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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-06030-01

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-06030-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 20 de junio de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor Flavio Augusto Rodríguez Gutiérrez contra la Fiscalía General de la Nación. Segundo: Sin condena en costas en esta instancia. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-06030-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

28 de julio de 2022

1
Radicado: 25000-23-42-000-2017-06030-01 (5424-2019)
Demandante: Flavio Augusto Rodríguez Gutiérrez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2017-06030-01 (5424-2019)
Demandante: FLAVIO AUGUSTO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
Demandada: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Temas: Reintegro a cargo de profesional experto de la planta
de personal de la Fiscalía General de la Nación.
Reestructuración funcional de la entidad en virtud del
cumplimiento del Acuerdo Final para la
Implementación de una Paz Estable y Duradera. No
acreditación de las causales de nulidad frente a los
actos demandados.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-138-2022

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia del 20 de junio de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Flavio Augusto Rodríguez Gutiérrez en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la
Ley 1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones (Folios 2 a 3)

1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resoluciones
2358 del 29 de junio de 2017 y 2386 del 30 de junio del mismo año, por
medio de las cuales la entidad demandada distribuyó al interior de la
institución los empleos que no fueron suprimidos en virtud de la expedición
del Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017, toda vez que no incluyó para
tal efecto al libelista; y ii) Oficio 204 del 30 de junio de 2017 con el que la
Fiscalía General de la Nación hizo efectivo el retiro del servicio del señor
Rodríguez Gutiérrez, quien se desempeñaba en provisionalidad en el cargo
de profesional experto de la planta de personal de dicho organismo.

2. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la parte pasiva
reintegrar al demandante en el cargo que ejercía al momento de su

1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,

o CPACA.

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Demandante: Flavio Augusto Rodríguez Gutiérrez

separación, sin que se predique la existencia de solución de continuidad
en el vínculo legal y reglamentario.

3. Se reconozcan y paguen de manera indexada los salarios y prestaciones
dejados de percibir desde el 1.° de julio de 2017 cuando fue retirado del
servicio, y que el período comprendido entre esa fecha y aquella en que se
materialice la condena, sea tenido en cuenta para reliquidar tales
emolumentos junto con los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones y Salud.

Supuestos fácticos relevantes (Folios 3 a 7)

1. El señor Flavio Augusto Rodríguez Gutiérrez fue nombrado conforme a la
Resolución 639 del 2 de abril de 2014 en un cargo de libre nombramiento
y remoción en calidad de subdirector nacional de la Subdirección de
Planeación al interior de la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente
aquel tomó posesión de una plaza en provisionalidad en la misma entidad,
esta vez como profesional experto de la Subdirección Nacional de Atención
de Víctimas y Usuarios según la Resolución 658 del 3 de marzo de 2016,
posición que finalmente fue reubicada en el Departamento de
Investigaciones Nacionales y Análisis Criminal sin asignación de funciones
de policía judicial.

2. El objetivo principal del último empleo en mención era el de: «Orientar,
diseñar, ejecutar y hacer seguimiento a las estrategias, planes, programas,
proyectos y actividades de la dependencia y realizar estudios con la aplicación de
su experticia y de sus conocimientos especializados tendientes al logro de las
metas y objetivos específicos establecidos y a la mejor continua, de acuerdo con
las políticas institucionales y la normativa vigente.»

3. El Gobierno Nacional a través del Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017
modificó parcialmente la estructura y planta de cargos de la Fiscalía
General de la Nación. En virtud de esta norma, se suprimieron 91 empleos
de profesional experto de la planta global del área administrativa de la
institución, pero a la vez, creó 5 de estas mismas plazas que conservaron
las responsabilidades y labores que desde antes tenían determinadas, a
pesar de la modificación al manual general de funciones efectuada por la
Resolución 2352 del 29 de junio de 2017.

4. La entidad demandada emitió el Oficio 204 del 30 de junio de 2017 con el
que le informó al libelista la supresión del cargo que este ocupaba en
provisionalidad con motivo de la expedición del Decreto Ley 898 de 2017.

5. La Fiscalía General de la Nación por medio de la Comunicación
20173000026011 del 11 de septiembre de 2017, informó que no se había
adelantado ningún estudio para fijar los criterios tendientes a determinar
cuáles funcionarios serían retirados del servicio o incorporados en virtud
del proceso de supresión de empleos al interior de la entidad. Sin embargo,
también se indicó que 79 servidores que ocupaban la posición de
profesional experto dentro del período comprendido entre 1995 y 2017,
permanecieron adscritos a la planta de personal del organismo a pesar de
la aludida reestructuración.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»2, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
2 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).

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garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 9 de octubre de 2018.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

No se emitió pronunciamiento al respecto dado que la parte pasiva no presentó
contestación de la demanda, así como tampoco se advirtió la configuración de
oficio de estos medios de defensa.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] Determinar si hay lugar a la declaratoria de nulidad de los actos enjuiciados, y
como consecuencia si el demandante tiene derecho al reintegro al cargo que venía
ocupando, y remuneración y pago de todas las prestaciones sociales dejadas de
percibir, de conformidad con la normativa reguladora de la materia y los hechos
debidamente probados. […]». (Folio 66 y CD que reposa a folio 68 del
expediente).

SENTENCIA APELADA
(Folios 116 a 130)

El a quo profirió sentencia escrita el 20 de junio de 2019, por medio de la cual
negó las pretensiones del demandante con fundamento en las siguientes
consideraciones:

El tribunal de primera instancia aseveró inicialmente que en el caso sub
examine los actos administrativos demandables son las Resoluciones 2358
del 29 de junio de 2017 y 2386 del 30 de junio de 2017, por medio de las cuales
se adelantó la distribución de los empleos en la planta de personal de la
institución demandada, toda vez que fueron estos los que materializaron la
supresión de empleos prevista en el Decreto Ley 898 de 2017 sin incluir al
demandante, situación que no es predicable del Oficio 204 del 30 de junio de
2017, el cual corresponde solo a un acto de ejecución que no es susceptible
de control de legalidad, por lo que resolvió declararse inhibido sobre esta
manifestación.

A continuación resaltó que conforme a las previsiones del Decreto Ley 20 de
2014 «Por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera
especial de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas»,
resulta claro que: i) una de las formas de vinculación a la mentada entidad es
en provisionalidad para proveer empleos de carrera o de libre nombramiento
y remoción vacantes de manera temporal; ii) la supresión del empleo es una
de las causales de retiro del servicio; y iii) en el evento de supresión del cargo,
los servidores con derechos de carrera, en período de prueba y las mujeres
embarazadas pueden ser incorporados en la nueva planta de personal si

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llegara a crearse, o de no ser posible su incorporación, tendrían derecho a una
indemnización.

Seguidamente expuso que con motivo del Decreto Ley 898 del 29 de mayo de
2017, de la planta global del área de fiscalías al interior de la institución
demandada, se suprimieron 3.176 cargos, de la planta global administrativa
1.203, y de la planta global del área judicial 1.358, esto para un total de 5.737
plazas eliminadas, entre ellas 91 de profesional experto que era la posición
ocupada por el demandante. Sobre el punto precisó que la Corte
Constitucional mediante la sentencia C-013 de 2018 declaró exequible la
norma en comento y condicionó el artículo 62 relacionado con la continuidad
del servicio, ello en el entendido de que al margen de la reestructuración del
organismo, debía tenerse en cuenta el retén social como garantía para la
incorporación de los funcionarios cuyos cargos fueran suprimidos.

Aunado a lo anterior recalcó que de conformidad con el Decreto Ley 18 de
2014, la Fiscalía General de la Nación había creado 165 empleos de
profesional experto, de los cuales desaparecieron 91 en atención al artículo 59
del Decreto Ley 898 de 2017, es decir, en la actualidad permanecen 74 de las
plazas en comento. Adicionalmente, recordó que el artículo 61 de la norma
precitada creó 5 cargos de los referidos con antelación para la Unidad Especial
de Investigación, no obstante, en el parágrafo ejusdem se indicó
expresamente que aquellos eran de dedicación exclusiva para cumplir las
funciones en dicha dependencia, y que además, no era procedente incorporar
en tales posiciones a servidores cuyos cargos hubiesen sido eliminados
previamente.

En virtud de lo anterior, precisó que si bien el cargo de profesional experto que
ejercía el libelista no desapareció de la nueva planta de personal de la
institución demandada, lo cierto es que se redujo en forma ostensible el
número de tales plazas, por lo que al ser provisional la que ocupaba el señor
Rodríguez Gutiérrez, tal situación no le otorgaba ningún fuero de estabilidad
que obligara a la autoridad a incorporarlo en las mismas condiciones.

Incluso, el a quo señaló que la certificación emitida el 4 de agosto de 2017 por
el subdirector de talento humano de la Fiscalía General de la Nación, en la que
se manifestaba que la naturaleza de la vinculación de quienes sí fueron
nombrados en los nuevos cargos de la planta de personal era de carácter
provisional, no resulta suficiente para demostrar que el derecho del
demandante fue quebrantado, pues al margen de lo constatado en dicho
documento, en ninguno de los casos se examina si aquellos tenían derechos
de carrera o si se encontraban en una situación especial de protección como
prepensionados, discapacitados, mujeres embarazadas o madres o padres
cabeza de familia.

