Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04665-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04665-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-04665-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
3 de agosto de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04665-00
Accionante: Compañía Nacional de Aceites S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04665-00
Accionante: Compañía Nacional de Aceites S.A. en reorganización
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Inmediatez y relevancia
constitucional-Improcedencia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela formulada por la Compañía Nacional de Aceites S.A.
contra el Consejo de Estado-Sección Cuarta.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
La sociedad Compañía Nacional de Aceites S.A.1, en reorganización, por conducto de
apoderada judicial, interpuso acción de tutela con el propósito de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de
justicia, así como de los principios de buena fe, confianza legítima, legalidad tributaria y
seguridad jurídica, los cuales estima vulnerados por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado con ocasión de las siguientes sentencias proferidas:
(i) El 31 de octubre de 2025 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado núm. 25000-23-33-000-2021-00301-01
(28332).
(ii) El 13 de noviembre de 2025 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado núm. 25000-23-33-000-2021-00300-01
(29341).
(iii) El 20 de noviembre de 2025 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado núm. 25000-23-37-000-2021-00727-01
(29829).
(iv) El 4 de diciembre de 2025 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado núm. 25000-23-37-000-2021-00728-01
(29354).
1
NIT. 830.143.316-7.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04665-00
Accionante: Compañía Nacional de Aceites S.A.
2. Hechos
De conformidad con el escrito de tutela 2 y los documentos allegados al expediente, se
expone la siguiente relación fáctica:
2.1. La sociedad Compañía Nacional de Aceites S.A. (CONACEITES) es una empresa
colombiana cuyo objeto social consiste en la transformación y procesamiento de materias
primas relacionadas con la industria de grasas, aceites, mantecas, margarinas, jabones,
detergentes y sus derivados, así como en la compra, venta y distribución de mercancías
industriales que guarden relación con esa actividad, entre otras.
2.2. Dentro de la ejecución de sus actividades de comercialización de materias primas, la
sociedad Compañía Nacional de Aceites S.A. perfeccionó la venta de aceite refinado de
soya a las sociedades C.A.C. Maquila S.A.S. y Servicios Industriales del Norte S.A.S., la
cual se efectuó exenta de IVA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 481 del
Estatuto Tributario.
La parte actora sostuvo que el artículo 481 del Estatuto Tributario dispone que estarán
exentas de IVA las: “compras de materias primas, partes, insumos y bienes terminados
que realicen los usuarios de zonas francas a proveedores en el territorio aduanero
nacional y entre usuarios de zonas francas, siempre que los mismos sean necesarios
para el desarrollo del objeto social de estos usuarios están exentas de IVA”.
2.3. En consonancia con lo anterior, la sociedad accionante sostuvo que se encargó de
verificar que las sociedades compradoras habían recibido la denominación de usuarios
industriales de Zona Franca, de conformidad con el acto de calificación No. 0002 del 22
de marzo de 2007 expedido por la Zona Franca de Bienes y Servicios Barranquilla S.A.S.
para la sociedad C.A.C. Maquila S.A, y el acto de calificación No. 0008 expedido el 28 de
marzo de 2012 por la Zona Franca Tayrona S.A., para la sociedad Servicios Industriales
del Norte S.A.S. Asimismo, afirmó que se ocupó de revisar los objetos sociales
desarrollados por cada una de las sociedades y el uso que le darían al aceite refinado de
soya, en desarrollo de sus actividades económicas.
2.4. Respecto a la venta efectuada a la sociedad C.A.C. Maquila S.A., la parte actora
sostuvo que dicha sociedad enviaba una orden de cargue y el Formulario de Movimientos
de Mercancías. Posteriormente, una vez entregada la mercancía y cargada en el vehículo
enviado por el adquiriente, se expedía una remisión que contenía los datos de
identificación del transportador y el adquiriente, el producto entregado y la autorización de
despacho. Seguido a ello, se expedía la correspondiente factura exenta de IVA.
2.5. La accionante argumentó que las facturas de venta eran pagadas por las sociedades
C.A.C. Maquila S.A. y Servicios Industriales del Norte S.A.S., de acuerdo con las
operaciones o por personas en representación de cada una de las compañías, por tanto,
confió de buena fe que los pagos realizados venían en nombre de cada una de las
sociedades.
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236E154777FB537C.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04665-00
Accionante: Compañía Nacional de Aceites S.A.
2.6. Después de haber realizado ventas en los años 2016, 2017 y 2018, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- remitió diversos requerimientos ordinarios de
información de las ventas efectuadas a las sociedades C.A.C. Maquila S.A. y Servicios
Industriales del Norte S.A.S., debido a que la materia prima vendida no habría ingresado
efectivamente a Zona Franca, por ende, no cumplió los requisitos para que estas
operaciones fueran exentas de IVA, conforme a la autoridad en mención.
2.7. En el año 2018, la DIAN realizó visita a las instalaciones de CAC Maquila S.A. y
encontró que éstas se encontraban desocupadas al momento de la diligencia.
2.8. Asimismo, la DIAN determinó que, de conformidad con los reportes efectuados por la
Zona Franca de Barranquilla, no se reportó el ingreso de aceite refinado de soya dirigido a
la sociedad C.A.C. Maquila S.A. como usuario Industrial. Además, advirtió que en los
Formularios de Movimiento de Mercancías aportados por la sociedad C.A.C. Maquila S.A.
no se registró el número de autorización ni aprobación por parte del Usuario Operador de
Zona Franca de Barranquilla, información indispensable para acreditar el ingreso de
mercancías a la zona franca, lo que generaba indicios serios sobre una posible
irregularidad o falsedad.
2.9. Por otro lado, respecto a las ventas realizadas a la sociedad Servicios Industriales del
Norte S.A.S., la DIAN indicó que la Compañía Nacional de Aceites S.A. no aportó los
Formularios de Movimientos de Mercancías de los insumos vendidos, por lo que había un
incumplimiento del régimen de zona franca. Asimismo, la DIAN visitó el lugar registrado
por la sociedad, pero ésta no fue ubicada. En esta línea, la coordinadora jurídica de la
Zona Franca Tayrona informó que a la sociedad se le había retirado su calificación de
usuario industrial de zona franca desde el 5 de junio de 2017, de conformidad con el acto
de descalificación No. 116 del 6 de junio de 2017.
Al respecto, la DIAN determinó que, al no acreditarse el ingreso efectivo de la materia
prima a zona franca, las operaciones realizadas por la Compañía Nacional de Aceites
S.A. no debían ser exentas de IVA.
2.10. Ahora bien, la DIAN expidió varias liquidaciones oficiales de revisión con el fin de
reclasificar ingresos exentos a gravados. En particular, emitió las siguientes
liquidaciones:
(i) Liquidación Oficial de Revisión núm. 322412020000039 del 24 de febrero de 2020, que
modificó la declaración de IVA del primer bimestre del año 2016, decisión que fue objeto
de recurso y posteriormente confirmada a través de la Resolución 1817 del 23 de marzo
de 2021.
(ii) Liquidación Oficial de Revisión núm. 322412020000041 del 12 de marzo de 2020, que
modificó la declaración de IVA del segundo bimestre del año 2016, decisión que fue
objeto de recurso y posteriormente confirmada a través de la Resolución 1463 del 5 de
marzo de 2021 y el acto administrativo que lo adicionó.
(iii) Liquidación Oficial de Revisión núm. 322412020000160 del 3 de agosto de 2020, que
modificó la declaración de IVA del primer bimestre del año 2017, decisión que fue objeto
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04665-00
Accionante: Compañía Nacional de Aceites S.A.
de recurso y posteriormente confirmada a través de la Resolución 006522 del 20 de
agosto de 2021.
