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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00728-01

Fecha
4 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00728-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 2. Condenar en costas a la parte demandante, en su modalidad de agencias en derecho, con 1 SMLMV, de acuerdo con el Acuerdo No. PASAA16-10554 del 5 de agosto del 2016 del Consejo Superior de la Judicatura y la parte motiva de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2021-00728-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

4 de diciembre de 2025

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00728-01 (29354)
Demandante: Compañía Nacional de Aceites S.A. en reorganización

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2021-00728-01 (29354)
Demandante: Compañía Nacional de Aceites S.A.
U.A.E. Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Demandada:
Aduanas Nacionales - DIAN

Temas: Impuesto sobre las ventas segundo bimestre 2017. Ventas de bienes
exentos a zona franca. Requisitos. Sanción por inexactitud.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 11 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió2:

“Primero: Negar las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en
la parte considerativa de esta decisión.

Segundo: No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva”.

ANTECEDENTES

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Previa respuesta al requerimiento especial, la DIAN mediante Liquidación Oficial de
Revisión 322412020000094 del 11 agosto de 20203, modificó la declaración de IVA
del segundo bimestre del año 2017 en el sentido de reclasificar ingresos exentos por
ventas a zonas francas a gravados a la tarifa general, lo que generó un mayor impuesto
a pagar y la imposición de la sanción por inexactitud equivalente al 100% del mayor
impuesto a pagar. Esta decisión fue recurrida y confirmada en Resolución 6497 del 19
de agosto de 20214.

DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la sociedad Compañía Nacional de
Aceites S.A. en reorganización formuló las siguientes pretensiones5:

“Que es NULO el siguiente acto administrativo, proferido por la dependencia de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN:

La Liquidación Oficial de Revisión Número 322412020000094 de fecha 11 de agosto
de 2020, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
Impuestos de Bogotá, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, contra el
contribuyente, la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE ACEITES S.A. EN

1
Ingresó al despacho para fallo el 2 de abril de 2025.
2
Samai Tribunal, índice 24.
3
Samai Tribunal, índice 2, anexos demanda, págs. 23 a 51 pdf.
4
Samai Tribunal, índice 2, anexos demanda, págs. 55 a 66 pdf.
5
Samai Tribunal, índice 2, folio 3 de la demanda.

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1

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00728-01 (29354)
Demandante: Compañía Nacional de Aceites S.A. en reorganización

REORGANIZACIÓN NIT 830.143.316-7, mediante la cual se modifica la Liquidación
Privada del contribuyente, estableciendo un saldo total a pagar de $3.582.764.000, en el
cual se integra suma de $1.791.382.000 por concepto de sanción por inexactitud, la cual
fue confirmada por la Resolución Número 6497 de fecha 19 de agosto de 2021.

A título de restablecimiento del derecho, se decrete la firmeza de la declaración privada de
IVA correspondiente al 2 bimestre del año 2017 presentada por la sociedad COMPAÑÍA
NACIONAL DE ACEITES S.A. EN REORGANIZACIÓN NIT 830.143.316-7”.

Indicó como normas vulneradas los artículos 83 de la Constitución Política; 88, 107, 468-
1, 481, 647, 648, 671, 683, y 746 del Estatuto Tributario; y 264 de la Ley 223 de 1995.

Bajo el siguiente concepto de violación en la demanda se sustentaron los cargos y en la
contestación6 se ejerció el derecho de contradicción, así7:

Primer cargo: “Las ventas a usuarios de zona franca son exentas del impuesto
sobre las ventas. Violación del literal e) del artículo 481 del ET”

1. Para la demandante, la condición prevista en el literal e) del artículo 481 del ET
para obtener el beneficio de exención de los bienes con derecho a devolución,
depende de que estos sean vendidos a usuarios industriales ubicados en zona franca,
sin especificar el lugar donde se reciben ni tampoco que dichos bienes vendidos sean
necesarios para el desarrollo del objeto social del comprador.

Es por ello que los bienes vendidos a la C.A.C. Maquila S.A. cumplen con los requisitos
establecidos en la norma, porque (i) dicha sociedad está calificada como usuario
industrial de zona franca; (ii) las entregas están respaldadas por órdenes de cargue y
remisiones que detallan la información del producto, el transportador y la cantidad
transportada; además, (iii) se trata de bienes necesarios para el desarrollo del objeto
social del comprador.