Aunado a ello, planteó que tampoco se logró demostrar que el libelista
superaba los requisitos de las personas que sí fueron incorporadas, o que
estos últimos no cumplían las exigencias para el desempeño del cargo, lo cual
constituía una carga procesal que al no verse colmada, conlleva la
imposibilidad para la entidad demandada de acceder a los pedimentos del
reclamante.

Sobre el argumento de la parte activa respecto de la necesidad de que se
hubiese presentado un estudio técnico de manera previa que justificara la
supresión de la plaza ejercida por el señor Rodríguez Gutiérrez, adujo que
como prueba por parte de la fiscalía se allegó el correspondiente documento,
el cual demostraba el hecho de que la reestructuración administrativa de la
institución, tuvo como propósito cumplir con los compromisos adquiridos por
el Gobierno Nacional en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto,

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esto es, fortalecer la capacidad investigativa y de judicialización del organismo
a fin de procesar a quienes atentaran contra defensores de derechos
humanos, líderes sociales, así como para combatir la corrupción, intensificar
la persecución penal de las organizaciones criminales y los fenómenos
criminales relacionados con drogas ilícitas, además de adelantar procesos de
especialización en la etapa de investigación y acusación en orden de elevar
las capacidades institucionales con el fin de combatir la impunidad.

En virtud de lo expuesto acotó que el referido estudio consideró que con el
ánimo de cumplir aquellos propósitos, era necesario reducir el número de
dependencias de la Dirección de Apoyo a la Gestión que pasó de 24
subdirecciones seccionales a 8 subdirecciones regionales, esto es, una
reducción en los cargos del nivel directivo, profesional y asistencial, al igual
que la creación de la Unidad Especial de Investigación.

Con base en estos planteamientos concluyó que en el caso del demandante,
cuyo retiro del servicio obedeció a la supresión del cargo sin haber demostrado
un mejor derecho frente a las demás personas vinculadas a la planta de
personal de la entidad demandada, se encuentran ajustados a derecho los
actos administrativos censurados, razón por la cual profirió sentencia en el
sentido de negar las pretensiones del libelo.

RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 135 a 148)

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada a fin de que se
acceda a sus pretensiones.

Al respecto recordó que la planta de empleos de la Fiscalía General de la
Nación está dada por la ley, y por lo tanto no se discute su constitucionalidad,
sino la ilegalidad de la decisión de retiro del servicio del libelista por cuanto el
empleo que ocupaba permaneció en la estructura de la institución. Por lo
expuesto es que demandó las Resoluciones 2358 del 29 de junio de 2017 y
2386 del 30 de junio de 2017 que distribuyeron los cargos que continuaron en
la entidad, luego de considerar que aquellas decisiones se emitieron sin
estudios técnicos que las soportaran.

Asimismo, deprecó la nulidad del Oficio 204 del 30 de junio de 2017, pues fue
este el que comunicó la desvinculación del señor Rodríguez Gutiérrez, es
decir, se consolidó como un acto administrativo de carácter particular y
concreto susceptible de control judicial, toda vez que aquel era integrador del
pronunciamiento principal de la administración, en la medida en que lo hizo
efectivo al materializar los efectos de la reestructuración organizacional de la
fiscalía. Por lo tanto, aseguró que no era viable declarar la inhibición para
resolver de fondo la controversia sobre la legalidad de dicho acto como lo hizo
el a quo, más aún cuando en la audiencia inicial al momento de sanear el
proceso no se advirtió esta supuesta irregularidad.

Seguidamente adujo que el Decreto Ley 898 de 2017 contempló la supresión
de 91 cargos de profesional experto al interior de la Fiscalía General de la
Nación, por lo que permanecieron en su estructura funcional un total de 74 de
estas plazas, de las cuales 23 fueron provistas mediante empleados
provisionales con una vinculación posterior a la del demandante, tal como se
probó con la Comunicación 20173000020261 del 4 de agosto de 2017. Al
respecto, precisó que los empleos en comento que subsistieron luego de la
reorganización tienen asignadas las mismas funciones y requisitos que
cumplió el libelista cuando se desempeñaba como tal, por lo que este podía

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haber sido incorporado o nombrado en cualquiera de las posiciones
respectivas, pues colmaba las exigencias para ello.

De acuerdo con lo anterior, sostuvo que la antigüedad y experiencia específica
que había acumulado el demandante, no fue tenida en cuenta a lo largo de la
justificación para fortalecer el organismo, dado que se mantuvieron varios
empleos de profesional experto en la planta de personal donde aquel podría
haber sido reubicado debido a su amplia formación e idoneidad, así como a
los resultados satisfactorios obtenidos durante el tiempo que duró su
vinculación legal y reglamentaria.

Adicionalmente esgrimió que para la primera instancia, al empleado
provisional no le asiste el derecho a permanecer en la institución a menos que
se encuentre en una situación de especial protección, lo cual no se ajusta a
derecho pues deja de reconocer que aquellos detentan una estabilidad laboral
relativa, según la cual el retiro del servicio no puede ser arbitrario y debe
obedecer a verdaderas razones que se justifiquen adecuadamente en el
respectivo acto administrativo.

Acotó además que en la sentencia recurrida se indicó que no se recaudaron
pruebas tendientes a demostrar el hecho de que el demandante superaba los
requisitos o que tuviera un mejor derecho sobre las personas que fueron
vinculadas en la nueva planta. Empero, aseveró que tal situación la debió
acreditar la Fiscalía General de la Nación en el estudio técnico, en el que se
tuvieron que fijar los criterios a tener en cuenta para determinar cuáles eran
los empleados provisionales que serían beneficiados con la reincorporación,
más aún cuando se advirtió en su momento que el libelista tenía más
experiencia en el cargo de profesional experto que algunos de los nombrados
con posterioridad.

Planteó que en el presente caso no existió análisis por parte de la entidad
demandada para determinar por qué la plaza que detentaba el señor
Rodríguez Gutiérrez sería objeto de supresión efectiva, pues su cargo no fue
objeto de examen, y aunque se menciona la existencia de un estudio técnico
general, en este no se indica cuáles criterios o aspectos se contemplaron para
llegar a la conclusión de la necesidad de eliminar la posición de profesional
experto del Departamento de Investigaciones Nacionales y Análisis Criminal,
máxime cuando esta dependencia fue fortalecida con la reestructuración
organizacional. Por lo anterior, ante la falta de confrontación de competencias,
hojas de vida, competencias académicas y experiencia entre servidores de la
Fiscalía General de la Nación, el sustento de los actos administrativos
demandados carecería de respaldo probatorio y por lo tanto se configura la
causal de nulidad por desviación de poder.

Por último precisó que conforme al artículo 2.2.2.12.1 del Decreto 1083 de
2015, las modificaciones a las plantas de personal deben motivarse
expresamente y fundarse en las necesidades del servicio o en razones de
modernización de la institución, las cuales deben estar soportadas en estudios
técnicos que así lo demuestren. Argumentó que en el presente caso si bien
existió un estudio para la expedición del Decreto Ley 898, este estaba
orientado al fortalecimiento misional y a la modificación de la planta de las
Subdirecciones Seccionales de Apoyo, de manera que la entidad demandada
no contaba con el respectivo estudio técnico en los términos exigidos por la
ley para hacer efectiva la supresión de empleos de áreas diferentes a las
detalladas en el mentado estudio, al punto de que la decisión en comento fue
adoptada de manera discrecional y arbitraria.

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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Parte demandante (índice 14 del registro en SAMAI): instó nuevamente que
se revoque el fallo apelado y para tal efecto reiteró que ante la inexistencia de
empleados de carrera administrativa al interior de la planta de personal de la
FGN, a los empleados provisionales les asistía el derecho a ser incorporados
luego de la reestructuración interna, pues no se puede desconocer el derecho
que le asistía a los servidores como el libelista a ser nombrados bajo la nueva
estructura funcional, más aún cuando la razón para su desvinculación no podía
ser solamente el hecho de ostentar la calidad de nombramiento provisional,
dado que las personas que continuaron en la entidad tenían la misma
condición y pasaron a desempeñar los mismos cargos que desde un inicio
ejercían.

La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta
etapa procesal según constancia secretarial visible a folio 168 del plenario.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada, la cual en el presente caso fue presentada únicamente por
la parte demandante.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se
circunscribe a los argumentos de impugnación de la parte apelante, los cuales
se resumen en las siguientes preguntas:

1. ¿Es pasible de control de legalidad el Oficio STH 204 del 30 de junio de
2017 proferido por la Fiscalía General de la Nación, por medio del cual
le fue comunicado al señor Flavio Augusto Rodríguez Gutiérrez la
supresión del empleo de profesional experto que ocupaba al interior de
la referida institución y por lo tanto su retiro definitivo del servicio?

