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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-008-2018-00381-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-008-2018-00381-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 31 de octubre de 2025, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó el señor José Joaquín Arias García en contra de la Fiscalía General de la Nación. SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en esta instancia, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-008-2018-00381-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 76001-23-33-008-2018-00381-01 (0348-2026).
Demandante: José Joaquín Arias García.
Demandado: La Nación - Fiscalía General de la Nación.
Tema: Retiro del servicio por supresión del cargo.
Decisión: Confirmar la sentencia apelada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la
parte demandante contra la sentencia de fecha 31 de octubre de 2025, mediante la
cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. Con la demanda se solicitó la nulidad de la Resolución nro. 2358
del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se distribuyeron los empleos de la
Fiscalía General de la Nación —en adelante FGN—, que no fueron suprimidos con
el Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017, así como del Oficio nro. 26 de 30 de
junio de ese mismo año, a través del cual se le informó al accionante la supresión
del empleo que ocupaba.

3. Como restablecimiento del derecho solicitó: i) el reintegro sin solución de
continuidad al cargo que desempeñaba y; ii) el reconocimiento y pago indexado de
los salarios y prestaciones sociales dejadas de recibir durante el tiempo que ha
permanecido cesante.

4. Hechos. El señor José Joaquín Arias García ingresó a la FGN el 28 de
septiembre de 1992, y el último cargo que ejerció correspondió al de fiscal delegado
ante los tribunales del distrito, adscrito a la Dirección Nacional de Fiscalías de
Análisis y Contexto, en provisionalidad.

5. Para el año 2017 fueron concertadas sus metas laborales, las cuales, con corte
al 30 de junio de ese año, registraban un cumplimiento del 99.5%.

6. En observancia del Acto Legislativo nro. 01 de 2016, se expidió el Decreto Ley
898 de 2017, que modificó la estructura de la FGN. Posteriormente, se profirió la

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Demandante: José Joaquín Arias García

Resolución nro. 2358 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se distribuyeron
los cargos de la nueva planta de personal y se eliminaron tácitamente unos
empleos, entre ellos, el ocupado por el actor.

7. El 30 de junio de ese año, al señor Arias García le fue entregado el Oficio nro.
26, a través del cual se le informó la supresión de su cargo a partir del 1.° de julio
siguiente.

8. La Resolución nro. 2358 de 2017, sin ningún criterio objetivo se ocupó del
«poblamiento» de los cargos que subsistieron y ubicó arbitrariamente a algunas
personas; por ende, no existió un estudio técnico ni un juicio ponderado sobre el
mérito de quienes debían ocupar los cargos que pervivieron en la planta de personal
de la entidad accionada y de haberse aplicado, el demandante habría sido
seleccionado para continuar vinculado por cuanto su desempeño, antigüedad, carga
laboral y reconocimiento superaban ampliamente la de aquellos que
caprichosamente permanecieron vinculados.

9. Fundamentos de derecho. Para la parte actora, las decisiones demandadas
infringieron los siguientes artículos: 29, 53, 125 y 249 de la Constitución Política;
3.°, 68, 78 y 83 del Decreto Ley 20 de 2014; 3.° y 46 de la Ley 909 de 2004,
modificada por el Decreto 019 de 2012. En el concepto de violación expuso que:

10. Contrario a lo afirmado en el Oficio nro. 26 del 30 de junio de 2017, la supresión
del empleo del señor Arias García no ocurrió con la expedición del Decreto Ley 898
de 2017, sino con la Resolución nro. 2358 de 2017.

11. Añadió que los actos administrativos acusados fueron expedidos con infracción
de las normas en que debían de fundarse, habida cuenta que la supresión del cargo
del actor se produjo sin mediar concepto técnico, requisito previsto en el artículo 46
de la Ley 909 de 2004.

