Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04682-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04682-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04682-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-04682-00
Demandante PRISCILIANO HUERTAS MOLINA
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defectos fáctico y
sustantivo. Proceso ejecutivo. Pago horas extras y suplementarios a
personal de bomberos. Mandamiento de Pago. Requisitos de
procedencia de tutela contra providencia judicial: la relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera
instancia, la acción de tutela instaurada por Prisciliano Huertas Molina de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 17 de junio de 20261, el señor Prisciliano Huertas Molina quien actúa por conducto
de apoderado interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, por considerar que esa autoridad judicial vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y a la igualdad con las providencias del 8 de agosto de 2025 y del 26 de febrero de
2026, proferidas en segunda instancia en proceso ejecutivo 25000-23-42-000-2021-
00113-00/01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: Que el Honorable Consejo de Estado conceda al señor PRISCILIANO HUERTAS
MOLINA, la tutela interpuesta, con el fin de proteger sus derechos Constitucionales
Fundamentales: DERECHO A LA IGUALDAD, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, y el
derecho al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA conforme a los artículos 13, 29
y 229 de la Constitución Política.
SEGUNDA: Que el Honorable Consejo de Estado, ampare al señor PRISCILIANO HUERTAS
MOLINA, los derechos Constitucionales Fundamentales: DERECHO A LA IGUALDAD,
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, y el derecho al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA y disponga DEJAR SIN EFECTOS las decisiones adoptadas por la SECCIÔN
SEGUNDA-SUBSECCIÓN "A", DEL H. CONSEJO DE ESTADO, con la expedición de las
providencias proferidas por esta instancia judicial, el 8 de agosto de 2025, notificada
electrónicamente el 18 de septiembre de 2025, mediante la cual la accionada confirmó la
providencia 26 de enero de 2024 notificada el 1 de febrero de 2024, proferida por la
Subsección B del H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y finalmente al proferir la
providencia que no accedió a la solicitud de adición, aclaración y corrección, del 26 de febrero
de 2026 notificada el 10 de marzo de 2026, por la cual no se accedió a la solicitud de adición,
aclaración y corrección de la providencia proferida el 8 de agosto de 2025; solicitadas por la
parte ejecutante, dentro del proceso ejecutivo con Radicación 25000 23 42000 2021 00 113
01;
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Escrito de tutela radicado a través la Secretaría On Line del aplicativo SAMAI.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04682-00
Demandante: Prisciliano Huertas Molina
TERCERA: Que el Honorable Consejo de Estado, con base en lo anterior, ordene a la
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN "A", DEL H. CONSEJO DE ESTADO, que profiera una
nueva providencia, mediante la cual se revoquen las providencias proferidas el 8 de agosto
de 2025 y 26 de febrero de 2026, y se profiera nueva providencia que de alcance real a los
puntos respecto al reconocimiento de reliquidación de la totalidad de horas laboradas y
pagadas de manera incompleta por la entidad (dividiendo la asignación básica mensual en
240 horas) respecto a los recargos nocturnos ordinarios del 35%, recargos festivos diurnos
del 200% y recargos festivos nocturnos del 235%, para que sean reconocidas y pagados
dividiendo la asignación básica mensual en 190 horas mensuales, acorde con la sentencia de
recaudo de segunda instancia proferida por el H. Consejo de Estado Sección Segunda
Subsección A del 22 de abril de 2015, así como el debido reconocimiento y pago de los
compensatorios por exceso de horas extras, dando alcance al literal e) del artículo 36 del
Decreto 1042 de 1978, como lo dispuso el H. Consejo de Estado en la sentencia de recaudo
de segunda instancia, como también que se reconozca que la fecha de inicio de la liquidación
a favor del ejecutante es desde el 14 de agosto de 2006 y no desde el 1 de diciembre de 2007,
acorde con lo ordenado en las sentencias de recaudo teniendo en cuenta los parámetros de
las mismas, toda vez que en las providencia del H. Tribunal Administrativa de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección B de fecha 26 de enero de 2024 se desconoció de plano lo
dispuesto en la sentencia de recaudo de segunda instancia del proceso declarativo, esto es a
la proferida el 22 de abril de 2015 dentro del proceso de acción de nulidad y restablecimiento
del derecho expediente 25000 23 25000 2010 00 278 01.; en reconocimiento de los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, del
accionante dentro de la presente demanda de tutela, dando alcance real a los artículos 33, 35,
36 literal e), 37 y 39 del Decreto Ley 1042 de 1978».