Adicionalmente,

2. ¿Los actos administrativos demandados mediante las cuales se
distribuyen los cargos de la planta de personal de la Fiscalía General
de la Nación en virtud de la aplicación del Decreto Ley 898 de 2017, se
encuentran viciados de nulidad por falsa motivación, desviación de
poder o infracción de las normas en que debían fundarse al no haberse
expedido con base en la verificación de las condiciones particulares del
libelista en comparación con otros servidores?

Al respecto la Subsección sostendrá como tesis que, el Oficio STH 204 del 30
de junio de 2017 es un acto administrativo demandable por haber consolidado
la situación jurídica particular del demandante y por lo tanto era procedente
efectuar un pronunciamiento de fondo sobre este. De otra parte, tal decisión
así como las demás manifestaciones censuradas no adolecen de nulidad bajo
las causales alegadas por el libelista, toda vez que aquel no enervó la
presunción de legalidad que le es propia a dichas decisiones, tal como se
explica a continuación:

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 Acerca del régimen de carrera de la Fiscalía General de la Nación

Inicialmente se estima adecuado precisar que el artículo 125 de la Constitución
Política fijó la cláusula general del sistema de carrera administrativa como la
base de la estructura funcional del Estado, pues señaló expresamente que:

«ARTÍCULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de
carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y
remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por
la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los
méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo;
por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la
Constitución o la ley. […]».

De hecho, particularmente en el caso de la Fiscalía General de la Nación, el
artículo 253 ibidem consagró al respecto lo siguiente:

«ARTÍCULO 253. La ley determinará lo relativo a la estructura y funcionamiento
de la Fiscalía General de la Nación, al ingreso por carrera y al retiro del servicio,
a las inhabilidades e incompatibilidades, denominación, calidades,
remuneración, prestaciones sociales y régimen disciplinario de los funcionarios
y empleados de su dependencia.».

Como se observa, el régimen de la entidad demandada corresponde al de una
carrera especial de origen constitucional que en su esencia no se ve sometida
a plenitud a los postulados generales que fueron desarrolladas por la Ley 909
de 2004, sino que inicialmente se sometió a los preceptos del artículo 159 de
la Ley 270 de 1996 y en lo supletorio a los de la primera norma en comento.

Empero, lo cierto es que con posterioridad fue expedida la Ley 1654 de 2013
«Por la cual se otorgan facultades extraordinarias pro tempore al Presidente de la
República para modificar la estructura y la planta de personal de la Fiscalía General
de la Nación y expedir su Régimen de Carrera y situaciones administrativas», con
base en la cual, efectivamente el Ejecutivo profirió el Decreto Ley 20 de 2014
«Por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de
la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas».

Ahora, en lo atinente a las supresiones de empleos al interior de la institución
demandada, esta última norma aludida en su artículo 96 consagró tal evento
como una causal válida de retiro del servicio al precisar lo siguiente:

«ARTÍCULO 96. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes
desempeñan empleos de libre nombramiento y remoción o de carrera en la Fiscalía
General de la Nación y en sus entidades adscritas se produce en los siguientes casos:

[…] 7. Supresión del empleo; […]».

Lo anterior halla sustento en el hecho de que no es posible predicar la
inamovilidad e inmutabilidad del esquema organizacional y funcional de las
entidades del Estado, cuando lo propio resulte necesario en virtud de las
transformaciones o procesos de modernización a los que estas pueden verse
sometidas por el mismo avance o estancamiento en algunos casos del servicio
público oficial.

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Esto ha sido respaldado por el Consejo de Estado en diferentes providencias3,
bajo el entendido de que si bien deben respetarse las garantías de los
funcionarios con derechos de carrera, aquellas prerrogativas no pueden
constituirse en impedimentos para una reestructuración como lo precisó la
Corte Constitucional en la sentencia C-370 de 1999, más aún cuando la
diferente regulación aplicable contempla posibilidades para los servidores que
sufran cambios por esta causa, tal como lo contempla el artículo 87 del Decreto
1227 de 20054 que reza lo siguiente:

«ARTÍCULO 87. Los empleados de carrera a quienes se les supriman los
cargos de los cuales sean titulares como consecuencia de la supresión o fusión
de entidades o dependencias o del traslado de funciones de una entidad a otra
o de modificación de planta, tendrán derecho preferencial a ser incorporados
en empleo igual o equivalente de la nueva planta y, de no ser posible, a optar
por ser reincorporados o a percibir la indemnización de que trata el artículo 44
de la Ley 909 de 2004, conforme a las reglas previstas en el decreto-ley que
regula el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del
Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones.

Mientras se produce la reincorporación, el registro de inscripción en carrera del
ex empleado continuará vigente con la anotación sobre la situación. Efectuada
dicha reincorporación, será actualizada la inscripción y el empleado continuará
con los derechos de carrera que ostentaba al momento de la supresión del
empleo.

De no ser posible la reincorporación dentro del término señalado en el decreto
ley el ex empleado tendrá derecho al reconocimiento de la indemnización y
será retirado del Registro Público de Carrera.

PARÁGRAFO. Producida la reincorporación, el tiempo servido antes de la
supresión del cargo se acumulará con el servido a partir de aquella, para
efectos de causación de prestaciones sociales, beneficios salariales y demás
derechos laborales.»

Puntualmente, en el caso de los empleados de la Fiscalía General de la
Nación, los artículos 103 y 104 del Decreto Ley 20 de 2014 consagraron de
cara a los efectos de la supresión de plazas de la planta de personal lo
siguiente:

«ARTÍCULO 103. Supresión del empleo. Los servidores con derechos de
carrera a quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares,
tendrán derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente
de la nueva planta de personal, y de no ser posible tendrán derecho a recibir
una indemnización.
Cuando la incorporación se realice en un empleo igual, no podrán exigirse
requisitos distintos de los acreditados por los empleados de carrera al momento
de su inscripción o actualización en el Registro Público de Inscripción de
Carrera. Una vez efectuada la incorporación, será actualizada la inscripción en
el Registro y el servidor continuará con los derechos de carrera que ostentaba
al momento de la supresión del empleo.

Para los efectos de reconocimiento y pago de la indemnización de que trata el
presente artículo, el tiempo de servicios continuos se contabilizará a partir de
la fecha de posesión como servidor público de la Fiscalía General de la Nación
o de sus entidades adscritas. […]

PARÁGRAFO 2. No se considera que hubo supresión efectiva del empleo si
como producto de la modificación de la planta, los cargos de carrera de la nueva

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia

del 3 de junio de 2021 (2855-2019), y Subsección A. Sentencia del 23 de septiembre de 2021 (4801-
2019).
4 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998.».

Actualmente compilado en el Decreto Reglamentario Único del Sector Función Pública 1083 de 2015.

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planta son iguales, equivalentes o se distinguen, respecto de los que
conformaban la planta anterior, solamente por su denominación o nivel. En este
evento, los titulares con derechos de carrera de los anteriores empleos deberán
ser incorporados directamente en la situación en que se encontraban, no se les
exigirán requisitos superiores para su desempeño y se actualizará su
inscripción en el escalafón de la carrera.

El Gobierno Nacional reglamentará el alcance del empleo equivalente para
efectos de la incorporación de los empleados de carrera administrativa cuando
su empleo se suprima como consecuencia de un proceso de reestructuración,
o modificación de la planta de empleos. […]

ARTÍCULO 104. Supresión del empleo de un servidor que se encuentre en
período de prueba o de una servidora en estado de embarazo. Cuando sea
suprimido el cargo que ejerza un empleado sin derechos de carrera que se
encuentre en período de prueba, este deberá ser incorporado al empleo igual
o equivalente que exista en la nueva planta de empleos, para que continúe su
período de prueba hasta su vencimiento.

De no poder efectuarse la incorporación a un empleo igual o equivalente, el
nombre de la persona se reintegrará, mediante resolución motivada proferida
por la respectiva Comisión de la Carrera Especial, a la lista de elegibles en el
puesto que corresponda, si esta aún se encuentra vigente.

Cuando se suprima un cargo de carrera ocupado por una servidora en estado
de embarazo y no fuere posible su incorporación en otro igual o equivalente,
deberá pagársele, a título de indemnización por maternidad, el valor de la
remuneración que dejare de percibir entre la fecha de la supresión efectiva del
cargo y la fecha probable del parto, y el pago mensual a la correspondiente
entidad promotora de salud de la parte de la cotización al Sistema General de
Seguridad Social en Salud que corresponde a la entidad pública en los términos
de la ley, durante toda la etapa de gestación y los tres (3) meses posteriores al
parto, más las doce (12) semanas de descanso remunerado a que se tiene
derecho como licencia de maternidad. […]».

