Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2018-00015-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2018-00015-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2018-00015-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2018-00015-01 (0697-2025)
Demandante: Miguel Alejandro Álvarez Ferrer
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Tema: Retiro del servicio por supresión del cargo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la
parte demandante contra la sentencia de fecha 24 de febrero de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
2. Pretensiones. Anular los siguientes actos administrativos: i) la Resolución nro.
2358 del 29 de junio de 2017, mediante la cual se distribuyeron los empleos de la
Fiscalía General de la Nación que no fueron suprimidos con el Decreto Ley 898 del
29 de mayo de 2017; ii) la Resolución nro. 2386 del 30 de junio de 2017, que aclaró
y modificó el acto administrativo anterior y; iii) el oficio nro. 203 del 30 de junio de
2017, por medio del cual se hizo efectivo el retiro del servicio.
3. Como restablecimiento del derecho solicitó: i) el reintegro sin solución de
continuidad al cargo de profesional experto y; ii) el reconocimiento y pago indexado
de los salarios y prestaciones sociales dejadas de recibir durante el tiempo que ha
permanecido cesante.
4. Hechos. Mediante la Resolución nro. 2552 del 21 de julio de 2016, el
demandante fue nombrado en el cargo de profesional experto en la Subdirección
Seccional de Apoyo a la Gestión de la Dirección Seccional de Bolívar.
5. En cumplimiento del Acto Legislativo nro. 01 de 2016, se expidió el Decreto Ley
898 de 2017, que modificó la estructura de la Fiscalía General de la Nación y
suprimió, entre otros, 91 cargos de profesional experto. Sin embargo, el mencionado
decreto también creó 5 empleos con igual denominación en la planta de personal
de la fiscalía, sin que en el manual de funciones se les asignaran funciones distintas
a las ya existentes.
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Demandante: Miguel Alejandro Álvarez Ferrer
6. Asimismo, con el aludido dispositivo se crearon 85 cargos de asesor III, cuyas
funciones son sustancialmente similares a las del empleo de profesional experto.
7. El 30 de junio de 2017, al señor Álvarez Ferrer le fue entregado el oficio nro.
203, a través del cual se le informó la supresión de su cargo a partir del 1.° de julio
de esa misma anualidad.
8. Mediante el oficio nro. 2017300026011 del 11 de septiembre de 2017 y en
respuesta a una petición formulada por la señora Elizabeth Gómez Mejía -otrora
profesional experta de la entidad-, el subdirector de Talento Humano de la
demandada afirmó que la administración no realizó ningún estudio técnico para
sustentar la supresión de cargos y, además, que mantuvo en la planta de personal
79 empleos de profesional experto provistos en provisionalidad entre los años 1995
a 2017 -con algunos interregnos-.
9. Finalmente, el actor sostuvo que la fiscalía no observó lo dispuesto en el
parágrafo 2º del artículo 103 del Decreto Ley 20 de 2014, según el cual no se
entiende configurada la supresión efectiva del empleo cuando, como resultado de
la modificación de la planta, los cargos de carrera de la nueva estructura son iguales
o equivalentes a los anteriores, o solo se diferencian por su denominación o nivel.
10. Fundamentos de derecho. Para la parte actora, las decisiones demandadas
infringieron los siguientes artículos: 125, 133 y 253 de la Constitución Política; 2.° ,
96 y 103 del Decreto Ley 20 de 2014 y 62 del Decreto 898 de 2017. En el concepto
de violación expuso que:
11. De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2.° del artículo 103 del Decreto
Ley 20 de 2014, si en la nueva planta de personal existe un empleo similar o
equivalente al que fue objeto de supresión y/o el único patrón de diferenciación es
la denominación o nivel, no se considera que sobre tal cargo operó la supresión.
12. Al realizar un comparativo entre las plantas de personal establecidas en los
Decretos Leyes 18 de 2014 y 898 de 2017, se advierte que a partir de este último
decreto se mantuvieron en la entidad 79 cargos profesionales expertos, cuyas
funciones, requisitos y remuneración no sufrieron ninguna variación en relación con
los empleos que fueron suprimidos. En consecuencia, el demandante tiene derecho
a ser incorporado o nombrado en alguno de esos cargos.
13. Con el Decreto Ley 898 de 2017 se crearon 85 cargos de asesor III, cuyas
funciones, propósito principal y requisitos de estudio y experiencia son similares a
los de los empleos de profesional experto.
14. Adicionalmente, el citado decreto estableció que, dado que la planta de cargos
es global, el Fiscal General de la Nación puede distribuir, trasladar y ubicar los
empleos de acuerdo con las necesidades del servicio y los planes y programas
institucionales.
