RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 27001-23-33-000-2018-00051-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2018-00051-01

Fecha
7 de abril de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2018-00051-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Chocó. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 27001-23-33-000-2018-00051-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

7 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 27001-23-33-000-2018-00051-01 (2399-2024)
Demandante: Billy Torres Cortés
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
Tema: Supresión del cargo de carrera desempeñado en
provisionalidad. Reestructuración administrativa motivada en
el cumplimiento del Acuerdo Final para la Implementación de
una Paz Estable y Duradera. Inexistencia del fuero de salud
alegado, por falta de demostración probatoria. Los hechos
posteriores a la expedición del acto administrativo no
configuran causales de nulidad. Se confirma la sentencia
apelada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de
la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Chocó, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES.

Demanda

1. Billy Torres Cortes instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, con el
fin de obtener la nulidad de las Resoluciones 2358, 2386 y el Oficio 382 de 2017,
mediante los cuales se redistribuyeron los cargos de la planta de personal de la Fiscalía
General de la Nación y se le informó la supresión de su cargo.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reintegro al cargo que ocupaba
al momento del retiro, con el reconocimiento y pago de todos los salarios, prestaciones
sociales, auxilios y demás emolumentos dejados de percibir desde su desvinculación
hasta la efectiva reincorporación, así como la declaración expresa de que no existió
solución de continuidad. Igualmente, pidió la condena por daños materiales en cuantía
de doscientos treinta y tres millones ochocientos ochenta y seis mil ochenta y seis pesos
($233.886.086) y por daños inmateriales en cuarenta millones de pesos ($40.000.000),
con la debida actualización monetaria según el índice de precios al consumidor o al por
mayor, de conformidad con el artículo 187 del CPACA. Por último, reclamó que se

Radicación: 27001-23-33-000-2018-00051-01 (2399-2024)
Demandante: Billy Torres Cortés

condene a la Fiscalía General de la Nación al pago de costas, gastos del proceso y
agencias en derecho que se generen con ocasión del trámite y decisión del asunto.

3. Argumentó que su desvinculación se dio con inobservancia de normas de carácter
superior, el desconocimiento del precedente jurisprudencial y por falta de motivación.
Sostuvo que el proceso de definición de la nueva planta de personal de la Fiscalía
General de la Nación se llevó a cabo sin criterios técnicos orientados a mejorar el servicio,
y que hubo falta de motivación de los actos administrativos cuestionados.

Contestación de la demanda.

4. La Nación – Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la
demanda, al considerar que la supresión de cargos constituye una causal legal y legítima
de retiro del servicio para los empleados del sector público, en la medida en que responde
a la necesidad de ajustar las plantas de personal a los requerimientos del servicio, con el
fin de garantizar una administración más ágil y eficiente. En ese sentido, invocó que la
decisión adoptada obedeció a criterios de racionalización institucional, conforme a las
competencias que le otorga la ley.

5. Sostuvo, además, que la jurisprudencia ha sido uniforme en señalar que ni los
derechos de carrera ni los nombramientos en provisionalidad pueden oponerse a los
procesos de reestructuración institucional, menos aún cuando estos han sido avalados
por la Corte Constitucional, como ocurrió en la sentencia C-013 de 2018. Finalmente,
concluyó que la demanda no logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los
actos administrativos acusados, los cuales fueron expedidos en el marco de un deber
legal.

II. SENTENCIA APELADA.

6. El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia del 30 de noviembre de
2023, negó las pretensiones de la demanda. Fundamentó su decisión en lo dispuesto por
el artículo 96 del Decreto 1227 de 2005, según el cual la modificación de una planta de
empleos se justifica por necesidades del servicio o por razones de modernización
administrativa, siempre que dichas modificaciones se deriven de las conclusiones de un
estudio técnico que sustente la creación o supresión de cargos.

7. Destacó que, la Ley 1654 de 2013 otorgó al Presidente de la República facultades
extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley, dentro de las cuales se incluía la
creación del régimen de carrera especial aplicable a la Fiscalía General de la Nación y a
sus entidades adscritas.

