Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00155-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00155-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2022-00155-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
12 de abril de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, doce (12) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-26-000-2022-00155-00 (68.778)
Convocante: CERRO MATOSO SA
Convocada: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA (ANM)
Medio de control: RECURSO EXTRAORDINARIO DE
ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL -
Asunto: FALTA DE JURISDICCIÓN Y DE
COMPETENCIA – FALLO EN CONCIENCIA
O EN EQUIDAD – INCONGRUENCIA DEL
LAUDO ARBITRAL
Síntesis del caso: entre las partes se suscribió el contrato de exploración y explotación
minera no. 051-96M cuyo objeto consistió en la exploración, explotación y procesamiento
de níquel; la convocante – contratista presentó demanda arbitral para que se anularan
dos actos administrativos que lo requirieron para el pago de regalías sobre el mineral
hierro, sostiene que solo está obligado a pagarlas respecto del níquel por expreso
acuerdo contractual. La controversia fue decidida por un tribunal arbitral que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda. La Agencia Nacional de Minería (ANM),
entidad convocada, y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en calidad de
impugnante de la demanda, interpusieron recurso extraordinario de anulación con
fundamento en las causales de anulación contenidas en los numerales 2, 7 y 9 del
artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 – Estatuto Arbitral por cuanto, en su criterio, el laudo
contiene decisiones adoptadas sin jurisdicción, en conciencia y en equidad y,
adicionalmente, es incongruente.
Temas: recurso extraordinario de anulación - características / Causales 2, 7 y 9 de
anulación / fallo en conciencia – naturaleza del recurso de anulación – no constituye una
nueva instancia – límites del juez del recurso extraordinario de anulación – no es posible
controvertir las conclusiones y valoraciones del tribunal arbitral.
La Sala decide el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la parte
convocada, Agencia Nacional de Minería (ANM) y coadyuvado por la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), en contra del laudo arbitral
del 11 de mayo de 2022 (índice 2 SAMAI) por medio del cual un tribunal con sede
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Expediente: 11001032600020220015500 (68.778)
Convocante: Cerro Matoso SA
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá1
resolvió:
PRIMERO. DECLARAR QUE NO PROSPERAN, de acuerdo con lo
expresado en la parte motiva, las excepciones propuestas por la
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA en la contestación de la
demanda, denominadas:
‘Los actos administrativos acusados no son susceptibles de control
judicial’.
‘Existencia de la obligación a cargo de CERRO MATOSO de pagar las
regalías sobre el mineral de hierro explotado bajo el Contrato 051-
96M’.
‘El Contrato 051-96M incluye la obligación de pagar
las Regalías por la explotación del mineral de hierro’.
‘La Constitución Política de Colombia ordena pagar regalías
sobre todas las explotaciones de recursos naturales de propiedad del
Estado’.
‘Cuando CERRO MATOSO paga las regalías por la explotación
del níquel solamente está pagando regalías por la explotación del
níquel y no por el ferroníquel o por la explotación de otros metales
incluidos en el mineral laterítico proveniente del área del título minero’.
‘Mala fe manifiesta de CERRO MATOSO en la ejecución del contrato
051-96M. el sustento jurídico y fáctico de las pretensiones de la
demanda contravienen sus propios actos previos de ejecución
contractual’.
‘CERRO MATOSO sí explota el mineral de hierro en ejecución del
Contrato no. 051-96M’.
‘El hierro no es un desecho ni un desperdicio del ferroníquel’.
‘No es cierto que, según el Contrato 051-96M, en virtud de que el
hierro no se explota separadamente del níquel no hay lugar al pago de
regalías adicionales’.
‘Incumplimiento de CERRO MATOSO del Contrato 051-96M’.
‘Existencia de la obligación a cargo de CERRO MATOSO de pagar
intereses de mora por el retardo en la declaración y pago de las regalías
por el mineral de hierro bajo el Contrato 051-96M’.
‘La forma en la que CERRO MATOSO liquidó y pagó la regalía por
el hierro explotado es la correcta’.
SEGUNDO. DECLARAR QUE NO PROSPERAN, de acuerdo con lo
expresado en la parte motiva, las excepciones propuestas por la
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
en la contestación de la demanda, denominadas:
‘El pago de regalías es una obligación constitucional y legal en cabeza
de CERRO MATOSO’.
‘CERRO MATOSO se encuentra obligado al pago de regalías por la
explotación de hierro’.
‘La AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA tiene el derecho de cobrar a
CERRO MATOSO las regalías sobre el mineral de hierro, así
como los intereses moratorios’.
1 Conformado por los árbitros Marcel Tangarife Torres (presidente), Jesús María Carrillo
Ballesteros y Consuelo Sarria Olcos; como secretario arbitral actuó Felipe Andrade Perafán.
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Expediente: 11001032600020220015500 (68.778)
Convocante: Cerro Matoso SA
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
‘El Tribunal de Arbitraje carece de competencia para conocer de
los actos administrativos contenidos en los Autos VSC 206 del 26 de
agosto de 2019 y VSC 062 del 11 de marzo de 2020’.
‘La sociedad CERRO MATOSO ha incumplido el Contrato 051-96m y
el Otrosí no. 4’.
‘Los precios base para la liquidación de regalías de minerales de hierro
fijados por la UPME se ajustan a la legalidad y son de obligatorio
cumplimiento por la sociedad CERRO MATOSO’.
TERCERO. DECLARAR la nulidad de los actos administrativos
proferidos por la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera, Grupo de Proyectos de Interés Nacional de la AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA con ocasión del Contrato 051-96M y del
Otrosí No. 04, identificados como Autos VSC 206 del 26 de agosto de
2019 y VSC 062 del 11 de marzo de 2020, por lo expuesto en la
parte motiva. En consecuencia, prospera la Pretensión Primera.
CUARTO. DECLARAR que la sociedad CERRO MATOSO S.A. no
estaba obligada a liquidar, declarar y pagar la regalía por la
explotación del hierro de forma independiente, tal como le fue
requerido en los Autos VSC 206 del 26 de agosto de 2019 y VSC 062
del 11 de marzo de 2020, ni a pagar intereses moratorios respecto de
la regalía del hierro desde el IV trimestre de 2012 hasta la fecha de
pago, por lo expuesto en la parte motiva. En consecuencia,
prosperan las pretensiones Segunda y Tercera.
QUINTO. El Tribunal se DECLARA INHIBIDO por falta de
competencia para pronunciarse sobre las pretensiones Cuarta y
Novena, por las razones expresadas en la parte motiva.
SEXTO. DECLARAR que la sociedad CERRO MATOSO S.A. efectuó
un pago de lo no debido por concepto de la regalía por la explotación
de hierro presente en el Ferroníquel por valor de TRES MIL
TREINTA Y SIETE MILLONES SETENCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCT
($3.037.789.285), de los cuales corresponde a capital la suma de MIL
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS
ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
($1.149.511.986), y a intereses moratorios por la suma de MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS MCT ($1.888.277.299), en los términos expuestos en la parte
motiva. En consecuencia, prospera la pretensión Quinta.
SÉPTIMO. Como consecuencia de las anteriores declaraciones,
CONDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA a restituir a
CERRO MATOSO S.A., dentro de los diez días hábiles siguientes a la
ejecutoria del presente laudo, la suma de TRES MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES
MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON TREINTA
CENTAVOS MCT ($3.382.953.422,30), correspondiente a los valores
que han de ser restituidos en los precisos términos expuestos en la
parte motiva. En consecuencia, prospera la pretensión Sexta.
OCTAVO. DENEGAR las pretensiones Décima y Décima Primera
parcialmente relativas a las costas procesales, por las razones
expuestas en la parte motiva.
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Expediente: 11001032600020220015500 (68.778)
Convocante: Cerro Matoso SA
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
NOVENO. En caso de que no se efectúe el pago de las condenas
en el término establecido en el numeral Séptimo de la parte resolutiva
del laudo, ORDENAR el pago de intereses de mora, a la tasa
máxima legal permitida. En consecuencia, prospera la pretensión
Décima Segunda.
DÉCIMO. Por las razones expuestas en la parte motiva,
DENEGAR las pretensiones Séptima y Octava y todas las
restantes pretensiones principales declarativas y de condena de la
demanda de CERRO MATOSO S.A.