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15. Por ende, con tales fines se debió elaborar un estudio técnico que determinara
los empleados a incorporar en la nueva planta y/o los empleos que serían
destinatarios de supresión. Dicho estudio requería un análisis de las necesidades
del servicio, los perfiles y las particularidades de cada servidor, especialmente con
el fin de garantizar los derechos de quienes estuvieran en alguna situación que
ameritara su protección constitucional.
16. No obstante, tal estudio no fue realizado, pues así lo reconoció el subdirector
de Talento Humano de la institución, al brindar respuesta a un requerimiento
efectuado por quien fungió como profesional experto y cuyo empleo fue objeto de
supresión.
17. Con tal omisión, los actos demandados incurrieron en las causales de nulidad
de falsa motivación y desviación de poder y, de contera, vulneraron los derechos
del actor, quien tenía mayores condiciones y cualidades para permanecer al servicio
de la fiscalía en relación con el grupo de servidores cuyos empleos no fueron
suprimidos.
18. Contestación de la demanda1. Dentro de la oportunidad de ley, la accionada
contestó la demanda en los siguientes términos:
19. La fiscalía actuó en cumplimiento de un deber legal, en tanto que la supresión
del cargo del demandante obedeció a las facultades otorgadas en el Decreto 898
de 2017.
20. Mediante el mencionado decreto, se creó al interior de la institución la Unidad
Especial de Investigación con el fin de desmantelar las organizaciones criminales
responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores de
derechos humanos, movimientos sociales o políticos y/o que amenacen o atenten
contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la
construcción de la paz.
21. Lo anterior, trajo consigo la modificación parcial de la estructura de la entidad y
la supresión de cargos, entre otras acciones.
22. La modificación de la planta de cargos en la Fiscalía General de la Nación,
cumplió a cabalidad con los parámetros constitucionales establecidos para esta
clase de procesos, ya que: i) se realizó dentro de los principios que rigen la
administración pública; ii) su principal propósito fue cumplir con los mandatos
establecidos en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción
de una paz estable y duradera y; iii) se garantizaron los derechos fundamentales
de los servidores.
1 Folios 102 a 118 del PDF CUADERNO 1 del expediente digital, el cual puede ser descargado en el índice 2
de la plataforma SAMAI.
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23. Así las cosas, propuso las excepciones de «inepta demanda por demandarse
un acto administrativo no sujeto a control judicial» y «cumplimiento de un deber
legal».
24. Sentencia de primera instancia2. El 24 de febrero de 2023, el Tribunal
Administrativo de Bolívar dictó sentencia en la que negó las súplicas de la demanda
y se abstuvo de condenar en costas a la parte actora. Con tal finalidad, concluyó:
25. Dentro de las pruebas incorporadas al expediente se encuentra el estudio
técnico denominado «ORGANIZACIÓN DE LA FISCALÍA DE LA GENTE, PARA LA
GENTE Y POR LA GENTE» de fecha 5 de enero de 2017 y que sirvió de insumo
para la expedición del Decreto Ley 898 de 2017 y la Resolución 2358 de 29 de junio
de 2017.
26. En ese documento se observa un análisis detallado de la estructura y
funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, así como la propuesta de
modificación organizacional. Sin embargo, y aunque en las disposiciones que arriba
fueron enunciadas no se determinaron los empleados cuyos cargos serían objeto
de supresión, si se facultó al Fiscal General de la Nación para que, conforme a los
parámetros consignados en ese estudio y de cara a las necesidades del servicio de
la institución, realizara las modificaciones pertinentes, sin desmejorar las
condiciones de los servidores de carrera ni de quienes se encontraran amparados
por el retén social.
27. El demandante no demostró tener derechos de carrera ni alguna de las
condiciones de retén social que amerite una especial protección constitucional. Por
el contrario, solo acreditó que su vinculación con la entidad demandada se hizo en
provisionalidad.
28. Así entonces, se reitera que el citado estudio técnico fue suficiente para
respaldar la renovación institucional, por lo que no era necesario que, con antelación
a la emisión de la Resolución nro. 02358 de 2017, se elaborara otro estudio, como
lo exigió la parte actora. Que, en un caso similar al actual, el Consejo de Estado
llegó a la misma conclusión que ahora se pone de presente (sentencia de 23 de
septiembre de 2021, expediente 25000-23-42-000-2017-05847-01).