12. En consecuencia, previo a la materialización de la nueva planta de personal, se
debió elaborar un estudio técnico que determinara los empleados a incorporar en la
nueva planta y/o los empleos que serían destinatarios de supresión. Dicho análisis
requería un examen de las necesidades del servicio, los perfiles y las
particularidades de cada servidor, especialmente con el fin de garantizar los
derechos de quienes estuvieran en alguna situación que ameritara su protección
constitucional; sin embargo, la entidad omitió ese procedimiento y seleccionó de
manera arbitraria a los servidores que serían desvinculados.

13. De otra parte, manifestó que se desconoció el principio de mérito previsto en el
artículo 125 de la Constitución Política, en atención a que la FGN no tuvo en cuenta
la evaluación del desempeño del demandante, en donde obtuvo una calificación
sobresaliente y que a voces del artículo 78 del Decreto Ley 20 de 2014 resulta
determinante para la permanencia en el servicio. Asimismo, agregó que la carga
laboral del actor fue trasladada a otro fiscal, lo que demuestra que no existía causal

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justificativa para su retiro, además de que se mantuvieron en la planta de personal
a servidores con menor reconocimiento profesional e inferior desempeño.

14. Con tal omisión, los actos demandados incurrieron en las causales de nulidad
de falsa motivación y desviación de poder y, de contera, vulneraron los derechos
del accionante, quien tenía mayores condiciones y cualidades para permanecer al
servicio de la fiscalía en relación con el grupo de servidores cuyos empleos no
fueron suprimidos.

15. Contestación de la demanda1. Dentro de la oportunidad de ley, la accionada
contestó la demanda en los siguientes términos:

16. La fiscalía actuó en cumplimiento de un deber legal, en tanto que la supresión
del cargo del demandante obedeció a las facultades otorgadas en el Decreto Ley
898 de 2017.

17. Mediante el mencionado decreto, se creó al interior de la institución la Unidad
Especial de Investigación con el fin de desmantelar las organizaciones criminales
responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores de
derechos humanos, movimientos sociales o políticos y/o que amenacen o atenten
contra las personas que participen en la implementación de los Acuerdos y la
construcción de la paz.

18. Lo anterior, trajo consigo la modificación parcial de la estructura de la entidad y
la supresión de cargos, entre otras acciones.

19. La modificación de la planta de cargos en la FGN cumplió a cabalidad con los
parámetros constitucionales establecidos para esta clase de procesos, ya que: i) se
realizó dentro de los principios que rigen la administración pública; ii) su principal
propósito fue cumplir con los mandatos establecidos en el Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y; iii) se
garantizaron los derechos fundamentales de los servidores.

20. Así las cosas, propuso las excepciones de «inepta demanda por demandarse
un acto administrativo no sujeto a control judicial», «inepta demanda por no cumplir
con el requisito de procedibilidad de conciliación, teniendo en cuenta que no se
individualizó con precisión el acto administrativo a conciliar» y «cumplimiento de un
deber legal».

21. Sentencia de primera instancia2. El 31 de octubre de 2025, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca dictó sentencia en la que negó las súplicas de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte actora. Para sustentar su
decisión, concluyó lo siguiente:

1 Folios 102 a 119 del PDF 3 del expediente digital, el cual puede ser descargado en la opción de «Gestionar

documentos» de la plataforma SAMAI de primera instancia.
2 PDF «029Sentenciaque_20180038100reintegro» ejusdem.

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22. Los actos administrativos demandados están debidamente motivados en los
estudios técnicos e institucionales elaborados en el mes de enero de 2017, los
cuales incluyeron los análisis funcionales, las cargas laborales, los diagnósticos
organizacionales y los criterios de racionalización administrativa.

23. Asimismo, advirtió el operador judicial que el demandante no ostentaba
derechos de carrera ni alguna de las condiciones de retén social que ameritara una
especial protección constitucional. Por el contrario, solo acreditó que su vinculación
con la entidad demandada se hizo en provisionalidad, razón por la que no procedía
su incorporación de manera automática.