8. Explicó que, la citada facultad dio lugar a la expedición del Decreto Ley 20 de 2014,
cuyo artículo 97, numeral 7 dispone la supresión del cargo como una de las causales de
retiro del servicio para el personal de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades
adscritas.

2

Radicación: 27001-23-33-000-2018-00051-01 (2399-2024)
Demandante: Billy Torres Cortés

9. Señaló, que mediante el Acto Legislativo 01 de 2016, se establecieron
instrumentos jurídicos para procurar la implementación y el desarrollo normativo del
acuerdo final para la terminación del conflicto, entre estos la facultad al Presidente de la
República para expedir Decretos Leyes tendientes a facilitar y asegurar la
implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final.

10. Explicó, que en cumplimiento de lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2016,
se expidió el Decreto Ley 898 de 2017, por medio de cual, entre otras disposiciones, se
creó la Unidad Especial de Investigación y se modificó la estructura de la Fiscalía General
de la Nación y la planta de cargos.

11. Precisó que el artículo 59 del Decreto Ley 898 de 2017 dispuso la supresión de
algunos cargos en la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, en el marco
del proceso de creación de la Unidad Especial de Investigación. Entre los empleos
suprimidos, se incluyó la eliminación de 291 cargos de Fiscal Delegado ante Jueces
Penales del Circuito Especializado.

12. Advirtió que el Decreto Ley citado no identificó de manera individual a los
servidores cuyos cargos fueron suprimidos ni a quienes fueron incorporados a los nuevos
empleos creados. Para tal efecto, la Fiscalía General de la Nación expidió la Resolución
2358 del 29 de junio de 2017, mediante la cual distribuyó los cargos de su planta de
personal, individualizando a cada servidor, el empleo asignado y el área de vinculación
correspondiente.

13. El Tribunal se refirió a jurisprudencia del Consejo de Estado1 y la Corte
Constitucional2 con el objetivo de precisar que las facultades otorgadas al Presidente de
la República, para reestructurar la Fiscalía General de la Nación y crear la Unidad
Especial de Investigación, perseguían fines constitucionalmente legítimos, en tanto
buscaban reforzar el componente misional de la entidad y permitir una presencia estatal
efectiva en las zonas más apartadas del país, condición esencial para la consolidación
de la paz en los territorios. Además, se consideró que los procesos de reforma
institucional constituyen herramientas mediante las cuales la administración pública
responde a las exigencias propias del cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

14. Reiteró que la constitucionalidad del Decreto Ley 898 de 2017 fue supeditada a
que dentro del proceso de ajuste institucional se protegieran los derechos especiales de
hombres y mujeres cabeza de familia, las personas que, a 29 de mayo de 2017, fecha de
expedición del Decreto Ley 898 de 2017, les faltaren tres años o menos para cumplir los
requisitos para obtener la respectiva pensión, y las personas en condición de
discapacidad3.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia

del 23 de septiembre de 2021, rad. núm. 25000-23-42-000-2017-05847-01(4801-19), C.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
2 Corte Constitucional, Sentencia C-013 de 2018.
3 Conforme a la sentencia de constitucionalidad C-013 de 2018, en los eventos de supresión de cargos de

estas personas, deberán ser reubicados o nombrados y posesionados en otro cargo igual o del mismo nivel
de los que se crean o de los que se mantienen.

3

Radicación: 27001-23-33-000-2018-00051-01 (2399-2024)
Demandante: Billy Torres Cortés

15. También se refirió a los hechos probados dentro del proceso, en los que se
evidenció que el demandante fue nombrado en provisionalidad en distintos cargos dentro
de la Fiscalía General de la Nación, entre el 28 de agosto de 2006 y el 30 de junio de
2017.