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
25000-23-25-000-2010-00278-00/01
2.1. El señor Prisciliano Huertas Molina laboró al servicio de la Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y solicitó el reconocimiento y
pago de las horas extras, dominicales y festivos a los que consideró tener
derecho, lo que le fue negado.
2.2. Por lo anterior, el mencionado ciudadano en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho demandó al Distrito Capital, Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá con el fin de
que se declarara la nulidad del acto administrativo por el que se negó el
reconocimiento de los valores suplementarios solicitados y en consecuencia,
pidió el reconocimiento y pago de horas extras, dominicales, festivos y trabajo
suplementario, debidamente indexado y con la respectiva liquidación en las
prestaciones sociales correspondientes.
2.3. En primera instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B emitió sentencia el 6 de diciembre de 2012 en la que
se negaron las pretensiones de la demanda.
2.4. En segunda instancia, conoció el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A que, en sentencia del 22 de abril de 2015 (notificada por edicto
fijado el 19 de junio de 2015) revocó la decisión del tribunal y en su lugar accedió
a las pretensiones de la demanda.
La sentencia ordenó el pago a favor del accionante del trabajo que excediera
de 190 horas mensuales, por lo que dispuso se liquidaran y cancelaran las
horas extras con sus descansos compensatorios si hubiere lugar, además la
remuneración por su trabajo en días de descanso obligatorio dominicales y
festivos, así como los recargos tanto ordinarios como festivos nocturnos que
hubiere laborado el actor desde el 14 de agosto de 2006.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04682-00
Demandante: Prisciliano Huertas Molina
En relación con el proceso ejecutivo 25000-23-42-000-2021-00113-00/01
2.5. La parte actora presentó demanda ejecutiva con el propósito de que se diera
estricto cumplimiento a lo ordenado en la sentencia respectiva pues pese a
que se emitió acto administrativo por parte de la entidad demandada, el actor
consideró que no se acató lo dispuesto en la decisión que le fue favorable.
2.6. Conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B el proceso ejecutivo en el que por auto del
26 de enero de 2024 libró mandamiento de pago a favor del actor y en contra
de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
por valor de $41.708.715,17 conforme al informe técnico aportado por el área
contable de la Corporación.
2.7. Contra la anterior decisión el ejecutante, hoy accionante, presentó recurso de
apelación. Conoció en segunda instancia el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A que en providencia del 8 de agosto de 2025 confirmó
la decisión del tribunal.
Consideró que el saldo consolidado de $41.708.715,17 por el cual se libró el
mandamiento de pago no correspondía exclusivamente al concepto de
intereses moratorios conforme al artículo 177 del entonces Código
Contencioso Administrativo como lo afirmaba en el recurso de alzada y que,
esa suma correspondía al valor total resultante de los cálculos efectuados, que
incluían la reliquidación de horas extras diurnas y nocturnas, recargos
nocturnos, recargos por trabajo en festivos y dominicales (tanto diurnos como
nocturnos), cesantías, intereses a las cesantías e indexación.
Agregó que se descontaron los valores correspondientes a aportes en salud y
pensión a cargo del ejecutante con ocasión de los incrementos dinerarios
recibidos así como los pagos efectuados por la entidad a través de nómina y
el valor reconocido en el acto administrativo respectivo y que, se incluyó el
saldo insoluto por concepto de intereses moratorios, calculados desde la
ejecutoria de la sentencia hasta la fecha de formulación de la liquidación.
2.8. El accionante presentó solicitud de corrección, adición y aclaración de la
providencia del 8 de agosto de 2025, resuelto por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A en auto del 26 de febrero de 2026 (notificada
por correo electrónico el 10 de marzo de 2026) que negó lo solicitado por el actor.
Encontró que los argumentos del solicitante estaban dirigidos a que se
reconsiderara nuevamente lo resuelto en la providencia respectiva, que se
estaban reiterando planteamientos ya analizados y que se buscaba era reabrir
el debate.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora alegó que las providencias del 8 de agosto de 2025 y del 26 de
febrero de 2026 proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A en el proceso ejecutivo 25000-23-42-000-2021-00113-00/01 incurrieron en los
defectos fáctico y sustantivo. Las razones fueron las siguientes:
3.1. Defecto fáctico fundamentado en que se valoró erróneamente lo ordenado en
la sentencia objeto de ejecución en la que se dispuso el reconocimiento de
horas extras, descanso compensatorio por exceso de horas extras,
reliquidación de recargos nocturnos ordinarios y festivos diurnos y nocturnos
desde el 14 de agosto de 2006, lo que dijo, se omitió en el auto por el que se
libró mandamiento de pago el 26 de enero de 2024 y cuyo error continuó en la
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Demandante: Prisciliano Huertas Molina
providencia del 8 de agosto de 2025 que confirmó el mandamiento de pago y
la decisión del 26 de febrero de 2026 que resolvió no aclarar ni adicionar lo
resuelto en el auto del 8 de agosto citado.
