Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00155-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00155-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2021-00155-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
12 de abril de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, doce (12) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-26-000-2021-00155-00 (67.306)
Convocante: CONCESIONARIA SAN RAFAEL SA
Convocado: AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA (ANI)
Medio de control: RECURSO EXTRAORDINARIO DE
ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL -
Asunto: HABERSE FALLADO EN CONCIENCIA O EN
EQUIDAD – CONTENER EL LAUDO
DISPOSICIONES CONTRADICTORIAS – NO
HABER DECIDIDO CUESTIONES SUJETAS
AL ARBITRAMENTO
Síntesis del caso: entre las partes se suscribió el contrato de concesión no. 007 de 2007; la
convocante – contratista presentó demanda arbitral para que se accediera a múltiples
pretensiones declarativas y algunas de condena debido a la existencia de disparidad de
criterios en relación con el contenido y alcance de algunos ítems que integran el objeto del
contrato. La controversia fue decidida por un tribunal arbitral que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad
convocada, interpuso recurso extraordinario de anulación con fundamento en las causales
de anulación contenidas en los numerales 7, 8 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 –
Estatuto Arbitral por cuanto, en su criterio, el laudo contiene decisiones adoptadas en
conciencia y en equidad, se dejaron de resolver cuestiones sometidas al arbitramento y
existió incongruencia.
Temas: recurso extraordinario de anulación - características / Causales 7, 8 y 9 de anulación
/ fallo en conciencia – condena de perjuicios adoptada en conciencia sin apoyo ni justificación
probatoria – configura fallo en conciencia.
La Sala decide el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la parte
convocada, Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), contra el laudo arbitral del
12 de abril de 2021 (índice 2 SAMAI) por medio del cual un tribunal con sede en
el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá1
resolvió:
1 Conformado por los árbitros Martha Cediel de Peña (presidente), Ileana Marlitt Melo Salcedo y
Antonio Aljure Salame; como secretario arbitral actuó Carlos Mayorca Escobar.
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Expediente: 11001032600020210015500 (67.306)
Convocante: Concesionaria San Rafael SA
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
“(I) RESPECTO DE LOS ASUNTOS PREVIOS
1º Declarar infundada la tacha de sospecha propuesta respecto de la
declaración del señor Cristian Camilo Escobar por las razones
expuestas en la parte motiva.
2º Por las razones expuestas en la parte motiva, declarar que carece
de fundamento la excepción propuesta por la Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI: ‘caducidad de la acción respecto de las
pretensiones contenidas en el aparte VI.6 de las pretensiones de la
demanda relativo a la avenida Pedro Tafur’.
(II) RESPECTO DE LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS
CONCERNIENTES AL ÁREA DE SERVICIOS CHICORAL (GRUPO
VI.1)
3º NEGAR, en los términos en que fue propuesta, la PRETENSIÓN
PRIMERA de la demanda reformada, por las razones contenidas en
el aparte considerativo de este laudo arbitral.
4º NEGAR la pretensión segunda de la demanda reformada, por las
razones consignadas en el aparte considerativo de este laudo arbitral,
sin perjuicio de las modulaciones y precisiones que se consignan en
la parte motiva de este laudo.
5º NEGAR la prosperidad parcial de la pretensión tercera de la
demanda reformada, con las modulaciones y precisiones que obran
en la motivaciones de este laudo arbitral.
6º NEGAR la pretensión cuarta de la demanda reformada, por las
razones contenidas en el aparte considerativo de este laudo arbitral.
7º Declarar la prosperidad parcial de la pretensión séptima de la
reforma de la demanda por las razones contenidas en el aparte
considerativo de este laudo arbitral.
8º NEGAR la pretensión sexta de la demanda reformada, por las
razones contenidas en el aparte considerativo de este laudo arbitral.
9º Declarar la prosperidad parcial de la pretensión séptima de la
reforma de la demanda por las razones contenidas en el aparte
considerativo de este laudo arbitral.
10º NEGAR en la forma en que fue solicitada, la pretensión novena
de la demanda reformada, por las razones contenidas en el aparte
considerativo de este laudo arbitral.
11º NEGAR en la forma en que fue solicitada, la pretensión octava de
la demanda reformada, por las razones contenidas en el aparte
considerativo de este laudo arbitral.
12º NEGAR como consecuencia de la declaración anterior, la
pretensión décima de la demanda reformada, sin perjuicio de las
modulaciones y precisiones consignadas en el aparte considerativo
de este laudo arbitral.
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Expediente: 11001032600020210015500 (67.306)
Convocante: Concesionaria San Rafael SA
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
13º NEGAR la pretensión consecuencial décima primera de la
demanda reformada, sin perjuicio de las modulaciones y precisiones
consignadas en el aparte considerativo de este laudo arbitral.
14º Declarar la prosperidad parcial de la excepción formulada por la
Agencia Nacional de Infraestructura ANI relativa al incumplimiento de
la concesionaria de las ‘obligaciones contenidas en el numeral 4.2.1
del apéndice B ‘Especificaciones técnicas de operación.
Mantenimiento y servicios al usuario del contrato de concesión
relativos a los teléfonos públicos, las zonas de alimentación y a la
enfermería’ en los términos y por las razones contenidas en el aparte
considerativo de este laudo arbitral.
(III) RESPECTO DE LAS PRETENSIONES CONCERCIENTES A
LAS ESTACIONES DE PESAJE (GRUPO VI.2).
15º NEGAR la totalidad de las pretensiones del grupo ‘VI.2
Declarativas concernientes a las estaciones de pesaje’ de la
demanda reformada, por las razones consignadas en el aparte
considerativo de este laudo arbitral.
16º Declarar la prosperidad de la excepción formulada por la Agencia
Nacional de Infraestructura ANI relativa al incumplimiento de la
concesionaria de las ‘obligaciones a su cargo contenidas en el
numeral 4.1.3.1 del apéndice B ‘Especificaciones técnicas de
operación, mantenimiento y servicios al usuario’ del contrato de
concesión relativas a las estaciones de pesaje, en los términos y por
las razones contenidas en el aparte considerativo de este laudo
arbitral.
(IV) RESPECTO DE LAS PRETENSIONES CONCERNIENTES A LA
AFIRMADA ELUSIÓN DEL PEAJE DE GUALANDAY (GRUPO VI. 3).
17º Declarar que el documento CONPES 3107 de 2001 ‘Política de
manejo del riesgo contractual del Estado para procesos de
participación privada en infraestructura’ fijó la política de riesgos que
le fue aplicada a los contratos de concesión de tercera generación.
En consecuencia, prospera la pretensión primera de la demanda
reformada.
18º NEGAR, en la forma solicitada, la pretensión segunda de la
demanda reformada, por las razones expuestas en el aparte
considerativo de este laudo arbitral, en donde se concluyó que el
referido documento CONPES contempló como uno de sus
lineamientos que los riesgos sean identificados y asignados
claramente a las partes del contrato, pero no con carácter imperativo.
19º Declarar que el documento CONPES 3107 DE 2001 ‘Política de
manejo del riesgo contractual del Estado para procesos de
participación privada en infraestructura’ no contempló el riesgo
correspondiente al fenómeno denominado Elusión. En consecuencia,
prospera la pretensión tercera de la demanda reformada.
20º Declarar la prosperidad parcial de la pretensión cuarta de la
demanda reformada, con las precisiones, modulaciones y razones
expuestas en el aparte considerativo de este laudo arbitral, en la que
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Expediente: 11001032600020210015500 (67.306)
Convocante: Concesionaria San Rafael SA
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
se declara que el contrato no tipificó el riesgo de Elusión, pero sí
asignó la obligación de evitar la elusión en cabeza del convocante.
21º NEGAR por las razones contenidas en el aparte considerativo de
este laudo arbitral, la pretensión quinta de la demanda reformada.
22º Declarar que la Concesionaria San Rafael SA no incumplió las
obligaciones previstas en la cláusula 10 numerales 10.31 y 10.32 del
contrato de concesión no. 007 de 2007. En consecuencia, prospera
la pretensión sexta de la demanda reformada.
23º Declarar que el contrato de concesión no. 007 de 2007 en su
cláusula 26 no contempla ninguna disminución en la remuneración
del concesionario cuando se haya incumplido las obligaciones
contenidas en los numerales 10.31 y 10.32 de su cláusula 10. En
consecuencia, prospera la pretensión séptima de la demanda
reformada.
24º Declarar que la Elusión del pago de la tarifa del peaje de
Gualanday denunciada por la interventoría Consorcio
Interconcesiones a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI en el
año 2012 no se acreditó ni probó con base en las razones expuestas
en el aparte considerativo de este laudo arbitral. En consecuencia,
prospera la pretensión octava de la demanda reformada.
25º Declarar que el fenómeno denominado Elusión no fue regulado
como uno de los riesgos asociados a la ejecución del contrato de
concesión no. 007 de 2007 y, en todo caso, su ocurrencia no implica
la imposición de ninguna sanción a la Concesionaria San Rafael SA.
En consecuencia, prospera la pretensión novena de la demanda
reformada.
26º Declarar que como consecuencia de la prosperidad de las
anteriores pretensiones la Concesionaria San Rafael SA no debe
realizar el fondeo de la subcuenta principal reclamado por la
interventoría y la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI en
cuantía de $7.799´166.933 ni tampoco, alternativamente, debe
contabilizar dicho valor dentro del ingreso generado ni debe al Fondo
de Seguridad Vial la suma de $33`428.571. En consecuencia,
prospera la pretensión décima de la demanda reformada.
27º Declarar que por lo expuesto en la parte motiva de este laudo, no
prospera la excepción propuesta por la Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI relativa al incumplimiento de la concesionaria de
las ‘obligaciones a su cargo contenidas en el contrato al no evitar la
elusión del peaje de Gualanday. El riesgo de la elusión de los peajes
se encuentra establecido en el contrato de 2007 a cargo del
concesionario’.