En suma, resulta claro que en la dinámica propia de la función pública, tanto
la Constitución como la Ley permiten modificaciones al interior de las
estructuras de las plantas de personal de las entidades estatales, pero a su
vez se contemplan condiciones mínimas de estabilidad para los servidores
públicos que sean titulares de derechos de carrera o que se encuentren en
situaciones de vulnerabilidad que ameriten beneficios diferenciales.

 Sobre la reorganización funcional de la Fiscalía General de la
Nación en virtud de la implementación del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera.

En este punto es adecuado resaltar que el Acuerdo Final en comento, firmado
el 12 de noviembre de 2016, consagró una serie de objetivos para diferentes
estamentos que implicaron profundos cambios al interior de varias
instituciones del Estado, a fin de alcanzar los propósitos fijados en punto a la
consecución de una paz estable y duradera. Particularmente, en lo que atañe
al ámbito de competencia de la Fiscalía General de la Nación, entre otros
compromisos se fijó el de: «[…] implementar la Unidad Especial de Investigación
para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables
de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos,
movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las
personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la
paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como
sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. […]».

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Con la aludida finalidad y en orden de formalizar este consenso político, fue
expedido el Acto Legislativo 01 de 2016 «Por medio del cual se establecen
instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo
normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una
paz estable y duradera», normativa que su artículo 2.°contempló la siguiente
cláusula de autorización al presidente de la República:

«ARTÍCULO 2o. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el
cual quedará así:

Artículo transitorio. Facultades presidenciales para la paz. Dentro de los 180
días siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, facultase
al Presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley cuyo
contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo
normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción
de una Paz Estable y Duradera.

Las anteriores facultades no podrán ser utilizadas para expedir actos
legislativos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes códigos, leyes que
necesitan mayorías calificada o absoluta para su aprobación, ni para decretar
impuestos.

Los decretos con fuerza de ley que se dicten en desarrollo de este artículo
tendrán control de constitucionalidad automático posterior a su entrada en
vigencia. El procedimiento de revisión de constitucionalidad de estas
disposiciones deberá surtirse por parte de la Corte Constitucional dentro de los
dos meses siguientes a su expedición.»

Con base en este postulado, en lo que respecta a la Fiscalía General de la
Nación, efectivamente fue proferido el Decreto Ley 898 del 29 de mayo de
2017 que, entre otros aspectos, creó la Unidad Especial de Investigación al
interior de dicha institución y modificó la estructura de su planta de personal,
particularmente al suprimir y crear sendas plazas de acuerdo con los artículos
59 y 61 que plantearon lo siguiente:

«ARTÍCULO 59. Supresión de empleos. Suprimir de la planta de personal de
la Fiscalía General de la Nación los siguientes cargos:

NÚMERO DENOMINACIÓN DEL CARGO

PLANTA GLOBAL ÁREA FISCALÍAS

4 CONSEJERO JUDICIAL
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES
291 PENALES DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DE
322 CIRCUITO
FISCAL DELEGADO ANTE TRIBUNAL DEL
73 DISTRITO
1101 ASISTENTE DE FISCAL I
931 ASISTENTE DE FISCAL II
244 ASISTENTE DE FISCAL III
210 ASISTENTE DE FISCAL IV

PLANTA GLOBAL ÁREA ADMINISTRATIVA

6 DIRECTOR NACIONAL II
1 DIRECTOR ESTRATÉGICO II
3 DIRECTOR ESTRATÉGICO I
5 DIRECTOR ESPECIALIZADO
3 SUBDIRECTOR NACIONAL
128 SUBDIRECTOR SECCIONAL
8 JEFE DE DEPARTAMENTO

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23 ASESOR I
27 ASESOR II
91 PROFESIONAL EXPERTO
94 PROFESIONAL ESPECIALIZADO I
151 PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
27 PROFESIONAL DE GESTIÓN I
95 PROFESIONAL DE GESTIÓN II
221 PROFESIONAL DE GESTIÓN III
11 TÉCNICO I
2 TÉCNICO III
11 AUXILIAR I
7 AUXILIAR II
130 CONDUCTOR I
140 CONDUCTOR II
1 CONDUCTOR III
2 ASISTENTE I
9 SECRETARIO ADMINISTRATIVO I
7 SECRETARIO ADMINISTRATIVO II

PLANTA GLOBAL ÁREA POLICÍA JUDICIAL

205 PROFESIONAL INVESTIGADOR I
62 PROFESIONAL INVESTIGADOR II
143 PROFESIONAL INVESTIGADOR III
56 TÉCNICO INVESTIGADOR I
414 TÉCNICO INVESTIGADOR II
9 TÉCNICO INVESTIGADOR III
321 TÉCNICO INVESTIGADOR IV
15 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD I
AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
107 II
AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
10 III
AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
16 IV

[…]

ARTÍCULO 61. Creación de cargos para la Unidad Especial de
Investigación. Crear los siguientes cargos en la planta de personal de la
Fiscalía General de la Nación, así:

NÚMERO DENOMINACIÓN DEL CARGO

1 DIRECTOR NACIONAL II
5 PROFESIONAL EXPERTO
5 PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
5 PROFESIONAL DE GESTIÓN III
2 PROFESIONAL DE GESTIÓN I
FISCAL DELEGADO ANTE TRIBUNAL DEL
3 DISTRITO
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES
4 PENALES DE CIRCUITO ESPECIALIZADO
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DEL
4 CIRCUITO
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES
5 MUNICIPALES Y PROMISCUOS
5 ASISTENTE DE FISCAL I
4 ASISTENTE DE FISCAL II
4 ASISTENTE DE FISCAL III
3 ASISTENTE DE FISCAL IV
5 SECRETARIO EJECUTIVO
2 ASISTENTES I
1 PROFESIONAL INVESTIGADOR II

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12 TÉCNICO INVESTIGADOR I
13 TÉCNICO INVESTIGADOR II
3 CONDUCTOR II

PARÁGRAFO. Los empleos creados en el presente artículo, son de dedicación
exclusiva para cumplir las funciones de la Unidad Especial de Investigación y,
en consecuencia, en estos cargos no procederá la incorporación de servidores
cuyos empleos sean efectivamente suprimidos en el presente Decreto Ley.
[…]». (Líneas de la Sala).

De otra parte, los artículos 62 a 64 ibidem en lo relacionado con los efectos de
estos enunciados que preveían la eliminación de empleos de la entidad
demandada, señalaron lo que a continuación se transcribe:

«ARTÍCULO 62. Continuidad en el servicio. Los servidores continuarán
desempeñando las funciones del empleo en el cual están nombrados y
devengando la remuneración asignada a éstos, hasta tanto se produzca su
incorporación, un nuevo nombramiento o se les comunique la supresión de sus
cargos, según el caso.

La supresión efectiva de los cargos de los servidores que tienen causada la
pensión, se efectuará una vez ingresen en nómina de pensionados.

ARTÍCULO 63. Planta global y flexible de la Fiscalía General de la Nación. La
planta de cargos adoptada para cada área de la Fiscalía General de la Nación
es global y flexible y, por lo tanto, el Fiscal General de la Nación se encuentra
facultado para distribuir, trasladar y reubicar los empleos dentro de éstas, de
conformidad con las necesidades del servicio, los planes, estrategias y los
programas de la Entidad.

ARTÍCULO 64. Incorporaciones y movimientos de personal. Las
incorporaciones y movimientos de personal que se realicen como resultado de
la modificación de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, no
generarán para los servidores que ostenten derechos de carrera su pérdida o
desmejora.

Cuando haya lugar a la actualización en el Registro Único de Carrera, la misma
se efectuará de oficio por la Subdirección de la Comisión de Apoyo a la
Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación o quien
haga sus veces.

A los servidores que se les suprima el empleo de Asistente de Fiscal I y sean
nombrados en cargos de Técnico II, no se les exigirán requisitos adicionales a
los acreditados al momento de su posesión y devengarán la remuneración que
se establezca para el empleo en el cual sean nombrados.».

Como se advierte, el marco jurídico en mención contempló que los servidores
vinculados con la FGN a la fecha de expedición del Decreto Ley 898 de 2017,
continuarían en ejercicio de sus funciones hasta que se decidiera cuál sería la
situación administrativa de cada uno respecto de sus condiciones y derechos
adquiridos, lo que implicaría en cada caso procesos de incorporación o de
retiro del servicio. En todo caso, esta regulación determinó que la planta de
personal de la entidad sería global y flexible, por lo que el fiscal general de la
Nación estaría habilitado para reubicar las plazas en atención a las
necesidades del servicio, pero con sujeción a la garantía de los beneficios
propios de los funcionarios con derechos de carrera.

Ahora bien, conforme al artículo transitorio de la Constitución Política añadido
por mandato del Acto Legislativo 01 de 2016, se hacía necesario que los
decretos con fuerza de ley expedidos por el presidente de la República en
razón de dicha norma, fueran sometidos a control automático y posterior de
constitucionalidad, lo cual ocurrió concretamente frente al Decreto Ley 898 de

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2017 a través de la sentencia C-013 del 14 de marzo de 2018, la cual declaró
exequible este cuerpo regulatorio desde un análisis integral, pero con el
condicionamiento sobre el artículo 62 ejusdem relativo a que los derechos
laborales de los servidores retirados de la institución por supresión del cargo,
debían prevalecer en el caso de aquellos sujetos a los presupuestos del retén
social.