(iv) Liquidación Oficial de Revisión núm. 322412020000094 del 11 de agosto de 2020,
que modificó la declaración de IVA del segundo bimestre del año 2017, decisión que fue
objeto de recurso y posteriormente confirmada a través de la Resolución 6497 del 19 de
agosto de 2021.
2.11. Como consecuencia de lo anterior, la parte actora promovió demandas en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra cada uno de los
actos administrativos mencionados, con el fin de obtener su nulidad y, a título de
restablecimiento del derecho, la declaratoria de firmeza de las correspondientes
declaraciones privadas del impuesto sobre las ventas.
2.12. Los asuntos fueron repartidos al Tribunal Administrativo de Cundinamarca 3,
autoridad judicial que negó las pretensiones de la demanda.
2.13. Inconforme con dichas decisiones, la sociedad Compañía Nacional de Aceites S.A.
interpuso recurso de apelación contra cada una de las sentencias de primera instancia.
Tales recursos fueron resueltos por la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante
sentencias proferidas el 31 de octubre de 2025, el 13 de noviembre de 2025, el 20 de
noviembre de 2025 y el 4 de diciembre de 2025, dentro de los radicados identificados al
inicio de esta providencia.
2.14. Con posterioridad, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales expidió el
mandamiento de pago No. 1465 del 13 de noviembre de 2025, mediante el cual libró
orden de pago a favor de la DIAN y a cargo de la sociedad Compañía Nacional de Aceites
S.A. en reorganización, por un valor total exigido de doce mil ochocientos veintiséis
millones trescientos siete mil pesos ($12.826.307.000).
2.15. La accionante señaló que habría sido utilizada como proveedor dentro de un
esquema irregular, mediante el cual terceros habrían disimulado o distorsionado
operaciones vinculadas al régimen de zona franca. Por tanto, el 6 de mayo de 2026, la
accionante formuló denuncia penal en averiguación de responsables por los delitos de
falsedad en documento privado, fraude aduanero y enriquecimiento ilícito de particulares.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud:
La parte actora formuló las siguientes pretensiones, que se transcriben de manera literal,
incluso con los errores del original. Los resaltados corresponden al texto de la solicitud:
“(…) PRIMERA. Respetuosamente solicito a este Honorable Despacho
AMPARAR los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, DEJAR
SIN EFECTOS las providencias proferidas por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado dentro de los radicados 28332, 29341, 29829 y 29354, por configurarse los
defectos constitucionales desarrollados en el presente escrito.
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Procesos identificados con los radicados núms. 25000-23-33-000-2021-00301-00, 25000-23-33-000-2021-00300-00,
25000-23-37-000-2021-00727-00 y 25000-23-37-000-2021-00728-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04665-00
Accionante: Compañía Nacional de Aceites S.A.
SEGUNDA. Solicito ORDENAR a la Sección Cuarta del Consejo de Estado
proferir nuevas providencias, con observancia de los parámetros constitucionales
fijados por el juez de tutela y corrigiendo los defectos fácticos y sustantivos aquí
identificados, particularmente en lo relacionado con la valoración integral del
material probatorio, la incidencia del fraude cometido por terceros, la buena fe de
la sociedad accionante y la correcta interpretación del régimen jurídico aplicable.
TERCERA. De conformidad con el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, solicito
ORDENAR a la UAE DIAN la suspensión inmediata de los procesos de cobro
coactivo actualmente en curso, así como abstenerse de iniciar nuevas
actuaciones ejecutivas, decretar embargos o adoptar medidas cautelares
administrativas derivadas de las obligaciones tributarias y sancionatorias
discutidas en las providencias objeto de esta acción constitucional, hasta tanto se
profiera decisión definitiva dentro del presente trámite. (…)”
Para sustentar su solicitud, alegó la configuración de los siguientes defectos:
3.1. Defecto fáctico. La parte actora sostuvo que las providencias cuestionadas
omitieron valorar adecuadamente elementos relevantes que demostraban la actuación
diligente de CONACEITES y la imposibilidad material y jurídica de controlar el ingreso
efectivo de las mercancías a la zona franca.
En particular, señaló que no se tuvieron en cuenta las siguientes circunstancias: (i) la
verificación que efectuó CONACEITES sobre la calidad de los adquirentes como usuarios
industriales de zona franca; (ii) la existencia de actos de calificación expedidos por los
usuarios operadores; (iii) la recepción de los Formularios de Movimiento de Mercancías y
de los demás documentos que, bajo apariencia de legalidad, indicaban que las
mercancías se destinarían al régimen franco; y (iv) la falta de facultades funcionales,
jurídicas y materiales del proveedor para controlar el tránsito, ingreso, autorización y
permanencia de las mercancías en la zona franca.
Además, afirmó que las autoridades judiciales no valoraron de manera suficiente los
indicios de fraude documental ni las actuaciones irregulares que terceros adquirentes
habrían desplegado en perjuicio de la sociedad accionante. Precisó que esta situación fue
puesta en conocimiento de las autoridades penales mediante denuncia formulada el 6 de
mayo de 2026.
En ese sentido, sostuvo que era equivocado atribuirle al vendedor la capacidad real de
verificar y garantizar el ingreso de las mercancías a la zona franca, pues tal conclusión
carecía de fundamento en la normativa aplicable, en la dinámica de las operaciones
comerciales y en los elementos probatorios que obraban en el expediente.
Agregó que no podía atribuírsele responsabilidad por la entrega de los Formularios de
Movimiento de Mercancías a la autoridad aduanera, toda vez que estos son elaborados
por el usuario industrial y el proveedor no tiene injerencia ni capacidad de control sobre
ese trámite. Por consiguiente, afirmó que actuó de buena fe, pues confió legítimamente
en la documentación recibida y no tenía forma de conocer que las mercancías no habían
ingresado a la zona franca.
3.2. Defecto sustantivo. La parte actora alegó que las autoridades judiciales
interpretaron y aplicaron el literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario y las normas
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04665-00
Accionante: Compañía Nacional de Aceites S.A.
que regulan el régimen franco de manera irrazonable, extensiva y contraria a la
Constitución.
En concreto, señaló que las providencias cuestionadas incorporaron una exigencia
adicional que no estaba prevista en la norma, consistente en imponer al proveedor la
obligación de garantizar materialmente el ingreso efectivo de las mercancías a la zona
franca. Sin embargo, advirtió que el régimen aplicable no atribuye al vendedor funciones
de fiscalización, seguimiento físico, vigilancia logística o control sobre el trayecto y el
destino final de las mercancías.
A su juicio, las decisiones censuradas desconocieron los principios de legalidad y certeza
tributaria consagrados en los artículos 150, numeral 12, y 338 de la Constitución Política,
porque ampliaron las cargas exigibles al contribuyente mediante una construcción judicial
que no fue prevista por el legislador. Tal interpretación le impuso a la sociedad accionante
obligaciones de imposible cumplimiento y le atribuyó las consecuencias jurídicas de
actuaciones ejecutadas por terceros, respecto de las cuales carecía de control funcional y
operativo, pese al principio según el cual nadie está obligado a lo imposible.
Asimismo, sostuvo que las providencias acusadas adoptaron una interpretación judicial
que amplió los requisitos establecidos en el literal e) del artículo 481 del Estatuto
Tributario para la procedencia de la exención del IVA. En particular, trasladaron al
contribuyente las obligaciones de control, verificación y acreditación del ingreso y la
permanencia de las mercancías en zona franca, las cuales, según afirmó, corresponden
legalmente a los usuarios industriales, los usuarios operadores y las autoridades
aduaneras. De este modo, le impusieron una carga probatoria imposible y le atribuyeron
consecuencias tributarias y sancionatorias derivadas de actuaciones ajenas a su ámbito
funcional.
