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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-06163-01

Fecha
23 de marzo de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-06163-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 4 de julio de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por la señora Martha Nidia Galindo Gómez contra la Nación – Fiscalía General de la Nación. Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia. Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-06163-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

23 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2017-06163-01 (1729-2020)
Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación - FGN

Temas: Supresión de cargo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 4 de julio de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Martha Nidia Galindo Gómez, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que i) se inaplique el Decreto
898 de 2017, que modificó parcialmente la estructura de la FGN; y ii) se declare la

1 Folios 6 a 38.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2017-06163-01 (1729-2020)
Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez

nulidad de la Resolución 02358 del 29 de junio de 2017, que distribuyó los cargos
de la planta de personal de la mencionada entidad.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
demandante solicitó condenar a la FGN a lo siguiente: i) disponer el reintegro al
empleo de fiscal delegada ante Tribunal de Distrito o a otro de igual o superior
categoría, con respeto de las condiciones laborales, salariales y prestacionales que
ostentaba antes de expedirse el acto demandado; ii) reconocer, a título de lucro
cesante, los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir como consecuencia
de su desvinculación; iii) indemnizar el daño moral, cuantificado en 100 SMLMV,
traducido en el dolor, afectación emocional y angustia económica ocasionados con
el retiro injusto e ilegal; iv) contabilizar para efectos pensionales, sin solución de
continuidad, las semanas que estuvo separada del servicio; v) actualizar el valor de
las condenas conforme al artículo 187 del CPACA); y vi) sufragar las costas
procesales.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) El 22 de abril de 1994, la señora Martha Nidia Galindo Gómez se vinculó a la FGN
y el último cargo que desempeñó fue el de fiscal delegada ante Tribunal de Distrito
en la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional.

ii) En ejercicio de las facultades conferidas por el Acto Legislativo 1 de 2016, el
presidente de la República expidió el Decreto Ley 898 de 2017, por el cual se
reestructuró la FGN y suprimió varios cargos.

iii) Por Resolución 02358 del 29 de junio de 2017, el fiscal general de la Nación
enlistó a los servidores que harían parte de la nueva planta de personal de la
entidad, lo cual implicó la supresión efectiva de los empleos que no fueron incluidos
en dicho acto. Esta decisión no le fue notificada a la interesada ni se le permitió

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Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez

interponer recursos.

iv) Por Oficio 34 del 30 de junio de 2017, el subdirector de Talento Humano de la
entidad demandada le comunicó a la accionante la supresión de su cargo.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 13, 29, 42 a 46, 189, 249 y 253 de la
Constitución Política; 2 del Acto Legislativo 1 de 2016; 30, 94, 156 y 157 de la Ley
270 de 1996; 66 a 69 y 72 de la Ley 1437 de 2011; 3 del Decreto 20 de 2014; 62
del Decreto Ley 898 de 2017.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo
siguiente:

i) El presidente de la República y el fiscal general de la Nación carecen de
competencia para crear, fusionar o suprimir los empleos pertenecientes a la FGN o,
en general, determinar y reformar su estructura, pues el artículo 30 de la Ley 270
de 1996 radicó esas atribuciones en el legislador. Esta norma no fue modificada por
los artículos 251 Constitucional, 4 del Decreto Ley 16 de 2014 o el Acto Legislativo
1 de 2016, que sustentaron el proceso de reestructuración de la referida entidad. En
consecuencia, el Decreto Ley 898 de 2017 y la Resolución 02358 de 2017, que
suprimieron empleos en la FGN, fueron expedidos por funcionarios incompetentes.

ii) Al tenor del artículo 94 de la Ley 270 de 1996, la FGN tenía la obligación de
adelantar estudios técnicos especiales previo a la expedición de la Resolución
02358 de 2017, que suprimió varios cargos de su planta de personal, pues era
indispensable soportar objetivamente la necesidad de acudir a esa medida; sin
embargo, en este caso se omitió por completo el referido deber.

iii) El acto enjuiciado está incurso en causal de nulidad por falta y/o falsa motivación,
porque se fundó en el artículo 59 del Decreto Ley 898 de 2017 para justificar la

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Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez

desvinculación de la señora Martha Nidia Galindo Gómez, pero en aquel solamente
se enunció la cantidad de cargos que debían suprimirse por área, sin referirse a las
razones objetivas para seleccionar a las personas que seguirían vinculadas en la
nueva estructura de la entidad.

iv) La Resolución 02358 de 2017 omitió especificar las razones objetivas,
suficientes, verificables e imparciales que fundaron la decisión de mantener la
vinculación de unos servidores en lugar de otros, máxime cuando muchos de los
desvinculados contaban con mejores calidades académicas, mayor experiencia y
excelentes evaluaciones de desempeño, como en el caso de la demandante que
obtuvo una calificación de 97.11 puntos sobre 100 y tenía una impecable trayectoria
profesional.

v) El acto demandado incorporó al servicio de la FGN a personas que tenían menos
experiencia, formación académica y calificaciones que la accionante; tenían
sanciones o estaban siendo investigadas penal y disciplinariamente; o habían
fallecido. En general, muchos de esos funcionarios acreditaban inferiores méritos
para permanecer en sus cargos en comparación con la señora Galindo Gómez.

vi) El proceso de supresión de cargos de la FGN vulneró los derechos al trabajo,
debido proceso, justicia, así como los principios de igualdad, selección objetiva e
imparcialidad que deben orientar el acceso a la función pública.

vii) La Resolución 02358 de 2017 es un acto administrativo particular y concreto,
toda vez que suprimió el cargo de la accionante; sin embargo, esta decisión no se
notificó personalmente, en contravía de los artículos 66 a 69 y 72 del CPACA.

viii) La desvinculación de la actora no tuvo en cuenta que gozaba de una estabilidad
laboral reforzada, ya que tenía la condición de prepensionada y no había sido
incluida en nómina de pensionados, por ende, el retiro afectó sus derechos
fundamentales y desconoció la normativa superior que imponía la adopción de
acciones afirmativas tendientes a su protección.

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Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez

1.2. Contestación de la demanda

La FGN se opuso a las pretensiones de la demanda y esgrimió las siguientes razones
de defensa:2

i) El Acto Legislativo 1 de 2016 confirió facultades expresas al presidente de la
República para suprimir empleos al interior de la FGN, por ende, dicho funcionario
actuó como legislador extraordinario y con fundamento en esta investidura expidió
el Decreto 898 de 2017, por el cual suprimió 73 cargos de fiscal delegado ante
Tribunal.

ii) El Decreto 898 de 2017 también autorizó al fiscal general de la Nación para poner
en funcionamiento la nueva estructura de la entidad, la cual se encaminó a
incrementar el número de fiscales delegados a cambio de la supresión de cargos,
mayoritariamente directivos, en el nivel central. La referida norma fue declarada
exequible por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-013 de 2018.

iii) Gracias a la reestructuración institucional, se designaron 500 fiscales para poder
llegar a los territorios en el postconflicto; se privilegió la presencia de fiscales en 151
municipios, algunos de los cuales no tenían representación de la FGN, y se logró que
dicha redistribución no impactara las finanzas estatales.