DÉCIMO PRIMERO. Por haber prosperado las pretensiones
principales primera, y sexta, ABSTENERSE de realizar
pronunciamiento alguno respecto de las pretensiones subsidiarias
primera y sexta.
DECIMO SEGUNDO. CONDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA a pagar a CERRO MATOSO S.A. la suma de TREINTA
Y SIETE MILLONES, DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y CUATRO
CENTAVOS MCT ($37.212.487,64) por concepto de agencias en
derecho, de conformidad con lo indicado en la parte motiva. Sin
condena en costas conforme a lo establecido en la parte motiva.
DÉCIMO TERCERO. DECLARAR causado el saldo de los
honorarios de los Árbitros y del Secretario, por lo que se ordena
realizar los pagos correspondientes, incluido el de la contribución
arbitral.
DECIMO CUARTO. ORDENAR que se rinda por el Árbitro
Presidente la cuenta razonada a las partes de lo depositado para
gastos de funcionamiento y que se proceda a la devolución a la parte
Convocante, de las sumas no utilizadas de esta partida si a ello
hubiere lugar, según la liquidación final de gastos.
DECIMO QUINTO. ORDENAR que, por Secretaría, se expidan
copias auténticas de este laudo con las constancias de ley, con destino
a cada una de las partes.
DÉCIMO SEXTO. ORDENAR a CERRO MATOSO S.A. y a
la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA que expidan los certificados
tributarios de los árbitros y del secretario del Tribunal, de
conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
DÉCIMO SÉPTIMO. ORDENAR que, en los términos del artículo 47 de
la Ley 1563 de 2012, por Secretaría se haga entrega del expediente
completo del trámite arbitral, incluido el original del laudo arbitral, para
su archivo en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá” (páginas 125 a 129 laudo – índice 2 SAMAI –
negrillas y mayúsculas sostenidas del original).
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Expediente: 11001032600020220015500 (68.778)
Convocante: Cerro Matoso SA
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
I. ANTECEDENTES
1. La demanda arbitral
Mediante escrito presentado el 30 de junio de 2020 ante el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Cerro Matoso SA ejerció
demanda de controversias contractuales en contra de la Agencia Nacional de
Minería (ANM) (índice 2 SAMAI) con el fin de que se accediera a las siguientes
súplicas:
“PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL. Que se declare la nulidad
de los actos administrativos contenidos en los Autos VSC 206 del 26
de agosto de 2019 y VSC 062 del 11 de marzo de 2020, proferidos por
la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA – ANM, por medio de los cuales
se requirió a CERRO MATOSO S.A. como titular del Contrato 051-
96M, bajo apremio de sanción, la liquidación, declaración y pago de
las regalías por la producción de hierro, junto con los intereses
moratorios.
PRETENSIÓN PRIMERA SUBSIDIARIA. Que se declare la nulidad
del acto administrativo complejo, integrado por los Autos VSC 206 del
26 de agosto de 2019 y VSC 062 del 11 de marzo de 2020, el Concepto
Técnico VSC 324 del 22 de agosto de 2019, y el oficio
20201400020971 del 7 de abril de 2020, proferidos todos por la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA – ANM– por medio de los cuales
se requirió a CERRO MATOSO S.A., como titular del contrato 051-
96M, bajo apremio de sanción, la liquidación,
PRETENSIÓN SEGUNDA. Que se declare que la sociedad CERRO
MATOSO S.A., como titular del contrato 051-96M, no estaba
obligada a liquidar, declarar y pagar regalías por la explotación de
hierro, como le fue requerido a través del Auto VSC 206 del 26 de
agosto de 2019 dictado con base en el Concepto Técnico VSC-324 del
22 de agosto de 2019 y del Auto VSC 00062 del 11 de marzo de 2020,
proferidos por la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA – ANM.
PRETENSIÓN TERCERA. Que se declare que la sociedad CERRO
MATOSO S.A., como titular del contrato 051-96M, no estaba
obligada a liquidar y pagar intereses moratorios por el pago de las
regalías por la explotación de hierro desde el IV trimestre de 2012
hasta la fecha de pago, como le fue requerido por la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de
la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA –ANM, mediante oficio
20201400020971 del 7 de abril de 2020.
PRETENSIÓN CUARTA. Que se declare que la sociedad CERRO
MATOSO S.A. no se encuentra obligada a pagar regalías a la
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Expediente: 11001032600020220015500 (68.778)
Convocante: Cerro Matoso SA
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA –ANM por la explotación del
hierro contenido en ferroníquel, de manera adicional al pago de las
regalías del ferroníquel, en ejecución del Contrato 051-96M.
PRETENSIÓN QUINTA. Que se declare que la sociedad CERRO
MATOSO S.A., como titular del contrato 051-96M, pagó a la
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA – ANM lo que no le debía
por concepto de regalías por la explotación de hierro por valor
de TRES MIL TREINTA Y SIETE MILLONES SETENCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS MCT ($3.037.789.285); de los cuales corresponde a
capital la suma de MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE
MILLONES QUINIETOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
SEIS PESOS MCT, ($1.149.511.986), y a intereses moratorios
la suma de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS MCT ($1.888.277.299).
PRETENSIÓN SEXTA. Que se condene a la AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA –ANM– a restituir y/o reembolsar y/o pagar
a la sociedad CERRO MATOSO S.A, como titular del contrato 051-
96M, la suma de TRES MIL TREINTA Y SIETE MILLONES
SETENCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO PESOS MCT ($3.037.789.285), pagada el
24 de abril de 2020; de los cuales corresponde a capital la suma de
MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIETOS
ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCT,
($1.149.511.986), y a intereses moratorios la suma de MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
MCT ($1.888.277.299).
PRETENSIÓN SEXTA SUBSIDIARIA. Que se condene a la
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA –ANM– a restituir y/o reembolsar
y/o pagar a la sociedad CERRO MATOSO S.A, como titular del
contrato 051-96M, la suma pagada el 24 de abril de 2020 por concepto
de intereses moratorios por valor de MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCT
($1.888.277.299)
PRETENSIÓN SÉPTIMA. Que se disponga que la AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA –ANM– debe pagar a la sociedad
CERRO MATOSO S.A, como titular del contrato 051-96M, intereses
comerciales moratorios sobre la suma a que se refiere la
PRETENSIÓN SEXTA PRINCIPAL o SUBSIDIARIA, desde el 24 de
abril de 2020 y hasta cuando se realice la restitución y/o pago y/o
reembolso.
PRETENSIÓN OCTAVA. Que se ordene a la AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA –ANM– a restituir y/o reembolsar y/o pagar
a la sociedad CERRO MATOSO S.A., como titular del contrato 051-
96M, debidamente actualizada, y con los intereses a que haya lugar,
todas las sumas de dinero que llegue a pagar la sociedad convocante
CERRO MATOSO S.A. por concepto de regalías de hierro,
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Expediente: 11001032600020220015500 (68.778)
Convocante: Cerro Matoso SA
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
después de la fecha de presentación de la presente demanda y
hasta tanto se dicte la sentencia que ordene la restitución.
PRETENSIÓN NOVENA. Que se ordene a la AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA –ANM– abstenerse hacia el futuro de
hacer requerimientos a CMSA para el pago de regalías por la
explotación de hierro contenido en ferroníquel, de manera adicional
al pago de las regalías del ferroníquel, en ejecución del Contrato 051-
96M.
PRETENSIÓN DÉCIMA. Que se ordene a la AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA –ANM– el pago de todas las sumas de
dinero que se hayan causado por concepto de la conformación,
el funcionamiento y la administración del Tribunal de
Arbitramento, junto con los servicios del respectivo Centro de
Conciliación y Arbitraje, incluyendo los valores causados por
concepto de honorarios de los Árbitros y de la Secretaría del Tribunal,
así como los gastos de administración, honorarios de peritos,
gastos periciales, etc., de tal manera que deba restituir a la
sociedad CERRO MATOSO S.A., debidamente actualizados y con los
intereses a que haya lugar, todos los valores que por esos
conceptos haya pagado o desembolsado la empresa Convocante.
PRETENSIÓN DÉCIMA PRIMERA. Que se condene a la
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA –ANM– al pago de las costas
del proceso arbitral, ncluidas las agencias en derecho, a favor de la
sociedad CERRO MATOSO S.A.