Consideró que no era lo mismo el reconocimiento de la reliquidación de la
totalidad de recargos del 35%, 200% y 235% laborados mes a mes y que
tampoco era admisible que se negara el reconocimiento y pago de los
compensatorios por exceso de horas extras sin tener en cuenta que laboraba
15 turnos mensuales de 24 horas, para un promedio de 360 horas mensuales,
siendo la jornada máxima legal de 190 horas después del reconocimiento de
las 50 horas extras y nocturnas mensuales, quedando pendientes de
reconocimiento y pago 120 horas mensuales en promedio, conforme con el
literal e) del artículo 36 del Decreto Ley 1042 de 1978 y lo ordenado en la
sentencia de recaudo.
Dijo además que se desconocía que la fecha de inicio de la liquidación debía
ser a partir del 14 de agosto de 2006 hasta el 28 de febrero de 2016 fecha de
su retiro, pero que solo se reconoció a partir del 1 de diciembre de 2007 lo cual
desconocía lo dispuesto en la respectiva sentencia, en las normas y la
jurisprudencia.
3.2. Defecto sustantivo al hacer una interpretación errónea e irrazonable de las
normas y la jurisprudencia aplicable. Citó como desconocidos los artículos 36
y 39 del Decreto 1042 de 1978 respecto del reconocimiento de horas extras
diurnas y el reconocimiento de los compensatorios por exceso de horas extras.
Anunció como precedentes desconocidos, las siguientes sentencias:
• Sentencia del 25 de septiembre de 2023 proferida por la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado, expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-
04299-00, accionante: Luis Antonio Castellanos Rodríguez, con ponencia del
doctor Fredy Ibarra Martínez.
• Sentencia del 10 de junio de 2021 proferida por la Sección Quinta de esta
Corporación, expediente Nro. 11001-03-15-000-2021-01379-00, con ponencia
del doctor Luis Alberto Álvarez Parra, accionante: Jorge Carpintero León.
• Sentencia del 9 de septiembre de 2021 proferida por la Sección Segunda,
Subsección A de esta Corporación, expediente Nro. 11001-03-15-000-2021-
05248-00, con ponencia del doctor Gabriel Valbuena Hernández, accionante:
William Alberto Castillo Pinzón.
• Sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
expediente Nro. 25000-23-25-000-2010-00725-01, demandante: Omar Bedoya.
• Sentencia del 22 de junio de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, expediente Nro. 25000-23-42-000-2018-01477-
01, demandante: Andrés Felipe Galán Torres, con ponencia del doctor Jorge Iván
Duque Gutiérrez.
• Sentencia del 3 de septiembre de 2024, proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, expediente Nro. 25000-23-42-000-
2018-01474-01, demandante: Juan Sebastián Velandia García, con ponencia del
doctor Juan Enrique Bedoya Escobar.
• Sentencia del 14 de noviembre de 2024, expediente Nro. 25000-23-42-000-2018-
00015-01, con ponencia del doctor Luis Eduardo Mesa Nieves.
• Sentencia del 20 de febrero de 2025, expediente Nro. 25000-23-42-000-2018-
01523-01, con ponencia del doctor Luis Eduardo Mesa Nieves.
• Sentencia del 20 de febrero de 2025, expediente Nro. 25000-23-42-000-2021-
00266-01, con ponencia del doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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Demandante: Prisciliano Huertas Molina
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 23 de junio de 2026 el despacho ponente: (i) admitió la acción de
tutela interpuesta por el señor Prisciliano Huertas Molina contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A; (ii) ordenó la notificación de las
partes; (iii) como terceros con interés dispuso vincular al Distrito Capital de
Bogotá, Secretaría de Gobierno y a la Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotá (autoridades que actuaron como demandadas en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho) y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público (quienes fueron
vinculadas en el proceso ordinario); igualmente al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B (autoridad judicial que emitió
fallo de primera instancia en el citado medio de control).
4.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A intervino por
conducto del magistrado ponente quien indicó que en el escrito de tutela no se
advertía la configuración de alguna de las causales de procedibilidad especial
con lo que pudiera predicarse vulneración de algún derecho fundamental o de
un perjuicio irremediable, lo que hacía que la presente acción fuera
improcedente.