24. Por otro lado, sostuvo que el Consejo de Estado afirmó que la Resolución nro.
02358 de 2017 fue expedida en ejercicio de la facultad prevista en los artículos 62
y 63 del Decreto Ley 898 de 2017; por tanto, no era necesario una motivación
individualizada respecto de cada uno de los servidores cuyos cargos fueron
suprimidos.

25. Finalmente, aseguró que el buen desempeño de las funciones del empleado y
sus altas calificaciones no generan por sí solas fuero alguno de estabilidad ni
pueden limitar la potestad que el ordenamiento le concede al nominador máxime
cuando se trata de un ajuste realizado en el marco de implementación del Acuerdo
Final para la Paz.

26. Recurso de apelación3. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de
la parte demandante la recurrió en apelación. Con tales propósitos, arguyó lo
siguiente:

27. El tribunal limitó su análisis a verificar si la reestructuración de la fiscalía estuvo
precedida en estudios técnicos, cuando el verdadero cuestionamiento recaía sobre
los criterios empleados para proveer los cargos de la nueva planta de personal una
vez suprimidos los empleos anteriores.

28. En ese sentido, afirmó que: i) no se establecieron criterios objetivos para
determinar qué servidores continuarían vinculados a la entidad; ii) el mérito
constituía un parámetro objetivo y razonable que debía orientar dicha decisión y; iii)
el demandante contaba con una evaluación de desempeño superior a la de varios
funcionarios que sí fueron incorporados a la nueva planta de personal.

29. Reiteró que en el estudio técnico la FGN debió explicar las razones objetivas
que condujeron a la incorporación de unos empleados y la exclusión de otros; sin
embargo, ello no ocurrió, sino que se adoptó una decisión de forma arbitraria sin
ningún tipo de fundamento razonable y proporcional.

3 PDF «032Apelaciondese» ib.

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30. En conclusión, pese a no estar inscrito en carrera administrativa, el demandante
tiene derecho a que su permanencia dependa del mérito, ya que así lo dispuso la
Corte Constitucional y los artículos 68 y 78 del Decreto Ley 20 de 2014.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

31. La admisión del recurso4. Mediante auto de 17 de abril de 2026 se admitió el
recurso de apelación. Dentro de la oportunidad de ley solo intervino el Agente del
Ministerio Público, quien solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, bajo el
entendido que el recurrente no formuló argumentos sólidos que condujeran a
revocar la decisión inicial5.

32. Control de legalidad6. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

33. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,7 esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación.

34. Problema jurídico. De conformidad con los argumentos planteados por la parte
actora, la Sala debe resolver si ¿Existió ausencia de criterios objetivos para la
supresión de cargos y la realización de los nuevos nombramientos en la
reestructuración en la Fiscalía General de la Nación?

35. El caso concreto.

36. Marco constitucional y legal de la supresión de cargos al interior de la
Fiscalía General de la Nación.

37. Mediante el Acto Legislativo 01 de 7 de julio de 2016 «[p]or medio del cual se
establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el
desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera», se concedieron facultades al
presidente de la República para expedir Decretos con fuerza de ley, dirigidos a
«facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera»8.

4 Actuación visible en el índice 5 de la plataforma SAMAI.
5 Ver índice 11 ib.
6 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «[a]gotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
8 Ver artículo 2.°.

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38. Guiado por esa deferencia, se emitió el Decreto Ley 898 de 29 de mayo de
20179, dispositivo de carácter instrumental a través del cual se implementaron
desarrollos normativos tendientes a cumplir con los puntos del acuerdo final que
comprometían al ente investigador y relacionados, entre otros, con el «sistema de
seguridad en el ejercicio de la política y garantías para líderes y lideresas de
organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos
humanos» y la «lucha contra las organizaciones criminales y sus redes de apoyo,
incluyendo las que hayan sido denominadas sucesoras del paramilitarismo, que
representan la mayor amenaza a la implementación de los acuerdos y la
construcción de la paz».