29. En ese orden, el operador judicial de primera instancia concluyó que los actos
demandados se encontraban debidamente motivados y que las decisiones
adoptadas por el ente acusador se ajustaron a los fines previstos en el Decreto Ley
898 de 2017, por lo que se descartó el vicio de desviación de poder.
30. En torno a la reincorporación del demandante, el tribunal precisó -con apoyo en
la misma providencia citada- que, aunque la entidad no tenía la obligación de
reincorporar al actor, sí debía efectuar un análisis comparativo de las hojas de vida
de los servidores se mantendrían en sus empleos y los que no. Sin embargo, con
2 PDF 01 SentenciaPrimeraInstancia del expediente digital, el cual puede ser descargado en el índice 2 de la
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tales fines, no se no aportaron las pruebas que demostraran que las personas que
fueron reincorporadas no cumplieron con los requisitos mínimos exigidos para su
desempeño.
31. Finalmente, aseguró que: i) no se avizora ninguna nulidad en la afirmación que
la apoderada del actor hizo en cuanto a que las otrora subdirecciones seccionales
de apoyo se denominaron en la nueva estructura como subdirecciones regionales
de apoyo, pues tal reparo no evidencia de qué manera se trasgrede el ordenamiento
jurídico; ii) aunque el demandante aseguró que los cargos de profesional experto
que quedaron en la planta de personal de la entidad accionada, así como los
empleos de asesor III concebidos en la nueva organización son iguales o
equivalentes al ejercido por él, lo cierto es que el actor no tiene derecho a ser
reincorporado en alguno de ellos, por cuanto no demostró tener derechos de
carrera, estar en alguna condición de retén social y/o tener mejor derecho que las
personas que se mantuvieron en tales empleos.
32. Recurso de apelación3. Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de
la parte demandante la recurrió en apelación. Con tales propósitos, arguyó lo
siguientes puntos:
33. La supresión del empleo profesional experto no fue efectiva. El despacho
emitió su fallo a partir de apreciaciones subjetivas, con desconocimiento de la
totalidad de las pruebas aportadas y los derechos del demandante. En efecto, la
entidad demandada dispuso la supresión de algunos empleos sin un estudio o
análisis técnico que permitiera determinar los criterios o parámetros que se tuvieron
en cuenta para seleccionar los servidores que continuaban en la nueva planta de
personal.
34. La antigüedad y experiencia específica en el cargo fueron elementos que no
observó la entidad demandada, ya que los 79 cargos de profesional experto que
quedaron en la nueva planta fueron provistos con empleados provisionales, muchos
de ellos con vinculaciones posteriores al accionante.
35. Además, las Subdirecciones Seccionales de Apoyo a la Gestión pasaron a
denominarse Subdirecciones Regionales de Apoyo a la Gestión, pero mantuvieron
las mismas funciones que se desarrollaban bajo la vigencia del Decreto 016 de
2014, entonces, esa situación no es dable que afecte el empleo del señor Álvarez
Ferrer.
36. El estudio técnico para la expedición del Decreto Ley 898 de 2017. Contrario
a lo afirmado por el a quo, el estudio técnico del 5 de enero de 2017 no se ajustó a
los postulados del artículo 2.2.2.12.1 (sic) del Decreto 1083 de 2015, por cuanto i)
no contuvo las reglas de la reestructuración de la planta de personal y; ii) no dispuso
el procedimiento a seguir para la incorporación de los 79 cargos de profesional
3 PDF 04Recursoapelación15 del expediente digital, el cual puede ser descargado en el índice 2 de la plataforma
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experto en provisionalidad que permanecieron en la entidad, así como tampoco fijó
los criterios y objetivos para su escogencia.
37. Incorporación de empleados provisionales con ocasión de la supresión de
cargos. Sostuvo que no es de recibo el argumento relativo a que el demandante no
tenía derecho a la reincorporación porque su nombramiento era en provisionalidad,
pues reiteró que varios servidores que también estaban nombrados en las mismas
condiciones continuaron en la entidad, inclusive en el cargo de profesional experto.
38. La fiscalía en el estudio técnico debió explicar las razones objetivas que
condujeron a la incorporación de unos empleados y la exclusión de otros; sin
embargo, ello no ocurrió, sino que se adoptó una decisión de forma arbitraria sin
ningún tipo de fundamento razonable y proporcional.
