Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00455-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00455-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-00455-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
28 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00455-01 (1334-2021)
Demandante: Sol Ángel Delgado Rodríguez
Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación
Temas: Declaratoria de insubsistencia – Nombramiento provisional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 19 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Sol Ángel Delgado Rodríguez, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
los siguientes actos: i) Decreto 3536 del 10 de julio de 2017, que nombró al señor
1
Folios 1 a 9.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00455-01 (1334-2021)
Demandante: Sol Ángel Delgado Rodríguez
Yeison Ferney Rodríguez Bernal en el empleo de profesional universitario, código
3PU, grado 17; ii) Oficio 04928 del 24 de julio de 2017, que le notificó a la actora la
anterior decisión; y iii) Oficio OCI 346 del 9 de agosto de 2017, mediante el cual se
le informó a la interesada que el Oficio 04928 entraba en plena vigencia y, por lo
tanto, debía entregar el cargo que venía desempeñando como secretario
procuraduría, código 4SP, grado 13 de la Procuraduría Delegada para el Ministerio
Público en asuntos penales.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la Nación - Procuraduría General de la Nación a lo
siguiente: i) disponer el reintegro al empleo que venía desempeñando o a otro de
igual o superior categoría y sin solución de continuidad para todos los efectos
legales; ii) pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir como
consecuencia de su desvinculación irregular y hasta cuando ingrese nuevamente al
servicio; y iii) sufragar las costas procesales.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
i) El 17 de marzo de 1997, la señora Sol Ángel Delgado Rodríguez fue nombrada
como oficinista, grado 6 en la Procuraduría General de la Nación – PGN. El último
cargo desempeñado fue el de secretario procuraduría, código 4SP, grado 13 de la
Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en asuntos penales.
ii) La entidad demandad no expidió un acto administrativo que declarara la
insubsistencia del nombramiento de la actora, sino que se le comunicó la novedad
mediante el Oficio 04928 del 24 de julio de 2017.
iii) El 31 de julio de 2017, la demandante le informó a su nominador que acababa
de terminar su período de incapacidad médica, se encontraba en terapias para
recuperar su capacidad laboral y estaba próxima a pensionarse, por lo que antes de
disponerse su retiro se debió aplicar el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, referido a
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00455-01 (1334-2021)
Demandante: Sol Ángel Delgado Rodríguez
la protección reforzada.
iv) El 9 de agosto de 2017, por Oficio OCI 346, se le informó a la interesada que «en
atención a que el día de ayer se posesionó el señor YEISON FERNEY RODRÍGUEZ
BERNAL, en el cargo de profesional universitario, Código 3PU, Grado 17, el cual hacía
parte de una escalera en la cual usted había sido nombrada de manera temporal en
provisionalidad en el cargo de LUZ DARU (sic) OVIEDO RODRÍGUEZ, comedidamente
solicito hacer inmediato los trámites necesarios para la entrega de su cargo».
v) El 9 de agosto de 2017, la accionante le solicitó a la entidad un pronunciamiento
frente a su situación, por cuanto se encontraba en el denominado retén social.
vi) El 15 de septiembre de 2017, la PGN respondió que la administradora de
pensiones Protección S.A. reportó un total de 876 semanas cotizadas por parte de
la señora Delgado Rodríguez, por ende, no tiene la condición de prepensionada, ya
que le faltaban más de 3 años para acceder a la garantía de pensión mínima de
vejez.
vii) El 10 de octubre de 2017, Protección S.A. certificó que la demandante tenía un
total de 1.448 semanas cotizadas.
viii) La PGN incurrió en un error al computar el tiempo laborado, pues la actora se
desempeñó durante más de 20 años en la entidad, por lo que resultaba evidente
que contaba con más de 1.000 semanas cotizadas.
ix) El retiro irregular le generó graves consecuencias a la accionante, a su señora
madre e hijo, quienes también fueron desafiliados del sistema de salud.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 2, 13, 25, 29, 43 a 48, 53 y 90 de la
Constitución Política; 138 y 161 del CPACA; 23 de la Ley 640 de 2001; 12 de la Ley
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Demandante: Sol Ángel Delgado Rodríguez
790 de 2002; 13 del Decreto 648 de 2017; Leyes 82 de 1993 y 1232 de 2008;
Decreto 1716 de 2009.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo
siguiente:
i) La señora Sol Ángel Delgado Rodríguez debió ser protegida bajo la figura del
retén social, toda vez que le faltaban menos de tres años para acceder a la pensión
de vejez.
ii) De acuerdo con la Sentencia SU-897 de 2012, proferida por la Corte
Constitucional, la demandante tenía derecho a una protección reforzada con el fin
de permitirle cumplir la totalidad de los requisitos previstos por el legislador para
acceder a la aludida prestación y de esta forma materializar el principio de
favorabilidad que rige en asuntos laborales.