39. Con tales fines, surgieron para el ente acusador una serie de retos ligados al
ejercicio de la potestad punitiva «especialmente en los acuerdos de participación
política, garantías de seguridad y víctimas» que le impusieron la obligación de «(i)
fortalecer la capacidad investigativa y de judicialización para procesar a quienes
atenten contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y quienes ejercen
la política, combatir la corrupción, intensificar la persecución penal de las
organizaciones criminales y los fenómenos criminales relacionados con drogas
ilícitas, […] (iii) implementar la Unidad Especial de Investigación para el
desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de
homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos,
movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las
personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de
la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como
sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo».

40. El cumplimiento de esas obligaciones generó la necesidad de ajustar la
estructura de la Fiscalía General de la Nación, con la consecuente e indispensable
modificación de su planta de personal. Así, en cuanto a la estructura se refiere, la
nueva organización quedó plasmada entre los artículos 25 y 55. Por su parte, la
supresión de cargos fue depositada en el artículo 59 ejusdem.

41. Se destaca que en el artículo 62 se estableció que, con ocasión al proceso de
reforma adelantado, la continuidad en el servicio estaría limitada por: i) la
incorporación a la nueva planta; ii) un nuevo nombramiento y; iii) la comunicación
de supresión del cargo respectivo. Asimismo, en el artículo 64 se condicionaron
todos los movimientos de personal a la no afectación, perdida o disminución de los
derechos de los servidores inscritos en carrera administrativa.

9 «Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el

desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que
atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que
amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción
de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del
paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos
para su conformación y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la
Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones».

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42. Al examinar la constitucionalidad de estos dos artículos, la Corte Constitucional
expresó:

«[…] El artículo 62 del Decreto Ley 898 de 2017 regula la continuidad en el servicio.
Se prevé que los servidores continuarán desempeñando las funciones del empleo
en el cual se encuentran nombrados y devengado su respectiva remuneración,
hasta tanto se produzca su incorporación, un nuevo nombramiento o se les
comunique la supresión de sus cargos, aclarando que “La supresión efectiva de los
cargos de los servidores que tienen causada la pensión, se efectuará una vez
ingresen en nómina de pensionados».

[…]

Dado que las modificaciones a la planta de personal de la Fiscalía General de la
Nación persiguen unos fines constitucionalmente válidos y que no se advierte
persecución sindical alguna, la Corte declarará exequibles los artículos 59, 60 y 61
del Decreto Ley 898 de 2017.

Sin embargo la Sala considera que dentro del proceso de ajuste institucional que se
surte, resulta necesario preservar los derechos de los trabajadores y la vigencia y
contenido del retén social, en el sentido de asegurar que los hombres y mujeres
cabeza de familia en los términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional; las
personas que a 29 de mayo de 2017, fecha de expedición del Decreto Ley 898 de
2017, les faltaren tres años o menos para cumplir los requisitos para obtener la
respetiva pensión; y las personas en condición de discapacidad, respecto de
quienes se suprimen los cargos que venían ocupando, no sufran la afectación de
sus derechos constitucionales. En este sentido, se declarará la exequibilidad
condicionada del artículo 62 del Decreto Ley 898 de 2017, en el entendido que las
personas a las que se ha hecho referencia, cuyos cargos hayan sido suprimidos con
ocasión del proceso de ajuste institucional, deberán ser reubicados o nombrados y
posesionados en otro cargo igual o del mismo nivel de los que se crean o de los que
se mantienen en la Fiscalía General de la Nación.