PRETENSIÓN DÉCIMA SEGUNDA. Que se ordene el pago de
intereses de mora, a la máxima tasa legal permitida, desde la fecha
del laudo arbitral ejecutoriado que así lo ordene, hasta la fecha
efectiva de pago de las condenas económicas anteriores” (índice 2
SAMAI – mayúsculas fijas y negrillas del original).
Como fundamento fáctico de las súplicas, la parte convocante afirmó que el
proyecto de Cerro Matoso para la explotación de níquel contenido en el
ferroníquel inició con los contratos de concesión minera nos. 866 y 1727
celebrados en 1963 y 1971, respectivamente, los cuales terminaron el 30 de
septiembre de 2012; no obstante, el 13 de 1996 Minerales de Colombia SA y la
Nación – Ministerio de Minas y Energía suscribieron con la sociedad Cerro
Matoso SA el contrato de exploración y explotación minera no. 051-96M cuyo
objeto consistió en la exploración, explotación y procesamiento de níquel.
Agregó que no extrae ninguna roca con porcentaje mayor al 40% de óxido de
hierro, por lo cual no explota hierro de forma separada y, en consecuencia, el
yacimiento laterítico objeto del contrato no. 051-96M solo produce ferroníquel, de
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Expediente: 11001032600020220015500 (68.778)
Convocante: Cerro Matoso SA
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
allí que Cerro Matoso SA no percibe ingresos por la comercialización del hierro
contenido en el ferroníquel.
La convocante adujo que la ANM mediante auto VSC 206 del 23 de agosto de
2019 la requirió para que en el término de treinta (30) días contados a partir de
la notificación del acto presentara los formularios de declaración y pago de
regalías por el mineral de hierro, desde el cuarto trimestre de 2012 y hasta el
segundo trimestre de 2019, en virtud de la explotación de ferroníquel efectuada
en el área contractual; indicó, además, que en esa decisión se acogió el concepto
técnico VSC 324 de 22 de agosto de 2019, según el cual “el hecho generador de
la regalía sería, por mandato constitucional, la explotación del mineral de hierro
contenido en el ferroníquel, la cual es inherente a la actividad minera que se
desarrolla en estas áreas”; puntualizó que, posteriormente, la convocada profirió
el auto VSC 0062 del 11 de marzo de 2020 a través del cual se requirió a la
convocante -bajo apremio de multa- para que allegara los correspondientes
formularios de declaración y pago de las regalías por el mineral de hierro.
El 27 de abril de 2020, Cerro Matoso SA, bajo protesto, liquidó, declaró y aportó
ante la ANM el comprobante de regalías por la explotación de hierro por valor de
$3.037´789.285,oo.
La convocante manifestó que no adeudaba las regalías por la explotación del
hierro como mineral separado, para lo cual invocó como violadas las normas
contenidas en los artículos 16 y 23 de la Ley 141 de 1994, la cláusula décima del
contrato no. 051-96M y el artículo 1618 del Código Civil.
2. Contestación de la demanda
La Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
(ANDJE) (índice 2 SAMAI) se opusieron a las pretensiones de la demanda para
lo cual formularon las siguientes excepciones:
1 ) E xce p cio n e s propuestas por la ANM: (i ) “los actos administrativos
acusados no son susceptibles de control judicial”, (ii) “existencia de la obligación
a cargo de CMSA de pagar las regalías sobre el mineral de hierro explotado bajo
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Expediente: 11001032600020220015500 (68.778)
Convocante: Cerro Matoso SA
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
el contrato 051-96M”, (iii) “el contrato 051-96M incluye la obligación de pagar las
regalías por la explotación del mineral hierro”, (iv) “la Constitución Política de
Colombia ordena pagar regalías sobre todas las explotaciones de recursos
naturales de propiedad del Estado”, (v) “cuando CMSA paga las regalías por la
explotación de níquel solamente está pagando regalías por la explotación de
níquel y no por el ferroníquel o por la explotación de otros metales incluidos en el
mimeral laterítico proveniente del título minero”, (vi) “mala fe manifiesta de Cerro
Matoso en la ejecución del contrato 051-96M”, (vii) “CMSA sí explota el mineral
hierro en la ejecución del contrato 051-96M”, (viii) “el hierro no es un desecho
ni un desperdicio del ferroníquel”, (ix) “no es cierto que, según el contrato 051-
96M, no hay lugar al pago de regalías adicionales en virtud de que el hierro no se
explota separádamente del níquel”, (x) “incumplimiento de CMSA del contrato
051-96M”, (xi) “procedencia de intereses de mora en caso de incumplimiento”,
(xii) “existencia de la obligación a cargo de CMSA de pagar intereses de mora por
el reatardo en la declaración de pago de las regalías por el mineral hierro en el
marco del contrato 051-96M” y, (xiii) “la forma en la que CMSA liquidó y pagó la
regalía por el hierro es la correcta”.
2) Excepciones formuladas por la ANDJE: (i) “el pago de regalías es una
obligación constitucional y legal en cabeza de Cerro Matoso (CMSA)”, (ii) “Cerro
Matoso SA se encuentra obligada al pago de regalías por la explotación de
hierro”, (iii) “la Agencia Nacional de Minería tiene el derecho a cobrar a Cerro
Matoso SA las regalías sobre el mineral hierro, así como los intereses moratorios”,
(iv) “el tribunal de arbitraje carece de competencia para conocer de los actos
administrativos contenidos en los autos VSC 206 del 26 de agosto de 2019 y VSC
062 del 11 de marzo de 2020”, (v) “la sociedad Cerro Matoso SA ha incumplido el
contrato 051-96M y el otrosí no. 4 y, (vi) “los precios base para la liquidación de
regalías de minerales de hierro fijados por la UPME se ajustan a la legalidad y son
de obligatorio cumplimiento por la sociedad Cerro Matoso SA (CMSA)”.
La entidad convocada (ANM) y la entidad impugnante de la demanda (ANDJE)
sostuvieron, enfáticamente, que las regalías que Cerro Matoso paga al Estado
colombiano remuneran solamente la explotación de níquel, sin que sea posible
admitir desde los puntos de vista técnico, económico y jurídico que la regalía
pagada por concepto de níquel comprende todos los minerales presentes en el
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Expediente: 11001032600020220015500 (68.778)
Convocante: Cerro Matoso SA
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
ferroníquel, con inclusión del hierro que es el material con mayor presencia en la
aleación.
3. El laudo arbitral
El 11 de mayo de 2022, el tribunal de arbitramento decidió de fondo la
controversia, accedió parcialmente a las pretensiones formuladas (índice 2
SAMAI) con fundamento en las siguientes consideraciones:
1) En relación con la competencia para pronunciarse respecto de la legalidad de
los autos VSC 206 del 26 de agosto de 2019 y VSC 062 del 11 de marzo de 2020,
el tribunal consideró que se trata de actos administrativos definitivos de
naturaleza contractual y, por lo tanto, pueden ser objeto de cuestionamiento
judicial en sede arbitral.
2) Como consecuencia de lo anterior, el panel arbitral accedió a las pretensiones
de nulidad de los mencionados actos administrativos a la luz de los documentos
contractuales allegados al proceso, específicamente el contrato no. 051-96M y el
otrosí no. 4 de 2012, toda vez que “no existe pacto o convenio alguno que
determine la obligación de pagar regalías por cada uno de los minerales
presentes en el material laterítico, ante lo cual, resulta preciso tener en cuenta
que, tal y como lo confirmaron las partes, el hierro es un mineral presente en el
material laterítico que no puede separarse del níquel, o que, aun pudiéndose,
dicho proceso resultaría excesivamente oneroso e inviable, por lo cual tal mineral
no es explotado de manera separada por CERRO MATOSO” (página 104 del
laudo).
El tribunal de arbitramento concluyó que, de acuerdo con la cláusula primera del
contrato no. 051-96M las partes coinciden en que Cerro Matoso SA no explota
de forma separada los minerales presentes en el material laterítico, tal como se
desprende del análisis de los hechos aceptados por las partes, lo cual quedó
igualmente probado con la explicación contenida en el dictamen “Reporte
Técnico Operación Cerromatoso S.A.” elaborado por la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia.