1.2. Contestación de la demanda
La Nación - PGN se opuso a las pretensiones de la demanda y esgrimió las
siguientes razones de defensa:2
i) Los derechos de quienes superan un concurso de méritos prevalecen sobre los
denominados prepensionados.
ii) La demandante fue retirada de servicio en razón a que «la señora LUZ DARY OVIEDO
RODRÍGUEZ, funcionaria de carrera que es la titular del cargo que ocupaba
provisionalmente la demandante de Secretaria Grado 10 (sic), perdió su encargo
como Profesional Universitario 17 toda vez que el mencionado cargo vacante fue
suplido una vez se realizó el concurso de méritos, nombrándose para el efecto al
señor YEISON FERNEY RODRÍGUEZ BERNAL».
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Folios 92 a 103.
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Demandante: Sol Ángel Delgado Rodríguez
iii) La vigencia del nombramiento de la demandante se condicionó a la duración del
encargo de la señora Oviedo Rodríguez, por ende, una vez culminó dicha situación
administrativa, debía disponerse la desvinculación de la señora Delgado Rodríguez.
iv) La demandante no tenía la condición de prepensionada cuando fue retirada del
servicio, por el contrario, para ese momento acreditaba los requisitos de edad y
semanas cotizadas para acceder a la garantía mínima de pensión de vejez, es decir,
que su situación pensional se encontraba consolidada.
v) Se proponen las siguientes excepciones: 1) ineptitud de la demanda por
deficiente argumentación del concepto de violación e inexistencia del Oficio OCI 346
de 2017; 2) inexistencia del derecho pretendido; y 3) genérica.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia del 19 de febrero de 2020, negó las pretensiones de la
demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:3
i) La accionante fue nombrada en un empleo que se encontraba en vacancia
temporal, ya que la titular estaba encargada en otra plaza; sin embargo, esa
situación administrativa culminó en razón a que se nombró a quien ocupó el primer
lugar en la lista de elegibles, motivo por el que la servidora encargada debía regresar
al empleo del cual ostentaba derechos de carrera.
ii) La PGN actuó dentro de los parámetros legales, por cuanto la terminación del
nombramiento de la actora obedeció al regreso de la titular del empleo.
iii) Al momento de la desvinculación, la accionante no tenía la condición de
prepensionada, pues había alcanzado la edad y semanas cotizadas requeridas para
acceder a la pensión mínima de vejez, es decir, que ya contaba con el estatus
3
Folios 118 a 133.
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Demandante: Sol Ángel Delgado Rodríguez
pensional.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado de la accionante interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos:4
i) Las Sentencias C-795 de 2009, T-802 de 2012, T-186 de 2013 y T-638 de 2016,
definieron el retén social y explicaron las diferencias de esa figura frente al concepto
de prepensionado, que corresponde a una categoría autónoma de protección de
cara a la estabilidad laboral, fundada en valores de orden Constitucional y orientada
a proteger los derechos fundamentales de ese grupo poblacional, en especial la
seguridad social y el mínimo vital, los cuales podrían verse amenazados si deja de
percibirse el salario o la pensión como fuente de sustento económico.
ii) La actora tenía la condición de prepensionada, por ende, tenía derecho a que se
siguieran efectuando las cotizaciones hasta cuando cumpliera los requisitos para
materializar su pensión de vejez.
iii) El cumplimiento de los requisitos para pensión no es garantía de su
reconocimiento y pago, razón por la que se debe salvaguardar al trabajador que ha
consolidado el estatus pensional «en el sentido de que su contrato no debe ser
terminado hasta que no haya sido incluido en la nómina de pensionados».
iv) La demandante fue retirada del servicio sin que se le hubiera incluido en nómina
de pensionados, con lo cual se le privó del ingreso para su sustento y el de su
familia, así como el acceso a la seguridad en salud.
v) La PGN debió adoptar las medidas tendientes a proteger a los provisionales que
estaban en el retén social y que se verían afectados por los resultados del concurso
de méritos surtido al interior de la entidad para proveer los cargos que ellos se
4
Folios 136 a 145.