Además sostuvo que se reiteraban los argumentos expuestos en el recurso de
apelación lo que hacía que no se cumpliera con el requisito de la relevancia
constitucional por entender la tutela como una instancia adicional lo que la
hacía improcedente. En consecuencia, pidió que se declare improcedente la
presente acción o en su defecto, se negaran las pretensiones de la demanda.
4.3. La Secretaría de Gobierno del Distrito Capital de Bogotá presentó informe
por conducto de la directora jurídica (E) en el que manifestó que no le asistía
legitimación en la causa por pasiva al no haber intervenido en la elaboración o
aprobación de la liquidación discutida, no fue destinataria del mandamiento
ejecutivo de pago y carecía de competencia para modificar las providencias
cuestionadas o asumir las obligaciones económicas debatidas.
Agregó que en su momento fueron mencionados en la sentencia del 22 de
abril de 2015 pero que eso obedeció a la estructura administrativa existente
para la época en que se originaron los hechos que no permitía extender
automáticamente la legitimación por pasiva a la entidad. Además consideró
que de la revisión de la demanda de tutela se advertía que lo pretendido era
convertir la tutela en una tercera instancia al buscar reabrir un debate jurídico,
probatorio y contable que fue planteado y resuelto por los jueces naturales.
Pidió ser desvinculada de la presente acción y se negaran las pretensiones de
la presente acción.
4.4. La Secretaría Jurídica del Distrito Capital de Bogotá, rindió informe por
intermedio del director distrital de gestión judicial presentó escrito en el que
manifestó que no le asistía legitimación en la causa por pasiva y manifestó
haber dado traslado a la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá quienes eran los llamados a dar contestación a la
presente acción. Por lo anterior, pidió ser desvinculada de la presente acción
de tutela.
4.5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público, no se
pronunciaron en esta oportunidad no obstante haber sido notificados de la
existencia de la presente acción.
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Demandante: Prisciliano Huertas Molina
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991,2 fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige una mejor
fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el
análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los
argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
Ahora bien, cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida
por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la
acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las
encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que
los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia.
Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional
para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada
debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa
con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
2
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
3
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
4
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
5
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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Demandante: Prisciliano Huertas Molina
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
Es importante tener en cuenta que, en la sentencia, SU-573 de 20176, la Corte
Constitucional analizó el tercer elemento en el acápite de relevancia constitucional.
3. Solicitudes de desvinculación
Las Secretarías de Gobierno y Jurídica del Distrito Capital de Bogotá manifestaron
que no les asistía legitimación en la causa por pasiva porque lo cuestionado eran
providencias judiciales al interior de un proceso ejecutivo en el que no se había
emitido orden alguna que las hiciera responsables o en lo que tuvieran que ver
conforme a las funciones asignadas legalmente a cada una de ellas.
La Sala precisa que, según lo dispuesto en el auto admisorio de la acción de tutela,
las mencionadas entidades fueron vinculadas al proceso constitucional en calidad
de terceros con interés y no como parte demandada.
Lo anterior considerando que en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho cuya providencia de cierre resolvió acceder a las pretensiones de la
demanda y que es la base de ejecución en el proceso ejecutivo que se tramita
actualmente, se mencionaron como parte demandada.
De acuerdo con lo anterior, y al tenor de lo establecido en el artículo 13 del Decreto
2591 de 19917, a las citadas entidades distritales le asiste interés legítimo en el
resultado de este proceso constitucional y por tal motivo deben permanecer
vinculadas a éste en la calidad de terceros reconocidos en el auto admisorio de la
tutela. Así las cosas, la Sala negará la solicitud de desvinculación propuesta.
4. Planteamiento del problema jurídico
Según los antecedentes del caso, el escrito de tutela y teniendo en cuenta que se
trata de una tutela contra providencia judicial, debe verificar previamente la Sala si
se cumplen los requisitos de procedencia de tutela contra providencia judicial, en
especial el requisito de relevancia constitucional.
De encontrarse acreditado este y los demás requisitos de procedencia,
corresponderá determinar si el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A al emitir las providencias del 8 de agosto de 2025 y del 26 de febrero de 2026 en
el proceso ejecutivo 25000-23-42-000-2021-00113-00/01 incurrió en los defectos
fáctico y sustantivo, propuestos por la parte actora.
5. Requisito de relevancia constitucional
La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
6
Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.
7
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o
el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado
en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se
entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04682-00
Demandante: Prisciliano Huertas Molina
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito,
esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de
Estado en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte
Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios
orientadores8.