(V) RESPECTO DE LAS PRETENSIONES CONCERNIENTES
A LAS ÁREAS REMANENTES O ADQUIRIDAS POR RAZONES
TÉCNICAS
28º Declarar que la Agencia Nacional de Infraestructura ANI,
durante el periodo comprendido entre el 21 de diciembre de 2007,
fecha de inicio de ejecución del Proyecto, y el 23 de enero de 2013,
fecha de la primera comunicación extendida por la Interventoría, en
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Expediente: 11001032600020210015500 (67.306)
Convocante: Concesionaria San Rafael SA
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
ejercicio de sus obligaciones - facultades de dirección, control y
vigilancia contenidas en las Cláusulas 11 (numeral 11.16) del Contrato
de Concesión No. 007 de 2007 y Tercera (numerales 3.3 y 3.4) del
Modificatorio No. 1 de fecha 24 de abril de 2008, no hizo glosa o reparo
alguno respecto de la gestión predial adelantada por la Concesionaria
San Rafael S.A. En consecuencia, prospera la pretensión primera
de la demanda reformada.
29º Declarar que la Agencia Nacional de Infraestructura ANI,
durante el periodo comprendido entre el 21 de diciembre de 2007,
fecha de inicio de ejecución del Proyecto, y el 23 de enero de 2013,
fecha de la primera comunicación extendida por la Interventoría, en
ejercicio de sus obligaciones - facultades de dirección, control y
vigilancia contenidas en las Cláusulas 11 (numeral 11.16) y 66 del
Contrato de Concesión No. 007 de 2007; y Tercera (numerales 3.3
y 3.4) del Modificatorio No. 1 de fecha 24 de abril de 2008, no convocó
Comités de Gestión Predial. En consecuencia, prospera la
pretensión segunda de la demanda reformada.
30º NEGAR, por las razones contenidas en el aparte considerativo de
este laudo arbitral, la pretensión tercera de la demanda reformada.
31º Declarar que en virtud de lo dispuesto en el Contrato de
Concesión no. 007 de 2007, en el modificatorio no. 1, en las Leyes 9
de 1989 y 388 de 1997 y en la Resolución INCO 609 de 2005 aquellas
áreas de terreno no afectadas por el trazado de la vía pero que debían
ser adquiridas por razones técnicas y aquellas que tampoco siendo
necesarias para el trazado de la vía ostentasen la condición de
remanentes, debían ser adquiridas por el concesionario a nombre de
la Nación – ANI. En consecuencia, prospera la pretensión cuarta de
la demanda reformada.
32º Declarar que en ejecución del proyecto vial Ibagué Girardot
Cajamarca en el periodo entre el 21 de diciembre de 2007, fecha de
inicio de ejecución del proyecto, y el 23 de enero de 2013, fecha de
la primera comunicación extendida por la interventoría, aquellas
áreas de terreno no afectadas por el trazado de la vía pero que debían
ser adquiridas por razones técnicas y aquellas que tampoco siendo
necesarias para el trazado de la vía ostentasen la condición de
remanentes fueron adquiridas por la Concesionaria San Rafael SA a
nombre de la ANI. En consecuencia, prospera la pretensión quinta de
la demanda reformada.
33º Declarar, como consecuencia de lo anterior, que las áreas de
terreno adquiridas por la Concesionaria San Rafael SA por razones
técnicas o por su naturaleza de remanentes, se integraron al proyecto
de concesión vial Girardot – Ibagué – Cajamarca y su derecho de
dominio y posesión quedó en cabeza de la Nación (ANI). En
consecuencia, prospera la pretensión sexta de la demanda
reformada.
34º Declarar la prosperidad parcial de la pretensión séptima de la
reforma de la demanda, por las razones contenidas en el aparte
considerativo de este laudo arbitral, en tanto la pretensión tercera no
prosperó.
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Expediente: 11001032600020210015500 (67.306)
Convocante: Concesionaria San Rafael SA
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
35º NEGAR, por las razones contenidas en el aparte considerativo de
este laudo arbitral, la pretensión octava de la demanda reformada.
36º Declarar que, por lo expuesto en la parte motiva de este laudo,
no prospera la excepción formulada por la Agencia Nacional de
Infraestructura ANI relativa al incumplimiento de la concesionaria de
sus ‘obligaciones prediales relacionadas con la adquisición de predios
por razones técnicas o por su naturaleza de remanentes, excediendo
sus facultades contractuales contraviniendo el texto del contrato’.
(VI) RESPECTO DE LAS PRETENSIONES CONCERNIENTES A LA
COMPENSACIÓN FORESTAL (REFORESTACIÓN) (GRUPO VI.5)
37º Declarar que el documento CONPES 3107 de 2001 ‘Política de
manejo del riesgo contractual del Estado para procesos de
participación privada en infraestructura’ fijó la política de riesgos que
le fue aplicada a los contratos de concesión de tercera generación.
En consecuencia, prospera la pretensión primera de la demanda
reformada.
38º NEGAR, por las razones contenidas en el aparte considerativo de
este laudo arbitral, las pretensiones segunda y tercera de la reforma
de la demanda.
39º Declarar que el proyecto objeto del contrato de concesión no. 007
de 2007 al momento de ser adjudicada la licitación pública no. INCO
SEA L 007 2006 no contaba con licencias ambientales tal y como lo
señala la cláusula 35 del contrato. En consecuencia, prospera la
pretensión cuarta de la demanda reformada.
40º Declarar que según lo dispone el numeral 1.70 de la cláusula 1
del contrato de concesión no. 007 de 2007 el riesgo contractual por
obligaciones ambientales está asociado de manera directa a las
obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes
de manejo ambiental y de la evolución de las tasas del uso del agua
y retributivas durante la construcción y operación del proyecto. En
consecuencia, prospera la pretensión quinta de la demanda
reformada.
41º NEGAR, por las razones contenidas en el aparte considerativo de
este laudo arbitral, las pretensiones sexta y séptima de la demanda
reformada.
42º Declarar que las licencias ambientales recogidas en las
Resoluciones (…) fijaron como una obligación a cargo de la
Concesionaria San Rafael SA la de adelantar actividades de
compensación forestal en un área total de 218.89 hectáreas. En
consecuencia prospera la pretensión octava de la demanda
reformada.
43º NEGAR, por las razones contenidas en el aparte considerativo de
este laudo arbitral, las pretensiones novena y décima de la demanda
reformada.
44º Declarar la prosperidad parcial de las pretensiones décima
primera y décima segunda, por las razones y con las precisiones y
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Expediente: 11001032600020210015500 (67.306)
Convocante: Concesionaria San Rafael SA
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
modulaciones contenidas en los apartes considerativos de este laudo
arbitral.
45º NEGAR, por las razones contenidas en el aparte considerativo de
este laudo arbitral, la pretensión décima tercera de la demanda
reformada.
46º NEGAR, la prosperidad de la pretensión subsidiaria de la décima
primera, décima segunda y décima tercera de la demanda reformada,
por no haber prosperado de manera parcial las dos primeras
pretensiones y estar condicionada esta pretensión a la no prosperidad
de las tres mencionadas pretensiones, tal y como se dispone en la
parte considerativa de este laudo arbitral.
47º Declarar que, or lo expuesto en la parte motiva de este laudo, no
prospera la excepción propuesta por la Agencia Nacional de
Infraestructura ANI, relativa al incumplimiento de la concesionaria de
las ‘obligaciones de compensación forestal contraviniendo el texto del
contrato y las obligaciones a su cargo establecidas en las licencias
ambientales’.
(VII) RESPECTO DE LAS PRETENSONES CONCERNIENTES AL
RECLAMO DE LAS OBRAS ADELANTADAS EN LA AVENIDA
PEDRO TAFUR (GRUPO VI.6)
48º Declarar que entre el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) y
el municipio de Ibagué se celebró el convenio interadministrativo no.
002 de 2006 de fecha 25 de julio de 2006 para mejorar el acceso a la
ciudad de Ibagué, a través de la ruta 43, tramo 4305. En
consecuencia prospera la pretensión primera de la demanda
reformada.
49º Declarar que el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) y el
municipio de Ibagué el día 12 de agosto de 2009 suscribieron el otrosí
no. 1 al convenio interadministrativo no. 002 de 2006 en el que se
precisaron las actividades a ser ejecutadas en la vía objeto del
convenio y se concretaron las obligaciones de las partes. En
consecuencia, prospera la pretensión segunda de la demanda
reformada.
50º Declarar que con fundamento en el convenio no. 0002 de 206 y
su modificatorio, el Instituto Nacional de Concesiones – INCO celebró
con la concesionaria San Rafael SA el 21 de agosto de 2009 el otrosí
no. 4 al contrato de concesión no. 007 de 2007, mediante el cual se
concretó el alcance del proyecto del contrato de concesión no. 007 de
2007 puntualizando en su cláusula primera, numeral (v), las obras y
actividades que debían adelantarse en el subtramo V conocido como
Avenida Pedro Tafur. En consecuencia, prospera la pretensión
tercera de la reforma de la demanda.
51º Declarar que de conformidad con el convenio interadministrativo
no. 002 de 2006 y su otrosí no. 1, el Instituto de Concesiones INCO
tenía la obligación de entregar al municipio de Ibagué las obras
correspondientes al subtramo V conocido como Avenida Pedro Tafur,
una vez terminadas y puestas en servicio de los usuarios por parte de
la Concesionaria San Rafael SA. En consecuencia, prospera la
pretensión cuarta de la reforma de la demanda.
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Expediente: 11001032600020210015500 (67.306)
Convocante: Concesionaria San Rafael SA
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
52º Declarar que la obras y actividades contratadas mediante el otrosí
no. 4 al contrato de concesión no. 007 de 2007 correspondiente al
subtramo V conocido como Avenida Pedro Tafur fueron ejecutadas
por la Concesionaria San Rafael SA, a través del Consorcio Grupo
Constructor San Rafael, entre los meses de octubre y noviembre de
2010 conforme aparece acreditado en las actas anejas a las facturas
de venta número 0497 de 14 de diciembre de 2010 y 0503 de 18 de
enero de 2011 presentadas por el consorcio a la concesionaria. En
consecuencia, prospera la pretensión quinta de la reforma de la
demanda.