En contraposición a la interpretación sostenida por la DIAN, la norma no exige que el
lugar de destino de los bienes objeto de la operación sea una zona franca. En virtud
de ello, no le corresponde a la demandante verificar que la mercancía haya sido
efectivamente introducida en la respectiva zona franca, porque esa exigencia se
encuentra prevista en el literal a) del artículo 481 del ET y es aplicable exclusivamente
a las exportaciones definitivas.

Por lo tanto, no resulta pertinente para la exención invocada en el presente caso que
el vendedor pruebe el ingreso físico de los bienes a la zona franca, pues ello supone
trasladarle funciones de control aduanero y tributario que solo competen a la DIAN.

Finalmente, no puede darse relevancia a la respuesta dada por C.A.C. Maquila S.A. a
la DIAN, sobre la inexistencia de operaciones comerciales con la demandante, pues
se trata de afirmaciones ajenas a la realidad, que se desacreditan con las
comunicaciones cruzadas que ambas empresas sostuvieron.

2. Al respecto, la DIAN afirmó que la demandante no acreditó el cumplimiento de lo
señalado en el literal e) del artículo 481 del ET, pues no demostró que los productos
vendidos hayan efectivamente ingresado a zona franca, con lo cual no se concretó la
operación que da lugar al beneficio tributario.

La decisión tuvo en cuenta pruebas directas como la respuesta por el representante
legal de la zona franca que informó que en el segundo bimestre de 2017 no ingresaron
mercancías provenientes de la hoy demandante; en el mismo sentido, el representante
legal de la sociedad Maquila S.A. que informó no haber tenido operaciones con la
Compañía Nacional de Aceite S.A. y, como hechos indiciarios que los supuestos pagos

6
Samai Tribunal, índice 9.
7
Samai Tribunal, índice 2.

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Demandante: Compañía Nacional de Aceites S.A. en reorganización

a la demandante se hicieron en efectivo, la descalificación como usuario de zona
franca de otro de los supuestos compradores de la actora (Servicios Industriales del
Norte), la discrepancia entre el objeto social de la demandante en la cámara de
comercio y en el RUT, así como el de su supuesto comprador (Maquila S.A.) que no
tiene relación con el uso de aceites vegetales o animales, pues éste se dedica a la
remanufactura de motores y autopartes, recuperación de piezas, chatarrización de
computadores y eléctricos.

Las facturas, remisiones al cliente y consignaciones no son pruebas pertinentes ni
conducentes para demostrar que los bienes vendidos desde el territorio nacional
efectivamente ingresaron a zona franca y fueron utilizados en el desarrollo del objeto
social de la compradora [C.A.C. Maquila S.A.], como lo exige la norma tributaria.
Además, al revisar en detalle los movimientos de entrada y salida del Usuario
Operador de Zona Franca de Barranquilla, no se evidencia movimiento de aceite
refinado de soya proveniente de la demandante para la C.A.C. Maquila S.A.S.

Segundo cargo: “Vulneración al principio de buena fe. Vulneración del artículo
83 de la Constitución Política”.

1. La demandante argumentó que la DIAN actuó sin sustento legal y probatorio, al
cuestionar que los pagos que le realizaron sus clientes se hicieron en efectivo y desde
diferentes localidades de Bogotá, para mermar valor a las operaciones, pues dichas
circunstancias escapan al control de la demandante.

Asimismo, no puede la demandante tener culpa por el hecho de que uno de sus
clientes no haya sido ubicado y haya sido descalificado como usuario de zona franca.
En consecuencia, la Administración presumió la mala fe de la contribuyente y a partir
de ello, hizo afirmaciones sin suficiente soporte jurídico.

2. Por su parte, la DIAN contestó la demanda argumentando que, con fundamento
en las pruebas recaudadas durante el proceso de fiscalización, se desvirtuó la
presunción de veracidad de la declaración privada presentada por la demandante y
motivó en debida forma los actos administrativos demandados.

No tuvo explicación el hecho que la compradora de la demandante tenga domicilio en
Barranquilla, pero los pagos que reporta la demandante por dichas operaciones hayan
sido realizados en la ciudad de Bogotá.

