Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2025-00098-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2025-00098-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2025-00098-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
27 de febrero de 2026
Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
Convocante: Organización Empresarial Pública Ltda.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Asunto: Recurso extraordinario de anulación
Radicación: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
Convocante: Organización Empresarial Pública Ltda.
Convocado: Empresa Social del Estado Hospital Emiro Quintero
Cañizares
La Sala resuelve el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la Empresa
Social del Estado Hospital Emiro Quintero Cañizares (en adelante, el “Hospital”) contra
el laudo proferido el 13 de mayo de 2025.
La Sala es competente para conocer del presente asunto en virtud de lo dispuesto por
el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012, Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional,
en adelante el “Estatuto Arbitral”, según el cual la Sección Tercera del Consejo de
Estado debe resolver los recursos de anulación formulados contra los laudos arbitrales
“en los que intervenga una entidad pública”. Lo anterior resulta aplicable al caso, dado
que en el proceso arbitral fue convocada una Empresa Social del Estado1.
SÍNTESIS2
La Organización Empresarial Pública Ltda. (en adelante, la “convocante” o la
“contratista”) celebró un contrato para obtener la devolución de los excedentes de los
aportes patronales realizados por el Hospital a entidades administradoras de seguridad
social. El contratista demandó al Hospital porque no le pagó la contraprestación
pactada. El tribunal arbitral dictó laudo en el que accedió a las pretensiones de la
demanda. El Hospital presentó recurso de anulación en el que alegó las causales 2 (la
caducidad y falta de competencia), 9 (incongruencia) y 7 (laudo en conciencia). La Sala
declarará infundado el recurso.
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte convocante
1. La convocante celebró con el Hospital el contrato No. 041 del 25 de enero de 2017,
1 El artículo 194 de la Ley 100 de 1993 preceptúa “Naturaleza. La prestación de servicios de salud en forma directa
por la Nación o por las entidades territoriales, se hará a través de las Empresas Sociales del Estado, que
constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio
propio y autonomía administrativa (…)” (destacado propio).
2 Tema: laudo – recurso de anulación – falta de competencia — caducidad — requisito de procedibilidad — laudo
en conciencia.
1
Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
Convocante: Organización Empresarial Pública Ltda.
cuyo objeto consistió en realizar “todas las actividades, actuaciones y acciones
pertinentes para que en un plazo no superior a seis (6) meses después de la firma del
presente contrato, basada en lo establecido en la Ley 715 de 2001 y reglamentado por
el Decreto 1636, de 2006 y el Decreto 2464 de·2014 logre la devolución de excedentes
de aportes patronales provenientes de la conciliación de aportes patronales con las
diferentes entidades administradoras de seguridad social por concepto de cesantías,
salud, pensión y riesgos profesionales a las que haya lugar”3.
2. Las partes estipularon la siguiente cláusula compromisoria:
Cláusula Decima Cuarta (sic) Compromisoria: La controversia o diferencia relativa
a esta (sic) contrato, a su ejecución, a su interpretación, a su liquidación, al
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el mismo, se resolverán
por un tribunal de arbitramiento designado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de
la Cámara de Comercio de Ocaña que se sujetará a lo dispuesto a (sic) la Constitución
y a la (sic) Leyes que lo reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo a las
siguientes reglas: a) El tribunal, (sic) estará integrado por uno o tres árbitros según
sea de menor o mayor cuantía. B) El funcionamiento del tribunal se sujetará al
reglamento del centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de Cámara (sic) de
Comercio de Ocaña o el Tribunal decidirá en derecho. El tribunal funcionará en las
Instalaciones del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Cartagena (sic)4 (negrillas dentro del texto).
3. El 14 de junio de 2018, la contratista presentó una demanda contra el Hospital ante
el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio
de Ocaña (Norte de Santander), en la que pretendió lo siguiente5:
PRIMERA: Declarar que la ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES, con
Nit. 890.501.438-1, (…) le adeuda a la empresa ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
PUBLICA LTDA (…) la suma de doscientos cincuenta y nueve millones doscientos
ochenta y cinco mil setecientos treinta pesos ($259.285.730), como resultado de la
ejecución del contrato de prestación de servicios especializados No 041, celebrado
en la ciudad de Ocaña, el día 25 de enero de 2017, suscrito para obtener la devolución
de excedentes de aportes del saneamiento de aportes patronales ley 715 de 2001-
decreto 1336 de 2006-decreto 2464 de 2014.
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración se le ordene a la ESE
HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES, con Nit. 890.501.438-1 (…) cancelar
de manera inmediata la suma de doscientos cincuenta y nueve millones doscientos
ochenta y cinco mil setecientos treinta pesos ($259.285.730) producto de la ejecución
del contrato de prestación de servicios profesionales No 041 a la ORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL PUBLICA LTDA (…).
TERCERA: Como consecuencia de la declaración PRIMERA se le ordene a la ESE
HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES, con Nit. 890.501.438-1 (…) cancelar
de manera inmediata junto con la suma de doscientos cincuenta y ·nueve millones
doscientos ochenta y cinco mil setecientos treinta pesos ($259.285.730), el valor de
los intereses causados por la mora en el pago de la obligación, producto de la
ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales No 041 a la
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA LTDA (…).
CUARTO: Condenar al demandado, ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO
CAÑIZARES, con Nit. 890.501.438-1 (…) al pago de las costas del proceso y
3 Índice 2 del Samai – archivo 3_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA1_0_20250730085125570.pdf – folio 12.
4 Índice 2 del Samai – archivo 3_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA1_0_20250730085125570.pdf – folio 13.
5 Índice 2 del Samai – archivo 3_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA1_0_20250730085125570.pdf – folio 1.
2
Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
Convocante: Organización Empresarial Pública Ltda.
agencias en derecho6 (negrillas y mayúsculas sostenidas en el original).
4. Las pretensiones de la demanda se sustentaron, en síntesis, en las siguientes
afirmaciones:
4.1. De acuerdo con la cláusula tercera del contrato, el Hospital pagaría el “15% sobre
el valor que ingresen (sic) efectivamente en la cuenta que la entidad determine para
tal fin consignado por las diferentes administradoras de seguridad social que son
objeto del proceso”7.
4.2. En desarrollo del contrato, entre otros recaudos, el Fondo de Cesantías Porvenir
le consignó al Hospital mil quinientos millones de pesos ($1.500.000.000). A pesar de
esto, la entidad contratante no pagó el quince por ciento (15%) correspondiente sobre
esa suma, razón por la cual le adeuda “doscientos cincuenta y nueve millones
doscientos ochenta y cinco mil setecientos treinta pesos ($259.285.730)”8.
B. La anulación de un laudo anterior
5. Con ocasión de la demanda, se tramitó un proceso arbitral que finalizó con el laudo
del 3 de septiembre de 2019, por medio del cual el árbitro único designado accedió a
las pretensiones de la demanda9.
6. Oportunamente, la parte demandada y el Ministerio Público presentaron sendos
recursos de anulación:
6.1. El Hospital adujo dos causales, pues consideró que la decisión (i) se profirió en
conciencia porque se ignoraron varias pruebas relevantes y (ii) fue extra petita en la
medida en que el tribunal arbitral no “desarrolló ni mencionó interpretación jurídica (…)
sobre el problema jurídico planteado”10.
6.2. El Ministerio Público indicó que se configuró la causal de indebida conformación
del tribunal arbitral, pues el árbitro único no fue elegido por sorteo sino que fue
designado directamente por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Ocaña11.
7.En sentencia del 30 de abril de 2021, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado anuló el laudo, con base en la siguiente argumentación:
7.1. El tribunal arbitral no se constituyó en debida forma, teniendo en cuenta que el
artículo 8 del Estatuto Arbitral establece que la “designación a cargo de los centros de
arbitraje se realizará siempre mediante sorteo”, pero el Centro de Conciliación,
6 Índice 2 del Samai – archivo 3_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA1_0_20250730085125570.pdf – folios 212 y 213.
Se transcriben las pretensiones subsanadas, pues inicialmente la demanda fue inadmitida dado que no era claro si
el medio de control se presentó por la Organización Empresarial Pública Ltda. o su representante legal actuando
en nombre propio.
7 Índice 2 del Samai – archivo 3_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA1_0_20250730085125570.pdf – folio 12.
8 Índice 2 del Samai – archivo 3_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA1_0_20250730085125570.pdf – folio 213.
9 Índice 2 del Samai – 5_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA3_2_20250730085127070.pdf – folios 299 a 319.
10 Índice 2 del Samai – 5_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA3_2_20250730085127070.pdf – folios 331 a 345.
11 Índice 2 del Samai – 5_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA3_2_20250730085127070.pdf – folios 347 a 356.
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Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
Convocante: Organización Empresarial Pública Ltda.
Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Ocaña escogió al
árbitro único de “manera directa”12.
7.2. LaSala advirtió que no se pronunciaría sobre las causales alegadas por el
Hospital, pues prosperó la invocada por el Ministerio Público.
C. Segundo trámite arbitral, laudo y recurso de anulación
8. El 21 de julio de 2021, la contratista solicitó la “instalación de un nuevo tribunal de
arbitramento”13, en virtud del artículo 43 del Estatuto Arbitral14, de la siguiente manera:
1. Convocar nuevamente tribunal de arbitramento con el ánimo de subsanar la
condición nulitativa y resolver las diferencias surgidas con ocasión al contrato No 041
de 2017.
2. Tener como soportes de la anterior solicitud la documentación que reposa en sus
archivos y que son fuente, prueba y fallo del tribunal recurrido, de radicado No 2018-
00001-0015.
9.Con base en lo anterior, se instaló un nuevo tribunal arbitral con un árbitro único 16,
que admitió la demanda que había presentado la contratista17. Oportunamente, el
Hospital se opuso a la demanda y alegó, entre otros, los siguientes dos asuntos18:
9.1. Es cierto que recibió el pago de mil quinientos millones de pesos ($1.500.000.000),
pero ello fue producto de una gestión realizada por otra contratista que se encargó de
sanear los aportes patronales de las vigencias de 1994 a 2001 19. Así, el dinero
consignado corresponde a recursos que estaban en custodia de la Tesorería General
del Departamento de Norte de Santander y fueron trasladadas al Fondo de Pensiones
y Cesantías Porvenir S.A., entidad que, a su vez, los restituyó al Hospital.
9.2. El Hospital expidió la Resolución 0061 del 16 de enero de 2018, por medio de la
cual liquidó unilateralmente el contrato, con antelación a que la contratista presentara
la demanda arbitral. En ese acto se estableció que se le pagaría a la convocante treinta
y nueve millones cuatrocientos ochenta y tres mil quinientos sesenta y un pesos con
sesenta y seis centavos ($39.483.561,66).
10. El 25 de febrero de 2025 se llevó a cabo la primera audiencia de trámite, en la que
el árbitro único se declaró competente, decretó las pruebas que fueron recaudadas en
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 30 de abril de 2021, radicación: 11001-03-26-
000-2020-0001-00 (65523), C.P. Guillermo Sánchez Luque. La decisión obra en índice 2 del Samai –
5_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA3_2_20250730085127070.pdf – folios 378 a 386.
13 Índice 2 del Samai – 6_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA4_3_20250730085127726.pdf – folios 1 a 4.
14 “Artículo 43. Efectos de la sentencia de anulación. (…) Cuando se anule el laudo por las causales 3 a 7, el
interesado podrá convocar un tribunal arbitral, en el que conservarán validez las pruebas debidamente practicadas,
y en lo posible las actuaciones que no hubieren resultado afectadas por la anulación”. Cabe aclarar que, conforme
al artículo 41 del Estatuto Arbitral, la causal 3 de anulación corresponde a “No haberse constituido el tribunal en
forma legal”.
15 Índice 2 del Samai – 6_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA4_3_20250730085127726.pdf – folio 3.
16 Índice 2 del Samai – 6_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA4_3_20250730085127726.pdf – folios 26 y 27. Cabe
indicar que el árbitro designado inicialmente renunció, razón por la cual, posteriormente, se sorteó como árbitro
único al doctor Fredy Alonso Melo Criado.
17 Índice 2 del Samai – 6_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA4_3_20250730085127726.pdf – folios 44 a 48.
18 Índice 2 del Samai – 6_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA4_3_20250730085127726.pdf – folios 59 a 69.
19 En ese sentido, no correspondía al saneamiento del periodo 2012-2016, que fue el correspondiente al contrato
celebrado con la convocante.
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Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
Convocante: Organización Empresarial Pública Ltda.
el primer trámite arbitral, dio por terminada “la instrucción del proceso” y fijó fecha para
la audiencia de alegatos20. En la audiencia, el Hospital interpuso recurso de reposición
contra la decisión de declararse competente, pero fue declarado “desierto por el paso
del tiempo”21.
11. Luego de que las partes presentaran alegatos de conclusión y el agente del
Ministerio Público el respectivo concepto, el 13 de mayo de 2025 se profirió laudo que
resolvió lo siguiente22:
PRIMERO. DECLARAR que la E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑNIZARES
Con Nit. 890.501.438-1, representada legalmente por su señor Gerente ELMER
TAMAYO JAIMES, le adeuda a la Empresa ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
PÚBLICA LTDA sigla OEP LTDA, representada legalmente por la Señora MARIA
ANTONIA VALBUENA GÓMEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No.
63.302.726, la suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES PESOS
($225.000.000) MCTE, como resultado de la ejecución del contrato No. 041,
celebrado en la ciudad de Ocaña, el día 25 de enero de 2017, suscrito para obtener
la devolución de excedentes de aportes patronales del saneamiento de aportes
patronales Ley 715 de 2001 – Decreto 1336 de 2006 – Decreto 2464 de 2014.
SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior declaración, se le ordena a la ESE
HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DE OCANA con Nit. 890.501.438-1,
representada legalmente por su señor Gerente ELMER TAMAYO JAIMES, a pagar
de manera inmediata la suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE
PESOS ($225.000.000), producto de la ejecución del contrato de prestación de
servicios profesionales No. 041 del 25 de enero de 2017, a la ORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL PÚBLICA LTDA, sigla OEP LTDA, representada legalmente por la
Señora MARIA ANTONIA VALBUENA GÓMEZ, mayor de edad, vecina de la ciudad
de Bogotá, identificada con la cedula de ciudadanía No. 63.302.726 expedida en la
ciudad de Bucaramanga.
TERCERA. - Se ordena a la ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DE
OCANA, con Nit. 890.501.438-1, representada legalmente por su señor Gerente
ELMER TAMAYO JAIMES, PAGAR a la ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA
LTDA, sigla OEP LTDA, representada legalmente por la Señora MARIA ANTONIA
VALBUENA GOMEZ, los intereses legales a la tasa del 6% anual, desde el día en
que se hizo exigible la obligación, es decir 21 de septiembre de 2017, hasta el
momento en que se produzca el pago.
CUARTA. Condenar al demandado, ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO
CAÑIZARES DE OCAÑA, con Nit. 890.501.438-1, representada legalmente por su
señor Gerente ELMER TAMAYO JAIMES, cancelar la suma de DIEZ MILLONES DE
PESOS ($10.000.000) como agencias en derecho y costas del proceso.
QUINTA. Declarar causado el saldo final de los honorarios del árbitro y de la
secretaria.
El presidente efectuará los pagos correspondientes.
SEXTA. - Procédase por la Presidencia del Tribunal a elaborar y presentar a las
partes la cuenta final de gastos, ordenando: (…)
SÉPTIMA. - Se dispone que por secretaría se expidan copias auténticas de esta
providencia con destino a las partes y al Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Ocaña.
OCTAVA. - Este Laudo Arbitral queda notificado a las partes por estrados23.
12. El 6 de junio de 2025, el panel arbitral desestimó una solicitud de adición
presentada por la convocante24. El 11 junio de 2025, el Hospital interpuso recurso de
20 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folio 100 a 110.
21 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folio 110.
22 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folios 139 a 162.
23 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folios 161 y 162.
24 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folios 166 y 167.
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Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
Convocante: Organización Empresarial Pública Ltda.
anulación, en el que adujo que se configuraron las causales de anulación previstas en
el numeral 225, 926 y 727 del artículo 41 del Estatuto Arbitral28. Dentro del término de
traslado, la contratista se opuso a la prosperidad del recurso y el Ministerio Público
guardó silencio29. Las razones de los recursos, la oposición y el análisis de las
causales se expondrán en la parte considerativa de la presente providencia.
13. El 27 de agosto de 2025 se admitió el recurso 30. El 20 de octubre de 2025, el
Despacho requirió a la secretaría del tribunal para que remitiera los archivos de audio
o video contentivos de las audiencias surtidas en el curso del proceso arbitral31. El 28
de octubre de 2025, la secretaría del tribunal remitió los documentos solicitados32.
II. CONSIDERACIONES
14. La Sala declarará infundado el recurso de anulación, pues no prospera ninguna de
las causales alegadas: (i) negará la causal 2, en la que se alegó la caducidad del medio
de control de “nulidad y restablecimiento del derecho” y la falta de competencia del
panel arbitral; (ii) desestimará la causal 9, relativa a la incongruencia del laudo, porque
la argumentación de este asunto reitera lo planteado en torno a la falta de competencia;
y (iii) declarará infundada la causal de “laudo en conciencia” (causal 7), ya que la
decisión arbitral sí contiene una motivación en materia probatoria.
15.Antes de estudiar las anteriores causales, se realizará una conceptualización
sobre el alcance del recurso de anulación y su relación con el principio dispositivo, para
desestimar una petición elevada en el recurso de anulación.
D. Recurso de anulación y su alcance
16. El inciso cuarto del artículo 116 de la Constitución Política consagra la posibilidad
de que los particulares ejerzan la función de administrar justicia, así:
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar
justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de
árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los
términos que determine la ley.
17. Como se puede observar, la norma defirió al legislador regular la posibilidad de
25 “Artículo 41. Causales del recurso de anulación. Son causales del recurso de anulación: (…) 2. La caducidad de
la acción, la falta de jurisdicción o de competencia”.
26 “Artículo 41. Causales del recurso de anulación. Son causales del recurso de anulación: (…) 9. Haber recaído el
laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido
sobre cuestiones sujetas al arbitramento”.
27 “Artículo 41. Causales del recurso de anulación. Son causales del recurso de anulación: (…) 7. Haberse fallado
en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo”.
28 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folios 178 a 202.
29 La oposición obra en el índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf –
folios 207 a 222. El 11 de julio de 2025 la secretaria del tribunal arbitral dejó constancia que “Vencido el término
concedido por Ley, se advierte que únicamente se pronunció el apoderado doctor RAUL ERNESTO AMAYA
VERJEL de la convocante Sociedad Organización Empresarial Pública Ltda., mientras que el señor Procurador 24
Judicial II Para Asuntos Administrativos De Cúcuta guardó silencio” (índice 2 del Samai –
7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folio 223).
30 Índice 4 del Samai.
31 Índice 17 del Samai.
32 Índices 22 y 23 del Samai.
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Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
Convocante: Organización Empresarial Pública Ltda.
que árbitros habilitados por las partes profieran decisiones que resuelvan un conflicto.
En este marco normativo, se profirió el Estatuto Arbitral, cuyo artículo primero
preceptúa lo siguiente en torno al arbitraje nacional:
Artículo 1o. Definición, modalidades y principios. El arbitraje es un mecanismo
alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la
solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la
ley autorice.
(…)
En los tribunales en que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones
administrativas, si las controversias han surgido por causa o con ocasión de la
celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de
contratos estatales, incluyendo las consecuencias económicas de los actos
administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, el laudo deberá
proferirse en derecho.
18. Con base en el artículo citado, la Corte Constitucional ha considerado que cuando
se celebra un pacto arbitral, las partes excluyen el conocimiento del conflicto de la
justicia ordinaria y deciden que sean los particulares quienes lo resuelvan:
15. El arbitraje, en ese orden de ideas, es un mecanismo alternativo de solución de
controversias, al cual optan las partes con el fin de excluir su conflicto de la
justicia ordinaria y someterlo, con fuerza de cosa juzgada, a particulares
temporalmente investidos de la función jurisdiccional para decidir ese caso específico.