16. Consideró probado que el 7 de marzo de 2017 se comunicó al demandante su
reubicación en la Subdirección Seccional del Chocó. En respuesta, el señor Torres
solicitó el 23 de marzo de 2017 la revisión de dicha decisión, petición que fue resuelta de
manera desfavorable mediante oficio del 18 de abril del mismo año, suscrito por el
Director Nacional de Apoyo a la Gestión. Se evidenció que el último cargo desempeñado
por el demandante fue el de Fiscal Delegado ante Jueces Penales del Circuito
Especializado, adscrito inicialmente a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada
contra la Corrupción y posteriormente trasladado a la Subdirección Seccional de Fiscalías
y de Seguridad Ciudadana del Chocó.

17. También resultó probado que el demandante presentó ante el Fiscal General de la
Nación, renuncia al cargo como Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito
Especializado el 28 de junio de 2017.

18. Precisó que el 29 de junio de 2017, por Resolución 2358, la Fiscal General de la
Nación (E) distribuyó los cargos de la planta de personal de la entidad, entre los cuales
no se incluyó al actor, y que mediante oficio el 30 de junio de 2017 se informó al
demandante que su vinculación a la entidad iría hasta la finalización del día por la
supresión de su cargo.

19. Estableció que, conforme al documento titulado “Organización de la Fiscalía de la
gente, para la gente y por la gente” del año 2017, se realizó un análisis institucional que
incluyó la naturaleza jurídica de la Fiscalía General de la Nación, el marco normativo
aplicable, los factores que inciden en su funcionamiento, los resultados de evaluación
interna, la estructura propuesta y el estudio de cargas laborales, insumos que sirvieron
de fundamento para adoptar las decisiones contenidas en la Resolución 2358 de 2017,
mediante la cual se ajustó la planta de personal.

20. Resaltó que, con fundamento en los antecedentes normativos y jurisprudenciales
analizados, resultaba claro que la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017 no adolecía
de una motivación insuficiente, ni perseguía una finalidad ajena al interés general o a la
adecuada prestación del servicio. Por el contrario, concluyó que dichos presupuestos
fueron observados y orientaron de manera legítima la actuación de la administración.

21. El Tribunal concluyó que el retiro del señor Billy Torres Cortés obedeció a la
supresión de su empleo, medida legalmente establecida y sustentada en estudios
técnicos que evaluaron las necesidades del servicio dentro del marco jurídico especial
previsto para la creación de la Unidad Especial de Investigación, en desarrollo del Acto
Legislativo 01 de 2016 y normas concordantes. Añadió que el demandante no ostentaba
derechos de carrera, dado que su vinculación fue en provisionalidad, por lo que no le
asistía derecho a ser reincorporado a la nueva planta de personal, reserva que el

4

Radicación: 27001-23-33-000-2018-00051-01 (2399-2024)
Demandante: Billy Torres Cortés

legislador estableció únicamente para los empleados de carrera o quienes se
encontraban amparados por el denominado retén social.

22. Así mismo, descartó la existencia de desviación de poder, al considerar que el
testimonio de un exfuncionario en ese sentido no constituía prueba suficiente para
acreditar dicha causal de nulidad, máxime cuando la entidad demostró haber seguido los
procedimientos legalmente establecidos para determinar las personas que serían
vinculadas a la nueva planta, conforme a los parámetros definidos por la ley y la
jurisprudencia. En consecuencia, y ante la suficiencia del material probatorio allegado por
la Fiscalía, el Tribunal concluyó que los actos administrativos demandados estaban
debidamente motivados, no incurrían en desviación de poder y, por tanto, no había lugar
a declarar su nulidad ni a acceder a las pretensiones de la demanda. La decisión fue
notificada en debida forma.

III. RECURSO DE APELACIÓN.

23. Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de apelación contra
la sentencia. Alegó que el Tribunal incurrió en error al interpretar que la demanda
cuestionaba la legalidad de las resoluciones 2358 y 2386 de 2017 y el Oficio STH No.
382.

24. Sostuvo que la verdadera pretensión de la demanda era obtener la declaración de
abuso o desviación de poder por parte de la Fiscalía General de la Nación, al considerar
que dicha entidad se valió de los actos demandados para desvincularlo por motivos
ajenos a criterios objetivos de mejoramiento del servicio.