Tercer cargo: “La venta de aceite de soya refinado está gravada con una tarifa
del 5%. Violación del artículo 468-1 del ET”.

1. La demandante indicó que, en gracia de discusión, el aceite de soya identificado
bajo la partida arancelaria 15.07.10.00.000 «aceite en bruto de soya», para el año 2017,
se encontraba dentro de los bienes gravados a la tarifa del 5% de IVA, conforme con
el artículo 468-1 del ET y no a la tarifa general del 16%. Luego, es procedente reliquidar
el impuesto aplicando la tarifa del 5%, en tanto el aceite de soya refinado conforme
con dicha clasificación arancelaria no ha sido modificado químicamente.

2. Contrario a lo aducido por la contribuyente, para la DIAN el aceite de soya refinado
se clasifica bajo la partida arancelaria 15.07.90.90.00 y no está incluido dentro de los
bienes gravados a la tarifa especial del 5% conforme con el artículo 468-1 del ET, que
es aplicable a los productos “brutos” (aceite bruto), condición que no es propia de los
aceites “refinados” vendidos por la demandante. Por ello debe aplicarse la tarifa
general de IVA.

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Cuarto cargo: “De la sanción por inexactitud. Vulneración a los principios
sancionatorios”

1. Para la demandante, es improcedente de la sanción por inexactitud por cuanto la
información registrada en la declaración es verdadera y se halla debidamente
soportada. Se presenta una diferencia de criterios derivada de un error razonable de
interpretación de la exención contenida en el literal e) del artículo 481 del ET que la
eximen de la sanción.

Adicionalmente, no se encuentra acreditada la antijuricidad de las actuaciones de la
demandante, ni la afectación al recaudo nacional. Se desconocieron los principios de
gradualidad, proporcionalidad e imparcialidad, así como los de justicia y equidad, al
imponer sanciones sin la motivación adecuada y no valorar las pruebas de manera
imparcial sino con un ánimo puramente recaudatorio por parte de la DIAN.

2. La DIAN defendió la procedencia de la sanción porque la demandante incluyó en
su declaración ingresos exentos improcedentes que generaron un menor valor a
pagar, lo que constituyó el hecho sancionable por inexactitud en los términos del
artículo 647 del ET. No existe diferencia de criterios, puesto que la actora utilizó datos
equivocados en la declaración.

SENTENCIA APELADA Y RECURSO DE APELACIÓN DE LA PARTE
DEMANDANTE

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda8 sin condenar en costas. A su
turno, la parte demandante formuló recurso de apelación9. Los motivos del fallo
impugnado y los argumentos de la alzada son los siguientes:

Primer cargo: improcedencia de la exención por ventas a zona franca. Requisitos
del literal e) del artículo 481 del ET. por $6.708.762.480

1. El Tribunal señaló que para la procedencia de la exención prevista en el literal e)
del artículo 481 del ET, es necesario que las ventas que se hacen desde el territorio
nacional a usuarios industriales o de servicios de zona franca estén efectivamente
demostradas, para lo cual debe acreditarse que la mercancía fue recibida en la zona
por el usuario respectivo y según el trámite previsto en los artículos 369 de la
Resolución 4240 de 2000 y 396 del Decreto 2685 de 1999, esto es, la solicitud de
embarque, registro y número de autorización dado por el operador de la Zona Franca,
entre otros, pues las meras facturas no dan derecho al beneficio fiscal.

Entonces, como en los registros del operador de la Zona Franca de Barranquilla no se
reportan ingresos ni autorizaciones para mercancías de la demandante que hayan
tenido como destinatario a la sociedad C.A.C. Maquila S.A. en el periodo objeto de
análisis, con lo cual “existe un indicio sobre la falta de entrega de la mercancía” en
Zona Franca.

Además, según la información del certificado de Cámara de Comercio de la sociedad
Maquila S.A., su objeto social para el 2017 era la remanufactura de motores y
autopartes, frente a lo cual, no tiene relación la adquisición del aceite de soya refinado
que la demandante afirma haberle vendido para ser utilizado en zona franca.

se considera exenta de IVA. Para ello, se requiere que la mercancía vendida o el
servicio prestado se introduzcan o ejecuten en zona franca, teniendo en cuenta que es
el espacio geográfico en el que desarrollan su objeto social.