Afirmó que esta circunstancia adquiría especial relevancia porque los hechos objeto del
litigio revelaban indicios de un posible esquema fraudulento, puesto en conocimiento de
las autoridades penales competentes. Pese a ello, las providencias cuestionadas
avalaron la imposición de consecuencias tributarias y sancionatorias derivadas de
actuaciones presuntamente fraudulentas de terceros, aun cuando la sociedad accionante
manifestó haber obrado de buena fe.
3.3. Violación directa de la Constitución. La parte actora alegó la violación directa de
los artículos 29, 83, 228, 229, 150, numeral 12, y 338 de la Constitución Política. Al
respecto, sostuvo que las decisiones cuestionadas desconocieron el debido proceso y el
principio de legalidad tributaria, pues avalaron una interpretación judicial que amplió las
cargas exigibles al contribuyente sin fundamento legal expreso.
También afirmó que se vulneró el principio constitucional de buena fe, toda vez que se
sancionó a quien había adoptado medidas razonables de verificación y había confiado en
la documentación, las calificaciones y las manifestaciones emitidas por sujetos
habilitados dentro del régimen franco.
De igual forma, señaló que las autoridades judiciales desconocieron los principios de
prevalencia del derecho sustancial y acceso efectivo a la administración de justicia,
debido a que no examinaron de manera suficiente las circunstancias relacionadas con la
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Accionante: Compañía Nacional de Aceites S.A.
imposibilidad material del proveedor para controlar el ingreso de las mercancías ni los
indicios de fraude atribuibles a terceros.
3.4. Por último, la parte actora sostuvo que se cumplían los requisitos generales de
procedibilidad, pues la controversia trascendía una discusión ordinaria de carácter
tributario o probatorio, debido a la magnitud de las consecuencias económicas,
superiores a veinticuatro mil millones de pesos, y a la existencia de indicios serios de
actuaciones fraudulentas.
Respecto de la inmediatez, afirmó que la tutela se presentó en un término razonable,
dado que las providencias cuestionadas fueron proferidas entre octubre y diciembre de
2025 y continúan produciendo efectos jurídicos. Además, señaló que la denuncia penal
formulada el 6 de mayo de 2026 por posibles delitos relacionados con fraude y falsedad
confirmaba la actualidad de la controversia.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 23 de junio de 2026 4, el Despacho de la magistrada ponente
admitió la acción de tutela formulada contra el Consejo de Estado-Sección Cuarta;
vinculó como terceros con interés a la Unidad Administrativa Especial de Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca;
negó la medida provisional solicitada por la parte actora; requirió a las autoridades
judiciales mencionadas, para que, quien los tuviera a su cargo, remitiera los expedientes
identificados con radicado número 25000-23-33-000-2021-00300-00/01, 25000-23-33-
000-2021-00301-00/01, 25000-23-37-000-2021-00727-00/01 y 25000-23-37-000-2021-
00728-00/01, y se reconoció personería a la apoderada de la parte actora.
Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.2. La Secretaría de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca5 allegó copia de los expedientes ordinarios surtidos ante ese despacho.
4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca6, por conducto de la Magistrada Lina
Ángela María Cifuentes Cruz y en su condición de ponente del proceso 25000-23-37-000-
2021-00727-007, expuso que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Cuarta-Subsección B había negado las pretensiones de la demanda al considerar que los
actos administrativos expedidos por la DIAN se encontraban ajustados a derecho. Aclaró
que las pretensiones de la demanda estaban dirigidas contra la decisión proferida por el
Consejo de Estado, por lo que no había actuación atribuible al tribunal que pudiera
considerarse como vulneradora de derechos fundamentales. Por tanto, se configuraba la
falta de legitimación en la causa por pasiva del tribunal.
Sin perjuicio de lo anterior, sostuvo que las providencias cuestionadas y actuaciones
descritas se tramitaron por las autoridades judiciales competentes, con observancia del
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Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado 09AA73FFC789E13E EAFC5A42170EEAD0 531526A0F7D42292
785F34396DB0927F.
5
Índice 00008 del aplicativo SAMAI.
6
Índice 00010 del aplicativo SAMAI, certificado 40BE20B9BD721140 5B1C70F10231BF92 EC4E4053E06C840B
D1E4597E5315F186.
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Si bien el escrito menciona otro proceso judicial, se entiende que en realidad corresponde al asunto ya relacionado.
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Accionante: Compañía Nacional de Aceites S.A.
debido proceso y el respeto del derecho de defensa y contradicción. Por tanto, se
descartaba la configuración de un defecto del que se predicara la vulneración de
derechos fundamentales. En consecuencia, subsidiariamente pidió que se negaran las
pretensiones de la tutela. Asimismo, se allegó copia del expediente ordinario ya referido.
4.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Cuarta-Subsección A, por
conducto de la Magistrada Amparo Navarro López y en su condición de ponente dentro
del proceso 25000-23-37-000-2021-00300-008, solicitó que se declarara la improcedencia
de la acción o, en su defecto, se negaran las pretensiones frente a esa corporación, por
no haber vulnerado derecho fundamental alguno.
Explicó que los cuestionamientos de la parte actora no se dirigían a demostrar la
existencia de un defecto, sino que reflejaban la discrepancia con la interpretación jurídica
adoptada por el juez natural; en otros términos, se buscaba reabrir un debate jurídico
propio del juez de la causa y con ello, se desconocía el principio de subsidiariedad y
autonomía de la jurisdicción contencioso-administrativa. En suma, la tutela se estaba
utilizando como una instancia adicional.
Asimismo, se allegó copia de la sentencia del 9 de agosto de 2024 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y del 13 de noviembre de 2025, para el radicado ya
referido.
4.5. El Consejo de Estado-Sección Cuarta9, por conducto de la Magistrada Claudia
Rodríguez Velásquez, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela o negar las
pretensiones de la misma.
En primer lugar, expuso que las providencias acusadas habían resuelto los recursos de
apelación contra las sentencias del 11 de agosto de 2023, 11 de julio de 2024, 9 de agosto
de 2024 y 8 de noviembre de 2024 proferidas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Cuarta.
También, indicó que no se cumplía el requisito de inmediatez, ya que:
“(…) las sentencias del 31 de octubre, 20 de noviembre, 4 y 13 de diciembre de
2025 [providencias cuestionadas], fueron notificadas el 7, 26 y 25 de noviembre, y
el 10 de diciembre de 2025.
Por lo que, la notificación de cada decisión se entiende surtida los días: 7 de
noviembre de 2025 (notificación por estado); 28 de noviembre de 2025; 27 de
noviembre de 2025 y 12 de diciembre de 2025 (notificaciones por correo
electrónico).
Así, a la fecha de presentación de esta acción, 17 de junio de 2026, han
transcurrido más de seis meses en los cuatro procesos hasta el ejercicio de la
presente acción. (…)”
Agregó que la denuncia penal del 6 de mayo no tenía la virtualidad de alterar o revivir el
término de inmediatez, el cual debía contarse respecto de las sentencias controvertidas.
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Índice 00011 del aplicativo SAMAI, certificado 5BB7431184CC3E9E 8377DC43F3393218 413EFB5EECC57F38
F6AF30B63BE6A355.
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Índice 00012 del aplicativo SAMAI, certificado 42595EA0DFC42999 D981DAEEB56D4349 56B43C86CB625E47
06E7B272326324AD.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04665-00
Accionante: Compañía Nacional de Aceites S.A.
En tercer lugar, afirmó que se incumplía el requisito de relevancia constitucional, puesto
que la parte accionante había reproducido los mismos argumentos que sustentaron los
recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia, cuando sostuvo que se
analizó erróneamente el alcance del literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario y la
valoración de las pruebas allegadas al proceso.
