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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04661-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04661-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04661-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04661-01
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE
LA SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, EL CUAL ES MÁS RIGUROSO EN CUANTO A LA
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAUDOS ARBITRALES Y
SENTENCIAS DE ANULACIÓN. LO PRETENDIDO POR LA ACTORA ES REABRIR
EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL LAUDO ARBITRAL Y EL RECURSO
EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN. ASUNTO LEGAL Y ECONÓMICO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEFENSA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la actora contra la

sentencia de 29 de julio de 2026, mediante la cual la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES, actuando a

1
En adelante SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”-.

2

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ACTORA: E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de tutela

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al

acceso a la administración de justicia, a la defensa y al principio de

contradicción, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL DE

ARBITRAMENTO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA

(NORTE DE SANTANDER)2 y la SECCIÓN TERCERA -

SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO3 al haber proferido

el laudo arbitral de 13 de mayo de 2025 y la providencia de 27 de

febrero de 2026, respectivamente, esta última dentro del recurso

extraordinario de anulación identificado con el número único de

radicación 11001-03-26-000-2025-00098-00.

I.2.- Hechos

Indicó que el 25 de enero de 2017 suscribió el contrato núm. 041 con

la sociedad ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA LTDA.4,

cuyo objeto consistía en adelantar actividades, actuaciones y

acciones orientadas a lograr la devolución de excedentes de aportes

patronales provenientes de procesos de conciliación con

administradoras de seguridad social.

2
En adelante el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO.
3
En adelante SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”-.
4
En adelante OEP.

3

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Adujo que, al no lograr un acuerdo frente a la liquidación bilateral del

contrato, expidió la Resolución núm. 0061 de 16 de enero de 2018,

mediante la cual realizó su liquidación unilateral, definió los valores

económicos reconocidos con ocasión de la ejecución contractual y

efectuó el balance final correspondiente entre las partes.

Relató que, debido a lo anterior, la sociedad OEP presentó demanda

arbitral en su contra ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de

Comercio del municipio de Ocaña, con el objeto de dirimir las

diferencias originadas con ocasión del contrato núm. 041 de 25 de

enero de 20175.

Afirmó que el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO6 mediante laudo de

13 de mayo de 2025 la condenó a pagar a la OEP la suma de

doscientos veinticinco millones de pesos ($225.000.000),

equivalente al 15% de los $1.500.000.000 que ingresaron a su

cuenta en vigencia del citado contrato proveniente del FONDO DE

CESANTÍAS PORVENIR7, más intereses legales del 6% anual desde

el 21 de septiembre de 2017 y agencias en derecho por el valor de

5
Puso de presente que en dicho asunto se profirió un primer laudo arbitral de 3 de septiembre de 2019,
el cual fue anulado por el CONSEJO DE ESTADO, no por el fondo del asunto, sino porque el árbitro no
había sido designado mediante sorteo en debida forma.
6
El trámite arbitral fue identificado con el núm. 0001-2018 y fungió como árbitro único Fredy Alonso
Melo Criado.
7
En adelante PORVENIR.

4

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ACTORA: E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

$10.000.000.

Precisó que interpuso recurso extraordinario de anulación contra el

anterior laudo, el cual fue identificado con el número único de

radicación 2025-00098-00 y le correspondió por reparto a la

SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- que, en providencia de 27

de febrero de 2026, lo declaró infundado, al considerar que no operó

el fenómeno de la caducidad y el árbitro único era competente; no

se configuró la incongruencia alegada y la decisión sí contenía una

motivación probatoria.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la actora, el laudo arbitral de 13 de mayo de 2025 incurrió

en defecto fáctico por ausencia de motivación probatoria real y

motivación aparente, pues tuvo por probado el hecho generador del

pago sin valorar integralmente las pruebas del expediente ordinario

y sin explicar por qué los documentos mencionados demostraban

objetivamente que el ingreso efectivo de los recursos (los

$1.500.000.000), fue causado por la gestión contractual de la OEP,

lo cual fue convalidado por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN

“B”- al considerar suficiente la mera mención de documentos.

5

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Asimismo, resaltó que dicho defecto también se configuró por la

omisión en la valoración de las pruebas relevantes, en la medida en

que el laudo no confrontó de manera seria la Resolución núm. 0918

de 11 de noviembre de 2016, el contrato núm. 441 de 2007, la

gestión de la señora GLORIA AMPARO PARRA TOVAR, las

vigencias 1994-2001, las cesantías retroactivas, el Oficio núm. 100-

135.04 de 23 de marzo de 2017 y la tesis institucional sobre el origen

de los recursos.

Manifestó que la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- incurrió

en desconocimiento del precedente, por cuanto no aplicó

adecuadamente los estándares relativos al defecto fáctico, la

valoración probatoria irrazonable, la motivación suficiente y la

prohibición de convalidar decisiones judiciales basadas en rupturas

manifiestas entre lo probado y lo decidido.

Alegó que se configuraron los defectos sustantivo y orgánico, en

relación con la interpretación del alcance de la competencia arbitral

frente a la Resolución núm. 0061 de 16 de enero de 2018, mediante

la cual terminó y liquidó unilateralmente el contrato núm. 041 de

2017, toda vez que no se solucionó el problema de si el laudo arbitral

podía sustituir el valor económico definido unilateralmente sin que la

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OEP hubiera demandado oportunamente la legalidad de dicho acto

ante el juez contencioso administrativo.