8
Samai Tribunal, índice 24.
9
Samai Tribunal, índice 28.

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Otro indicio en contra de la veracidad de las operaciones de venta se cierne sobre el
hecho que los pagos se hicieron en efectivo en Bogotá, cuando la transacción
económica se surtió en Barranquilla, que es el sitio de ubicación de la zona franca, lo
que unido a lo informado por el usuario operador de la zona franca sobre no reportar
ingresos de la mercancía en sus instalaciones en Barranquilla. Hechos que no
pudieron ser desvirtuados por la demandante.

De modo que la demandante no demostró el cumplimiento de los requisitos exigidos
por la ley para acceder a la exención. Por tanto, era procedente la reclasificación de
los ingresos como operaciones gravadas determinada en los actos acusados.

2. La demandante reiteró que las ventas realizadas a la sociedad C.A.C Maquila S.A.
cumplen los requisitos para obtener la exención de IVA prevista en el literal e) del
artículo 481 del ET, en la medida que: i) fueron realizadas a un usuario industrial de
bienes y servicios de zona franca debidamente calificado; ii) la entrega de los bienes
se encuentra soportada en las órdenes de cargue, remisiones y facturas; y iii) los
productos eran necesarios para el desarrollo del objeto social de sus clientes, como
consta en el certificado de existencia y representación legal de los mismos.

La conclusión del Tribunal es consecuencia de una interpretación equivocada del literal
e) del artículo 481 del ET, al exigir como requisito para aplicar la exención de IVA que
los bienes vendidos hayan ingresado físicamente a la zona franca, pues ello es un
punto que debe exigirse en los casos de los bienes que se exportan y se rigen por el
literal a) del artículo 481 del ET. Por el contrario, para el caso concreto, la norma no
especifica el lugar donde deben recibirse los bienes vendidos, por lo que no es
responsabilidad de la contribuyente cerciorarse de que la mercancía ingrese
efectivamente a zona franca, pues ese control le corresponde a la autoridad aduanera
y no puede trasladarse a los particulares.

Segundo cargo: sobre la vulneración del principio de buena fe

1. Para el Tribunal el cargo no prospera porque el principio de buena fe no es absoluto
en materia tributaria, pues el incumplimiento de los requisitos de las normas especiales
lo desvirtúa y eso, precisamente, fue lo que consiguió la DIAN en el ejercicio de sus
facultades, de cuyo resultado se evidenciaron irregularidades que desacreditaron las
operaciones declaradas como exentas.

2. Frente a esta consideración no se realizó reparo concreto en la apelación.

Tercer cargo: tarifa aplicable a la operación de venta de aceite refinado
1. El Tribunal determinó que no es aplicable al aceite refinado de soya la tarifa del 5%,
establecida en el artículo 468-1 del Estatuto Tributario, pues esta aplica
exclusivamente al aceite en bruto de soya, identificado con la subpartida arancelaria
15.07.10.00.00. En cambio, el aceite comercializado por la demandante es refinado,
es decir, aquel sometido a un proceso químico y cuya clasificación arancelaria
corresponde a la subpartida 15.07.90.90.00. Por lo tanto, le es aplicable la tarifa
general del 16 %.

2. La demandante nada dijo frente a lo considerado por el Tribunal frente a este cargo
de la demanda.

Cuarto cargo: Procedencia de la sanción por inexactitud

1. El Tribunal señaló que los ingresos registrados no obedecen a operaciones exentas
sino gravadas a la tarifa general, que derivaron en un menor impuesto a pagar, lo que
configura el presupuesto de hecho para la sanción por inexactitud.

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2. Por su parte, la demandante afirma que la sanción por inexactitud es improcedente
toda vez que no se configuró el hecho sancionable al tratarse de datos reales y
completos, y en todo caso existe una diferencia de criterios derivada de una
interpretación razonable del literal e) del artículo 481 del ET.

PRONUNCIAMIENTOS FINALES

No hubo oposición al recurso de apelación por parte de la demandada, durante la
oportunidad prevista en el artículo 247 numeral 4° del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

CUESTIÓN PREVIA

Previamente a resolver el litigio planteado en esta instancia judicial, el magistrado Luis
Antonio Rodríguez Montaño manifestó estar impedido para conocer del presente
proceso, de acuerdo con la causal de impedimento contenida en el numeral 2 del
artículo 141 del Código General del Proceso10. Mediante el auto del 20 de marzo de
202511 se declaró fundado el impedimento y se le separó del conocimiento del
presente proceso.