25. Expuso que, mediante las resoluciones cuestionadas, fue retirado de su cargo
como represalia por no haber accedido a solicitudes directas de su superior jerárquico,
las cuales —afirmó— carecían de sustento legal.

26. Alegó que su reubicación, junto con la información suministrada por el señor
Manuel Alberto Ayala Jaramillo, evidenciaban una desviación de poder por parte de la
entidad en su contra, y que su retiro obedeció exclusivamente a que resultaba incómodo
para los mandos institucionales de ese momento.

27. Finalmente, el apelante afirmó que el mal trato recibido y el cambio injustificado en
sus condiciones laborales lo llevaron a sentirse presionado a presentar su renuncia, ya
que su reubicación en el Chocó implicó un alejamiento forzado de su núcleo familiar,
conformado por su esposa e hijas menores de edad residentes en Bogotá. Con
fundamento en lo anterior, calificó su salida como un despido indirecto, solicitó una nueva
valoración del material probatorio y que se reenfocara la demanda para acceder a las
pretensiones formuladas.

5

Radicación: 27001-23-33-000-2018-00051-01 (2399-2024)
Demandante: Billy Torres Cortés

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

28. Mediante auto proferido el 25 de julio de 2024 y notificado por estado del 16 de
agosto de 2024 se admitió el recurso de apelación4. La parte demandada guardó silencio
frente al recurso.

V. CONSIDERACIONES.

Competencia.

29. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, esta Corporación abordará el análisis de esta controversia.

Problema jurídico.

30. En el presente caso, la Sala evidencia el siguiente problema jurídico: ¿Incurrió el
Tribunal Administrativo del Chocó en error al concluir que el retiro del demandante se
fundamentó en razones objetivas? o si dicho retiro obedeció a una desviación de poder
de la Fiscalía General de la Nación, como consecuencia de represalias por razones
subjetivas e ilegítimas relacionadas con la negativa del actor a atender solicitudes de sus
superiores.

Con base en el problema jurídico formulado la Sala abordará el estudio del caso en tres
etapas. En primer lugar, se expondrá el marco normativo y jurisprudencial relativo al
régimen aplicable a los servidores públicos vinculados en provisionalidad, los efectos
jurídicos de las reestructuraciones administrativas y, de manera particular, la normativa
especial que regula la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación en el
contexto del cumplimiento del Acuerdo Final de Paz. En segundo lugar, se analizará la
figura de la desviación de poder como causal de nulidad de los actos administrativos, así
como el estándar probatorio exigido por la jurisprudencia para su configuración.
Finalmente, se examinarán los hechos acreditados en el expediente a efectos de
establecer si, en el caso concreto, el demandante logró desvirtuar la presunción de
legalidad de los actos acusados mediante la demostración de una finalidad distinta a la
prevista en la norma que justificó su desvinculación.

4 Índice 8 de la plataforma SAMAI del Consejo de Estado

6

Radicación: 27001-23-33-000-2018-00051-01 (2399-2024)
Demandante: Billy Torres Cortés

Marco normativo y jurisprudencial. Sobre el régimen de los servidores de carrera,
los empleados de libre nombramiento y remoción, empleados en provisionalidad,
así como de las reestructuraciones de las entidades del Estado (Caso especial de
la Fiscalía General de la Nación).

31. El artículo 125 de la Constitución Política consagró la cláusula general del sistema
de carrera administrativa, entendido como el fundamento estructural del empleo público
en el Estado colombiano. Esta disposición establece que los empleos en los órganos y
entidades estatales son de carrera, salvo las excepciones expresamente previstas, entre
ellas, los cargos de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de
trabajadores oficiales y aquellos que determine la ley.

32. Por su parte, el artículo 253 superior asignó a la ley la regulación integral del
régimen aplicable a la Fiscalía General de la Nación. En particular, estableció que
corresponde al legislador definir lo relativo a su estructura y funcionamiento, al ingreso
por carrera y al retiro del servicio, así como a las inhabilidades, incompatibilidades,
denominación, calidades, régimen prestacional, remuneración y disciplinario de los
funcionarios y empleados de la entidad.