Finalmente, sostuvo que los anteriores defectos fueron planteados

durante el trámite arbitral y en el recurso extraordinario de

anulación, en la medida en que insistió en que el problema no era el

ingreso del dinero sino la ausencia de prueba sobre la gestión causal

de la OEP; alegó la falta de motivación probatoria; cuestionó la

reproducción sustancial del laudo arbitral inicial; y advirtió la

incidencia de la decisión arbitral sobre la liquidación unilateral del

contrato.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] SEGUNDA. Como consecuencia del amparo solicitado,
dejar sin efectos la sentencia proferida por la Sección Tercera,
Subsección B, del Consejo de Estado, el 27 de febrero de 2026,
dentro del expediente No. 11001-03-26-000-2025-00098-00
(73227), mediante la cual se resolvió el recurso extraordinario
de anulación promovido por la E.S.E. Hospital Emiro Quintero
Cañizares contra el laudo arbitral del 13 de mayo de 2025.

TERCERA. Ordenar a la Sección Tercera, Subsección B, del
Consejo de Estado, o a la autoridad judicial que corresponda,
que dentro del término que prudencialmente fije el juez
constitucional, profiera una nueva decisión sobre el recurso
extraordinario de anulación, en la cual realice un examen

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constitucionalmente suficiente, integral y material de los
defectos planteados por la E.S.E. Hospital Emiro Quintero
Cañizares. (…)

CUARTA. Ordenar que, mientras se profiere la nueva decisión
sobre el recurso extraordinario de anulación, se suspendan los
efectos jurídicos y económicos derivados de la sentencia
accionada y del laudo arbitral del 13 de mayo de 2025, en
especial cualquier actuación orientada a exigir, ejecutar o hacer
efectivo el pago de la condena impuesta contra la E.S.E. Hospital
Emiro Quintero Cañizares, incluyendo capital, intereses,
agencias en derecho y costas.

QUINTA. Subsidiariamente, en caso de que el juez
constitucional considere que la vulneración de los derechos
fundamentales no puede ser corregida únicamente mediante
una nueva decisión del Consejo de Estado, solicito dejar sin
efectos el laudo arbitral del 13 de mayo de 2025, proferido
dentro del proceso arbitral promovido por Organización
Empresarial Pública Ltda. (OEP Ltda.) contra la E.S.E. Hospital
Emiro Quintero Cañizares, y adoptar las medidas necesarias
para restablecer el debido proceso, la motivación probatoria real
y el acceso efectivo a la administración de justicia.

SEXTA. De manera subsidiaria a las anteriores, ordenar a la
autoridad competente que adopte la decisión que en derecho
corresponda, garantizando que cualquier nuevo
pronunciamiento sobre la controversia respete el derecho
fundamental al debido proceso probatorio, valore de manera
integral y confrontada el acervo documental del expediente, y
explique de forma expresa si se encuentra o no probado que OEP
Ltda. causó contractualmente el ingreso de los $1.500.000.000
al Hospital.

SÉPTIMA. Adoptar cualquier otra medida de protección que el
Honorable Juez Constitucional estime necesaria, idónea y
proporcional para restablecer los derechos fundamentales
vulnerados y evitar que una condena fundada en motivación
probatoria aparente afecte de manera definitiva los recursos
públicos de una Empresa Social del Estado destinados a la
prestación del servicio público de salud. […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- solicitó

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declarar improcedente la solicitud de amparo de la referencia por no

cumplir con el requisito de la relevancia constitucional, toda vez que

lo pretendido por la actora es reabrir el debate probatorio sobre si

los $1.500.000.000 ingresados a su cuenta corresponden a la gestión

de la contratista o a actuaciones previas, lo cual fue objeto del

proceso arbitral y fue controlado -en los términos que la ley permite-

por la sentencia de anulación.

Asimismo, indicó que la sentencia de anulación no incurrió en los

defectos invocados y se profirió en el marco de competencia

establecido en el inciso final del artículo 42 de la Ley 1563 de 12 de

julio de 20128.

I.5.2.- El señor FREDY ALONSO MELO CRIADO, quien fungió

como árbitro único del TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, solicitó

declarar improcedente la presente acción por no cumplir con el

requisito de la subsidiariedad frente al laudo arbitral, por cuanto

contra este procedía el recurso extraordinario de anulación, el cual

ya fue resuelto y, además, aseguró que ambas decisiones fueron

proferidas con fundamento en la ley y la valoración adecuada de las

pruebas aportadas en su momento.

8
Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras
disposiciones.

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Agregó que el presente mecanismo constitucional no puede

emplearse como una tercera instancia ni modificar decisiones de

fondo, máxime cuando el laudo fue propio e independiente y aunque

fue proferido de manera similar al anterior, el cual no fue anulado

por su contenido, ese solo hecho no lo torna ilegal, pues se valoraron

las pruebas y se arribó a la misma conclusión.