PROBLEMAS JURÍDICOS

(i) ¿Procede la reclasificación de los ingresos por ventas exentas a zona franca a
ingresos por operaciones gravadas a la tarifa general por el incumplimiento de los
requisitos del literal e) del artículo 481 del ET?

(ii) ¿Procede la sanción por inexactitud?

Primer cargo: De la reclasificación de los ingresos por ventas exentas a zona
franca a ingresos por operaciones gravadas a la tarifa general por valor de
$5.548.549.670. Requisitos del literal e) del artículo 481 del ET.

El artículo 481 del ET establece los bienes exentos con derecho a devolución bimestral
y en su literal e) dispone:

“Artículo 481. Bienes exentos con derecho a devolución bimestral. Para efectos del
impuesto sobre las ventas, únicamente conservarán la calidad de bienes y servicios
exentos con derecho a devolución bimestral:
(…)
e) las materias primas, insumos y bienes terminados que se vendan desde el territorio
aduanero nacional a usuarios industriales de bienes o de servicios de Zona Franca o
entre estos, siempre que los mismos sean necesarios para el desarrollo del objeto social
de dichos usuarios”.

La Sala respecto de la citada norma, esto es, sobre la procedencia de la exención
prevista en el literal e) del artículo 481 del ET. ha señalado que debe acreditarse 12: “i)
la operación: venta de bienes (materia prima, partes o el producto final), ii) el factor subjetivo y territorial:
que se realice “desde” el territorio aduanero nacional (TAN) a “usuarios industriales (…) de zona franca”
o entre estos, condición subjetiva que implica que la entrega de los bienes debe realizarse en la zona
franca, pues es el área donde se encuentran instalados exclusivamente los usuarios industriales, y iii)

10
Samai CE, índice 14.
11
Samai CE índice 21.
12
Sentencias del 10 de julio y 6 de agosto de 2025, exps. 29389 y 29430, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; del 30 de octubre
de 2025, exp. 28332, CP. Claudia Rodríguez Velásquez.

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la finalidad: los productos enajenados deben ser “necesarios” en la producción de bienes o la prestación
de servicios que tales usuarios desarrollan en la zona franca”.

Atendiendo la norma y los precedentes de la Sala13 la venta de materias primas,
insumos y bienes terminados desde el territorio nacional a usuarios industriales de
bienes o servicios de zona franca se considera una exportación definitiva exenta de
IVA, siempre y cuando estos sean necesarios para el desarrollo del objeto social del
destinatario (usuario de zona franca) en los términos de la exposición de motivos de la
ley y las normas aduaneras, específicamente, el artículo 396 del del Decreto 2685 de
1999, modificado por el artículo 23 del Decreto 4051 de 2007.

Luego, constituye un presupuesto de procedencia de la exención que los bienes sean
necesarios para el desarrollo del objeto social del usuario industrial y sean
efectivamente recibidos por este. Lo anterior tiene sustento en que la finalidad del
beneficio es establecer un tratamiento tributario especial sobre las zonas francas, para
incentivar la introducción de bienes en ella, para promover la inversión y el desarrollo
de los procesos industriales o comerciales que se realizan dentro de la misma por
parte de sus usuarios.

En este caso no es procedente la interpretación textual del literal e) del artículo 481
del ET dada por la demandante, pues no basta con acreditar la calidad de usuario
industrial de bienes y servicios de zona franca del comprador, para que proceda la
exención, so pretexto de que el objeto social del comprador permite inferir su uso
dentro de zona franca.

Como ya se indicó, esta prerrogativa debe entenderse en armonía con las normas
aduaneras (artículos 396 del Decreto 2685 de 199914 y 3 de la Ley 1004 de 200515),
según las cuales los usuarios industriales de bienes y servicios deben desarrollar su
objeto social exclusivamente dentro de la zona franca y, por el carácter especial de
dichas zonas, determinadas operaciones se consideran exportación para fines
aduaneros y tributarios. Por ende, la exención invocada por el actor no se ubica en el
literal a) del artículo 481 del ET, sino en el literal e) del mismo precepto, que prevé la
exclusión del IVA cuando se configura una exportación.

