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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05310-00

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05310-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor José Luis Alfaro Viracaché, quien actúa a través de apoderado judicial, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo.- Reconocer personería a la abogada Lisbeth Yanin Gómez Amaya, como apoderada de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en los términos del poder conferido y de conformidad con los artículos 75 y siguientes del Código General del Proceso. Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-05310-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05310-00
Accionante: JOSÉ LUIS ALFARO VIRACACHÉ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Defectos fáctico y
sustantivo. Proceso ejecutivo en el que se libró mandamiento de pago
por horas extras y suplementarios a personal de bomberos. Requisitos
de procedencia de tutela contra providencia judicial. Relevancia
constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor José Luis Alfaro Viracaché, quien actúa a través de
apoderado judicial, contra la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 10 de julio de 2026, la parte accionante acudió al juez constitucional con el fin de
que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y de
acceso a la administración de justicia que considera vulnerados por la autoridad
judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Que el Honorable Consejo de Estado conceda al señor JOSÉ LUIS ALFARO
VIRACACHÉ, la tutela interpuesta, con el fin de proteger sus derechos Constitucionales
Fundamentales: DERECHO A LA IGUALDAD, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, y el
derecho al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA conforme a los artículos 13,
29 y 229 de la Constitución Política.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05310-00
Accionante: José Luis Alfaro Viracaché

SEGUNDA: Que el Honorable Consejo de Estado, ampare al señor JOSÉ LUIS ALFARO
VIRACACHÉ, los derechos Constitucionales Fundamentales: DERECHO A LA
IGUALDAD, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, y el derecho al ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y disponga DEJAR SIN EFECTOS las decisiones
adoptadas por la SECCIÔN SEGUNDA-SUBSECCIÓN "C", DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, con la expedición de las providencias
proferidas por esta instancia judicial, el 10 de junio de 2025, notificada electrónicamente
el 11 de junio de 2025, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación contra la
providencia 5 de septiembre de 2022 proferida por el Juzgado 30 Administrativo de
Bogotá, y la providencia proferida el 6 de febrero de 2026 notificada el 9 de febrero de
2026, por la cual no se accedió a la solicitud de aclaración, corrección y/o adición de la
providencia de 10 de junio de 2025; solicitadas por la parte ejecutante, dentro del proceso
ejecutivo con Radicación 11001 33 35 030 2022 00264 01;

TERCERA: Que el Honorable Consejo de Estado, con base en lo anterior, ordene a la
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN "C", DEL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, que profiera una nueva providencia, mediante la cual se revoquen
las providencias proferidas el 10 de junio de 2025 y 6 de febrero de 2026, por el Tribunal,
y se disponga corregir los porcentajes reales a reconocer al ejecutante por concepto de
los recargos festivos diurnos con el 200% y los recargos festivos nocturnos con el 235%
conforme con lo dispuesto en la parte considerativa d la sentencia de recaudo de
segunda instancia a folios 19 y 20 (aspecto transcrito como hecho 3 de la demanda de
tutela), toda vez que la liquidación realizada por la parte contable del H. Tribunal remitida
a las partes el 17 de febrero de 2026, se demuestra que se aplicaron realmente para los
recargos festivos diurnos el 100% y para los recargos festivos nocturnos el 135%, como
se explica en los hechos 8 y 15 de la demanda de tutela, ordenando que la reliquidación
de los recargos dominicales y festivos diurnos y nocturnos, se efectúe tomando como
porcentajes el 200 % y 235% respectivamente, con base en lo establecido en el artículo
39 del Decreto 1042 de 1978 y los criterios jurisprudenciales del Honorable Consejo de
Estado, al respecto, dando alcance a la sentencia de recaudo de segunda instancia”.

2. Hechos

De la lectura de la demanda de tutela y de las piezas procesales que reposan en el
expediente se destacan los siguientes:

La parte ejecutante presentó demanda ejecutiva con la pretensión de que se diera
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 9 de agosto de 20171 dictada en el
marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, al considerar que
pese a que se emitió acto administrativo de ejecución por parte de la entidad
demandada, no se acató lo dispuesto en la decisión que le fue favorable.

El Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, conoció
del proceso ejecutivo laboral con radicado no. 11001 33 35 030 2022 00 264 01, y
por auto de 5 de septiembre de 2022 libró mandamiento de pago a favor del actor y
en contra de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de
1 El Tribunal corrigió la sentencia, en auto de 22 de noviembre de 2017.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05310-00
Accionante: José Luis Alfaro Viracaché

Bogotá, únicamente por concepto de los intereses moratorios que hubieran sido
causados desde el 30 de noviembre de 2017 – fecha de la ejecutoria de la
sentencia- hasta el 11 de febrero de 2019 – fecha en la que se realizó el pago de la
misma-, sobre el capital reconocido mediante Resolución 027 de 9 de enero de 2018
y liquidada mediante memorando SGH-2018, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 192 del CPACA.