[…]

El artículo 64 del Decreto Ley 898 de 2017 trata sobre las incorporaciones y
movimientos de personal. Al respecto prevé que los cambios de personal que se
realicen como resultado de la modificación de la planta de personal de la Fiscalía
General de la Nación, “no generarán para los servidores que ostenten derechos de
carrera su pérdida o desmejora”. Lo anterior se ajusta a los dictados del artículo 125
Superior».10

43. De lo expuesto se concluye que la estabilidad laboral —incorporación a la nueva
planta de personal o reintegro en caso de ser posible— se extendió —por
disposición legal y por mandato de la Corte Constitucional— a los servidores de
carrera administrativa, a los prepensionados y los que se encontraran en
condiciones de discapacidad.

44. Precisado lo anterior, se destaca que en el citado canon no se identificaron los
empleos y las áreas misionales que serían objeto de supresión, de modo tal que
permitieran advertir, en esa primera instancia, los resultados concretos que ese
proceso de reestructuración tendría frente a todos los servidores de la entidad. En
este delimitado contexto, se indica que dicha orden contaba, a voces de ese

10 Sentencia C-013 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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dispositivo «[…] con el concepto técnico favorable del Departamento Administrativo
de la Función Pública y la viabilidad presupuesta (sic) del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público».

45. A pesar de ello, con la Resolución nro. 02358 de 29 de junio de 201711, la fiscal
general de la Nación (E) distribuyó los cargos de la planta de personal e identificó
las personas, los empleos, las dependencias y la ubicación laboral de los servidores
que continuarían prestando sus servicios a esa institución. En consecuencia, los
funcionarios que no fueron incluidos en esas decisiones fueron desvinculados al
considerar que sus cargos habían sido suprimidos.

46. Interrogante único: ¿Existió ausencia de criterios objetivos para la
incorporación de servidores a la nueva planta de personal de la Fiscalía General de
la Nación con ocasión de la reestructuración institucional adelantada en el año
2017?

47. Antes de resolver la litis del asunto, advierte la Sala que la inconformidad del
demandante no recae sobre los estudios técnicos que sirvieron de fundamento para
la reestructuración de la planta de personal, sino sobre la supuesta ausencia de
criterios objetivos —entre ellos, el mérito— para determinar qué servidores
continuarían vinculados a la FNG pese a la supresión de cargos.

48. Precisado lo anterior, se advierte que el actor se desempeñaba en
provisionalidad como fiscal delegado ante los tribunales de distrito y se encontraba
adscrito a la Dirección Nacional de Fiscalías de Análisis y Contexto.

49. Así las cosas, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia de esta
corporación12 y de la Corte Constitucional13, los servidores públicos nombrados en
provisionalidad gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia, que si bien
no equivale a las garantías propias de quienes ostentan derechos de carrera
administrativa, tampoco los asimila a los cargos de libre nombramiento y remoción,
razón por la cual su desvinculación debe obedecer a causas objetivas y
debidamente justificadas.

50. Por lo tanto, la estabilidad de un servidor vinculado en provisionalidad se
concreta en el deber de la administración de expresar los motivos que sustentan su
retiro, con el propósito de que el afectado cuente con los elementos necesarios para
valorar la viabilidad de acudir ante la jurisdicción contenciosa y controvertir la
legalidad del acto respectivo.

51. En el sub lite, la desvinculación del actor obedeció a la supresión del cargo como
consecuencia de la reestructuración institucional ordenada mediante el Decreto Ley

11 Aclarada-modificada por la Resolución 02386 de 30 de junio de 2017.
12 Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 24 de julio de 2025, expediente nro. 68001-23-33-000-2017-

00687-01 (2125-2023).
13 Sentencia SU-917 del 16 de noviembre de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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898 de 2017, por lo que su retiro se produjo por una causal objetiva -supresión del
empleo-, producto de los Acuerdos de Paz que suscribió el Gobierno Nacional.

