 2017, en el que se desarrollaron los
siguientes capítulos.

«En el primer capítulo, se consigna la naturaleza jurídica de la Fiscalía General de
la Nación, el objeto social y un recuento histórico desde su creación en la
Constitución de 1991, su evolución en su estructura y funciones.

En el segundo capítulo se relacionan los cambios normativos que han impactado en
la conformación actual de la entidad, desde su creación hasta el año 2016.

El tercer capítulo se ocupa de analizar el entorno en el cual se desenvuelve la
organización, destacando los factores de orden político, social, económico y
tecnológico, que inciden en el funcionamiento, desarrollo actual y futuro de la
entidad.

En el capítulo cuarto se consigna el análisis interno de la institución, en donde se
describe y analiza la plataforma estratégica de la FGN -misión, visión-, el modelo de
operación por procesos, la estructura actual, funciones generales, clientes y
usuarios; igualmente, se registran los resultados de la evaluación a la prestación de
los servicios de investigación y acusación que permiten evidenciar la problemática
de congestión judicial que aqueja a la entidad.

En el capítulo quinto se describe la estructura organizacional propuesta para la
Fiscalía General de la Nación, haciendo a su vez el análisis comparativo de las
dependencias nuevas y actuales, y las razones que motivaron su modificación.

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A partir del capítulo sexto se inicia con la consolidación y diseño de la estructura
organizacional, continúa con el análisis de cargas de trabajo, perfiles de cargos y
planta de personal, incluido su impacto presupuestal.»

73. Lo anterior, da cuenta que, contrario a las manifestaciones del recurrente, las
decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional para el cumplimiento de los puntos
aprobados en el acuerdo de paz -Decreto Ley 898 de 2017 y la Resolución nro.
02358 del mismo año-, si estuvieron precedidas de documentos técnicos que
justificaban las modificaciones al interior de la entidad.

74. Cabe resaltar que dicho estudio incluyó un análisis comparativo detallado entre
las dependencias preexistentes y las de la nueva creación, exponiendo las razones
que justificaron su modificación, la consolidación y rediseño de la estructura
organizacional, la evaluación de las cargas de trabajo, la revisión de los perfiles de
los empleos y planta de personal incluido su impacto presupuestal.

75. Todo lo anterior se realizó con sujeción a los parámetros metodológicos y
técnicos establecidos en la “Guía de Rediseño Institucional de Entidades Públicas”
de julio de 2014, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública
(DAFP), instrumento que orienta los procesos de modernización organizacional en
las entidades públicas del orden nacional y territorial.

76. En segundo lugar, respecto de la utilización de criterios objetivos para la
desvinculación de los servidores públicos vinculado en provisionalidad, observa la
sala que en la parte motiva de la Resolución 02358 de 29 de junio de 2017 17, la
fiscal general de la Nación distribuyó los cargos de la planta de personal de la
entidad, con fundamento en las siguientes consideraciones:

«Que, mediante el Decreto Ley 898 de 2017, se creó la Unidad Especial de
Investigación para el Desmantelamiento de las organizaciones y conductas
criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra
defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos
o que amenacen o atentes (sic) contra las personas que participen en la
implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las
organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesor (sic) del
paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto
3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera, se determinan lineamientos básicos para su conformación y, en
consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la
Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones.

Que, como consecuencia de esta modificación, se hace necesario distribuir los
cargos de la Planta adoptada para cada área de la Fiscalía General de la Nación.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 26 del artículo 4° del Decreto
Ley 016 de 2014 y el artículo 63 del Decreto Ley 898 de 2017, el Fiscal General de
la Nación tiene la facultad de distribuir, trasladar y reubicar los empleos dentro de
las Plantas Globales y flexibles de la Entidad y determinar sus funciones, de acuerdo
con las necesidades del servicio, los planes, estrategias y los programas de la
Entidad».

17 Cd obrante a folio 68 del expediente físico.

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77. Pues bien, de los anteriores considerandos, podría concluirse, prima facie, que
ese acto administrativo carece de la motivación suficiente para entender y predicar
que el empleo del actor fue suprimido. Lo anterior, en razón a que en esos apartados
no se señalaron los parámetros que conllevaron a la administración a incorporar a
la nueva planta de personal los cargos allí descritos y, por contera, tampoco se
identificaron los criterios que determinaron la supresión de aquellos que no se
beneficiaron con esa medida.