I.5.3.- La sociedad OEP afirmó que la presente acción de tutela

resulta improcedente, debido a que las inconformidades de la actora

versan sobre una decisión autónoma del árbitro sobre situaciones

jurídicas no fundamentales discutidas en el trámite arbitral, lo que

además ya fue estudiado a través del recurso extraordinario de

anulación cuestionado, por lo que el mecanismo constitucional no

puede ser utilizado como una instancia adicional para que se realice

una nueva valoración del material probatorio y se emita

pronunciamiento alguno sobre lo que ya fue decidido por el juez

natural del asunto.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”-, mediante sentencia

de 29 de julio de 2026, declaró improcedente la solicitud de amparo

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de la referencia al considerar que no se cumplió con el requisito

general de la relevancia constitucional, toda vez que la parte actora

se limitó a presentar inconformidades con las decisiones

cuestionadas, en cuanto a la valoración probatoria efectuada

respecto del laudo arbitral y la presunta indebida interpretación

acerca de la competencia arbitral en lo que atañe a la providencia de

anulación, con el fin de emplear este mecanismo constitucional para

revivir el debate que fue definido por las autoridades competentes.

Resaltó que, si bien la actora alegó que las decisiones censuradas

incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo, orgánico y

desconocimiento del precedente, los argumentos están dirigidos a

que se acojan las tesis que propone acerca de la causa del pago de

$1.500.000.000 recibido el 14 de junio de 2017 proveniente de

PORVENIR y de la competencia del TRIBUNAL DE

ARBITRAMENTO frente a la resolución que liquidó de manera

unilateral el contrato cuyo incumplimiento dio origen a la

controversia, asunto que no revestía la relevancia necesaria para

abordar su estudio.

Afirmó que, aunque se alegó el desconocimiento del precedente, la

actora no desarrolló una suficiente carga argumentativa, pues se

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limitó a indicar que se desatendió la jurisprudencia constitucional

relacionada con la valoración probatoria, sin hacer referencia a cuáles

providencias aludía, por lo que resultaba imposible abordar su

análisis.

Así las cosas, concluyó que las inconformidades expuestas no

demuestran afectación constitucional alguna ni contienen la

suficiente carga argumentativa que acredite algún yerro de índole

constitucional que implique la vulneración de los derechos

fundamentales alegados, por lo que acceder a lo pretendido

implicaría invadir la órbita de competencia del árbitro y del juez de

anulación, como si este escenario constitucional hubiera sido

instituido como una instancia adicional al litigio suscitado, en el que

se defina de nuevo el debate ya zanjado en esos escenarios.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que se

revoque, para lo cual argumentó lo siguiente:

Señaló que, contrario a lo manifestado por el a quo, el asunto sí

reviste verdadera relevancia constitucional, comoquiera que no

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pretende reabrir indiscriminadamente el proceso arbitral, sino limitar

la impugnación a que se examine un problema que, a su juicio,

continúa sin una respuesta de fondo, esto es: “[…] si era

constitucionalmente admisible condenar a una Empresa Social del

Estado al pago del 15% de $1.500.000.000, dando por demostrado

que esos recursos fueron recuperados gracias a la gestión contractual

de OEP Ltda., cuando existían documentos directamente

relacionados con el origen y la gestión de esos dineros que no fueron

confrontados en el laudo, circunstancia que incluso fue reconocida en

la sentencia de tutela que ahora se impugna […]”.

Insistió en que si bien el laudo arbitral no carece de referencias

probatorias porque existen documentos que fueron mencionados por

el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, lo que se cuestiona es que las

pruebas no fundamentaban objetivamente la conclusión según la

cual fue la gestión contractual de la OEP la que causó la recuperación

de los $1.500.000.000.

Agregó que el error fue trascendental porque, de haberse valorado

de manera integral que los recursos reclamados podían provenir del

proceso de saneamiento de aportes patronales correspondiente a las

vigencias 1994-2001, adelantado previamente mediante el contrato

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núm. 441 de 2007 con la señora GLORIA AMPARO PARRA TOVAR,

y relacionado con los antecedentes administrativos que culminaron

en la Resolución núm. 000918 de 11 de noviembre de 2016, así como

con las cesantías retroactivas y las actuaciones institucionales que

desplegó directamente ante PORVENIR, la conclusión sobre la

supuesta gestión causal de la OEP habría podido ser distinta.

Además, reiteró que la sentencia de anulación incurrió en un defecto

constitucional propio al convalidar una motivación probatoria

aparente y renunciar a examinar si el laudo había resuelto

racionalmente el problema central del litigio, por lo que su intención

no era convertir el recurso en una segunda instancia sino impedir

que un laudo condenatorio se mantuviera con fundamento en una

indebida motivación.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

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concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

De la procedencia de la acción de tutela contra laudos

arbitrales y sentencias proferidas dentro de los recursos

extraordinarios de anulación.

La Corte Constitucional en sentencia T-131 de 19 de abril de 20229

9
M.P. Diana Fajardo Rivera.

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dispuso sobre el particular que, si bien es cierto, en principio,

resultan aplicables a los laudos las mismas causales tanto generales

como específicas para la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, su examen debe ser más riguroso y estricto,

de conformidad con lo establecido en la SU-174 de 14 de marzo de

200710.

Asimismo, la Alta Corte en sentencia T-225 de 23 de marzo de 201011

resaltó que, en la medida en que lo accesorio sigue la suerte de lo

principal, a la providencia que resuelve un recurso extraordinario de

anulación también le son aplicables las reglas sobre procedencia y

viabilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, para lo

cual el juez constitucional deberá confrontar la providencia con los

requisitos generales y específicos de procedibilidad.