53º Declarar que las obras y actividades contratadas mediante el
otrosí no. 4 al contrato de concesión no. 007 de 2007
correspondientes al subtramo V conocido como Avenida Pedro Tafur
ejecutadas por el Consorcio Grupo Constructor San Rafael fueron
pagadas por la concesionaria al consorcio mediante el cubrimiento de
las facturas número 0497 de 14 de diciembre de 2010 y 0503 de 18
de enero de 2011 presentadas por este. En consecuencia, prospera
la pretensión sexta de la demanda reformada.
54º Declarar que las obras relativas a la denominada Avenida Pedro
Tafur contratadas a través del otrosí no. 4 al contrato de concesión
no. 007 de 2007 fueron terminadas por la concesionaria San Rafael
SA dentro de los plazos establecidos tal y como aparece consignado
en el informe final de interventoría (…). En consecuencia, prospera la
pretensión séptima de la demandada reformada.
55º NEGAR, por las razones contenidas en el aparte considerativo de
este laudo arbitral, las pretensiones octava y novena de la demanda
reformada.
56º Declarar la prosperidad de las pretensiones décima, décima
primera y décima segunda de la demanda reformada, por las razones,
modulaciones y precisiones expuestas en el aparte considerativo de
este laudo arbitral.
57º Declarar que las obras de refacción a que se refiere la pretensión
décima segunda de la demanda reformada fueron ejecutadas por la
concesionaria San Rafael SA en el mes de febrero de 2014 a través
del Consorcio Grupo Constructor San Rafael SA conforme aparece
acreditado en el acta anexa a la factura de venta no 0966 de 10 de
marzo de 2014 que fue presentada a la concesionaria. En
consecuencia, prospera la pretensión décima tercera de la demanda
reformada.
58º Declarar que las obras y actividades a que alude la pretensión
décima segunda de la demanda reformada fueron pagadas por la
concesionaria San Rafael SA mediante el cubrimiento de la factura
de venta no. 0966 de 10 de marzo de 2014 presentada por el
Consorcio Grupo Constructor San Rafael. En consecuencia, prospera
la pretensión décima cuarta de la demanda reformada.
59º Declarar que las obras a que alude la pretensión décima segunda
de la demanda reformada fueron entregadas por la Agencia Nacional
de Infraestructura – ANI al municipio de Ibagué el día 5 de marzo de
2014 y lo documentó mediante la suscripción de la correspondiente
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Expediente: 11001032600020210015500 (67.306)
Convocante: Concesionaria San Rafael SA
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
acta de entrega. En consecuencia, prospera la pretensión décima
quinta de la demanda reformada.
60º Declarar que la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI debe
reconocer y pagar a la Concesionaria San Rafael SA el valor invertido
en la refacción de las obras de que trata de la pretensión décima
segunda, representado en la factura de venta no. 0966 de 10 de
marzo de 2014 generada por el Consorcio Grupo Constructor San
Rafael. En consecuencia, prospera la pretensión décima sexta de la
demanda reformada.
61º Como consecuencia de lo anterior, condenar a la Agencia
Nacional de Infraestructura – ANI a pagar a la Concesionaria San
Rafael SA, debidamente indexada, la suma de $1.206´591.346 que
corresponde al valor invertido en la refacción de las obras de que trata
la pretensión décima segunda. En consecuencia, prospera la
pretensión décima séptima de la demanda reformada.
62º Declarar que, por lo expuesto en la parte motiva de este laudo,
no prospera la excepción propuesta por la Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI rotulada ‘el concesionario San Rafael SA debe
asumir los costos derivados de las obras adelantadas en la avenida
Pedro Tafur en tanto fueron invertidos para el cumplimiento adecuado
de sus obligaciones contractuales. Cobro de lo no debido’.
(VIII) DE LAS PRETENSIONES CONCERNIENTES A LA
ILUMINACIÓN DE LAS INTERSECCIONES (GRUPO VI.7)
63º Declarar la prosperidad parcial de la pretensión primera de la
demanda reformada por las razones contenidas en el aparte
considerativo de este laudo arbitral, en tanto el apéndice B numeral
4.4 sí regula, aunque no en su totalidad, lo relativo a la iluminación de
las intersecciones del proyecto.
64º NEGAR, por las razones contenidas en el aparte considerativo de
este laudo arbitral, las pretensiones segunda, tercera, cuarta, quinta,
sexta, séptima, octava, novena, décima y décima primera de la
demanda reformada.
65º Declarar, que por lo expuesto en la parte motiva de este laudo,
prospera la excepción formulada por la Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI rotulada ‘el concesionario debe sumir de su
propio patrimonio el valor de la iluminación de las intersecciones así
como el pago pasado, presente y futuro del servicio público de
energía pues esos costos hacen parte de su obligación contractual.
Cobro de lo no debido’.
(IX) RESPECTO DE LAS PRETENSIONES CONCERNIENTES A LA
CICLO RUTA DEL TRAMO 6 (GRUPO VI.8)
66º Declarar que la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y la
Concesionaria San Rafael suscribieron el día 22 de agosto de 2008
el contrato adicional no. 1 al contrato de concesión no. 007 de 2007
mediante el cual, se contrató, entre otras, la construcción de una
cicloruta en el tramo 6 (variante Picaleña entre los PR 12+500 de la
ruta 40 TLE y PR11+000 de la ruta 40 TLC) con una longitud total de
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Expediente: 11001032600020210015500 (67.306)
Convocante: Concesionaria San Rafael SA
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
17 kilómetros. En consecuencia, prospera la pretensión primera de la
demanda reformada.
67º Declarar que en la cláusula décima del contrato adicional no. 1 al
contrato de concesión no. 007 de 2007 se fijó como plazo para la
ejecución de la cicloruta del tramo 6 (variante Picaleña entre los PR
12+500 de la ruta 40 TLE y PR11+000 de la ruta 40 TLC) un total de
treinta y seis (36) meses que se contarían a partir de la firma del acta
de inicio de la fase de construcción. En consecuencia, prospera la
pretensión segunda de la demanda reformada.
68º Declarar que dentro del pazo pactado en la cláusula décima del
contrato adicional no. 1, para la ejecución de la cicloruta del tramo 7
(variante Picaleña) Concesionaria San Rafael SA construyó 13.6 km
de los 17 contratados quedando pendientes por construir 3.4
kilómetros. En consecuencia, prospera la pretensión tercera de la
demanda reformada.
69º Declarar que como consecuencia de la observancia del tránsito
automotor sobre el tramo 6 efectuado por la interventoría y la
Concesionaria San Rafael SA esta y la entidad concedente
concluyeron que existía la necesidad de construir una intersección a
desnivel en el sitio denominado glorieta El Rodeo. En consecuencia,
prospera la pretensión cuarta de la demanda reformada.
70º Declarar que por virtud del acuerdo al que llegaron la entidad
concedente y la concesionaria se ordenó a esta última la elaboración
de un diseño geométrico de la intersección a desnivel El Rodeo para
que surtiera las correspondientes aprobaciones por parte de la
interventoría y de la Agencia. En consecuencia, prospera la
pretensión quinta de la demanda reformada.
71º Declarar que el diseño geométrico aludido en la resolutiva anterior
fue objeto de aprobación por la Interventoría de turno y como
consecuencia de ello las Partes generaron un proyecto de Otrosí
contractual a voces del cual se construiría la Intersección a Desnivel El
Rodeo, en sustitución de los 3.4 kilómetros de Cicloruta faltante,
tomando para ello los recursos inicialmente asignados a ese propósito
que se añadirían a los preexistentes en la Subcuenta de Excedentes
ANI del Patrimonio Autónomo FC Concesionaria San Rafael. En
consecuencia, PROSPERA la PRETENSIÓN SEXTA de la demanda
reformada.
72º Declarar que el Proyecto de Otrosí a que se refiere la Pretensión
Sexta, no se firmó, en razón a que la Agencia Nacional de
Infraestructura-ANI consideró que los recursos existentes en la
Subcuenta Excedentes ANI no podían ser invertidos en dicha obra. En
consecuencia, PROSPERA la PRETENSIÓN SÉPTIMA de la demanda
reformada.
73º Declarar que dada la imposibilidad de construir la Intersección a
desnivel en la Glorieta El Rodeo, la Concesionaria San Rafael S.A. el
27 de junio de 2018 presentó a la Agencia Nacional de Infraestructura
ANI una segunda propuesta para invertir los recursos destinados a la
construcción de 3.4 kilómetros de Cicloruta en el Tramo 6, consistente
en construir una Cicloruta en el corredor que conduce desde la
Intersección Buenos Aires hasta el Parque de Gualanday en una
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longitud de 7.5 kilómetros. En consecuencia, PROSPERA LA
PRETENSIÓN OCTAVA de la demanda reformada
74º Declarar que la propuesta presentada por la Concesionaria San
Rafael S.A. a la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI el 27 de junio
de 2018, consistente en sustituir la obra de 3.4 kilómetros de Cicloruta
del Tramo 6 (Variante Picaleña) por una Cicloruta en el corredor que
conduce desde la Intersección Buenos Aires hasta el Parque de
Gualanday, fue estudiada por la firma Interventora entre los días 27 de
junio y 25 de julio 2018 y aprobada según la comunicación CMAB-1-
476-00144-18. En consecuencia, PROSPERA la PRETENSIÓN
NOVENA de la demanda reformada.
75º Declarar que una vez fue aprobada por la firma Interventora
la propuesta presentada por Concesionaria San Rafael S.A. a la
Agencia el día 27 de junio de 2018, consistente en construir una
Cicloruta en el corredor que conduce desde la Intersección Buenos
Aires hasta el Parque de Gualanday en una extensión de 7.5 kilómetros,
la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la Concesionaria
suscribieron el día 7 de septiembre de 2018 el Otrosí No. 14 al
Contrato de Concesión No. 007 de 2007. En consecuencia,
PROSPERA la PRETENSIÓN DÉCIMA de la demanda reformada.
76º Declarar que las Partes pactaron en el Parágrafo Primero de la
Cláusula Octava del Otrosí No. 14 de 7 de septiembre de 2018
que las disposiciones en él contenidas no tendrían efecto retroactivo
ni retrospectivo y, por tanto, los recursos que hasta el momento de la
suscripción se hubieren disminuido de la remuneración de la
Concesionaria San Rafael S.A. acrecerían la Subcuenta Excedentes
ANI. En consecuencia, PROSPERA la PRETENSIÓN DÉCIMA
PRIMERA de la demanda reformada.