iv) A su vez, el fiscal general estaba autorizado para determinar la forma en que
debía operar la nueva estructura sin necesidad de adelantar un procedimiento
especial para ello, pues se parte de la base de que esta clase de decisiones se
adoptan en atención a las necesidades del servicio y el legislador confió esta tarea
al referido servidor.

v) La Resolución 02358 de 2017 cumplió a cabalidad con los parámetros
constitucionales establecidos para esta clase de procesos, se sujetó a los principios

2 Folios 57 a 90.

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Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez

que rigen la administración pública y su principal propósito fue acatar los mandatos
establecidos para la entidad en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera. Además, en su materialización se
garantizaron los derechos fundamentales de los funcionarios y, especialmente, la
estabilidad laboral reforzada de que trata la Ley 790 de 2002.

vi) La Resolución 02358 de 2017 no suprimió el cargo de la actora, sino que
redistribuyó el personal. Entonces, no se trata de un acto particular, sino general y
no requería ser notificado personalmente, pues la ley únicamente exige su
publicación y comunicación, conforme se realizó en este caso.

vii) Se proponen las siguientes excepciones: 1) inepta demanda por indebida
acumulación de pretensiones y enjuiciamiento de actos no susceptibles de control
judicial, puesto que solamente la Corte Constitucional puede analizar la legalidad
del Decreto Ley 898 de 2017 y la Resolución 02358 de 2017 es un mero acto de
ejecución de aquel; además, la excepción de ilegalidad que invoca la actora se
predica de actos administrativos y no de normas con fuerza de ley; 2) inepta
demanda en razón a que la Resolución 02358 de 2017 fue modificada por la
Resolución 2386 de 2017, pero esta última no fue acusada; 3) cumplimiento de un
deber legal; y 4) genérica.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia del 4 de julio de 2019, negó las pretensiones de la demanda,
con sustento en las siguientes consideraciones:3

i) El proceso de reestructuración de la FGN tuvo origen en el Acto Legislativo 1 de
2016, que facultó al presidente de la República para expedir decretos con fuerza de
ley, con el objetivo de asegurar la implementación y desarrollo del Acuerdo Final
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

3 Folios 213 a 231.

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Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez

ii) En ejercicio de dichas facultades, el presidente expidió el Decreto 898 de 2017,
que modificó parcialmente la estructura de la FGN y suprimió, entre otros, 73 cargos
de fiscal delegado ante Tribunal de Distrito.

iii) La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-013 de 2018, declaró exequible
la anterior medida porque contribuía al cumplimiento de la misión institucional y
reducía gastos de personal; sin embargo, se aclaró que debía protegerse la
estabilidad laboral bajo el marco del retén social.

iv) En la mencionada providencia se indicó que el presidente de la República
contaba con las facultades para suprimir empleos en la FGN, pues una norma de
rango constitucional, el Acto Legislativo 1 de 2016, le confirió tal atribución.

v) El proceso de reestructuración se fundó en un estudio técnico avalado por el
Departamento de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda. Este documento
evidencia que la FGN analizó, entre otros aspectos, el mapa y tipo de procesos,
productos y/ servicios; oferta institucional y su distribución geográfica; impactos del
acuerdo de paz en la estructura orgánica y funcional de la entidad; cargas de trabajo
y planta de personal.

vi) La Resolución 02358 de 2017 se fundó en el Decreto Ley 898 de 2017, por ende,
cuenta con suficiente motivación. Además, tuvo en cuenta el régimen especial de
carrera de la FGN y los lineamientos impartidos por la Sentencia C-013 de 2018.

vii) La Resolución 02358 de 2017 se dio a conocer en debida forma, pues el
mencionado decreto solamente ordenó su publicación y comunicación,
presupuestos que cumplió la entidad a través de su página web, el correo
institucional y la notificación a la interesada del Oficio 34 del 30 de junio de 2017.

viii) La accionante no tenía la condición de prepensionada al momento de su retiro,
pues había cumplido los requisitos de edad y tiempo de servicio para acceder a la

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prestación. Además, la señora Galindo Gómez no demostró la afectación a su
mínimo vital como consecuencia de su desvinculación.

ix) Se condena en costas a la parte actora. Conforme al Acuerdo PSAA16-10554 de
2016, las agencias en derecho se fijan en el 5% del valor de las pretensiones de la
demanda.

1.4. El recurso de apelación

El apoderado de la accionante interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos:4

i) El artículo 62 del Decreto Ley 898 de 2017 dispuso que «[l]a supresión efectiva
de los cargos de los servidores que tienen causada la pensión, se efectuará una vez
ingresen en nómina de pensionados». Entonces, no era viable desvincular a la
actora, ya que no se encontraba registrada en dicha nómina.

ii) El derecho pensional no se satisface con su mero reconocimiento, pues lo
relevante es que el beneficiario vea garantizado el pago de la mesada.

iii) El acto demandado fue aclarado por la Resolución 2385 del 30 de junio de 2017
en la cual se indicó que «no se incluyeron a algunos servidores a quienes se les
suprime su cargo pero que tienen derecho al reconocimiento de su pensión y, por
ende, a que sean incluidos en nómina de pensionados, por lo que los empleos que
ocupan deben mantenerse transitoriamente en la planta de personal de la Fiscalía
General de la Nación, hasta tanto sean ingresados en nómina de pensionados por
las respectivas administradoras de pensiones en las que se encuentran afiliados o
hasta que se retiren del servicio por cualquier causal diferente a la supresión de sus
cargos, lo primero que ocurra».

iv) El estudio técnico que allegó la FGN no estableció las razones por las que debía

4 Folios 236 a 250.

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Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez

suprimirse específicamente el cargo que desempeñaba la accionante y tampoco
cumplió con los requisitos previstos en los artículos 94 de la Ley 270 de 1996,
2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1082 de 2015, esto es, la evaluación de la prestación
de los servicios, así como de las funciones, perfiles y cargas de trabajo.

v) El a quo incurrió en un error argumentativo al considerar que la motivación del
Decreto Ley 898 de 2017 subsume la del acto administrativo que se profirió con
fundamento en este; por el contrario, la Resolución 2358 de 2018 debió contar con
una motivación autónoma que diera cuenta de las razones por las cuales se
incorporaba a unos servidores a la nueva planta de personal, mientras que otros no
fueron beneficiados por esa medida. Entonces, se trata de una actuación
administrativa independiente que debía tener soportes fácticos y normativos
acordes con la decisión que se estaba adoptando.

vi) La ausencia de estudios especiales para seleccionar el personal que sería
desvinculado y el que permanecería en al FGN condujo a la vulneración de los
derechos al trabajo, debido proceso, igualdad y justicia de la actora, pues fue
retirada del servicio a pesar de que tenía mejores calificaciones de desempeño,
amplia trayectoria profesional y una conducta intachable, es decir, que tenía un
mejor derecho a permanecer en el empleo en comparación con otros funcionarios.

vii) No es procedente la condena en costas decretada en primera instancia, ya que
en el expediente no obra prueba de su causación y tampoco fueron solicitadas por
la parte accionada. Además, la señora Galindo Gómez no se comportó de manera
temeraria ni buscó dilatar la actuación.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La FGN guardó silencio y la demandante reiteró los argumentos expuestos en las
respectivas etapas del proceso.5

1.6. El Ministerio Público

5 Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

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Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.6

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el problema
jurídico se circunscribe a establecer i) si la Resolución 2358 de 2017, por medio de
la cual se distribuyeron los cargos de planta de personal de la FGN, se encuentra
viciada de nulidad por cuanto no incorporó a la demandante en el cargo de fiscal
delegada ante tribunal de distrito, que ocupaba en provisionalidad; y ii) si procedía
la condena en costas de primera instancia.