13
Sentencias del 10 de julio, 6 de agosto y 30 de octubre de 2025 dentro de otros procesos de nulidad y restablecimiento del
derecho, tramitados por las mismas partes, con base en los mismos argumentos fácticos y jurídicos debatidos en el presente
proceso. Exps. 29389, 29430 y 28332, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello y CP. Claudia Rodríguez Velásquez.
14
“Artículo 396. exportación definitiva. Se considera exportación definitiva, la introducción a Zona Franca Permanente desde el
Territorio Aduanero Nacional, de materias primas, partes, insumos y bienes terminados nacionales o en libre disposición,
necesarios para el normal desarrollo de su objeto social a favor del Usuario Operador o Industrial de Bienes y de Servicios,
siempre y cuando dicha mercancía sea efectivamente recibida por ellos.
Las exportaciones temporales que se realicen desde el resto del Territorio Aduanero Nacional a Zona Franca, con el objeto de
someter el bien a un proceso de perfeccionamiento por un usuario, no tendrán derecho a los beneficios previstos para las
exportaciones definitivas.
(…)”
15
“Artículo 3. Son usuarios de Zona Franca, los Usuarios Operadores, los Usuarios Industriales de Bienes, los Usuarios
Industriales de Servicios y los Usuarios Comerciales.

El usuario operador es la persona jurídica autorizada para dirigir, administrar, supervisar, promocionar y desarrollar una o varias
Zonas Francas, así como para calificar a sus usuarios.

El Usuario Industrial de Bienes es la persona jurídica instalada exclusivamente en una o varias Zonas Francas, autorizada para
producir, transformar o ensamblar bienes mediante el procesamiento de materias primas o de productos semielaborados.

El Usuario Industrial de Servicios es la persona jurídica autorizada para desarrollar, exclusivamente, en una o varias Zonas
Francas, entre otras, las siguientes actividades:
1. Logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, reempaque, envase, etiquetado o clasificación;
2. Telecomunicaciones, sistemas de tecnología de la información para captura, procesamiento, almacenamiento y transmisión de
datos, y organización, gestión u operación de bases de datos;
(…)
6. Reparación, limpieza o pruebas de calidad de bienes;
7. Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves, aeronaves o maquinaria;
8. Auditoría, administración, corretaje, consultoría o similares.
El usuario comercial es la persona jurídica autorizada para desarrollar actividades de mercadeo, comercialización,
almacenamiento o conservación de bienes, en una o varias Zonas Francas”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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7

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Este beneficio está supeditado a que los bienes resulten indispensables para el
desarrollo del objeto social del usuario, lo cual, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley
1004 de 2005, solo puede tener lugar dentro de la zona franca.

En ese orden y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 788 del ET, le corresponde a
la demandante, como obligada tributaria, demostrar las circunstancias que la hacen
acreedora de la exención de IVA discutida. En particular, debía acreditar la
introducción de mercancías vendidas a los usuarios industriales de zona franca, en
cumplimiento de lo dispuesto en el literal e) del artículo 481 del ET.

En efecto, el artículo 788 del ET expresamente señala: «Las que los hacen acreedores a una
exención. Los contribuyentes están obligados a demostrar las circunstancias que los hacen acreedores
a una exención tributaria, cuando para gozar de ésta no resulte suficiente conocer solamente la
naturaleza del ingreso o del activo”. Por ende, no cabe duda de que la carga de la prueba
recaía en el demandante -Onus probandi incumbit actori-, lo que no se cumple en el
caso sub-examine.

Se destaca que esta Sección ya ha resuelto casos con identidad de partes,
argumentos fácticos y jurídicos similares al presente proceso16, correspondientes a
otros periodos en discusión, los cuales se reiteran en lo pertinente.

En el expediente, se allegaron los siguientes medios de prueba que resultan relevantes
para decidir la controversia:

Respecto a la sociedad C.A.C. Maquila S.A.:

(i) La sociedad C.A.C. MAQUILA S.A. no pudo ser notificada personalmente del
requerimiento ordinario 322402019001138 del 14 de mayo de 201917, mediante el cual
la Administración solicitó información sobre las compras efectuadas a la empresa
COMPAÑÍA NACIONAL DE ACEITES S.A., por cuanto el envío al domicilio fiscal fue
devuelto con la anotación “no existe”18. En consecuencia, la notificación se realizó a
través de la página web de la entidad.