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00455-01 (1334-2021)
Demandante: Sol Ángel Delgado Rodríguez
encontraban ocupando, así fuera mientras el titular estuviera en encargo.
vi) Tampoco «resulta justo que a quien de la noche a la mañana dejan sin su mínimo
vital, sin su seguridad social, hoy termine condenada incluso a pagar unas costas
que hacen más doloroso el reclamo de los derechos material y efectivamente
vulnerados».
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
La demandante y la Nación - PGN reiteraron los argumentos expuestos en las
respectivas etapas del proceso.5
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público rindió concepto y solicitó confirmar la sentencia
apelada por las siguientes razones:6
i) En la apelación la accionante modificó los argumentos expuestos en la demanda
y enfatizó en el deber que tenía la PGN de haber mantenido su vinculación hasta
cuando fuera incluida en nómina de pensionados. Al respecto, el Consejo de Estado
ha manifestado que la protección laboral reforzada prevista en el artículo 12 de la
Ley 790 de 2002 no se extiende hasta el reconocimiento y pago del beneficio
pensional, sino que culmina cuando el empleado cumple los requisitos de edad y
tiempo para acceder a la prestación.
ii) La inclusión en nómina de pensionados no dependía de la parte demandada, sino
de las gestiones que adelantara la interesada frente a la entidad administradora de
pensiones para obtener el reconocimiento de la prestación, pero tal actuación no se
evidencia en el expediente.
5
Memoriales visibles en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
6
Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00455-01 (1334-2021)
Demandante: Sol Ángel Delgado Rodríguez
iii) La accionante no allegó documentos que demostraran que debió permanecer en
el servicio por razones de salud o económicas que denotaran la urgencia de una
protección laboral reforzada, máxime cuando la señora Delgado Rodríguez podía
iniciar los trámites para acceder a su pensión de vejez.
iv) En este caso se debían privilegiar los derechos de carrera, es decir, que para
haber accedido a las pretensiones de la actora «hubiese sido menester la
disponibilidad de otras plazas en situación de vacancia para una eventual
reubicación».
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
El problema jurídico se contrae a determinar lo siguiente: i) si la demandante tiene
derecho a ser reintegrada al cargo de secretario procuraduría, código 4SP, grado 13,
de la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, o a otro
de igual o superior categoría dentro de la PGN y al pago de los emolumentos dejados
de devengar en razón a su desvinculación, teniendo en cuenta que, presuntamente,
el retiro se produjo sin atención a su condición de prepensionada; y ii) si la condena
en costas impuesta en primera instancia consulta los postulados de los artículos
188 del CPACA y 365 del CGP.7
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Encargo y nombramiento en provisionalidad
7
Código General del Proceso.
8
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Demandante: Sol Ángel Delgado Rodríguez
El artículo 125 de la Constitución Política dispuso que los empleos en los órganos y
entidades del Estado son de carrera con excepción de los de elección popular, libre
nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.
Por su parte, la PGN goza de un régimen especial,8 regulado por el Decreto Ley 262
de 2000, en el cual se implementó el sistema de carrera administrativa con el fin de
garantizar que las personas más idóneas ingresen a la función pública, así como
otorgar estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público.
En este contexto, el principio del mérito constituye un presupuesto de ingreso,
permanencia y ascenso en los empleos de la entidad demandada; sin embargo,
como medida excepcional, se ha admitido la posibilidad de realizar los
nombramientos en encargo o provisionalidad.
Al respecto, el artículo 185 del Decreto Ley 262 de 2000 dispuso que en caso de
vacancia definitiva de un empleo de carrera, el Procurador General podría nombrar
en encargo a empleados de carrera, o en provisionalidad a cualquier persona que
reuniera los requisitos exigidos para su desempeño.
En lo que atañe al personal de carrera, el encargo procede cuando se cumplan las
siguientes exigencias: i) reunir los requisitos previstos para el ejercicio del empleo;
y ii) haber obtenido calificación de servicios sobresaliente en el último año y una
calificación mínima del 70% sobre el total del puntaje en los cursos de reinducción
dirigidos a reorientar la integración del empleado a la entidad cuando se produzcan
cambios de normatividad u objetivos institucionales o avances tecnológicos.