En este sentido, se trataba de un debate eminentemente legal que ya había sido resuelto
por la jurisdicción contencioso-administrativa, sin demostrar una actuación arbitraria o
caprichosa que comprometiera derechos fundamentales. Por el contrario, su desacuerdo
se limita a cuestionar la interpretación jurídica efectuada por la sala de decisión y las
consecuencias derivadas. No obstante, la acción de tutela no era una instancia adicional
para reabrir debates de legalidad ni controvertir interpretaciones razonables efectuadas
por el juez competente. En esta línea, agregó que se controvertían decisiones emanadas
de una alta Corte, lo que implicaba que se evidenciara la configuración de una anomalía
relevante que exigiera la intervención del juez constitucional, que no ocurría en el caso en
concreto.
Señaló que no se configuraron los defectos invocados en el caso bajo estudio. Respecto
del presunto defecto fáctico, explicó que los argumentos de la actora no evidenciaban
dicho defecto, sino la discrepancia con la valoración ejecutada por el juez natural respecto
de la exención de IVA del literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario y la procedencia
del beneficio tributario. Sumado a que las providencias acusadas habían explicado por
qué los documentos allegados no eran suficientes para acreditar el supuesto que daba
lugar a la exención tributaria reclamada. En consonancia con lo anterior, refirió que la
denuncia penal informada por la actora fue presentada con posterioridad a la sentencia,
por lo que no hizo parte del acervo probatorio que podía ser valorado al momento de
decidir.
En relación con el defecto sustantivo derivado de la presunta interpretación extensiva del
artículo 481 del Estatuto Tributario, señaló que las providencias cuestionadas no
efectuaron la exégesis que les atribuyó la parte accionante. Por el contrario, establecieron
que, de conformidad con dicha disposición, quien pretendiera beneficiarse de la exención
tributaria debía acreditar el cumplimiento de todos los presupuestos objetivos previstos en
el ordenamiento jurídico. Lo anterior, con fundamento en el principio según el cual
corresponde al contribuyente demostrar los supuestos fácticos que sustentan el
reconocimiento del beneficio fiscal cuya aplicación solicita.
Por otro lado, frente al desconocimiento de diversos principios por exigirle al actor asumir
consecuencias derivadas de presuntas actuaciones fraudulentas de terceros, precisó que
la decisión no había sancionado a la sociedad por el incumplimiento de obligaciones de
terceros, sino que no era posible tener por demostrados los presupuestos legales que
daban lugar a la exención tributaria reclamada. Indicó que asumir la posición de la actora
correspondería a sustituir los requisitos legales de procedencia de la exención por
consideraciones subjetivas relacionadas con la conducta del contribuyente, lo que
contradecía el principio de legalidad del sistema tributario.
Concluyó que la denuncia penal promovida era un hecho sobreviviente y su sola
presentación no desvirtuaba las conclusiones alcanzadas por la Sala ni demostraba que
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04665-00
Accionante: Compañía Nacional de Aceites S.A.
la valoración hubiera sido arbitraria o irrazonable. Añadió que el mandamiento de pago
aportado con la tutela no demostraría las consecuencias derivadas de la totalidad de las
providencias cuestionadas. En efecto, el acto administrativo no corresponde al conjunto
de decisiones judiciales objeto de la acción constitucional, sino que solo incorporaba la
obligación derivada del proceso identificado con el radicado 29354, correspondiente al
segundo bimestre del año gravable de 2017. Las demás obligaciones cuyo recaudo
pretendía la administración obedecían a periodos gravables distintos y a actuaciones
administrativas diferentes, ajenas a los asuntos objeto de examen de la tutela. En otros
términos, el mandamiento de pago excedía el ámbito material del debate constitucional.
4.6. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN 10 solicitó que se
declarara la improcedencia del amparo o, en su defecto, se negara el mismo. Indicó que
no se cumplía el requisito de inmediatez, por cuanto la acción constitucional se presentó
en un término que no era razonable, al ser superior a los 6 meses. Tampoco se
configuraba el requisito de relevancia constitucional, pues se utilizó la tutela con el fin de
abrir nuevamente el debate zanjado por la autoridad judicial accionada, con base en su
simple inconformidad. Concretó que la parte actora formulaba una simple discrepancia
legal respecto de la interpretación del literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario. En
consecuencia, explicó que la actora no proponía un debate en una dimensión
constitucional, sino que se limitaba a mostrar su desacuerdo respecto de la interpretación
realizada por la Corporación.
Añadió que la denuncia penal constituía un hecho nuevo que no prolongaba ni extendía el
término para la formulación de la acción de tutela. Sumado a que la actora no había
formulado una razón constitucionalmente válida para justificar su dilación respecto de la
interposición del amparo.
En cuanto al defecto fáctico, sostuvo que se realizó una simple mención en relación con
falencias probatorias. De manera que no había concretado ni puntualizado los elementos
que se dejaron de valorar o que se apreciaron de forma irrazonable. Por tanto, dicho
aspecto no comportaba trascendencia constitucional. En lo relativo a los indicios de
actuaciones fraudulentas, sostuvo que sólo se presentó denuncia hasta el 6 de mayo de
2026, es decir, con posterioridad a las sentencias cuestionadas. De ahí que no era
procedente que se pretendiera incorporar hechos de forma novedosa y extemporánea
mediante la acción de tutela.
Por otro lado, la parte alegaba consecuencias patrimoniales, financieras y operativas, de
manera que se reducía la discusión a un ámbito económico ajeno al escenario
constitucional. Agregó que no era acertado que se pretendiera controvertir las
actuaciones en el marco del procedimiento de cobro coactivo respecto de la expedición
del mandamiento de pago, pues los cuestionamientos debían formularse en la actuación
administrativa.
4.7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Cuarta-Subsección A 11,
por conducto del Magistrado Juan Darío Contreras Bautista, solicitó declarar la falta de
10
Índice 00014 del aplicativo SAMAI, certificado 42BF479105516952 D399A745B6A6E0C6 499DBE69DD6E1465
8E23704C9D8DB461.
11
Índice 00015 del aplicativo SAMAI, certificado 3D726F73269F37BF BFEA108AF3335B3A 18BBBA5BAA6A6EAD
A2334268134F997A.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04665-00
Accionante: Compañía Nacional de Aceites S.A.
legitimación en la causa por pasiva, pues las sentencias objeto de reproche
correspondían a las decisiones de segunda instancia del Consejo de Estado-Sección
Cuarta. Sin perjuicio de lo anterior, sostuvo que el accionante pretendía reabrir una
discusión legal y probatoria ya decidida y frente a la que había operado la cosa juzgada.
Ahondó en que los reproches del actor reflejaban una inconformidad con el sentido de las
decisiones adoptadas por el juez competente. Así, la acción de tutela era improcedente.
4.8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Cuarta-Subsección A 12,
por conducto de la Magistrada Gloria Isabel Cáceres Martínez y en su condición de
ponente del proceso de radicado 25000-23-37-000-2021-00301-00, se opuso a las
pretensiones de la tutela. En primer lugar, indicó que no era procedente, por cuanto ante
los presuntos defectos fáctico y material, debió haber usado las solicitudes de aclaración
o adición, conforme a los artículos 285 a 287 del Código General del Proceso, los cuales,
si bien no eran recursos ordinarios, no podían desconocerse como instrumentos de
defensa disponibles por las partes. En segundo lugar, sin perjuicio de lo anterior, señaló
que el fallo objeto de acción constitucional no había vulnerado derechos fundamentales.