En términos del artículo 1º de la Ley acusada, el arbitraje se define como un
mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes defieren
a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o
aquellos que la ley autorice. Este mecanismo está guiado por los principios y reglas
de imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y contradicción33
(destacado fuera del texto).
19. Teniendo en cuenta lo anterior, el legislador reguló que contra el laudo proferido
en el marco del arbitraje nacional solamente procedan los recursos extraordinarios de
anulación y revisión, como se deduce de los artículos 4034 y 4535 que obran en el
capítulo IV de la Sección Primera del Estatuto Arbitral, referente al “LAUDO ARBITRAL
Y RECURSOS”.
20. En relación con el recurso de anulación, la Subsección ha considerado que
procede por las precisas causales previstas en el Estatuto Arbitral, pues el juez
ordinario no podría fungir como superior funcional de los árbitros:
Por ende, la posibilidad de controvertir las decisiones arbitrales mediante el recurso
extraordinario de anulación no constituye una instancia adicional, en el entendido de
que el juez contencioso administrativo no funge como superior de los árbitros, sino
que, le corresponde efectuar un control fundado en la verificación del acatamiento de
las causales precisas.
Así, el recurso se estudia con sujeción a los puntuales argumentos de las partes, sin
invadir la órbita de independencia y autonomía del tribunal arbitral; la función del juez
33 Corte Constitucional, sentencia C-538 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
34 “Artículo 40. Recurso extraordinario de anulación. Contra el laudo arbitral procede el recurso extraordinario de
anulación, que deberá interponerse debidamente sustentado, ante el tribunal arbitral, con indicación de las causales
invocadas (…)”.
35 “Artículo 45. Recurso de revisión. Tanto el laudo como la sentencia que resuelva sobre su anulación, son
susceptibles del recurso extraordinario de revisión por las causales y mediante el trámite señalado en el Código de
Procedimiento Civil (…)”.
7
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de la anulación no es otra que detectar posibles falencias procedimentales -en la
mayoría de los eventos- o sustanciales -en algunos específicos eventos restringidos
señalados por el legislador- y, eventualmente, suplirlas en los casos expresamente
autorizados por la ley36.
21. En concordancia con lo expuesto, el recurso de anulación debe sustentarse en las
causales previstas en el artículo 41 del Estatuto Arbitral37, so pena de ser rechazado
con base en el artículo 42 de la misma norma38, tal como lo ha explicado la Sección
Tercera:
La Sección Tercera del Consejo de Estado ha explicado la naturaleza, las
características y las particularidades que identifican al recurso de anulación de laudos
arbitrales, advirtiendo que el mismo es de carácter excepcional, restrictivo y
extraordinario, por lo que no constituye ni puede entenderse como una instancia
adicional en el proceso39.
(…)
Ahora bien, los poderes del juez del recurso de anulación están restringidos por el
denominado “principio dispositivo”, en cuya observancia dicho operador judicial debe
limitarse exclusivamente a resolver sobre lo solicitado por el recurrente en la
formulación y sustentación del respectivo recurso. A su vez, el objeto que se persigue
con el recurso se debe encuadrar en las precisas causales que la ley consagra, por lo
que, en principio, no le es permitido al juez de la anulación interpretar lo expresado
por el recurrente para entender o deducir causales no invocadas, y menos aún, para
pronunciarse sobre aspectos no contenidos en la formulación y sustentación del
correspondiente recurso de anulación40.
22. En el caso bajo estudio, la entidad demandada presentó recurso de anulación en
el que pretendió lo siguiente:
1. Solicito respetuosamente, con base en lo anteriormente expuesto y soportado,
ANULAR el laudo arbitral de fecha 13 de mayo del año 2025, emitido por el TRIBUNAL
DE ARBITRAMENTO del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición
de la Cámara de Comercio de Ocaña, dentro del radicado referido.
2. Solicito respetuosamente, ANULAR todo lo actuado dentro del proceso en
referencia hasta la primera audiencia de trámite, donde se deba nuevamente emitir
auto de asunción de competencia41.
23. La Sala no se pronunciará sobre la segunda pretensión, relativa a que se anule lo
actuado dentro del proceso arbitral para que se profiera una nueva providencia en
36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 12 de abril de 2024, radicación: 11001-03-26-
000-2022-00155-00 (68778), C.P. Fredy Ibarra Martínez.
37 “Artículo 41. Causales del recurso de anulación. Son causales del recurso de anulación (…)”.
38 “Artículo 42. Trámite del recurso de anulación. La autoridad judicial competente rechazará de plano el recurso de
anulación cuando su interposición fuere extemporánea, no se hubiere sustentando o las causales invocadas no
correspondan a ninguna de las señaladas en esta ley” (negrillas propias).
39 [Cita del original] Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2006, C.P.: Mauricio
Fajardo Gómez. Rad.: 11001-03-26-000-2006-00029-00 (32.871).
La Sala ha dicho, en concreto: “La Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado, de manera reiterada, la
naturaleza, características y particularidades que identifican el recurso extraordinario de anulación, aspectos que
se concretan de la siguiente manera: / i) El recurso de anulación de laudos arbitrales es de carácter excepcional,
restrictivo y extraordinario, sin que constituya una instancia más dentro del correspondiente proceso (…)” (Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 25 de agosto de 2011, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez.
Rad.: 11001-03-26-000-2010-00013-00 (38.379)).
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 14 de marzo de 2024, radicación: 11001-03-26-
000-2022-00173-00 (68994), C.P. María Adriana Marín.
41 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folio 201.
El artículo 133 del CGP consagra: “Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los
siguientes casos (…)”.
8
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relación con la asunción de competencia.
23.1. La anterior petición se fundamentó en que, según el recurrente, el árbitro único
le impidió interponer recurso de reposición contra el auto en el que asumió
competencia, lo cual, en su opinión, configura una nulidad procesal en los términos del
artículo 133 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, en adelante
“CGP”42.
23.2.Sin perjuicio del análisis que se realizará sobre este aspecto en la causal 2, como
se explicó previamente, el recurso de anulación tiene carácter restrictivo. En ese
sentido, no le corresponde al juez de anulación estudiar si se configuró una nulidad
procesal, en los términos del artículo 133 del CGP, pues ese asunto no se enmarca en
ninguna de las causales taxativas previstas en el artículo 41 del Estatuto Arbitral43.
23.3.Por lo demás, la petición de anular las actuaciones adelantadas y retrotraer el
procedimiento “hasta la primera audiencia de trámite”, resulta improcedente pues, aun
en el evento de que se configure alguna de las causales de anulación del laudo
alegadas y sustentadas por el recurrente, la pretendida consecuencia no está prevista
como uno de los posibles efectos de la anulación en los términos del artículo 43 del
Estatuto Arbitral44.
24. Así las cosas, la Sala solo estudiará la primera petición, por cuanto se enmarca en
el alcance del recurso de anulación, el cual se fundamentó en las causales 2
(caducidad y falta de competencia), 7 (laudo en conciencia) y 9 (incongruencia)
previstas en el artículo 41 del Estatuto Arbitral. En ese sentido, en virtud del principio
dispositivo, evaluará dichas causales con base en los motivos específicos alegados
por el recurrente.
42 La convocante indicó que dicha norma establece que “Habrá lugar a nulidad por la falta de oportunidad para
ejercer el derecho a la defensa” (índice 2 del Samai –
7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folio 200).
43 “ARTÍCULO 41. CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN. Son causales del recurso de anulación: / 1. La
inexistencia, invalidez o inoponibilidad del pacto arbitral. / 2. La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de
competencia. / 3. No haberse constituido el tribunal en forma legal. / 4. Estar el recurrente en alguno de los casos
de indebida representación, o falta de notificación o emplazamiento, siempre que no se hubiere saneado la nulidad.
/ 5. Haberse negado el decreto de una prueba pedida oportunamente o haberse dejado de practicar una prueba
decretada, sin fundamento legal, siempre y cuando se hubiere alegado la omisión oportunamente mediante el
recurso de reposición y aquella pudiera tener incidencia en la decisión. / 6. Haberse proferido el laudo o la decisión
sobre su aclaración, adición o corrección después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral. / 7.
Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca
manifiesta en el laudo. / 8. Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión
o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva o influyan en
ella y hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral. / 9. Haber recaído el laudo sobre aspectos no
sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas
al arbitramento”.
44 “Artículo 43. Efectos de la sentencia de anulación. Cuando prospere cualquiera de las causales señaladas en los
numerales 1 a 7 del artículo 41, se declarará la nulidad del laudo. En los demás casos, este se corregirá o
adicionará. / Cuando se anule el laudo por las causales 1 o 2, el expediente se remitirá al juez que corresponda
para que continúe el proceso a partir del decreto de pruebas. La prueba practicada dentro del proceso arbitral
conservará su validez y tendrá eficacia, respecto de quienes tuvieron la oportunidad de controvertirla. / Cuando se
anule el laudo por las causales 3 a 7, el interesado podrá convocar un tribunal arbitral, en el que conservarán validez
las pruebas debidamente practicadas, y en lo posible las actuaciones que no hubieren resultado afectadas por la
anulación. / La sentencia que anule el laudo total o parcialmente cumplido, ordenará las restituciones a que hubiere
lugar”.
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E. Causal 2: no operó la caducidad de la acción y el árbitro único era
competente para resolver la controversia a pesar de que el Hospital expidió una
liquidación unilateral
I. Antecedentes
25. El Hospital sostuvo que se configuró la causal 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de
2012, relativa a la “caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia”,
de la siguiente manera:
25.1. Aclaró que el artículo 41 del Estatuto Arbitral exige haber hecho valer los motivos
alegados en la causal 2 por medio de recurso de reposición contra el auto en el que el
panel arbitral asumió competencia45. No obstante, indicó que ese requisito no es
exigible en este caso, dado que el árbitro no le permitió presentar dicho recurso.
25.2.Una vez explicado lo anterior, sostuvo que la causal de anulación alegada se
configuró por dos motivos:
25.2.1.Por una parte, indicó que se resolvió un asunto frente al cual operó la caducidad,
pues el Hospital había expedido un acto administrativo en el que liquidó
unilateralmente el contrato. Por esto, la contratista debió acudir al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y presentar demanda dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la notificación del acto administrativo, pero no lo hizo.
25.2.2. Por la otra, el laudo se profirió con “falta jurisdicción y competencia”46 del tribunal
arbitral, pues la convocante eludió demandar la nulidad de la liquidación unilateral, acto
frente al cual los árbitros no tienen competencia, porque “lo prohíbe la jurisprudencia
unificada (…) de 2024”47 del Consejo de Estado. En ese sentido, advierte que la
contratista realizó un ataque implícito a la legalidad del acto administrativo, dado que
las pretensiones se limitan a discutir los valores económicos establecidos en la
liquidación. Esto implica que el asunto solo podía ser ventilado ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo a través de la nulidad del acto de liquidación. En efecto,
el recurrente sostuvo lo siguiente (se transcribe en extenso):
(…) La pretensión de disfrazar una controversia que esencialmente exige la revisión
de la legalidad de un acto administrativo de liquidación unilateral bajo la apariencia de
"controversias contractuales", para someterla a un tribunal de arbitramento,
constituye una flagrante elusión del cauce procesal idóneo y del juez natural
establecido por la ley.
Esta argucia procesal, que busca evitar la competencia de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo (…). Ello implica un abandono del deber legal ineludible
de atacar el acto administrativo de liquidación del contrato por el medio de control
correspondiente ante el contencioso administrativo, dejando a un lado la seguridad
jurídica y el ordenamiento procesal.
(…)
La gravedad de esta situación se magnifica y se focaliza al constatar que el laudo
45 “Artículo 41. Causales de anulación. Son causales de anulación: (…)
Las causales 1, 2 y 3 sólo podrán invocarse si el recurrente hizo valer los motivos constitutivos de ellas mediante
recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia”.
46 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folio 184.
47 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folio 189.
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arbitral, de manera implícita e innegable, termina pronunciándose sobre la legalidad
del acto administrativo de liquidación unilateral (Resolución Nº0061 de fecha 16 de
enero de 2018), tal como lo prohíbe la jurisprudencia unificada referida de 2024. Al
transformar la fórmula adeudada o la suma previamente liquidada mediante el
correspondiente y conocido acto administrativo, el tribunal arbitral incurrió en una
extralimitación de sus facultades jurisdiccionales. Esto se erige como una forma de
controvertir la validez y legalidad del acto administrativo, en la medida en que es
precisamente ese valor la principal y única esencia inescindible del acto administrativo
de liquidación unilateral, es decir, el laudo arbitral falló implícita y totalmente en contra
de la plena motivación y razón de existir acto administrativo. Si bien el laudo arbitral busca enfocar sus consideraciones en supuestas
controversias contractuales de carácter meramente económico, la realidad material y
jurídica permite evidenciar que su pronunciamiento, al modificar una situación ya
definida por un acto administrativo en firme, se funda en una nulidad virtual de dicho
acto. En otras palabras, el laudo, bajo la apariencia de una decisión sobre meras
controversias económicas, desconoció de facto la presunción de legalidad y la fuerza
vinculante de la Resolución No. 0061 invadiendo una esfera reservada
exclusivamente al control del juez contencioso administrativo. Esta actuación no solo
demuestra la falta de jurisdicción y competencia del tribunal arbitral, sino que además
socava la autoridad de los actos administrativos y la división de poderes inherente a
nuestro sistema jurídico. Se hace necesario resaltar nuevamente que la naturaleza jurídica y la esencia misma
del acto administrativo contenido en la Resolución No. 0061 del 16 de enero de 2018
se circunscriben de forma exclusiva y específica al reconocimiento económico
derivado de la ejecución contractual. Es decir, el contenido sustancial del acto
administrativo gira única y exclusivamente en torno a la determinación, liquidación y
reconocimiento de los honorarios causados en favor de la contratista por la prestación
del servicio que constituyó el objeto del contrato.
(…)
En consecuencia, cualquier cuestionamiento dirigido a controvertir los valores
económicos allí reconocidos, bajo el argumento de que no corresponden a lo
ejecutado, de que fueron indebidamente determinados o de que deben ser
modificados, constituye, sin lugar a duda, un ataque directo e inescindible contra la
legalidad misma del acto administrativo. No es posible separar el contenido
económico de la legalidad del acto en este caso, por cuanto dicho contenido
constituye su única razón de ser y su único efecto jurídico. Atacar entonces el monto reconocido por la administración equivale, en términos
estrictos, a pretender la anulación o modificación de la decisión administrativa de
fondo. Y este tipo de pretensión, por mandato expreso del ordenamiento jurídico
colombiano, únicamente puede ser ventilada ante la jurisdicción contencioso
administrativa, que es la única competente para conocer de acciones de nulidad o de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la legalidad de los actos administrativos. Por tanto, controvertir y decidir en la sede arbitral el valor reconocido mediante acto
administrativo no solo desborda las facultades de los árbitros, sino que representa
una desviación procedimental contraria a los principios de competencia, especialidad
y seguridad jurídica. La vía arbitral no puede convertirse en una herramienta para
reabrir o reencauzar discusiones que el orden jurídico ha reservado de manera
exclusiva a la jurisdicción especializada en el control de legalidad de los actos
administrativos. Frente a este escenario, el demandante incurre en una maniobra procesal artificiosa
que debe ser desnudada por esta jurisdicción.
En lugar de acudir a la vía legal y
natural para discutir la validez de un acto administrativo, siendo ello la jurisdicción
contencioso administrativa, opta de manera deliberada por canalizar su pretensión a
través del mecanismo arbitral, a todas luces improcedente para dicho fin. Tal proceder
no es otra cosa que un intento de eludir las consecuencias jurídicas de su propia
inacción y negligencia procesal, recurriendo a un artificio que busca burlar los
principios rectores del proceso y los límites temporales que impone el ordenamiento
jurídico para demandar la nulidad de los actos administrativos. No cabe duda de que la presentación de la demanda arbitral, además de
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extemporánea respecto de los plazos establecidos por la ley que rige la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, encubre de manera implícita pero innegable un
verdadero ataque absoluto a la legalidad del acto administrativo expedido por la
E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES. En esencia, el proceso se basó
en busca de que el tribunal arbitral anule de manera implícita un acto administrativo
debidamente ejecutoriado y amparado por la presunción de legalidad, lo cual excede
y desborda notoriamente los contornos de la jurisdicción y competencia arbitral, que
no puede sustituir las funciones propias de la jurisdicción contencioso administrativa48.
26. La contratista se opuso a la causal porque el Hospital no formuló recurso contra el
auto mediante el cual el tribunal arbitral asumió competencia y, por tanto, no agotó el
requisito de procedibilidad de la causal invocada. Adicionalmente, citó, en extenso, el
artículo 79 del Estatuto Arbitral que establece que el “tribunal es el único competente
para decidir sobre su propia competencia”49. Finalmente, indicó que el tribunal sí tenía
competencia porque, de acuerdo con la cláusula compromisoria, podía resolver
controversias relativas a la “liquidación” del contrato50.
II. Consideraciones
27. El numeral 2 del artículo 41 del Estatuto Arbitral consagra la causal de anulación
relativa a la “caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia”. Para
resolver este cargo, se indicará que: (i) el Hospital sí cumplió el requisito de
procedibilidad; (ii) no operó la caducidad del medio de control; y (iii) el tribunal arbitral
sí tenía competencia para resolver las pretensiones. Antes de desarrollar los tres
asuntos indicados, la Sala destaca que no hará referencia al artículo 79 del Estatuto
Arbitral, invocado por la convocante en la oposición del recurso de anulación, ya que
dicha norma se encuentra dentro de la sección tercera del Estatuto de Arbitraje,
referente a “ARBITRAJE INTERNACIONAL" y, por lo mismo, inaplicable al recurso
materia de la esta sentencia.
48 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folios 187 a 190.
49 El texto completo de la norma establece lo siguiente:
“Artículo 79. Facultad del tribunal arbitral para decidir acerca de su competencia. El tribunal arbitral es el único
competente para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones u objeciones al arbitraje
relativas a la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del acuerdo de arbitraje o por no estar pactado
el arbitraje para resolver la materia controvertida o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de
la controversia. Se encuentran comprendidas en este ámbito las excepciones de prescripción, caducidad, cosa
juzgada y cualquiera otra que tenga por objeto impedir la continuación de la actuación arbitral. / El acuerdo de
arbitraje que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás
estipulaciones del mismo. (…) En consecuencia, el tribunal arbitral podrá decidir sobre la controversia sometida a
su conocimiento, que podrá versar, incluso, sobre la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del
contrato que contiene el acuerdo de arbitraje. / Las excepciones u objeciones deberán proponerse a más tardar en
el momento de presentar la contestación de la demanda, sin que el hecho de haber nombrado o participado en el
nombramiento de los árbitros impida oponerlas. La excepción u objeción basada en que el tribunal arbitral ha
excedido el ámbito de su competencia, deberá oponerse tan pronto como sea planteada, durante las actuaciones
arbitrales, la materia que supuestamente exceda su competencia. El tribunal arbitral solo podrá admitir excepciones
u objeciones planteadas con posterioridad si la demora resulta justificada. / El tribunal arbitral podrá decidir las
excepciones de incompetencia o de que el tribunal arbitral ha excedido su competencia, como cuestión previa o en
un laudo sobre el fondo. / Si el tribunal arbitral desestima cualquiera de las citadas excepciones como cuestión
previa, la decisión correspondiente solo podrá ser impugnada mediante recurso de anulación contra el laudo que
ponga fin al arbitraje, en los términos del artículo 109. / Si el tribunal arbitral se declara incompetente o admite la
excepción de haber excedido su mandato, cualquiera de las partes, dentro del mes siguiente al recibo de la
notificación de dicha decisión, podrá impugnarla mediante recurso de anulación en los términos del artículo 109 y
contra esta resolución no cabrá ningún recurso o acción. / Si el tribunal arbitral se declara incompetente o admite
la excepción de haber excedido su mandato como cuestión previa, pero solo respecto de determinadas materias,
las actuaciones arbitrales continuarán respecto de las demás materias y la decisión que admitió la incompetencia
o el exceso en el encargo solo podrá ser impugnada mediante recurso de anulación luego de emitirse el laudo por
el que se resuelve definitivamente la controversia”.