El mencionado artículo 185 dispone que cuando un empleado de carrera es
nombrado en otro empleo bajo la modalidad de encargo, «[e]l empleo del cual sea
titular el servidor encargado podrá proveerse por encargo o en provisionalidad
mientras dure el encargo de aquél».
8
Ver artículo 279 de la Constitución Política y Sentencias C-391 de 1993 y C-356 de 1994, proferidas por la
Corte Constitucional.
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00455-01 (1334-2021)
Demandante: Sol Ángel Delgado Rodríguez
La anterior previsión fue reiterada por el artículo 187 ibidem al establecer que «[l]os
empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que
impliquen separación temporal de los mismos podrán ser provistos por encargo o
en forma provisional por el tiempo que duren aquellas situaciones».
A su turno, el artículo 188 ibidem dispuso que el procurador General de la Nación,
por razones del servicio, podría desvincular a un servidor nombrado en
provisionalidad o dar por terminado el encargo, aún antes del vencimiento del
término establecido para el efecto.
2.2.2. Estabilidad laboral reforzada
Con la expedición de la Ley 790 de 20029 se buscó renovar y modernizar la
estructura de la Rama Ejecutiva del orden nacional y por ello se ordenó la liquidación
o fusión de algunas entidades públicas, situación que ocasionó la modificación de
las plantas de personal de las distintas entidades y el retiro de servidores públicos.
Por tal razón, la norma creó una «protección especial» para aquellos que se
encontraran en una situación diferencial. En tal sentido se señaló:
Artículo 12. Protección especial. De conformidad con la reglamentación que
establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del
Programa de Renovación de la Administración Pública las madres cabeza de familia sin
alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los
servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para
disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados
a partir de la promulgación de la presente ley.10
De la anterior transcripción se destaca la especial protección conferida a los
denominados prepensionados, esto es, aquellos servidores a los que les falten 3
años o menos para cumplir los requisitos de acceso a la pensión de jubilación o
vejez, contados «desde el momento en que se concreta la necesidad de suprimir el
9
«Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública
y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República».
10
Texto subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-044 de 2004, en el
entendido de que la protección debe extenderse a los padres que se encuentren en la misma situación, en
aras de proteger la prevalencia de los derechos de los niños y el grupo familiar al que pertenecen.
10
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00455-01 (1334-2021)
Demandante: Sol Ángel Delgado Rodríguez
cargo».11 En efecto, dichos empleados no podían ser retirados del servicio, puesto
que debía protegerse su derecho pensional.
Aunque el retén social fue concebido para casos en los que las entidades públicas
se encontraban en reestructuración, la jurisprudencia12 ha manifestado que
respecto de los prepensionados esta es solo una de las situaciones en las que debe
ser aplicado, puesto que tal prerrogativa no se origina en un mandato legal, sino
que tiene su fundamento en la Constitución Política de 1991. Al respecto, se
expresó:13
Bajo tal entendimiento, la Corte Constitucional ha precisado que el fundamento del
reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada de los “prepensionados” no es un
asunto que dependa de un mandato legislativo particular y concreto, sino que tiene
raigambre constitucional, es decir, “opera para la satisfacción de los derechos
fundamentales de estos grupos poblacionales, que se verían gravemente interferidos por
el retiro del empleo público”; así las cosas, sostuvo que la mencionada estabilidad no
solo es aplicable en los casos que el retiro del cargo se sustenta en su supresión
ante la liquidación de la entidad, o en el marco de los procesos de restructuración
de la Administración Pública (retén social), siendo estos casos, apenas una
especie de mecanismo, dentro de los múltiples que pueden considerarse para
garantizar los derechos fundamentales involucrados por la permanencia en el
empleo público de los servidores próximos a pensionarse. [Resalta la Sala].
En consonancia con el anterior lineamiento, esta corporación ha definido las
siguientes reglas para la aplicación del retén social: i) la condición de prepensionado
la tienen los funcionarios a quienes les falten 3 años o menos para reunir los
requisitos de acceso a la pensión; ii) esta condición también se predica del servidor
de libre nombramiento y remoción, pero no excluye el ejercicio de la facultad
discrecional del nominador, teniendo en cuenta que la decisión de retiro debe
consultar, en cada caso concreto, la afectación de los derechos fundamentales del
funcionario; y iii) la protección de estabilidad laboral de prepensionado no se aplica
a quien tiene cumplidos los requisitos para adquirir la pensión.14
11
Corte Constitucional, Sentencia SU-897 de 2012.