77º Declarar que a la fecha de suscripción del Otrosí No. 14, la
Agencia Nacional de Infraestructura-ANI había ordenado actuar una
disminución en la remuneración de la Concesionaria San Rafael S.A.
por valor de $527.335.200, que a la fecha se encuentra pendiente de
efectuar en el sentido de ser descontada de los ingresos percibidos.
En consecuencia, PROSPERA la PRETENSIÓN DÉCIMA SEGUNDA
de la demanda reformada.
78º Declarar que las Partes pactaron cesar la disminución en la
remuneración de la Concesionaria San Rafael S.A. a partir de la fecha
de suscripción del Otrosí No. 14 al Contrato de Concesión No. 007 de
2007, es decir, a partir del 7 de septiembre de 2018. Como consecuencia
de lo anterior, una vez suscrito el Otrosí, la Agencia Nacional de
Infraestructura ANI, NO podía ordenar disminuir suma adicional
alguna de la remuneración de la Concesionaria San Rafael S.A. En
consecuencia, PROSPERA la PRETENSIÓN DÉCIMA TERCERA de la
demanda reformada.
79º Declarar que como consecuencia de lo pactado en el Parágrafo
Primero de la Cláusula Octava del Otrosí No. 14 de 7 de septiembre
de 2018 a partir de la suscripción de dicho Otrosí, la Agencia
Nacional de Infraestructura ANI no podía ordenar nuevas y/o
adicionales disminuciones en la remuneración de la Concesionaria
San Rafael S.A. En consecuencia, PROSPERA la PRETENSIÓN
DÉCIMA CUARTA de la demanda reformada.
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Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
80º Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se
ORDENA a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, REVOCAR la
instrucción impartida a la Fiduciaria Colpatria S.A. dirigida a efectuar
la disminución en la remuneración de la Concesionaria San Rafael
S.A. en cuantía de $2.830.049.145 dispuesta con posterioridad a la
suscripción del Otrosí No. 14 al Contrato de Concesión No. 007 de
2007. En consecuencia, PROSPERA la PRETENSIÓN DÉCIMA
QUINTA de la demanda reformada.
81º Declarar que, por lo expuesto en la parte motiva de este Laudo,
NO PROSPERAN las EXCEPCIONES formuladas por la Agencia
Nacional de Infraestructura-ANI rotuladas: i) “El Concesionario San
Rafael va contra sus propios Actos e incumple sus obligaciones de
actuar con buena fe contractual al pretender la revocatoria de las
instrucciones impartidas a la Fiduciaria Colpatria para efecto
de las disminuciones de remuneración por el incumplimiento en las
obras de la cicloruta del tramo 6 efectuadas hasta el mes de
septiembre de 2018, desconociendo lo pactado en el Otrosí 14 del 17
de septiembre de 2018” y ii) “ La Agencia Nacional de Infraestructura
no solicitó, ni aplicó, ni ordenó la Fiduciaria aplicar nuevas
disminuciones de remuneración al Concesionario San Rafael
relacionadas con el incumplimiento de las obras concernientes a
la Cicloruta del tramo 6 con posterioridad a la suscripción del Otrosí
No. 14 del 7 de septiembre de 2018”.
(X) RESPECTO DE LAS PRETENSIONES CONCERNIENTES AL
MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA SUBCUENTA DE PREDIOS.
(Grupo VI.9)
82º Declarar que el Contrato de Concesión No. 007 de 2007 en el
numeral 1.36 de la Cláusula 1 define y concreta en qué consiste la
Gestión Predial. En consecuencia, PROSPERA la PRETENSIÓN
PRIMERA de la demanda reformada
83º Declarar que el Contrato de Concesión No. 007 de 2007 en la
Cláusula 34 regula y describe en qué consiste el esquema de
adquisición de Predios. En consecuencia, PROSPERA la
PRETENSIÓN SEGUNDA de la demanda reformada
84º Declarar que el Contrato de Concesión No. 007 de 2007 en el
numeral 1.88 de la Cláusula 1 define el termino Subcuenta de Predios y
determina qué recursos deben ser depositados en ésta y cuáles gastos
deben ser atendidos con cargo a dichos recursos. En consecuencia,
PROSPERA la PRETENSIÓN TERCERA de la demanda reformada
85º Declarar que la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la
Concesionaria San Rafael S.A. suscribieron el día 24 de abril de 2008
la Modificación No. 1 al Contrato de Concesión No. 007 de 2007
mediante la cual modificaron y complementaron la Gestión de
adquisición de predios regulado en la Cláusula 34. En consecuencia,
PROSPERA la PRETENSIÓN CUARTA de la demanda reformada.
86º NEGAR las PRETENSIONES QUINTA, SEXTA, SÉPTIMA,
OCTAVA, NOVENA de la demanda reformada, por las razones
contenidas en los apartes considerativos de este laudo arbitral.
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87º Declarar la PROSPERIDAD PARCIAL de la PRETENSIÓN
DÉCIMA de la demanda reformada, por las razones contenidas en el
aparte considerativo de este laudo arbitral.
88º NEGAR la PRETENSIÓN DÉCIMA PRIMERA por las razones
que se contienen en la parte motiva de este laudo arbitral.
89º Declarar que, por lo expuesto en la parte motiva de este Laudo,
NO PROSPERA la EXCEPCIÓN formulada por la Agencia Nacional De
Infraestructura-ANI rotulada “El concesionario San Rafael ha
incumplido gravemente el Contrato 007 de 2007 en lo relativo al
adecuado manejo y administración de la Subcuenta de Predios”, por
lo que debe reintegrar a dicha Subcuenta los recursos que la ANI
le ha conminado reiteradamente a devolver”.
(XI) RESPECTO DEL JURAMENTO ESTIMATORIO
90º Por las razones expuestas en la parte motiva, desestimar la
objeción de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI al juramento
estimatorio presentado por la Concesionaria San Rafael S.A., parte
Convocante.
(XII) OTRAS DECISIONES
91º Por las razones expuestas en la parte motiva, abstenerse de
imponer condena en costas.
92º Ordenar a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, para
que dentro de los tres (3) días siguientes a la presente providencia
informe a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL
ESTADO acerca de la terminación de este trámite arbitral. El
cumplimiento de esta orden deberá acreditarse ante el Tribunal
Arbitral.
93º Declarar causado el saldo de los honorarios de los
árbitros y del secretario. La Presidente del Tribunal hará los pagos
del saldo correspondiente
94º Disponer que, una vez terminada la actuación, la Presidente del
Tribunal proceda a rendir cuentas a las partes de las sumas que tuvo a
su orden para los gastos de funcionamiento del Tribunal y les devuelva
el saldo resultante, si lo hubiere.
95º Disponer que, por secretaria, una vez ejecutoriada esta decisión
se expidan copias auténticas del presente laudo arbitral con destino
a cada una de las partes, al Ministerio Publico, con las constancias
de ley.
96º Ordenar que, terminada la actuación, se remita el
expediente para su archivo al Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá” (índice 2 SAMAI – mayúsculas fijas
del original).
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I. ANTECEDENTES
1. La demanda arbitral
Mediante escrito presentado el 30 de mayo de 2021 ante el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Concesionaria San Rafael
SA formuló demanda de controversias contractuales en contra de la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI) con el fin de que se accediera (índice 2 SAMAI),
según el escrito de demanda reformada, a siete grupos de pretensiones que se
circunscriben a los siguientes aspectos:
“VI.1 PRETENSIONES DECLARATIVAS CONCERNIENTES AL ÁREA
DE SERVICIOS CHICORAL
(…) VI.2 PRETENSIONES DECLARATIVAS CONCERNIENTES A LAS
ESTACIONES DE PESAJE
(…) VI.3 PRETENSIONES DECLARATIVAS CONCERNIENTES A LA
AFIRMADA ELUSIÓN DEL PEAJE DE GUALANDAY
(…) VI.4 PRETENSIONES DECLARATIVAS CONCERNIENTES A LAS
ÁREAS REMANENTES O ADQUIRIDAS POR RAZONES TÉCNICAS
(…) VI.5 PRETENSIONES DECLARATIVAS CONCERNIENTES A LA
COMPENSACIÓN FORESTAL (REFORESTACIÓN)
(…) VI.6 PRETENSIONES DECLARATIVAS CONCERNIENTES AL
PAGO DE LAS OBRAS ADELANTADAS EN LA AVENIDA PEDRO
TAFUR
(…) VI.7 PRETENSIONES CONCERNIENTES A LA ILUMINACIÓN DE
LAS INTERSECCIONES
(…) VI.8 PRETENSIONES CONCERNIENTES A LA CICLORUTA DEL
TRAMO 6
(…) VI.9 PRETENSIONES CONCERNIENTES AL MANEJO DE LOS
RECURSOS DE LA SUBCUENTA DE PREDIOS” (índice 2 SAMAI –
mayúsculas del original).
Como fundamento fáctico de las súplicas, la parte convocante afirmó que
suscribió con la Agencia Nacional de Infraestructura el contrato no. 007 de 2007
cuyo objeto consistió en adelantar “los estudios y diseños definitivos, gestión
predial, gestión ambiental, gestión social, financiación, construcción,
mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento del proyecto concesión
vial Girardot – Ibagué – Cajamarca – GIC”; agregó que existieron discrepancias
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y desavenencias en la ejecución del contrato en relación con varios de los ítems
que integran el objeto del negocio jurídico, motivo por el cual la interventoría
sugirió convocar un panel arbitral para que definiera el contenido y alcance de las
obligaciones de las partes.