33. En desarrollo de lo previsto en el artículo 253 de la Constitución Política, el
Congreso de la República expidió la Ley 1654 de 2013, mediante la cual confirió
facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura y la
planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, así como para expedir el régimen
de carrera y regular las situaciones administrativas de sus funcionarios.

34. En uso de estas facultades se expidió el Decreto Ley 20 de 2014, en el que se
clasificaron los empleos y se expidió el régimen de carrera de la Fiscalía General de la
Nación y de sus entidades adscritas.

35. El artículo 5 del Decreto Ley 20 de 2014 establece que, salvo las excepciones
expresamente contempladas, los empleos de la Fiscalía General de la Nación, el Instituto
Nacional de Medicina Legal y de la Institución de Educación Superior son de carrera. A
su vez, el artículo 7 realiza la agrupación de empleos de la entidad, entre los cuales se
encuentran:

“1. Grupo de Fiscalía. Estará integrado por los empleos, de cualquier nivel
jerárquico y denominación, que tienen asignadas funciones relacionadas con el
ejercicio de la acción y el proceso penal a cargo de la entidad. Para el ingreso y
en su desempeño exigen la aplicación de procedimientos y técnicas especiales y
pertenecen a la planta de Fiscalías.”

36. Por su parte, el artículo 11 del citado decreto regula las clases de nombramiento
que se pueden efectuar en la entidad, entre las cuales regula puntualmente en su numeral
3° los nombramientos en provisionalidad y en su numeral 4°los nombramientos en
encargo.

7

Radicación: 27001-23-33-000-2018-00051-01 (2399-2024)
Demandante: Billy Torres Cortés

37. Respecto de los nombramientos en provisionalidad, dispone que están facultados
para proveer empleos de carrera o de libre nombramiento y remoción vacantes de
manera temporal, cuando el titular no esté percibiendo la remuneración, mientras dure la
situación administrativa. Los cargos de carrera especial vacantes de manera definitiva
también podrán proveerse mediante nombramiento provisional con personas no
seleccionadas por el sistema de méritos, mientras se provee el empleo a través de
concurso o proceso de selección.

38. En cuanto a los nombramientos en encargo, el Decreto Ley 20 de 2014 establece
que estos pueden ser utilizados para proveer, de manera temporal o definitiva, empleos
de carrera o de libre nombramiento y remoción que se encuentren vacantes. Esta figura
debe aplicarse conforme a las disposiciones que regulan las situaciones administrativas
del personal de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas.

39. El artículo 96 del Decreto Ley 20 de 2014 establece las causales de retiro del
servicio para el personal de la Fiscalía General de la Nación. Dentro de estas, el numeral
7º contempla expresamente la supresión del empleo, lo que constituye una causa legal
de desvinculación cuando responde a procesos de reestructuración institucional
debidamente justificados.

40. Respecto de la causal de retiro por supresión del empleo, el artículo 103 del
Decreto Ley 20 de 2014 dispone expresamente que los servidores con derechos de
carrera a quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán derecho
preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de
personal, y de no ser posible tendrán derecho a recibir una indemnización.

41. Teniendo en cuenta estas normas del régimen de carrera administrativa de la
Fiscalía General de la Nación, corresponde complementar el marco normativo aplicable
haciendo consideración de que a partir del acuerdo firmado el 12 de noviembre de 2016
entre el Gobierno Nacional y la entonces guerrilla de las FARC-EP, se fijó una serie de
objetivos para diferentes entidades del Estado, los cuales implicaron cambios
estructurales, ello en aras de consolidar una paz estable y duradera.

42. En ese contexto, parte del acuerdo incluyó implementar la Unidad Especial de
Investigación5 para la cual el legislador profirió el Acto Legislativo 01 de 20166, el cual en
su artículo 2.° confirió al Presidente de la República facultades para expedir los decretos
con fuerza de ley cuyo contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación
y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera.