La Corte Constitucional ha precisado que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales.
El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, tratándose de tutela
contra providencia judicial, implica un conjunto de elementos que deben reunirse.
En este sentido, son varios los aspectos que se estudian a fin de definir si un asunto
es de relevancia constitucional. Entre esos elementos, se requiere que la acción
constitucional no se esté empleando como una instancia adicional para reabrir o
prolongar el mismo debate ya surtido ante el juez natural; que se cumpla con una
carga argumentativa suficiente; que no se trate de una discusión eminentemente
legal o de contenido económico que no comprometa derechos fundamentales; que
no se utilice para proponer nuevos argumentos y que los propuestos se acompasen
con las razones de la decisión judicial cuestionada, entre otras condiciones.
6. Análisis del caso concreto
6.1. De acuerdo con los fundamentos expuestos por la parte actora, evidencia la
Sala que insisten en la forma como en su criterio, debían ser liquidados los
valores a pagar por conceptos reconocidos en una sentencia judicial cuyo
cumplimiento pretende a través del proceso ejecutivo.
Revisados los antecedentes del proceso de ejecución se establece que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B en
providencia del 26 de enero de 2024 libró mandamiento ejecutivo conforme el
concepto técnico del área contable de esa Corporación, monto liquidado con
el que no estuvo de acuerdo el accionante y por lo que interpuso recurso de
apelación resuelto por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
8
A saber: Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción
de tutela.
Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La
discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada,
deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia
en el sentido de la propia decisión cuestionada.
Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela
contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la
providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
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Estado en providencia del 8 de agosto de 2025 en el sentido de confirmar la
providencia del tribunal, decisión que cuestiona ahora a través de la presente
acción, junto con el auto mediante el cual se resolvió la solicitud de aclaración,
corrección y adición de la providencia del 26 de febrero de 2026.
6.2. Revisados los argumentos del accionante encuentra la Sección que censura
la forma como se liquidaron los valores por los que se ordenó librar
mandamiento de pago en las decisiones judiciales, principalmente por lo
siguiente:
(i) En su criterio se valoró erróneamente lo ordenado en la sentencia objeto
de ejecución en la que se dispuso el reconocimiento de horas extras,
descanso compensatorio por exceso de horas extras, reliquidación de
recargos nocturnos ordinarios y festivos diurnos y nocturnos desde el 14
de agosto de 2006, lo que dijo, se omitió en el auto por el que se libró
mandamiento de pago el 26 de enero de 2024 y cuyo error continuó en
la providencia del 8 de agosto de 2025 que confirmó el mandamiento de
pago y la decisión del 26 de febrero de 2026 que resolvió no aclarar ni
adicionar lo resuelto en el auto del 8 de agosto citado.
(ii) Consideró que no era lo mismo el reconocimiento de la reliquidación de
la totalidad de recargos del 35%, 200% y 235% laborados mes a mes y
que tampoco era admisible que se negara el reconocimiento y pago de
los compensatorios por exceso de horas extras sin tener en cuenta que
laboraba 15 turnos mensuales de 24 horas, para un promedio de 360
horas mensuales, siendo la jornada máxima legal de 190 horas después
del reconocimiento de las 50 horas extras y nocturnas mensuales,
quedando pendientes de reconocimiento y pago 120 horas mensuales en
promedio, conforme con el literal e) del artículo 36 del Decreto Ley 1042
de 1978 y lo ordenado en la sentencia de recaudo.
(iii) Dijo además que se desconocía que la fecha de inicio de la liquidación
debía ser a partir del 14 de agosto de 2006 hasta el 28 de febrero de
2016 fecha de su retiro, pero que solo se reconoció a partir del 1 de
diciembre de 2007 lo cual desconocía lo dispuesto en la respectiva
sentencia, en las normas y la jurisprudencia.
6.3. Ahora bien, una vez revisado el recurso de apelación interpuesto por el hoy
accionante contra el auto del 26 de enero de 2024 que libró el mandamiento
ejecutivo a su favor por una suma distinta a la pedida por el ejecutante, se
advierte que los argumentos estuvieron orientados a manifestar la misma
inconformidad en relación con la interpretación que le dieron a la sentencia
que sirvió de título ejecutivo en relación con la forma de liquidar las horas de
trabajo suplementario y extra, incluso con saldos en negativo al final del
ejercicio. Como se observa a continuación:
(i) Manifestó que el mandamiento de pago se sustentó en la liquidación
realizada por la parte contable del tribunal que solo reconoció la suma de
$41.708.715,17 por concepto de intereses moratorios. Además, que se
erró al liquidar el periodo a reconocer conforme lo ordenado en la
sentencia objeto de recaudo al haberse hecho una liquidación desde
diciembre de 2007, omitiendo más de un año del período reconocido.