52. Cabe resaltar que esta corporación14, al resolver controversias con supuestos
fácticos y jurídicos similares, ha concluido que tales desvinculaciones se ajustaron
al ordenamiento jurídico cuando el servidor afectado no ostentaba derechos de
carrera administrativa, no acreditaba una condición de especial protección
constitucional y tampoco demostraba un mejor derecho frente a quienes fueron
incorporados o permanecieron vinculados a la entidad.

53. En tal sentido, dado que el recurrente no acreditó la condición de servidor de
carrera ni demostró encontrarse dentro de alguno de los supuestos de especial
protección constitucional que justificaran un tratamiento distinto, la Sala concluye
que el acto administrativo mediante el cual fue retirado del servicio se ajustó al
ordenamiento jurídico.

54. Ahora bien, en la parte motiva de la Resolución nro. 2358 de 29 de junio de
201715, la fiscal general de la Nación (E) distribuyó los cargos de la planta de
personal de la entidad, con fundamento en las siguientes consideraciones:

«Que, mediante el Decreto Ley 898 de 2017, se creó la Unidad Especial de
Investigación para el Desmantelamiento de las organizaciones y conductas
criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra
defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos
o que amenacen o atentes (sic) contra las personas que participen en la
implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las
organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesor (sic) del
paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto
3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera, se determinan lineamientos básicos para su conformación y, en
consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la
Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones.

Que, como consecuencia de esta modificación, se hace necesario distribuir los
cargos de la Planta adoptada para cada área de la Fiscalía General de la Nación.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 26 del artículo 4° del Decreto
Ley 016 de 2014 y el artículo 63 del Decreto Ley 898 de 2017, el Fiscal General de
la Nación tiene la facultad de distribuir, trasladar y reubicar los empleos dentro de
las Plantas Globales y flexibles de la Entidad y determinar sus funciones, de acuerdo
con las necesidades del servicio, los planes, estrategias y los programas de la
Entidad».

55. De los anteriores considerandos podría concluirse, prima facie, que ese acto
administrativo carece de la motivación suficiente para entender y predicar que el
empleo del actor fue suprimido. Lo anterior, en razón a que en esos apartados no
se señalaron los parámetros que conllevaron a la administración a incorporar a la
nueva planta de personal los cargos allí descritos y, por contera, tampoco se

14 Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 4 de mayo de 2023, expediente nro. 25000-23-42-000-2018-

00130-01 (1204-2021), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
15 Cd obrante a folio 68 del expediente físico.

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identificaron los criterios que determinaron la supresión de aquellos que no se
beneficiaron con aquella medida.

56. Sin embargo, y atendiendo a que esa decisión devino del cumplimiento del
Decreto Ley 898 de 2017 —arriba reseñado—, es dable pregonar que la citada
Resolución contiene una motivación tácita que no solo dimana de aquél, sino
también de las reglas concebidas por la Corte Constitucional en la sentencia C-013
de 2018, que se concretan en garantizar la estabilidad laboral de: i) los servidores
inscritos en carrera administrativa; ii) los empleados que detentan la condición de
prepensionados y; iii) los funcionarios que se encuentran en condición de
discapacidad.

57. Así entonces, para esta Subsección es claro que la incorporación a la nueva
planta de cargos de unos funcionarios y el retiro de la institución de otros provino
del respeto de los anteriores parámetros, al punto que conllevó la supresión del
empleo desempeñado por el actor, que se encontraba vinculado en provisionalidad
y quien, además, no acreditó estar adscrito a algunas de las condiciones especiales
definidas por la Corte Constitucional para los fines de estabilidad laboral.

58. Bajo esa perspectiva, la existencia de unos criterios legales y jurisprudenciales
para garantizar el derecho al trabajo de los funcionarios de la Fiscalía General de la
Nación tornaba innecesaria la realización de un nuevo estudio técnico, pues se
contaban con elementos de juicio razonables y ponderados para adelantar los
movimientos de personal que el proceso de reestructuración requería.