12
Corte Constitucional, Sentencia T-186 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de febrero de 2016, radicado 05001 23
33 000 2012 00285 01 (3685-2013), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de febrero de 2016, radicado: 05001-
23-33-000-2012-00285-01 (3685-2013).
11
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Demandante: Sol Ángel Delgado Rodríguez
Por su parte, la Corte Constitucional ha expresado que la mera condición de
prepensionado no es suficiente para ordenar el reintegro de un trabajador sino que
es necesario evidenciar en cada caso concreto que la desvinculación pone en riesgo
su mínimo vital, teniendo en cuenta que la edad «es un indicador [de] la falta de
probabilidades de integrarse al mercado laboral que debe apreciarse junto con el
hecho de que el salario sea la única fuente de ingresos de este o, en todo caso, que
los ingresos por otros conceptos sean insuficientes para garantizar una vida en
condiciones dignas ante la ausencia del primero».15
2.3. Hechos probados
• El 17 de marzo de 1997, por Decreto 0392, el procurador General de la Nación
nombró en provisionalidad a la señora Sol Ángel Delgado Rodríguez como oficinista,
grado 6, código 5OF 06 88 en la Sección de Nómina y Registro.16 Posteriormente, se
expidieron varios actos de prórroga y nuevos nombramientos en provisionalidad.17
El último acto de nombramiento corresponde al Decreto 211 del 27 de enero de
2017, que designó a la accionante en provisionalidad «en el cargo de Secretario
Procuraduría, Código 4SP Grado 13, de la Procuraduría Delegada para el Ministerio
Público en Asuntos Penales, mientras dura el encargo de LUZ DARY OVIEDO
RODRÍGUEZ, con funciones en la Oficina de Control Interno».18
• El 10 de julio de 2017, por Decreto 3536, el procurador General de la Nación
nombró en período de prueba al señor Yeison Ferney Rodríguez Bernal, como
profesional universitario, código 3PU, grado 17. Agregó que, a partir de la posesión
del referido servidor, culminaría el encargo de la señora Luz Dary Oviedo Rodríguez,
quien venía ejerciendo ese empelo.19
15
Corte Constitucional, Sentencia T-357 de 2016.
16
Folio 11. El 31 de marzo de 1997, la actora tomó posesión del cargo (folio 12).
17
Información aportada en medio magnético (folio 107).
18
Folio 13. El 3 de febrero de 2017, la actora tomó posesión del cargo (folio 14).
19
Folio 76.
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Demandante: Sol Ángel Delgado Rodríguez
• El 24 de julio de 2017, por Oficio 004928, la secretaria General de la PGN le informó
a la actora la terminación de su relación laboral, con fundamento en lo siguiente:20
De manera atenta le comunico que el señor Procurador General de la Nación,
mediante el Decreto 3536 del 10 de julio de 2017, nombró al (a) señor (a) YEISON
FERNEY RODRÍGUEZ BERNAL, en el cargo de Profesional Universitario, Código 3PU,
Grado 17, el cual hace parte de una escalera en la que usted fue nombrado de manera
temporal en provisionalidad, en el cargo de LUZ DARY OVIEDO RODRÍGUEZ.
En consecuencia, a partir de la posesión de dicha persona culmina su vinculación
laboral con esta Entidad. Lo anterior en aplicación del artículo 188 del Decreto Ley
262 de 2000.
• El 31 de julio de 2017, envió comunicación a su nominador con el asunto «Oficio
004928 del 24 de julio de 2017» y le manifestó lo siguiente:21
En atención al asunto de la referencia, le informo que al regresar de mi incapacidad y
por prescripción médica me ordenaron terapias, para recuperar mi capacidad laboral.
Así mismo, al reintegrarme el día de hoy 31 de julio del presente año, fui notificada
que la provisionalidad del cargo que desempeñaba como Secretario Grado 13, del
cual es titular la señora LUZ DARY OVIEDO RODRÍGUEZ, quien se desempeñaba como
Profesional Universitario, Código 3PU, Grado 17 (E), cargo que según la lista de
elegibles va a ser ocupado por el señor YEISON FERNEY RODRÍGUEZ BERNAL.
Igualmente, le informo que me encuentro próxima a pensionarme, situación que debió
ser valorada antes debe (sic) notificarme la desvinculación de la entidad, en aplicación
de la protección reforzada prevista en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002,
reglamentado por el artículo 12 del Decreto Nacional 190 de 2003.