Por su parte, la sentencia SU-033 de 3 de mayo de 201812 precisó

que el respeto por la decisión de los árbitros y la procedencia de la

acción de tutela supone analizar con especial detenimiento el

requisito general de la relevancia constitucional.

10
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
11
M.P. Mauricio González Cuervo.
12
M.P. Alberto Rojas Ríos.

19

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ACTORA: E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

Al respecto, en la mencionada sentencia T-131 de 19 de abril de

202213 dicha Corporación sostuvo lo siguiente:

“[…] La relevancia constitucional en materia de tutela
contra laudos arbitrales14 y contra sentencias que resuelven
el recurso extraordinario de anulación. En concordancia con lo
indicado en precedencia, demostrar la relevancia constitucional de
las afectaciones causadas por un laudo arbitral exige una sólida
carga argumentativa. Lo anterior, para que la acción de tutela no
se convierta en una instancia judicial que remplace las vías
ordinarias, de modo tal que las transgresiones alegadas sean
constitucionalmente significativas y trasciendan la esfera legal, el
carácter eminentemente económico de la controversia y la
inconformidad con las decisiones adoptadas por los árbitros.15

[…]

Así mismo, la Sala Séptima de Revisión determinó que carecen de
relevancia constitucional los asuntos que (i) se contraen a dirimir
discusiones estrictamente económicas o patrimoniales relacionadas
con la condena impuesta en el laudo arbitral; o (ii) tienen una
relación directa con la interpretación de un contrato o su valoración
probatoria por parte del tribunal de arbitramento.16 Precisó,
también, que el carácter económico de la discusión no
excluye, per se, la posibilidad de que el caso comprometa la
faceta constitucionalmente protegida del debido proceso, pero
además de los perjuicios económicos, debe demostrarse el
desconocimiento de un derecho fundamental o la intervención en
otros bienes y derechos constitucionalmente relevantes como la
libertad personal o la eficaz administración de justicia.17

44. Ahora bien, aunque específicamente la jurisprudencia
constitucional no ha realizado una distinción en la determinación
de los supuestos que acreditan la relevancia constitucional o la

13
M.P. Diana Fajardo Rivera.
14
Al respecto, ver especialmente, las consideraciones expuestas en las sentencias SU-033 de 2018.
M.P. Alberto Rojas Ríos. AV. Alejandro Linares Cantillo y T-133 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
15
En la Sentencia SU-033 de 2018 la Sala Plena refirió, a partir de Ferrajoli, que una distinción entre
los derechos fundamentales y los derechos patrimoniales consiste en que los primeros se destacan
“entre otras características por no ser negociables, mientras que los segundos establecen ‘relaciones
de dominio y de sujeción, es decir, de poder’.” Sentencia SU-033 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos. AV.
Alejandro Linares Cantillo. Criterio reiterado en la Sentencia T-354 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo. AV. Antonio José Lizarazo Ocampo. AV. Gloria Stella Ortiz Delgado.
16
Sentencia T-131 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
17
Ver sentencia T-102 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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tornan carente en el análisis de procedencia de la acción de tutela
contra laudos arbitrales y contra la sentencia que resuelve el
recurso extraordinario de anulación,18 importa señalar que en éste
último escenario sí ha precisado que se debe tener en cuenta la
naturaleza especial que enmarca al recurso extraordinario de
anulación y justamente el alcance restringido que tienen sus
causales de procedencia. Lo anterior porque es ese el escenario
natural para que el juez verifique la adecuación del laudo a la
Constitución respecto de las causales que están enfocadas en la
valoración del derecho al debido proceso por posibles errores in
procedendo y, en ese sentido, el análisis de relevancia
constitucional que se realiza en sede de tutela se torna más estricto
con miras a que el amparo no se utilice como un nuevo espacio
procesal para reexaminar cuestiones jurídicas y fácticas que fueron
objeto del proceso arbitral, o para cuestionar el criterio que empleó
el fallador dentro de su ámbito de autonomía19 […]”.

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, al

acceso a la administración de justicia, a la defensa y al principio de

contradicción y, en consecuencia, se dejen sin efectos el laudo

arbitral de 13 de mayo de 2025 y la providencia de 27 de

febrero de 2026, proferidos, respectivamente, por el TRIBUNAL

DE ARBITRAMENTO y la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”,

por medio de los cuales se resolvió la controversia planteada por la

18
Así ocurre, por ejemplo, en las Sentencias T-244 de 2007, SU-174 de 2007, SU-033 de 2018 y SU-
500 de 2015, entre otras.
19
Al respecto se pueden consultar las Sentencias SU-500 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez;
SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; y, SU-081 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.

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sociedad OEP en su contra y el recurso extraordinario de anulación

identificado con el número único de radicación 2025-00098-00.

A las citadas decisiones se les atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales invocados, habida cuenta que, a juicio de la actora,

incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo, orgánico y

desconocimiento del precedente, en síntesis, porque se tuvo por

probado el hecho generador del pago sin valorar integralmente las

pruebas del expediente y sin explicar por qué los documentos

mencionados demostraban objetivamente que el ingreso efectivo de

$1.500.000.000 fue causado por la gestión contractual de la OEP,

por lo que sostuvo que el laudo arbitral se fundamentó en una

motivación probatoria aparente que fue avalada por el juez de

anulación.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- que, mediante sentencia

de 29 de julio de 2026, declaró improcedente la solicitud de amparo

por incumplir el requisito general de la relevancia constitucional, por

cuanto encontró que lo pretendido era reabrir un debate ya zanjado

por las autoridades competentes.