(ii) Se refirió a la indebida reliquidación de los recargos por trabajo en
festivos y dominicales (200% y 235%), así como de los recargos
nocturnos ordinarios del 35%, así como la omisión en cuanto a la
liquidación mes a mes de las horas laboradas, ya que dijo tener derecho
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al reconocimiento y pago de los días compensatorios en razón a un día
hábil por cada 8 horas que excedan las 50 horas mensuales, tal y como
se reconoció en el título ejecutivo.
(iii) Censuró que en el concepto contable que fue tenido en cuenta para
liquidar, se hubieran omitido los anexos donde se habían hecho las
cuentas en donde se analizaban los días laborados en promedio
mensualmente correspondiente a 360 horas y se evidenciaba que solo
se le habían cancelado la asignación básica y «un promedio de 144 horas
de recargos ordinarios nocturnos del 35%, 24 horas de recargos festivos
diurnos del 200% y 24 horas de recargos festivos nocturnos» .
6.4. Una vez expuestos estos planteamientos al juez de la ejecución de segunda
instancia, estos fueron resueltos en la providencia objeto de censura, veamos:
«Como se observa, el saldo consolidado de $41.708.715,17 por el cual se libró el mandamiento de
pago no corresponde exclusivamente al concepto de intereses moratorios conforme al artículo 177
del CCA, como erradamente se afirma en el recurso de alzada. Por el contrario, dicha suma comprende el valor total resultante de los cálculos efectuados, que
incluyen la reliquidación de horas extras diurnas y nocturnas, recargos nocturnos, recargos por
trabajo en festivos y dominicales (tanto diurnos como nocturnos), cesantías, intereses a las
cesantías e indexación. Asimismo, se descontaron los valores correspondientes a aportes en salud
y pensión a cargo del ejecutante con ocasión de los incrementos dinerarios recibidos, así como los
pagos efectuados por la entidad a través de nómina y el valor reconocido mediante la Resolución
948 del 2 de octubre de 2020. Finalmente, se incluyó el saldo insoluto por concepto de intereses
moratorios, calculados desde la ejecutoria de la sentencia hasta la fecha de formulación de la
liquidación
En ese orden de ideas, la Sala advierte que el actor incurre en un error al interpretar el concepto
por el cual se libró el mandamiento de pago, motivo por el cual no le asiste razón en este reparo. De otro lado, el recurrente sostiene que el a quo omitió incluir en la liquidación parcial del crédito el
período laborado por el señor Huertas Molina entre el 14 de agosto de 2006 y diciembre de 2007,
pese a que la sentencia ordenó el reconocimiento y pago de derechos laborales desde el 14 de
abril (sic) de 2006. Esta omisión habría generado una reliquidación incorrecta de los recargos por
horas extras. La Sala, al examinar la liquidación tenida en cuenta por el tribunal, encuentra que, en efecto, al
identificar los extremos laborales del demandante se indicó que correspondía al mes de diciembre
de 2007. No obstante, tras revisar detalladamente cada uno de los factores incluidos en la referida
liquidación, se advierte que, en la práctica, se consideró como fecha de inicio de labores el mes de
agosto de 2006, tal y como lo indican las órdenes contenidas en el título ejecutivo. A efectos meramente ilustrativos y sin ánimo de exhaustividad, se expondrán dos de los factores
incluidos en dicha liquidación en los que se evidencia la inclusión del período comprendido entre
agosto de 2006 y diciembre de 2007, tal y como se puede verificar, verbigracia, en la liquidación
del recargo nocturno y del festivo. En ese sentido, si bien se identificó un error en la liquidación elaborada por el personal contable
del tribunal respecto a los extremos temporales de la relación laboral del ejecutante, dicho equívoco
fue de carácter meramente formal y no afectó sustancialmente el derecho reconocido. Ello, por
cuanto, se repite, en la liquidación de cada uno de los factores objeto de reliquidación se incluyó
efectivamente el período comprendido entre agosto de 2006 y diciembre de 2007. Lo anterior se corrobora con el hecho de que, al describir el objeto de la liquidación, el profesional
contable indicó que esta tenía como finalidad calcular el crédito del demandante por el período
comprendido entre agosto de 2006 y el 15 de febrero de 2016, en los siguientes términos:
(…)
Por lo tanto, no es cierto que existan errores sustanciales en el mandamiento de pago por la
supuesta omisión de horas extras y recargos correspondientes a determinados períodos
establecidos en la sentencia objeto de recaudo.