5 Unidad cuya finalidad dentro del acuerdo es el desmantelamiento de las organizaciones y conductas

criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos
humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas
que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las
organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes
de apoyo.
6 Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el

desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable
y duradera.

8

Radicación: 27001-23-33-000-2018-00051-01 (2399-2024)
Demandante: Billy Torres Cortés

43. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2016 y en cumplimiento de los
deberes adquiridos con el acuerdo de paz, el Presidente de la República expidió el
Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017, que creó la Unidad Especial de Investigación
al interior de la Fiscalía General de la Nación, modificando la estructura de su planta de
personal.

44. En este orden de ideas, el artículo 59 decretó la supresión de varios cargos, entre
los cuales se incluyeron 291 cargos de Fiscal Delegado Ante Jueces Penales De Circuito
Especializados.

45. En aplicación del artículo transitorio de la Constitución Política añadido por el Acto
Legislativo 01 de 2016, la Corte Constitucional mediante la sentencia C-013 del 14 de
marzo de 2018 realizó un análisis de exequibilidad del Decreto Ley 898 de 2017,
precisando que este precepto se ajustaba a la norma superior, pero condicionando la
exequibilidad del artículo 62 a la prevalencia de los derechos laborales de los servidores
que cumplan los presupuestos del retén social.

46. Corresponde destacar que el artículo 63 del Decreto Ley analizado, otorgó al Fiscal
General de la Nación la facultad de distribuir, trasladar y reubicar los empleos de
conformidad con las necesidades del servicio, los planes, estrategias y los programas de
la Entidad.

47. En virtud de la facultad expresamente conferida, la Fiscal General de la Nación (E)
expidió la Resolución 2358 de 2017, con la cual distribuyó los cargos de la planta de
personal identificando los empleos y los servidores que los ocuparían.

48. Con lo anterior, se delimita el marco normativo dentro del cual tuvo lugar la
reorganización de la Fiscalía General de la Nación, así como los límites y motivaciones
de la supresión de cargos prevista en el Decreto Ley 898 de 2017.

Desviación de poder como causal de nulidad de los actos administrativos, así como
el estándar probatorio exigido por la jurisprudencia para su configuración

La desviación de poder es una causal específica de ilegalidad del acto administrativo que
se presenta cuando, pese a que la autoridad actúa dentro de su competencia formal y
cumple con los requisitos procedimentales exigidos, orienta su actuación hacia una
finalidad distinta a la prevista en la norma que le confiere la potestad. En este escenario,
la legalidad aparente del acto se desvirtúa por el uso instrumental del poder público para
fines ajenos al interés general7.

7 Sobre el tema, resulta ilustrativa la decisión del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Primera. Sentencia del 7 de junio de 2012, rad. núm. 6001-23-31- 000-1998-00645-01, C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno (E), en la cual se explicó: “Se tiene reconocido que la desviación de poder tiene
lugar cuando un acto
administrativo que fue expedido por un órgano o autoridad competente y con las formalidades debidas, en
realidad persigue fines distintos a los que le ha fijado el ordenamiento jurídico y que se presumen respecto

9

Radicación: 27001-23-33-000-2018-00051-01 (2399-2024)
Demandante: Billy Torres Cortés

La finalidad del acto administrativo no es una cuestión meramente subjetiva o política;
constituye un elemento esencial del mismo y debe estar en armonía con los fines
constitucionales y legales que justifican la existencia y ejercicio de la función pública. La
jurisprudencia ha sido constante en señalar que no basta con invocar genéricamente
la existencia de una desviación de poder: corresponde al actor acreditar, mediante
pruebas claras, precisas y consistentes, que la decisión administrativa tuvo como
propósito real la persecución de un objetivo ilegítimo, personal, arbitrario o contrario al
interés general8.