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La parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia,

para lo cual indicó que, contrario a lo afirmado por el a quo, el

presente asunto sí reviste relevancia constitucional, toda vez que no

pretende reabrir el proceso arbitral sino que su inconformidad se

limita a que se resuelva de fondo si resulta constitucionalmente

admisible que fuera condenada al pago del 15% de $1.500.000.000,

con fundamento en pruebas que no demostraban objetivamente la

conclusión a la que se arribó según la cual fue la gestión contractual

de la OEP la que causó la recuperación de ese dinero.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que

debe resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual, en

primer lugar, se debe estudiar si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial, especialmente, contra un laudo arbitral y

una sentencia proferida dentro de un recurso extraordinario de

anulación y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL DE

ARBITRAMENTO y la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”-

vulneraron los derechos fundamentales invocados e incurrieron en

los defectos alegados.

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Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, especialmente contra laudos arbitrales y sentencias de

anulación, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito general de la relevancia constitucional.

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación20, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene
dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces
(artículos 228 y 230 de la Carta)”; por otro, evita que la acción

20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”.

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del
actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de
relevancia constitucional por la afección de sus derechos
fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional.

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no
puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida
para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial
que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de
relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que
se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una
cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en
cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a
una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios,
es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras

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palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un
asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad. Si bien no
siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional
de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha
sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de
diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los
antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de
1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al
debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y
que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que
es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente
debido proceso.

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29
CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas
de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías
esenciales son el derecho al juez natural; el derecho a presentar y
controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el
derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en
el proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas
procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de
los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios
secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y
arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y
contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de
manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de
procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se
trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como
lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917
de 2013. […]” (Destacado fuera del texto).

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Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 16 de junio

de 202221, precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como

finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal […]”. (Destacado fuera
de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela

21
M.P. Natalia Ángel Cabo.

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se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito: (i) evitar que se utilice para discutir asuntos de mera

legalidad; (ii) impedir que se convierta en una instancia o recurso

adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar

la competencia y la independencia del juez ordinario.

Ahora, de conformidad con lo expuesto en líneas anteriores, el

requisito general de la relevancia constitucional resulta más

exigente para la procedencia de la acción de tutela contra

laudos arbitrales y sentencias de anulación, de tal forma que

dicho presupuesto no se encuentra superado cuando i) el asunto

resulta estrictamente económico o versa sobre discusiones

patrimoniales relacionadas con la condena impuesta en el laudo o ii)

tiene una relación directa con la interpretación probatoria dada en

este último.

Se destaca que, aun cuando el carácter económico no excluye, per

se, la posibilidad de que se comprometan principios y derechos

constitucionales, en este caso se debe demostrar el desconocimiento

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de un derecho fundamental relevante como la libertad personal o la

eficaz administración de justicia.

Sumado a lo anterior, se debe tener en cuenta la naturaleza especial

del recurso extraordinario de anulación, así como su restringido

alcance, por lo que el estudio de la relevancia constitucional también

se torna más estricto, con el fin de que no se utilice a la acción de

tutela como un nuevo espacio en el que se pretenda reabrir un debate

fáctico o jurídico ya zanjado o para cuestionar el criterio del juez de

anulación dentro de su ámbito de autonomía.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia

que propone la parte actora implica la reapertura de un asunto que

ya fue resuelto tanto en el laudo arbitral como en el recurso

extraordinario de anulación, en la medida en que lo pretendido es

que se realice una nueva valoración probatoria, como si este

mecanismo constitucional se tratara de una instancia adicional.

En efecto, la inconformidad de la actora se sustenta en que fue

condenada al pago del 15% de $1.500.000.000, con fundamento en

pruebas que, a su juicio, no demostraban objetivamente que esos

recursos fueron recuperados gracias a la gestión contractual de la

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ACTORA: E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

OEP y, por el contrario, existían documentos directamente

relacionados con el origen de esos dineros que no fueron tenidos en

cuenta.

Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos que invoca la parte

actora como fundamento de la presunta vulneración de los derechos

deprecados, son los mismos que fueron puestos a consideración ante

el juez arbitral y la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que

ya fueron suficientemente debatidos por los jueces naturales del

litigio.

Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, se limita a una discusión sobre un asunto económico

y de mera legalidad, que gira en torno a la inconformidad con la

decisión adoptada en el laudo arbitral y en la sentencia de anulación,

lo cual fue resuelto de manera admisible. En efecto, revisada esta

última decisión de 27 de febrero de 2026, se observa que la

SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”-, frente a la indebida

valoración probatoria alegada por la actora bajo la causal 7 del

artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, precisó lo siguiente:

“[…] 46. Así las cosas, la decisión no tendrá motivación probatoria
cuando: (i) haya una ausencia absoluta de sustento probatorio o

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(ii) que las referencias de las pruebas que hizo el panel arbitral no
fundamenten objetivamente la decisión. En el asunto bajo estudio,
no se configura ninguna de las anteriores circunstancias:

46.1. En primer lugar, el recurrente aduce que el laudo tiene una
carencia absoluta de motivación probatoria, pues el laudo
simplemente mencionó que “’para este Tribunal está probado’,
pero no se refiere específicamente a qué pruebas constituyen el
sustento para su decisión o conclusión”. En relación con este
argumento, la Sala destaca que, en el recurso de anulación,
también se sostiene que del “abundante material probatorio
existente dentro del proceso, el tribunal sólo se refirió a los folios
544 a 561”. Así las cosas, es manifiesto que el propio Hospital
reconoce que el laudo sí contiene una referencia específica a
pruebas, por lo que no se configura carencia absoluta de
motivación.