• El 9 de agosto de 2017, mediante Oficio OCI 346, la jefe de la Oficina de Control
interno le comunicó a la actora que el señor Yeison Ferney Rodríguez Bernal se
había posesionado como profesional universitario 3 PU-17, «el cual hacía parte de
una escalera en la que usted había sido nombrada de manera temporal en
provisionalidad en el cargo de LUZ DARY OVIEDO RODRÍGUEZ», por lo que entraba en
plena vigencia el Oficio 004928 del 24 de julio de 2017 y debía retirarse de la
entidad.22
20
Folio 15.
21
Folio 16.
22
Folio 25.
13
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Demandante: Sol Ángel Delgado Rodríguez
• El 9 de agosto de 2017, la accionante le informó a la Secretaría General de la PGN
que el 31 de julio de ese año había radicado un escrito ante el despacho de su
nominador con el fin de ponerle en conocimiento su situación laboral, pero que hasta
el momento no había obtenido respuesta y su jefa inmediata le estaba solicitando la
entrega del puesto de trabajo.23
• El 15 de septiembre de 2017, por Oficio 006547, la secretaría General de la PGN
le manifestó a la señora Sol Ángel Delgado Rodríguez que su fondo de pensiones
reportó un total de 876 semanas cotizadas, es decir que le faltaban más de 3 años de
aportes para acceder a la pensión mínima de vejez y, por lo tanto, no tenía la condición
de prepensionada.24
• El 10 de octubre de 2017, el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección certificó
que la demandante contaba con un total de 1.448,28 semanas cotizadas.25
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
2.4.1. Legalidad del retiro del servicio
La apelante solicitó revocar la decisión de primera instancia por considerar que al
momento del retiro tenía la condición de prepensionada y, por lo tanto, no podía ser
desvinculada antes de su inclusión en nómina de pensionados.
Frente a la anterior argumentación, la Sala advierte que la desvinculación de la
señora Sol Ángel Delgado Rodríguez se fundó en una causa legal para terminar el
nombramiento que se le había efectuado en provisionalidad como secretario
procuraduría, código 4SP, grado 13 en la PGN.
En efecto, dicha designación se realizó con el objetivo de cubrir la vacancia temporal
en que quedó el mencionado empleo, debido a que su titular fue encargada para
23
Folio 17.
24
Folios 19 a 20.
25
Folios 21 a 24.
14
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Demandante: Sol Ángel Delgado Rodríguez
ocupar otra plaza que se encontraba en vacancia definitiva dentro de la entidad
accionada.
A su vez, el empleo en vacancia definitiva estaba pendiente de proveerse a través
del sistema del mérito, para lo cual se venía adelantando el correspondiente
concurso público, conforme da cuenta el acto que nombró en período de prueba al
ganador del certamen.
De este modo, el empleo que estaba en vacancia definitiva, y que venía siendo
ejercido en encargo, debía ser provisto por quien ocupó el primer lugar en la lista de
elegibles, situación que también debía poner fin a la situación administrativa de
encargo. Igualmente, la servidora encargada tenía prelación para retornar a su
empleo, pues se trataba de una persona adscrita al sistema de carrera.
Bajo este contexto, se observa que el acto se motivó adecuadamente en la
normativa aplicable al encargo y al nombramiento en provisionalidad. Al respecto,
la Corte Constitucional ha precisado lo siguiente:26
6.5 Señala la Corte que como se desprende del texto mismo del artículo 44 del
Decreto 760 de 2005, cuando se produce la vacancia temporal en un cargo de
carrera, se autoriza la provisión del mismo sin previa convocatoria a concurso y por
encargo, lo que encuentra justificación en la necesidad de la continuidad en la
prestación del servicio público, sin que ello signifique que con posterioridad pueda
prescindirse de la realización del concurso para proveer el empleo conforme a las
reglas que regulan la carrera administrativa. Ahora bien, si como consecuencia de la
designación por encargo se produce a su vez una vacancia temporal, porque el
encargado no pueda simultáneamente desempeñar los dos empleos, el artículo 44 de
la norma que ahora se estudia autoriza que se efectúe un nombramiento provisional.
De tal manera que concluido el encargo, volverá entonces el titular del empleo
a su cargo original. [Resalta la Sala].