50 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folio 216.
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28. En primer lugar, el inciso segundo del artículo 41 del Estatuto Arbitral señala que
“Las causales 1, 2 y 3 sólo podrán invocarse si el recurrente hizo valer los motivos
constitutivos de ellas mediante recurso de reposición contra el auto de asunción de
competencia”.
28.1. La Subsección ha considerado que la anterior norma consagra un “requisito de
procedibilidad”51. Para su cumplimiento, la parte debe realizar dos actuaciones: (i)
interponer recurso de reposición contra el auto en el que el tribunal arbitral avoca
competencia y (ii) sustentar el recurso con los motivos con que, posteriormente,
fundamentará alguna de las causales 1, 2 y 3 del recurso de anulación.
28.2.Sin perjuicio de lo anterior, el requisito no es exigible cuando materialmente no
se puede agotar. Así, en el presente caso no es posible demandar que el recurrente
hubiera formulado los mismos motivos en contra del auto en el que el tribunal avocó
competencia, ya que el árbitro único no permitió al Hospital sustentar el recurso de
reposición que presentó en contra de dicha providencia, como se explica a
continuación.
28.3. La primera audiencia de trámite inició el 29 de enero de 2025, pero antes de que
el árbitro único asumiera competencia, fue suspendida para solucionar una
irregularidad procesal52. El 14 de febrero de 2025, el árbitro determinó que la audiencia
continuaría el 26 de febrero de 202553. Ese día, el panel arbitral (i) negó una solicitud
de nulidad procesal; (ii) avocó competencia; (iii) profirió el decreto pruebas; (iv)
prescindió de la “instrucción del proceso”; y (v) fijó fecha para la realización de la
audiencia de alegatos de conclusión54. En el acta correspondiente, se puede constatar
que ocurrió lo siguiente:
RESUELVE:
Rechazar la nulidad propuesta por el doctor AYUER CABRALES referente a la
admisión de la demanda de arbitramento; frente a la actuación desarrollada por el
tribunal al solicitar que se declare la existencia de una causal de nulidad de la
actuación que se ha desarrollado hasta el momento por la existencia de una
caducidad de la acción, por carecer en su convocación un fundamento sin ninguna
causal, ya que la NULIDAD en su concepto se refiere a la condición de carecer de
valor, efecto o validez, lo que en el presente caso no se concluyen, en el ámbito legal,
es un vicio que invalida un acto jurídico, como un contrato debido a defectos o
irregularidades que por consiguiente tampoco se encausan para declararla, no son
de recibo por este servidor sus argumentos y su rechazo además por las
consideraciones expuestas en la parte motiva manifestadas en forma sucinta,
quedando resuelto el control de legalidad. También debo manifestar lo que ha dicho
el Doctor RAÚL ERNESTO AMAYA VERJEL que había solicitado el Doctor YORDAN
URIBE que habla solicitado en una audiencia anterior que de acuerdo con las
explicaciones dadas por el Doctor RAFAEL CELIS CELIS en ese entonces sobre la
nulidad que decían que existían de la conciliación de ese entonces, en esa misma
audiencia yo me pronuncié que no era viable aceptarle la nulidad al Doctor YORDAN
URIBE.
51 Entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2023, radicación:
11001-03-26-000-2023-00014-00 (69439), C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
52 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folios 92 a 96.
53 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folio 98.
54 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folios 100 a 110.
13
Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
Convocante: Organización Empresarial Pública Ltda.
Esta decisión que acabo de manifestar queda notificada en estrados. DECLARACCIÓN (sic) DE COMPETENCIA
Instalado el tribunal de arbitramento en debida forma, consignado los honorarios para
el funcionamiento, este tribunal se declara competente para conocer y continuar con
el desarrollo del proceso para decidir de fondo la controversia planteada por la
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA LTDA en contra de la E.S.E HOSPITAL
EMIRO QUINTERO CAÑIZARES de Ocaña. Como también vamos a analizar el decreto de pruebas por economía procesal y
porque la Ley lo manifiesta que se debe decretar las pruebas en esta primera
audiencia. DECRETO DE PRUEBAS
Como lo expresa el artículo 30 inciso 3º de la ley 1563 de 2012 el Tribunal deberá
resolver sobre las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio estime pertinente. Es conveniente aseverar, de tal manera, lo normado en el artículo 43 inciso 3 de la
ley 1563 de 2012 ya indicado "cuando se anule el laudo por las causales 3 a 7 en el
que conservarán validez las pruebas debidamente practicadas, y en lo posible las
actuaciones que no hubieren resultado afectadas por la anulación" contenido
regulado corroborado por el Consejo de Estado en su sentencia de anulación del
laudo arbitral de fecha 30 de abril de 2021. Entonces, las pruebas solicitadas en su momento inicial del proceso por las partes
fueron recaudadas en la forma prevista, recordados (…) parte demandante como
documentales las cuales obran del folio 06 al folio 188 del cuaderno principal del
expediente; como testimoniales se solicitaron y recadaron los de (…), la Parte
demandada documentales que obran del folio 664 al folio 828 del cuaderno principal
del expediente; como testimonial se solicitó y recaudó el de (…) e interrogatorio de
parte a la representante legal de la empresa demandante señora (…) que a pesar de
haberse desistido dicha prueba con controversia en dicho tema fue resuelta en su
momento procesal recaudándose el interrogatorio; En la solicitud de convocar un
nuevo tribunal arbitral el señor apoderado (sic) parte actora manifestó que las pruebas
y las actuaciones surtidas conservarán su validez, o sea que no solicitó nuevas
pruebas, en razón de no haber sido afectadas por la anulación del laudo solicitando
tener como soportes la documentación que reposa en el expediente con radicado
2018-001; el señor apoderado (…) en su contestación de la demanda propuso
excepciones de mérito mismas propuestas por el apoderado inicial, presentó las
mismas pruebas documentales, solicitó testimoniales de (…), testimonios que ya
fueron escuchados y el interrogatorio de parte de la actora que también recepcionado
(sic), que conservan su validez y de oficio no se decretan ya que se tiene con claridad
su valoración de las mismas, de manera que no existen nuevas pruebas para decretar
y recaudar. En este sentido por lo dicho y por economía procesal, queda concluida la instrucción
del proceso etapa que no tiene ningún reparo; ahora, conforme al artículo 33 de la ley
1563 de 2012 este tribunal procede a fijar fecha para audiencia de alegatos para el
día 10 de marzo de 2025 a la hora de las 9:00 de la mañana (si no tienen ningún
inconveniente). Se oirá a las partes por espacio máximo de una hora cada una y en
esta misma audiencia entregarán sus alegaciones por escrito. Decisión que queda notificados en estrados. Se advierte que finalizada esta audiencia comienzan los términos de duración del
proceso para el suscrito Arbitro. No siendo otro el objeto de la presente audiencia se termina a la hora de las 09:41 de
la mañana en presencia de los intervinientes. Muchas gracias. Pido la palabra, se le concede por el árbitro al doctor YORDAN URIBE: El Doctor YORDAN URIBE presenta recurso de reposición por la no mención de la
declaración de la competencia. La señora Secretaria JOHANA VERGEL BERMUDEZ lee lo dicho por el Árbitro
respecto de la competencia que ya se había mencionado en el desarrollo de la
audiencia.
Se resuelve el recurso de reposición en la condición de declararlo desierto por el paso
del tiempo55 (negrillas en el original, negrillas subrayadas fuera del texto). 55 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folios 108 a 110.
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28.4. Como se puede observar, se profirieron solo dos autos en desarrollo de la
audiencia que fueron notificados por estrados: (i) una decisión que negó una nulidad
procesal; y (ii) la providencia en la que el árbitro único avocó competencia, resolvió
sobre el decreto de pruebas, dio por terminada la etapa de instrucción del proceso y
fijó fecha para la audiencia de alegatos.
28.5.Ahora bien, de acuerdo con el texto del acta, terminada la audiencia, el
apoderado presentó recurso de reposición que fue declarado “desierto”56 por
extemporáneo. Sin embargo, ello no es preciso si se considera que el acta no refleja
adecuadamente lo ocurrido en la diligencia, pues el recurso se presentó
oportunamente.
28.6. En el recurso extraordinario de anulación, el Hospital solicitó expresamente que
el juez de anulación oyera la grabación de la audiencia. Aunque el archivo inicialmente
no fue remitido, ante el requerimiento realizado por esta corporación57, la secretaría
del tribunal arbitral lo aportó58. La Sala realiza la siguiente transcripción propia de la
grabación:
ÁRBITRO ÚNICO [MINUTOS 36:31 A 38:27]: resuelve rechazar la nulidad propuesta
por el Doctor Ayo Cabrales referente a la admisión de la demanda de arbitramento;
frente a la actuación desarrollada por el tribunal al solicitar que se declare la existencia
de una causal de nulidad de la actuación que se ha desarrollado hasta el momento
por la existencia de una caducidad de la acción, por carecer en su convocación un
fundamento sin ninguna causal, ya que la NULIDAD en su concepto se refiere a la
condición de carecer de valor, efecto o validez, lo que en el presente caso no se
concluyen, en el ámbito legal, es un vicio que invalida un acto jurídico, como un
contrato debido a defectos o irregularidades que por consiguiente tampoco se
encausan para declararla, no son de recibo por este servidor sus argumentos y su
rechazo además por las consideraciones expuestas en la parte motiva manifestadas
en forma sucinta, quedando resuelto el control de legalidad. También debo manifestar
lo que ha dicho el Doctor RAÚL ERNESTO AMAYA VERJEL que había solicitado el
Doctor YORDAN URIBE que habla solicitado en una audiencia anterior que de
acuerdo con las explicaciones dadas por el Doctor RAFAEL CELIS CELIS en ese
entonces sobre la nulidad que decían que existían de la conciliación de ese entonces,
en esa misma audiencia yo me pronuncié que no era viable aceptarle la nulidad al
Doctor YORDAN URIBE. Esta decisión que acabo de manifestar queda notificada en
estrados.
[En los minutos 38:25 a 38:40, los intervinientes guardan silencio].
ÁRBITRO ÚNICO [MINUTOS 38:41 A 43:40]: Siguiendo con el trámite, ahora sí
vamos a declarar la competencia del tribunal. Instalado el tribunal de arbitramento en
debida forma, consignado los honorarios para el funcionamiento, este tribunal se
declara competente para conocer y continuar con el desarrollo del proceso para
decidir de fondo la controversia planteada por la ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
PÚBLICA LTDA en contra de la E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
de Ocaña.
Como también vamos a analizar el decreto de pruebas por la economía procesal y
porque la Ley lo manifiesta que se debe decretar las pruebas en esta primera
audiencia.
Decreto de pruebas Como lo expresa el artículo 30 inciso 3º de la ley 1563 del 2002
el tribunal deberá resolver sobre las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio
56 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folio 110.
57 Índice 17 del Samai.
58 Índices 22 y 23 del Samai.
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estime pertinentes. Es conveniente aseverar, de tal manera, lo normado en el artículo
43 inciso 3 de la ley 1563 de 2012 ya indicado “cuando se anule el laudo por las
causales 3 a 7 en el que conservarán validez las pruebas debidamente practicadas,
y en lo posible las actuaciones que no hubieren resultado afectadas por la anulación”
contenido regulado corroborado por el Consejo de Estado en su sentencia de
anulación del laudo arbitral de fecha 30 de abril de 2021. Entonces, las pruebas
solicitadas en su momento inicial del proceso por las partes fueron recaudadas en la
forma prevista, recordamos parte demandante como documentales las cuales obran
del folio 06 al folio 188 del cuaderno principal del expediente; como testimoniales se
solicitaron y recadaron los de (…), la Parte demandada documentales que obran del
folio 664 al folio 828 del cuaderno principal del expediente; como testimonial se solicitó
y recaudó el de (…) e interrogatorio de parte a la representante legal de la empresa
demandante señora (…) que a pesar de haberse desistido dicha prueba con
controversia en dicho tema fue resuelta en su momento procesal recaudándose el
interrogatorio; En la solicitud de convocar un nuevo tribunal arbitral el señor
apoderado de la parte actora manifestó que las pruebas y las actuaciones surtidas
conservarán su validez, o sea que no solicitó nuevas pruebas, en razón de no haber
sido afectadas por la anulación del laudo solicitando tener como soportes la
documentación que reposa en el expediente con radicado 2018-001; el señor
apoderado (…) en su contestación de la demanda propuso excepciones de mérito
mismas propuestas por el apoderado inicial, presentó las mismas pruebas
documentales, solicitó testimoniales de (…), testimonios que ya fueron escuchados y
el interrogatorio de parte de la actora también recepcionado, que conservan su
validez, de oficio no se decretan ya que se tiene con claridad su valoración de las
mismas, de manera que no existen nuevas pruebas para decretar y recaudar. En este sentido por lo dicho y por economía procesal, queda concluida la instrucción
del proceso etapa que no tiene ningún reparo; ahora, conforme al artículo 33 de la ley
1563 de 2012 este tribunal procede a fijar fecha para audiencia de alegatos para el
día (…). Se oirá a las partes por espacio máximo de una hora cada una y en esta
misma audiencia entregarán sus alegaciones por escrito. En este sentido por lo dicho y por economía procesal, queda concluida la instrucción
del proceso etapa que no tiene ningún reparo; ahora, conforme al artículo 33 de la ley
1563 de 2012 este tribunal procede a fijar fecha para audiencia de alegatos para el
día 5 de marzo de 2025 a las 9 de la mañana. Se oirá a las partes por espacio máximo
de una hora cada una y en esta misma audiencia entregarán sus alegaciones por
escrito. Decisión que queda notificados en estrados. ÁRBITRO ÚNICO [MINUTOS 43:41 A 44:03]: Se advierte que finalizada esta duración
del proceso para el suscrito árbitro, no siendo otro el objeto de la presente audiencia,
se termina a la hora de las 9 y 41 de la mañana en presencia de los intervinientes. APODERADO DEL HOSPITAL [MINUTOS 44:04 A 44:05]: Pido la palabra. ÁRBITRO ÚNICO [MINUTOS 44:06]: Sí señor. APODERADO DEL HOSPITAL [MINUTOS 44:07 A 44:14]: interpongo recurso de
reposición en contra del auto que acaba de emitir para que por favor me dé la palabra. ÁRBITRO ÚNICO [MINUTOS 44:15 A 44:16]: ¿de cuál auto?
APODERADO DEL HOSPITAL [MINUTOS 44:17 A 44:27]: del que debería haber
asumido competencia el señor árbitro. En ningún momento escuché que lo haya
realizado, sino que procedió directamente a decidir sobre las pruebas. ÁRBITRO ÚNICO [MINUTO 44:28]: ¿sobre las pruebas?
SECRETARIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL [MINUTOS 44:28 A 44:29]: ya decidió
sobre la competencia. APODERADO DEL HOSPITAL [MINUTO 44:30]: pero no lo decretó.
ÁRBITRO ÚNICO [MINUTO 44:31]: ¿cómo?
APODERADO DEL HOSPITAL [MINUTOS 44:32 A 44:35]: no lo decretó
expresamente la asunción de competencia. ÁRBITRO ÚNICO [MINUTOS 44:36 A 44:37]: ya lo dije. SECRETARIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL [MINUTOS 44:38 A 44:41]: sí él lo dijo en
forma taxativa yo tengo aquí anotado. ÁRBITRO ÚNICO [MINUTOS 44:41 A 45:09]: ya sobre la competencia ya lo dije.
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Terminado lo que es la intervención de las consideraciones de la nulidad siguió queda
notificado por estrado, esperamos un momentico y como ninguno dijo absolutamente
nada yo seguí con el decreto de la prueba, con la, con la declaración de la
competencia
SECRETARIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL [MINUTOS 45:10 A 45:36]: declaración de
la competencia, instalado el tribunal de arbitramento en debida forma, consignado los
honorarios para el funcionamiento, este tribunal se declara competente para conocer
y continuar con el desarrollo del proceso para decidir de fondo la controversia
planteada por la ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA LTDA en contra de la
E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES de Ocaña. Y después empezó
con el decreto de pruebas. Lo leyó así taxativamente. Yo tengo aquí anotado.
APODERADO DEL HOSPITAL [MINUTOS 45:37 A 45:44]: pido disculpas pero yo
pretendía interponer un recurso de reposición en contra de esa decisión. No sé si me
lo permite argumentar.
ÁRBITRO ÚNICO [MINUTO 45:45]: ¿en cuánto a qué?
APODERADO DEL HOSPITAL [MINUTOS 45:46 A 45:47]: de la asunción de
competencia.
ÁRBITRO ÚNICO [MINUTOS 45:48 a 45:58]: pero es que ya se le pasó el término, se
le pasó el tiempo para manifestarlo.
[Después se discute si las partes están de acuerdo con la fecha de la audiencia de
alegatos]
ÁRBITRO ÚNICO [MINUTOS 46:53 a 47:18]: Entonces retomamos la fecha de
audiencia para los alegatos el 10 de marzo de 2025 a las 9 de la mañana. Muchas
gracias a todos y se les agradece su participación en esta audiencia (negrillas y
mayúsculas sostenidas propias).
28.7.De conformidad con la anterior transcripción, es evidente que el árbitro no
permitió al apoderado del Hospital sustentar el recurso de reposición que fue
presentado oportunamente:
28.7.1.La grabación permite constatar que, tal como obra en el acta de la audiencia,
solo hubo dos decisiones que fueron notificadas por estrados en desarrollo de la
diligencia judicial: primero, el auto que negó una nulidad procesal, el cual se notificó
en el minuto 38:27; segundo, la decisión en la que el árbitro resolvió, en un único acto
procesal, avocar competencia, decretar las pruebas, prescindir de la “instrucción” del
proceso y fijar fecha para la audiencia de alegatos, la cual se notificó en el minuto
43:40.
28.7.2.Inmediatamente después de la última notificación, sin guardar silencio ni permitir
a las partes intervenir, el árbitro pretendía finalizar la audiencia (minutos 43:41 a
44:03). Sin embargo, en ese instante el apoderado del Hospital solicitó la palabra para
presentar recurso de reposición en contra del auto de asunción de competencia
(minuto 44:04), el cual fue desestimado por considerar que “ya se le pasó el término,
se le pasó el tiempo para manifestarlo” (minutos 45:48 a 45:58).
Así las cosas, contrario a lo indicado por el árbitro único en el acta de la
28.7.3.
audiencia, el recurso de reposición se presentó en la única oportunidad que el Hospital
tuvo para el efecto, que fue al momento en el que se notificó el auto en que, entre otros
asuntos, el árbitro avocó competencia. Es tan claro lo anterior que el árbitro le preguntó
al apoderado si el recurso se refería al decreto de pruebas.
28.7.4. En ese sentido, si bien el apoderado del Hospital manifestó que no escuchó una
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declaración expresa sobre la competencia, interpuso el recurso contra el auto de
asunción de competencia en la oportunidad procesal correspondiente, esto es, en el
único momento en que el árbitro le permitió intervenir.
Igualmente, es evidente que la audiencia no había terminado para el momento
28.7.5.
en que el Hospital presentó el recurso, pues las partes posteriormente modificaron la
fecha de audiencia de alegatos fijada unilateralmente por el árbitro. En ese sentido, la
audiencia no finalizó en el minuto 44:03 de la grabación, sino posteriormente, en el
minuto 47:18.
28.8.De conformidad con lo indicado, el árbitro no permitió al Hospital sustentar el
recurso de reposición. Por lo anterior, se concluye que el recurrente sí agotó el requisito
de procedibilidad por el solo hecho de haber presentado el recurso de reposición
oportunamente. Ahora, no le es exigible al recurrente demostrar que los motivos que
hubiera invocado son los mismos esgrimidos en la solicitud de anulación del laudo, por
la sencilla razón de que el árbitro le impidió formularlos y, en tal sentido, se estaría
imponiendo una obligación de imposible cumplimiento.
29. En segundo lugar, la Subsección ha reconocido que la causal 2 procede “cuando
un tribunal estudia un asunto caducado”59, sin embargo, no es cierto que las
pretensiones de la demanda arbitral hubieran caducado.