Asimismo, aunque el actor consideró que el supuesto desconocimiento de los periodos
comprendidos entre agosto de 2006 y diciembre de 2007 conllevó a que los recargos nocturnos se
reliquidaran con su saldo en su contra por -$18.871.922,16; lo cierto es que esta hipótesis la extrajo
igualmente de una indebida lectura de los cálculos efectuados por el tribunal.
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El recurrente también se encuentra inconforme con el no reconocimiento de los descansos
compensatorios, pues considera que el título ejecutivo contiene su condena en razón a un día hábil
por cada 8 horas que excedan las primeras 50 horas extras mensuales, por lo que deben ser
incluidos en el mandamiento de pago. Al respecto, advierte la Sala que esta Subsección, al proferir la sentencia que constituye el título
objeto de recaudo, negó la pretensión relativa al reconocimiento de descansos compensatorios y
horas extras superiores a las primeras 50 mensuales, con base en los siguientes argumentos:
(…)
De lo anterior se concluye que el título ejecutivo negó de forma expresa el reconocimiento de
descansos compensatorios y el reconocimiento de horas extras que excedan las primeras 50
mensuales superiores a la jornada ordinaria de 190 horas. Para ello, se citó el artículo 35 del Decreto 1045 de 1978, que establece que solo se pueden
cancelar hasta 50 horas extras mensuales; así como jurisprudencia de esta Corporación, según la
cual los descansos compensatorios derivan del trabajo realizado en días no hábiles bajo esquemas
de turnos de 24 horas laborales por 24 de descanso, sin que surja el derecho a una compensación
económica adicional. Por lo tanto, no es de recibo el argumento del recurso de apelación según el cual la decisión de
primera instancia desconoció el contenido del título ejecutivo, al afirmar que este dispuso el
reconocimiento y pago de descansos compensatorios por horas extras. Por el contrario, se advierte
que la sentencia ordinaria fue clara en señalar que no era procedente dicho reconocimiento, toda
vez que, bajo el esquema de turnos de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso, ya se
compensaba el tiempo laborado en exceso. De otro lado, el recurrente expuso que los cálculos del tribunal no tuvieron en cuenta los anexos
de la demanda ejecutiva, donde se liquidan cada uno de los recargos ordenados en la sentencia. Para la Sala, este argumento no contiene la suficiencia ni la claridad del caso para desvirtuar la
liquidación realizada por el profesional contable, en la que se basó el tribunal para proferir su
decisión. Ello, por cuanto la autoridad judicial expuso de manera clara los fundamentos jurídicos, los valores
y las operaciones aritméticas consideradas al momento de librar el mandamiento de pago. De tal
forma, el actor contaba con la posibilidad de presentar un análisis aritmético serio, claro y detallado
que sustentara sus reproches. Al respecto, debe recordarse que al recurrente le asiste la carga de explicar con suficiencia las
razones por las cuales consideró que el auto recurrido se equivocó en los cálculos aritméticos que
la órbita de los procesos de ejecución implica: a) detallar específicamente los errores en que incurrió
el juez de primera instancia al efectuar las operaciones que lo condujeron a librar el mandamiento
ejecutivo y b) al juez de segunda instancia no le corresponde realizar un estudio integral de la
liquidación de la autoridad judicial y confrontarla con la que presentó la parte demandante, con el
propósito de verificar cuál es la correcta, pues, es una carga del interesado precisar los yerros que
afectaron la decisión apelada. De otro lado, el recurrente expuso que los cálculos del tribunal no tuvieron en cuenta los anexos
de la demanda ejecutiva, donde se liquidan cada uno de los recargos ordenados en la sentencia. Para la Sala, este argumento no contiene la suficiencia ni la claridad del caso para desvirtuar la
liquidación realizada por el profesional contable, en la que se basó el tribunal para proferir su
decisión. Ello, por cuanto la autoridad judicial expuso de manera clara los fundamentos jurídicos, los valores
y las operaciones aritméticas consideradas al momento de librar el mandamiento de pago. De tal
forma, el actor contaba con la posibilidad de presentar un análisis aritmético serio, claro y detallado
que sustentara sus reproches.