2.2. Marco normativo

2.2.1. De las reformas a las plantas de personal y la supresión del empleo
como causal de retiro del servicio

De conformidad con el artículo 125 de la Constitución Política, los empleos de las
entidades del Estado son de carrera administrativa, salvo las excepciones
expresamente consagradas en la ley.

A su turno, el inciso primero del artículo 209 ibidem estableció que la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones.

6 Información extraída de la constancia secretarial obrante en el folio 261.

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Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez

Quiere decir lo anterior que la Constitución le confiere a las autoridades un poder
reglado para su ejercicio, de acuerdo con postulados característicos del Estado de
Derecho, pero en materias como las relativas a la gestión económica y social, se
deja un margen de discrecionalidad para que la administración procure la
satisfacción del interés colectivo, imprimiéndole el carácter Social del Estado de
Derecho, donde la función administrativa se encuentra al servicio del interés
general, y se basa en principios como la eficacia y la celeridad.7

La Ley 909 de 2004, en el artículo 41, previó entre las causales de retiro del servicio,
la supresión del empleo, así:

Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera
administrativa se produce en los siguientes casos:
[…]
l) Por supresión del empleo; […]».

El artículo 44 ibidem establece los derechos del empleado de carrera administrativa
en caso de supresión del cargo, en los siguientes términos:

Los empleados públicos de carrera administrativa, que como consecuencia de la
liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades, organismos o
dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o por modificación
de planta de personal, se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán
derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva
planta de personal, y de no ser posible podrán optar por ser reincorporados a empleos
iguales o equivalentes o a recibir indemnización. El Gobierno Nacional reglamentará
el proceso de reincorporación y el reconocimiento de la indemnización.

Por su parte, el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 228
del Decreto 19 de 2012, aplicable por remisión expresa del numeral 2 del artículo 3
de esa norma, frente a las reformas en las plantas de personal de las entidades
públicas, dispuso que estas deberán motivarse, fundarse en necesidades del
servicio o en razones de modernización de la administración y basarse en
justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por las

7 Sentencia T-1701 de 7 de diciembre de 2000, magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero.

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respectivas entidades, bajo las directrices del Departamento Administrativo de la
Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública.

A su turno, el artículo 96 del Decreto 1227 de 20058 estableció que la modificación
de una planta de empleos está fundada en necesidades del servicio o en razones
de modernización de la administración, cuando las conclusiones del estudio técnico
respectivo deriven en la creación o supresión de empleos, con ocasión, entre otras
circunstancias, de la supresión, fusión o creación de dependencias o modificación
de sus funciones, la redistribución de funciones y cargas de trabajo y la
racionalización del gasto público.

2.2.2. Régimen de carrera administrativa en la FGN

El Congreso de la República, por medio de la Ley 1654 de 2013, revistió al
presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir normas con
fuerza de ley, dirigidas a «[e]xpedir el régimen de carrera especial de la FGN y de
sus entidades adscritas y el de las situaciones administrativas de sus servidores».

En desarrollo de tal facultad, el presidente profirió el Decreto Ley 20 de 2014, por el
cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la FGN
y de sus entidades adscritas. Respecto de las causales de retiro del servicio,
dispuso:

Artículo 96. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes
desempeñan empleos de libre nombramiento y remoción o de carrera en la FGN y en
sus entidades adscritas se produce en los siguientes casos:
[…]

7. Supresión del empleo.
[…]
14. Las demás que determinen la Constitución y ley.

8 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998».

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Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez

A su turno, el artículo 103 ibidem previó que los empleados de carrera, que se vieran
inmersos en un proceso de supresión, tendrían derecho a la incorporación o
indemnización, en los siguientes términos:

Artículo 103. Supresión del empleo. Los servidores con derechos de carrera a
quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán derecho
preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de
personal, y de no ser posible tendrán derecho a recibir una indemnización.
[…]

2.2.3. La reestructuración en la FGN

El Acto Legislativo 1 de 2016, por medio del cual se establecieron instrumentos
jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del
acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable
y duradera, le otorgó facultades pro tempore al presidente de la República para
expedir Decretos Leyes, tendientes a facilitar y asegurar la implementación y
desarrollo normativo del Acuerdo Final. Así se estipuló en el artículo 2:

Artículo 2. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual
quedará así:

Artículo transitorio. Facultades presidenciales para la paz. Dentro de los 180 días
siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, facúltase al
Presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido
tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable
y Duradera. Las anteriores facultades no podrán ser utilizadas para expedir actos
legislativos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes códigos, leyes que necesitan
mayorías calificada o absoluta para su aprobación, ni para decretar impuestos. Los
decretos con fuerza de ley que se dicten en desarrollo de este artículo tendrán control
de constitucionalidad automático posterior a su entrada en vigencia. El procedimiento
de revisión de constitucionalidad de estas disposiciones deberá surtirse por parte de
la Corte Constitucional dentro de los dos meses siguientes a su expedición.

En desarrollo de tal atribución, el presidente de la República expidió el Decreto Ley
898 de 2017,9 por medio del cual, entre otras disposiciones, se creó la Unidad
Especial de Investigación y se modificó la estructura de la FGN y la planta de cargos.

9 Por el cual se crea al interior de la FGN la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las
organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de
derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que

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El Título IV ibidem estableció la Planta de cargos de la FGN y el artículo 59 dispuso
la supresión de algunos cargos de la siguiente manera:

NÚMERO DENOMINACIÓN DEL CARGO
PLANTA GLOBAL ÁREA FISCALÍAS
4 CONSEJERO JUDICIAL
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DE
291 CIRCUITO
322 ESPECIALIZADOS
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DE CIRCUITO
73 FISCAL DELEGADO ANTE TRIBUNAL DEL DISTRITO
1101 ASISTENTE DE FISCAL I
931 ASISTENTE DE FISCAL II
244 ASISTENTE DE FISCAL III
210 ASISTENTE DE FISCAL IV
PLANTA GLOBAL ÁREA ADMINISTRATIVA
6 DIRECTOR NACIONAL II
1 DIRECTOR ESTRATÉGICO II
3 DIRECTOR ESTRATÉGICO I
5 DIRECTOR ESPECIALIZADO
3 SUBDIRECTOR NACIONAL
128 SUBDIRECTOR SECCIONAL
8 JEFE DE DEPARTAMENTO
23 ASESOR I
27 ASESOR II
91 PROFESIONAL EXPERTO
94 PROFESIONAL ESPECIALIZADO I
151 PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
27 PROFESIONAL DE GESTIÓN I
95 PROFESIONAL DE GESTIÓN II
221 PROFESIONAL DE GESTIÓN III
11 TÉCNICO I
2 TÉCNICO III
11 AUXILIAR I
7 AUXILIAR II
130 CONDUCTOR I
140 CONDUCTOR II

participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que
hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el
Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se
determinan lineamientos básicos para su conformación y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la
FGN, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones.