39. En conclusión, comoquiera que el estudio técnico no cumplió con los requisitos
establecidos por la ley para su elaboración, es evidente que el retiro del actor no
estuvo relacionado con la naturaleza propia de su nombramiento en provisionalidad,
sino en irregularidades dentro del proceso de supresión.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
40. La admisión del recurso4. Mediante auto de 10 de abril de 2025 se admitió el
recurso de apelación. Dentro de la oportunidad de ley solo intervino el agente del
ministerio público, quien solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, bajo el
entendido que el derecho a la reincorporación está previsto en favor del empleado
de carrera administrativa5.
41. Control de legalidad6. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
42. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,7 esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación.
43. Problemas jurídicos. De conformidad con los argumentos planteados por la
parte actora, se deben resolver los siguientes problemas jurídicos.
4 Actuación visible en el índice 04 de la plataforma SAMAI
5 Actuación visible en el índice 10 de la plataforma SAMAI
6 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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44. ¿La supresión de cargos al interior de la Fiscalía General de la Nación vulneró
el derecho a la estabilidad laboral del demandante?
45. ¿El estudio técnico del 5 de enero de 2017 incumplió lo dispuesto en los
artículos 2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015?
46. ¿Existió ausencia de criterios objetivos para la supresión de cargos en la
Fiscalía General de la Nación?
47. El caso concreto.
48. Marco constitucional y legal de la supresión de cargos al interior de la
Fiscalía General de la Nación.
49. Mediante el Acto Legislativo 01 de julio 7 de 2016 «[P]or medio del cual se
establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el
desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera», se concedieron facultades al
presidente de la República para expedir Decretos con fuerza de ley, dirigidos a
«facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera».8
50. Guiado por esa deferencia, se emitió el Decreto Ley 898 de 29 de mayo de
2017,9 dispositivo de carácter instrumental a través del cual se implementaron
desarrollos normativos tendientes a cumplir con los puntos del acuerdo final que
comprometían al ente investigador y relacionados, entre otros, con el «sistema de
seguridad en el ejercicio de la política y garantías para líderes y lideresas de
organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos
humanos» y la «lucha contra las organizaciones criminales y sus redes de apoyo,
incluyendo las que hayan sido denominadas sucesoras del paramilitarismo, que
representan la mayor amenaza a la implementación de los acuerdos y la
construcción de la paz».
51. Con tales fines, surgieron para el ente acusador una serie de retos ligados al
ejercicio de la potestad punitiva «especialmente en los acuerdos de participación
política, garantías de seguridad y víctimas» que le impusieron la obligación de «(i)
fortalecer la capacidad investigativa y de judicialización para procesar a quienes
atenten contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y quienes ejercen
la política, combatir la corrupción, intensificar la persecución penal de las
8 Ver artículo 2.°
9 «Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el
desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que
atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que
amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción
de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del
paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos
para su conformación y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la
Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones».
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organizaciones criminales y los fenómenos criminales relacionados con drogas
ilícitas, […] (iii) implementar la Unidad Especial de Investigación para el
desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de
homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos,
movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las
personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de
la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como
sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo».
52. El cumplimiento de esas obligaciones generó la necesidad de ajustar la
estructura de la Fiscalía General de la Nación, con la consecuente e indispensable
modificación de su planta de personal. Así, en cuanto a la estructura se refiere, la
nueva organización quedó plasmada entre los artículos 25 y 55. Por su parte, la
supresión de cargos fue depositada en el artículo 59 ejusdem.
53. Se destaca que en el artículo 62 se estableció que, con ocasión al proceso de
reforma adelantado, la continuidad en el servicio estaría limitada por: i) la
incorporación a la nueva planta; ii) un nuevo nombramiento y; iii) la comunicación
de supresión del cargo respectivo. Asimismo, en el artículo 64 se condicionaron
todos los movimientos de personal a la no afectación, perdida o disminución de los
derechos de los servidores inscritos en carrera administrativa.
54. Al examinar la constitucionalidad de estos dos artículos, la Corte Constitucional
expresó:
«El artículo 62 del Decreto Ley 898 de 2017 regula la continuidad en el servicio. Se
prevé que los servidores continuarán desempeñando las funciones del empleo en
el cual se encuentran nombrados y devengado su respectiva remuneración, hasta
tanto se produzca su incorporación, un nuevo nombramiento o se les comunique la
supresión de sus cargos, aclarando que “La supresión efectiva de los cargos de los
servidores que tienen causada la pensión, se efectuará una vez ingresen en nómina
de pensionados».
[…]
Dado que las modificaciones a la planta de personal de la Fiscalía General de la
Nación persiguen unos fines constitucionalmente válidos y que no se advierte
persecución sindical alguna, la Corte declarará exequibles los artículos 59, 60 y 61
del Decreto Ley 898 de 2017.