Al respecto, debe recordarse que al recurrente le asiste la carga de explicar con suficiencia las
razones por las cuales consideró que el auto recurrido se equivocó en los cálculos aritméticos que
la órbita de los procesos de ejecución implica: a) detallar específicamente los errores en que incurrió
el juez de primera instancia al efectuar las operaciones que lo condujeron a librar el mandamiento
ejecutivo y b) al juez de segunda instancia no le corresponde realizar un estudio integral de la
liquidación de la autoridad judicial y confrontarla con la que presentó la parte demandante, con el
propósito de verificar cuál es la correcta, pues, es una carga del interesado precisar los yerros que
afectaron la decisión apelada».
6.5. Como puede verse, el asunto quedó resuelto en el curso del proceso ejecutivo
y, por tanto, esta acción de tutela es asumida como una nueva oportunidad
para exponer el desacuerdo de la parte actora con la forma como debían ser
liquidados los valores a pagar por conceptos reconocidos en la sentencia
judicial (título ejecutivo), pero que no giran en torno a la real vulneración de
derechos fundamentales por parte de la decisión del juez de la ejecución.
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Cabe advertir que el actor presentó escrito de aclaración, adición y corrección
del auto del 8 de agosto de 2025 por el que se confirmó la decisión de primer
grado que libró mandamiento de pago, reiterando en síntesis los argumentos
expuestos en el recurso de apelación, lo que precisamente se argumentó en
la providencia del 26 de febrero de 2026 que negó tal solicitud, en síntesis, por
insistir en los argumentos que, como queda dicho, se reiteran nuevamente a
través de este mecanismo constitucional.
6.6. En ese sentido, lo que se denota es que el accionante no solo busca emplear
la tutela para reiterar los argumentos planteados ante el juez de la causa, sino
que adicionalmente se utiliza para discutir asuntos económicos, pues como se
advirtió en el escrito de tutela se cuestionó el monto presuntamente adeudado
por el demandado.
Como se indicó previamente, el objeto de la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales no es ni insistir en las inconformidades ya resueltas en
el proceso ordinario ni mucho menos adicionar o completar los argumentos
que debieron exponerse ante el juez de la causa, a fin de convencerlo de la
causa defendida, como tampoco es discutir asuntos meramente económicos
que salen de la esfera de protección de los derechos fundamentales.
En este caso, advierte la Sala que no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional al utilizar este mecanismo, en primera medida, como una
instancia adicional para discutir sus inconformidades, precisando que si bien
en el escrito de tutela se dijo que no se utilizaba esta acción como una tercera
instancia, esa sola manifestación no hace cumplir el requisito, sino que se
requiere que en efecto no se le esté dando ese uso a este mecanismo
constitucional y, en segundo lugar, como en reiteradas ocasiones lo ha
señalado esta Sección en similares casos, no se cumple con el requisito pues
se está discutiendo un asunto meramente económico.
Ahora bien, algunos argumentos que se expusieron al juez de la ejecución de
segunda instancia y que se resolvieron en la providencia objeto de censura,
difieren de aquellos que ahora adiciona al juez de tutela y que se orientan al
desconocimiento de precedentes jurisprudenciales que, en su sentir, indican
la forma y porcentajes que debían tenerse en cuenta al momento de calcular
los valores por concepto de horas extras diurnas, nocturnas, festivos y demás
recargos, como si se tratara de la discusión en el proceso declarativo y
olvidando la naturaleza ejecutiva del proceso en el que se profirieron las
providencias que ahora acusa a través de este medio.
6.7. La jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela contra
providencias judiciales no se instituyó como un análisis de las mejores razones
entre las expuestas en la decisión atacada y la interpretación sostenida por el
tutelante, en tanto que no obedece a su naturaleza y propósito. De ahí que la
simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una vulneración de
derechos fundamentales.
De aceptar esa posibilidad, se desnaturalizaría la acción de tutela contra
providencias judiciales, como mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que
de manera reiterada se ha sostenido que cuando se controvierte decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.
Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por
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consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una
decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.
6.8. Por último, no debe olvidarse que tratándose de providencias judiciales
proferidas por altas Cortes (quienes cumplen la función de unificar
jurisprudencia y actuar como órganos de cierre en sus respectivas
jurisdicciones), se exige la configuración de un error en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política
y que sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. Lo cual no
acontece en el sub examine.
7. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la presente
acción al no estar acreditado el requisito de la relevancia constitucional por entender
la tutela como una instancia adicional.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por las Secretarías de
Gobierno y Jurídica del Distrito Capital de Bogotá, conforme lo expuesto.
2. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Prisciliano
Huertas Molina, de conformidad con las consideraciones hechas en esta
providencia.
3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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