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Expediente: 11001032600020220015500 (68.778)
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Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
3) De otra parte, el tribunal arbitral advirtió que no se aportó prueba alguna que
de cuenta de que a lo largo de la ejecución del contrato 051-96M y del otrosí no.
04 se hubiera explotado el hierro separadamente del níquel, ambos presentes en
el material laterítico, razón por la cual tampoco es posible concluir que se debe
pagar la regalía por una explotación separada del hierro.
4) Por consiguiente, los árbitros anularon los actos administrativos demandados
por desconocimiento de las normas en que debían fundarse, por violación del
debido proceso y por desconocimiento de lo expresamente pactado en el contrato
y los documentos modificatorios; de igual manera, se accedió a la pretensión
tercera por tratarse del pago de intereses moratorios pagados sobre una suma
que, como se señaló, no debía ser asumida por la convocante.
5) Posteriormente, el panel arbitral estudió conjuntamente las pretensiones
cuarta y novena de la demanda que estaban encaminadas, de una parte, a que
se declarara que Cerro Matoso no está obligada a pagar regalías a la ANM por
la explotación de hierro en ferroníquel de manera adicional al pago de las regalías
que paga por concepto de ferroníquel en ejecución del contrato 051-96M y, de
otro lado, que se ordenara a la ANM abstenerse de hacer a Cerro Matoso futuros
requerimientos para el pago de regalías por la explotación de hierro.
Luego de la valoración probatoria y jurídica, los árbitros concluyeron que ninguna
de las súplicas mencionadas hace referencia a decisiones administrativas
adoptadas por la ANM en los actos administrativos demandados y, por el
contrario, se reclaman decisiones que no surgen o emanan de los actos
acusados, por lo cual el tribunal carece de competencia para pronunciarse sobre
las mismas, “porque exceden los términos propuestos por la demanda y su
contestación” (fl. 113 laudo).
6) De igual manera, el tribunal arbitral analizó de manera agrupada o común las
pretensiones quinta y sexta de la demanda relativas al pago de lo no debido
alegado por la sociedad convocante; dado que los actos administrativos
contractuales por medio de los cuales se cobraron las sumas reclamadas fueron
anulados, el laudo accedió consecuencialmente a las mencionadas súplicas del
libelo demandatorio.
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Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
7) Finalmente, se denegó la pretensión octava de la demanda que solicitaba
ordenar a la entidad convocada reembolsar o pagar todas las sumas que la
convocante llegare a pagar por concepto de regalías sobre el hierro, después de
la fecha de presentación de la demanda.
4. El recurso extraordinario de anulación
La censura en contra del laudo arbitral se fundamenta en las causales 2, 7 y 9
del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 y está soportada (índice 2 SAMAI) en el
siguiente razonamiento2.
1) Como cuestión previa, la ANM y la ANDJE manifestaron que “el Estado
colombiano representado por la Agencia Nacional de Minería tiene muy serios
reparos sobre el fondo de la decisión arbitral que hacen que, entre otros temas,
la inaplicación y la Constitución (sic) para dar paso a una aplicación preferencial
del contrato minero constituyan una verdadera vía de hecho” (índice 2 SAMAI).
2) Primer cargo: causal contenida en el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563
de 2012 – Estatuto Arbitral, esto es, “la caducidad de la acción, la falta de
jurisdicción o de competencia”.
Las razones de la censura son las siguientes:
a) En primer lugar, es necesario precisar que la ANM cumplió con el requisito
establecido en el penúltimo inciso del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 –
Estatuto Arbitral ya que, interpuso recurso de reposición en contra del auto no.
11 del 26 de abril de 2021 mediante el cual el tribunal arbitral se declaró
competente para conocer de la controversia.
b) El tribunal resolvió sobre la legalidad de actos de trámite que no son
susceptibles de control jurisdiccional, de modo que se desconocieron los artículos
2 Se verifica que el recurso fue oportuno, toda vez que se promovió el 7 de julio de 2022, esto es,
dentro de los 30 días siguientes al 23 de mayo de 2022, fecha de la audiencia en la cual se
resolvieron las solicitudes de aclaración y complementación del laudo (índice 2 SAMAI).
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Expediente: 11001032600020220015500 (68.778)
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Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
43 y 169 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), así como también la jurisprudencia
del Consejo de Estado.
3) Segundo cargo: causal contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley
1563 de 2012 – Estatuto Arbitral, esto es, “Haberse fallado en conciencia o
equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca
manifiesta en el laudo”.
Los fundamentos de la causal invocada son los siguientes:
a) El tribunal incurrió en un error manifiesto respecto del material probatorio
que resulta contrario a la realidad, por el hecho de sostener abiertamente que
el contrato no. 051-96M y el otrosí no. 4 de 2012 dicen algo que realmente no
dicen y que no corresponde, ni de lejos, a su tenor literal, esto es, que el objeto
de la relación contractual entre el titular minero y la Agencia Nacional de
Minería corresponde a una extracción del mineral laterítico que se circunscribe
al ferroníquel y que la regalía se paga por este solo que, para su cálculo, se
realiza a partir del contenido de níquel.
Contrario a lo sostenido en el laudo, la cláusula primera del objeto del contrato
no. 051-96M -modificada por el otrosí no. 4 de 2012- establece,
expresamente, que el objeto del negocio jurídico otorga el derecho a Cerro
Matoso el derecho temporal y exclusivo de: “(a) realizar por su cuenta y riesgo
la exploración, explotación y procesamiento de mineral de níquel y de los
demás que estén asociados en liga íntima, o se obtengan como subproductos
de dicho mineral, incluyendo los mencionados en la lista señalada en el Anexo
1, que se encuentren dentro del área total contratada”, por manera que el
contrato establece un derecho en favor del titular minero sobre el mineral de
níquel y los demás minerales que se encuentren relacionados en el anexo 1.
Por su parte, el Anexo no. 1 incluye como subproductos el cobalto, el cobre,
el cromo, el hierro, el oro, la plata y el platino, entre otros.
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Expediente: 11001032600020220015500 (68.778)
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b) Igualmente, debe precisarse que en ninguna parte del contrato no. 051-
96M y del otrosí no. 4 de 2012 se incluyen las expresiones “ferroníquel”, “FeNi”
o “mineral laterítico”, lo cual pone en evidencia el yerro mayúsculo en que
incurrió el tribunal en el laudo; pareciera como si el panel arbitral se hubiera
confundido de contrato y al decir que falló con base en el texto literal del
contrato no. 051-96M y el otrosí no. 4 de 2012 por algún error se hubiera
referido a un texto distinto.
c) El tribunal se equivocó en concluir que era un hecho no controvertido por
las partes que el objeto del contrato y del otrosí mencionados generan una
obligación del titular minero de extraer mineral laterítico y producir y
comercializar ferroníquel, cuando la ANM refutó de manera clara e inequívoca
el planteamiento de la convocante, pues, ninguno de los documentos
contractuales se refirió a la producción de ferroníquel ni al pago de las regalías
por ese producto final; aunado a lo anterior, la ANM indicó expresa, textual e
inequívocamente que lo que se ha liquidado es la regalía a la que se encuentra
obligada Cerro Matoso por la explotación de níquel en el yacimiento y no por
la producción de ferroníquel, más aún si se tiene en cuenta que este último es
una aleación de producción industrial que no causa regalía alguna por no ser
un recurso natural no renovable.
d) En suma, el tribunal tergiversó los textos de la demanda y de la contestación
para hacerlos decir lo que no dicen, lo cual pone de presente la inexistencia
de una motivación que justifique lo decidido, razón por la cual la decisión
adoptada se adoptó en conciencia o bajo la íntima convicción de los árbitros
por no tener respaldo en la realidad probatoria.
e) El tribunal de arbitramento no tuvo en cuenta el dictamen técnico –
financiero aportado por la ANM en el cual se especificó la metodología para
el cálculo de la regalía a cargo de Cerro Matoso.
f) Por último, el laudo falló en conciencia por condenar en agencias en
derecho, toda vez que las fijó en el uno punto uno por ciento (1.1%) de la
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Expediente: 11001032600020220015500 (68.778)
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condena económica por concepto de restitución por el pago de lo no debido,
pero no incluyó mención alguna a los fundamentos legales para efectos de
establecer esa suma.