46.2. En segundo lugar, el Hospital argumenta que las pruebas
referenciadas por el tribunal arbitral no fundamentan la decisión.
En relación con este punto, debe analizarse si el material probatorio
fundamenta efectivamente la decisión y está contextualizado en el
caso concreto. Todo lo anterior, sin embargo, sin desbordar el
límite del inciso final del artículo 42 consistente en que el juez de
anulación no se puede pronunciar sobre la valoración probatoria
realizada por los árbitros.

46.3. Así las cosas, ha de tenerse en cuenta que la controversia se
circunscribió a que el saldo de mil quinientos millones de pesos
($1.500.000.000) devuelto por el Fondo de Cesantías Porvenir al
Hospital no correspondía a gestiones propias de la contratista, sino
a actuaciones realizadas por fuera del contrato. Al respecto, la
entidad recurrente manifestó que el monto devuelto no fue
producto de las vigencias 2012-2016 (correspondientes al
contrato), sino a las vigencias de 1994-2001. Sobre el particular,
el árbitro indicó lo siguiente en las consideraciones del laudo:

Dice la parte demandada que la parte demandante, pretende
cobrar por aparentes gestiones suyas, tramites que fueron
realizados por la ESE, para la devolución de aportes patronales que
corresponden a la vigencia 1994-2001 dentro del contrato de
prestación de servicios No. 041 del 25 de enero de 2017, cuyo
objeto del contrato era saneamiento de aportes patronales para la
vigencia de 1994-2001 y que fueron reconocidas por la
Gobernación de Norte de Santander mediante resolución 00918 de
11 de noviembre de 2016.
Que la demandada se niega al pago total de la cuenta de cobro

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aduciendo que los valores cobrados no corresponden a la realidad
fáctica reflejadas en sus cuentas bancarias, y le desconoce la suma
de la consignación realizada por el FONDO DE CESANTIAS
PORVENIR, por MIL QUINIENTOS MILLONES PESOS
($1.500.000.000), dinero consignado tal como se refleja en los
documentos anexos y que la ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO
CANIZARES DE OCAÑA, ha cumplido con el pago del contrato
firmado No. 041 de 2017.

De conformidad con la realidad procesal, estamos frente a un
conflicto de naturaleza contractual, en donde la parte demandante,
manifiesta tener celebrado con la ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO
CAÑIZARES DE OCAÑA, el contrato No 041 del 25 de enero de
2017, contrato que tenía por objeto la prestación de servicios para
desarrollar todas las actividades, actuaciones y acciones
pertinentes para que en un plazo no superior a seis meses
aumentado en dos meses más, se lograra la devolución de
excedentes de aportes patronales provenientes de la conciliación
de aportes patronales con las diferentes entidades administradoras
de seguridad social por concepto de cesantías, salud, pensión y
riesgos profesionales a las que haya lugar, que dentro de la
vigencia del contrato gestionó para la entidad contratante la
recuperación de excedentes por la suma de MIL QUINIENTOS
MILLONES DE PESOS (1.500.000.000) razón por la cual, se habría
causado en su favor y en contra de la ESE HOSPITAL EMIRO
QUINTERO CANIZARES DE OCAÑA el pago del porcentaje acordado
como contraprestación(15%).

Para este Tribunal, está probado, con la confesión de las partes y
con la prueba documental que el contrato si (sic) existió y que se
trata de un contrato válido, en virtud de que las partes contratantes
tienen capacidad para contratar, el consentimiento no está
afectado por ningún vicio y además tiene un objeto y una causa
licita. Además de lo anterior, ninguna de las partes ha cuestionado
en este proceso la validez de dicho contrato, por lo que la discusión
para determinar la prosperidad de la pretensión se reduce a
constatar si la suma de los MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS
(1.500.000.000),.que (sic) se dice haber ingresado a las arcas de
la ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DE OCAÑA,
corresponden al desarrollo o a la ejecución del contrato de
prestación de servicios firmado entre las partes.

Advierte además este Tribunal, que tampoco existe discusión entre
las partes, sobre el hecho que los MIL QUINIENTOS MILLONES DE

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PESOS (1.500.000.000) ingresaron a la ESE HOSPITAL EMIRO
QUINTERO CANIZARES DE OCAÑA, la prueba documental obrante
en este proceso demuestra lo siguiente, que en fecha 14 de junio
de 2017,cuando aún estaba vigente el término de ejecución del
contrato, ingreso a la cuenta indicada en la certificación bancaria
que fue aportada por el Representante legal de la ESE HOSPITAL
EMIRO QUINTERO CANIZARES y radicada ante el Fondo de
Cesantías Porvenir S.A., por la señora María Antonia Valbuena
Gómez, en su condición de representante legal de la Organización
empresarial pública Ltda, mediante radicado No
010022207959600, lo cual se corrobora por este Tribunal a folio
544, dinero que como el mismo fondo de Cesantías Porvenir S.A.
manifiesta en la respuesta al radicado antes mencionado, el
concepto de dicho desembolso obedece a devolución de
excedentes, lo anterior conforme a folio 561.