29.1.El Hospital sostiene que operó la caducidad porque se debió interponer el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución No.
0061 del 16 de enero de 2018, por medio de la cual la entidad liquidó unilateralmente
el contrato.
29.2. Sin perjuicio de la naturaleza jurídica de dicha liquidación, la cual se estudiará
posteriormente, la pretensión de nulidad de un acto administrativo contractual debe
ventilarse por el medio de control de controversias contractuales tal como establece
expresamente el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante “CPACA”60:
Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del
Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su
revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos
administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los
perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado
podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de
mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los
59 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2023, radicación: 11001-03-
26-000-2023-00014-00 (69439), C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
60 Es preciso indicar que esta normativa es aplicable en materia arbitral, como ha indicado previamente esta
corporación: “si la justicia arbitral reemplaza a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, debe entenderse que
las reglas aplicables a aquella son las rigen en esta, sencillamente porque opera un reemplazo de la jurisdicción,
es decir, se trata de un verdadero equivalente jurisdiccional, toda vez que la justicia arbitral funge de juez de la
administración, con la misma pretensión correctora y protectora del ordenamiento jurídico y del comportamiento de
las partes del contrato. Por esta razón, la acción que se ejerce ante los árbitros es la contractual, regulada en el
artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, y por eso mismo el término de caducidad de la acción es la
prevista en dicho estatuto, es decir, la regulada en el artículo 136 num. 10” (Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 18 de febrero de 2010, radicación: 11001-03-26-000-2009-00058-00 (37004), C.P. Enrique Gil
Botero).
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dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo
acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley (destacado propio).
29.3. Teniendo en cuenta que el medio de control procedente es el de controversias
contractuales, el término para presentar el medio de control es de dos años después
de la terminación del contrato, tal como preceptúa el artículo 164 del CPACA:
Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser
presentada:
(…)
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
(…)
j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se
contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de
derecho que les sirvan de fundamento.
(…)
ii) En los que no requieran de liquidación, desde el día siguiente al de la terminación
del contrato por cualquier causa;61
29.4.En el presente caso, el contrato tenía un término de duración inicial de seis meses
contados a partir del acta de inicio del contrato62. No obstante, el plazo fue ampliado
por dos meses adicionales, por lo que el término de ejecución fue de ocho meses
contados a partir del acta de inicio63. Como el acta de inicio se suscribió el 25 de enero
de 201764, el contrato terminó el 25 de septiembre de 2017 y, por ende, el término
máximo para acudir al juez del contrato vencía el 26 de septiembre de 2019.
29.5.Por su parte, el demandante presentó demanda arbitral el 14 de junio de 201865,
esto es, antes de que operara la caducidad del medio de control. Cabe indicar que,
aunque el laudo que resolvió inicialmente la demanda fue declarado nulo, el
demandante conservó los efectos de la presentación del medio de control si se tiene
en cuenta que el artículo 44 del Estatuto Arbitral ordena lo siguiente:
Artículo 44. Prescripción y caducidad. Se considerará interrumpida la prescripción y
no operará la caducidad, cuando se anule el laudo por cualquiera de las causales 3 a
7, siempre que la parte interesada presente la solicitud de convocatoria de tribunal
arbitral dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia.
61 Como se explicará posteriormente, cuando se analice la competencia del tribunal arbitral, el contrato no requería
liquidación, pues no fue pactada.
En todo caso, no puede aplicarse el numeral iv) de la letra j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. Esta norma
establece que el término para demandar en los contratos que “requieran de liquidación y esta sea efectuada
unilateralmente por la administración, [se contará] desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo
que la apruebe”. En el presente caso, el Hospital aportó en el proceso arbitral copia de la “Resolución No. 0061”
del 16 de enero 2018, por medio de la cual se liquidó unilateralmente el contrato, (índice 2 del Samai – archivo
36_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA4_3_20250730085127726.pdf – folios 111 a 114) e incluso la citación realizada
para realizar la notificación personal del 8 de febrero de 2018 (índice 2 del Samai – archivo
36_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA4_3_20250730085127726.pdf – folio 110). Sin embargo, no acreditó que se haya
realizado la notificación por aviso, motivo por el cual se desconoce en qué fecha ocurrió la “ejecutoria” de la
Resolución 0061 de 2018.
62 En la cláusula cuarta del Contrato se acordó que el “contrato tendrá un plazo de seis (06) meses contados a·
partir de la firma del Acta de inicio de las actividades” (índice 2 del Samai – archivo
3_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA1_0_20250730085125570.pdf – folio 12).
63 El 27 de junio de 2017, antes del vencimiento del contrato, las partes celebraron el contrato adicional No. 011,
en virtud del cual se modificó la cláusula de plazo así “El contrato tendrá un plazo de ocho (08) meses, plazo que
surge de adicionar (02) meses más al término inicialmente pactado, y el plazo adicional, iniciará a partir de la firma
del acta de inicio de las actividades” (índice 2 del Samai – archivo
3_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA1_0_20250730085125570.pdf – folio 17).
64 Índice 2 del Samai – archivo 3_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA1_0_20250730085125570.pdf – folio 15.
65 Índice 2 del Samai – archivo 3_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA1_0_20250730085125570.pdf – folio 1.
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29.6. En el asunto bajo estudio, el laudo arbitral inicial fue anulado por indebida
conformación del tribunal arbitral, decisión que “cobró ejecutoria el 14 de julio de 2021”
de acuerdo con la certificación expedida por la Secretaria de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que obra en el expediente 66. En ese sentido, la convocante debía
presentar una nueva solicitud de convocatoria del tribunal arbitral a más tardar el 15
de octubre de 2021, trámite que realizó el 21 de julio de 2021 ante el Centro de
Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición67.
29.7.Así las cosas, en el presente caso, no operó la caducidad, pues el término
máximo para demandar vencía el 26 de septiembre de 2019 y la demanda inicial fue
presentada el 14 de junio de 2018.
30. En tercer lugar, no es cierto que el tribunal arbitral carecía de jurisdicción sobre el
asunto objeto del litigio. La Sala Plena de la Sección Tercera ha precisado que ese
evento se configura cuando los árbitros se pronuncian sobre materias frente a las
cuales no tienen autorización legal:
Se advierte que la causal segunda contempla, como motivos invalidantes del laudo
arbitral, tanto a la falta de jurisdicción, como a la falta de competencia. La primera,
corresponde a aquellos eventos en los que la decisión recae sobre materias respecto
de las cuales no existe autorización legal para los árbitros, teniendo en cuenta que
constitucionalmente -artículo 116- el arbitraje implica la habilitación de las partes para
proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley, la cual,
a su vez -Ley 1563 de 2012-, dispone las materias susceptibles de arbitraje: “(...) las
partes defieren a los árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de
libre disposición o aquellos que la ley autorice”. La segunda, esto es, la falta de
competencia, corresponde a aquellos eventos en los que el laudo recae sobre asuntos
que, si bien pueden ser disponibles o estar autorizados por la ley, no fueron
considerados por las partes como susceptibles de ser resueltos por el tribunal arbitral,
es decir, sobre materias no sometidas a su consideración, por no hallarse incluidas
en el pacto arbitral -cláusula compromisoria o compromiso-.
De acuerdo con lo anterior, en el presente caso el vicio aducido por el recurrente
corresponde al de falta de jurisdicción, toda vez que lo funda en la imposibilidad de
que los árbitros se pronuncien sobre la legalidad de los actos administrativos en los
que se ejercen facultades excepcionales, por no estar legalmente autorizados para
ello68.
31. En el presente caso, el recurrente aduce que el tribunal arbitral carecía de
jurisdicción para pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda porque estaban
encaminadas a desconocer implícitamente el contenido de la Resolución No. 0061 del
16 de enero de 2018, por medio de la cual el Hospital liquidó unilateralmente el
contrato. En su criterio, esto desconoce la prohibición establecida por “la jurisprudencia
unificada (…) de 2024”69 en relación con la imposibilidad de pronunciarse sobre la
legalidad de actos administrativos contractuales. El cargo no está llamado a prosperar
por dos motivos:
66 Índice 2 del Samai – 5_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA3_2_20250730085127070.pdf – folios 390 a 391.
67 Índice 2 del Samai – 6_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA4_3_20250730085127726.pdf – folios 1 a 4.
68 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 14 de marzo de 2024, radicación: 11001-03-26-
000-2022-00173-00 (68994), C.P. María Adriana Marín.
69 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folio 189.
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31.1. Por un lado, la Sala advierte que la liquidación unilateral expedida por el Hospital
no tiene naturaleza de acto administrativo, por las siguientes razones:
31.1.1.El numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993 regula el régimen jurídico
de las empresas sociales del Estado, así:
Artículo 195. Régimen jurídico. Las Empresas Sociales de Salud se someterán al
siguiente régimen jurídico:
(…)
6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá
discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto General
de Contratación de la administración pública.
En concordancia con la norma anterior, el inciso primero del artículo 76 de la
31.1.2.
Ley 1438 de 2011 señala lo siguiente:
Artículo 76. Eficiencia y transparencia en contratación, adquisiciones y compras de las
empresas sociales del estado. Con el propósito de promover la eficiencia y
transparencia en la contratación las Empresas Sociales del Estado podrán asociarse
entre sí, constituir cooperativas o utilizar sistemas de compras electrónicas o cualquier
otro mecanismo que beneficie a las entidades con economías de escala, calidad,
oportunidad y eficiencia, respetando los principios de la actuación administrativa y la
contratación pública. Para lo anterior la Junta Directiva deberá adoptar un estatuto de
contratación de acuerdo con los lineamientos que defina el Ministerio de la
Protección Social (destacado fuera del texto).
31.1.3.Con base en la normativa anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social
emitió la Resolución 5183 de 2013, por medio de “la cual se fijan los lineamientos para
que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá
su actividad contractual”. Esta Resolución preceptúa lo siguiente en su artículo 12:
Artículo 12. Fase de ejecución. Corresponde al período comprendido entre la
legalización del contrato hasta su liquidación. El estatuto de contratación deberá
regular las siguientes acciones:
(…)
12.3. La obligación de hacer efectivas las cláusulas excepcionales, en caso de
haberlas pactado en los contratos, cuando haya lugar a ello, dentro del plazo del
contrato (negrillas propias).
31.1.4.Como se puede observar, el artículo 12 de la Resolución 5183 de 2013
establece que dichas cláusulas se podrán hacer efectivas “en caso de haberlas
pactado en los contratos”. Esta norma está consonancia con el artículo 195 de la Ley
100 de 1993, el cual señala que las empresas sociales del Estado, aunque se rigen
por el derecho privado, podrán “discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes”.
31.1.5.En el caso bajo estudio, no se pactó la posibilidad de expedir la liquidación
unilateral70, pues el Hospital y la Convocante solamente acordaron que se podrían
expedir los siguientes actos administrativos:
CLÁUSULA SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN
70 Más allá de que, como se indicó previamente, esta facultad no corresponda, en estricto sentido, a una de las
“cláusulas excepcionales al derecho común” previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993.
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Convocante: Organización Empresarial Pública Ltda.
UNILATERAL DEL CONTRATO: El presente contrato queda sujeto a los principios de
caducidad e interpretación, modificación, terminación unilateral contenidas en la Ley
80 de 1993 y a los procedimientos previstos para tales efectos en las normas legales
y reglamentarias vigentes71.
31.1.6.De hecho, las partes no pactaron que el contrato fuera objeto de liquidación,
razón por la cual, como el contrato se rige por el derecho privado, no es posible
interpretar que las partes deban efectuarla.
31.1.7.Lo anterior significa que la convocante no tenía la obligación de discutir la
legalidad de un acto administrativo liquidación unilateral, porque se trataba de un acto
contractual de derecho privado. En ese sentido, el caso es análogo a la sentencia de
unificación proferida por esta Corporación en materia de actos contractuales de
empresas de servicios públicos, en la que se unificó lo siguiente:
Basado en las anteriores premisas, cuyos fundamentos servirán para la decisión que
se adoptará en esta sentencia, se fija la siguiente regla de unificación:
(i) Salvo las excepciones legales, los actos jurídicos adoptados por los prestadores de
servicios públicos domiciliarios con motivo de su actividad contractual, no son actos
administrativos y se rigen por la normatividad civil y comercial, así como por las reglas
atinentes a su régimen especial. Por tal razón, para controvertirlos a través del
medio de control de controversias contractuales, el demandante no tiene la carga
de solicitar su anulación.
(ii) En los asuntos pendientes de solución bajo los que se hubiere solicitado la nulidad
de tales actos por considerarlos actos administrativos, no podrá declararse la inepta
demanda ni los jueces pueden inhibirse de emitir una decisión de fondo. En garantía
del derecho de acceso a la administración de justicia y la aplicación del principio iura
novit curia, se debe adecuar e interpretar la demanda y reconducirla para fallarla de
fondo, conforme a la presente unificación72 (destacado de la Sala).
31.2. Por otra parte, sin perjuicio de lo anterior, tampoco es preciso señalar que la
Sección Tercera haya indicado que los árbitros carecen de competencia para estudiar
la validez de cualquier acto administrativo contractual. En efecto, en la sentencia del
14 de marzo de 2024 la jurisprudencia expresamente señaló lo siguiente:
Ahora bien, en vigencia del actual Estatuto Arbitral, el Consejo de Estado ha reiterado
la tesis expuesta en líneas precedentes, es decir, que los árbitros no pueden conocer
de la legalidad de los actos expedidos en desarrollo de los artículos 14 a 19 de
la Ley 80 de 1993:
A su vez el último inciso del artículo 1º de la Ley 1563 de 2012 reconoce dicha facultad
[la de celebrar el contrato de arbitraje] al disponer que cuando intervenga una entidad
estatal o quien desempeñe funciones administrativas, el laudo deberá proferirse en
derecho cuando las controversias que se someten a la decisión de los árbitros surjan
por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación,
terminación o liquidación de un contrato estatal, incluyendo las consecuencias
económicas de los actos administrativos expedidos en el ejercicio de facultades
excepcionales.
Lo dispuesto en las normas referidas ya había sido desarrollado a nivel
jurisprudencial, señalándose que si bien los árbitros sí tenían la facultad de
pronunciarse sobre los efectos económicos de los actos administrativos, no podían
71 Índice 2 del Samai – archivo 3_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA1_0_20250730085125570.pdf – folio 13.
72 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de mayo de 2024, radicación: 76001-23-31-
000-2006-03320-03 (53962), C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Aunque la providencia se refiere a empresas de
servicios públicos domiciliarios, la ratio decidendi vertida en las reglas de unificación es aplicable a casos en los
que los contratos se rijan por derecho privado.
22
Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
Convocante: Organización Empresarial Pública Ltda.
hacerlo respecto de la legalidad de los actos administrativos proferidos en ejercicio
de las denominadas facultades excepcionales73.
(…)
Bajo estos términos, y como ya lo indicó la Sala líneas más arriba, que la Ley 1563
de 2012 admita que los árbitros pueden conocer o pronunciarse frente a los efectos
económicos de actos administrativos expedidos con fundamento en poderes
excepcionales, no significa que ellos puedan cuestionar su validez. En efecto, en la
Ley 1563 no existe ninguna referencia normativa que permita colegir que los árbitros
pueden conocer de la legalidad de este tipo de actos administrativos, circunstancia
que se refuerza si se tiene en cuenta que la única mención que se incluye alude, de
forma puntual, a las consecuencias económicas de dichos actos. (…)
Dicho en otras palabras, los árbitros podrán pronunciarse sobre los efectos
económicos de los actos administrativos en los que se ejerzan facultades
excepcionales, siempre y cuando no implique desconocer o modificar las medidas de
restablecimiento expresamente incluidas en ellos, tomadas en virtud de lo
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, norma que establece que la
entidad puede aplicar mecanismos de ajuste económico del contrato para mantener
la ecuación o equilibrio inicial, es decir, la equivalencia de prestaciones entre las
partes, que se puede ver afectada en contra de cualquiera de ellas, no solo del
contratista.
(…)
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala procederá a unificar su jurisprudencia en
torno a los alcances de la facultad que, de conformidad con lo establecido en el inciso
final del artículo 1º de la Ley 1563 de 2012, tienen los árbitros en presencia de un acto
administrativo contractual en el que se ejercen poderes excepcionales, en los
siguientes términos:
Las medidas de reconocimiento y pago de las compensaciones e indemnizaciones y
la aplicación de mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales,
con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial, son inescindibles al
ejercicio de las potestades previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993. Los
litigios que versen sobre tales medidas y mecanismos comprometen un juicio de
validez y legalidad sobre el ejercicio de la función administrativa y no solamente sobre
sus efectos económicos; por tanto, los árbitros carecen de jurisdicción para
pronunciarse sobre esas disposiciones, y cualquier controversia en torno a ellas
deberá surtirse a través de la correspondiente impugnación judicial ante esta
jurisdicción especializada74 (resalta la Sala).
31.2.1. Como se puede observar, la sentencia de unificación está circunscrita a
“medidas de reconocimiento y pago de las compensaciones e indemnizaciones y la
aplicación de mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales, con
el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial, son inescindibles al ejercicio de las
potestades previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993”75. Precisamente, el asunto
estudiado por la Sección Tercera en esa oportunidad versó sobre una modificación
unilateral.
73 [Cita del original] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de abril de 2015, C.P.:
Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad.: 11001-03-26-000-2014-00162-00 (52.556).
74 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 14 de marzo de 2024, radicación: 11001-03-26-
000-2022-00173-00 (68994), C.P. María Adriana Marín.
75 “Artículo 14. De los medios que pueden utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual.
Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: (…) 2º. Pactaran
las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de
sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una
actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos, los contratos relacionados con el
programa de alimentación escolar o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de
obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión”. De
acuerdo con la norma, entonces, la unificación versó sobre los actos de (i) terminación unilateral —artículo 17 de
la Ley 80—, (ii) interpretación unilateral —artículo 15 de la Ley 80—, (iii) modificación unilateral —artículo 16 de la
Ley 80—, (iv) caducidad —artículo 18 de la Ley 80—, (v) sometimiento a las leyes nacionales y (vi) reversión —
artículo 19 de la Ley 80—.
23
Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
Convocante: Organización Empresarial Pública Ltda.
En ese sentido, la providencia de unificación de 2024 mantuvo incólume la
31.2.2.
postura que permite a los árbitros estudiar la validez de los demás actos
administrativos contractuales. Al respecto, la providencia hito indicó lo siguiente:
Y al efectuar el examen detallado y cuidadoso de la Sentencia C-1436 de 2000, la Sala
encuentra que el condicionamiento que se ha venido mencionando fue establecido por
la Corte Constitucional sobre la base de considerar que los aludidos actos
administrativos –cuyo examen no puede ser sometido al conocimiento de los árbitros–
son precisamente los que profieren las entidades estatales contratantes en ejercicio de
las facultades o potestades que consagra de manera expresa el hoy vigente artículo
14 de la Ley 80 de 1993, es decir: a) interpretación unilateral del contrato; b)
modificación unilateral del contrato; c) terminación unilateral del contrato; d)
sometimiento a las leyes nacionales; e) caducidad y f) reversión, conjunto de
prerrogativas éstas que la Corte Constitucional identificó como los poderes
excepcionales y a las cuales limitó, a la vez, el sentido de esa noción genérica para los
efectos del fallo en cuestión.
Dilucidados y limitados así tanto el sentido como el alcance del condicionamiento al
cual la Corte Constitucional supeditó la constitucionalidad de los artículos 70 y 71 de la
Ley 80 de 1993, todo en íntima conexión y con estricto apego a la ratio decidendi que
le sirvió de fundamento, se impone concluir que los demás actos administrativos
contractuales –es decir aquellos que están excluidos del conjunto de las
facultades que de manera expresa recoge el hoy vigente artículo 14 de la Ley 80
de 1993, conjunto al cual la Corte Constitucional circunscribió en esa ocasión la noción
de “poderes excepcionales”–, los demás actos administrativos contractuales –se
repite– sí pueden ser sometidos al estudio, al examen, al conocimiento y a la
decisión de los árbitros, en la medida en que no se encuentran cobijados por los
alcances de la sentencia de la Corte Constitucional y en relación con los mismos
tampoco la Constitución o la Ley establecen restricción alguna al respecto76 (destacado
fuera del texto).