Sumado a que no era aceptable que la acción de tutela busque reabrir un debate jurídico
que ya finalizó con la sentencia, sin que la tutela constituya una instancia adicional.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, toda vez que la
sociedad Compañía Nacional de Aceites S.A. es titular de los derechos fundamentales
que estima vulnerados, en su condición de demandante en los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho identificados con los radicados núms. 25000-23-33-000-
2021-00301-01 (28332), 25000-23-33-000-2021-00300-01 (29341), 25000-23-37-000-
2021-00727-01 (29829) y 25000-23-37-000-2021-00728-01 (29354).
2.2. De igual manera, está acreditada la legitimación en la causa por pasiva, en tanto el
Consejo de Estado-Sección Cuarta es la autoridad judicial que profirió las decisiones que,
según la parte actora, vulneraron sus derechos fundamentales.
3. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
12
Índice 00016 del aplicativo SAMAI, certificado C83187CCBEED39C8 51B7FA7FB11B11A5 6700BCE5E6748CD0
594D6BD4B75BE909.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04665-00
Accionante: Compañía Nacional de Aceites S.A.
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que
reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional, a través de la sentencia C-590 de 200513 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela14 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto15.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”16.
4.1. Inmediatez
La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de inmediatez bajo la premisa
de que su objeto no es otro que la protección inmediata de los derechos
fundamentales.
Así las cosas, lejos de establecer un plazo de caducidad, la inmediatez se comporta como
una garantía de la seguridad jurídica y de los intereses de terceros, que implica que la
acción de tutela debe interponerse en un plazo razonable 17, según las condiciones de
13
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela, salvo que se busque evitar que se configure un perjuicio irremediable; que la petición cumpla con el
requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, en principio, esta
tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se
identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
15
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
16
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez, reitera la T-336 de 2004.
17
La sentencia SU-961de 1999 concretó el principio de inmediatez en términos de razonabilidad en el siguiente
sentido: “Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04665-00
Accionante: Compañía Nacional de Aceites S.A.
tiempo, modo y lugar del caso concreto. Sin embargo, tratándose de acciones de tutela
contra providencias judiciales, la garantía de los principios que dirigen la
administración de justicia exige mayor rigurosidad 18, al punto que la Corte Constitucional
ha definido la razonabilidad, prima facie, en un lapso de seis (6) meses19.
El examen de los seis (6) meses puede flexibilizarse cuando hay circunstancias fácticas
que lo admitan. Al respecto, la Corte Constitucional ha identificado las siguientes
variables de análisis, las cuales habilitan determinar cuándo se está ante una situación
excepcional que permite no ceñirse de forma estricta al término en mención:
“(…) que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por
ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial
de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre
el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por
sus derechos, continúa y es actual (…)”20.
Respecto a este punto, el Consejo de Estado ha sostenido sobre el término razonable que
define la inmediatez que es “[…] un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de
tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente” 21.
caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La
razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso
concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de
un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. || Si bien el término para
interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la
obligación de verificar cuándo [e]sta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor
de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción
(…)”. || La seguridad jurídica es un elemento determinante para la realización de la justicia, por lo que este requisito
debe ser más exigente. Así, cuando el objeto de la tutela es una providencia judicial precisó la sentencia T- 038 de 2017
“(…) si dicho requisito se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de una
controversia constitucional”.
18
Tal criterio fue sistematizado en la sentencia T-246 de 2015, en estos términos: “la Corte ha considerado en los
asuntos referentes a acciones de tutela contra providencias judiciales, que el análisis de inmediatez debe ser más
estricto, con el fin de no trastocar principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues ´la firmeza de las decisiones
judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente´. En otras palabras, ser laxo con la exigencia de
inmediatez en estos casos significaría ´que la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la
controversia constitucional que, en cualquier momento, sin límite de tiempo… En un escenario de esta naturaleza nadie
podría estar seguro sobre cuáles son sus derechos y cual el alcance de [e]stos, con lo cual se produciría una violación
del derecho de acceso a la administración de justicia – que incluye el derecho a la firmeza y ejecución de las decisiones
judiciales – y un clima de enorme inestabilidad jurídica´”.
19
Sobre este lapso de seis meses, ha habido una continua comunicación concordante entre la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado, quienes, como tribunales de cierre en sus jurisdicciones lo han definido
como razonable. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional T-246 de 2015, se alude a este criterio a partir
de la sentencia proferida por la Sala Plena de esta Corporación, del 5 de agosto de 2014, en la que, explícitamente, “(…)
la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente”.
(Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01). Léase también la sentencias T-079 de 2018. || Lo anterior, en todo caso,
debe tomarse de manera flexible a partir de las condiciones del caso concreto, pues, como lo deja claramente dicho la
Corte Constitucional en la ya mencionada sentencia T-246 de 2015, “el requisito de la inmediatez deberá ser abordado
desde la discrecionalidad y autonomía judicial, con el fin de que cada juez evalúe si la solicitud fue presentada dentro de
un plazo razonable y proporcional, toda vez que, “(…) en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes
para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar razonable para
ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del caso”.
20
T-246 de 2015.
21
Consejo de Estado, Sala Plena, radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ) del 5 de agosto de 2014. Resaltado
fuera del texto original.
13
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04665-00
Accionante: Compañía Nacional de Aceites S.A.
En este escenario, el examen del requisito de inmediatez en el trámite de tutela en contra
de providencias judiciales goza de cierta certidumbre para efectos de determinar el hecho
generador de la posible afectación iusfundamental. Esta certeza se deriva de la misma
seguridad jurídica que ofrecen las etapas y plazos procesales.
Como se expuso, la jurisprudencia es diáfana al determinar que la eventual afectación
que surge de una providencia ocurre cuando la parte tiene conocimiento de esta, lo que
resulta plenamente identificable desde el trámite en que se perfecciona su notificación y
ejecutoria.
4.2. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e
independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”22.
En línea con lo anterior, en la Sentencia SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como
criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
22
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04665-00
Accionante: Compañía Nacional de Aceites S.A.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la
vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que el
asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más amplio
en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de
amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 23.
5. Caso concreto
La Sala anticipa que la solicitud de amparo no cumple el requisito de inmediatez respecto
de las sentencias proferidas el 31 de octubre y el 13 y 20 de noviembre de 2025. En
cuanto a la sentencia del 4 de diciembre de 2025, aunque satisface dicha exigencia, la
controversia planteada carece de relevancia constitucional.
5.1. Falta de inmediatez respecto de las sentencias 31 de octubre y el 13 y 20 de
noviembre de 2025.
La parte actora formuló la acción de tutela de la referencia el 16 de junio de 202624. Para
examinar el cumplimiento del requisito de inmediatez, a continuación se identifican las
providencias cuestionadas y sus respectivas fechas de notificación y ejecutoria:
No Radicado Sentencia Notificación Ejecutoria 6 meses Resultado
(dd-mm-aa) (dd-mm-aa) (dd-mm-aa)
1 25000-23-37-000-2021- 31-10- 2025 7-11-202525 14-11-2025 14-05-2026 Inoportuno
00301-01 (28332)
2 25000-23-33-000-2021- 13-11-2025 18-11-202526 26-11-2025 26-05-2026 Inoportuno
00300-01 (29341)
3 25000-23-37-000-2021- 20-11-2025 25-11-202527 2-12-2025 02-06-2026 Inoportuno
00727-01 (29829)
4 25000-23-37-000-2021- 4-12-2025 10-12-202528 17-12-2025 17-06-2026 Oportuno
00728-01 (29354)
23
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
24
Si bien el acta de reparto indica como fecha el 17 de junio de 2026 (Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado
D24B18258D96A1F5 1C78A6C38F233450 0C7A2DBD693C4680 11FC9E5BC248E925); se observa que la remisión
electrónica de la tutela operó el 16 de junio del presente (Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado
AB6CBAAEA9602DDA 57B350D9E8C3B0DA EC65A10DE56465DF 3C889700AF35AE1D).