14

Radicación: 25000-23-42-000-2017-06163-01 (1729-2020)
Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez

1 CONDUCTOR III
2 ASISTENTE I
9 SECRETARIO ADMINISTRATIVO I
7 SECRETARIO ADMINISTRATIVO II
PLANTA GLOBAL ÁREA POLICÍA JUDICIAL
205 PROFESIONAL INVESTIGADOR I
62 PROFESIONAL INVESTIGADOR II
143 PROFESIONAL INVESTIGADOR III
56 TÉCNICO INVESTIGADOR I
414 TÉCNICO INVESTIGADOR II
9 TÉCNICO INVESTIGADOR III
321 TÉCNICO INVESTIGADOR IV
15 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD I
107 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD II
10 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD III
16 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD IV

A su turno, en el artículo 61 del Decreto Ley 898 de 2017 se crearon los siguientes
cargos para la Unidad Especial de Investigación:

NÚMERO DENOMINACIÓN DEL CARGO
1 DIRECTOR NACIONAL II
5 PROFESIONAL EXPERTO
5 PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
5 PROFESIONAL DE GESTIÓN III
2 PROFESIONAL DE GESTIÓN I
3 FISCAL DELEGADO ANTE TRIBUNAL DEL DISTRITO

FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DE CIRCUITO
4 ESPECIALIZADO
4 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DEL CIRCUITO
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y
5 PROMISCUOS
5 ASISTENTE DE FISCAL I
4 ASISTENTE DE FISCAL II
4 ASISTENTE DE FISCAL III
3 ASISTENTE DE FISCAL IV
5 SECRETARIO EJECUTIVO
2 ASISTENTES I
1 PROFESIONAL INVESTIGADOR II
12 TÉCNICO INVESTIGADOR I
13 TÉCNICO INVESTIGADOR II
3 CONDUCTOR II

15

Radicación: 25000-23-42-000-2017-06163-01 (1729-2020)
Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez

Los artículos 62 a 67 del Decreto Ley 898 de 2017 previeron lo siguiente:

i) Los servidores continuarían desempeñando las funciones del empleo en el cual
se encontraran nombrados y devengando su respectiva remuneración, hasta tanto
se produjera su incorporación, un nuevo nombramiento o se les comunicara la
supresión de sus cargos. Además, la supresión efectiva de los cargos de los
servidores que tuvieran causada la pensión, se efectuaría una vez ingresaran en
nómina de pensionados.

ii) La planta de cargos adoptada para cada área de la entidad es global y flexible y,
por lo tanto, el fiscal general de la Nación se encontraba facultado para distribuir,
trasladar y reubicar los empleos dentro de éstas, de conformidad con las
necesidades del servicio, los planes, estrategias y los programas de la entidad.

iii) Las incorporaciones y movimientos de personal realizados como resultado de la
modificación de la planta no generarían para los servidores que ostenten derechos
de carrera su pérdida o desmejora; las funciones asignadas a las dependencias
establecidas en los citados artículos continuarían vigentes hasta tanto se
distribuyera la nueva planta de personal y el fiscal general expidiera los actos
administrativos necesarios para la entrada en funcionamiento de la nueva
estructura.

De acuerdo con lo anterior, se advierte que el Decreto Ley 898 de 2017 no identificó
los servidores cuyos cargos fueron suprimidos, ni quiénes serían incorporados a la
nueva planta.

Posteriormente, se expidió la Resolución 02358 del 29 de junio de 2017, mediante
la cual la fiscal general de la Nación (E) distribuyó los cargos de la planta de esa
entidad, individualizando, debidamente identificados, a los servidores con el empleo
y el área en el que quedaban vinculados, varios de ellos correspondientes a fiscales
delegados ante tribunal de distrito.

16

Radicación: 25000-23-42-000-2017-06163-01 (1729-2020)
Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez

En estas condiciones, dicha resolución puede considerarse como de naturaleza
bifronte,10 en la medida en que si bien no menciona el nombre del empleado saliente
sino solo el del entrante, produce plenos efectos sobre aquel, por cuanto al designar
de manera expresa los servidores que permanecerán en la nueva planta genera el
efecto colateral de retirar implícitamente a otros, en cuanto no los selecciona para
ocupar el cargo que habían ejercido en la planta anterior.

Por su parte, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-013 de 2018 estudió
la exequibilidad del Título IV del Decreto Ley 898 de 2017, «[p]lanta de cargos de la
FGN», correspondiente a los artículos 59 a 67 y concluyó lo siguiente:

La Corte encuentra que las modificaciones realizadas en la planta de personal de la
FGN apuntan a reforzar el área misional de la Entidad, en la medida en que se
suprimen cargos directivos; que se reduce el número de dependencias de la Dirección
de Apoyo a la Gestión, pasando de 24 Subdirecciones Seccionales a 8
Subdirecciones Regionales; que como consecuencia de lo anterior, se presenta una
reducción en los gastos de personal, y que las modificaciones a la planta de personal
de la FGN persiguen unos fines constitucionalmente válidos, lo que conduce a
declarar la exequibilidad de los artículos 59, 60 y 61 del Decreto Ley 898 de 2017, así
como la de los artículos 62, 63, 64, 65, 66 y 67 del Decreto Ley 898 de 2017, que no
ofrecen reparo alguno de constitucionalidad.

Para arribar a la anterior conclusión, la Corte Constitucional explicó que la
reestructuración de la planta de personal de la entidad demandada persigue unos
fines constitucionalmente válidos, refuerza su área misional y permite que el Estado
haga presencia en las zonas más lejanas y apartadas del país, lo cual es esencial
para la consolidación de la paz en los territorios. Además, se tuvo en cuenta que
«los procesos de reforma institucional son los mecanismos por medio de los cuales
la administración pública hace frente a las exigencias que se presentan en el
cumplimiento de los fines del Estado».

10 Denominación del tratadista García- Trevijano Fos, referida al acto «que tiene un doble efecto para varias personas,

favorable para una y de gravamen para otra». Texto: Los actos administrativos, José Antonio García-Trevijano Fos, segunda
edición, editorial Civitas, 1991. También, puede consultarse la Sentencia SU-055 de 2018, proferida por la Corte
Constitucional, respecto de los actos a demandar en los casos de desvinculación por supresión del cargo.