En este sentido, el análisis judicial no se limita a constatar la competencia y la regularidad
formal del acto, sino que también exige una evaluación sustantiva de su motivación y de
las circunstancias que rodearon su expedición. Solo si se demuestra que la finalidad
perseguida es distinta a la autorizada por el ordenamiento jurídico, puede prosperar la
causal de nulidad por desviación de poder. Esta carga probatoria es particularmente
exigente cuando se trata de decisiones de reestructuración institucional o de supresión
de cargos, pues el interés general y la discrecionalidad técnica suelen presidir este tipo
de medidas9.

Corresponde ahora, establecer en el caso concreto, si el demandante logró desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, específicamente en
relación con la alegada desviación de poder en la decisión que dispuso su retiro del
servicio activo por supresión del cargo.

de dicho acto. Esta causal de nulidad se da tanto cuando se persigue un fin espurio, innoble o dañino como
cuando se procura un fin altruista o benéfico para el Estado o la sociedad, pero que en todo caso es distinto
del autorizado o señalado por la norma pertinente”.
8 Al respecto, mediante sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Segunda, Subsección A, del 9 de julio de 2020, rad. núm. 66001-23-33-000-2014-00137-01(5272-16), C.P.
Rafael Francisco Suárez Vargas se indicó: “(…) en cuanto a este vicio de legalidad, que demostrar la causal
de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de que la intención de quien profirió
el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la norma.
Cuando se invoca este vicio, necesariamente, la prueba ha de encontrarse en circunstancias anteriores a
la determinación que se acusa, pues se trata de establecer, precisamente, la intención del funcionario que
expide el acto, que es previa a la toma de la decisión. En tal sentido, quien acude a la jurisdicción para
alegar la desviación de poder debe demostrar que la administración expidió un acto administrativo con el
propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales”.
9 Al respecto, esta Corporación ha sido clara en destacar que existe un rango necesario de discrecionalidad

en la reestructuración de entidades para poderse llevar a cabo en cumplimiento de los fines que se
persiguen. En el caso concreto de la reestructuración de la Fiscalía General de la Nación que aquí se
examina, en sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, del
23 de marzo de 2023, rad. núm. 25000-23-42-000-2017-06163-01 (1729-2020), C.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas, se señaló: “citado, la administración goza de un amplio margen de acción al momento de
seleccionar las personas que seguirán incorporadas a la nueva planta de personal luego de un proceso de
reestructuración. De este modo, se reafirma que la FGN, en uso de su facultad discrecional, tenía libertad
para redistribuir los cargos de acuerdo con las necesidades del servicio y con sujeción a los lineamientos
trazados en el estudio técnico que precedió la supresión de empleos. Igualmente, la entidad estaba
habilitada para escoger los funcionarios que considerara más idóneos o cuyo perfil profesional se ajustara
mejor a la nueva planta y a los retos que traía el postconflicto. Ahora bien, la aludida discrecionalidad se
ve limitada cuando los servidores tienen derechos de carrera, son sujetos de especial protección
constitucional o gozan de un fuero de estabilidad”.

10

Radicación: 27001-23-33-000-2018-00051-01 (2399-2024)
Demandante: Billy Torres Cortés

Caso concreto.

49. En el presente asunto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia, al no
encontrarse acreditado que el retiro del señor Billy Torres Cortes hubiese estado viciado
por desviación de poder, en la medida que se encuentra suficientemente acreditado que
la decisión se adoptó con fundamento estudios técnicos previos, en cumplimiento de un
programa de reorganización institucional.

50. La decisión de suprimir los cargos y desvincular al demandante se tomó
atendiendo a las necesidades del servicio en la entidad y en cumplimiento del marco
normativo establecido para la implementación del acuerdo celebrado entre el Gobierno
Nacional y la entonces guerrilla de las FARC-EP.

51. En el presente caso, está probado que el demandante prestó sus servicios en la
Fiscalía General de la Nación entre el 28 de agosto de 2006 y el 30 de junio de 2017,
ocupando distintos cargos bajo las modalidades de nombramiento en provisionalidad o
en encargo, sin que ostentara derechos de carrera administrativa.