25
Índice 00035 del aplicativo SAMAI, expediente 25000233700020210030101.
26
Índice 00037 del aplicativo SAMAI, expediente 25000233700020210030001.
27
Índice 00031 del aplicativo SAMAI, expediente 25000233700020210072701.
28
Índice 00036 del aplicativo SAMAI, expediente 25000233700020210072801.
15
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04665-00
Accionante: Compañía Nacional de Aceites S.A.
En consecuencia, respecto de las sentencias del 31 de octubre y del 13 y 20 de
noviembre de 2025, la acción de tutela se presentó una vez vencido el término de seis
meses que la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado razonable. Por tanto, no
se satisface el requisito de inmediatez.
Sobre el particular, la parte actora sostuvo que interpuso la solicitud de amparo dentro de
un término razonable, si se tenían en cuenta: (i) la complejidad jurídica, probatoria y
procesal del asunto; (ii) la existencia de varias providencias judiciales relacionadas entre
sí y la necesidad de estructurar un reproche constitucional integral frente a una misma
problemática interpretativa y sancionatoria; (iii) la actualidad de la presunta vulneración,
debido a que las decisiones cuestionadas continuaban con la producción de efectos
jurídicos; y (iv) la aparición de elementos relevantes, como la denuncia penal formulada el
6 de mayo de 2026 por los presuntos delitos de falsedad en documento privado, fraude
aduanero y enriquecimiento ilícito de particulares.
Al respecto, la Sala observa que la parte actora no expuso parámetros objetivos que
permitieran establecer por qué la complejidad del asunto le impidió acudir oportunamente
al juez constitucional. Asimismo, aunque las providencias guardaban relación entre sí,
correspondían a procesos autónomos, por lo que aquella podía formular una acción de
tutela independiente contra cada decisión. Además, el cómputo del plazo razonable para
acudir al amparo constitucional debe efectuarse a partir del momento en que se
perfeccionaron la notificación y ejecutoria de cada providencia, y no desde la formulación
de la denuncia penal que se invoca como un hecho novedoso.
De igual forma, aunque la Sala comprende las repercusiones económicas que la parte
actora invocó como fundamento de la solicitud de amparo, no se advierte que tenga la
condición de sujeto de especial protección constitucional ni que hubiera expuesto alguna
circunstancia material que justificara su inactividad. La permanencia de los efectos
jurídicos de las decisiones cuestionadas tampoco explica la tardanza en el ejercicio de la
acción ni permite, por sí sola, tener por satisfecho el requisito de inmediatez.
En este contexto, no se acreditaron circunstancias que justificaran la flexibilización del
plazo, ni se alegó el desconocimiento de la notificación de las providencias cuestionadas
o la existencia de algún obstáculo que hubiera impedido presentar oportunamente la
acción. En consecuencia, la solicitud de amparo se formuló después del término que la
jurisprudencia de esta Corporación ha considerado razonable, sin que se aportaran
elementos de juicio que justificaran la tardanza. Esta circunstancia impide efectuar el
estudio de fondo de los reproches dirigidos contra tales decisiones.
En virtud de lo anterior, únicamente se continuará con el análisis de la sentencia del 4 de
diciembre de 2025 para el expediente de radicado 25000-23-37-000-2021-00728-01
(29354).
5.2. Falta de relevancia constitucional respecto de la sentencia del 4 de diciembre
de 2025
5.2.1. La parte actora en esencia alegó la configuración de los siguientes defectos.
Primero, fáctico, por omisión y una valoración irracional del material probatorio. Al
respecto, explicó que el fallo acusado no valoró adecuadamente elementos relevantes
16
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04665-00
Accionante: Compañía Nacional de Aceites S.A.
que daban cuenta de la actuación diligente que había desplegado, sumado a la
imposibilidad material y jurídica de controlar el ingreso efectivo de las mercancías a la
zona franca.
En particular, sostuvo que no se valoró que la accionante: (i) verificó la calidad de los
adquirentes como usuarios industriales de zona franca; (ii) contó con los actos de
calificación expedidos por los usuarios operadores; (iii) recibió los Formularios de
Movimiento de Mercancías y demás documentos que, bajo apariencia de legalidad,
acreditaban el destino de los bienes al régimen franco; y (iv) carecía de facultades
jurídicas, funcionales o materiales para controlar el ingreso y permanencia de las
mercancías en la zona franca. Asimismo, afirmó que se omitió valorar los indicios de
fraude documental y las actuaciones irregulares de terceros, denunciadas penalmente el
6 de mayo de 2026.
Frente al defecto sustantivo, alegó que las autoridades accionadas realizaron una
interpretación extensiva e irrazonable del literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario
y de las normas del régimen franco, al imponer al proveedor la obligación de garantizar el
ingreso efectivo de las mercancías a la zona franca, carga no prevista por el legislador ni
compatible con las funciones del vendedor. En consecuencia, sostuvo que se
desconocieron los principios de legalidad y certeza tributaria previstos en los artículos
150.12 y 338 de la Constitución, al exigir obligaciones imposibles de cumplir y trasladarle
las consecuencias de actuaciones realizadas por terceros sobre las cuales no tenía
control.
Finalmente, adujo la vulneración directa de los artículos 29, 83, 150.12, 228, 229 y 338 de
la Constitución. Señaló que las providencias accionadas ampliaron, sin fundamento legal,
las cargas tributarias del contribuyente, desconocieron el principio de buena fe al
sancionar a quien actuó con base en la documentación y certificaciones expedidas por los
operadores de zona franca, y omitieron valorar la imposibilidad material de controlar el
destino de las mercancías, así como los indicios de fraude atribuidos a terceros.
5.2.2. En cuanto al proceso con radicado 25000-23-37-000-2021-00728-00/01, este
correspondió al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por
la accionante contra la DIAN, con el fin de obtener la nulidad de la Liquidación Oficial de
Revisión No. 32241220000094 de 2020 y de la Resolución No. 6497 de 2021.
Mediante sentencia del 11 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A, negó las pretensiones al concluir, entre otros aspectos,
que la demandante no acreditó el cumplimiento del literal e) del artículo 481 del Estatuto
Tributario, en particular la entrega de las mercancías en zona franca. Asimismo,
consideró desvirtuada la buena fe por el incumplimiento de la norma tributaria y concluyó
que no existía una diferencia de criterios que excluyera la imposición de la sanción por
inexactitud.
Inconforme con esa decisión, la demandante interpuso recurso de apelación. Sostuvo
que las ventas estaban exentas del IVA conforme al literal e) del artículo 481 del Estatuto
Tributario y que la norma no imponía al proveedor la obligación de verificar el ingreso
efectivo de las mercancías a la zona franca. Agregó que no era posible trasladar a los
particulares funciones de control tributario y aduanero propias de la administración, ni
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imponer obligaciones o sanciones no previstas en la ley. Finalmente, reiteró que existía
una diferencia de criterios que hacía improcedente la sanción.
En sentencia del 4 de diciembre de 2025 29, el Consejo de Estado, Sección Cuarta,
resolvió el recurso de apelación. Los argumentos planteados por la recurrente fueron
sintetizados en los siguientes términos:
“2. La demandante reiteró que las ventas realizadas a la sociedad C.A.C Maquila
S.A. cumplen los requisitos para obtener la exención de IVA prevista en el literal e)
del artículo 481 del ET, en la medida que: i) fueron realizadas a un usuario
industrial de bienes y servicios de zona franca debidamente calificado; ii) la
entrega de los bienes se encuentra soportada en las órdenes de cargue,
remisiones y facturas; y iii) los productos eran necesarios para el desarrollo del
objeto social de sus clientes, como consta en el certificado de existencia y
representación legal de los mismos.