2. Contestación de la demanda
La Agencia Nacional de Infraestructura se opuso a las pretensiones de la
demanda (índice 2 SAMAI) para lo cual propuso las excepciones de i) “caducidad
de la acción respecto de las pretensiones contenidas en el aparte VI.6 de las
pretensiones de la demanda relativo a la Avenida Pedro Tafur”; ii) “incumplimiento
del concesionario de las obligaciones a su cargo contenidas en el numeral 4.2.1
del apéndice B ‘especificaciones técnicas de operación, mantenimiento y
servicios al usuario’ del contrato de concesión relativas a los teléfonos públicos,
las zonas de alimentación y a la enfermería”; iii) “incumplimiento del
concesionario de las obligaciones a su cargo contenidas en el numeral 4.1.3.1
del apéndice B ‘especificaciones técnicas de operación, mantenimiento y
servicios al usuario’ del contrato de concesión relativas a las estaciones de
pesaje”; iv) “incumplimiento del concesionario de las obligaciones a su cargo
contenidas en el contrato al no evitar la elusión del peaje de Gualanday, el riesgo
de elusión de peajes se encuentra establecido en el contrato de concesión 007
de 2007 a cargo del concesionario”; v) “incumplimiento del concesionario de sus
obligaciones prediales relacionadas con la adquisición de predios por razones
técnicas o por su naturaleza de remanentes, excediendo sus facultades
contractuales y contraviniendo el texto del contrato”; vi) “incumplimiento del
concesionario de sus obligaciones de compensación forestal contraviniendo el
texto del contrato y las obligaciones a su cargo establecidas en las licencias
ambientales”; vii) “el concesionario debe asumir los costos derivados de las obras
adelantadas en la Avenida Pedro Tafur en tanto fueron invertidos para el
cumplimiento adecuado de sus obligaciones contractuales. Cobro de lo no
debido”; viii) “el concesionario debe asumir de su propio patrimonio el valor de la
iluminación de las intersecciones así como el pago pasado, presente y futuro del
servicio público de energía pues estos costos hacen parte de su obligación
contractual”; ix) “el concesionario San Rafael va en contra de sus propios actos
e incumple sus obligaciones de actuar con buena fe contractual al pretender la
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Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
revocatoria de las instrucciones impartidas por la fiduciaria Colpatria para efecto
de las disminuciones de remuneración por el incumplimiento en las obras de la
cicloruta del tramo 6 efectuadas hasta el mes de septiembre de 2018,
desconociendo lo pactado en el otrosí 14 del 17 de septiembre de 2018”; x) “la
Agencia Nacional de Infraestructura no solicitó ni aplicó ni ordenó a la fiduciaria
aplicar nuevas disminuciones de remuneración al Concesionario San Rafael
relacionadas con el incumplimiento de las obras concernientes a la cicloruta del
tramo 6 con posterioridad a la suscripción del otrosí no. 14 de 7 de septiembre
de 2018” y, xi) “el concesionario San Rafael ha incumplido gravemente el contrato
007 de 2007 en lo relativo al adecuado manejo y administración de la subcuenta
de predios, por lo que debe reintegrar a dicha subcuenta los recursos que la ANI
le ha conminado reiteradamente a devolver” (índice 2 SAMAI).
3. El laudo arbitral
El 12 de abril de 2021, el tribunal de arbitramento decidió de fondo la controversia,
accedió parcialmente a las pretensiones formuladas (índice 2 SAMAI) con
fundamento, en síntesis, en las siguientes consideraciones:
1) En relación con el grupo de pretensiones relativas a las áreas de servicios de
Chicoral, el tribunal las denegó en su mayoría con sustento en que la obligación
del concesionario no se concretaba, únicamente, en el diseño, adecuación y
construcción de los servicios de enfermería, sanitarios, alimentación, puestos de
parque, oficina de administración y zonas de recibo y circulaciones, sino que,
también comprendía operarlos, de conformidad con el principio de regularidad;
no obstante, liberó al concesionario de la obligación de instalar cuatro (4)
teléfonos públicos por la ausencia de un operador que prestara el servicio de
telefonía fija en la zona.
2) Frente a las súplicas concernientes a las estaciones de pesaje, el panel arbitral
las decidió desfavorablemente por considerar que el concesionario incumplió las
obligaciones a su cargo contenidas en el numeral 4.1.3.1 del apéndice B
“especificaciones técnicas de operación, mantenimiento y servicios al usuario”
del contrato de concesión, puesto que faltan básculas dinámicas en las dos (2)
estaciones de pesaje fijas.
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Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
3) Consideró que el riesgo de elusión del peaje de Gualanday sí se asignó en
cabeza del concesionario; sin embargo, “no se tipificó en el sentido de que no se
definió ni se fijaron sus elementos constitutivos, por lo cual el concepto de elusión
es polisémico o ambiguo” (página 90 laudo), por manera que la ANI no puede
reclamar los efectos negativos de ese fenómeno, aunado al hecho de que la
entidad es la parte convocada por lo cual no pueden predicarse reclamaciones o
pretensiones de su parte.
4) En cuanto a la gestión predial del proyecto de concesión vial, los árbitros
concluyeron que las partes siguen adelantando la revisión de esa actividad
contractual, pues, la misma no ha concluido, motivo por el cual no es posible
definir o establecer qué predios fueron adquiridos para que se paguen con
recursos del proyecto o cuáles se compraron en exceso y deben ser
considerados como de propiedad exclusiva de la concesionario; por consiguiente,
tampoco es factible declarar el incumplimiento del concesionario como lo solicita
la ANI en las excepciones propuestas.
5) Estableció que es obligación de la Concesionaria San Rafael SA la adquisición
y la obtención de los predios con fines de reforestación, en tanto se trata de una
obligación que se desprende directamente del contrato; en otros términos, “el
hecho de que en las licencias no se hubiere impuesto la obligación de adquirir los
predios, si bien implica entender que la compensación se limita a la reforestación
y no incluye adicionalmente la entrega a la entidad ambiental de esos inmuebles,
de ninguna manera significa que el concesionario no pueda verse obligado a
tener que conseguir o adquirir áreas para realizar la reforestación. Todo lo
contrario, se repite, esta medida compensatoria le impone al concesionario el
deber de contemplar diversas posibilidades o escenarios que le permitan cumplir
con la respectiva medida” (página 181 laudo).
6) Respecto de las obras adelantadas en la Avenida Pedro Tafur, el panel arbitral
determinó que si bien no existió acta de entrega por parte de la concesionaria a
la ANI, no cabe duda de que la vía ya está en uso por parte de la comunidad,
motivo por el cual la parte convocante no tiene que asumir el riesgo del deterioro
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Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
natural de la avenida desde el momento en el que se puso a disposición de la
entidad convocada.
7) En lo atinente al grupo de pretensiones relativas a la iluminación de las
intersecciones viales, el tribunal de arbitramento declaró probada la excepción
propuesta por la ANI, toda vez que la convocante debe asumir con su propio
patrimonio el costo de la iluminación y del servicio público de energía
correspondiente.
8) En relación con las pretensiones referidas al tramo 6 de la cicloruta, el panel
arbitral accedió a estas por considerar que las partes zanjaron sus diferencias a
través de la suscripción del otrosí no. 14 del 7 de septiembre de 2018, mediante
el cual se acordó que el tramo faltante de cicloruta por desarrollar dejaría de
existir para ser reemplazada por la obligación de construir una nueva obra,
circunstancia por la cual también se convino que cesaría la disminución de la
cesación de la remuneración por el incumplimiento de dicha obligación, dejando
a salvo la ya practicada mientras subsistió el incumplimiento.
7) Sobre las pretensiones concernientes al manejo de la subcuenta de predios,
determinó que no todas las actividades realizadas en desarrollo de la gestión
predial se pagaban con cargo a la subcuenta de predios, en tanto que el contrato,
de manera expresa, exceptuó pagar con recursos de la misma el costo de
algunas actividades; agregó que los gastos de manutención, alojamiento,
transporte, entre otros, causados por profesionales encargados de realizar la
gestión o adquisición predial sí pueden ser sufragados con cargo a la mencionada
cuenta. Finalmente, el tribunal llamó la atención de la ANI por cuanto “resulta
sorprendente que siendo esta entidad la que redactó las disposiciones que
operativamente ofrecen confusión y ante las diferencias existentes, no haya
interpretado la referida disposición o emitido una directriz ante las dificultades
existentes, en la que se indicara en forma detallada qué gastos considera propios
de la gestión predial y por tanto podían y pueden pagarse con cargo a esta
subcuenta, máxime cuando la misma interventoría le recomendó impartir una
directriz en ese sentido” (página 269 laudo).
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Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
4. El recurso extraordinario de anulación
La censura en contra del laudo arbitral se fundamenta en las causales contenidas
en los numerales 7, 8 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 y está soportada
(índice 2 SAMAI) en el siguiente razonamiento2.
1) Primer cargo: causal contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563
de 2012 – Estatuto Arbitral: “haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo
ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el
laudo”.
Las razones de la impugnación son las siguientes:
a) El tribunal arbitral afirmó que no estaba probado que en materia de entrega de
las obras de la Avenida Pedro Tafur el convenio interadministrativo ni el otrosí
no. 4 exigían acta de entrega de las obras, pero, sí ponerlas a disposición según
la cláusula 44 del contrato de concesión.
b) La anterior conclusión omitió la obligación contenida en el otrosí no. 4 al
contrato de concesión no. 007 de 2007, según la cual la entrega de las obras por
parte del INCO al municipio de Ibagué solo sería procedente a partir del recibo a
satisfacción de la interventoría del concesionario, por lo cual la consideración de
los árbitros desconoce el contenido literal del contrato lo cual configura una
indebida valoración de las pruebas aportadas al proceso, de allí que el laudo
obedezca a apreciaciones personales y particulares de los árbitros que no
encuentran respaldo probatorio, lo cual denota una decisión en conciencia y no
en derecho.
c) Adicionalmente, en el ordinal 61º de la parte resolutiva del laudo se profirió una
condena en contra de la ANI por valor de $1.206´591.346 “correspondiente al
valor invertido en la refacción de las obras de que trata la pretensión décima
2 Se verifica que el recurso fue oportuno, toda vez que se promovió el 9 de junio de 2021, esto
es, dentro de los 30 días siguientes al 26 de abril de 2021, fecha de la audiencia en la cual se
resolvieron las solicitudes de aclaración y complementación del laudo (índice 2 SAMAI).
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segunda”, sin que en la parte motiva del laudo se establezca cuál es el detalle de
dichas obras objeto de la condena.