Aunque la anterior providencia se expidió en relación con el régimen general de
carrera, la regla decisional también es aplicable al sub lite, pues analizó la figura del
encargo que también constituye una modalidad de provisión de empleos dentro de
la PGN.
26
C-1175 de 2005.
15
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Demandante: Sol Ángel Delgado Rodríguez
De la referida sentencia, en armonía con los artículos 185, 187 y 188 del Decreto
Ley 262 de 2000, se concluye que el nombramiento en provisionalidad que se le
hizo a la actora para cubrir el empleo que quedó en vacancia temporal estaba atado
a una condición, esto es, que debía terminarse cuando la titular culminara su
encargo, pues se trataba de una servidora de carrera y tenía un derecho preferente
para ocuparlo.
De otro lado, la señora Sol Ángel Delgado Rodríguez sostuvo que al momento del
retiro gozaba de una estabilidad laboral reforzada en razón a que tenía la condición
de prepensionada.
Es preciso resaltar que esta corporación y la Corte Constitucional27 han explicado
que en orden a determinar la condición de prepensionado para las personas
afiliadas al régimen de ahorro individual con solidaridad – RAIS, como es el caso de
la actora, se debe acudir al artículo 65 de la Ley 100 de 1993, cuyo tenor es el
siguiente:
Artículo 65. Garantía de pensión mínima de vejez. Los afiliados que a los sesenta
y dos (62) años de edad si son hombres y cincuenta y siete (57) si son mujeres, no
hayan alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la
presente Ley, y hubiesen cotizado por lo menos mil ciento cincuenta semanas (1.150),
tendrán derecho a que el Gobierno Nacional, en desarrollo del principio de solidaridad,
les complete la parte que haga falta para obtener dicha pensión.
Parágrafo. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente
artículo se tendrá en cuenta lo previsto en los parágrafos del artículo 33 de la presente
Ley.
En el presente caso se encuentra acreditado que para la época de la desvinculación,
la interesada estaba afiliada al fondo de pensiones Protección, contaba con 57 años
de edad y 1.448 semanas cotizadas, es decir, que tenía cumplidos los requisitos
para acceder a una pensión mínima de vejez y, por lo tanto, no tendía la condición
de prepensionada, sino que su estatus pensional se encontraba consolidado y no
27
i) De la Corte Constitucional puede consultarse la Sentencia T-055 de 2020; ii) del Consejo de Estado pueden
verse las siguientes providencias: 1) auto del 17 de junio de 2021, Sección Segunda - Subsección B, radicado:
08001-23-33-000-2017-01469-01(0666-19); 2) sentencia del 30 de mayo de 2019, Sección Cuarta, radicado:
11001-03-15-000-2018-01930-01.
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Demandante: Sol Ángel Delgado Rodríguez
estaba pendiente de reunir ningún tipo de requerimiento adicional para acceder a la
prestación. Frente a este tipo de eventos, esta corporación ha sostenido lo
siguiente:28
c) La protección especial en razón a la condición de sujeto “pre pensionado”, resulta
aplicable siempre y cuando el servidor público esté próximo a pensionarse, es decir, le
falten tres (3) o menos años para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o
semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o vejez”, por
lo tanto, quien para la fecha de retiro del servicio ya tiene consolidado su estatus
pensional, no se encuentra en la situación fáctica de sujeto pre pensionable,
aunque sí goza de otro tipo de garantía otorgada por el legislador para la protección de
sus derechos fundamentales al mínimo vital y seguridad social, la cual se encuentra
establecida en la Ley 797 de 2003, en su artículo 9, parágrafo 1, al establecer que los
fondos encargados tienen el deber de reconocer la pensión en un tiempo no superior a
cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la
correspondiente documentación que acredite su derecho, motivo por el cual la persona
no quedará desamparada, pues tendrá derecho a disfrutar de la pensión.
De acuerdo con el anterior criterio interpretativo, se concluye que la actora no
gozaba de una garantía de inamovilidad bajo la figura del prepensionado, pues al
momento del retiro tenía adquirido su derecho a la pensión mínima de vejez.
Entonces, se entiende que cobraba valor la segunda garantía enunciada en la
sentencia citada, referente a la posibilidad que tiene el servidor de permanecer en
el empleo mientras se expide el acto de reconocimiento pensional; sin embargo, tal
beneficio no opera de manera automática, pues ello supone que previamente el
interesado hubiera solicitado la prestación ante su fondo administrador de
pensiones.