La conclusión del Tribunal es consecuencia de una interpretación equivocada del
literal e) del artículo 481 del ET, al exigir como requisito para aplicar la exención de
IVA que los bienes vendidos hayan ingresado físicamente a la zona franca, pues
ello es un punto que debe exigirse en los casos de los bienes que se exportan y se
rigen por el literal a) del artículo 481 del ET. Por el contrario, para el caso concreto,
la norma no especifica el lugar donde deben recibirse los bienes vendidos, por lo
que no es responsabilidad de la contribuyente cerciorarse de que la mercancía
ingrese efectivamente a zona franca, pues ese control le corresponde a la
autoridad aduanera y no puede trasladarse a los particulares.”
(…)
2. Por su parte, la demandante afirma que la sanción por inexactitud es
improcedente toda vez que no se configuró el hecho sancionable al tratarse de
datos reales y completos, y en todo caso existe una diferencia de criterios derivada
de una interpretación razonable del literal e) del artículo 481 del ET. (…)”.
Ahora bien, del análisis del caso concreto, se resaltan las siguientes consideraciones:
“El artículo 481 del ET establece los bienes exentos con derecho a devolución
bimestral y en su literal e) dispone: (…)
La Sala respecto de la citada norma, esto es, sobre la procedencia de la exención
prevista en el literal e) del artículo 481 del ET. ha señalado que debe acreditarse12:
“i) la operación: venta de bienes (materia prima, partes o el producto final), ii) el
factor subjetivo y territorial: que se realice “desde” el territorio aduanero nacional
(TAN) a “usuarios industriales (…) de zona franca” o entre estos, condición
subjetiva que implica que la entrega de los bienes debe realizarse en la zona
franca, pues es el área donde se encuentran instalados exclusivamente los
usuarios industriales, y iii) a finalidad: los productos enajenados deben ser
‘necesarios’ en la producción de bienes o la prestación de servicios que tales
usuarios desarrollan en la zona franca.
Atendiendo la norma y los precedentes de la Sala 13 la venta de materias primas,
insumos y bienes terminados desde el territorio nacional a usuarios industriales de
bienes o servicios de zona franca se considera una exportación definitiva exenta
de IVA, siempre y cuando estos sean necesarios para el desarrollo del objeto
social del destinatario (usuario de zona franca) en los términos de la exposición de
motivos de la ley y las normas aduaneras, específicamente, el artículo 396 del del
Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 23 del Decreto 4051 de 2007.
29
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 91B5B8F6430B5D69 9518E98603C330FA A7AB8E902B3C7B9A
D348A996332A5CD3.
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Luego, constituye un presupuesto de procedencia de la exención que los bienes
sean necesarios para el desarrollo del objeto social del usuario industrial y sean
efectivamente recibidos por este. Lo anterior tiene sustento en que la finalidad del
beneficio es establecer un tratamiento tributario especial sobre las zonas francas,
para incentivar la introducción de bienes en ella, para promover la inversión y el
desarrollo de los procesos industriales o comerciales que se realizan dentro de la
misma por parte de sus usuarios.
En este caso no es procedente la interpretación textual del literal e) del artículo
481 del ET dada por la demandante, pues no basta con acreditar la calidad de
usuario industrial de bienes y servicios de zona franca del comprador, para que
proceda la exención, so pretexto de que el objeto social del comprador permite
inferir su uso dentro de zona franca.
Como ya se indicó, esta prerrogativa debe entenderse en armonía con las normas
aduaneras (artículos 396 del Decreto 2685 de 1999 14 y 3 de la Ley 1004 de
200515), según las cuales los usuarios industriales de bienes y servicios deben
desarrollar su objeto social exclusivamente dentro de la zona franca y, por el
carácter especial de dichas zonas, determinadas operaciones se consideran
exportación para fines aduaneros y tributarios. Por ende, la exención invocada por
el actor no se ubica en el literal a) del artículo 481 del ET, sino en el literal e) del
mismo precepto, que prevé la exclusión del IVA cuando se configura una
exportación.
Este beneficio está supeditado a que los bienes resulten indispensables para el
desarrollo del objeto social del usuario, lo cual, de acuerdo con el artículo 3 de la
Ley 1004 de 2005, solo puede tener lugar dentro de la zona franca.
En ese orden y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 788 del ET, le corresponde
a la demandante, como obligada tributaria, demostrar las circunstancias que la
hacen acreedora de la exención de IVA discutida. En particular, debía acreditar la
introducción de mercancías vendidas a los usuarios industriales de zona franca,
en cumplimiento de lo dispuesto en el literal e) del artículo 481 del ET.
En efecto, el artículo 788 del ET expresamente señala: «Las que los hacen
acreedores a una exención. Los contribuyentes están obligados a demostrar las
circunstancias que los hacen acreedores a una exención tributaria, cuando para
gozar de ésta no resulte suficiente conocer solamente la naturaleza del ingreso o
del activo”. Por ende, no cabe duda de que la carga de la prueba recaía en el
demandante -Onus probandi incumbit actori-, lo que no se cumple en el caso sub-
examine.
Se destaca que esta Sección ya ha resuelto casos con identidad de partes,
argumentos fácticos y jurídicos similares al presente proceso16, correspondientes
a otros periodos en discusión, los cuales se reiteran en lo pertinente. (…)”.
Luego de lo cual, el Consejo de Estado-Sección Cuarta hizo alusión a diversas pruebas
allegadas al trámite:
“(i) La sociedad C.A.C. MAQUILA S.A. no pudo ser notificada personalmente del
requerimiento ordinario 322402019001138 del 14 de mayo de 201917, mediante el
cual la Administración solicitó información sobre las compras efectuadas a la
empresa COMPAÑÍA NACIONAL DE ACEITES S.A., por cuanto el envío al
domicilio fiscal fue devuelto con la anotación “no existe” 18. En consecuencia, la
notificación se realizó a través de la página web de la entidad.
No obstante, el 29 de mayo de 2019, la División de Gestión de Fiscalización para
Personas Jurídicas y Asimiladas remitió el requerimiento ordinario al correo
electrónico de quien figuraba como representante legal de la sociedad C.A.C.
MAQUILA S.A.
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El 12 de junio de 2019, el representante legal de C.A.C. MAQUILA S.A., dio
respuesta al requerimiento ordinario e informó «… que nuestra Compañía no tuvo,
ni ha tenido ninguna clase de intercambio comercial con la COMPAÑÍA
NACIONAL DE ACEITES SA»19
(ii) En respuesta al requerimiento ordinario 322402019001211 del 10 de mayo de
2019, la representante legal suplente de Zona Franca Industrial de Bienes y de
Servicios de Barranquilla S.A. – usuario operador de zona franca mediante escrito
del 4 de junio de 2019 precisó que «realizada la validación registrada en nuestro
sistema de control de operaciones e inventarios, e-franco, no se evidencia
operaciones de ingreso de mercancías desde la empresa COMPAÑÍA NACIONAL
DE ACEITES S.A. hacia C.A.C. MAQUILAS S.A. durante el 2do bimestre del año
gravable 2017»20
(iii) En virtud del Auto de Verificación o Cruce 322402019000664 del 15 de febrero
de 2019, se realizó visita en la dirección CL 57 SUR 76 A 30 Barrio Bosa en la
ciudad de Bogotá, la cual fue recibida por la revisora fiscal autorizada por el
Representante Legal de la sociedad investigada. En dicha diligencia fueron
aportados copia del auxiliar contable del ingreso operacional correspondiente al
segundo bimestre del año 201721; la relación de ventas efectuadas a C.A.C.