También está acreditado en este proceso, con prueba documental
que no ha sido formalmente tachada de falsa, ni desconocida, que
la gestión o trámite para recuperar ese excedente por MIL
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.500.000.000), fue
adelantado por la sociedad demandante a través de su
representante legal conforme a los folios antes mencionados que
reposan en el expediente, los cuales demuestra fehacientemente
quien adelanto (sic) la gestión para la recuperación del excedente.

46.4. La Sala destaca que el árbitro mencionó dos pruebas para
considerar que la consignación fue efectivamente producto de las
gestiones del contratista:

46.4.1. En primer lugar, se hace mención al “acta de saneamiento
de aportes patronales de cesantías - RETROACTIVA AFP
HORIZONTE (Vigencia Año 2012-2013)”. Ese documento que tiene
fecha del 11 de noviembre de 2016 señala que existe un saldo a
favor del Hospital de “CIEN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCT/E
($100,552,923.00)”108. Este documento está suscrito por el
Gerente del Hospital y la Directora de Gestión del Empleador de la
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Porvenir.

46.4.2. En segundo lugar, el laudo hace referencia al documento
con radicado 010022207959600, presentado por la representante
legal de la convocante ante el Fondo de Pensiones Porvenir el 26
de mayo de 2017109. El documento, a su vez, tiene como anexos:

46.4.2.1. Una carta del “27 de mayo de 2017” dirigida a

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“PORVENIR CESANTÍAS” en la que el Gerente del Hospital
“solicit[a] que se realice el procedimiento correspondiente para la
revolución de saldos a favor de la ESE por valor de $1.500.000.000
(MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE)”110.

46.4.2.2. Un “ACTA DE SANEAMIENTO DE APORTES
PATRONALES CESANTÍAS – RETROACTIVA AFP PORVENIR
(Vigencia 2012-2016)” suscrita el 30 de enero de 2017 entre el
Gerente del Hospital y la Directora de Gestión del Empleador de la
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Porvenir111. En
este documento, acordaron lo siguiente: (…)

46.5. Tal como se puede observar, las anteriores pruebas
documentales (especialmente la segunda) sustentan
objetivamente que el árbitro haya considerado que el pago de mil
quinientos millones de pesos ($1.500.000.000) recibido por el
Hospital se referían a la ejecución del contrato celebrado con la
convocante.

46.6. En el recurso, la entidad planteó tres argumentos para
sustentar lo contrario: (…)

46.6.3.1. Lo anterior no es preciso si se tiene en cuenta que,
como se indicó previamente, en la parte considerativa el tribunal
expresamente hizo referencia a dicha resolución, así:

Dice la parte demandada que la parte demandante, pretende
cobrar por aparentes gestiones suyas, tramites que fueron
realizados por la ESE, para la devolución de aportes patronales que
corresponden a la vigencia 1994-2001 dentro del contrato de
prestación de servicios No. 041 del 25 de enero de 2017, cuyo
objeto del contrato era saneamiento de aportes patronales para la
vigencia de 1994-2001 y que fueron reconocidas por la
Gobernación de Norte de Santander mediante resolución 00918 de
11 de noviembre de 2016.

46.6.3.2. El árbitro, sin embargo, consideró que esa postura
quedó desvirtuada con la comunicación del 27 de mayo de 2017,
en la que la convocante solicitó al Fondo de Cesantías Porvenir el
pago de mil quinientos millones de pesos ($1.500.000.000). Cabe
reiterar que, de acuerdo con uno de los anexos de la comunicación,
ese monto.

46.7. En conclusión, tampoco prospera el cargo de laudo en

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conciencia, pues el laudo contiene una motivación y las pruebas
citadas sustentan objetivamente la decisión, al margen de que la
Sala comparta la valoración probatoria realizada por el árbitro
único. […]”.

Conforme con la transcripción en cita, la Sala advierte que los

motivos de inconformidad expuestos por la parte actora en el recurso

extraordinario de anulación del laudo, son los mismos en lo que se

fundamentó la solicitud de amparo de la referencia, de tal forma que

además de tratarse de un asunto meramente económico sin ninguna

connotación constitucional, lo que se pretende es cuestionar una

decisión judicial como si este mecanismo se tratase de un escenario

o instancia adicional, sin que en todo caso se vislumbre que las

autoridades accionadas pudieron haber actuado de forma

abiertamente arbitraria o desbordando los límites del principio de la

autonomía.

Lo anterior significa que lo pretendido por la actora es que el juez de

tutela haga una nueva interpretación de la valoración probatoria con

la finalidad de que se corrija el análisis que hizo tanto el TRIBUNAL

DE ARBITRAMENTO como la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN

“B”- y se acoja la interpretación que propone, como si el mecanismo

de amparo fuera una instancia o recurso adicional a los previstos.

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En ese orden de ideas, la Sala advierte que en el presente asunto no

se cumple con el requisito general de la relevancia

constitucional, toda vez que, aunque la accionante invoca diversos

defectos los argumentos que sustentan tales reproches no evidencian

una controversia de naturaleza iusfundamental, sino que se

encuentran dirigidos a pretender la corrección jurídica de las

decisiones adoptadas.