3) Tercer cargo: causal contenida en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563
de 2012 – Estatuto Arbitral, esto es, “Haber recaído el laudo sobre aspectos no
sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no
haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”.
El cargo propuesto se estructuró en dos causales de anulación, con fundamento
en el siguiente razonamiento:
a) Si bien en el laudo se incluyó un capítulo denominado “estudio y decisión sobre
las excepciones”, la realidad es que a lo largo de las motivaciones presentadas
no se advierte cuáles fueron las razones por las cuales no procedían las
excepciones propuestas.
b) Los árbitros decidieron más allá de lo pedido en tanto declararon la nulidad de
los actos administrativos con fundamento en un cargo de nulidad que no fue
invocado por Cerro Matoso, pues, la convocante fundamentó la ilegalidad con
apoyo en tres circunstancias: (i) no adeudar las regalías por la explotación de
hierro como mineral separado, porque el hierro se encuentra contenido en el
ferroníquel y la regalía fue pactada por la producción de este último; (ii) falsa
motivación porque la regalía no corresponde al precio de boca de mina como
exige la ley y, (iii) ausencia de mora por parte de Cerro Matoso, pero el laudo
anuló los actos por desconocimiento de las normas y acuerdos contractuales que
delimitan el alcance de las obligaciones de pago de las regalías a Cerro Matoso.
5. La oposición al recurso
La convocante controvirtió el recurso de anulación con fundamento en el
siguiente razonamiento:
1) El tribunal arbitral concluyó, sin ambages, que los actos acusados eran
definitivos y, por lo tanto, se trataba de verdaderos actos administrativos; por
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consiguiente, las entidades recurrentes pretenden controvertir la decisión del
panel arbitral al pretender revivir la discusión acerca de si las decisiones
emanadas de la AMN eran de trámite o definitivas, lo cual implicaría trasladar esa
controversia al juez extraordinario del recurso de anulación, aspecto vedado por
el legislador.
2) Los argumentos expuestos en el recurso como configurativos de la causal de
anulación por fallo en conciencia revelan que la realidad es que las recurrentes
(ANM y ANDJE) no se encuentran de acuerdo con la interpretación del tribunal
sobre el objeto del contrato y respecto del alcance de las pruebas, pero, en
ninguna parte se refirieron a un déficit normativo ni a la ausencia de referencias
al derecho positivo, que sería lo relevante para la configuración de la causal.
La ANM sí aceptó expresamente en la contestación de la demanda que este
contrato tiene por objeto la explotación de un yacimiento de mineral laterítico del
cual se produce ferroníquel, tanto así que inclusive en una de las excepciones
propuestas se reconoce expresamente que Cerro Matoso explota material
laterítico proveniente del área del título minero.
Adicionalmente, las recurrentes, con el ánimo de fabricar un supuesto error en el
laudo, señalan que el objeto del contrato no. 051-96M no se refiere al ferroníquel,
para lo cual se cuidaron de no citar la totalidad de la cláusula primera del contrato
y eludieron hacer referencia al numeral 3 de la misma cláusula que determina
expresamente que Cerro Matoso tiene el derecho a seguir realizando sus labores
de exploración, explotación y procesamiento en el área de las concesiones en las
mismas condiciones y con los mismos derechos que tuvo con base en las
condiciones acordadas en 1970 y 1971, por manera que el alegato de la ANM
aspira al imposible legal y ético de que se ignore lo pactado en las concesiones
y desconocer todo el texto que de allí provenga, lo cual es un despropósito a la
luz del numeral 3 de la cláusula primera del contrato no. 051-96M.
Lo que se advierte luego de leer el fundamento de la causal de anulación de fallo
en conciencia, es que las entidades recurrentes no están de acuerdo con el
análisis sustantivo que realizó el tribunal ni con su decisión de tener en cuenta el
texto de las concesiones de 1970 y 1971 para resolver esta controversia, lo cual
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Expediente: 11001032600020220015500 (68.778)
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no constituye un error in procedendo ni constituye un fallo en equidad o en
conciencia.
3) Contrario a lo afirmado en el recurso, el tribunal negó y justificó la decisión de
decidir desfavorablemente las excepciones propuestas por la ANM,
concretamente la siguiente: “cuando CMSA paga las regalías por la explotación
de níquel solamente está pagando regalías del níquel y no por el ferroníquel o
por la explotación de otros minerales incluidos en el material laterítico proveniente
del área del título minero”.
En efecto, el laudo en el capítulo cuarto estudió cada una de las pretensiones y
excepciones propuestas y, si bien en el laudo no se repitió una y otra vez todo el
análisis del problema jurídico para negar excepción por excepción, por esa sola
razón no puede existir reparo alguno porque se definió plenamente el objeto de
la controversia fijado entre hechos, pretensiones, oposición y excepciones, esto
es, si Cerro Matoso estaba obligada o no a pagar regalías por el hierro como
mineral separado, motivo por el cual la decisión no es incongruente.
Por otra parte, en la demanda sí se invocó la violación del debido proceso como
parte del concepto de la violación, motivo por el cual no se vulneró los derechos
de defensa y de contradicción de la parte convocada.
De modo que cuando en la demanda se argumentó la ausencia de mora por parte
de Cerro Matoso en pagar la regalía requerida, se invocó expresamente el
desconocimiento al debido proceso como mandato constitucional, razón por la
cual los árbitros no fallaron más allá o por fuera de lo pedido.
6. Concepto del Ministerio Público
El Agente Delegado del Ministerio Público rindió concepto mediante el cual
solicitó declarar fundado el recurso de anulación interpuesto por la ANM, con
apoyo en lo siguiente:
1) Las decisiones administrativas por medio de las cuales la ANM hizo
requerimientos para el pago de regalías a Cerro Matoso SA sí pueden ser
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Expediente: 11001032600020220015500 (68.778)
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Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
sometidos al estudio, examen, conocimiento y decisión de los árbitros, porque se
trata de actos administrativos contractuales, frente a los cuales los árbitros tienen
competencia para su estudio de legalidad.
2) No es posible confundir la ley con el contrato de concesión, por manera que,
resulta insólito que el laudo impugnado llegara a la conclusión de que el único
material sobre el cual tenía obligación de pago de regalías era exclusivamente el
de las estipulaciones contractuales, es decir, níquel; en otras palabras, reducir el
pago de regalías a un criterio estrictamente convencional resulta, a todas luces,
un alejamiento grosero y ostensible de la legislación constitucional y legal que
corresponde al pago de regalías por parte de Cerro Matoso. Quien lea
desprevenidamente la decisión arbitral podría concluir que el laudo exonera al
concesionario de pagar regalías sobre cualquier otro mineral económicamente
explotable que se encuentre en boca de mina, lo cual constituye para el Ministerio
Público un gravísimo perjuicio para el patrimonio público y, en consecuencia, la
causal de fallo en conciencia se encuentra fundada.
3) El laudo desconoció el principio de congruencia y, por lo tanto, los árbitros
adoptaron una decisión “citra petita”, dado que no estudiaron de fondo las
excepciones propuestas por la ANM, pues, de modo simplista, a través de la
aplicación de un criterio netamente convencional, concluyeron que como en el
contrato de concesión solo se estipuló el níquel, Cerro Matoso solo estaba
obligado a pagar regalías por ese mineral, interpretación que no se ajusta a la
realidad de la concesión y es gravemente lesiva al patrimonio público.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Corresponde a la Sala determinar, con sujeción estricta al recurso formulado, si
el laudo arbitral (i) se adoptó con falta de jurisdicción o de competencia, (ii) fue
proferido en conciencia o en equidad y, (ii) si los árbitros dejaron de pronunciarse
sobre aspectos formulados por la parte convocada.
La Sala advierte que el propósito de la entidad recurrente (ANM) y la coadyuvante
(ANDJE) es reabrir el debate probatorio y jurídico de la controversia, por lo cual
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Expediente: 11001032600020220015500 (68.778)
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el recuso no prospera y así se declarará, en tanto que, en primer lugar, todos los
puntos del litigio fueron decididos por el panel arbitral y, en segundo término, las
decisiones adoptadas se encuentran soportadas en las valoraciones probatoria,
normativa, contractual, doctrinal y jurisprudencial empleadas por los árbitros, por
manera que el laudo fue proferido en derecho.