En la providencia referida, la Corte Constitucional precisó con claridad lo
siguiente:

«[…] Los procesos de reestructuración de las entidades públicas y las
subsecuentes modificaciones a las plantas de personal, deben ir acompañadas
de las garantías necesarias para proteger los derechos fundamentales del
trabajador y muy especialmente los de aquellos que por su condición personal
ven limitadas las posibilidades de desempeño, como ocurre en el caso de los
prepensionados, las personas en situación de discapacidad y los hombres y
mujeres cabeza de familia, alrededor de los cuales ha sido dispuesto el “retén
social”.

[…] El retén social, como garantía de estabilidad laboral de los trabajadores
vinculados a una planta de personal que es objeto de reestructuración, ha
tenido aplicación en diversos escenarios institucionales, entre los que se cuenta
la Fiscalía General de la Nación, como se deriva de lo resuelto en la Sentencia
SU-446 de 2011, que amparó los derechos de trabajadores que ocupaban
cargos específicos que serían provistos con el registro de elegibles. El aquella
ocasión la Corte precisó, que la Fiscalía, a pesar de la discrecionalidad de la
que gozaba, “sí tenía la obligación de dar un trato preferencial, como medida
de acción afirmativa a: i) las madres y padres cabeza de familia; ii) las personas
que estaban próximas a pensionarse, entiéndase a quienes (…) les faltaren
tres años o menos para cumplir los requisitos para obtener la respectiva
pensión; y iii) las personas en situación de discapacidad”.

[…] En el presente caso la Corte encuentra, que las modificaciones realizadas
en la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación apuntan a reforzar
el área misional de la Entidad, en la medida en que se suprimen cargos
directivos. De igual manera, se reduce el número de dependencias de la
Dirección de Apoyo a la Gestión, pasando de 24 Subdirecciones Seccionales a
8 Subdirecciones Regionales. Como consecuencia de lo anterior, se presenta
una disminución importante en los cargos del nivel directivo, profesional y
asistencial, lo cual conlleva a una reducción en los gastos de personal.

[…] Sin embargo la Sala considera que dentro del proceso de ajuste
institucional que se surte, resulta necesario preservar los derechos de los
trabajadores y la vigencia y contenido del retén social, en el sentido de asegurar
que los hombres y mujeres cabeza de familia en los términos de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional; las personas que a 29 de mayo de
2017, fecha de expedición del Decreto Ley 898 de 2017, les faltaren tres años
o menos para cumplir los requisitos para obtener la respetiva pensión; y las
personas en condición de discapacidad, respecto de quienes se suprimen los
cargos que venían ocupando, no sufran la afectación de sus derechos
constitucionales. En este sentido, se declarará la exequibilidad condicionada
del artículo 62 del Decreto Ley 898 de 2017, en el entendido que las personas
a las que se ha hecho referencia, cuyos cargos hayan sido suprimidos con
ocasión del proceso de ajuste institucional, deberán ser reubicados o
nombrados y posesionados en otro cargo igual o del mismo nivel de los que se
crean o de los que se mantienen en la Fiscalía General de la Nación. […]»

Por lo anterior, no cabe duda de que la reestructuración llevada a cabo en la
institución demandada, a fin de cumplir con los objetivos del Acuerdo Final
para el posconflicto, fue adecuada a los preceptos constitucionales aplicables,
y por lo tanto era válida en la forma diseñada en el Decreto Ley 898 de 2017
que permitió la supresión de cargos como el ocupado en su momento por el
libelista, quien se desempeñaba como profesional experto. En todo caso, lo

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que se extrae de la interpretación adecuada del artículo 62 ibidem y sus
efectos ante la eliminación de ciertas plazas, es que el límite para esta
modificación frente a los intereses de los servidores que las ocupaban, era la
acreditación de condiciones propias del retén social o de derechos de carrera.

Bajo esta línea de intelección es que debe entenderse el proceso de
reorganización funcional al interior de la Fiscalía General de la Nación. No
obstante, lo cierto es que en lo atinente a la configuración de las diversas
situaciones jurídicas particulares de incorporación o retiro del servicio,
derivadas de la aplicación del Decreto Ley en comento, lo propio solo fue
consolidado materialmente a través de la Resolución 02358 del 29 de junio de
2017, mediante la cual la fiscal general de la Nación (E) distribuyó los cargos
de la planta de esa entidad, en el sentido de individualizar solo a los empleados
que serían nombrados en las nuevas posiciones reubicadas.

Es decir, dicho acto administrativo definió quienes serían los funcionarios que
continuarían vinculados, y por lo tanto, al guardar silencio respecto de aquellos
que no fueron enlistados, intrínsecamente determinó que estos tendrían que
ser retirados del servicio, lo cual se concretó en cada caso particular conforme
a los actos correspondientes que comunicaban la terminación del vínculo legal
y reglamentario.

 Sobre la enjuiciabilidad del Oficio STH 204 del 30 de junio de 2017

Como se planteó anteriormente, en el proceso de reestructuración de la planta
de personal de la FGN adelantado en virtud del Decreto Ley 898 de 2017, solo
se suprimieron 91 cargos de profesional experto, por lo que hubo funcionarios
que mantuvieron su vinculación en dicha plaza. Igualmente se destaca que en
la Resolución 2358 de 29 de junio de 2017 se determinó la distribución de
ciertos empleos de la planta de personal de la mentada institución, habida
cuenta de que algunos servidores mantendrían su relación legal y
reglamentaria al margen de los cambios previstos en tal acto.

Por ello, resulta palmario que si bien la resolución aludida contenía la decisión
específica sobre la modificación y movimientos al interior de la planta de
personal de la FGN, fue solo hasta la expedición del Oficio STH 204 del 30 de
junio de 2017 que la autoridad demandada definió la situación jurídica
particular del libelista, en la medida en que a través de aquella manifestación
se exteriorizó y materializó la decisión de desvincular de manera definitiva al
señor Rodríguez Gutiérrez, lo cual no podría entenderse como una simple
comunicación, sino como una verdadera expresión de voluntad unilateral de
la administración destinada a producir efectos en el mundo jurídico, aspectos
que la hacen susceptible de ser analizada a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho como lo deprecó la parte activa.5

En todo caso, no será necesario modificar o revocar el fallo de primera
instancia en el sentido de ordenar emitir un pronunciamiento de fondo sobre
esta decisión administrativa, toda vez que el a quo en ningún momento se
inhibió frente al particular, sino que denegó la totalidad de las pretensiones de
la demanda, aspecto que será verificado a continuación.

 Análisis de las particularidades propias del sub examine

Una vez definido este marco jurídico aplicable, la Subsección destaca que
conforme al material probatorio recaudado y practicado en la actuación, se
encuentran probados los siguientes hechos:
5 Esta posición fue planteada en el mismo sentido por parte de esta Subsección en sentencia del 23 de

septiembre de 2021 proferida en el proceso con radicado 25000-23-42-000-2017-05847-01(4801-19).

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i) Según la constancia laboral emitida el 22 de agosto de 2017 por el jefe del
departamento de administración de personal (E) de la Fiscalía General de la
Nación (folio 37), el señor Flavio Augusto Rodríguez Gutiérrez prestó su
servicio a la entidad desde el 10 de abril de 2014 en el cargo de libre
nombramiento y remoción de subdirector nacional para el que fue nombrado
en virtud de la Resolución 0639 del 2 de abril del mismo año (folio 33).

ii) Posteriormente, el libelista fue nombrado en provisionalidad desde el 10 de
marzo de 2016 en el empleo de profesional experto de la Subdirección
Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios, esto conforme a la Resolución
0658 del 3 de marzo de dicha anualidad (folio 35).

iii) Por último, el demandante en ejercicio del cargo de profesional experto para
el que había sido nombrado en provisionalidad, fue reubicado al Departamento
de Investigaciones Nacionales y Análisis Criminal a partir del 23 de febrero de
2017 según la Resolución 0072 del 23 de febrero de 2017 (folio 36), posición
que desempeñó hasta el 30 de junio de 2017 cuando se materializó su retiro
definitivo del servicio.

iv) En atención al Oficio STH 204 del 30 de junio de 2017 (folio 38), se advierte
que, en efecto, con motivo de la expedición del Decreto Ley 898 del 29 de
mayo del mismo año, fue suprimido el cargo de profesional experto que el
señor Rodríguez Gutiérrez ocupaba al interior de la FGN, razón por la cual, a
partir de la primera data en comento se entendía terminada su relación legal y
reglamentaria.

v) Conforme al Documento Técnico «Organización de la Fiscalía de la gente,
para la gente y por la gente» del 5 de enero de 2017 (obrante en archivo PDF
contenido en CD visible a folio 72), se encuentra probado que la autoridad
demandada efectivamente realizó un estudio de contenido técnico y
estadístico sobre el proyecto de reestructuración funcional de la planta de
personal institucional ante la vigencia del Acuerdo Final para el posconflicto,
en el que se realizaron análisis para la alineación del modelo de operación,
cargas de trabajo, perfiles y esquema orgánico del organismo.