17

Radicación: 25000-23-42-000-2017-06163-01 (1729-2020)
Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez

Sin embargo, se declaró la exequibilidad condicionada del artículo 62 ibidem «en el
entendido de que los derechos constitucionales laborales se protegerán de
conformidad con lo expresado en la parte motiva de esta providencia». En relación
con este condicionamiento, se resaltan los siguientes argumentos:

El artículo 62 del Decreto Ley 898 de 2017 regula la continuidad en el servicio. Se
prevé que los servidores continuarán desempeñando las funciones del empleo en el
cual se encuentran nombrados y devengado su respectiva remuneración, hasta tanto
se produzca su incorporación, un nuevo nombramiento o se les comunique la
supresión de sus cargos, aclarando que “La supresión efectiva de los cargos de los
servidores que tienen causada la pensión, se efectuará una vez ingresen en nómina
de pensionados”.
[…]

Sin embargo la Sala considera que dentro del proceso de ajuste institucional que se
surte, resulta necesario preservar los derechos de los trabajadores y la vigencia y
contenido del retén social, en el sentido de asegurar que los hombres y mujeres
cabeza de familia en los términos de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional; las personas que a 29 de mayo de 2017, fecha de expedición
del Decreto Ley 898 de 2017, les faltaren tres años o menos para cumplir los
requisitos para obtener la respetiva pensión; y las personas en condición de
discapacidad, respecto de quienes se suprimen los cargos que venían
ocupando, no sufran la afectación de sus derechos constitucionales. En este
sentido, se declarará la exequibilidad condicionada del artículo 62 del Decreto Ley
898 de 2017, en el entendido que las personas a las que se ha hecho referencia,
cuyos cargos hayan sido suprimidos con ocasión del proceso de ajuste institucional,
deberán ser reubicados o nombrados y posesionados en otro cargo igual o del mismo
nivel de los que se crean o de los que se mantienen en la FGN. [Resalta la Sala].

En los anteriores términos, la Corte Constitucional encontró ajustado al
ordenamiento superior el Título IV del Decreto Ley 898 de 2017, puesto que atendió
el requisito de conexidad suficiente y superó el juicio de estricta necesidad, por
cuanto se demostró la existencia de una proximidad estrecha entre el objeto
regulado en el texto del Acuerdo Final para la paz y las disposiciones sometidas al
control de constitucionalidad; sin embargo, fijó un condicionamiento especial para
el retiro de los servidores públicos, en el sentido de proteger a quienes «por su
condición personal ven limitadas las posibilidades de desempeño», por lo que a los
beneficiarios del retén social debía garantizárseles la estabilidad laboral reforzada.

2.3. Hechos probados

18

Radicación: 25000-23-42-000-2017-06163-01 (1729-2020)
Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez

• El 2 de septiembre de 2011, por Resolución 0-2289, la fiscal general de la Nación
nombró en provisionalidad a la señora Martha Nidia Galindo Gómez en el cargo de
fiscal ante Tribunal de Distrito de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la
Paz - Grupo Satélite de Investigación de Bucaramanga.11

• El 29 de junio de 2017, por Resolución 02358, la fiscal general de la Nación (E)
distribuyó los cargos de la planta de personal de la entidad, pero no incluyó a la
actora.12

• El 30 de junio de 2017, mediante Oficio STH 34, el subdirector de talento humano
de la FGN le informó a la demandante que el empleo de fiscal delegada ante tribunal
de distrito que desempeñaba en la entidad fue suprimido en virtud del Decreto Ley
898 de 2017, motivo por el cual su vinculación laboral finalizaba a partir de esa
fecha.13

• El 6 de julio de 2017, se evaluó el desempeño de la demandante, por el período
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017, el cual fue calificado con
un puntaje de 97.11.14

• La FGN aportó en medio magnético el documento técnico denominado
«[o]rganización de la Fiscalía de la gente, para la gente y por la gente» del año
2017, en el cual se analiza el proyecto de organización institucional con fundamento
en varios ejes temáticos de los cuales se destacan los siguientes: i) misión, visión,
valores y funciones institucionales; ii) análisis del mapa de procesos, productos,
servicios, usuarios y gestión judicial de la FGN; iii) cargas laborales, perfiles y planta
de personal; iv) distribución de los servidores.15

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

11 Documento allegado en medio magnético (folio 39).
12 Documento allegado en medio magnético (folio 39).
13 Documento allegado en medio magnético (folio 39).
14 Documento allegado en medio magnético (folio 39).
15 Folio 157.

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Radicación: 25000-23-42-000-2017-06163-01 (1729-2020)
Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez

2.4.1. Retiro del servicio por supresión del cargo

La apelante sostiene que el acto acusado no se sustentó en un estudio técnico que
cumpliera con los requisitos de motivación para la modificación de la planta de
empleos, pues el «Documento técnico organización de la Fiscalía, de la gente, para
la gente y por la gente», desconoce lo dispuesto en los artículos 94 de la Ley 270 de
1996 y 2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015.

Ahora bien, en la Resolución 02358 del 29 de junio de 2017, la fiscal general de la
Nación (E) distribuyó los cargos de la planta de personal de la entidad, con
fundamento en las siguientes consideraciones:

[…]
Que mediante el Decreto Ley 898 de 2017, se creó la Unidad Especial de
Investigación para el Desmantelamiento de las organizaciones y conductas
criminales responsables de Homicidio y masacres que atentan contra defensores/as
de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que
amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los
acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que
hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo,
en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se
determinan lineamientos básicos para su conformación y, en consecuencia, se
modifica parcialmente la estructura de la FGN, la planta de cargos de la entidad y se
dictan otras disposiciones.

Que como consecuencia de esta modificación de hace necesario distribuir los cargos
de la Planta adoptada para cada área de la FGN.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 26 del artículo 4° del Decreto ley
016 de 2014 y el Decreto 63 del Decreto Ley 898 de 2017, el Fiscal General de la
Nación, tiene la facultad de distribuir, trasladar y reubicar los empleos dentro de las
Plantas Globales y flexibles de la entidad y determinar sus funciones, de acuerdo con
las necesidades del servicio, los planes, estrategias y los programas de la entidad.
[…].

A partir de los anteriores razonamientos, esta corporación en casos análogos al
presente ha sostenido que los motivos de la mencionada resolución fueron
concordantes con la finalidad que se propuso el gobierno nacional al expedir el

20

Radicación: 25000-23-42-000-2017-06163-01 (1729-2020)
Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez

Decreto Ley 898 de 2017 y con el estudio técnico que le precedió. En tal sentido, se
expresó lo siguiente: 16

89. Como se vio, en el estudio técnico se efectuó un amplio y minucioso análisis
comparativo de las dependencias nuevas y actuales, las razones que motivaron su
modificación, la consolidación y diseño de la estructura organizacional, el análisis de
cargas de trabajo, los perfiles de los cargos y planta de personal, incluido su impacto
presupuestal. Todo ello bajo «los parámetros metodológicos y técnicos exigidos en
la Guía de Rediseño Institucional de Entidades Públicas de julio de 2014, emitida por
el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP»17.

90. Además, tal como lo señaló la entidad, «las incorporaciones y movimientos de
personal que se realicen como resultado de la modificación de la planta de personal
de la FGN, no generarán para los servidores que ostenten derechos de carrera o estén
en retén social, pérdida o desmejora».