2) Segundo cargo: causal contenida en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley
1563 de 2012 – Estatuto Arbitral: “haber recaído el laudo sobre aspectos no
sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no
haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”.
Los fundamentos de la causal invocada son los siguientes:
a) En los alegatos de conclusión presentados, la ANI afirmó que la
Concesionaria San Rafael SA solamente seis (6) años después de ejecutadas
las obras de la Avenida Pedro Tafur plantea el pago de las mismas, a pesar
de que el contrato no. 007 de 2007 tuvo varios modificatorios que fueron
suscritos por el concesionario sin que dejara salvedades ni hiciera
reclamaciones, por manera que las mismas son extemporáneas.
b) De igual manera, la ANI solicitó la aclaración y complementación del laudo
en relación con esa materia; no obstante, los árbitros afirmaron que la decisión
sí contiene argumentos que dan respuesta a esos argumentos, aunado al
hecho de que todas las pretensiones y excepciones fueron resueltas, por lo
cual resulta improcedente complementar el laudo.
3) Tercer cargo: causales contenidas en los numerales 7 y 8 del artículo 41 de la
Ley 1563 de 2012 – Estatuto Arbitral: “haberse fallado en conciencia o equidad,
debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta
en el laudo” y “contener el laudo disposiciones contradictorias, errores
aritméticos o errores por omisión o cambio de palabras o alteración de estas,
siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva o influyan en ella y
hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral”.
El cargo propuesto se estructuró en dos causales de anulación, con fundamento
en el siguiente razonamiento:
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a) Los árbitros omitieron información trascendental para decidir en derecho el
grupo de súplicas relacionadas con la cicloruta del tramo 6; la hermenéutica del
tribunal es irrazonable en tanto no es consecuente con el contrato ni con el
contenido del otrosí no. 14, puesto que las partes acordaron la imposibilidad
futura de imponer nuevas disminuciones y nada se dijo respecto de la facultad
que tendría la ANI de solicitar a la fiduciaria la corrección de las disminuciones
ya existentes, pero mal aplicadas por la entidad financiera, tal como ocurrió y
quedó demostrado en el proceso.
b) La interpretación del tribunal permite que el concesionario incumplido se
beneficie económicamente de un error involuntario al momento de aplicar las
disminuciones oportuna y legalmente impuestas y, además, le impide a la ANI
cumplir con su obligación legal y contractual de obtener la corrección de las
disminuciones realizadas en beneficio del propio contrato y de la propia entidad.
c) El panel arbitral se limitó a fundamentar dicha prohibición de corrección,
simplemente, con el siguiente argumento: “aceptar que podría admitirse más
disminuciones así fuera para corregir lo que dejó de aplicar la fiduciaria, si es que
incurrió en alguna equivocación, sería tanto como permitir más disminuciones por
el incumplimiento de una obligación que dejó de existir” (página 247 laudo); lo
cual carece de absoluto sentido, pues, la cesación tuvo efectos hacia futuro,
motivo por el cual si de lo ya causado existieron errores aritméticos por parte de
la fiduciaria, lo lógico y procedente es que se efectuaran las correspondientes
correcciones solicitadas por la ANI.
d) En suma, el tribunal de arbitramento, sin soporte probatorio y de forma
irrazonable, resolvió este grupo de pretensiones en conciencia, por el hecho de
soportar su decisión en una prohibición inexistente creada a partir de
apreciaciones personales, la cual desconoció abiertamente el contenido literal del
parágrafo de la cláusula 8 del otrosí 14, según el cual la cesación de la reducción
en la remuneración no tendría efectos retroactivos.
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Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
5. La oposición al recurso
La convocante defendió la legalidad del laudo arbitral, afirmó que este no dejó de
lado las referencias al sistema normativo, tampoco se apoyó en normas
derogadas o inválidas, menos aún carece de soporte probatorio ni ignoró los
medios de convicción y, finalmente, no desatendió el derecho ni se basó en
razones de equidad; agregó que el recurso de anulación evidencia es una
inconformidad con la valoración de las pruebas efectuada por el tribunal lo cual
es ajeno a este instrumento procesal; por último, manifestó que el laudo está
debidamente motivado y soportado tanto en razones de hecho como de derecho
(índice 2 SAMAI).
6. Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Corresponde a la Sala determinar, con sujeción estricta al recurso interpueso, si
el laudo arbitral (i) fue proferido en conciencia o en equidad, (ii) si los árbitros
dejaron de pronunciarse sobre aspectos formulados por la parte convocada y,
finalmente, (iii) si existieron errores aritméticos o disposiciones contradictorias
contenidas en la decisión.
La Sala advierte que el propósito de la entidad convocada - recurrente es reabrir
el debate probatorio y jurídico de la controversia, por lo cual el recuso no prospera
y así se declarará, por no encontrarse configurada la causal invocada como
fundamento de la impugnación extraordinaria interpuesta por parte de la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI), por tanto, la Sala determinará que el recurso
es infundado.
Las consideraciones se desarrollarán en dos partes, en la primera, se analizarán
los aspectos generales relativos a las limitadas posibilidades para impugnar las
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Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
decisiones arbitrales y, en la segunda, se resolverán los cargos concretos de cara
a las posibilidades que el recurso permite.
2. El recurso extraordinario de anulación y su alcance
El artículo 116 superior3 prevé la posibilidad de que los particulares ejerzan pro
tempore la administración de justicia, con la habilitación que para ello les
otorguen las partes de un conflicto a través de la conformación de tribunales de
arbitramento en los términos regulados en la ley; la decisión que adoptan
constituye una verdadera decisión judicial.
La regulación de la actividad arbitral quedó asignada al legislador que,
históricamente, ha determinado precisas y taxativas causales para la
procedencia del recurso de anulación sobre la consideración de que el fallo
arbitral es una auténtica decisión judicial dictada por particulares que ejercen, en
forma transitoria, jurisdicción, en tal virtud, goza de las características de
inmutabilidad y ejecutoriedad.
Por ende, la posibilidad de controvertir las decisiones arbitrales mediante el
recurso extraordinario de anulación no constituye una instancia adicional, en el
entendido de que el juez contencioso administrativo no funge como superior de
los árbitros, sino que, le corresponde efectuar un control fundado en la
verificación del acatamiento de las causales precisas.
Así, el recurso se estudia con sujeción a los puntuales argumentos de las partes,
sin invadir la órbita de independencia y autonomía del tribunal arbitral; la función
del juez de la anulación no es otra que detectar posibles falencias
procedimentales -en la mayoría de los eventos- o sustanciales -en algunos
específicos eventos restringidos señalados por el legislador- y, eventualmente,
suplirlas en los casos expresamente autorizados por la ley.
3 Constitución Política de Colombia, “Artículo 116 (…). Los particulares pueden ser investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas
criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en
derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”.
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En esa perspectiva, la Corporación ha precisado reiteradamente que el recurso
extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia,
de ahí que no sea admisible que con su interposición se intente continuar, reabrir
o replantear el debate sobre el fondo del proceso.
3. Decisión del recurso
3.1 Primer cargo de anulación: causal contenida en el numeral 7 del artículo
41 de la Ley 1563 de 2012 – Estatuto Arbitral: “haberse fallado en
conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta
circunstancia aparezca manifiesta en el laudo”
1) El fallo en conciencia se identifica con el brocardo “ex equo et bono” porque el
panel arbitral, al margen de un parámetro normativo o legal, aplica criterios
axiológicos como los de “lo correcto o lo bueno” en términos de verdad sabida y
buena fe guardada o, según el leal saber y entender; en otros términos, la causal
del fallo en conciencia o en equidad opera cuando el tribunal de arbitramento
profiere el laudo apartándose del sistema jurídico, normativo o probatorio.
2) En cuanto atañe específicamente a la configuración del fallo en conciencia esta
Sala en reciente pronunciamiento precisó: “puede declararse fundada cuando se
verifique uno de los tres siguientes supuestos: (1) cuando el Laudo se funde
exclusivamente en la equidad si debía ser en derecho; (2) cuando la decisión se
haya tomado con ausencia de fundamento jurídico o cuando la fundamentación
jurídica presentada por el Panel Arbitral no sustente lógicamente la decisión, y
(3) cuando en esta se observe una total ausencia de un análisis probatorio o
cuando el Laudo haga referencia a pruebas que no fundamenten objetivamente
la decisión”4.
3) Ahora bien, la misma ley le impone al juez del recurso abstenerse de calificar
el análisis de fondo de la controversia lo cual le impide revisar los razonamientos
jurídicos del tribunal de arbitramento para dilucidar si son o no errados; el inciso
cuarto del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 prevé: “la autoridad judicial
competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de la controversia,
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de marzo de 2022, exp.
67.069, MP. Alberto Montaña Plata.
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ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o
interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.
4) Sobre este punto se ha pronunciado la Sección Tercera del Consejo de Estado
en la siguiente dirección5:
“El fallo en conciencia imparte solución al litigio de acuerdo con
la convicción personal y el sentido común. Así, el juez sigue las
determinaciones de su fuero interno, según su leal saber y
entender, basado o no en el principio de la equidad (…). La Sala
ha precisado que (…) si el juez adquiere la certeza que requiere para
otorgar el derecho disputado con apoyo en el acervo probatorio y en
las reglas de la sana crítica, ese fallo será en derecho, así no hable
del mérito que le da a determinado medio o al conjunto de todos6.
Por ello, esta causal no autoriza al juez del recurso de anulación para
verificar el fondo del fallo, ni alterar el valor que el juzgador le otorgó
a cada una de las pruebas. Los límites que la ley ha fijado a este
recurso suponen la sanción de yerros in procedendo y no in
iudicando7.
No es procedente analizar una violación indirecta a la norma
sustancial por la existencia de errores de hecho o de derecho al
valorar las pruebas, porque este aspecto es un error in iudicando
sobre el cual no está edificado este recurso extraordinario (…).
Se configura un fallo en conciencia cuando se decide sin pruebas de
los hechos que originan las pretensiones o las excepciones, esto es,
con pretermisión de la totalidad de las pruebas que obran en el
proceso8.