Pues bien, luego de enlistados los únicos supuestos de hecho demostrados
en la presente causa judicial, resulta necesario verificar si frente a los actos
administrativos demandados se configuraron las causales de nulidad alegadas
por la parte apelante.

En primer lugar, el demandante argumentó que la Resolución 02358 del 29 de
junio de 2017 con la que se distribuyeron los empleos al interior de la planta
de personal de la FGN, adolecía de nulidad por las causales de falta y falsa
motivación, así como por la infracción de las normas en que debía fundarse,
ello principalmente bajo el entendido de que dicha decisión no se sustentó en
un estudio técnico que cumpliera con los requisitos de fundamentación para
adoptar una reestructuración funcional que suprimiera ciertas plazas como la
de profesional experto que ejercía la recurrente. Ello toda vez que, en su sentir,
el documento aportado por la parte demandada se sustrae de las exigencias
contempladas en los artículos 94 de la Ley 270 de 1996, así como 2.2.12.2 y
2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015.

Sobre el particular debe tenerse en cuenta que el artículo 46 de la Ley 909 de
2004 (modificado por el artículo 228 del Decreto 019 de 2012), consagró
acerca de las modificaciones a las plantas de personal de las entidades
públicas, que estas deberán motivarse o fundarse en necesidades del servicio
o en razones de modernización de la administración, y así mismo, justificarse
en estudios técnicos elaborados por las mismas autoridades que así lo
demuestren, ello con base en el direccionamiento que al respecto determinen

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el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de
Administración Pública (ESAP). Lo propio fue reafirmado por el artículo 96 del
Decreto 1227 de 20056 y por el canon 94 de la Ley 270 de 1996 «Estatutaria
de Administración de Justicia».

Ahora, al analizar la parte motiva de la Resolución 2358 del 29 de junio de
20177, se advierte que la entidad demandada contempló como fundamento de
la decisión de distribución de cargos los siguientes aspectos:

«[…] Que mediante el Decreto Ley 898 de 2017, se creó la Unidad Especial de
Investigación para el Desmantelamiento de las organizaciones y conductas
criminales responsables de Homicidio y masacres que atentan contra
defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos
políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la
implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las
organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del
paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el
Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción
de una paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos para su
conformación y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la
Fiscalía General de la Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan
otras disposiciones.

Que como consecuencia de esta modificación se hace necesario distribuir los
cargos de la Planta adoptada para cada área de la Fiscalía General de la
Nación.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 26 del artículo 4° del
Decreto ley 016 de 2014 y el Decreto 63 del Decreto Ley 898 de 2017, el Fiscal
General de la Nación, tiene la facultad de distribuir, trasladar y reubicar los
empleos dentro de las Plantas Globales y flexibles de la entidad y determinar
sus funciones, de acuerdo con las necesidades del servicio, los planes,
estrategias y los programas de la entidad. […]».

De hecho, es del caso precisar que en un litigio de contornos fácticos y
jurídicos similares a los del sub iudice, esta misma Sala8 se pronunció en punto
al argumento de falsa motivación como causal de nulidad de la Resolución
2358 del 29 de junio de 2017, ello en el siguiente sentido:

«[…] los motivos de la mencionada resolución fueron concordantes con el
objeto del Decreto Ley 898 de 2017 y con el estudio técnico realizado por la
Fiscalía General de la Nación, con el cual se justificó la reestructuración de la
planta de personal y la supresión y creación de algunos cargos y que, en este
escenario, no podía exigirse la realización de un estudio para cada uno de ellos,
por cuanto hacen parte de la misma actuación administrativa que se surtió con
el fin de efectuar las modificaciones necesarias a la planta de personal del ente
fiscal, para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en el
«Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera».

[…] Valga precisar que contrario a lo señalado por el demandante, en el
documento técnico aportado por la entidad se advierte que sí se realizó la
evaluación de la prestación de los servicios y de las funciones, perfiles y cargas
de trabajo de los empleos. En tal sentido, realizó un «análisis estadístico y
estudio de cargas –Área de Fiscalías», cuya base radicó «en los datos de carga
laboral para el periodo comprendido entre los años 2014 – 2016». Por ejemplo,
se advierte que identificó «que la recepción de una denuncia toma entre 40
minutos y 1 hora; además que el promedio de denuncias diarias recepcionadas

6 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998.».
7 Visible como archivo en PDF contenido en el CD obrante a folio 1 del expediente.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia

del 9 de mayo de 2022. Radicado: 25000 23 42 000 2017 06164 01 (3235-2020).

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-06030-01 (5424-2019)
Demandante: Flavio Augusto Rodríguez Gutiérrez

por funcionario es de 11 a 12», de allí que encontró receptores faltantes y
realizó una proyección de cubrimiento o intervención en los inconvenientes
evidenciados. […]». (Subrayado fuera de texto).

En efecto, como se observa a partir de este pronunciamiento judicial aplicable
para un caso análogo como el presente, y además al revisar el contenido del
estudio técnico aportado por la parte pasiva como prueba a través del archivo
en PDF contenido en el CD que obra a folio 72 del plenario, se verifica que en
el asunto sub lite también está debidamente acreditado que el acto
administrativo demandado sí tiene una motivación sólida o razones válidas que
sustentan la manifestación propiamente dicha, y que además fue proferido con
base en las normas aplicables como son los artículos 94 de la Ley 270 de
1996, como 2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015, 46 de la Ley 909 de
2004 y 96 del Decreto 1227 de 2005.

Lo anterior en la medida en que se demostró con claridad el hecho de que la
base para proferir la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017 no solo fue el
Decreto Ley 898 de 2017, sino el referido documento técnico que evaluó
integralmente la estructura orgánica y funcional de la FGN, en orden de
determinar cuál era el mejor proyecto de reestructuración interna que
permitiera alcanzar los objetivos del compromiso adquirido en razón del
Acuerdo Final, sin tener que realizar apropiación de recursos adicionales a los
fijados directamente a la entidad, máxime cuando la reorganización en
comento ya había obtenido el aval de exequibilidad por parte de la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-013 de 2018.

De otra parte, el apelante sostuvo que el acto administrativo censurado estaba
viciado de falsa motivación y desviación de poder, habida cuenta de que en
aquella decisión no se realizó un análisis puntual de su situación fáctica en
relación con sus condiciones laborales como la carga laboral, la experiencia,
sus estudios, evaluaciones de desempeño y tiempo de servicio que constituían
factores esenciales para determinar que su perfil era adecuado para una
incorporación a la nueva planta de personal como sucedió con otros
funcionarios que también estaban vinculados con anterioridad a través de un
nombramiento en provisionalidad.

Acerca de dicho planteamiento debe precisarse que tampoco se corroboran
estas causales de ilegalidad formuladas por la parte activa, toda vez que como
se esbozó previamente, el contenido motivacional de la resolución reprochada
debía ser la aplicación del Decreto Ley 898 de 2017 en concordancia con el
estudio técnico que se hubiera realizado para determinar cuál sería la
reorganización más adecuada de la Fiscalía General de la Nación. Empero,
no es cierto que el referido documento tuviese que haber efectuado un análisis
comparativo entre cualidades, capacidades, logros o experiencia de los
funcionarios propiamente dichos a fin de concluir cuáles continuarían
vinculados y quiénes no.

Lo que en realidad debía ser objeto de justificación factual y jurídica tanto en
el estudio técnico como en la manifestación estatal objeto de la litis, era la
indicación de los cargos que debían suprimirse, crearse y reubicarse al interior
de la planta de personal de la entidad, con el propósito de que fuera aquella la
que resolviera qué servidores ocuparían tales plazas bajo los límites propios
que la Corte Constitucional había fijado al momento de declarar la
exequibilidad condicionada del artículo 62 del Decreto Ley 898 de 2017.

De hecho, en el documento sobre la mentada reestructuración se planteó
expresamente que para su elaboración se acogieron los parámetros
metodológicos y técnicos exigidos en la Guía de Rediseño Institucional de
Entidades Públicas de julio de 2014, emitida por el Departamento

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Demandante: Flavio Augusto Rodríguez Gutiérrez

Administrativo de la Función Pública, tanto así que se aclaró lo siguiente: «[…]
de las incorporaciones y movimientos de personal que se realicen como resultado de
la modificación de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, no
generarán para los servidores que ostenten derechos de carrera o estén en retén
social, pérdida o desmejora. […]».

Como se aprecia de lo esbozado hasta este punto, no es dable considerar que
los actos administrativos cuestionados fueron motivados a partir de
fundamentos de hecho o pruebas contrarias a la realidad del objeto de
decisión, habida cuenta de que estos se sustentaron en el proceso de
reestructuración institucional autorizado tanto por la Constitución como por la
ley, y a su vez, en un documento técnico que configuró el respaldo fáctico,
estadístico y jurídico de la aludida modificación.