No obstante, el 29 de mayo de 2019, la División de Gestión de Fiscalización para
Personas Jurídicas y Asimiladas remitió el requerimiento ordinario al correo electrónico
de quien figuraba como representante legal de la sociedad C.A.C. MAQUILA S.A.

El 12 de junio de 2019, el representante legal de C.A.C. MAQUILA S.A., dio respuesta
al requerimiento ordinario e informó «… que nuestra Compañía no tuvo, ni ha tenido
ninguna clase de intercambio comercial con la COMPAÑÍA NACIONAL DE ACEITES
SA»19.

(ii) En respuesta al requerimiento ordinario 322402019001211 del 10 de mayo de 2019,
la representante legal suplente de Zona Franca Industrial de Bienes y de Servicios de
Barranquilla S.A. – usuario operador de zona franca mediante escrito del 4 de junio de
2019 precisó que «realizada la validación registrada en nuestro sistema de control de
operaciones e inventarios, e-franco, no se evidencia operaciones de ingreso de
mercancías desde la empresa COMPAÑÍA NACIONAL DE ACEITES S.A. hacia C.A.C.
MAQUILAS S.A. durante el 2do bimestre del año gravable 2017»20.

(iii) En virtud del Auto de Verificación o Cruce 322402019000664 del 15 de febrero de
2019, se realizó visita en la dirección CL 57 SUR 76 A 30 Barrio Bosa en la ciudad de
Bogotá, la cual fue recibida por la revisora fiscal autorizada por el Representante Legal

16
Sentencias del 10 de julio y 6 de agosto de 2025, exps. 29389 y 29430, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; del 31 de octubre
de 2025, exp. 28332, CP. Claudia Rodríguez Velásquez.
17
Folios 409 a 413 del cuaderno de los antecedentes administrativos, tomo 4.
18
Folio 413 vto. del cuaderno de los antecedentes administrativos, tomo 4.
19
Folio 418 del cuaderno de los antecedentes administrativos, tomo 4.
20
Folio 396 del cuaderno de los antecedentes administrativos, tomo 3.

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8

Radicado: 25000-23-37-000-2021-00728-01 (29354)
Demandante: Compañía Nacional de Aceites S.A. en reorganización

de la sociedad investigada. En dicha diligencia fueron aportados copia del auxiliar
contable del ingreso operacional correspondiente al segundo bimestre del año 201721;
la relación de ventas efectuadas a C.A.C. MAQUILA S.A. por las ventas efectuadas en
el periodo en discusión22; y remisiones y facturas de venta expedidas al cliente C.A.C.
MAQUILA S.A.23.

De acuerdo con las facturas aportadas, en ellas se identifica a la sociedad Maquila
como el comprador, el aceite de soya refinado como el producto objeto de venta, la
cantidad en kilogramos, su valor facturado y el IVA liquidado a una tarifa del 0%. Sin
embargo, junto con las remisiones no contienen firmas de quienes las suscriben.

Por su parte, los formularios de movimiento de ingreso aportados por la demandante
no contienen el número y fecha de autorización de ingreso por parte del usuario
operador de zona franca, aunado a que del detalle de movimiento de entradas y salidas
no se evidencia por parte de la contribuyente el movimiento de aceites de soya
refinado.

A partir de lo anterior, se colige que no se encuentra probada la condición que prevé
el literal e) del artículo 481 del ET para que los bienes vendidos, en este caso el aceite
de soya refinado, se considere un bien exento con derecho a devolución, habida
cuenta que conforme lo determinó la DIAN en los actos demandados, no se acreditó
que dicha materia prima ingresara a zona franca para ser usada en el desarrollo del
objeto social del usuario, toda vez que dicho objeto social debe ser exclusivamente
desarrollado al interior de la zona franca.