Sin embargo la Sala considera que dentro del proceso de ajuste institucional que se
surte, resulta necesario preservar los derechos de los trabajadores y la vigencia y
contenido del retén social, en el sentido de asegurar que los hombres y mujeres
cabeza de familia en los términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional; las
personas que a 29 de mayo de 2017, fecha de expedición del Decreto Ley 898 de
2017, les faltaren tres años o menos para cumplir los requisitos para obtener la
respetiva pensión; y las personas en condición de discapacidad, respecto de
quienes se suprimen los cargos que venían ocupando, no sufran la afectación de
sus derechos constitucionales. En este sentido, se declarará la exequibilidad
condicionada del artículo 62 del Decreto Ley 898 de 2017, en el entendido que las
personas a las que se ha hecho referencia, cuyos cargos hayan sido suprimidos con
ocasión del proceso de ajuste institucional, deberán ser reubicados o nombrados y
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posesionados en otro cargo igual o del mismo nivel de los que se crean o de los que
se mantienen en la Fiscalía General de la Nación.
[…]
El artículo 64 del Decreto Ley 898 de 2017 trata sobre las incorporaciones y
movimientos de personal. Al respecto prevé que los cambios de personal que se
realicen como resultado de la modificación de la planta de personal de la Fiscalía
General de la Nación, “no generarán para los servidores que ostenten derechos de
carrera su pérdida o desmejora”. Lo anterior se ajusta a los dictados del artículo 125
Superior».10
55. De lo expuesto se concluye que la garantía de estabilidad laboral -incorporación
a la nueva planta de personal o reintegro en caso de ser posible-, se extendió -por
disposición legal y por mandato de la Corte Constitucional- a los servidores de
carrera administrativa, a los prepensionados y los que se encontraran en
condiciones de discapacidad.
56. Precisado lo anterior, se destaca que en el citado canon no se identificaron los
empleos y las áreas misionales que serían objeto de supresión, de modo tal que
permitieran advertir, en esa primera instancia, los resultados concretos que ese
proceso de reestructuración tendría frente a todos los servidores de la entidad. En
este delimitado contexto, se indica que dicha orden contaba, a voces de ese
dispositivo «[…] con el concepto técnico favorable del Departamento Administrativo
de la Función Pública y la viabilidad presupuesta (sic) del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público».
57. A pesar de ello, con la Resolución 02358 de 29 de junio de 2017, 11 la fiscal
general de la Nación (E) distribuyó los cargos de la planta de personal, identificando
las personas, los empleos, las dependencias y la ubicación laboral de los servidores
que continuarían prestando sus servicios a esa institución. En consecuencia, los
servidores que no fueron incluidos en esas decisiones fueron retirados del servicio
al considerar que sus empleos habían sido suprimidos.
58. Primer interrogante: ¿La supresión de cargos al interior de la Fiscalía General
de la Nación vulneró el derecho a la estabilidad laboral del demandante?
59. Sobre el particular, la Sala observa que, conforme se indicó tanto en la demanda
como en el recurso de apelación, el demandante se desempeñó en provisionalidad
en el cargo de profesional experto, adscrito a la Subdirección Seccional de Apoyo a
la Gestión de Bolívar.
60. En ese contexto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia de esta
corporación12 y de la Corte Constitucional13, los servidores públicos nombrados en
provisionalidad gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia, que si bien
10 Sentencia C-013 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
11 Aclarada-modificada por la Resolución 02386 de 30 de junio de 2017.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A., C.P: Luis Eduardo Mesa Nieves, sentencia del 24 de
julio de 2025 identificada con el siguiente radicado: 68001-23-33-000-2017-00687-01 (2125-2023).
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-917 del 16 de noviembre de 2010, M.P: Jorge Iván Palacio Palacio.
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Demandante: Miguel Alejandro Álvarez Ferrer
no equivale a las garantías propias de quienes ostentan derechos de carrera
administrativa, tampoco los asimila a los cargos de libre nombramiento y remoción,
razón por la cual su desvinculación debe obedecer a causas objetivas y
debidamente justificadas.
61. Por lo tanto, la estabilidad de un servidor vinculado en provisionalidad se
concreta en el deber de la administración de expresar los motivos que sustentan su
retiro, con el propósito de que el afectado cuente con los elementos necesarios para
valorar la viabilidad de acudir ante la jurisdicción contenciosa y controvertir la
legalidad del acto respectivo.