Como se advierte a partir de este análisis, resulta claro que las Resoluciones
2358 del 29 de junio de 2017 y 2386 del 30 de junio del mismo año, así como
el Oficio STH 204 de aquella fecha, con los cuales se distribuyeron los cargos
al interior de la FGN en el sentido de indicar particularmente los servidores que
ocuparían las distintas posiciones y excluyendo a otros como al recurrente,
gozan de una motivación ajustada al contexto factual y jurídico que rodeaba el
proceso de reestructuración de aquella entidad. Contrario a lo esgrimido por la
parte activa, en dicho acto no era necesario efectuar un análisis comparativo
concreto de cada uno de los empleados nombrados en los diferentes cargos
de la planta de personal para justificar quienes serían los incorporados y los
retirados del servicio ante la eliminación de algunas plazas.

Ello por cuanto la decisión puntual de nombrar o dar por terminada
determinada relación legal y reglamentaria en virtud de una reestructuración
institucional, es una potestad del nominador que se entiende discrecional, es
decir, es libre de la autoridad por no tener regulación legal expresa, pero en
todo caso, limitada a las garantías mínimas laborales de orden constitucional
que prevalecen sobre el mentado criterio. Según se extrae de lo discurrido
anteriormente, ese marco de acción se concreta en el respeto de los derechos
de carrera y de las prerrogativas derivadas del retén social, así como de la
imposibilidad de vulnerar situaciones jurídicas mediante decisiones arbitrarias
o que solo propendan por beneficiar intereses particulares del empleador en
lugar de los generales propios de la institución, el buen servicio y el
funcionamiento adecuado del Estado.

Por lo expuesto, se infiere adecuadamente que la entidad demandada en
razón de su facultad discrecional de decisión y con motivo de la presunción de
legalidad de sus actos, expidió la resolución censurada con ajuste a la ley,
pues distribuyó las plazas al interior de la planta de personal de la FGN al
indicar expresamente los funcionarios que continuarían al servicio del Estado
mediante la correspondiente incorporación, y a la vez, fue la fuente para que
posteriormente se concretara en cada caso la terminación del vínculo legal y
reglamentario de otros empleados como fue el caso del libelista, todo
acompasado con la reorganización estructural avalada constitucionalmente y
el respaldo de un estudio técnico que sustentaba lo propio.

En tal sentido, el señor Rodríguez Gutiérrez debía desvirtuar la presunción
referida en el sentido de demostrar que detentaba derechos de carrera
administrativa, o bien que se encontraba en una situación de prevalencia
constitucional por tener la calidad de prepensionado o persona en situación de
discapacidad, o cualquier otro fuero de protección especial, tal como lo planteó
para estos casos la Corte Constitucional. Empero, al verificar los hechos
probados en esta actuación, se encuentra que el demandante solo acreditó
que fue nombrado en provisionalidad en el cargo de profesional experto de la
Fiscalía General de la Nación desde el 10 de marzo de 2016.

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Demandante: Flavio Augusto Rodríguez Gutiérrez

Lo expuesto ut supra evidentemente denota que el apelante no se encontraba
en las referidas condiciones especiales que constituían el límite de acción de
la potestad discrecional de la entidad demandada, a fin de que fuera incluido
en el listado de servidores a incorporar en la planta de personal de la institución
en comento. Por lo expuesto, la falta de demostración de los presupuestos en
cita implica que el acto administrativo reprochado no se encuentra viciado por
las causales de nulidad hasta este punto examinadas.

Por otra parte, el libelista adujo que los actos administrativos reprochados eran
ilegales bajo el presupuesto de la desviación de poder, en el entendido de que
las referidas manifestaciones administrativas extralimitaron las funciones de la
autoridad demandada, fue arbitraria y desconoció el mejor derecho y
condiciones que aquel ostentaba para ocupar la plaza de profesional experto
que desempeñaba antes de la reestructuración institucional de la FGN.

Al respecto, sobre la desviación de poder debe tenerse en cuenta inicialmente
que las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones
administrativas no gozan de autonomía, al contrario, es heterónomo, toda vez
que la ley regula deberes y prohibiciones. Es decir, un variopinto de
restricciones a los destinatarios para que se garantice el cumplimiento de los
fines públicos.

Por ello, el artículo 6.º de la Constitución Política prevé que los servidores
públicos además de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes,
lo son también, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Es decir, que están positivamente limitados, de allí que los servidores públicos
solo pueden hacer lo que les está permitido por la Constitución, las leyes, los
reglamentos, etc.

Bajo dicho entendido, cuando la conducta (activa u omisiva) es explícitamente
contraria a una norma regulativa de mandato, se torna en «ilícita» porque el
sujeto activo hizo lo prohibido o no hizo lo debido. Es decir, los ilícitos típicos
son las conductas o actos opuestos a una regla de derecho. Se entiende
«ilícito» en el sentido más amplio, esto es, como antijurídico o ilegal y no
necesariamente como delictual. Sin embargo, también existen ilícitos atípicos.
Manuel Atienza explica que «[…] Los ilícitos atípicos, por así decirlo, invierten el
sentido de una regla: prima facie existe una regla que permite la conducta en cuestión;
sin embargo - y en razón de su oposición a algún principio o principios-, esa conducta
se convierte, una vez considerados todos los factores, en ilícita. Esto es, abuso del
derecho, el fraude a la ley y la desviación de poder […]»9.

Sobre la desviación de poder se ha dicho que se configura cuando quien ejerce
función administrativa expide un acto de dicha naturaleza que, si bien puede
ajustarse a las competencias de que es titular y a las formalidades legalmente
exigidas, da cuenta del uso de las atribuciones que le corresponden a efectos
de satisfacer una finalidad contraria a los intereses públicos o al propósito que
buscó realizar el legislador al momento de otorgar la competencia en cuestión.

Al respecto, el abuso o desviación de poder10 es creación jurisprudencial del
Consejo de Estado francés, como reacción al formalismo excesivo del derecho
público y con el fin de someter los actos administrativos discrecionales al
control judicial. Se ha llegado a sostener incluso que precisamente el eje
central del derecho administrativo es el control de la discrecionalidad. Al
respecto, García de Enterría señala lo siguiente:

«[…] La cuestión del control judicial del ejercicio de las potestades discrecionales
de la Administración es un tema clásico de la teoría del Derecho. Está en los

9 Atienza, Manuel; Ruíz Manero, Juan. Ilícitos atípicos. Madrid, Trotta, 2000. pág. 27.
10 La desviación de poder es una especie dentro del género exceso de poder.

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orígenes mismo del Derecho Administrativo y cada época ha ido dejando en él la
huella de sus propias reflexiones teóricas, así como de las sucesivas experiencias
prácticas y jurisprudenciales […]

[…] será justamente en la III República cuando se asiente y se desarrolle de forma
espectacular el excès de pouvoir, que dará plena madurez al Derecho
Administrativo y que impulsará resueltamente al juez contencioso a extender su
control sobre las decisiones de la administración. Desde 1872 hasta hoy mismo los
poderes del juez, su instrumentario técnico de análisis de la validez de los actos
discrecionales, la extensión de sus poderes de control sobre los actos de la
Administración, no han hecho sino incrementarse, y hay que decir que la tendencia
continúa […]»11.

Bajo esta intelección, dicha figura ha sido aceptada como una de las técnicas
de control del ejercicio de facultades administrativas discrecionales, pues se
ha entendido que la atribución de ciertos márgenes de libertad decisoria a la
administración no significa en modo alguno que esta se encuentre habilitada
para definir, sustituir o desconocer la teleología a la que constitucional y
legalmente responde la norma. Lo anterior condujo a que el juez administrativo
perfeccionara sus facultades con el examen constitucional, y que el control del
exceso de poder, o la desviación de poder, se fortaleciera con los principios
constitucionales.

Por último, es importante recalcar que el uso de la norma que confiere poder,
el cual está permitido por una regla regulativa, genera un resultado institucional
o cambio normativo, bien sea un contrato, un acto administrativo o una ley 12.
En esos términos, al tratarse la conducta de un «ilícito atípico» provoca un
daño, consistente en el agravio o amenaza de derechos e intereses colectivos.
Una característica importante del citado daño, es el de ser indirecto o mediato.

Por su parte, esta Subsección13 ha efectuado el análisis sobre la desviación
de poder desde esta misma óptica. Al respecto:

«[…] La desviación de poder ha sido comprendida por la jurisprudencia de esta
Corporación como el vicio que afecta la finalidad del acto administrativo, bajo el
entendido de que el propósito que el acto persigue configura un requisito que hace
a su legalidad y que debe hallarse en el marco de la función administrativa y del
ordenamiento jurídico; y por tanto, se configura cuando se está ante la
presencia de una intención particular, personal o arbitraria de un sujeto que
actúa a nombre de la administración, en la búsqueda de un fin opuesto a las
normas a las que debe someterse. […]». (Negrita fuera del texto original).