31.2.3.Por lo tanto, si, en gracia de discusión, se considerara que la liquidación
unilateral realizada por el Hospital tuviera la naturaleza de acto administrativo, no
correspondería a ninguna de las cláusulas excepcionales previstas en el artículo 14 de
la Ley 80 de 1993. En efecto, la posibilidad con la que cuentan las entidades estatales
regidas por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para
expedir liquidaciones unilaterales tiene fundamento en el artículo 11 de la Ley 1150 de
200777 y, anteriormente, en el artículo 61 de la Ley 80 de 199378.
32. La Sala concluye que en el caso sub judice el Hospital agotó el requisito de
procedibilidad de la causal 2 del artículo 41 del Estatuto Arbitral. Sin embargo, no operó
la caducidad del medio de control de controversias contractuales y los árbitros
contaban con competencia para estudiar las pretensiones a pesar de que el Hospital
expidió una liquidación unilateral con anterioridad a que la convocante presentara la
76 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de junio de 2009, radicación: 11001-03-26-000-2009-
00001-00 (36252), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
77 “Artículo 11. Del plazo para la liquidación de los contratos. (…) / En aquellos casos en que el contratista no se
presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un
acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses
siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. / Si vencido el plazo anteriormente
establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos
años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. (…)”.
78 “Artículo 61. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido
de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado
susceptible del recurso de reposición”. Esta norma fue derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.
24
Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
Convocante: Organización Empresarial Pública Ltda.
demanda.
F. Causal 9: la causal no se configura cuando los árbitros carecen de
jurisdicción para resolver un asunto
33. El Hospital sostuvo que se configuró la causal 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de
2012, que se refiere a “Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión
de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre
cuestiones sujetas al arbitramento”, porque los árbitros carecían de competencia para
pronunciarse sobre la legalidad de la liquidación unilateral, de la siguiente manera:
Así las cosas y entendido como se ha dictado un laudo arbitral en contra de la
legalidad de un acto administrativo, es claro que estamos frente a la flagrante causal
de anulación del laudo arbitral de acuerdo al numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563
de 2012; la "falta de jurisdicción o de competencia". Desencadenando por ende la
causal novena del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 "Haber recaído el laudo sobre
aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido
o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento" (…)
Para efectos de anulación del laudo arbitral, el numeral 9 del artículo 41 de la Ley
1563 de 2012 (…) Es imprescindible resaltar que el laudo arbitral dictado en el
presente caso incurre en una desviación sustancial de su ámbito de conocimiento, al
pronunciarse sobre materias que, por su propia naturaleza jurídica se encuentran
excluidas del conocimiento de los árbitros. Nos referimos concretamente al contenido
del acto administrativo contenido en la Resolución No. 0061 del 16 de enero de 2018,
cuya esencia y fundamento jurídico se limitan, de manera exclusiva, al reconocimiento
económico derivado de la ejecución de un contrato estatal, es decir, a la liquidación y
fijación del valor de los honorarios causados en favor de la contratista por la
prestación de los servicios objeto del contrato.
(…)
En consecuencia, cualquier controversia que se plantee en torno a los valores
económicos reconocidos en dicha resolución, ya sea para afirmar que no
corresponden a lo ejecutado, que fueron erradamente calculados, o que deberían ser
modificados, constituye un ataque directo, sustancial e indivisible a la legalidad del
acto administrativo. Al tratarse de una decisión unilateral adoptada por una entidad
pública en ejercicio de su función administrativa, la única vía jurídicamente habilitada
para controvertirla es la jurisdicción contencioso-administrativa, a través de las
acciones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho.
En ese sentido, el tribunal arbitral, al emitir un laudo que se pronuncia sobre el fondo
económico de dicho acto, esto es, sobre los valores reconocidos en la resolución
administrativa, asumió una atribución que no le corresponde, desbordando de manera
manifiesta los límites legales del arbitraje. No puede desconocerse que el contenido
de ese acto se encuentra amparado por la presunción de legalidad, y que su eventual
modificación o invalidez solo puede ser declarada por un juez contencioso-
administrativo, con observancia de los requisitos sustanciales y procesales previstos
en la ley.
Al resolver sobre aspectos propios del control de legalidad de un acto administrativo
ejecutoriado, el tribunal no solo invadió una jurisdicción especializada, sino que omitió
deliberadamente su deber de abstenerse de conocer materias excluidas del arbitraje,
contraviniendo los principios de competencia funcional, legalidad y especialidad. En
otras palabras, el laudo recayó sobre cuestiones no susceptibles de arbitramento, en
abierta contravención al ordenamiento jurídico colombiano.
Paradójicamente, el tribunal no se pronunció con la debida precisión sobre aspectos
que sí eran propiamente arbitrables, como eventuales desequilibrios contractuales,
incumplimientos contractuales recíprocos o controversias interpretativas del
clausulado contractual. Por el contrario, el centro de la decisión arbitral se orientó a
cuestionar de manera implícita pero categórica el contenido económico del acto
administrativo, lo cual equivale a un juicio indirecto de nulidad sobre un acto de la
25
Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
Convocante: Organización Empresarial Pública Ltda.
administración, sin que exista competencia para ello.
Así, el laudo se funda en una evidente desviación del marco de competencia arbitral:
se expidió sobre aspectos no arbitrables, la validez y legalidad de un acto
administrativo unilateral. Esto, por sí solo, constituye una causal grave de nulidad del
laudo arbitral, en tanto configura una decisión ultra vires que vulnera el principio de
legalidad, afecta el debido proceso y compromete el valor mismo de la jurisdicción
arbitral como mecanismo legítimo y excepcional de solución de controversias (…)79.
34. En la oposición, la convocante sostuvo que la causal no se configura porque el
Hospital “simplemente pretende eludir la responsabilidad del pago”. En ese sentido,
indica que en el proceso arbitral se demostró que el dinero cobrado corresponde a las
gestiones realizadas por la contratista a favor de la entidad pública, tal como se
manifestó oportunamente en “los alegatos de conclusión”80 del proceso arbitral.
35. La Sala desestima el cargo porque se evidencia que los argumentos planteados
para sustentarlo solo se encuadran en la causal 2 del Estatuto Arbitral, referido a la
falta de jurisdicción, y no en la causal 9 citada por el Hospital.
36. En efecto, la causal prevista en el numeral 9 del artículo 41 del Estatuto Arbitral
regula una causal autónoma, así:
Artículo 41. Causales del recurso de anulación. Son causales del recurso de
anulación:
(…)
9. Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros,
haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al
arbitramento.
36.1. La causal citada se refiere a la incongruencia de la decisión arbitral, es decir, si
el laudo comporta una decisión extra, ultra o citra petita. En efecto, la Subsección ha
precisado lo siguiente sobre el alcance de la causal:
63. Así pues, la norma se refiere a laudos extra petita, en los cuales el Tribunal
resolvió sobre asuntos no sujetos a su decisión, ultra petita, cuando concedió más de
lo pedido y citra petita, cuando no resolvió sobre una cuestión sometida al arbitraje.
64. Esta causal está directamente relacionada con el principio de congruencia
contenido en el artículo 281 del Código General del Proceso, que dispone que “la
sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos
en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”.
65. En línea con lo anterior y según la jurisprudencia de esta Corporación, para
efectos de determinar si un laudo incurre en la causal en comento, es menester
realizar una comparación entre la decisión, los hechos y las pretensiones de la
demanda, y las excepciones propuestas por la parte convocada81.82.
36.2. Como se puede observar, la Sala ha precisado que la expresión “[h]aber recaído
el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros” se refiere a que el
laudo sea extra petita, esto es, que el tribunal conceda algo que no fue solicitado en
79 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folio 190, 195 y 196.
80 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folio 219.
81 [Cita del original] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
Sentencia de 27 de noviembre de 2017, exp. 59913A.
82 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 19 de junio de 2019, radicación: 11001-03-
26-000-2018-00109-00 (61809), C.P. Alberto Montaña Plata.
26
Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
Convocante: Organización Empresarial Pública Ltda.
las pretensiones de la demanda arbitral83.
36.3.Por lo anterior, la Sala desestima el cargo relativo a la causal novena, pues se
funda en la falta de jurisdicción, asunto que solo puede ser estudiado en el marco de
la causal segunda.
G. Causal 7 (laudo en conciencia): la decisión contiene una motivación
probatoria
I. Antecedentes
37.El Hospital sostuvo que se configuró la causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de
2012, dado que el laudo fue proferido en conciencia por tres motivos:
37.1.La decisión recurrida se limitó “a realizar una transcripción literal o un (copie y
pegue) [sic] absoluto del” laudo que fue anulado, por lo que es claro que no hubo un
estudio del caso con “la profundidad y detalle que amerita, mucho menos tuvo siquiera
en cuenta la cantidad de pruebas existentes dentro del proceso”.
37.2. Adicionalmente, no tuvo en cuenta “los argumentos y fundamentos de los
alegatos finales de esta defensa como los del Ministerio Público”, los cuales
concordaron en que debían negarse las pretensiones. Es tan claro esto que “ni siquiera
figuran dentro del laudo arbitral”84.
37.3.Finalmente, señaló que el laudo carece de motivación probatoria si se tiene en
cuenta los siguientes asuntos:
El tribunal simplemente mencionó que “está probado”85 un asunto sin indicar las
37.3.1.
pruebas concretas que le permiten llegar a la conclusión.
De todas las pruebas existentes en el material probatorio, solo se citan los
37.3.2.
documentos obrantes “a los folios 544 a 561”86, que demuestran que la entidad
demandada recibió mil quinientos millones de pesos ($1.500.000.000). Este hecho no
fue negado por el Hospital. En efecto, la demandada discutió que dicha consignación
haya sido producto de las gestiones del contratista, pues el Hospital había hecho el
saneamiento de ese aporte patronal con antelación a la suscripción del contrato.
El panel arbitral indica que la convocante radicó una solicitud de “saneamiento
37.3.3.
ante Porvenir (sin indicar cuál), pero desconoció que la misma era para realizar
saneamiento para vigencias 2012 - 2016 y no era para hacer saneamiento a las
83 En ese sentido, a diferencia de lo ocurrido en vigencia del Decreto 1818 de 1998, el actual Estatuto Arbitral no
permite discutir la falta de competencia o jurisdicción en el marco de la causal 9. En efecto, el artículo 163 del
Decreto 1818 de 1998 regulaba: “Son causales de anulación del laudo las siguientes: (…) 8. Haberse recaído el
laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido y 9. No haberse
decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”. Esta norma correspondía al artículo 38 del Decreto Ley 2279
de 1989.
84 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folio 194.
85 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folio 194.
86 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folio 194.
27
Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
Convocante: Organización Empresarial Pública Ltda.
vigencias 1994 - 2001, de donde proviene el dinero de los $1.500.000.000 de pesos”87.
37.3.4.Los árbitros ignoraron la Resolución 918 del 11 de noviembre de 2016, por
medio de la cual el Instituto de Seguros Social indicó que devolvería mil setecientos
treinta y seis millones doscientos sesenta y nueve mil seiscientos veinticinco pesos
($1.736.269.625), producto de excedentes de las vigencias de 1994 – 2001, los cuales
estaban en “custodia de la Tesorería General del Departamento de Norte de
Santander”88.
38. La convocante indicó que esta causal no permite discutir el fondo del asunto, al
punto que la “valoración errada de las pruebas por parte de los árbitros no configura el
vicio de fallo en conciencia”89. En todo caso, el laudo “fue debidamente sustentado en
la prueba, la cual tenía el carácter documental en su mayoría”90.
II. Consideraciones
39. La causal 7 del artículo 41 del Estatuto Arbitral consagra la causal de anulación
relativa a “Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre
que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo”.
40. Aunque la causal citada se refiere al contenido de la decisión arbitral, el juez de
anulación no está habilitado para estudiar los fundamentos de la decisión arbitral, pues
el inciso final del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 señala que la “autoridad judicial
competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni
calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o
interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.
41.En este sentido, la Sala previamente ha precisado que la causal requiere que se
cumplan tres requisitos:
La causal 7 es clara en indicar que deben acreditarse tres aspectos para que proceda
la anulación: uno, que el laudo deba ser en derecho; dos, que la decisión arbitral sea
proferida en equidad o conciencia; y tres, que esa circunstancia sea evidente o
manifiesta91.
42. En el asunto objeto de estudio se cumple el primer requisito, pues el inciso final
del artículo 1º del Estatuto Arbitral preceptúa los tribunales arbitrales en los que
intervenga una entidad pública deben proferir laudos en derecho92.
43. El segundo requisito, sin embargo, no se cumple en este caso, porque esta
87 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folio 194.
88 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folio 194.
89 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folio 216.
90 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folio 217.
91 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de abril de 2021, radicación: Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 19 de junio de 2019, radicación: 11001-03-26-000-2020-
00135-00 (66332), C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
92 “Artículo 1º. Definición, modalidades y principios. (…) / En los tribunales en que intervenga una entidad pública
o quien desempeñe funciones administrativas, si las controversias han surgido por causa o con ocasión de la
celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, incluyendo las
consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, el
laudo deberá proferirse en derecho”.
28
Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
Convocante: Organización Empresarial Pública Ltda.
exigencia se configura cuando: (i) el panel arbitral se aparta del ordenamiento jurídico
para fundamentar su decisión en equidad o (ii) cuando el laudo carece de motivación.
Al respecto, la Sala ha precisado lo siguiente:
2) En cuanto atañe específicamente a la configuración del fallo en conciencia esta Sala
en reciente pronunciamiento precisó: “puede declararse fundada cuando se verifique
uno de los tres siguientes supuestos: (1) cuando el Laudo se funde exclusivamente en
la equidad si debía ser en derecho; (2) cuando la decisión se haya tomado con
ausencia de fundamento jurídico o cuando la fundamentación jurídica presentada por
el Panel Arbitral no sustente lógicamente la decisión, y (3) cuando en esta se observe
una total ausencia de un análisis probatorio o cuando el Laudo haga referencia a
pruebas que no fundamenten objetivamente la decisión”93.94
44. Teniendo en cuenta la anterior conceptualización, es claro que dos de los tres
reparos planteados en el recurso no se enmarcan en el alcance de la causal de
anulación:
44.1. En primer lugar, el recurrente aduce que se ignoraron “los argumentos y
fundamentos de los alegatos finales” del Hospital y del Ministerio Público, los cuales
“ni siquiera figuran dentro del laudo arbitral”95. Este aspecto, sin embargo, no significa
que la decisión arbitral no se haya fundado en derecho. Para ello, como se indicó
previamente, es menester que el laudo carezca absolutamente de fundamento jurídico,
su fundamentación no sustente lógicamente la decisión, haya una ausencia total de
análisis probatorio o el laudo se base en pruebas que no sustentan objetivamente la
decisión.
44.2.En segundo lugar, el Hospital aduce que el árbitro único realizó un “copie y pegue
absoluto” del laudo proferido el 3 de septiembre de 2019, posteriormente anulado por
el Consejo de Estado.
44.2.1.La Sala observa que está demostrado que, como plantea el recurrente, el laudo
del 13 de mayo de 2025 contiene varios apartados que son idénticos al laudo del 3 de
septiembre de 2019. El siguiente cuadro comparativo contiene las transcripciones
integrales de la parte considerativa de ambas decisiones, las cuales permiten concluir
la mencionada identidad96:
Laudo del 3 de septiembre de 2019 Laudo del 13 de mayo de 2025
III.CONSIDERACIONES PARA RESOLVER III.CONSIDERACIONES PARA RESOLVER
PRESUPUESTOS PROCESALES PRESUPUESTOS PROCESALES
Se advierte en este proceso arbitral, la presencia Se advierte en este proceso arbitral, la presencia
de los presupuestos procesales necesarios para de los presupuestos procesales necesarios para
considerar debidamente conformada la relación considerar debidamente conformada la relación
jurídico- procesal, pues le asiste competencia a jurídico- procesal, pues le asiste competencia a
este Tribunal para conocer el conflicto; la partes este Tribunal para conocer el conflicto; la partes
del proceso ostentan capacidad para actuar y del proceso ostentan capacidad para actuar y
para comparecer así mismas al debate judicial, para comparecer así mismas al debate judicial,
93 [Cita del original] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de marzo de 2022, exp.
67.069, MP. Alberto Montaña Plata.
94 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 12 de abril de 2024, radicación: 11001-03-26-
000-2021-00155-00 (67306), C.P. Fredy Ibarra Martínez.
95 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folio 194.
96 La Sala aclara que incluirá espacios en el laudo del 3 de septiembre de 2019 para que el lector pueda ver que
los apartados de las providencias que son absolutamente iguales.
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Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
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dada su condición de personas en ejercicios dada su condición de personas en ejercicios
pleno de sus derechos y ambas estuvieron pleno de sus derechos y ambas estuvieron
representadas idóneamente por apoderado representadas idóneamente por apoderado
judicial; la demanda se ajusta a los requisitos judicial; la demanda se ajusta a los requisitos
legales y el proceso se tramita por la vía legales y el proceso se tramita por la vía
adecuada de conformidad a las prescripciones de adecuada de conformidad a las prescripciones de
la Ley 1563 de 2012 y del Código General del la Ley 1563 de 2012 y del Código General del
Proceso. Proceso.
E igualmente al ser la demandada una entidad
pública fue comunicada la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado de la presentación
de la demanda, de la misma manera intervino el
Ministerio Público a través de su apoderado
delegado con funciones administrativas.
CONSIDERACIONES GENERALES CONSIDERACIONES GENERALES
Constatada la presencia de los presupuestos Constatada la presencia de los presupuestos
procesales, se pasará a continuación a formular procesales, se pasará a continuación a formular
algunas consideraciones generales frente a algunas consideraciones generales frente a
varios aspectos de la controversia contractual varios aspectos de la controversia contractual
planteada por las partes de este proceso. planteada por las partes de este proceso. El artículo 1495 del Código Civil define el contrato El artículo 1495 del Código Civil define el contrato
o convención como "Un acto por el cual una parte o convención como "Un acto por el cual una parte
se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer
alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de
muchas personas"; por su parte el artículo 1602 muchas personas"; por su parte el artículo 1602
de la misma codificación dispone, que todo de la misma codificación dispone, que todo
contrato legalmente celebrado es Ley para las contrato legalmente celebrado es Ley para las
partes contratantes y no puede ser invalidado partes contratantes y no puede ser invalidado
sino, por su consentimiento mutuo o por causas sino, por su consentimiento mutuo o por causas
legales. legales. También es la ley sustancial la que establece los También es la ley sustancial la que establece los
elementos esenciales de todo contrato; estos elementos esenciales de todo contrato; estos
elementos son: elementos son: Capacidad: Es la aptitud jurídica para ejercer Capacidad: Es la aptitud jurídica para ejercer
derechos y contraer obligaciones sin derechos y contraer obligaciones sin
representación de terceros. representación de terceros. Consentimiento: Nace por la presencia de la Consentimiento: Nace por la presencia de la
oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa
que han de constituir el contrato. que han de constituir el contrato. Objeto: pueden ser objeto de contratos todas las Objeto: pueden ser objeto de contratos todas las
cosas que no están fuera del comercio, aun las cosas que no están fuera del comercio, aun las
que pudieran existir en el futuro. Pueden ser que pudieran existir en el futuro. Pueden ser
igualmente objeto de contrato todos los servicios igualmente objeto de contrato todos los servicios
que no sean contrarios a las leyes o a las buenas que no sean contrarios a las leyes o a las buenas
costumbres. costumbres. Causa: Es la entrega o promesa de una cosa o Causa: Es la entrega o promesa de una cosa o
servicio por la otra parte. servicio por la otra parte. Forma: en algunos contratos es posible que se Forma: en algunos contratos es posible que se
exija una forma específica de celebración. Por exija una forma específica de celebración. Por
ejemplo, puede ser necesaria la forma escrita, la ejemplo, puede ser necesaria la forma escrita, la
firma ante notario o ante testigos, etc. firma ante notario o ante testigos, etc. Las anteriores definiciones y elementos Las anteriores definiciones y elementos
esenciales aplican a cualquier clase de contrato esenciales aplican a cualquier clase de contrato
sea civil, comercial o estatal. sea civil, comercial o estatal. Es la Ley 80 de 1993, la que se ocupa de los Es la Ley 80 de 1993, la que se ocupa de los
contratos estatales; establece esta ley que son contratos estatales; establece esta ley que son
contratos estatales, todos los actos jurídicos contratos estatales, todos los actos jurídicos
generadores de obligaciones que celebren las generadores de obligaciones que celebren las
entidades estatales bien sean, contratos entidades estatales bien sean, contratos
previstos en el Derecho Privado o en el estatuto previstos en el Derecho Privado o en el estatuto
de contratación estatal o en disposiciones de contratación estatal o en disposiciones
especiales. especiales.