Además, como se indicó en líneas anteriores, dicho requisito para la

procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales y

sentencias de anulación no se encuentra superado cuando: i) el

asunto resulta estrictamente económico o versa sobre discusiones

patrimoniales relacionadas con la condena impuesta en el laudo o ii)

tiene una relación directa con la interpretación probatoria dada en

este último, lo cual es precisamente lo que ocurre en el presente

caso.

Asimismo, en lo que refiere al desconocimiento del precedente

alegado, es del caso destacar que tampoco se cumple el requisito de

la relevancia constitucional, dado que sus afirmaciones no cumplen

con la carga argumentativa, toda vez que la parte actora se limitó a

indicar que se desconoció el precedente relacionado con los

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estándares relativos al defecto fáctico, la valoración probatoria

irrazonable, la motivación suficiente y la prohibición de convalidar

decisiones judiciales basadas en rupturas manifiestas entre lo

probado y lo decidido, sin hacer alusión a providencia alguna.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa

del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

Sección22 ha indicado:

“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]” (Resaltado fuera del texto).

Ahora, sobre el incumplimiento del requisito de relevancia

constitucional en los debates que versan sobre un asunto

meramente económico y cuya falta de reconocimiento no

compromete ningún derecho fundamental, la Corte Constitucional en

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.

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la sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 201923, sostuvo lo

siguiente:

“[…] 3.6. Ausencia de relevancia constitucional
45. La finalidad de la acción de tutela es conjurar aquellas
situaciones en que la decisión de la autoridad judicial incurre
en graves falencias, de relevancia constitucional, que conllevan
una decisión incompatible con la Constitución. Por tal razón, la
jurisprudencia constitucional ha reiterado que uno de los
requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales es que el asunto tenga
evidente relevancia constitucional; esto es, que se oriente a la
protección de derechos fundamentales, “involucre garantías
superiores y no sea de competencia exclusiva del juez
ordinario”.

46. Dado que “la garantía de que cada órgano goce de
autonomía, en el sentido que debe poder desenvolverse y
desplegar su actividad por sí mismo, y autogobernarse, son
actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en el
ejercicio del poder público”, los órganos judiciales de cierre
“tienen entre sus competencias ‘la unificación de jurisprudencia
como forma de precisar con autoridad y vocación de
generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas del
ordenamiento jurídico”. […]

En tales términos, la acreditación de esta exigencia, más allá
de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie
desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo
mismo que una simple relación con aquel.

47.Con fundamento en lo anterior, esta Corte ha manifestado
que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a
saber: (i) preservar la competencia y la independencia
de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii)
restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones
de relevancia constitucional que afecten los derechos

Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019. Referencia: Expedientes T-
23

7.457.373, T-7.457.923 y T-7.466.562. M.P. Carlos Bernal Pulido

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fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

48.Primero, la controversia debe versar sobre un asunto
constitucional, pero no meramente legal y/o económico.
Según la jurisprudencia constitucional, las discusiones
de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho
de índole económico, deben ser resueltas mediante los
mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, dado
que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de
forma imprudente en asuntos de carácter netamente
legal o reglamentario”, so pena de “involucrarse en
[cuestiones] que corresponde definir a otras
jurisdicciones”. En tales términos, un asunto carece de
relevancia constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i)
cuando la discusión se limita a la mera determinación de
aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación
o aplicación de una norma “de rango reglamentario o legal”,
salvo que de esta “se desprend[a]n violaciones a los derechos
y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una
controversia estrictamente monetaria con connotaciones
particulares o privadas, “que no representen un interés
general”.

49. Segundo, “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico
que gir[e] en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental”. La Corte ha sostenido al unísono que la
cuestión debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional, dado que el único objeto de la tutela
es la protección efectiva, inmediata y subsidiaria de los
derechos constitucionales fundamentales. Por tal razón, es
necesario que “la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Esto
significa que el asunto debe ser trascendente para (i) “la
interpretación del estatuto superior”, (ii) su aplicación, (iii)
desarrollo eficaz y (iv) la determinación del contenido y alcance
de los derechos fundamentales. Lo anterior, exige al juez
“indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.

50. Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la

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jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del
juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra de una
sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una
actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría
“la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como
de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios. […]

52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por
los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial,
debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un
asunto meramente legal, con una connotación patrimonial
privada, (ii) que no tiene relación directa con la presunta
afectación de un derecho fundamental, y (iii) busca reabrir el
debate concluido por el juez ordinario, por cuanto no se
advierte prima facie una actuación arbitraria o ilegítima de la
autoridad judicial […]”.

Así las cosas, la Sala observa que la divergencia planteada en la

solicitud de amparo deviene de un asunto de contenido económico,

derivado de un debate estrictamente normativo y legal.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,

sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como

si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

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relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por

las autoridades judiciales accionadas, por lo cual el juez de tutela no

puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la solicitud

de amparo un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso

invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, especialmente, cuando se trata de laudos arbitrales y

sentencias de anulación, lo cual sólo es dable cuando se vulneran

derechos fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró

probado.

En consecuencia, la Sala confirmará la decisión del a quo que declaró

improcedente la presente acción de tutela por carecer del requisito

general de la relevancia constitucional y así se dispondrá en la parte

resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

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F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de septiembre de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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