52. Se acreditó que la modificación de la planta de personal de la Fiscalía General de
la Nación respondió a razones de interés general, en particular a la necesidad de
implementar la Unidad Especial de Investigación, en cumplimiento de los compromisos
adquiridos en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera.

53. No obstante, el apelante, insiste en que a partir de la decisión de su traslado al
Chocó y de la información suministrada por el testigo Manuel Alberto Ayala Jaramillo, ex
empleado de la Fiscalía General de la Nación y también desvinculado por la supresión
de su cargo, no se acreditó en modo alguno que la decisión de retirarlo de la entidad
correspondía a motivos distintos al interés público.

54. En este aspecto particular, como lo señala el Tribunal Administrativo del Chocó en
su análisis, no se considera que el hecho del traslado, o la información de este testigo
constituya evidencia suficiente para demostrar que el proceso de reorganización
analizado hubiera tenido por objetivo vulnerar los derechos del demandante.

55. Por el contrario, existe un marco normativo amplio y una serie de compromisos
adquiridos por el Estado Colombiano, que dan cuenta de las motivaciones de los actos
demandados, los cuales conllevaron a la desvinculación de personal de la Fiscalía
General de la Nación, por la causal de supresión del Cargo.

56. En este orden, los documentos aportados al proceso que demuestran que la
supresión de cargos en la entidad demandada obedeció a procesos de reorganización
institucional, en los que se cumplieron los procedimientos legales y no a asuntos o
retaliaciones particulares, desvirtúa la presunta desviación de poder y por ello se
mantiene la presunción de legalidad del acto demandado.

11

Radicación: 27001-23-33-000-2018-00051-01 (2399-2024)
Demandante: Billy Torres Cortés

57. Conforme con lo expuesto, se concluye que la decisión revisada en sede de
apelación no incurre en ninguno de los defectos señalados en el recurso. No se evidencia
una insuficiente valoración probatoria que permita inferir la existencia de hechos
irregulares en la decisión de desvinculación, ni una aplicación indebida de las normas
que regulan el caso. Por tal razón, se confirmará la decisión del Tribunal.
Condena en costas.

58. El artículo 188 del CPACA establece que la sentencia debe disponer sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso); y que, en todo caso, se condenará
en costas si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal de
conformidad con la modificación normativa introducida por la Ley 280 de 2021. De lo
anterior se colige que para la imposición de costas se deben emplear las reglas
establecidas en el artículo 365 del CGP y, además, se debe determinar si la demanda
carecía de fundamento legal o no.

59. Ahora bien, para la interpretación de las normas relativas a la disposición de
condena en costas, la jurisprudencia de esta Subsección ha adoptado un criterio objetivo
– valorativo según el cual deben encontrarse probados ambos elementos para que la
condena resulte procedente:
“b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien
para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.”10

60. En cuanto al elemento objetivo, si bien en principio solamente se tenían en cuenta
las reglas dispuestas en el Código General del Proceso, en la actualidad su análisis
impone también el estudio de la regla introducida por la Ley 2080 de 2021 en el artículo
188 del CPACA relativa a si la demanda carecía o no de fundamento legal.

61. En el caso concreto, la Sala considera que no se configura el elemento objetivo
para la imposición de costas, en tanto no se advierte que el recurso de apelación
careciera manifiestamente de razonabilidad jurídica. Si bien las causales de nulidad
invocadas por el apelante no fueron acogidas, su desestimación obedeció a la falta de
acreditación probatoria de los hechos alegados y no a una carencia evidente de sustento
jurídico en sus planteamientos.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia

de 7 de abril de 2016, Rad. No. 13001233300020130002201. C.P. Alfonso Vargas Rincón.

12

Radicación: 27001-23-33-000-2018-00051-01 (2399-2024)
Demandante: Billy Torres Cortés

62. Al no encontrarse configurado el elemento objetivo, se prescindirá del estudio del
elemento valorativo y se abstendrá de la condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo del Chocó.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Consejeros de Estado en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

13

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.