Los contratos estatales, en principio deben Los contratos estatales, en principio deben
constar por escrito, y no requieren ser elevados a constar por escrito, y no requieren ser elevados a
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escritura pública, con excepción de aquellos que escritura pública, con excepción de aquellos que
implique mutación del dominio o imposición de implique mutación del dominio o imposición de
gravámenes y servidumbre sobre bienes gravámenes y servidumbre sobre bienes
inmuebles y en general, aquellos que conforme a inmuebles y en general, aquellos que conforme a
normas legales vigentes deban cumplir con dicha normas legales vigentes deban cumplir con dicha
formalidad (artículo 39 de la Ley 80 de 1993). formalidad (artículo 39 de la Ley 80 de 1993). Los contratos celebrados por entidades estatales Los contratos celebrados por entidades estatales
se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre
el objeto y la contraprestación y este se eleve a el objeto y la contraprestación y este se eleve a
escrito según el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. escrito según el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. El contrato de prestación de servicios tiene sus El contrato de prestación de servicios tiene sus
fundamentos jurídicos en el numeral 3 del artículo fundamentos jurídicos en el numeral 3 del artículo
32 de la Ley 80 de 1993 y en el Numeral 4 del art 32 de la Ley 80 de 1993 y en el Numeral 4 del art
2 de la ley 1150 de 2007, normas en las cuales 2 de la ley 1150 de 2007, normas en las cuales
se expresa que la contratación directa por parte se expresa que la contratación directa por parte
de las entidades estatales, pueden darse para el de las entidades estatales, pueden darse para el
cubrimiento o necesidades que no pueden ser cubrimiento o necesidades que no pueden ser
desarrolladas por personas vinculadas a la planta desarrolladas por personas vinculadas a la planta
laboral de la entidad oficial contratante o cuando laboral de la entidad oficial contratante o cuando
se requiere de conocimientos especializados. se requiere de conocimientos especializados. Respecto del contrato de prestación de servicios, Respecto del contrato de prestación de servicios,
La (sic) Corte en sentencia C - 614 de 2019, se La (sic) Corte en sentencia C - 614 de 2019, se
refiere que, tiene por finalidad realizar actividades refiere que, tiene por finalidad realizar actividades
relacionadas con el objeto de la entidad o el relacionadas con el objeto de la entidad o el
cumplimiento de sus funciones, definiendo al cumplimiento de sus funciones, definiendo al
respecto un carácter temporal. Para el caso, el respecto un carácter temporal. Para el caso, el
contratista goza de autonomía e independencia contratista goza de autonomía e independencia
para la ejecución de las prestaciones, en tanto se para la ejecución de las prestaciones, en tanto se
cumpla con el objeto del contrato, ya que existe cumpla con el objeto del contrato, ya que existe
una amplia libertad contractual, de manera que una amplia libertad contractual, de manera que
las partes pueden acordar casi cualquier cosa las partes pueden acordar casi cualquier cosa
siempre que no se viole ley alguna, que tiene siempre que no se viole ley alguna, que tiene
como finalidad el cumplimiento del objeto como finalidad el cumplimiento del objeto
contractual, en el cual el contratista tiene cierta contractual, en el cual el contratista tiene cierta
libertad para ejecutarlo. libertad para ejecutarlo. Al respecto tiene dicho la Corte constitucional, Al respecto tiene dicho la Corte constitucional,
"La autonomía e independencia del contratista "La autonomía e independencia del contratista
desde el punto de vista técnico y científico, desde el punto de vista técnico y científico,
constituye el elemento esencial de este contrato. constituye el elemento esencial de este contrato.
Esto significa que el contratista dispone de un Esto significa que el contratista dispone de un
amplio margen de discrecionalidad en cuanto amplio margen de discrecionalidad en cuanto
concierne a la ejecución del objeto contractual concierne a la ejecución del objeto contractual
dentro del plazo fijado y a la realización de la dentro del plazo fijado y a la realización de la
labor, según las estipulaciones acordadas". labor, según las estipulaciones acordadas". Además, por vía jurisprudencial, se ha reiterado Además, por vía jurisprudencial, se ha reiterado
que el contrato de prestación de Servicios puede que el contrato de prestación de Servicios puede
celebrarse tanto con personas naturales como celebrarse tanto con personas naturales como
jurídicas. Al respecto, el Consejo de Estado se jurídicas. Al respecto, el Consejo de Estado se
pronunció manifestando que "el contrato de pronunció manifestando que "el contrato de
prestación de Servicios tiene por finalidad realizar prestación de Servicios tiene por finalidad realizar
actividades relacionadas con la administración de actividades relacionadas con la administración de
la entidad o el cumplimiento de sus funciones; su la entidad o el cumplimiento de sus funciones; su
carácter es temporal; el contratista goza de carácter es temporal; el contratista goza de
autonomía e independencia para la ejecución de autonomía e independencia para la ejecución de
las prestaciones y puede celebrarse tanto con las prestaciones y puede celebrarse tanto con
personas jurídicas como naturales, en este último personas jurídicas como naturales, en este último
caso, siempre y cuando las actividades caso, siempre y cuando las actividades
contratadas no pueden cumplirse con personal contratadas no pueden cumplirse con personal
de planta o cuando las labores requeridas exigen de planta o cuando las labores requeridas exigen
conocimientos especializados de los que no conocimientos especializados de los que no
disponen los servidores de la entidad. (...)" disponen los servidores de la entidad. (...)"
(Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio (Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio
Civil. C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce., Civil. C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce.,
sentencia del 23 de noviembre de 2005. No de sentencia del 23 de noviembre de 2005. No de
radicación 11001-03-06-000-2005-01693- radicación 11001-03-06-000-2005-01693-
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00(1693).) 00(1693).)
NATURALEZA DEL CONTRATO DE NATURALEZA DEL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIO PRESTACIÓN DE SERVICIO
El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 en la definición El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 en la definición
y tipos de contratos estatales, establece en su y tipos de contratos estatales, establece en su
numeral 3: numeral 3:
"Son contratos de Prestación de "Son contratos de Prestación de
servicios los que celebren las entidades servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades estatales para desarrollar actividades
relacionadas con la administración o relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos funcionamiento de la entidad. Estos
contratos sólo podrán celebrarse con contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran personal de planta o requieran
conocimientos especializados". conocimientos especializados".
"En ningún caso estos contratos generan "En ningún caso estos contratos generan
relación laboral ni prestaciones sociales relación laboral ni prestaciones sociales
y se celebrarán por el término y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable." estrictamente indispensable."
Bajo el sustento normativo actual, el Contrato de (sic) Bajo el sustento normativo actual, el
Prestación de Servicios es un tipo contractual que Contrato de Prestación de Servicios es
realiza la Administración Pública con una un tipo contractual que realiza la
persona natural o jurídica con el propósito de que Administración Pública con una persona
ésta última desarrolle una labor de apoyo relativa natural o jurídica con el propósito de que
a las funciones de la entidad. ésta última desarrolle una labor de apoyo
De igual forma el Consejo de Estado, aclaró que relativa a las funciones de la entidad.
ni el Código Civil, ni el Código de Comercio De igual forma el Consejo de Estado,
definen lo que debe entenderse como contrato de aclaró que ni el Código Civil, ni el Código
Prestación de Servicios, de acuerdo con el de Comercio definen lo que debe
Diccionario de la Real Academia de la Lengua y entenderse como contrato de Prestación
la concepción tradicional que se ha tenido de de Servicios, de acuerdo con el
aquel, puede afirmarse que son aquellas Diccionario de la Real Academia de la
actividades en las cuales predomina el ejercicio Lengua y la concepción tradicional que
del intelecto y que han sido reconocidas por el se ha tenido de aquel, puede afirmarse
Estado. que son aquellas actividades en las
El mismo Consejo de Estado definiendo el cuales predomina el ejercicio del
Contrato de Prestación de Servicios exteriorizó: intelecto y que han sido reconocidas por
"Aquel que se celebra con personas el Estado.
naturales o jurídicas para desarrollar El mismo Consejo de Estado definiendo el
actividades relacionadas con el Contrato de Prestación de Servicios exteriorizó:
cumplimiento de funciones adscritas a la "Aquel que se celebra con personas
entidad." naturales o jurídicas para desarrollar
actividades relacionadas con el
cumplimiento de funciones adscritas a la
entidad."
IV.-EL CASO CONCRETO: IV.-EL CASO CONCRETO: La ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA La ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA
LTDA, identificada con Nit:900.113.723-7 LTDA, identificada con Nit:900.113.723-7
representada legalmente por la Señora MARIA representada legalmente por la Señora MARIA
ANTONIA VALBUENA GÓMEZ, por intermedio ANTONIA VALBUENA GÓMEZ, por intermedio
de apoderado judicial, y en virtud del pacto de apoderado judicial, y en virtud del pacto
arbitral estipulado en el contrato de prestación de arbitral estipulado en el contrato de prestación de
servicios celebrado con la ESE HOSPITAL servicios celebrado con la ESE HOSPITAL
EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DE OCAÑA EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DE OCAÑA
con Nit.
890.501.438-1, representada legalmente con Nit. 890.501.438-1, representada legalmente
en su actualidad por su señor Gerente ELMER en su actualidad por su señor Gerente ELMER
TAMAYO JAIMES, solicita ante este Tribunal de TAMAYO JAIMES, solicita ante este Tribunal de
Arbitramento, declare que la ESE HOSPITAL Arbitramento, declare que la ESE HOSPITAL
EMIRO QUINTERO CANIZARES DE OCAÑA, le EMIRO QUINTERO CANIZARES DE OCAÑA, le
adeuda la suma de doscientos cincuenta y nueve adeuda la suma de doscientos cincuenta y nueve
millones doscientos ochenta y cinco mil millones doscientos ochenta y cinco mil
setecientos treinta pesos ($259.285.730), como setecientos treinta pesos ($259.285.730), como
resultado de la ejecución del contrato No. 041, resultado de la ejecución del contrato No. 041,
celebrado en la ciudad de Ocaña, el día 25 de celebrado en la ciudad de Ocaña, el día 25 de
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Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
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enero de 2017, suscrito para obtener la enero de 2017, suscrito para obtener la
devolución de excedentes de aportes patronales devolución de excedentes de aportes patronales
del saneamiento de aportes patronales Ley 715 del saneamiento de aportes patronales Ley 715
de 2001 – Decreto 1336 de 2006 -Decreto 2464 de 2001 – Decreto 1336 de 2006 -Decreto 2464
de 2014; igualmente para que se ordene el pago de 2014; igualmente para que se ordene el pago
inmediato de dicha suma y que se condene a inmediato de dicha suma y que se condene a
pagar las costas y agencias en derecho. pagar las costas y agencias en derecho. Dichas pretensiones son fundamentadas por la Dichas pretensiones son fundamentadas por la
parte convocante con base en el contrato de parte convocante con base en el contrato de
prestación de servicios No. 041, suscrito el día 25 prestación de servicios No. 041, suscrito el día 25
de enero de 2017 con la ESE HOSPITAL EMIRO de enero de 2017 con la ESE HOSPITAL EMIRO
QUINTERO CAÑIZARES DE OCAÑA, con acta QUINTERO CAÑIZARES DE OCAÑA, con acta
de inicio del día 25 de enero del mismo año, de inicio del día 25 de enero del mismo año,
donde la demandada se obligó al pago por los donde la demandada se obligó al pago por los
servicios prestados a favor de la servicios prestados a favor de la
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA (sic) ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA (sic)
LTDA, en una tarifa del 15% sobre el valor que LTDA, en una tarifa del 15% sobre el valor que
ingrese efectivamente en la cuenta que la entidad ingrese efectivamente en la cuenta que la entidad
determine para tal fin, consignado por las determine para tal fin, consignado por las
diferentes administradoras de seguridad social diferentes administradoras de seguridad social
según lo consagrado en la cláusula “TERCERA según lo consagrado en la cláusula TERCERA de
(sic) de dicho contrato. dicho contrato. Frente a las anteriores pretensiones de la parte Frente a las anteriores pretensiones de la parte
actora, la parte demandada se opone, actora, la parte demandada se opone,
argumentando básicamente, que si bien los argumentando básicamente, que si bien los
dineros en la suma de MIL QUINIENTOS dineros en la suma de MIL QUINIENTOS
MILLONES DE PESOS ($1.500.000.000), MILLONES DE PESOS ($1.500.000.000),
ingresaron a sus cuentas, ello no se debió ni a la ingresaron a sus cuentas, ello no se debió ni a la
ejecución del contrato No 041 del 25 de enero de ejecución del contrato No 041 del 25 de enero de
2017, ni a gestión de la demandante y que en esa 2017, ni a gestión de la demandante y que en esa
medida no se causaron dichos honorarios por medida no se causaron dichos honorarios por
prestación de servicios. prestación de servicios. La parte demandada, se opone a las La parte demandada, se opone a las
pretensiones de la parte convocante, pretensiones de la parte convocante,
manifestando que no se le adeuda a la manifestando que no se le adeuda a la
convocante ninguna suma, y que le fueron convocante ninguna suma, y que le fueron
cancelados sus honorarios de acuerdo a la cancelados sus honorarios de acuerdo a la
Resolución No. 0061 del 16 de enero de 2018, Resolución No. 0061 del 16 de enero de 2018,
que la ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO que la ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO
CANIZARES DE OCAÑA, nunca ha incumplido CANIZARES DE OCAÑA, nunca ha incumplido
con el clausulado del contrato No. 041 de 2017, y con el clausulado del contrato No.
041 de 2017, y
por ende no está obligada a cancelar las sumas por ende no está obligada a cancelar las sumas
de dinero que se reclaman a esta instancia, por de dinero que se reclaman a esta instancia, por
ser una invención de la demandante ser una invención de la demandante
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA (sic) ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA (sic)
LTDA representada por MARIA ANTONIA LTDA representada por MARIA ANTONIA
VALBUENA GOMEZ, pues no ha realizado o VALBUENA GOMEZ, pues no ha realizado o
ejercitado acciones que permitan demostrar, que ejercitado acciones que permitan demostrar, que
por las mismas, ingresó la suma de por las mismas, ingresó la suma de
$1.500.000.000 millones de pesos a la empresa $1.500.000.000 millones de pesos a la empresa
social del estado (sic). social del estado (sic). Agrega además, que las actas de saneamiento Agrega además, que las actas de saneamiento
de aportes patronales que presentar como de aportes patronales que presentar como
pruebas son actas que fueron firmadas en fechas pruebas son actas que fueron firmadas en fechas
anteriores a la ejecución del contrato como es el anteriores a la ejecución del contrato como es el
acta firmada con PORVENIR para el acta firmada con PORVENIR para el
saneamiento de aportes patronales con la saneamiento de aportes patronales con la
vigencia 2012-2013 firmada el 11 de noviembre vigencia 2012-2013 firmada el 11 de noviembre
de 2016 (Más de dos meses antes que se de 2016 (Más de dos meses antes que se
firmara el contrato objeto de la presente firmara el contrato objeto de la presente
controversia), así como el acta No. 2642, 2643, controversia), así como el acta No. 2642, 2643,
2644 que fueron firmada con la NUEVA EPS, que 2644 que fueron firmada con la NUEVA EPS, que
tiene fecha de 26 de mayo de 2015 casi dos años tiene fecha de 26 de mayo de 2015 casi dos años
antes de firmar el contrato, o las actas 3414 con antes de firmar el contrato, o las actas 3414 con
la nueva EPS de fecha 20 de enero de 2016, la nueva EPS de fecha 20 de enero de 2016,
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Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
Convocante: Organización Empresarial Pública Ltda.
también podemos encontrar el acta 4537 de también podemos encontrar el acta 4537 de
fecha 05 de enero de 2017 y otras actas más, fecha 05 de enero de 2017 y otras actas más,
esto sin mencionar que se encuentran otras actas esto sin mencionar que se encuentran otras actas
que generan suspicacia al ser firmadas solo con que generan suspicacia al ser firmadas solo con
cuatro o cinco días después del contrato, esto cuatro o cinco días después del contrato, esto
con base en que la demandante presenta con base en que la demandante presenta
solicitud de adición al plazo del contrato solicitud de adición al plazo del contrato
aduciendo que las administradoras de seguridad aduciendo que las administradoras de seguridad
social se están demorando más de lo normal. social se están demorando más de lo normal. Dice la parte demandada que la parte Dice la parte demandada que la parte
demandante, pretende cobrar por aparentes demandante, pretende cobrar por aparentes
gestiones suyas, tramites que fueron realizados gestiones suyas, tramites que fueron realizados
por la ESE, para la devolución de aportes por la ESE, para la devolución de aportes
patronales que corresponden a la vigencia 1994- patronales que corresponden a la vigencia 1994-
2001 dentro del contrato de prestación de 2001 dentro del contrato de prestación de
servicios No. 041 del 25 de enero de 2017, cuyo servicios No. 041 del 25 de enero de 2017, cuyo
objeto del contrato era saneamiento de aportes objeto del contrato era saneamiento de aportes
patronales para la vigencia de 1994-2001 y que patronales para la vigencia de 1994-2001 y que
fueron reconocidas por la Gobernación de Norte fueron reconocidas por la Gobernación de Norte
de Santander mediante resolución 00918 de 11 de Santander mediante resolución 00918 de 11
de noviembre de 2016. de noviembre de 2016. Que la demandada se niega al pago total de la Que la demandada se niega al pago total de la
cuenta de cobro aduciendo que los valores cuenta de cobro aduciendo que los valores
cobrados no corresponden a la realidad fáctica cobrados no corresponden a la realidad fáctica
reflejadas en sus cuentas bancarias, y le reflejadas en sus cuentas bancarias, y le
desconoce la suma de la consignación realizada desconoce la suma de la consignación realizada
por el FONDO DE CESANTIAS PORVENIR, por por el FONDO DE CESANTIAS PORVENIR, por
MIL QUINIENTOS MILLONES PESOS MIL QUINIENTOS MILLONES PESOS
($1.500.000.000), dinero consignado tal como se ($1.500.000.000), dinero consignado tal como se
refleja en los documentos anexos y que la ESE refleja en los documentos anexos y que la ESE
HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES DE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES DE
OCAÑA, ha cumplido con el pago del contrato OCAÑA, ha cumplido con el pago del contrato
firmado No. 041 de 2017. firmado No. 041 de 2017.