Del análisis anterior, la Sala concluye que en este caso la definición de la
existencia de un vicio de poder transita por llegar a la convicción de la
voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto
administrativo apartándose de los fines constitucional o legalmente previstos,
cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en el mayor
de los casos, no exime, ni alivia la carga que tiene el interesado consistente
en acreditar suficientemente su configuración.

Sobre el particular, la Sección Segunda ha sostenido lo siguiente: «[…]
demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción
plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen
servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la norma. […]»14.

11 Eduardo García de Enterría; Democracia, jueces y control de la administración. Madrid, Marcial Pons,

4ed., 1998, pp. 31 y 36.
12 Atienza y otro. Ob. Cit. pág. 127.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2009.

Radicado: 27001-23-31-000-2003-00471- 02 (1385-2009).
14 Sentencia del 23 de febrero de 2011; Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de

Estado, Sección Segunda, Subsección B. Radicado: 170012331000200301412 02(0734-10).

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Pues bien, de la relación probatoria precedente, la Subsección encuentra que
la motivación de los actos administrativos cuestionados se ajustó no solo al
hecho de que la reestructuración institucional de la FGN se encontraba
avalada constitucionalmente y fundada en estudios técnicos, sino a que la
autoridad demandada tenía la facultad discrecional para distribuir los empleos
de la planta de personal con la incorporación de servidores que considerara
que debían permanecer para el mejoramiento del servicio, o que cumplieran
las condiciones mínimas de estabilidad laboral, las cuales en todo caso el
apelante no acreditó.

En ese orden, se reitera que cuando se invoca este vicio es necesario probar
que en la expedición de los actos se tuvieron finalidades ocultas, esto es,
demostrar la desviación de poder, por cuanto en el sub lite se presume que la
facultad discrecional de la autoridad administrativa busca el mejoramiento del
servicio, no que por sí misma obedece a causas exclusivas y propias de la
esfera interna del funcionario que expidió el mentado oficio.

En efecto, como quedó analizado en apartes anteriores, cuando se trata de la
desviación de poder por el torcido ejercicio de una facultad discrecional que
está en la voluntad del agente que desempeñaba la función, es preciso
acreditar comportamientos suyos que lo hayan llevado a un determinado
proceder para que quede claramente definida la relación de causalidad entre
el acto administrativo y el motivo que lo produjo.

En este contexto se debe señalar que más allá de la afirmación del libelista,
no obran pruebas que permitan advertir que la finalidad de los actos
demandados fue diferente a la prevista en ley y la jurisprudencia, o que la
intención de no incluirla en el listado de funcionarios incorporados a la planta
de personal reestructurada de la FGN, buscaba satisfacer intereses
particulares en lugar de los generales propios de la función administrativa de
la política criminal y acusación penal.

Acerca de este punto se destaca que el excelente desempeño o calificaciones
del demandante, no necesariamente le brinda una condición superior en virtud
de la cual se haga merecedor de permanecer en su cargo cuando había sido
nombrado en provisionalidad y no detentaba algún fuero especial de
protección laboral, pues el cumplimiento de esta característica se entiende
como connatural al ejercicio de la labor, y en todo caso, se reitera que dicha
decisión es discrecional de la administración, lo cual implica que no todo
empleado que se encuentre en tales circunstancias debía permanecer
vinculado a la Fiscalía General de la Nación.

Conforme a esta línea de intelección y debido a la falta de evidencia que
respalde la tesis de la parte activa sobre la supuesta desviación de poder en
la que incurrió la administración ante la expedición de sus actos
administrativos, para la Subsección resulta evidente que se configura un
incumplimiento frente a la carga probatoria en lo que respecta a la
demostración de los supuestos de hecho y jurídicos que el libelista alega para
el reclamo de su derecho.

El referido mandato se deriva del contenido del artículo 167 del Código
General del Proceso que consagra lo siguiente:

«Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a
petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su
práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar

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determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más
favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos.
La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía
con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por
circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de
incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias
similares. […]»

La normativa citada impone una carga procesal15 a las partes dentro del
proceso judicial, consistente en la necesidad de presentar las pruebas
demostrativas de los hechos señalados en la demanda o de las excepciones
que se aleguen en la contestación para su respectivo éxito.

Al respecto, es dable precisar que el referido postulado adjetivo sobre la carga
de la prueba se compone de tres principios fundamentales: i) el onus probandi
incumbit actori, esto es, al demandante le corresponde probar los hechos en
que sustenta la demanda; ii) reus, in excipiendo, fit actor, relativo a que la parte
demandada una vez presenta excepciones actúa como actor y, por ende, debe
probar los hechos en que basa su defensa y; iii) äctore non probante, reus
absolvitur, que predica la absolución del demandado si la parte activa no
prueba los supuestos de hecho en que fundamentó la demanda16.

Bajo esta línea de intelección, se resalta que la inobservancia de la mentada
carga trae consecuencias desfavorables para la parte que no la satisface,
puesto que al no probar los supuestos de hecho que alega, se somete a que
la decisión se profiera en su contra, ya sea con fundamento en lo demostrado
por el otro extremo litigioso o por la ausencia de medios de comprobación, tal
como se advierte en el presente caso.

En conclusión: las Resoluciones 2358 del 29 de junio de 2017 y 2386 del 30
de junio del mismo año, así como el Oficio STH 204 de esta última fecha, por
medio de los cuales se distribuyen los cargos de la planta de personal de la
Fiscalía General de la Nación en virtud de la aplicación del Decreto Ley 898
de 2017, ello sin haber incorporado para tal efecto al señor Flavio Augusto
Rodríguez Gutiérrez quien fue desvinculado de la plaza que desempeñaba
como profesional experto de la institución, no se encuentran viciados de
nulidad por falta o falsa motivación, desviación de poder o infracción de las
normas en que debían fundarse, toda vez que el sustento de dichas decisiones
no solo fue la reestructuración funcional de la entidad demandada, avalada por
la Corte Constitucional en sentencia C-013 de 2018 al declarar exequible la
normativa en comento, sino además por cuanto tuvo en cuenta un estudio
técnico fundado en elementos fácticos que respaldaban la supresión y
creación de plazas en la planta de personal del organismo, aunado al hecho
de que también se expidió en virtud de la facultad discrecional legítima del
fiscal general de la Nación para distribuir los empleos a través de
incorporaciones y retiros del servicio en las que el límite para esta decisión era
el respeto de las garantías de estabilidad laboral que el demandante no

15 La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, han diferenciado los conceptos de «deberes

procesales», «obligaciones procesales» y «cargas procesales». Los primeros hacen alusión a los
imperativos ordenados en la ley para el adecuado desarrollo del proceso y que incumben tanto al juez
como a las partes. Los segundos son las obligaciones de contenido patrimonial impuestas a los sujetos
procesales con ocasión del adelantamiento del proceso, como las costas. Finalmente, las cargas
procesales son situaciones que fija la ley que implican una realización de una conducta facultativa de las
partes y en su propio beneficio y cuya inobservancia acarrea consecuencias desfavorables en su contra,
verbigracia, no aportar pruebas. Al respecto ver Auto del 17 de septiembre de 1985, Sala de Casación
Civil, que resolvió una reposición. Gaceta Judicial tomo CLXXX – N.º 2419, Bogotá, Colombia, año de
1985, pág. 427. También ver lo sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de 2000.
16
En la sentencia de la Corte Constitucional C-070 de 1993 se analizó la evolución de las reglas de la
carga de la prueba contempladas en el artículo 177 del CPC. Ver también la sentencia del Consejo de
Estado del 11 de marzo de 2016. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección
A. Radicación: 05001-23-31-000-2003-01739-01(1634-13).

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demostró y que por consiguiente no configuran una arbitrariedad respecto de
los actos censurados.

Decisión de segunda instancia

Según lo expuesto, se impone confirmar la sentencia proferida el 20 de junio
de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A que denegó las pretensiones de la demanda, ello habida cuenta
de que no prosperan los argumentos del recurso de apelación formulado por
la parte activa.

De la condena en costas en segunda instancia

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201617 sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de dicha carga bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP18, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público19.

Ahora, a pesar de este hilo argumentativo, en el presente caso no se
condenará en costas al demandante, en la medida que a pesar de haber
resultado vencido en esta oportunidad, conforme el numeral 8.º del artículo

17 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
18 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera

concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
19 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

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25
Radicado: 25000-23-42-000-2017-06030-01 (5424-2019)
Demandante: Flavio Augusto Rodríguez Gutiérrez

365 del CGP no es posible la comprobación de dicha carga, en tanto la parte
demandada no presentó alegatos de conclusión en la segunda instancia de
acuerdo con la constancia secretarial visible a folio 168 del expediente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 20 de junio de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor
Flavio Augusto Rodríguez Gutiérrez contra la Fiscalía General de la Nación.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Impedido

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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