Las consideraciones se desarrollarán en dos partes, en la primera, se analizarán
los aspectos generales relativos a las limitadas posibilidades para impugnar las
decisiones arbitrales y, en la segunda, se resolverán los cargos concretos de cara
a las posibilidades que el recurso permite.
2. El recurso extraordinario de anulación y su alcance
El artículo 116 superior3 prevé la posibilidad de que los particulares ejerzan pro
tempore la administración de justicia, con la habilitación que para ello les
otorguen las partes de un conflicto a través de la conformación de tribunales de
arbitramento en los términos regulados en la ley; la decisión que adoptan
constituye una verdadera decisión judicial.
La regulación de la actividad arbitral quedó asignada al legislador que,
históricamente, ha determinado precisas y taxativas causales para la
procedencia del recurso de anulación sobre la consideración de que el fallo
arbitral es una auténtica decisión judicial dictada por particulares que ejercen, en
forma transitoria, jurisdicción, en tal virtud, goza de las características de
inmutabilidad y ejecutoriedad.
Por ende, la posibilidad de controvertir las decisiones arbitrales mediante el
recurso extraordinario de anulación no constituye una instancia adicional, en el
entendido de que el juez contencioso administrativo no funge como superior de
los árbitros, sino que, le corresponde efectuar un control fundado en la
verificación del acatamiento de las causales precisas.
3 Constitución Política de Colombia, “Artículo 116 (…). Los particulares pueden ser investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas
criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en
derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”.
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Expediente: 11001032600020220015500 (68.778)
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Así, el recurso se estudia con sujeción a los puntuales argumentos de las partes,
sin invadir la órbita de independencia y autonomía del tribunal arbitral; la función
del juez de la anulación no es otra que detectar posibles falencias
procedimentales -en la mayoría de los eventos- o sustanciales -en algunos
específicos eventos restringidos señalados por el legislador- y, eventualmente,
suplirlas en los casos expresamente autorizados por la ley.
En esa perspectiva, la Corporación ha precisado reiteradamente que el recurso
extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia,
de ahí que no sea admisible que con su interposición se intente continuar, reabrir
o replantear el debate sobre el fondo del proceso.
3. Decisión del recurso
3.1 Primer cargo: causal contenida en el numeral 2 del artículo 41 de la Ley
1563 de 2012 – Estatuto Arbitral “la caducidad de la acción, la
falta de jurisdicción o de competencia”
1) Las entidades recurrentes afirman que se cumplió con el requisito establecido
en el penúltimo inciso del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 – Estatuto Arbitral
ya que la ANM interpuso recurso de reposición en contra del auto no. 11 del 26
de abril de 2021 mediante el cual el tribunal arbitral se declaró competente para
conocer de la controversia, lo cual quedó acreditado en el expediente (índice 2
SAMAI) .
Además, las recurrentes sostienen que el tribunal resolvió sobre la legalidad de
actos de trámite que no son susceptibles de control jurisdiccional, de modo que
se desconocieron los artículos 43 y 169 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), así
como también la jurisprudencia del Consejo de Estado.
2) Por su parte, Cerro Matoso de manera sucinta adujo en la oposición que el
tribunal arbitral concluyó, sin ambages, que los actos acusados eran definitivos,
no actos de trámite y, por lo tanto, que se trataba de verdaderos actos
administrativos, sin que se pueda trasladar esa controversia al juez extraordinario
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del recurso de anulación, aspecto vedado por el legislador, conclusión que
compartió el agente delegado del Ministerio Público.
3) La Sala decidirá desfavorablemente el cargo de anulación fundado en la causal
2 del artículo 41 del Estatuto Arbitral, por cuanto los árbitros sí tenían
competencia para definir, en primer lugar, si los actos acusados eran verdaderos
actos administrativos contractuales, esto es, con efectos definitivos para la
sociedad contratista y, de otra parte, examinar la legalidad de los autos nos. VSC
206 del 26 de agosto de 2019 y VSC 062 del 11 de marzo de 2020 de conformidad
con el inciso final del artículo 1º de la Ley 1563 de 2012 (Estatuto Arbitral) en
concordancia con las sentencias de 10 de junio de 2009, expediente no. 36.252,
MP Mauricio Fajardo Gómez y C-1436 de 2000, MP Alfredo Beltrán Sierra,
proferidas por la Sección Tercera de esta Corporación y la Sala Plena de la Corte
Constitucional, respectivamente.
Al respecto, en la cláusula trigésima tercera del contrato no. 051-96M las partes
convinieron lo siguiente:
“(1) Toda controversia o diferencia relativa al Contrato 051-96M y a su
ejecución, liquidación e interpretación, que no pueda ser resuelta por
acuerdo directo entre las Partes, se resolverá así:
“(a) Si la diferencia es de carácter jurídico, por un Tribunal de
Arbitramento, que funcionará en Bogotá y se sujetará al reglamento del
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá.
El Tribunal estará integrado por tres árbitros, designados de común
acuerdo por las Partes, y, a falta de acuerdo, total o parcial, por la
Cámara de Comercio de Bogotá. El tribunal decidirá en derecho y se
ajustará a lo dispuesto en las normas que rijan esta materia”.
4) En ese orden de ideas, advierte la Sala que los árbitros no fallaron sin
jurisdicción o sin competencia al analizar la legalidad de los actos demandados,
más aún si se tiene en cuenta que la cláusula compromisoria no incluyó aspectos
vedados para los árbitros ni sustrajo la facultad de los árbitros para revisar la
legalidad de los actos proferidos durante la etapa de ejecución contractual.
Ahora bien, establecer si los autos nos. VSC 206 del 26 de agosto de 2019 y VSC
062 del 11 de marzo de 2020 proferidos por la ANM eran o no de carácter
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definitivo es una materia que correspondía, única y exclusivamente, al panel
arbitral, sin que el juez del recurso de anulación pueda calificar o modificar esa
conclusión, por ser un tema sustancial sobre el análisis del fondo de la
controversia, lo cual no es susceptible de examen a través del recurso
extraordinario de la referencia por corresponder ese cuestionamiento del
recurrente a un supuesto error in iudicando respecto de la calificación jurídica de
esos actos.
3.2 Segundo cargo: causal contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la
Ley 1563 de 2012 – Estatuto Arbitral “haberse fallado en
conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta
circunstancia aparezca manifiesta en el laudo”
1) Con apoyo en esta causal de anulación, las entidades recurrentes
manifestaron que el laudo contiene errores y defectos fácticos debido a que
se privilegió el contrato por encima de los postulados legales y
constitucionales y, por otra parte, que se citaron cláusulas negociales
inexistentes o descontextualizadas.
2) La sociedad convocada, por su parte, dijo que la ANM sí aceptó
expresamente en la demanda que el contrato tiene por objeto la explotación
de un yacimiento de mineral laterítico y que, además, las recurrentes para
intentar crear un supuesto error en el laudo se limitaron a citar el numeral 1
de la cláusula primera del contrato no. 051-96M sin hacer referencia al
numeral 3, por manera que es evidente que las entidades recurrentes no están
de acuerdo con el análisis sustantivo que realizó el tribunal ni con su decisión, lo
cual no constituye un error in procedendo ni constituye un fallo en equidad o en
conciencia.
3) El Ministerio Público solicitó declarar fundada la causal de laudo en conciencia
porque reduce el pago de regalías a un criterio estrictamente convencional, lo
cual genera un alejamiento grosero y ostensible de la legislación constitucional y
legal que corresponde al pago de regalías por parte de Cerro Matoso, agregó que
quien lea desprevenidamente la decisión arbitral podría concluir que el laudo
exonera al concesionario de pagar regalías sobre cualquier otro mineral
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Expediente: 11001032600020220015500 (68.778)
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económicamente explotable que se encuentre en boca de mina, lo cual constituye
un gravísimo perjuicio para el patrimonio público.
4) La Sala no puede acoger el planteamiento de las entidades recurrentes y del
Ministerio Público, por cuanto la protección del patrimonio público no se enmarca
dentro de la causal de fallo en conciencia, salvo que los árbitros hubieran
adoptado la decisión sin ningún tipo de referencia normativa, contractual, legal y
jurisprudencial; contrario sensu, la lectura del laudo permite advertir que los
árbitros profirieron su decisión a partir del análisis del contrato no. 051-96M y, por
lo tanto, definieron el contenido y alcance de las obligaciones de cada una de las
partes.