91. De acuerdo con ello, sólo los funcionarios que se encontraran nombrados en
provisionalidad, libre nombramiento y remoción fueron objeto de la medida […].

De esta manera, esta corporación ha sostenido que la Resolución 02358 del 29 de
junio de 2017 es consecuente con el Decreto Ley 898 de 2017 y las justificaciones
que dieron lugar a la reestructuración de la planta de personal y la supresión y
creación de algunos cargos en la FGN.

Igualmente, se explicó que en ese escenario no podía exigirse la realización de un
estudio técnico para cada uno de los servidores que serían retirados o incorporados,
por cuanto el referido decreto y la resolución que lo materializó reconducían a una
única actuación tendiente a efectuar las modificaciones necesarias a la planta de
personal de dicha entidad con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos
planteados en el «Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción
de una Paz Estable y Duradera».

En efecto, la sentencia C-013 de 2018 indicó que la reestructuración dispuesta en el
referido decreto atendió a la finalidad de reforzar la respuesta institucional ante los
retos del proceso de paz que transitaba el país. De esta manera se explicó lo
siguiente:

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de septiembre de 2021, radicado 25000-23-42-000-

2017-05847-01(4801-19).
17 Tal como se indicó a folio 7 del citado estudio.

21

Radicación: 25000-23-42-000-2017-06163-01 (1729-2020)
Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez

11.9. Propósitos y características principales del proceso de reajuste
institucional de la FGN. […]

En cuanto a las finalidades se tiene:
[…]
• Llegar a un total de ciento noventa municipios (190) donde actualmente no hay
presencia de la FGN, en tres fases:
[…]
• Al mismo tiempo, se busca fortalecer la presencia de la Entidad en 311 municipios:
[…]

Para la consecución de los referidos propósitos, se adoptan las siguientes medidas:

• Reducir la nómina en lo administrativo y fortalecerla en lo misional, en especial, en
las regiones más apartadas del país;

• Supresión de algunos cargos directivos con elevados salarios y de Fiscales
Delegados ante el Tribunal, lo cual permitió la creación de nuevos cargos de fiscal
local a costo cero (o);

• Crear una Unidad de Investigación Especial para luchar contra fenómenos
criminales que afecten el posconflicto, en especial, organizaciones paramilitares; y
[…]

En relación con los cargos suprimidos y creados se tiene:
[…]

• Al final, sólo 254 funcionarios fueron desvinculados de la Entidad. Se trataba,
principalmente, de cargos directivos y de Fiscales Delegados ante Tribunal. La
supresión de estos 65 Fiscales permitió la creación de 182 cargos de fiscal local. De
igual manera, los servidores desvinculados no se encontraban cobijados por el retén
social. [Resaltado dentro del texto].

En este orden de ideas, se concluye que la Resolución 02358 del 29 de junio de
2017 no contiene una motivación insuficiente ni una finalidad ajena al interés
general o a la correcta prestación del servicio; por el contrario, estos presupuestos
fueron respetados y orientaron la actuación de la administración.

A su vez, el fiscal general contaba con las facultades conferidas legalmente para
realizar los procedimientos tendientes a materializar el rediseño institucional, con
observancia del estudio técnico que lo precedió.

Al respecto, es pertinente precisar que en el documento técnico en comento se
evaluó la prestación de los servicios y de las funciones, perfiles y cargas de trabajo

22

Radicación: 25000-23-42-000-2017-06163-01 (1729-2020)
Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez

de los empleos. En tal sentido, realizó un «análisis estadístico y estudio de cargas
• Área de Fiscalías», cuya base radicó «en los datos de carga laboral para el periodo
comprendido entre los años 2014 - 2016».

Lo anterior, permite concluir que la selección de la cantidad de cargos suprimidos
no fue arbitraria, discriminatoria, subjetiva o violatoria de los derechos
fundamentales como lo aduce la demandante.

De ahí que la Resolución 02358 de 2017 no se encuentra falsamente motivada; por
el contrario, se fundó en el Decreto Ley 898 de 2017 y en el estudio técnico
elaborado dentro del marco jurídico correspondiente, acorde con la necesidad y
urgencia de realizar la reforma a la planta de personal de la FGN en el contexto del
postconflicto.

Bajo este hilo argumentativo, se observa que la actora fue retirada como
consecuencia de la supresión de su empleo, que el legislador determinó como una
causal válida de retiro. Igualmente, se surtió un proceso respetuoso de los
parámetros fijados para las reestructuraciones de las entidades públicas, es decir,
que su desvinculación se ajustó al ordenamiento legal.

De otro lado, la interesada sostuvo que la FGN omitió analizar con rigor las hojas de
vida de los servidores que serían retirados en comparación con los que no lo serían,
es decir, que no hizo un estudio interno de sus perfiles, calidades profesionales y
demás condiciones que pudieran resultar relevantes para adoptar las
correspondientes decisiones.

Sin embargo, la señora Galindo Gómez no allegó pruebas tendientes a demostrar
que los incorporados en el cargo similar al que ella desempeñaba no cumplieran
los requisitos mínimos o que tuvieran calidades evidentemente inferiores a las
suyas, criterios que ha establecido esta corporación para verificar si la

23

Radicación: 25000-23-42-000-2017-06163-01 (1729-2020)
Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez

administración se apartó de las normas que determinan las competencias de los
nominadores para designar a los servidores.18

En este escenario, se insiste en el deber que le asiste a los sujetos procesales de
demostrar los supuestos de hecho en que edifican su defensa, conforme lo prevé
el artículo 167 del CGP19 al indicar que «[i]ncumbe a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».

A su turno, las pruebas aportadas al plenario ilustran con suficiencia que la
actuación de la administración se ajustó a los parámetros previstos por el legislador
para asignar los servidores a la nueva planta de personal.

Además, la entidad gozaba de libertad para elegir a los funcionarios que serían
retirados del servicio, en armonía con el interés general y las necesidades del
servicio.

En este orden de ideas, le correspondía a la demandante la carga de demostrar que
le asistía un mejor derecho en comparación con alguno de los funcionarios que
fueron elegidos para continuar en la FGN después de la reestructuración. En tal
sentido, se resalta el siguiente pronunciamiento:20

[…] la decisión puntual de nombrar o dar por terminada determinada relación legal y
reglamentaria en virtud de una reestructuración institucional, es una potestad del
nominador que se entiende discrecional, es decir, es libre de la autoridad por no
tener regulación legal expresa, pero en todo caso, limitada a las garantías mínimas
laborales de orden constitucional que prevalecen sobre el mentado criterio. Según se
extrae de lo discurrido anteriormente, ese marco de acción se concreta en el respeto
de los derechos de carrera y de las prerrogativas derivadas del retén social, así como
de la imposibilidad de vulnerar situaciones jurídicas mediante decisiones arbitrarias o
que solo propendan por beneficiar intereses particulares del empleador en lugar de
los generales propios de la institución, el buen servicio y el funcionamiento adecuado
del Estado.