59. Cabe destacar que esta corporación ha sostenido en múltiples oportunidades16
que la Resolución nro. 02358 del 29 de junio de 2017 es un acto administrativo de
naturaleza general, razón por la que no le era exigible una motivación particular o
criterios específicos frente a cada uno de los servidores desvinculados. Además,
también se concluyó que:

«[…] no podía exigirse la realización de un estudio técnico para cada uno de los
servidores que serían retirados o incorporados, ni se constituye en una exigencia la
exteriorización de las razones individuales del desempeño de la actora para decidir
su no continuidad, por cuanto el referido decreto y la resolución que lo materializó
reconducían a una única actuación tendiente a efectuar las modificaciones
necesarias a la planta de personal de dicha entidad con el fin de garantizar el
cumplimiento de los objetivos planteados en el «Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera»17.

60. En cuanto a la presunta vulneración del derecho a la igualdad, el señor Arias
García aportó un cuadro comparativo de las calificaciones obtenidas por algunos
fiscales delegados ante tribunal de distrito, en el que se evidencian puntajes
superiores e inferiores al suyo. No obstante, dicho documento no permite concluir

16 Ver entre otras, la sentencia del 8 de septiembre de 2023, expediente nro. 25000-23-42-000-2017-06162-01

(3097-2020); sentencia del 23 de marzo de 2023, expediente nro. 25000-23-42-000-2017-06163-01 (1729-2020)
y; sentencia del 2 de octubre de 2024, expediente nro. 25000-23-42-000-2017-06153-01 (7520-2023).
17 Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 5 de octubre de 2023, expediente nro. 76001-23-33-000-

2018-00243-01 (5761-2022), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Demandante: José Joaquín Arias García

que el porcentaje de cumplimiento del 99,5 % correspondiera a su evaluación
definitiva para la vigencia 2017, ni mucho menos que la permanencia de los demás
profesionales expertos no satisfizo los requerimientos legales y jurisprudenciales
sobre la materia.

61. En este punto, resulta pertinente recordar que la administración tiene
competencia para evaluar el desempeño laboral de los servidores nombrados en
provisionalidad; sin embargo, ello no implica una modificación de la naturaleza de
su vínculo ni les confiere los derechos propios de la carrera administrativa—artículo
83 del Decreto Ley 20 de 2014—. Por el contrario, dichas evaluaciones tienen por
finalidad garantizar la adecuada prestación del servicio, el cumplimiento de los
deberes funcionales y la satisfacción del interés general.

62. En un caso similar, esta Sección18 determinó que «no solamente este criterio19
es el único a observar en esta clase de incorporaciones, debido que además debe
prestarse atención a las necesidades del servicio y el perfil profesional de la persona
que se ajuste más a la nueva planta de personal», tesis que comparte esta Sala, ya
que en el estudio técnico adelantado se indicó que la consolidación y diseño de la
nueva estructura estaba precedida de la evaluación de las cargas de trabajo, la
revisión de los perfiles de los empleos y planta de personal, incluido su impacto
presupuestal.

63. Corolario, el presenta cargo no prospera.

64. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA., efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

65. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos en los que no se ventila un interés público, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA. se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia deberá imponer
costas sobre la parte vencida en el proceso, y su liquidación y ejecución se regirá
por las normas del CGP.20

66. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP. teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

18 Subsección “B”, sentencia del 15 de febrero de 2024, expediente nro. 25000-23-42-000-2017-05756-01, C.P.

César Palomino Cortés.
19 Se refiere a las calificaciones.
20 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad

corresponde al Código General del Proceso.

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67. En consecuencia, se impondrán costas a la parte actora, por cuanto en la
presente decisión no se acogieron los argumentos planteados en el recurso de
apelación por el presentado. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP., las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del respectivo
tribunal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 31 de octubre de 2025, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, presentó el señor José Joaquín Arias García en contra de la Fiscalía
General de la Nación.

SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en esta
instancia, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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