5) Frente a la segunda causal alegada, es pertinente precisar que el fallo en
conciencia se identifica con el brocardo “ex equo et bono” porque el panel arbitral,
al margen de un parámetro normativo o legal, aplica criterios axiológicos como
los de “lo correcto o lo bueno” en términos de verdad sabida y buena fe guardada
o, según el leal saber y entender; en otros términos, la causal del fallo en
conciencia o en equidad opera cuando el tribunal de arbitramento profiere el
laudo apartándose del sistema jurídico, normativo o probatorio.
En cuanto atañe específicamente a la configuración del fallo en conciencia esta
Sala en reciente pronunciamiento precisó: “puede declararse fundada cuando se
verifique uno de los tres siguientes supuestos: (1) cuando el Laudo se funde
exclusivamente en la equidad si debía ser en derecho; (2) cuando la decisión se
haya tomado con ausencia de fundamento jurídico o cuando la fundamentación
jurídica presentada por el Panel Arbitral no sustente lógicamente la decisión, y
(3) cuando en esta se observe una total ausencia de un análisis probatorio o
cuando el Laudo haga referencia a pruebas que no fundamenten objetivamente
la decisión”4.
Sobre este punto se ha pronunciado la Sección Tercera del Consejo de Estado,
al señalar5:
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de marzo de 2022, exp.
67.069, MP. Alberto Montaña Plata.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 9 de abril de 2018, exp. N°
59270, MP Guillermo Sánchez Luque.
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Expediente: 11001032600020220015500 (68.778)
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Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
“El fallo en conciencia imparte solución al litigio de acuerdo con la
convicción personal y el sentido común. Así, el juez sigue las
determinaciones de su fuero interno, según su leal saber y entender,
basado o no en el principio de la equidad (…). La Sala ha precisado
que (…) si el juez adquiere la certeza que requiere para otorgar el
derecho disputado con apoyo en el acervo probatorio y en las reglas
de la sana crítica, ese fallo será en derecho, así no hable del mérito
que le da a determinado medio o al conjunto de todos6.
Por ello, esta causal no autoriza al juez del recurso de anulación para
verificar el fondo del fallo, ni alterar el valor que el juzgador le otorgó
a cada una de las pruebas. Los límites que la ley ha fijado a este
recurso suponen la sanción de yerros in procedendo y no in
iudicando7.
No es procedente analizar una violación indirecta a la norma
sustancial por la existencia de errores de hecho o de derecho al
valorar las pruebas, porque este aspecto es un error in iudicando
sobre el cual no está edificado este recurso extraordinario (…).
Se configura un fallo en conciencia cuando se decide sin pruebas de
los hechos que originan las pretensiones o las excepciones, esto es,
con pretermisión de la totalidad de las pruebas que obran en el
proceso8.
La decisión equivocada no corresponde a un fallo en conciencia, ni el
desacuerdo de las partes con las razones esgrimidas en el fallo hace
procedente la causal, porque el juicio de anulación no supone una
nueva instancia de discusión en relación con el fondo del asunto9”.
De igual manera, la jurisprudencia ha precisado10:
“No corresponde a esta causal de anulación, la deficiente valoración
que de las pruebas realice el juzgador11, por cuanto ‘(n)o se trata
pues, y eso está claro, de que el recurrente encubra sus divergencias
sobre la manera como el tribunal estimó y valoró las pruebas del
proceso, que le ha sido desfavorable, para deducir de allí que se está
en presencia de un fallo en conciencia, cuando normalmente, en un
caso como este, el juez suele expresar claramente, a lo largo de la
motivación de la sentencia, las razones por las cuales los medios de
prueba le han conducido a tomar una u otra posición, gracias a la
6 Nota del original. “Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de abril de 1992,
Rad. 6.695 (fundamento jurídico b)”.
7 Nota del original. “Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 27 de julio de 2000,
Rad. 17.591 (fundamento jurídico consideraciones); y de 16 de junio de 2008, Rad. 34.543
(fundamento jurídico 3.1.2)”.
8 Nota del original. “Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de julio de 2006,
Rad. 31.887 (fundamento jurídico 3.1)”.
9 Nota del original. “Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de noviembre de
2002, Rad 22.191 (fundamento jurídico c)”.
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 20 de marzo de 2018, exp.
59836, MP Danilo Rojas Betancourth.
11 Nota del original. “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia del 18 de mayo de 2000, expediente 17797, MP María Elena Giraldo Gómez”.
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libertad de valoración –sana crítica- que la ley procesal le confiere’12
(…).
La Sala, recientemente, analizó los criterios jurisprudenciales sobre
el fallo en conciencia a la luz de la Ley 1563 de 2012 y al respecto,
concluyó que se da la configuración del mismo en los siguientes
términos (…). ‘(a) Que el fallo no se fundamente en el derecho
positivo y vigente (en términos actuales, que el laudo no sea en
derecho) (…) debe entenderse que un laudo es en derecho cuando
se apoya en las mismas fuentes jurídicas que todo juez utiliza para
juzgar las controversias que conoce, sin que estas se entiendan
circunscritas al derecho legislado, de acuerdo al sentido amplio que
le dio la jurisprudencia en su momento. En conclusión, los árbitros
podrán apoyarse en todas las fuentes del derecho como lo hace
cualquier juez en su actividad judicial para que su decisión sea
considerada en derecho (…) vale reiterar la precisión que la
jurisprudencia ha hecho en relación con las fuentes del derecho, en
tanto la mínima referencia que se haga de ellas permite predicar un
arbitraje en derecho, siempre que ese mínimo esté conectado con el
sentido de la decisión, hasta el punto que no pueda calificarse como
absolutamente descontextualizada o con el simple propósito de dar
apariencia de ser una decisión en derecho (…) (d) Que el fallo no
considere las pruebas. Este criterio, al igual que el que exige que el
arbitraje sea en derecho, es parte de la definición pacífica que ha
construido la jurisprudencia sobre lo que es un laudo en conciencia,
es decir, aquel que se profiere con total desprendimiento de los
fundamentos jurídicos y probatorios. En esta oportunidad, la Sala
reiterará lo dicho por la Corporación, para lo cual remite al desarrollo
que sobre este criterio se hizo, en el entendido que se exige del laudo
su fundamentación en las pruebas legalmente aportadas al proceso.
Luego, si no hay fundamento probatorio o sin justificación se
desconoce o se aparta de las pruebas se estará frente a una decisión
claramente subjetiva de los árbitros’.
Aquí vale recordar que ese ejercicio no puede de ninguna manera
significar la revisión del fondo de la decisión o la calificación de la
misma. Se trata de defectos evidentes, como lo son la ausencia de
fundamentos probatorios o, como lo ha precisado la jurisprudencia,
que aun cuando exista un análisis probatorio, el laudo se aparte por
completo y sin justificación de lo que las pruebas señalan, es decir,
un abandono absoluto del material probatorio”13.
Cabe destacar que, en lo que atañe específicamente a la configuración del fallo
en conciencia por haberse prescindido de las pruebas, la causal tiene lugar
cuando la decisión no se fundó en valoración alguna de los elementos probatorios
allegados a la causa arbitral y que eran determinantes para resolverla; en esa
medida, solo cuando el laudo se aparta absolutamente de los elementos de
12 Nota transcrita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia del 18 de enero de 2012, MP Enrique Gil Botero”.
13 Nota del original. “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 26 de abril de 2017, expediente 55.852, MP Ramiro Pazos Guerrero”.
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prueba sin justificación alguna, u omite totalmente la valoración probatoria, surge
la decisión o fallo en conciencia, vicio este que, por el contrario, no ocurre cuando
los árbitros valoran las probanzas de manera distinta a la que consideran correcta
las partes, o fundan la providencia en medios probatorios diferentes a los que el
censor estima que debieron tenerse en cuenta.
6) A partir de la lectura de los fundamentos en que se estructuró el recurso de
anulación, la Sala advierte que la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica ANDJE cuestionan de fondo (errores in
iudicando) el razonamiento y las conclusiones del tribunal, para lo cual aducen
que los árbitros desconocieron no solo el contenido y alcance del contrato -
numeral 1 de la cláusula primera del contrato no. 051-96M- sino también las
normas constitucionales y legales que regulan el pago de regalías por concepto
de la explotación de recursos no renovables de propiedad del Estado.