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de febrero de 2015, radicado: 05001-23-31-000-

2002-00382-01 (0193-12).
19 Código General del Proceso. Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias: i) sentencia del 21 de

noviembre de 2021, radicado: 17001-23-33-000-2016-00990-01
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-000-2017-

06030-01 (5424-2019).

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Radicación: 25000-23-42-000-2017-06163-01 (1729-2020)
Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez

Por lo expuesto, se infiere adecuadamente que la entidad demandada en razón de su
facultad discrecional de decisión y con motivo de la presunción de legalidad de sus
actos, expidió la resolución censurada con ajuste a la ley, […] todo acompasado con
la reorganización estructural avalada constitucionalmente y el respaldo de un estudio
técnico que sustentaba lo propio.

[…] el excelente desempeño o calificaciones del demandante, no necesariamente le
brinda una condición superior en virtud de la cual se haga merecedor de permanecer
en su cargo cuando había sido nombrado en provisionalidad y no detentaba algún
fuero especial de protección laboral, pues el cumplimiento de esta característica se
entiende como connatural al ejercicio de la labor, y en todo caso, se reitera que dicha
decisión es discrecional de la administración, lo cual implica que no todo
empleado que se encuentre en tales circunstancias debía permanecer vinculado a la
Fiscalía General de la Nación. [Resalta la Sala].

De acuerdo con el criterio interpretativo citado, la administración goza de un amplio
margen de acción al momento de seleccionar las personas que seguirán
incorporadas a la nueva planta de personal luego de un proceso de reestructuración.

De este modo, se reafirma que la FGN, en uso de su facultad discrecional, tenía
libertad para redistribuir los cargos de acuerdo con las necesidades del servicio y
con sujeción a los lineamientos trazados en el estudio técnico que precedió la
supresión de empleos. Igualmente, la entidad estaba habilitada para escoger los
funcionarios que considerara más idóneos o cuyo perfil profesional se ajustara mejor
a la nueva planta y a los retos que traía el postconflicto.

Ahora bien, la aludida discrecionalidad se ve limitada cuando los servidores tienen
derechos de carrera, son sujetos de especial protección constitucional o gozan de
un fuero de estabilidad.

En este caso la señora Martha Nidia Galindo Gómez afirma que no podía ser
desvinculada, por cuanto la Resolución 2385 de 2017 estableció una planta
transitoria con miras a aplicar el artículo 62 del Decreto Ley 898 de 2017, el cual
dispuso que «[l]a supresión efectiva de los cargos de los servidores que tienen
causada la pensión, se efectuará una vez ingresen en nómina de pensionados».

Asimismo, durante el transcurso del proceso, la accionante ha sostenido que para
el momento en que fue separada del cargo contaba con aproximadamente 30 años

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Radicación: 25000-23-42-000-2017-06163-01 (1729-2020)
Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez

laborados y 59 años de edad, por lo que, en su sentir, tenía consolidado el estatus
pensional.

Estas afirmaciones no fueron refutadas por la FGN y encuentran respaldo en el
extracto de la hoja de vida y la cédula de ciudadanía aportados al plenario, los
cuales evidencian que la señora Galindo Gómez nació el 23 de noviembre de 1958
y prestó sus servicios en el sector público por un lapso superior a 28 años.21

Es preciso anotar que al expediente no se allegó la Resolución 2385 de 2017, de
manera que no es posible estudiar una eventual afectación al derecho a la igualdad
de la demandante en relación con quienes presuntamente fueron incorporados a
una planta transitoria porque tenían causado su derecho pensional.

No obstante, la lectura del artículo 62 del Decreto Ley 898 de 2017 permite concluir
que el legislador extraordinario pretendió garantizar que no existiera solución de
continuidad entre la percepción del salario y de la mesada pensional.

Sin embargo, teniendo en cuenta la necesidad institucional que existía en orden a
operativizar el nuevo diseño de la FGN, es válido concluir que dicha protección
solamente podía tener lugar cuando sus beneficiarios estuvieran interesados en
pensionarse, esto es, se encontraran tramitando su derecho pensional ante la
entidad a la que se encontraban afiliados, pues no de otra manera podrían acceder
al pago de la prestación.

Una lectura diferente a la citada disposición, como la propuesta por la demandante,
atentaría contra su finalidad y efecto útil,22 pues podría conducir a que se
mantuvieran vinculados a quienes tenían causada la pensión, pero no habían
iniciado los trámites tendientes a obtenerla, con lo cual se afectaría la prestación del

21 Documentos allegados en medio magnético (folios 39 y 154).
22 «Según este principio, en caso de perplejidades hermenéuticas, el operador jurídico debe preferir, entre las diversas

interpretaciones de las disposiciones aplicables al caso, aquella que produzca efectos, sobre aquella que no, o sobre
aquella que sea superflua o irrazonable». Sentencia C-569 de 2004, proferida por la Corte Constitucional.

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Radicación: 25000-23-42-000-2017-06163-01 (1729-2020)
Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez

servicio, pues la reestructuración de la FGN hacía imperiosa la supresión de
empleos.

Entonces, es viable sostener que el artículo 62 del Decreto Ley 898 de 2017
conminaba a la FGN a mantener vinculados a quienes estuvieran reclamando la
pensión de vejez, bajo el entendido de que era inminente su reconocimiento e
inclusión en nómina, es decir, que no se ponía en riesgo la materialización de los
objetivos trazados con la reestructuración de la entidad.

En contraste, la FGN no estaba obligada a garantizar la permanencia de quienes no
estaban adelantando las gestiones tendientes a obtener su pensión y culminar su
vida laboral por esa razón, pues ello se oponía al interés general y obstaculizaba de
manera injustificada la ejecución de los cambios que se habían proyectado para
atender los retos consecuentes al proceso de paz que se surtía en el país.

Además, en anteriores oportunidades esta corporación ha analizado el contenido y
alcance de normas que prevén la inclusión en nómina de pensionados como un
requisito previo para que la administración pueda disponer el retiro de sus
servidores. En estos casos se ha explicado lo siguiente:23

c) La protección especial en razón a la condición de sujeto “pre pensionado”, resulta
aplicable siempre y cuando el servidor público esté próximo a pensionarse, es decir, le
falten tres (3) o menos años para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o
semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o vejez”, por
lo tanto, quien para la fecha de retiro del servicio ya tiene consolidado su estatus
pensional, no se encuentra en la situación fáctica de sujeto pre pensionable, aunque sí
goza de otro tipo de garantía otorgada por el legislador para la protección de sus
derechos fundamentales al mínimo vital y seguridad social, la cual se encuentra
establecida en la Ley 797 de 2003, en su artículo 9, parágrafo 1, al establecer que los
fondos encargados tienen el deber de reconocer la pensión en un tiempo no superior a
cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la
correspondiente documentación que acredite su derecho, motivo por el cual la persona
no quedará desamparada, pues tendrá derecho a disfrutar de la pensión.

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de febrero de 2016, radicado: 05001-23-33-000-

2012-00285-01 (3685-2013). Este criterio fue reiterado en las siguientes sentencias: i) del 26 de mayo de 2022, radicado
68001-23-33-000-2012-00328-01 (5141-2018); ii) del 10 de marzo de 2022, radicado 68001 2333 000 2014 00191 01 (4278
-2017).