La decisión equivocada no corresponde a un fallo en conciencia, ni el
desacuerdo de las partes con las razones esgrimidas en el fallo hace
procedente la causal, porque el juicio de anulación no supone una
nueva instancia de discusión en relación con el fondo del asunto9”
(resalta la Sala).
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 9 de abril de 2018, exp. N°
59270, MP Guillermo Sánchez Luque.
6 Nota del original. “Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de abril de 1992,
Rad. 6.695 (fundamento jurídico b)”.
7 Nota del original. “Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 27 de julio de 2000,
Rad. 17.591 (fundamento jurídico consideraciones); y de 16 de junio de 2008, Rad. 34.543
(fundamento jurídico 3.1.2)”.
8 Nota del original. “Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de julio de 2006,
Rad. 31.887 (fundamento jurídico 3.1)”.
9 Nota del original. “Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de noviembre de
2002, Rad 22.191 (fundamento jurídico c)”.
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Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
De igual manera, la jurisprudencia ha precisado10:
“No corresponde a esta causal de anulación, la deficiente valoración
que de las pruebas realice el juzgador11, por cuanto ‘(n)o se trata
pues, y eso está claro, de que el recurrente encubra sus divergencias
sobre la manera como el tribunal estimó y valoró las pruebas del
proceso, que le ha sido desfavorable, para deducir de allí que se está
en presencia de un fallo en conciencia, cuando normalmente, en un
caso como este, el juez suele expresar claramente, a lo largo de la
motivación de la sentencia, las razones por las cuales los medios de
prueba le han conducido a tomar una u otra posición, gracias a la
libertad de valoración –sana crítica- que la ley procesal le confiere’12
(…).
La Sala, recientemente, analizó los criterios jurisprudenciales sobre
el fallo en conciencia a la luz de la Ley 1563 de 2012 y al respecto,
concluyó que se da la configuración del mismo en los siguientes
términos (…). ‘(a) Que el fallo no se fundamente en el derecho
positivo y vigente (en términos actuales, que el laudo no sea en
derecho) (…) debe entenderse que un laudo es en derecho cuando
se apoya en las mismas fuentes jurídicas que todo juez utiliza para
juzgar las controversias que conoce, sin que estas se entiendan
circunscritas al derecho legislado, de acuerdo al sentido amplio que
le dio la jurisprudencia en su momento. En conclusión, los árbitros
podrán apoyarse en todas las fuentes del derecho como lo hace
cualquier juez en su actividad judicial para que su decisión sea
considerada en derecho (…) vale reiterar la precisión que la
jurisprudencia ha hecho en relación con las fuentes del derecho, en
tanto la mínima referencia que se haga de ellas permite predicar un
arbitraje en derecho, siempre que ese mínimo esté conectado con el
sentido de la decisión, hasta el punto que no pueda calificarse como
absolutamente descontextualizada o con el simple propósito de dar
apariencia de ser una decisión en derecho (…) (d) Que el fallo no
considere las pruebas. Este criterio, al igual que el que exige que el
arbitraje sea en derecho, es parte de la definición pacífica que ha
construido la jurisprudencia sobre lo que es un laudo en conciencia,
es decir, aquel que se profiere con total desprendimiento de los
fundamentos jurídicos y probatorios. En esta oportunidad, la Sala
reiterará lo dicho por la Corporación, para lo cual remite al desarrollo
que sobre este criterio se hizo, en el entendido que se exige del laudo
su fundamentación en las pruebas legalmente aportadas al proceso.
Luego, si no hay fundamento probatorio o sin justificación se
desconoce o se aparta de las pruebas se estará frente a una decisión
claramente subjetiva de los árbitros’.
Aquí vale recordar que ese ejercicio no puede de ninguna manera
significar la revisión del fondo de la decisión o la calificación de la
misma. Se trata de defectos evidentes, como lo son la ausencia de
fundamentos probatorios o, como lo ha precisado la jurisprudencia,
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 20 de marzo de 2018, exp.
59836, MP Danilo Rojas Betancourth.
11 Nota del original. “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia del 18 de mayo de 2000, expediente 17797, MP María Elena Giraldo Gómez”.
12 Nota transcrita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia del 18 de enero de 2012, MP Enrique Gil Botero”.
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Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
que aun cuando exista un análisis probatorio, el laudo se aparte por
completo y sin justificación de lo que las pruebas señalan, es decir,
un abandono absoluto del material probatorio”13 (negrillas de la Sala).
5) A partir de la lectura de los fundamentos en que se estructuró el recurso de
anulación, la Sala advierte que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)
cuestiona de fondo (errores in iudicando) el razonamiento y las conclusiones del
tribunal, para lo cual aduce que los árbitros desconocieron el contenido literal del
otrosí no. 4 del contrato de concesión no. 007 de 2007 suscrito entre las partes.
La misma ley le impone al juez del recurso abstenerse de calificar el análisis de
fondo de la controversia, lo cual le impide revisar los razonamientos jurídicos del
tribunal de arbitramento para dilucidar si son o no errados, tanto así que el inciso
4 del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 prevé: “La autoridad judicial competente
en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará
o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o
interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.
6) En este caso concreto, los árbitros en relación con el contenido y alcance de
las obligaciones contenidas en el otrosí no. 4 del contrato de concesión no. 007
de 2007 precisaron lo siguiente:
“El Tribunal encuentra probado que en materia de entrega de las
obras ni el Convenio Interadministrativo ni el Otrosí Nº 4 exigían acta
de entrega de las obras de la Avenida Pedro Tafur, pero sí ponerlas
a disposición, según Cláusula 44 del Contrato de Concesión. Desde
luego que suscribir un acta es lo deseable en una buena
administración de un contrato estatal porque allí se pueden advertir
faltantes en las obras contratadas y defectos de construcción además
de todo lo relativo a las características técnicas, material de
construcción, medidas, etc.
También aparece que en el Informe Final de Interventoría
Interconcesiones las obras de la Avenida se terminaron en un 100% el
21 de diciembre de 2012.
El Tribunal halló demostrado que la Avenida Pedro Tafur se dio al
servicio de la comunidad como se deduce del Informe Final de la
Interventoría, sin que mediara acta de entrega. Lo anterior corresponde
con la declaración de la testigo MARÍA CAROLINA CONTRERAS
quien manifestó que la Avenida comenzó a utilizarse desde diciembre
de 2010. Esta fecha es coherente con el pago del año 2010 que hizo la
13 Nota del original. “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 26 de abril de 2017, expediente 55.852, MP Ramiro Pazos Guerrero”.
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Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
Concesionaria al Consorcio Constructor San Rafael entidad que
adelantó materialmente las obras de la Avenida para que aquella la
pusiera a disposición del INCO según el Otrosí Nº 4.
En el Informe final de Interventoría, esta manifiesta que espera la
disminución del tráfico automotor por la Avenida por la entrada en uso
del otro tramo para adelantar las tareas de mantenimiento; es decir,
la Avenida Pedro Tafur estaba soportando todo el tráfico automotor
y la entrada del otro tramo iba a permitir un menor tráfico y la ocasión
para las tareas de mantenimiento, que no de completamiento, lo
que significa que las obras estuvieron terminadas y en uso público
antes de la fecha del Informe Final.
En el Informe Final se habla de mantenimiento de la vía en fecha de 30
de agosto de 2011 lo que supone entrega material previa y que las
refacciones requeridas no se referían a completamiento de la obra.
Llama la atención del Tribunal que el uso por toda la comunidad de
una Avenida Pública como la Pedro Tafur es un hecho ostensible e
inocultable y que la ANI o la Interventoría no hubieran detenido su uso
hasta lograr un acta de entrega o haberla obtenido sin cerrar la vía.
Para el Tribunal, el uso de la Avenida sin acta de entrega no supone
que no haya habido entrega. De hecho, el mero uso público de la
Avenida a ciencia y paciencia de la Interventoría y de la ANI
suponen una entrega previa por parte de la Concesionaria. Y es que
la entrega no es un acto solemne de manera que bien se puede entregar
señalando el bien, dando sus llaves de acceso o poniéndolo a
disposición.
Si el riesgo del cuerpo cierto que se deba está a cargo del acreedor
según el artículo 1607 del Código Civil, el Tribunal tiene que concluir
que desde la entrega de la Avenida al uso público el riesgo del
deterioro se traslada de la Concesionaria a la ANI pues, se insiste,
desde la fecha del Informe Final se constató que la Avenida estaba
en uso y que se requerían obras de mantenimiento, no de terminación.
Así las cosas, la Concesionaria no tiene que asumir el riesgo del
deterioro natural de la Avenida que se dio al servicio de la comunidad
desde que la Concesionaria la puso a disposición de la ANI”.
En ese orden de ideas, la causal de anulación endilgada no tiene vocación de
prosperar por cuanto el tribunal de arbitramento sí valoró los documentos
contractuales y tuvo en cuenta el acervo probatorio para resolver el conflicto
suscitado en relación con la construcción de la Avenida Pedro Tafur por parte del
concesionario, con independencia de que la entidad recurrente no comparta las
conclusiones contenidas en el laudo.
7) De otro lado, frente a la condena impuesta en el ordinal 61º de la parte
resolutiva del laudo, la cual se aduce fue proferida en conciencia, es
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Convocante: Concesionaria San Rafael SA
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
particularmente necesario advertir que el cargo del recurso no se refiere al monto
de la condena sino, únicamente, a que en el laudo se desconoció que las obras
que se realizaron después de la entrega realizada por el concesionario, al alegar:
“Adicionalmente, en el resuelve No. 61 del laudo se profiere una condena a cargo
de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA por valor de
$1.206.591.346 que “corresponde al valor invertido en la refacción de las obras
de que trata la pretensión Décima Segunda”, sin que ni en la parte alguna del
Laudo, se establezca por el Tribunal cuál es el detalle de dichas obras objeto
de la condena a la convocada” (se destaca – página 13 recurso de anulación
índice 2 SAMAI).