De conformidad con la realidad procesal, De conformidad con la realidad procesal,
estamos frente a un conflicto de naturaleza estamos frente a un conflicto de naturaleza
contractual, en donde la parte demandante, contractual, en donde la parte demandante,
manifiesta tener celebrado con la ESE manifiesta tener celebrado con la ESE
HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DE
OCAÑA, el contrato No 041 del 25 de enero de OCAÑA, el contrato No 041 del 25 de enero de
2017, contrato que tenía por objeto la prestación 2017, contrato que tenía por objeto la prestación
de servicios para desarrollar todas las de servicios para desarrollar todas las
actividades, actuaciones y acciones pertinentes actividades, actuaciones y acciones pertinentes
para que en un plazo no superior a seis meses para que en un plazo no superior a seis meses
aumentado en dos meses más, se lograra la aumentado en dos meses más, se lograra la
devolución de excedentes de aportes patronales devolución de excedentes de aportes patronales
provenientes de la conciliación de aportes provenientes de la conciliación de aportes
patronales con las diferentes entidades patronales con las diferentes entidades
administradoras de seguridad social por administradoras de seguridad social por
concepto de cesantías, salud, pensión y riesgos concepto de cesantías, salud, pensión y riesgos
profesionales a las que haya lugar, que dentro de profesionales a las que haya lugar, que dentro de
la vigencia del contrato gestionó para la entidad la vigencia del contrato gestionó para la entidad
contratante la recuperación de excedentes por la contratante la recuperación de excedentes por la
suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE
PESOS (1.500.000.000) razón por la cual, se PESOS (1.500.000.000) razón por la cual, se
habría causado en su favor y en contra de la ESE habría causado en su favor y en contra de la ESE
HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES DE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES DE
OCAÑA el pago del porcentaje acordado como OCAÑA el pago del porcentaje acordado como
contraprestación (15%). contraprestación (15%). Para este Tribunal, está probado, con la Para este Tribunal, está probado, con la
confesión de las partes y con la prueba confesión de las partes y con la prueba
documental que el contrato si (sic) existió y que documental que el contrato si (sic) existió y que
se trata de un contrato válido, en virtud de que las se trata de un contrato válido, en virtud de que las
partes contratantes tienen capacidad para partes contratantes tienen capacidad para
contratar, el consentimiento no está afectado por contratar, el consentimiento no está afectado por
ningún vicio y además tiene un objeto y una ningún vicio y además tiene un objeto y una
34
Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
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causa licita. Además de lo anterior, ninguna de causa licita. Además de lo anterior, ninguna de
las partes a cuestionado en este proceso la las partes a cuestionado en este proceso la
validez de dicho contrato, por lo que la discusión validez de dicho contrato, por lo que la discusión
para determinar la prosperidad de la pretensión para determinar la prosperidad de la pretensión
se reduce a constatar si la suma de los MIL se reduce a constatar si la suma de los MIL
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS QUINIENTOS MILLONES DE PESOS
(1.500.000.000), que se dice haber ingresado a (1.500.000.000),.que (sic) se dice haber
las arcas de la ESE HOSPITAL EMIRO ingresado a las arcas de la ESE HOSPITAL
QUINTERO CAÑIZARES DE OCAÑA, EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DE OCAÑA,
corresponden al desarrollo o a la ejecución del corresponden al desarrollo o a la ejecución del
contrato de prestación de servicios firmado entre contrato de prestación de servicios firmado entre
las partes. las partes. Advierte además este Tribunal, que tampoco Advierte además este Tribunal, que tampoco
existe discusión entre las partes, sobre el hecho existe discusión entre las partes, sobre el hecho
que los MIL QUINIENTOS MILLONES DE que los MIL QUINIENTOS MILLONES DE
PESOS (1.500.000.000) ingresaron a la ESE PESOS (1.500.000.000) ingresaron a la ESE
HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES DE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES DE
OCAÑA, la prueba documental obrante en este OCAÑA, la prueba documental obrante en este
proceso demuestra lo siguiente, que en fecha 14 proceso demuestra lo siguiente, que en fecha 14
de junio de 2017, cuando aún estaba vigente el de junio de 2017, cuando aún estaba vigente el
termino de ejecución del contrato, ingreso (sic) a termino de ejecución del contrato, ingreso (sic) a
la cuenta indicada en la certificación bancaria que la cuenta indicada en la certificación bancaria que
fue aportada por el Representante legal de la fue aportada por el Representante legal de la
ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO
CANIZARES y radicada ante el Fondo de CANIZARES y radicada ante el Fondo de
Cesantías Porvenir S.A., por la señora María Cesantías Porvenir S.A., por la señora María
Antonia Valbuena Gómez, en su condición de Antonia Valbuena Gómez, en su condición de
representante legal de la Organización representante legal de la Organización
empresarial pública Ltda, mediante radicado No empresarial pública Ltda, mediante radicado No
010022207959600, lo cual se corrobora por este 010022207959600, lo cual se corrobora por este
Tribunal a folio 544, dinero que como el mismo Tribunal a folio 544, dinero que como el mismo
fondo de Cesantías Porvenir S.A. manifiesta en fondo de Cesantías Porvenir S.A. manifiesta en
la respuesta al radicado antes mencionado, el la respuesta al radicado antes mencionado, el
concepto de dicho desembolso obedece a concepto de dicho desembolso obedece a
devolución de excedentes, lo anterior conforme a devolución de excedentes, lo anterior conforme a
folio 561. folio 561. También está acreditado en este proceso, con También está acreditado en este proceso, con
prueba documental que no ha sido formalmente prueba documental que no ha sido formalmente
tachada de falsa, ni desconocida, que la gestión tachada de falsa, ni desconocida, que la gestión
o trámite para recuperar ese excedente por MIL o trámite para recuperar ese excedente por MIL
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS QUINIENTOS MILLONES DE PESOS
($1.500.000.000), fue adelantado por la sociedad ($1.500.000.000), fue adelantado por la sociedad
demandante a través de su representante legal demandante a través de su representante legal
conforme a los folios antes mencionados que conforme a los folios antes mencionados que
reposan en el expediente, los cuales demuestra reposan en el expediente, los cuales demuestra
fehacientemente quien adelanto (sic) la gestión fehacientemente quien adelanto (sic) la gestión
para la recuperación del excedente. para la recuperación del excedente.
En resumen, de lo expuesto, encuentra este En resumen, de lo expuesto, encuentra este
Tribunal probado no solo la existencia del Tribunal probado no solo la existencia del
contrato y su vigencia, así como su validez, sino contrato y su vigencia, así como su validez, sino
además que fue en ejecución de ese contrato y además que fue en ejecución de ese contrato y
por gestiones adelantadas por la firma por gestiones adelantadas por la firma
contratista, que se recuperó por concepto de contratista, que se recuperó por concepto de
excedentes la suma de MIL QUINIENTOS excedentes la suma de MIL QUINIENTOS
MILLONES ($1.500.000.000) para la ESE MILLONES ($1.500.000.000) para la ESE
HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DE
OCAÑA y en esa medida, siendo todo contrato OCAÑA y en esa medida, siendo todo contrato
una ley para las partes, le asiste la obligación a la una ley para las partes, le asiste la obligación a la
entidad contratante de pagar a la contratista en entidad contratante de pagar a la contratista en
cumplimiento del contrato el equivalente al cumplimiento del contrato el equivalente al
15%de la suma recuperada, esto es la cantidad 15%de la suma recuperada, esto es la cantidad
de DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE de DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE
PESOS ($225.000.000), sumas que se debieron PESOS ($225.000.000), sumas que se debieron
pagar para el momento en que con posterioridad pagar para el momento en que con posterioridad
a la gestión, se presentó la correspondiente a la gestión, se presentó la correspondiente
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Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
Convocante: Organización Empresarial Pública Ltda.
cuenta de cobro. cuenta de cobro. De conformidad con el artículo 1617 del Código De conformidad con el artículo 1617 del Código
Civil, la parte demandada deberá reconocer y Civil, la parte demandada deberá reconocer y
pagar a la parte demandante un interés a la tasa pagar a la parte demandante un interés a la tasa
del 6% anual, lo anterior debido a que según la del 6% anual, lo anterior debido a que según la
autonomía de las partes y según el contrato autonomía de las partes y según el contrato
celebrado, estamos frente a obligaciones de celebrado, estamos frente a obligaciones de
naturaleza civil, en las cuales no se pactó el naturaleza civil, en las cuales no se pactó el
interés moratoria. interés moratoria. Concluye este Tribunal, que las pretensiones de Concluye este Tribunal, que las pretensiones de
la parte demandante están llamadas a prosperar, la parte demandante están llamadas a prosperar,
lo que implica, que en consecuencia debe entrar lo que implica, que en consecuencia debe entrar
a pronunciarse, sobre las excepciones de mérito a pronunciarse, sobre las excepciones de mérito
propuestas por la demandada. propuestas por la demandada. Las excepciones de mérito propuestas por la Las excepciones de mérito propuestas por la
demandada son las siguientes: demandada son las siguientes: 1. Excepción genérica: 1. Excepción genérica: De conformidad con el artículo 282 del Código De conformidad con el artículo 282 del Código
General del proceso, el Juez está obligado, a General del proceso, el Juez está obligado, a
reconocer oficiosamente, cualquier hecho que reconocer oficiosamente, cualquier hecho que
halle probados en el proceso cuando constituyen halle probados en el proceso cuando constituyen
una excepción que esté debidamente una excepción que esté debidamente
demostrado, salvo que se trate de la nulidad demostrado, salvo que se trate de la nulidad
relativa, la compensación o la prescripción. relativa, la compensación o la prescripción. Este Tribunal no encuentra probado ningún Este Tribunal no encuentra probado ningún
hecho que inhiba la pretensión de la parte actora, hecho que inhiba la pretensión de la parte actora,
por lo tanto, no hay ninguna excepción genérica por lo tanto, no hay ninguna excepción genérica
para declarar. para declarar ya que existe jurisdicción para
conocerla, no hacen falta los requisitos
esenciales y no existe Cosa juzgada. 2. En cuanto a las excepciones de mérito 2. En cuanto a las excepciones de mérito
denominadas, carencia actual de objeto en el denominadas, carencia actual de objeto en el
reclamo del derecho de litigio sobre el contrato de reclamo del derecho de litigio sobre el contrato de
prestación de servicios No. 041 de 2017; este prestación de servicios No. 041 de 2017; este
Tribunal considera resuelta negativamente esta Tribunal considera resuelta negativamente esta
excepción de conformidad con lo expuesto en la excepción de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia, pues como ya parte motiva de esta providencia, pues como ya
se expresó, no solo existe la prueba del contrato se expresó, no solo existe la prueba del contrato
de prestación de servicios, sino que además de prestación de servicios, sino que además
existe pruebas que el mismo fue ejecutado en lo existe pruebas que el mismo fue ejecutado en lo
que respecta a la prestación contractual que se que respecta a la prestación contractual que se
cobra en este proceso, razón por la cual para cobra en este proceso, razón por la cual para
denegar esta excepción no se requiere denegar esta excepción no se requiere
motivación distinta a la ya expuesta. motivación distinta a la ya expuesta. 3. Con relación a la lnejecución del contrato
de prestación de servicios No. 041 de 2017
sobre los conceptos ingresados a la ESE
HEQC, (sic)
Se tiene previsto que el contrato No.
041 de 2017
suscrito entre la ORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL PÚBLICA LTDA representado
por la señora María Antonia Valbuena Gómez y
la ESE HEQC., donde cuyo objeto y según el
informe de actividades que realizó la parte
demandante fue desarrollado claramente
demostrado con cada uno de los documentos
diligentes anexados recuperando con la gestión
de la actora lo plasmado en el contrato No 041 de
2017; existen los informes las actas firmadas y
los respectivos desembolsos de la ESE
HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES de
Ocaña donde se concluye que la
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA
LTDA debería continuar con el proceso objeto del
contrato.
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Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
Convocante: Organización Empresarial Pública Ltda.
De tal manera que, si (sic) se demostró que hubo
gestión directa de la empresa aquí demandante
para su ejecución del contrato de prestación de
servicios ya mencionado, dejando sin piso la
excepción de mérito planteada y denegarla de
plano.
3. Mala fe de la demandante. 4. Mala fe de la demandante.
De conformidad con el artículo 83 de la De conformidad con el artículo 83 de la
Constitución política, la buena fe, se presume en Constitución política, la buena fe, se presume en
todas las actuaciones públicas y privadas, lo que todas las actuaciones públicas y privadas, lo que
implica que quien alegue la mala fe, debe implica que quien alegue la mala fe, debe
probarla, cosa que no ha ocurrido en este probarla, cosa que no ha ocurrido en este
proceso. proceso, no existieron medios de prueba como
documentales para demostrar la intención
maliciosa o falta de buena fe, los testigos
declararon lo que les constó, no hubo
incoherencias en las declaraciones, excepción
que no prospera.
5. Pago de la obligación emanada del contrato
No 041 de 2017
Referente a la excepción indicada, este Tribunal
no constató que la parte pasiva ESE H.E.Q.C.
haya probado el pago de los honorarios
solicitados en la presente demanda arbitral, si
bien es cierto que la controversia que debemos
dirimir es esa Litis, no podemos reconocer pagos
que no se han realizado a la representante legal
de la empresa demandante del contrato No 041
de 2017. La existencia de un acto administrativo
que reconoce un valor estipulado no es de recibo
para este Tribunal, por consiguiente, no se
encuentra demostrado desembolso que se
genere del depósito mencionado en favor de la
demandante, al emitirse un acto administrativo en
uno de sus numerales: No prospera la excepción.
COBRO DE LO NO DEBIDO
La excepción de cobro de lo no debido se
entiende como un medio de defensa que se
plantea en un proceso judicial para oponerse al
pago de una deuda u obligación que no se debe;
pero para ello debe tener características
esenciales como la no existencia de la deuda y
un pago indebido.
La parte actora en su demanda se apoya en el
contrato de prestaciones sociales No. 041 del 25
de enero de 2017 documento existente en el
proceso de la Litis utilizado para el
correspondiente desarrollo del objeto del mismo,
con las diferentes actividades para su
cumplimiento dentro del plazo pertinente
estipulado.
La parte pasiva al oponerse manifiesta que al no
encontrarse demostrados supuestos que
determinan la consolidación de un determinante
de responsabilidad en la atención de salud que
presta mi representada a la comunidad, no se
halla controversia que deba responder en forma
pecuniaria la ESE Hospital Emiro Quintero
Cañizares de Ocaña, no obedece a una
oportunidad legal para reconocer, no de manera
indiscutible y sin conducencia de todos los
elementos de prueba presentados.
Que la gestión brindada por la empresa
contratista en nombre de la representante legal
María Antonia Valbuena Gómez en favor de las
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Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
Convocante: Organización Empresarial Pública Ltda.
gestiones encomendadas respecto de los
aportes patronales que serían ingresados a la
E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizares
respondió a conceptos totalmente aislados el
ingreso económico de 1.500.000.000 millones de
pesos, por lo que es de indicarse al respetado
juez arbitral de tumo, que debe negar la totalidad
de las súplicas de la demanda, por carecer de
fundamento táctico y legal.
El señor apoderado parte convocante al
responder las excepciones en concreto la
presente, indica que los dineros desembolsados
son producto de la ejecución del contrato
conocido por la gestión de su poderdante y que
la parte demandada se abstiene de cancelar los
dineros producto de tal.
Por nuestra parte la excepción planteada no
cumple con los requisitos que se exigen para
declararla procedente, esto es, "no existe
obligación y falta de causa", todo lo contrario, la
obligación de cancelar los honorarios del 15% o
su cantidad reclamada es indiscutiblemente
existente, concurriendo notablemente con el
documento que hace exigible la causa con todo
lo probado en el trámite arbitral justificando su
pago. Con ello, resaltó la importancia de proteger
a la convocante y de garantizarle con justicia
obrando en derecho en las relaciones
contractuales contraídas. Excepción que es
denegada.
En la anterior forma, queda expuesta la Conforme a las anteriores consideraciones y
motivación para acceder a las pretensiones de la motivaciones que en forma ostentada se realizó
parte demandante y para negar o declarar no por el suscrito, acceder a las pretensiones de la
probadas las excepciones de la parte parte demandante y en su defecto denegar o
demandada, con la aclaración que la declarar no probadas las excepciones
contraprestación económica, por la presentación propuestas por la parte demandada, con la
de servicios que se reclama en este proceso aclaración que la contraprestación económica,
haciende (sic) a la suma de DOSCIENTOS por la prestación de servicios que se reclama en
VEINTICINCO MILLONES DE PESOS este proceso asciende a la suma de
($225.00.000) sobre los que se causaran (sic) los DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE
intereses a la tasa legal del 6% anual, como ya PESOS ($225.000.000) equivalente al 15% del
se expuso97. producto desembolsado, sobre los que se
causarán los intereses a la tasa legal del 6%
anual, como ya se expuso98.
44.2.2. Como se puede observar, es cierto que, salvo la resolución de algunas
excepciones propuestas en el segundo proceso, el laudo del 13 de mayo de 2025
comparte el texto con la decisión arbitral del 3 de septiembre de 2019. Lo anterior es
tan fehaciente que ambas providencias contienen una redacción idéntica, resaltan en
negrillas las mismas palabras e, inclusive, adolecen de los mismos defectos
gramaticales.
44.2.3. La Sala destaca que esta actuación podría implicar responsabilidad disciplinaria
del árbitro único. En efecto, artículo 19 del Estatuto Arbitral señala que la normativa
disciplinaria de los servidores judiciales es aplicable a los árbitros99. En ese sentido,
97 Índice 2 del Samai – 5_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA3_2_20250730085127070.pdf – folios 311 a 317.
98 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folios 154 a 161.
99 “Artículo 19. Control disciplinario. En los términos de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, el control
disciplinario de los árbitros, los secretarios y los auxiliares de los tribunales arbitrales, se regirá por las normas
disciplinarias de los servidores judiciales y auxiliares de la justicia”.
38
Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
Convocante: Organización Empresarial Pública Ltda.
que la motivación de un laudo corresponda al de una decisión expedida previamente
por otro árbitro podría implicar desconocer los deberes consagrados en los numerales
2 y 6 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de Administración de
Justicia100.
No obstante, ese hecho por sí mismo no implica que la decisión sea carente de
44.2.4.
motivación o haya sido fundada en equidad. Esto es claro si se tiene en cuenta que
bien puede ocurrir que la decisión arbitral previa haya sido adoptada en derecho.
44.2.5.Así, el Hospital tenía la carga argumentar que el laudo recurrido no contiene
una decisión fundada en derecho, al margen de que esta sea una reproducción de una
decisión arbitral anterior que se resolvió la controversia y fue anulada. Se advierte
entonces que esta carga no fue cumplida por el recurrente que, en el presente recurso
de anulación, no discutió que el laudo anterior careciera de motivación o fuera fundado
en equidad.
45. Ahora bien, el cargo restante sí contiene un desarrollo argumentativo propio de la
causal de anulación, en tanto que señala que el laudo carece de una motivación
probatoria. En relación con este último supuesto, la Sala ha precisado lo siguiente:
135. Ahora, respecto del tercer supuesto planteado, relativo a la ausencia de
motivación probatoria de la decisión, también se encuentran varias posiciones
sostenidas por la jurisprudencia. Al igual que ocurre con tratamiento de la ausencia
de motivación sustantiva de la providencia, una postura considera que solo hay lugar
a la anulación del laudo cuando este no haga “consideración a prueba alguna”101 para
fundamentar la decisión.
136. No obstante, frente a esta idea se contrapone otra tesis sostenida por esta
Corporación, que afirma que no solo la inexistencia absoluta del sustento
probatorio configura la causal, sino también la referencia por parte de los
árbitros de pruebas que no fundamentan objetivamente la decisión102. Ello, en la
medida en que debe haber una relación clara entre la valoración probatoria y la
decisión adoptada por los árbitros. Además, el Panel Arbitral está obligado a resolver
cada una de las pretensiones y excepciones propuestas con base en un análisis del
material probatorio allegado al proceso103. La Sala comparte esta postura.
137. En este orden de ideas, respecto de la motivación del laudo arbitral, se colige
que el juez de anulación debe encuadrar su análisis en un juicio de validez del laudo.
Así, en aras de determinar si la providencia se profirió en derecho, al juez le
corresponde establecer si el Tribunal incluyó normas jurídicas y material
probatorio en su decisión. Adicionalmente, debe verificar si el derecho positivo y
el material probatorio citado por el Panel Arbitral corresponde efectivamente al
fundamento de la decisión y está contextualizado con el caso concreto. Este
segundo análisis resulta esencial, pues evita que tengan efectos jurídicos decisiones
arbitrales que contengan mínimas referencias sobre su fundamento jurídico y
100 “Artículo 153. Deberes [norma modificada por el artículo 76 de la Ley 2430 de 2024] Son deberes de los
funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes: (…) 2. Desempeñar con autonomía, independencia,
transparencia, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo. (…) 6. Realizar
personalmente las tareas que les sean confiadas y responder por el uso de la autoridad que les haya sido
otorgada o de la ejecución de las órdenes que puede impartir, sin que en ningún caso quede exento de la
responsabilidad que le incumbe por la que corresponda a sus subordinados” (negrillas fuera del texto).