78. Sin embargo, y atendiendo a que esa decisión devino del cumplimiento del
Decreto Ley 898 de 2017 -arriba reseñado-, es dable pregonar que la citada
resolución contiene una motivación tácita que no solo dimana de aquél, sino también
de las reglas concebidas por la Corte Constitucional en la sentencia C-013 de 2018,
que se concretan en garantizar la estabilidad laboral de: i) los servidores inscritos
en carrera administrativa; ii) los empleados que detentan la condición de
prepensionados y; iii) los funcionarios que se encuentran en condición de
discapacidad.

79. Así entonces, para esta subsección es claro que la incorporación a la nueva
planta de cargos de unos funcionarios y el retiro de la institución de otros, provino
del respeto de los anteriores parámetros, al punto que conllevó la supresión del
empleo desempeñado por el actor, que se encontraba vinculado en provisionalidad
y quien, además, no acreditó estar adscrito a algunas de las condiciones especiales
definidas por la Corte Constitucional para los fines de estabilidad laboral.

80. Bajo esa óptica, la existencia de unos criterios legales y jurisprudenciales para
garantizar el derecho al trabajo de los funcionarios de la Fiscalía General de la
Nación, tornaba innecesaria la realización de un nuevo estudio técnico, pues se
contaban con elementos de juicio razonables y ponderados para adelantar los
movimientos de personal que el proceso de reestructuración requería.

81. A juicio de la sala, los actos que ordenaron la supresión de cargos no
establecieron criterios objetivos específicos para la supresión del cargo que
ocupaba el demandante, toda vez que estos se limitaron a disponer la
reestructuración orgánica de la entidad, sin individualizar cargos concretos ni
precisar las condiciones particulares de cada empleo suprimido.

82. Cabe resaltar que esta corporación en múltiples jurisprudencias18 ha
establecido que la Resolución nro. 02358 del 29 de junio de 2017 es un acto
administrativo de naturaleza general, razón por la que no le era exigible una
motivación particular o criterios específicos frente a cada uno de los servidores
desvinculados.

18 Ver entre otras, la sentencia del 8 de septiembre de 2023 identificada con radicado nro. 25000-23-42-000-

2017-06162-01 (3097-2020), sentencia del 23 de marzo de 2023 identificada con radicado nro. 25000-23-42-
000-2017-06163-01 (1729-2020 y sentencia del 2 de octubre de 2024 identificada con radicado 25000-23-42-
000-2017-06153-01 (7520-2023).

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83. En tercer lugar, el recurrente citó el caso Martínez Esquivia vs. Colombia,
decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de afirmar
que los fiscales, incluso aquellos que ocupan el cargo en provisionalidad, deben
contar con garantías reforzadas de estabilidad. No obstante, aunque dicho
precedente resulta ilustrativo al resaltar que la desvinculación de los operadores
judiciales no puede basarse en motivos arbitrarios o discriminatorios, no es aplicable
al asunto bajo examen, toda vez que la eliminación del cargo se produjo dentro de
un proceso general de reestructuración institucional, sustentado en disposiciones
legales y en estudios técnicos previos. Por consiguiente, no se evidencia una
desvinculación individual carente de justificación, como la examinada por la Corte
Interamericana.

84. En cuarto lugar, frente a la posible vulneración del derecho a la igualdad, el
demandante no aportó pruebas para demostrar que tenía mejor derecho para que
su empleo no fuera eliminado en ese proceso de reestructuración, ni que la
permanencia de los demás fiscales no satisfizo los requerimientos legales y
jurisprudenciales sobre la materia.

85. Por último, si bien en el recurso de apelación se indicó «que, de ser confirmada
la sentencia de primera instancia, se revoque la condena en costas impuesta a la
parte demandante», cierto es también que la parte actora no cumplió con la carga
mínima argumentativa para soportar su dicho, razón por la cual se mantendrá la
condena en costas impuestas en primera instancia.

86. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del C.P.A.C.A., efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

87. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos en los que no se ventila un interés público, lo dispuesto en el artículo 188
del C.P.A.C.A. se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia deberá imponer
costas sobre la parte vencida en el proceso, y su liquidación y ejecución se regirá
por las normas del C.G.P.19

88. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del C.G.P. teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del C.P.A.C.A.

19 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad

corresponde al Código General del Proceso.

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89. En consecuencia, se impondrán costas a la parte actora, por cuanto en la
presente decisión no se acogieron los argumentos planteados en el recurso de
apelación por el presentado. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
C.G.P., las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del respectivo
tribunal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 22 de septiembre de 2021, por
medio de la cual el Tribunal Administrativo del Caquetá negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte demandante.

SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en esta
instancia, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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