Igualmente, se debe precisar que la posibilidad de permanecer en el cargo mientras
se reconoce la pensión corresponde a una exigencia creada por el legislador para
que la administración pueda remover a un servidor bajo la causal establecida en el
artículo artículo 9, parágrafo 3, de la Ley 797 de 2003.
En efecto, dicha norma preceptúo que sería justa causa para culminar la relación
legal y reglamentaria, que el servidor público cumpla con los requisitos para tener
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de febrero de 2016, radicado: 05001-
23-33-000-2012-00285-01 (3685-2013).
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Demandante: Sol Ángel Delgado Rodríguez
derecho a la pensión, con la aclaración de que el retiro se verificaría «cuando sea
reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del sistema
general de pensiones».
Por su parte, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de la
referida potestad bajo la condición de que no se pueda dar por terminada la relación
laboral sin que se notifique debidamente la inclusión del interesado en la nómina de
pensionados.
Ahora bien, en este caso la PGN no retiró a la demandante bajo la mencionada
causal, sino en razón a que se cumplió la condición resolutoria a la que estaba sujeta
su nombramiento, esto es, la culminación del encargo que venía disfrutando la titular
del empleo.
También es pertinente resaltar que la actora no podía alegar su derecho a
permanecer en el servicio mientras fuera incluida en la nómina de pensionados, ya
que no había demostrado que se encontraba adelantando las gestiones pertinentes
ante su fondo de pensiones para obtener el pago de ese beneficio. Bajo ese
contexto, la administración no estaba llamada a esperar la culminación de un trámite
que no se estaba surtiendo.
Igualmente, se encuentra desvirtuada la vulneración a los derechos fundamentales
de la señora Delgado Rodríguez y los de su núcleo familiar, ya que el hecho de
haber consolidado el estatus pensional le permitía solicitar la pensión mínima de
vejez en el momento en que lo considerara pertinente, con lo cual quedarían
garantizados el mínimo vital y el acceso a la seguridad social en salud.
2.4.2. Costas de primera instancia
La señora Sol Ángel Delgado Rodríguez se opuso a la condena en costas impuesta
en primera instancia, por considerar que fue retirada del servicio en forma
injustificada e intempestiva y tal determinación hizo «más doloroso el reclamo de
los derechos material y efectivamente vulnerados».
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Demandante: Sol Ángel Delgado Rodríguez
Frente a lo anterior, es preciso indicar que, por mandato del artículo 188 del CPACA,
la imposición de las costas obedece a un criterio objetivo, sin que para ello deba
evaluarse la conducta de las partes. De este modo, al juez le corresponde efectuar
una estimación objetiva valorativa para comprobar que se causaron conforme con
los criterios fijados en el artículo 365 del CGP, sin que se requiera un examen de la
existencia de una actuación temeraria o de mala fe de los intervinientes.
En ese orden de ideas, de acuerdo con los criterios establecidos en las normas
referidas, no están llamados a prosperar los argumentos de la apelación en este
aspecto, toda vez que el tribunal gozaba de la facultad para disponer sobre costas
a favor de la parte vencedora teniendo en cuenta que i) se desestimaron las
pretensiones de la demanda y ii) se acreditó su causación puesto que la entidad
demandada contestó la demanda,29 asistió a la audiencia inicial en la que también
se emitió la sentencia apelada, presentó alegatos de conclusión en dicha
diligencia30 y aportó la certificación respecto a la ausencia de ánimo conciliatorio,
previa sesión del Comité de Conciliación de la PGN.31
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201632, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
29
Folios 92 a 103.
30
Folios 118 a 133.
31
Folio 135.
32
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
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Demandante: Sol Ángel Delgado Rodríguez
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el artículo 365 del
Código General del Proceso, la Sala condenará en costas de segunda instancia a
la parte demandante, por cuanto se resolvió desfavorablemente el recurso de
apelación interpuesto en el sub lite y la Nación - PGN intervino en esta instancia
presentando alegatos de conclusión.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices
interpretativas que regían la situación particular de la demandante, razón por la que
deberá confirmarse.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
20
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Demandante: Sol Ángel Delgado Rodríguez
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 19 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las
pretensiones de la demanda incoada por la señora Sol Ángel Delgado Rodríguez
contra la Nación - Procuraduría General de la Nación - PGN.
Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la demandante, las cuales
deberán ser liquidadas por el a quo.
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
cgg
21
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