Cabe precisar que las facturas, los auxiliares contables por sí solos no prueban dicho
presupuesto legal. Por el contrario, dan cuenta de la realización de una transacción
económica de venta del aceite de soya, no de que este ingresara a la Zona Franca en
las que se encontraban las sociedades compradoras. Si bien la contribuyente allegó
formularios de movimiento de mercancías respecto de C.A.C. Maquila S.A.S., estos
no tienen la autorización del operador de la zona franca. La DIAN evidenció que la
información que tienen esos documentos tampoco coincide con la reportada por dicho
operador, ni se encuentra dentro de sus registros, hecho no desvirtuado por la
demandante.

En ese sentido, analizadas en conjunto las pruebas que obran en el expediente bajo
las reglas de la sana crítica, para la Sala el acervo probatorio no da certeza de que el
aceite de soya vendido por la demandante haya ingresado efectivamente a zona franca
como se deriva del contexto normativo. Se pudo constatar que los operadores de las
zonas francas no reportaron respecto del contribuyente movimiento de entradas de
mercancías de aceite de soya refinado, lo que se ratificó por parte de la DIAN en el
«Sistema Informático Electrónico Salida de Mercancías» en el cual se constató que no aparecen
registros por operaciones realizadas del contribuyente con el mencionado usuario con
destino a zona franca.

Contrario a lo aducido por la demandante, no se pretende exigir al contribuyente
obligaciones adicionales a las establecidas por la ley, menos respecto de los terceros
con los que realiza sus operaciones. El deber de la administración es verificar la
realidad sustancial y material de las operaciones, no el simple cumplimiento de las
normas tributarias que, como en este caso, dieron lugar a la clasificación de los
ingresos por operaciones exentas. La DIAN también está facultada para verificar la
ocurrencia real de las circunstancias dentro de las que se verificó el incumplimiento de
la condición prevista en el literal e) del artículo 481 del ET, que llevaron a la
administración a la conclusión justificada de la clasificación de dichos ingresos como
gravados a la tarifa general. En consecuencia, el cargo de apelación no prospera.

21
Folios 63 a 66 del cuaderno de los antecedentes administrativos, tomo 1.
22
Folios 90 a 118 del cuaderno de los antecedentes administrativos, tomo 1
23
Folios 140 a 257 del cuaderno de los antecedentes administrativos, tomos 1 y 2.

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Radicado: 25000-23-37-000-2021-00728-01 (29354)
Demandante: Compañía Nacional de Aceites S.A. en reorganización

Tercer cargo: Sanción por inexactitud. Artículo 647 del ET.

En el caso concreto, se demostró que la demandante incluyó como ingresos exentos,
que al no cumplir con el literal e) del artículo 481 del ET, debían ser registrados como
ingresos gravados a la tarifa general, con lo cual disminuyó en forma improcedente el
impuesto a cargo y concretó el tipo sancionatorio de la inexactitud previsto en el
artículo 647 ib.

Tal irregularidad no tuvo origen en una interpretación razonable de las normas
tributarias que rigen el beneficio de la exención del IVA por ventas de materias primas
o insumos a un usuario industrial de zona franca. Lo que excluye la configuración de
una diferencia de criterios que exonere a la demandante de la sanción por inexactitud.

Conclusión

1. Conforme con las consideraciones precedentes, la exención prevista en el literal e)
del artículo 481 del ET, está sujeta a que el vendedor que solicita la exención acredite,
especialmente, la entrega del insumo en zona franca, lugar donde el comprador debe
desarrollar el objeto social que da lugar a la exención. Esto, en los términos del artículo
788 del ET.

Costas

Acorde con el criterio acogido por la Sala mayoritaria24 al momento de expedir esta
decisión, se condenará a la parte demandante en agencias en derecho en esta
instancia, con un (1) salario mínimo legal mensual vigente, según lo dispuesto por el
por Acuerdo No. PASAA16-10554 del 5 de agosto del 2016 del Consejo Superior de
la Judicatura, y en atención a lo establecido por el artículo 365.3 del CGP.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Condenar en costas a la parte demandante, en su modalidad de agencias en
derecho, con 1 SMLMV, de acuerdo con el Acuerdo No. PASAA16-10554 del 5 de
agosto del 2016 del Consejo Superior de la Judicatura y la parte motiva de esta
providencia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclaro voto

(Firmado electrónicamente)
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

24
Sentencia del 23 de septiembre de 2025 (exp. 28292, CP. Wilson Ramos Girón).

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