62. En el sub lite, se advierte que la desvinculación del actor obedeció a la supresión
del cargo como consecuencia de la reestructuración institucional ordenada
mediante el Decreto Ley 898 de 2017, lo que quiere decir que el retiro del
demandante se produjo por una causal objetiva -supresión del empleo-, producto
de los acuerdos de paz que suscribió el gobierno nacional.
63. Cabe resaltar que esta corporación14, al resolver un caso con situaciones
fácticas y jurídicas similares, concluyó en aquella oportunidad que la demandante
no tenía derecho a la estabilidad laboral, por cuanto no desempeñaba un empleo
en carrera, no se encontraba ampara por una situación de especial protección
constitucional y tampoco acreditó un mejor derecho frente a quienes fueron
incorporados o permanecieron en el cargo de profesional experto.
64. Así las cosas, dado que el demandante no acreditó la condición de servidor de
carrera ni demostró encontrarse dentro de alguno de los supuestos de especial
protección constitucional que justificaran un tratamiento distinto, la Sala concluye
que no se configura vulneración de derechos fundamentales y, por tanto, no
prospera el cargo.
65. Segundo interrogante. ¿El estudio técnico del 5 de enero de 2017 incumplió
lo dispuesto en los artículos 2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015?
66. El apelante sostiene que el estudio técnico elaborado desconoció las
disposiciones legales del Decreto 1083 de 2015, por cuanto no definió las reglas
aplicables al proceso de reestructuración de la planta de personal, ni precisó el
procedimiento para la selección de los 91 cargos de profesional experto que serían
suprimidos, ni explicó los criterios que se adoptarían para su eliminación.
67. No obstante, al revisar la norma invocada por el recurrente, encuentra la Sala
que los antedichos artículos 2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015 disponen
que los estudios técnicos deben fundarse en metodologías de diseño organizacional
y ocupacional, que contemplen como mínimo: 1) análisis de procesos técnico-
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P: Carmelo
Perdomo Cuéter, Bogotá D. C., sentencia del 4 de mayo de 2023 expedida dentro del radicado identificado con
el número 25000-23-42-000-2018-00130-01 (1204-2021).
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misionales y de apoyo, 2) evaluación de la prestación de los servicios y, 3)
evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de los empleos.
68. Aclarado lo anterior, la Sala observa que el estudio técnico que sirvió de
sustento a la reestructuración de la Fiscalía General de la Nación se fundamentó en
la necesidad estricta de acatar las disposiciones derivadas del Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera,
suscrito por el Gobierno Nacional. Es más, contrario a lo señalado por el recurrente,
en la introducción del citado documento se precisaron los capítulos temáticos
abordados, así:
«En el primer capítulo, se consigna la naturaleza jurídica de la Fiscalía General de
la Nación, el objeto social y un recuento histórico desde su creación en la
Constitución de 1991, su evolución en su estructura y funciones.
En el segundo capítulo se relacionan los cambios normativos que han impactado
en la conformación actual de la entidad, desde su creación hasta el año 2016.
El tercer capítulo se ocupa de analizar el entorno en el cual se desenvuelve la
organización, destacando los factores de orden político, social, económico y
tecnológico, que inciden en el funcionamiento, desarrollo actual y futuro de la
entidad.
En el capítulo cuarto se consigna el análisis interno de la institución, en donde se
describe y analiza la plataforma estratégica de la FGN -misión, visión-, el modelo de
operación por procesos, la estructura actual, funciones generales, clientes y
usuarios; igualmente, se registran los resultados de la evaluación a la prestación de
los servicios de investigación y acusación que permiten evidenciar la problemática
de congestión judicial que aqueja a la entidad.
En el capítulo quinto se describe la estructura organizacional propuesta para la
Fiscalía General de la Nación, haciendo a su vez el análisis comparativo de las
dependencias nuevas y actuales, y las razones que motivaron su modificación.
A partir del capítulo sexto se inicia con la consolidación y diseño de la estructura
organizacional, continúa con el análisis de cargas de trabajo, perfiles de cargos y
planta de personal, incluido su impacto presupuestal.»
69. Asimismo, el estudio técnico incluyó un análisis comparativo detallado entre las
dependencias preexistentes y las de la nueva creación, exponiendo las razones que
justificaron su modificación, la consolidación y rediseño de la estructura
organizacional, la evaluación de las cargas de trabajo, la revisión de los perfiles de
los empleos y planta de personal incluido su impacto presupuestal.
70. Todo lo anterior se realizó con sujeción a los parámetros metodológicos y
técnicos establecidos en la «Guía de Rediseño Institucional de Entidades Públicas»
de julio de 2014, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública
(DAFP), instrumento que orienta los procesos de modernización organizacional en
las entidades públicas del orden nacional y territorial.