MAQUILA S.A. por las ventas efectuadas en el periodo en discusión22; y
remisiones y facturas de venta expedidas al cliente C.A.C. MAQUILA S.A.23 .
De acuerdo con las facturas aportadas, en ellas se identifica a la sociedad Maquila
como el comprador, el aceite de soya refinado como el producto objeto de venta, la
cantidad en kilogramos, su valor facturado y el IVA liquidado a una tarifa del 0%.
Sin embargo, junto con las remisiones no contienen firmas de quienes las
suscriben.
Por su parte, los formularios de movimiento de ingreso aportados por la
demandante no contienen el número y fecha de autorización de ingreso por parte
del usuario operador de zona franca, aunado a que del detalle de movimiento de
entradas y salidas no se evidencia por parte de la contribuyente el movimiento de
aceites de soya refinado.
A partir de lo anterior, se colige que no se encuentra probada la condición que
prevé el literal e) del artículo 481 del ET para que los bienes vendidos, en este
caso el aceite de soya refinado, se considere un bien exento con derecho a
devolución, habida cuenta que conforme lo determinó la DIAN en los actos
demandados, no se acreditó que dicha materia prima ingresara a zona franca para
ser usada en el desarrollo del objeto social del usuario, toda vez que dicho objeto
social debe ser exclusivamente desarrollado al interior de la zona franca.
Cabe precisar que las facturas, los auxiliares contables por sí solos no prueban
dicho presupuesto legal. Por el contrario, dan cuenta de la realización de una
transacción económica de venta del aceite de soya, no de que este ingresara a la
Zona Franca en las que se encontraban las sociedades compradoras. Si bien la
contribuyente allegó formularios de movimiento de mercancías respecto de C.A.C.
Maquila S.A.S., estos no tienen la autorización del operador de la zona franca. La
DIAN evidenció que la información que tienen esos documentos tampoco coincide
con la reportada por dicho operador, ni se encuentra dentro de sus registros,
hecho no desvirtuado por la demandante.
En ese sentido, analizadas en conjunto las pruebas que obran en el expediente
bajo las reglas de la sana crítica, para la Sala el acervo probatorio no da certeza de
que el aceite de soya vendido por la demandante haya ingresado efectivamente a
zona franca como se deriva del contexto normativo. Se pudo constatar que los
operadores de las zonas francas no reportaron respecto del contribuyente
movimiento de entradas de mercancías de aceite de soya refinado, lo que se
ratificó por parte de la DIAN en el «Sistema Informático Electrónico Salida de
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Mercancías» en el cual se constató que no aparecen registros por operaciones
realizadas del contribuyente con el mencionado usuario con destino a zona franca.
Contrario a lo aducido por la demandante, no se pretende exigir al contribuyente
obligaciones adicionales a las establecidas por la ley, menos respecto de los
terceros con los que realiza sus operaciones. El deber de la administración es
verificar la realidad sustancial y material de las operaciones, no el simple
cumplimiento de las normas tributarias que, como en este caso, dieron lugar a la
clasificación de los ingresos por operaciones exentas. La DIAN también está
facultada para verificar la ocurrencia real de las circunstancias dentro de las que
se verificó el incumplimiento de la condición prevista en el literal e) del artículo 481
del ET, que llevaron a la administración a la conclusión justificada de la
clasificación de dichos ingresos como gravados a la tarifa general. En
consecuencia, el cargo de apelación no prospera.” (Subrayas añadidas).
De otro lado, en cuanto a la sanción por inexactitud, se tuvo en cuenta lo siguiente:
“En el caso concreto, se demostró que la demandante incluyó como ingresos
exentos, que al no cumplir con el literal e) del artículo 481 del ET, debían ser
registrados como ingresos gravados a la tarifa general, con lo cual disminuyó en
forma improcedente el impuesto a cargo y concretó el tipo sancionatorio de la
inexactitud previsto en el artículo 647 ib.
Tal irregularidad no tuvo origen en una interpretación razonable de las normas
tributarias que rigen el beneficio de la exención del IVA por ventas de materias
primas o insumos a un usuario industrial de zona franca. Lo que excluye la
configuración de una diferencia de criterios que exonere a la demandante de la
sanción por inexactitud.”
5.2.3. Con fundamento en lo expuesto, la Sala estima que el reproche relativo al defecto
sustantivo, derivado de la interpretación del literal e) del artículo 481 del Estatuto
Tributario, plantea, principalmente, una controversia de orden legal acerca de los
presupuestos para la aplicación de una exención tributaria. En efecto, la discusión se
circunscribe a determinar si dicha disposición debe interpretarse de manera estricta,
como lo propone la parte actora, o en concordancia con las demás normas que regulan la
materia, como lo consideró la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Además, no se
advierte, prima facie, que la interpretación cuestionada resulte arbitraria o
manifiestamente irrazonable, de modo que se justifique el estudio de fondo del cargo por
parte del juez constitucional.
En cuanto al defecto fáctico, la Sala observa, en principio, que la parte actora pretende
reabrir el debate probatorio resuelto por el juez natural, sin que se evidencie arbitrariedad
en la valoración efectuada. En particular, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
advirtió que no se acreditó la entrega del insumo en la zona franca en la cual el comprador
desarrollaba el objeto social que sustentaba la exención. A su vez, la accionante no
explicó de qué manera los elementos probatorios que, a su juicio, fueron omitidos o
valorados de forma irrazonable conducían necesariamente a una conclusión distinta.
Ahora bien, respecto de los indicios de fraude documental y de la presunta actuación
irregular de terceros adquirentes, que dieron lugar a la denuncia formulada el 6 de mayo
de 2026, la Sala advierte que se trata de un hecho posterior que no pudo ser objeto de
valoración en las providencias cuestionadas. Por esta razón, no resulta razonable atribuir
al juez natural la omisión en el examen de una circunstancia que no existía al momento de
adoptar las decisiones.
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Finalmente, tampoco se advierte, prima facie, la configuración del defecto por violación
directa de la Constitución. La Sección Cuarta del Consejo de Estado expuso las razones
que sustentaron su interpretación del literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario;
explicó que la conducta de la sociedad accionante daba lugar a la sanción por inexactitud,
porque la irregularidad advertida no se originó en una interpretación razonable de las
normas tributarias; y precisó que no le exigió controlar las actuaciones de terceros, sino
acreditar el cumplimiento de los presupuestos legales necesarios para acceder al
beneficio tributario.
En adición a lo anterior, conviene advertir que se reprocha la decisión emitida por una Alta
Corte, lo que hace que la valoración del requisito de relevancia constitucional deba
efectuarse de forma más estricta.
5.2.4. Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través
del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara que
no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i) su
existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude
a la tutela debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir
tal vulneración30.
Por consiguiente, para la Sala es claro que la parte accionante pretende imponer su
interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como
reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate surtido en
el trámite ordinario.
Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter excepcional,
para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y entre
sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que su
procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión proveniente de una
autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique, como lo
pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera una instancia
adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada31, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 32.
En consecuencia, se declarará la improcedencia de la presente acción de tutela por no
superar el requisito de relevancia constitucional en relación con la sentencia del 4 de
diciembre de 2025 del Consejo de Estado-Sección Cuarta.
30
Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022.
31
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
32
Ibidem.
22
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Accionante: Compañía Nacional de Aceites S.A.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por la
Compañía Nacional de Aceites S.A. contra el Consejo de Estado-Sección Cuarta, por no
satisfacer los requisitos de inmediatez ni de relevancia constitucional, conforme lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
LMSG
23
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