27

Radicación: 25000-23-42-000-2017-06163-01 (1729-2020)
Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez

De acuerdo con el anterior criterio interpretativo, se concluye que cuando una
persona tiene causado su derecho pensional cobra valor la segunda garantía
enunciada en la sentencia citada, referente a la posibilidad que tiene el servidor de
permanecer en el empleo mientras se expide el acto de reconocimiento pensional y
es incluido en la nómina de pensionados; sin embargo, tal beneficio no opera de
manera automática, pues ello supone que previamente el interesado hubiera
solicitado la prestación ante su fondo administrador de pensiones.

En este orden de ideas, la actora no podía alegar su derecho a permanecer en el
servicio mientras fuera incluida en la nómina de pensionados, ya que en el plenario
no se encuentra demostrado que estaba adelantando las gestiones pertinentes ante
su fondo de pensiones para obtener el pago de ese beneficio. Bajo ese contexto, la
administración no estaba llamada a esperar la culminación de un trámite que no se
estaba surtiendo.24

Inclusive, al consultar el RUAF,25 se observa que en la actualidad la demandante está
adscrita al sistema de seguridad social en salud y riesgos laborales como cotizante
dependiente, pero no efectúa aportes en pensiones, lo cual tiene sustento en el
artículo 17 de la Ley 100 de 1993,26 en tanto preceptuó que la obligación de cotizar
en pensiones «cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder
a la pensión mínima de vejez».

Por lo tanto, la accionante sigue activa laboralmente, de manera que no ha tenido
intensión de materializar su derecho pensional y, en su lugar, ha preferido seguir
aportando su experiencia y conocimiento al mercado laboral.

Igualmente, se encuentra desvirtuada la vulneración a los derechos fundamentales
de la señora Galindo Gómez, ya que el hecho de haber consolidado el estatus
pensional le permitía solicitar la pensión en el momento en que lo considerara

24 Ver sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-000-2018-00455-01 (1334-2021).
25 Este sistema de información público fue consultado el 11 de marzo de 2023. Enlace de consulta:
https://ruaf.sispro.gov.co/AfiliacionPersona.aspx
26 Modificado por las Leyes 797 de 2003 y 2106 de 2019.

28

Radicación: 25000-23-42-000-2017-06163-01 (1729-2020)
Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez

pertinente, con lo cual quedarían garantizados el mínimo vital y el acceso a la
seguridad social en salud. En casos similares, esta corporación ha precisado lo
siguiente:27

Ahora, si bien al momento de declaratoria de insubsistencia la señora Nelcy Ruth
Peñaranda Correa aún no se le había reconocido pensión, lo cierto es que en el
presente asunto no se hace evidente la afectación de los derechos que dicha medida
busca proteger, entre ellos, el mínimo vital, toda vez que podía acudir de forma
inmediata al fondo de pensiones Protección S.A. al cual se encontraba afiliada con el
fin de que le reconocieran su prestación, pues como se probó, ya contaba con el
capital necesario para acceder a ella, sin que se acreditaran perjuicios adicionales
derivados de tal decisión.

Aunado a ello, las circunstancias personales de la demandante por su trayectoria
profesional, preparación académica (abogada, folio 113 y licenciada en ciencias
sociales, folio 115, además de varias especializaciones según se advierte de folios
116 a 119) y las demás circunstancias favorables (como el salario que percibía en el
empleo), indican que contaba con los medios necesarios para satisfacer su mínimo
vital mientras se le reconocía su pensión. Adicionalmente, no probó tener hijos
menores dependientes sin las condiciones necesarias para realizar una actividad
productiva, por ende no se vislumbra una condición para invocar una protección
especial.

De acuerdo con el anterior lineamiento interpretativo, en este caso tampoco es
viable sostener que la accionante sufrió una afectación al mínimo vital como
consecuencia de su desvinculación, pues hasta ese momento había ostentado el
cargo el cargo de fiscal delegado ante Tribunal de Distrito y, conforme lo ha
sostenido a lo largo del proceso, cumplía con los requisitos para acceder a su
pensión de jubilación, por lo que podía solicitarla en el momento en que lo estimara
conveniente y tampoco demostró que tuviera personas a cargo.

Así las cosas, se impone confirmar la sentencia del a quo, que negó las pretensiones
de la señora Martha Nidia Galindo Gómez.

2.4.3. Costas de primera instancia

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2020, radicado 25000-23-42-000-

2016-05246-01 (3487-2018).

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Radicación: 25000-23-42-000-2017-06163-01 (1729-2020)
Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez

La apelante solicitó revocar la condena en costas impuesta en primera instancia,
pues considera que no hay prueba de su causación y la entidad accionada no las
reclamó.

Sin embargo, contrario a lo sostenido por la accionante, la FGN contestó la demanda
y peticionó expresamente «condenar en costas a la parte demandante».28

Además, por mandato del artículo 188 del CPACA la imposición de las costas
obedece a un criterio objetivo, sin que para ello deba evaluarse la conducta de las
partes. De este modo, al juez le corresponde efectuar una estimación objetiva
valorativa para comprobar que se causaron conforme con los criterios fijados en el
artículo 365 del CGP, sin que se requiera un examen de la existencia de una
actuación temeraria o de mala fe de las partes.

Teniendo en cuenta lo anterior, no están llamados a prosperar los argumentos de la
apelación en este aspecto, ya que el artículo 188 del CPACA confería al tribunal la
facultad de imponer la condena en costas a favor de la parte vencedora, teniendo
en cuenta que i) la demanda no prosperó y, por ende, al actora resultó vencida en
juicio, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 365 del Código
General del Proceso; y ii) que la entidad demandada actuó en el proceso, constituyó
apoderada para ejercer su defensa y por intermedio de ella contestó la demanda,
asistió a las audiencias inicial y de pruebas, presentó alegatos de conclusión en
primera instancia. De manera que sí se causaron las costas, las cuales comprenden
las expensas y gastos sufragados durante el trámite judicial, así como las agencias
en derecho.29

3. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201630, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código

28 Folio 89.
29 Artículo 361 del CGP.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José

Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.

30

Radicación: 25000-23-42-000-2017-06163-01 (1729-2020)
Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez

Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Así mismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en los numerales 1 y 8
del artículo 365 del Código General del Proceso,31 la Sala se abstendrá de condenar
en costas en segunda instancia, pues a pesar de que no prosperó el recurso de
apelación interpuesto por la actora, la FGN no actuó durante esta instancia.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y

31 «[…] 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso

de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos
en este código. […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación».

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Radicación: 25000-23-42-000-2017-06163-01 (1729-2020)
Demandante: Martha Nidia Galindo Gómez

jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices interpretativas que
regían la situación particular de la demandante, razón por la que deberá
confirmarse.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 4 de julio de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las
pretensiones de la demanda en el proceso promovido por la señora Martha Nidia
Galindo Gómez contra la Nación – Fiscalía General de la Nación.

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

cgg

32

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