101 [Cita del original] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Sentencia de 10 de noviembre de 2017, exp. 58875.
102 [Cita del original] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
Sentencia de 26 de abril de 2017, exp. 55852.
103 [Cita del original] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Sentencia de 19 de septiembre de 2019, exp. 62027; Sentencia de 17 de agosto de 2017, exp. 56347; Sección
Tercera, Sentencia de 16 de junio de 2008, exp. 34543.
39
Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
Convocante: Organización Empresarial Pública Ltda.
probatorio, descontextualizadas del caso concreto e incoherentes con la parte
resolutiva de la decisión104, incluidas para crear una cortina de humo que esconde
una decisión ausente de motivación105 (destacado fuera del texto).
46. Así las cosas, la decisión no tendrá motivación probatoria cuando: (i) haya una
ausencia absoluta de sustento probatorio o (ii) que las referencias de las pruebas que
hizo el panel arbitral no fundamenten objetivamente la decisión. En el asunto bajo
estudio, no se configura ninguna de las anteriores circunstancias:
46.1.En primer lugar, el recurrente aduce que el laudo tiene una carencia absoluta de
motivación probatoria, pues el laudo simplemente mencionó que “’para este Tribunal
está probado’, pero no se refiere específicamente a qué pruebas constituyen el
sustento para su decisión o conclusión”106. En relación con este argumento, la Sala
destaca que, en el recurso de anulación, también se sostiene que del “abundante
material probatorio existente dentro del proceso, el tribunal sólo se refirió a los folios
544 a 561”. Así las cosas, es manifiesto que el propio Hospital reconoce que el laudo
sí contiene una referencia específica a pruebas, por lo que no se configura carencia
absoluta de motivación.
46.2. En segundo lugar, el Hospital argumenta que las pruebas referenciadas por el
tribunal arbitral no fundamentan la decisión. En relación con este punto, debe
analizarse si el material probatorio fundamenta efectivamente la decisión y está
contextualizado en el caso concreto. Todo lo anterior, sin embargo, sin desbordar el
límite del inciso final del artículo 42 consistente en que el juez de anulación no se
puede pronunciar sobre la valoración probatoria realizada por los árbitros.
46.3. Así las cosas, ha de tenerse en cuenta que la controversia se circunscribió a que
el saldo de mil quinientos millones de pesos ($1.500.000.000) devuelto por el Fondo
de Cesantías Porvenir al Hospital no correspondía a gestiones propias de la
contratista, sino a actuaciones realizadas por fuera del contrato. Al respecto, la entidad
recurrente manifestó que el monto devuelto no fue producto de las vigencias 2012-
2016 (correspondientes al contrato), sino a la vigencias de 1994-2001. Sobre el
particular, el árbitro indicó lo siguiente en las consideraciones del laudo:
Dice la parte demandada que la parte demandante, pretende cobrar por aparentes
gestiones suyas, tramites que fueron realizados por la ESE, para la devolución de
aportes patronales que corresponden a la vigencia 1994-2001 dentro del contrato de
prestación de servicios No. 041 del 25 de enero de 2017, cuyo objeto del contrato era
saneamiento de aportes patronales para la vigencia de 1994-2001 y que fueron
reconocidas por la Gobernación de Norte de Santander mediante resolución 00918
de 11 de noviembre de 2016.
104 [Cita del original] “En lo que tiene que ver con la motivación, como quedó expuesto en la explicación de este
criterio con base en los desarrollos jurisprudenciales, es claro que la inexistencia de motivos en estricto sentido sí
constituye un laudo en conciencia, en tanto así se ha sostenido de manera pacífica al señalar que la falta de motivos
de derecho o probatorios o, incluso, la apariencia de esos fundamentos (bien porque se citan normas o pruebas
para dar la apariencia de una decisión en derecho, en tanto buscan desviar el fundamento subjetivo de la decisión),
corresponden a una decisión subjetiva de los jueces”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 26 de abril de 2017, exp. 55852.
105 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 19 de junio de 2019, radicación: 11001-03-
26-000-2018-00109-00 (61809), C.P. Alberto Montaña Plata.
106 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folio 194.
40
Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
Convocante: Organización Empresarial Pública Ltda.
Que la demandada se niega al pago total de la cuenta de cobro aduciendo que los
valores cobrados no corresponden a la realidad fáctica reflejadas en sus cuentas
bancarias, y le desconoce la suma de la consignación realizada por el FONDO DE
CESANTIAS PORVENIR, por MIL QUINIENTOS MILLONES PESOS
($1.500.000.000), dinero consignado tal como se refleja en los documentos anexos y
que la ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES DE OCAÑA, ha cumplido
con el pago del contrato firmado No. 041 de 2017.
De conformidad con la realidad procesal, estamos frente a un conflicto de naturaleza
contractual, en donde la parte demandante, manifiesta tener celebrado con la ESE
HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DE OCAÑA, el contrato No 041 del 25
de enero de 2017, contrato que tenía por objeto la prestación de servicios para
desarrollar todas las actividades, actuaciones y acciones pertinentes para que en un
plazo no superior a seis meses aumentado en dos meses más, se lograra la
devolución de excedentes de aportes patronales provenientes de la conciliación de
aportes patronales con las diferentes entidades administradoras de seguridad social
por concepto de cesantías, salud, pensión y riesgos profesionales a las que haya
lugar, que dentro de la vigencia del contrato gestionó para la entidad contratante la
recuperación de excedentes por la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE
PESOS (1.500.000.000) razón por la cual, se habría causado en su favor y en contra
de la ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES DE OCAÑA el pago del
porcentaje acordado como contraprestación(15%).
Para este Tribunal, está probado, con la confesión de las partes y con la prueba
documental que el contrato si (sic) existió y que se trata de un contrato válido, en
virtud de que las partes contratantes tienen capacidad para contratar, el
consentimiento no está afectado por ningún vicio y además tiene un objeto y una
causa licita. Además de lo anterior, ninguna de las partes a cuestionado en este
proceso la validez de dicho contrato, por lo que la discusión para determinar la
prosperidad de la pretensión se reduce a constatar si la suma de los MIL
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (1.500.000.000),.que (sic) se dice haber
ingresado a las arcas de la ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DE
OCAÑA, corresponden al desarrollo o a la ejecución del contrato de prestación de
servicios firmado entre las partes.
Advierte además este Tribunal, que tampoco existe discusión entre las partes, sobre
el hecho que los MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (1.500.000.000)
ingresaron a la ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES DE OCAÑA, la
prueba documental obrante en este proceso demuestra lo siguiente, que en fecha 14
de junio de 2017,cuando aún estaba vigente el termino de ejecución del contrato,
ingreso a la cuenta indicada en la certificación bancaria que fue aportada por el
Representante legal de la ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES y
radicada ante el Fondo de Cesantías Porvenir S.A., por la señora María Antonia
Valbuena Gómez, en su condición de representante legal de la Organización
empresarial pública Ltda, mediante radicado No 010022207959600, lo cual se
corrobora por este Tribunal a folio 544, dinero que como el mismo fondo de Cesantías
Porvenir S.A. manifiesta en la respuesta al radicado antes mencionado, el concepto
de dicho desembolso obedece a devolución de excedentes, lo anterior conforme a
folio 561.
También está acreditado en este proceso, con prueba documental que no ha sido
formalmente tachada de falsa, ni desconocida, que la gestión o trámite para recuperar
ese excedente por MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.500.000.000), fue
adelantado por la sociedad demandante a través de su representante legal conforme
a los folios antes mencionados que reposan en el expediente, los cuales demuestra
fehacientemente quien adelanto (sic) la gestión para la recuperación del excedente107.
46.4.La Sala destaca que el árbitro mencionó dos pruebas para considerar que la
consignación fue efectivamente producto de las gestiones del contratista:
107 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folios 157 a 159.
41
Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
Convocante: Organización Empresarial Pública Ltda.
En primer lugar, se hace mención al “acta de saneamiento de aportes patronales
46.4.1.
de cesantías — RETROACTIVA AFP HORIZONTE (Vigencia Año 2012-2013)”. Ese
documento que tiene fecha del 11 de noviembre de 2016 señala que existe un saldo a
favor del Hospital de “CIEN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCT/E ($100,552,923.00)”108. Este
documento está suscrito por el Gerente del Hospital y la Directora de Gestión del
Empleador de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Porvenir.
En segundo lugar, el laudo hace referencia al documento con radicado
46.4.2.
010022207959600, presentado por la representante legal de la convocante ante el
Fondo de Pensiones Porvenir el 26 de mayo de 2017109. El documento, a su vez, tiene
como anexos:
Una carta del “27 de mayo de 2017” dirigida a “PORVENIR CESANTÍAS” en
46.4.2.1.
la que el Gerente del Hospital “solicit[a] que se realice el procedimiento
correspondiente para la revolución de saldos a favor de la ESE por valor de
$1.500.000.000 (MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE)”110.
Un “ACTA DE SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES CESANTÍAS –
46.4.2.2.
RETROACTIVA AFP PORVENIR (Vigencia 2012-2016)” suscrita el 30 de enero de
2017 entre el Gerente del Hospital y la Directora de Gestión del Empleador de la
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Porvenir111. En este documento,
acordaron lo siguiente:
SEGUNDA: SALDOS A FAVOR DE LA ENTIDAD EMPLEADORA. Previa
verificación de los aportes patronales girados mensualmente por la Nación y la
ENTIDAD EMPLEADORA con el valor mensual de los aportes patronales para el
periodo correspondiente y los estado de cuenta, se determinó que el saldo a favor de
la ENTIDAD EMPLEADORA por mayor valor pagado por concepto de aportes
patronales financiados con recursos del Sistema General de Participaciones,
asciende a la suma de $1,755,825,116.90 por concepto de capital con corte al
(31/12/2016),y ,$ 12,126,321.91 por concepto de rendimientos para un total de MIL
SETECIENTOS SESENTA y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA CTVS MCTE
($1,767,951,438.90) (…)
Parágrafo Primero: El saldo a favor de LA ENTIDAD EMPLEADORA, indicado en
esta Cláusula puede tener variaciones, al momento de realizar la devolución de los
excedentes, si hay lugar al mismo, ya que la ADMINISTRADORA calcula la
rentabilidad de los aportes con el valor de la unidad, y éste es medido diariamente
(destacado fuera del texto).
46.5. Tal como se puede observar, las anteriores pruebas documentales
108 Índice 2 del Samai – 4_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA2_1_20250730085126460.pdf – folios 157 a 159. En la
esquina superior derecha se puede constatar que corresponde al folio “544” del expediente arbitral.
109 Índice 2 del Samai – 4_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA2_1_20250730085126460.pdf – folios 162 a 176. En la
esquina superior derecha se puede constatar que corresponde folios “549 a 554” del expediente arbitral. Cabe decir
que el laudo indebidamente indicó que obraba a folio “561”, no obstante, teniendo en cuenta el número de radicado,
la Sala pudo constatar que ese fue el documento en el que se sustentó al decisión arbitral.
110 Índice 2 del Samai – 4_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA2_1_20250730085126460.pdf – folios 163.
Aunque la fecha del anexo es posterior a la comunicación enviada por la contratista a Porvenir, no corresponde al
juez de anulación analizar esa inconsistencia, ya que es parte de la valoración probatoria del juez de instancia.
111 Índice 2 del Samai – 4_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA2_1_20250730085126460.pdf – folios 164 a 166.
El documento se firmó solo cinco días después del inicio del contrato. Sin embargo, este hecho no debe
considerarse en el recurso de anulación, ya que la valoración probatoria es competencia del tribunal arbitral.
42
Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
Convocante: Organización Empresarial Pública Ltda.
(especialmente la segunda) sustentan objetivamente que el árbitro haya considerado
que el pago de mil quinientos millones de pesos ($1.500.000.000) recibido por el
Hospital se referían a la ejecución del contrato celebrado con la convocante.
46.6. En el recurso, la entidad planteó tres argumentos para sustentar lo contrario:
46.6.1.Primero, el recurrente indicó que todas las pruebas citadas por el tribunal solo
demuestran que la entidad demandada recibió mil quinientos millones de pesos
($1.500.000.000), pero no que la consignación haya sido producto de las gestiones del
contratista. No obstante, como se pudo evidenciar, una de las pruebas citadas por el
tribunal es una comunicación radicada por la convocante ante el Fondo de Cesantías
Porvenir para obtener dicho pago.
46.6.2.Segundo, el Hospital aduce que el tribunal sostuvo que la convocante radicó
una solicitud de “saneamiento ante Porvenir (sin indicar cuál), pero desconoció que la
misma era para realizar saneamiento para vigencias 2012-2016 y no era para hacer
saneamiento a las vigencias 1994 - 2001, de donde proviene el dinero de los
$1.500.000.000 de pesos”112. Sin embargo, la solicitud citada por el tribunal justamente
se refiere a ese monto. Es más, al respecto, el Hospital y el Fondo de Pensiones
suscribieron un documento denominado “ACTA DE SANEAMIENTO DE APORTES
PATRONALES CESANTÍAS – RETROACTIVA AFP PORVENIR (Vigencia 2012-
2016)”113 (negrillas fuera del texto).
46.6.3.Tercero, la entidad recurrente asevera que los árbitros ignoraron la Resolución
918 del 11 de noviembre de 2016, por medio de la cual el Instituto de Seguros Social
indicó que devolvería mil setecientos treinta y seis millones doscientos sesenta y nueve
mil seiscientos veinticinco pesos ($1.736.269.625), producto de excedentes de las
vigencias de 1994 – 2001, los cuales estaban en “custodia de la Tesorería General del
Departamento de Norte de Santander”.
Lo anterior no es preciso si se tiene en cuenta que, como se indicó
46.6.3.1.
previamente, en la parte considerativa el tribunal expresamente hizo referencia a dicha
resolución, así:
Dice la parte demandada que la parte demandante, pretende cobrar por aparentes
gestiones suyas, tramites que fueron realizados por la ESE, para la devolución de
aportes patronales que corresponden a la vigencia 1994-2001 dentro del contrato de
prestación de servicios No. 041 del 25 de enero de 2017, cuyo objeto del contrato era
saneamiento de aportes patronales para la vigencia de 1994-2001 y que fueron
reconocidas por la Gobernación de Norte de Santander mediante resolución 00918
de 11 de noviembre de 2016114.
El árbitro, sin embargo, consideró que esa postura quedó desvirtuada con la
46.6.3.2.
comunicación del 27 de mayo de 2017, en la que la convocante solicitó al Fondo de
Cesantías Porvenir el pago de mil quinientos millones de pesos ($1.500.000.000).
Cabe reiterar que, de acuerdo con uno de los anexos de la comunicación, ese monto
112 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folio 194.
113 Índice 2 del Samai – 4_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA2_1_20250730085126460.pdf – folios 164.
114 Índice 2 del Samai – 7_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA5_4_20250730085128320.pdf – folio 157.
43
Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
Convocante: Organización Empresarial Pública Ltda.
correspondía al saneamiento de aportes patronales de la “Vigencia 2012-2016”115.
46.7.En conclusión, tampoco prospera el cargo de laudo en conciencia, pues el laudo
contiene una motivación y las pruebas citadas sustentan objetivamente la decisión, al
margen de que la Sala comparta la valoración probatoria realizada por el árbitro único.
H. Costas y remisión de copias a la autoridad disciplinaria
47. En virtud del inciso final del artículo 43 del Estatuto Arbitral, cuando se declare
infundado el recurso de anulación se condenará al recurrente al pago de las costas
que serán liquidadas en la misma sentencia116. En aplicación de lo dispuesto en el
numeral 9 del artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 expedido
por el Consejo Superior de la Judicatura, se fijan agencias en derecho en cuantía
equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, teniendo en
cuenta que la entidad convocante compareció por medio de apoderado y se opuso al
recurso dentro del término concedido para el efecto117.
48. Por último, como se indicó previamente, en el asunto bajo estudio hay conductas
del árbitro único que podrían dar lugar a que se configure eventualmente su
responsabilidad disciplinaria. Por esto, la Sala remitirá copias de la actuación a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y al Centro de
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Ocaña
para lo de su competencia118.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
115 Índice 2 del Samai – 4_EXPEDIENTEDIGI_CARPETA2_1_20250730085126460.pdf – folios 164.
116 “Artículo 43. Efectos de la sentencia de anulación. (…)
Si el recurso no prospera se condenará en costas al recurrente, salvo que dicho recurso haya sido presentado por
el Ministerio Público”.
117 “Artículo 5º.Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: (…) 9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS. Entre 1
y 20 S.M.M.L.V.”.
118 La Ley Estatutaria 2430 de 2024 modificó, entre otros asuntos, los artículos 112 y 114 de la Ley 270 de 1996,
Ley Estatutaria de Administración de Justicia. En lo pertinente, estas normas señalan: “Articulo 112. Funciones de
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial: (…) 3.
Conocer en primera y segunda instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra (…) quienes ejerzan
función jurisdiccional de manera excepcional, transitoria u ocasional respecto de dicha función”. “Artículo 114.
Funciones de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial. Corresponde a las Comisiones Seccionales de
Disciplina Judicial: (…) 1. Conocer en primera instancia de los procesos disciplinarios que se adelantan contra (…)
quienes ejerzan función jurisdiccional de manera excepcional, transitoria u ocasional, por faltas cometidas en el
territorio de su jurisdicción”.
Por lo anterior, la Sala de Consulta y Servicio Civil resolvió un conflicto negativo de competencias sobre cuál es la
autoridad competente en materia disciplinaria de quienes ejercen transitoriamente la función jurisdiccional y
concluyó lo siguiente: “La Sala de Consulta, al estudiar el alcance del artículo 257A de la Constitución y lo dispuesto
en el artículo 239 de la Ley 1952 de 2019, había concluido que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus
seccionales carecían de competencia para examinar y sancionar las faltas disciplinarias cometidas por particulares
o autoridades públicas que ejerzan función jurisdiccional de manera excepcional, transitoria u ocasional, pues dicha
disposición constitucional no los incluyó dentro de los sujetos disciplinados por esa Corporación y tampoco habilitó
a la ley para atribuir nuevas competencias a la Comisión. / (…) / Sin embargo, el 9 de octubre de 2024 se publicó
la Ley 2430 de 2024 (por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se
dictan otras disposiciones) que, en sus artículos 55 y 56, modificó los artículos 111 y 112 de la Ley 270 de 1996, y
reafirmó en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y en sus seccionales la competencia disciplinaria respecto
de quienes ejerzan función jurisdiccional de manera excepcional, transitoria u ocasional” (Consejo de Estado, Sala
de Consulta y Servicio Civil, decisión del 5 de marzo de 2025, radicación: 11001-03-06-000-2024-00709-00, C.P.
María del Pilar Bahamón Falla).
44
Expediente: 11001-03-26-000-2025-00098-00 (73227)
Convocante: Organización Empresarial Pública Ltda.
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO. Declárase INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación promovido
por la Empresa Social del Estado Hospital Emiro Quintero Cañizares contra el laudo
proferido el 13 de mayo de 2025.
SEGUNDO. CONDÉNASE en costas a cargo de la entidad recurrente, por Secretaría
liquídense, incluidas las agencias en derecho que se fijan en cuantía total equivalente
a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes en la fecha de ejecutoria de
esta decisión.
TERCERO. Por Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, REMÍTASE
copia integral del expediente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de Norte de
Santander para que investigue la posible responsabilidad disciplinaria del árbitro único.
CUARTO. Por Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, REMÍTASE
copia integral del expediente a la Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable
Composición de la Cámara de Comercio de Ocaña para que analice la posible
imposición de sanciones de acuerdo con su reglamento.
QUINTO. Ejecutoriada esta providencia comuníquese a las partes y al tribunal de
arbitramento por el medio más expedito.
SEXTO. En firme esta providencia, ARCHÍVESE el presente proceso.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Aclara voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Aclara voto
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