71. En el acápite 7.7. Área administrativa, se dispuso lo siguiente:
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«La modificación estructural de la Fiscalía necesaria para cumplir con los
compromisos establecidos en el Acuerdo Final, requiere un manejo gerencial del
área administrativa que incluya la tendencia actual de la austeridad inteligente en el
sector público. En este sentido, se propone una reducción en el número de
dependencias de la Dirección de Apoyo a la Gestión, como se mencionó
anteriormente, que pasa de 24 Subdirecciones Seccionales a 8 Subdirecciones
Regionales. Como consecuencia, hay una reducción importante en los cargos del
Nivel Directivo, Profesional y Asistencial (cargos de Auxiliar, Asistente, Secretario y
Conductor). Esto incide en la disminución en los gastos de personal (Tabla 34).
La atomización existente de algunas dependencias, tiene como consecuencia la
falta de coordinación y demora en la ejecución de los procesos en la entidad. Con
miras a la optimización de la comunicación interna y mayor articulación entre
dependencias, la parte misional de la Entidad, en cabeza de la Vice Fiscalía General,
se organiza en tres Delegadas: La Delegada para la Seguridad Ciudadana, la
Delegada contra la Criminalidad Organizada, y Delegada para las Finanzas
Criminales.
Esta reorganización estructural y el análisis de las cargas laborales, mostraron una
reducción significativa de cargos en todos los niveles, excepto en el Nivel Asesor,
toda vez que los cargos de este nivel serán los encargados de liderar las Secciones
de Fiscalía, Policía Judicial y Atención al Usuario en las 35 Direcciones Seccionales
del territorio Nacional.
La reducción del nivel Directivo, permitirá financiar la ampliación de cargos
misionales activos (Fiscales e Investigadores) que serán distribuidos a nivel
nacional, para aumentar la efectividad de las investigaciones a cargo.
En la Tabla 34, se evidencia la reducción de cargos en 4.706 y la disminución de
gastos de personal total en $495.659.163.645.
Tabla 1. Comparativo planta actual vs planta nueva
PLANTA ACTUAL PLANTA NUEVA
N° Costos Total N° Costos Total
Cargos NIVEL Anual Cargos NIVEL Anual
226 Directivo 61.104.789.156 95 Directivo 30.987.492.740
81 Asesor 15.332.666.460 119 Asesor 27.338.335.949
profesiona profesiona
9.009 l 1.472.084.767.359 7.444 l 1.223.317.997.437
17.163 Técnico 1.351.552.135.130 14.422 Técnico 1.137.640.770.026
2.357 Asistencia 105.885.350.408 2.050 Asistencia 91.015.948.718
Total 28.836 - 3.005.959.708.514 24.130 - 2.510.300.544.870
72. Así las cosas, considera la Sala que no son de recibo los reparos del recurrente,
dado que el estudio técnico desarrolló de manera integral y coherente los distintos
componentes requeridos para sustentar el proceso de reestructuración institucional,
aplicando una metodología de diseño organizacional y ocupacional que consideró:
i) el análisis de los procesos misionales y de apoyo; ii) la evaluación de la eficiencia
en la prestación de los servicios; y iii) la valoración de las funciones, perfiles y cargas
laborales de los empleos existentes.
73. De igual manera, el estudio enfatizó en la necesidad de fortalecer la
investigación y el ejercicio de la acción penal, con el propósito de potenciar las
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capacidades operativas de la Fiscalía General de la Nación en todo el territorio
nacional, en especial, en aquellas zonas con mayores índices de criminalidad, en el
marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz.
74. Tercer interrogante. ¿Existió ausencia de criterios objetivos para la supresión
de cargos en la Fiscalía General de la Nación?
75. En la parte motiva de la Resolución 02358 de 29 de junio de 2017 15, la fiscal
general de la Nación distribuyó los cargos de la planta de personal de la entidad,
con fundamento en las siguientes consideraciones:
«Que, mediante el Decreto Ley 898 de 2017, se creó la Unidad Especial de
Investigación para el Desmantelamiento de las organizaciones y conductas
criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra
defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos
o que amenacen o atentes (sic) contra las personas que participen en la
implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las
organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesor (sic) del
paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto
3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera, se determinan lineamientos básicos para su conformación y, en
consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la
Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones.