En esa perspectiva, los recurrentes pretenden reabrir o trasladar la controversia
probatoria, hermenéutica y normativa al juez del recurso de anulación, lo cual
desborda, por completo, la competencia de esta Corporación, dado que la misma
ley le impone al juez del recurso abstenerse de calificar el análisis de fondo de la
controversia, lo cual le impide revisar los razonamientos jurídicos del tribunal de
arbitramento para dilucidar si son o no errados, tanto así que el inciso 4 del
artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 prevé: “La autoridad judicial competente en la
anulación no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o
modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones
expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.
Los árbitros concluyeron, luego del análisis probatorio y jurídico, lo siguiente:
De acuerdo con el Contrato 051-96M y con el Otrosí No. 04, en especial
la cláusula primera, encuentra el Tribunal que las partes sí acordaron
expresamente el pago de regalías por la explotación del recurso natural
no renovable, y que el cálculo de dicha regalía se haría, como se venía
haciendo hasta diciembre de 2019, con base en el níquel contenido en
el FeNí.
No existe pacto o convenio alguno que determine la obligación de
pagar regalías por cada uno de los minerales presentes en el material
laterítico, ante lo cual, resulta preciso tener en cuenta que, tal y como
lo confirmaron las partes, el hierro es un mineral presente en el material
laterítico que no puede separarse del níquel, o que, aun pudiéndose,
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dicho proceso resultaría excesivamente oneroso e inviable, por lo cual
tal mineral no es explotado de manera separada por CERRO
MATOSO.
De acuerdo con la cláusula primera del Contrato 051-96M transcrita,
las partes coinciden en que CERRO MATOSO no explota de forma
separada los minerales presentes en el material laterítico, tal como se
desprende del análisis de los hechos aceptado por las partes. Tal
postulado se encuentra, igualmente probado, con la explicación
contenida en el dictamen “Reporte Técnico Operación Cerromatoso
S.A.” elaborado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia en donde se indica en detalle la “Descripción del producto
ferroníquel como única salida del proceso productivo de mineral
laterítico de níquel procesado vía: secado, calcinación en horno
rotatorio, fusión en horno de arco eléctrico y refinación.” (páginas 104
y 105 del laudo).
Por manera que, definir el contenido y alcance de la cláusula primera del contrato
no. 051-96M, así como el entendimiento de los numerales 1 y 3 de la misma
excede la competencia asignada por el legislador al juez del recurso de
anulación.
En suma, el cargo de anulación no tiene vocación de prosperar y así se declara.
3.3 Tercer cargo: causal contenida en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley
1563 de 2012 – Estatuto Arbitral “haber recaído el laudo sobre
aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido
más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al
arbitramento”
1) Las entidades recurrentes sostienen que a lo largo de las motivaciones
presentadas no se advierte cuáles fueron las razones por las cuales no procedían
las excepciones propuestas por la ANM, agregaron que los árbitros decidieron
más allá de lo pedido por el hecho de declarar la nulidad de los actos
administrativos con fundamento en un cargo de nulidad que no fue invocado por
Cerro Matoso.
2) Cerro Matoso, por su parte, puntualizó que el laudo en el capítulo cuarto
estudió cada una de las pretensiones y excepciones propuestas y, si bien en el
laudo no se repitió una y otra vez todo el análisis del problema jurídico para negar
excepción por excepción, por esa sola razón no puede existir reparo alguno
porque se definió plenamente el objeto de la controversia fijado entre hechos,
pretensiones, oposición y excepciones, esto es, si Cerro Matoso estaba obligada
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o no a pagar regalías por el hierro como mineral separado, motivo por el cual la
decisión no es incongruente; adujo, que en la demanda sí se invocó la violación
del debido proceso como parte del concepto de la violación, motivo por el cual no
se violaron los derechos de defensa y de contradicción de la parte convocada.
3) El Ministerio Público conceptuó que el laudo trasgredió el principio de
congruencia, toda vez que los árbitros decidieron “citra petita”, porque no
estudiaron el fondo de las excepciones propuestas por la ANM, en tanto que de
manera simplista aplicaron un criterio convencional que resulta lesivo al
patrimonio público.
4) En el acápite IV, subcapítulo IX del laudo, el panel arbitral se refirió una por
una a las excepciones propuestas, luego de haber estudiado las pretensiones
formuladas, los hechos sobre los que existía discusión y el material probatorio;
en esa precisa dirección, no les asiste razón a las entidades recurrentes en
cuanto afirman que los árbitros no resolvieron los mecanismos de defensa de la
ANM (páginas 120 a 123 laudo).
Definir si los árbitros resolvieron de manera “simplista” o no las excepciones
propuestas escapa, de nuevo, a la competencia del juez del recurso
extraordinario de revisión, más aún si quedó establecido que las excepciones
fueron resueltas, todas ellas, luego de la valoración probatoria y del estudio de
las pretensiones de la demanda, por lo tanto, lo que en realidad pretenden las
recurrentes es provocar un estudio de la valoración fáctica y jurídica realizada por
los árbitros, es decir, verificar la existencia de un supuesto error in iudicando, lo
cual escapa al contenido y al alcance del recurso extraordinario de anulación
interpuesto.
En ese contexto, la Sala advierte que no se vulneró o desconoció el principio de
congruencia, por cuanto el tribunal de arbitramento resolvió todos los extremos
del litigio, con independencia de si las partes y el Ministerio Público comparten
de fondo las conclusiones contenidas en el laudo.
5) Por otra parte, en la demanda en el capítulo 5.3.2 la sociedad Cerro Matoso
invocó la violación del principio – derecho constitucional fundamental del debido
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proceso, como parte estructural del concepto de la violación al señalar que la
ANM trasladó los efectos nocivos de su actuación morosa al contratista (página
54 demanda - índice 2 SAMAI).
En esa dirección, el cargo de anulación no tiene posibilidad de prosperar en tanto
que los árbitros no adoptaron una decisión “citra”, “ultra” o “extra petita”, tal como
se adujo en el recurso.
En consecuencia, el cargo de anulación no prospera.
4. Conclusión
El recurso extraordinario de anulación interpuesto por la Agencia Nacional de
Minería (ANM) y coadyuvado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado (ANDJE) no tiene vocación de prosperar por cuanto las causales
invocadas no se configuraron en tanto que el tribunal arbitral resolvió las
excepciones propuestas y adoptó el laudo en derecho, sin que este mecanismo
extraordinario sea el instrumento válido para cuestionar las conclusiones y
valoraciones realizadas por los árbitros.
5. Costas
Se condena en costas a la recurrente en aplicación de lo dispuesto en el inciso
final del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 según el cual “si el recurso no
prospera se condenará en costas al recurrente”. En aplicación del ordinal 9 del
artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura se fijan agencias en derecho en cuantía equivalente a diez (10)
salarios mínimos legales mensuales vigentes14.
En mérito de lo expuesto, EL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
14 La entidad convocada compareció por medio de apoderado y se opuso al recurso dentro del
término concedido para el efecto.
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Convocante: Cerro Matoso SA
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FALLA:
1°) Declárase infundado el recurso extraordinario de anulación promovido por la
Agencia Nacional de Minería (ANM) contra el laudo arbitral del 11 de mayo de
2022.
2°) Costas a cargo de la entidad recurrente, por Secretaría liquídense, incluidas
las agencias en derecho que se fijan en cuantía total equivalente a diez (10)
salarios mínimos legales mensuales vigentes en la fecha de ejecutoria de esta
decisión.
3º) Levántase la suspensión decretada mediante auto del 28 de noviembre de
2022.
4º) Ejecutoriada esta providencia comuníquese a las partes y al tribunal de
arbitramento por el medio más expedito y efectúense las desanotaciones del
caso.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Ponente Magistrado
(firmado electrónicamente) Aclara voto
(firmado electrónicamente)
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, (con
excepción del magistrado Martín Bermúdez Muñoz a quien se le aceptó el impedimento
manifestado y quedó separado del caso), en consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley
2213 de 2022.
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