Lo anterior es especialmente relevante porque cuando el tribunal fijó el objeto del
litigio excluyó la determinación de las obras, por cuanto la excepción planteada
por la concedente implicaba admitir que sí hubo obras, pero que debían ser
realizadas por el contratista. En efecto, en el laudo se estableció lo siguiente:
“4.6.3 Problema legal
“Como se señaló, la Convocante planteó al Tribunal, por una parte,
determinar si se produjo el fenómeno de la caducidad respecto del
grupo de pretensiones relativas a la Avenida Pedro Tafur y de otra,
resolver quién, entre Convocante y Convocada, asume el riesgo del
deterioro de la cosa que se debe entregar” (negrillas adicionales –
página 196 del laudo índice 2 SAMAI).
Adicionalmente, es pertinente precisar que en la contestación de la demanda la
convocada admitió y no discutió cuáles eran las obras, tal como aparece
reseñado en el laudo arbitral en los siguientes términos:
“6. Entre el 24 de enero de 2014 y el 20 de febrero siguiente el
Concesionario hizo el mantenimiento de la obra que consistió en
fresado y repavimentación en espesor aproximado de 7 cm de mezcla
asfáltica” (página 196 del laudo).
Y, además, es coherente con la única excepción que planteó la ANI (índice 2
SAMAI), motivo por el cual el objeto del debate jurídico se contrajo a determinar
cuál de las partes del contrato debía asumir el costo de las obras de refacción de
la avenida Pedro Tafur, no su detalle ni tampoco su valor económico en particular,
pues, la controversia se definió y delimitó en los siguientes términos:
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Expediente: 11001032600020210015500 (67.306)
Convocante: Concesionaria San Rafael SA
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
“Finalmente, y en relación con la excepción formulada por la ANI en el
numeral 7 del Capítulo V de su contestación de la demanda, en la que
manifiesta que la Concesionaria debe asumir los costos de la
Avenida Pedro Tafur pues fueron invertidos en desarrollo de
obligaciones contractuales, el Tribunal la desestimará con base en lo
expuesto a lo largo de este aspecto del litigio, que se contrae a
afirmar que la Concesionaria sí hizo las obras de la Avenida y a
pesar de que no hubo recibo en acta suscrita por las Partes en el
Contrato 007 de 2007, la Avenida se abrió al uso del tráfico
automotor a ciencia y paciencia de la Interventoría y de la ANI; a
lo anterior, se suma el hecho de que el riesgo del deterioro de la
Avenida no puede ser asumido por la Concesionaria después de su
entrega material. Por lo demás, la Concesionaria hizo por segunda
ocasión las obras señaladas por la Interventoría” (página 201 del laudo
– índice 2 SAMAI).
Como se advierte, los árbitros resolvieron el problema jurídico planteado entre
las partes, consistente en definir y establecer cuál de las partes del negocio
jurídico debía asumir los costos de refacción de la Avenida Pedro Tafur, es decir,
qué parte debía soportar los riesgos del objeto contratado, por manera que no es
de recibo el argumento planteado en el recurso de anulación según el cual el
laudo es en conciencia por no haber detallado las obras y justificado el monto de
la condena, cuando lo cierto es que esos aspectos no constituían el objeto del
litigio, pues, además, no se cuestionó ni se puso en discusión el valor de tales
obras y, por lo tanto, la pretensión de condena (décima séptima) era
estrictamente consecuencial a partir de la resolución del problema jurídico
planteado y resuelto por los árbitros con apoyo en el acervo probatorio que
integra el expediente, tal como se delimitó por los extremos del litigio en los
correspondientes escritos de demanda y contestación, esto es, se insiste, la
definición de cuál de las partes contractuales debía asumir los costos de refacción
de la obra (riesgo de la cosa debida), por lo cual el tribunal accedió a la pretensión
décima séptima de condena en tanto que prosperaron las pretensiones primera
a décima sexta, esta última especialmente relevante dado que el tribunal arbitral
accedió al pago de las facturas mencionadas en la pretensión quinta del grupo
de súplicas correspondientes a las obras desarrolladas en la avenida Pedro
Tafur, una vez definido el problema jurídico tantas veces mencionado.
8) Así las cosas, la causal de anulación no prospera, toda vez que el laudo fue
proferido en derecho, definió los problemas legal y jurídico planteados por los
extremos del litigio y, finalmente, los resolvió con apoyo en el material probatorio
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Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
allegado en su momento al proceso, sin que sea este recurso sea el mecanismo
idóneo para cuestionar si las conclusiones del tribunal fueron acertadas o no.
En consecuencia, el cargo no tiene vocación de prosperar.
3.2 Segundo cargo de anulación: causal contenida en el numeral 9 del
artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 – Estatuto Arbitral: “haber
recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los
árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido
sobre cuestiones sujetas al arbitramento”
1) La parte recurrente sostiene que no era procedente el reconocimiento de
las obras ejecutadas en la Avenida Pedro Tafur, sobre la base de considerar
que su reclamación se efectuó seis (6) años después de ejecutadas y de
haberse suscrito varios documentos contractuales modificatorios sin que se
consignaran salvedades o glosas.
La Sala advierte de manera palmaria o evidente que el cargo de anulación no
tiene vocación de prosperar, debido a que el razonamiento probatorio y
jurídico del tribunal arbitral y, además, no se indicaron cuáles fueron los
aspectos o cuestiones sobre los cuales dejó de pronunciarse el panel arbitral.
2) Por consiguiente, el recurso en este punto carece de técnica en la medida
en que se limitó a señalar que ha debido valorarse por el tribunal arbitral si el
concesionario consignó o no salvedades en los documentos contractuales; sin
embargo, no se indicó ni se señaló qué pretensiones o excepciones fueron
dejadas de resolver por los árbitros; contrario sensu, lo que denota el cargo
formulado es una desavenencia o discrepancia con las conclusiones a las que
arribaron los árbitros lo cual resulta improcedente en sede del recurso
extraordinario de anulación, toda vez que este mecanismo procesal no
constituye una instancia adicional que permita controvertir de fondo el análisis
jurídico, probatorio y hermenéutico del tribunal arbitral, menos aún cuando la
causal invocada es la relativa al desconocimiento del principio de congruencia
por parte de los árbitros, motivo por el cual la entidad recurrente ha debido
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individualizar con precisión los extremos de la litis que, en su criterio,
quedaron sin resolverse, lo cual se echa de menos en el respectivo recurso.
Por consiguiente, la Sala negará la causal de anulación invocada.
3.3 Tercer cargo de anulación: causales contenidas en los numerales 7 y 8
del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 – Estatuto Arbitral: “haberse
fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre
que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo” y “contener
el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores
por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que
estén comprendidas en la parte resolutiva o influyan en ella y
hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral”
1) El cargo de anulación estructurado en las dos antes mencionadas causales no
tiene vocación de prosperar, por cuanto la entidad recurrente, nuevamente,
cuestiona la valoración probatoria realizada por el panel arbitral y formula
discrepancias en relación con el contenido y alcance de las conclusiones vertidas
en el laudo, todo lo cual deviene improcedente, pues, se insiste, el recurso
extraordinario de anulación -y concretamente las causales invocadas en esta
oportunidad- no constituye una segunda instancia que permita revisar el análisis
de fondo efectuado por los árbitros.
En efecto, la Agencia Nacional de Infraestructura califica la hermenéutica del
tribunal de “irrazonable” y contraria a los documentos contractuales, aspectos
todos estos que escapan a la competencia del juez en sede extraordinaria de
anulación, por cuanto ello implicaría desconocer el contenido del inciso 4 del
artículo 42 de la Ley 1563 de 2012, norma que expresamente determina: “La
autoridad judicial competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo
de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones,
valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al
adoptar el laudo”.
2) En este punto, es importante recordar que el tribunal arbitral en relación con
las pretensiones referidas al tramo 6 de la cicloruta consideró que las partes
zanjaron sus diferencias mediante la suscripción del otrosí no. 14 del 7 de
septiembre de 2018, documento contractual por el cual se acordó que la
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Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
obligación consistente en el tramo faltante de cicloruta por desarrollar dejaría de
existir para ser reemplazada por una obra nueva, circunstancia por la cual
también se convino que cesaría la disminución de la cesación de la remuneración
por el incumplimiento de dicha obligación dejando a salvo la ya practicada
mientras subsistió el incumplimiento, de allí que los árbitros resolvieron de fondo
la controversia y determinaron que los descuentos practicados no podrían ser
revisados o modificados por la ANI ni por la Fiduciaria.
3) En tal virtud, la entidad recurrente pretende injustificadamente reabrir el debate
probatorio y jurídico para que esta Corporación desplace la labor de los árbitros,
lo cual resulta abiertamente improcedente.
En consecuencia, el cargo de anulación no prospera.
4. Conclusión
El recurso extraordinario de anulación interpuesto por la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI) no tiene vocación de prosperar, por cuanto las causales
invocadas no se configuraron en tanto que el tribunal arbitral resolvió las
excepciones propuestas y adoptó el laudo en derecho, sin que este mecanismo
extraordinario sea el instrumento válido para cuestionar las conclusiones y
valoraciones realizadas por los árbitros.
5. Costas
Se condena en costas a la recurrente en aplicación de lo dispuesto en el inciso
final del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 según el cual “si el recurso no
prospera se condenará en costas al recurrente”. En aplicación de lo dispuesto
en el numeral 9 del artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura se fijan agencias en derecho en cuantía
equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes14.
14 La entidad convocada compareció por medio de apoderado y se opuso al recurso dentro del
término concedido para el efecto.
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Expediente: 11001032600020210015500 (67.306)
Convocante: Concesionaria San Rafael SA
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
En mérito de lo expuesto, EL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°) Declárase infundado fundado el recurso extraordinario de anulación
promovido por la Agencia Nacional de Infraestructura en contra del laudo arbitral
del 12 de abril de 2021.
2°) Costas a cargo de la entidad recurrente, por Secretaría liquídense, incluidas
las agencias en derecho que se fijan en cuantía total equivalente a diez (10)
salarios mínimos legales mensuales vigentes en la fecha de ejecutoria de esta
decisión.
3º) Ejecutoriada esta providencia comuníquese a las partes y al tribunal de
arbitramento por el medio más expedito y efectúense las desanotaciones del
caso.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Ponente Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, (con
excepción del magistrado Martín Bermúdez Muñoz a quien se le aceptó el impedimento
manifestado y quedó separado del caso), en consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley
2213 de 2022.
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