Que, como consecuencia de esta modificación, se hace necesario distribuir los
cargos de la Planta adoptada para cada área de la Fiscalía General de la Nación.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 26 del artículo 4° del Decreto
Ley 016 de 2014 y el artículo 63 del Decreto Ley 898 de 2017, el Fiscal General de
la Nación tiene la facultad de distribuir, trasladar y reubicar los empleos dentro de
las Plantas Globales y flexibles de la Entidad y determinar sus funciones, de acuerdo
con las necesidades del servicio, los planes, estrategias y los programas de la
Entidad».
76. Pues bien, de los anteriores considerandos, podría concluirse, prima facie, que
ese acto administrativo carece de la motivación suficiente para entender y predicar
que el empleo del actor fue suprimido. Lo anterior, en razón a que en esos apartados
no se señalaron los parámetros que conllevaron a la administración a incorporar a
la nueva planta de personal los cargos allí descritos y, por contera, tampoco se
identificaron los criterios que determinaron la supresión de aquellos que no se
beneficiaron con aquella medida.
77. Sin embargo, y atendiendo a que esa decisión devino del cumplimiento del
Decreto Ley 898 de 2017 -arriba reseñado-, es dable pregonar que la citada
resolución contiene una motivación tácita que no solo dimana de aquél, sino también
de las reglas concebidas por la Corte Constitucional en la sentencia C-013 de 2018,
que se concretan en garantizar la estabilidad laboral de: i) los servidores inscritos
en carrera administrativa; ii) los empleados que detentan la condición de
prepensionados y; iii) los funcionarios que se encuentran en condición de
discapacidad.
15 Cd obrante a folio 68 del expediente físico.
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78. Así entonces, para esta Subsección es claro que la incorporación a la nueva
planta de cargos de unos funcionarios y el retiro de la institución de otros, provino
del respeto de los anteriores parámetros, al punto que conllevó la supresión del
empleo desempeñado por el actor, que se encontraba vinculado en provisionalidad
y quien, además, no acreditó estar adscrito a algunas de las condiciones especiales
definidas por la Corte Constitucional para los fines de estabilidad laboral.
79. Bajo esa óptica, la existencia de unos criterios legales y jurisprudenciales para
garantizar el derecho al trabajo de los funcionarios de la Fiscalía General de la
Nación, tornaba innecesaria la realización de un nuevo estudio técnico, pues se
contaban con elementos de juicio razonables y ponderados para adelantar los
movimientos de personal que el proceso de reestructuración requería.
80. El actor alega que se desconoció el artículo 103, parágrafo 2° del Decreto Ley
020 de 2014, dado que no hubo supresión efectiva del empleo, pero en el proceso
se encontró que sí hubo tal supresión, al desaparecer de la planta 91 puestos de
profesional experto.
81. Cabe resaltar que esta corporación en múltiples jurisprudencias16 ha
establecido que la Resolución nro. 02358 del 29 de junio de 2017 es un acto
administrativo de naturaleza general, razón por la que no le era exigible una
motivación particular o criterios específicos frente a cada uno de los servidores
desvinculados.
82. Por último, frente a la posible vulneración del derecho a la igualdad, el
demandante no aportó pruebas para demostrar que tenía mejor derecho para que
su empleo no fuera eliminado en ese proceso de reestructuración, ni que la
permanencia de los demás profesionales expertos no satisfizo los requerimientos
legales y jurisprudenciales sobre la materia.
83. Corolario, el presenta cargo no prospera.
84. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del C.P.A.C.A., efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
85. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
16 Ver entre otras, la sentencia del 8 de septiembre de 2023 identificada con radicado nro. 25000-23-42-000-
2017-06162-01 (3097-2020), sentencia del 23 de marzo de 2023 identificada con radicado nro. 25000-23-42-
000-2017-06163-01 (1729-2020 y sentencia del 2 de octubre de 2024 identificada con radicado 25000-23-42-
000-2017-06153-01 (7520-2023).
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asuntos en los que no se ventila un interés público, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA. se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia deberá imponer
costas sobre la parte vencida en el proceso, y su liquidación y ejecución se regirá
por las normas del CGP.17
86. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP. teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
87. En consecuencia, se impondrán costas a la parte actora, por cuanto en la
presente decisión no se acogieron los argumentos planteados en el recurso de
apelación por el presentado. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP., las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del respectivo
tribunal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 24 de febrero de 2023, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda
que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
presentó el señor Miguel Alejandro Álvarez Ferrer en contra de la Fiscalía General
de la Nación.
SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en esta
instancia, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
17 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad
corresponde al Código General del Proceso.
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Demandante: Miguel Alejandro Álvarez Ferrer
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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