Contra la anterior decisión, el ejecutante presentó recurso de apelación que conoció
en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, que en providencia de 10 de junio de 2025, notificada por
correo electrónico2 de 11 de junio de 2025, confirmó parcialmente la decisión de
primera instancia. Revocó el numeral segundo que negó el mandamiento de pago
por los demás conceptos y, en su lugar, adicionó la orden de pago en el sentido de
indicar que se debería pagar al actor además de los intereses moratorios ordenados
en el auto apelado, lo correspondiente a la suma de doce millones novecientos
setenta y seis mil seiscientos diecinueve pesos ($12.976.619,17), por concepto de
las diferencias relacionadas con la causación de horas extras diurnas y nocturnas,
y festivos diurnos y nocturnos sobre la jornada máxima de 190 horas mensuales
(recargos al 35%, 100% y 135%), por el periodo comprendido entre el 28 de junio
de 2011 al 31 de enero de 2019, así como las cesantías e intereses a las cesantías,
sin exceder el pago de 50 horas extras en el mes, sumas que deben ser indexadas
y, además, se deben liquidar intereses moratorios desde el día siguiente a la
ejecutoria de la sentencia hasta que se efectúe el pago de la obligación.

El accionante presentó solicitud de corrección, adición y aclaración de la providencia
del 10 de junio de 2025, que fue resuelta en auto de 6 de febrero de 2026 que la
negó, al considerar que los argumentos del solicitante más allá de corregir, adicionar
o aclarar, pretendían reabrir el debate jurídico que ya había sido resuelto en el
marco del recurso de apelación.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora alegó que las providencias del 10 de junio de 2025 que modificó el
mandamiento de pago que libró el juzgador de primera instancia y la decisión de 6
de febrero de 2026 que negó la solicitud de aclaración proferidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, incurrieron en
los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.

A su juicio, esas decisiones incurrieron en defecto fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial, por las siguientes razones:

2 Según el reporte entrega al correo jairosarpa@hotmail.com

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05310-00
Accionante: José Luis Alfaro Viracaché

Sobre el defecto fáctico indicó que las providencias cuestionadas valoraron
equivocadamente el título base de la ejecución y la liquidación efectuada para
determinar las sumas adeudadas. Señaló que en la sentencia objeto de recaudo se
había ordenado el reconocimiento de horas extras, compensatorios por exceso de
horas extras y la reliquidación de los recargos nocturnos ordinarios y festivos
diurnos y nocturnos, a lo que agregó que esa orden no fue observada
adecuadamente en el auto que libró mandamiento de pago yerro que, a su juicio,
se mantuvo en la providencia del 10 de junio de 2025 y en la decisión del 6 de
febrero de 2026 que negó la solicitud de corrección, aclaración y adición.

Indicó que, de acuerdo con las consideraciones de la sentencia objeto de ejecución,
los recargos nocturnos ordinarios, festivos diurnos y festivos nocturnos debían
reliquidarse con porcentajes del 35 %, 200 % y 235 %, respectivamente, y con
fundamento en una jornada máxima laboral de 190 horas mensuales y no de 240.
Sostuvo que, pese a ello, la liquidación remitida por el Tribunal el 17 de febrero de
2026 reflejó que los recargos festivos diurnos que habían sido liquidados con el 100
% y los festivos nocturnos con el 135 %, circunstancia que, según afirmó,
desconoció lo dispuesto en el título ejecutivo.

Expresó que esos errores podían advertirse al confrontar la liquidación con las
páginas 19 y 20 de la sentencia de 9 de agosto de 2017 y que, pese a ello, el
Tribunal confirmó el mandamiento de pago. En ese sentido, sostuvo que la autoridad
judicial omitió valorar correctamente el contenido y alcance de la sentencia objeto
de ejecución y mantuvo una liquidación que, en su criterio, no correspondía a las
órdenes contenidas en aquella.

Sobre el defecto sustantivo, la parte actora sostuvo que las providencias
cuestionadas incurrieron en una interpretación errónea e irrazonable de las normas
aplicables, particularmente del artículo 39 del Decreto 1042 de 1978, lo que, a su
juicio, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al
acceso a la administración de justicia. Señaló que el Tribunal interpretó
equivocadamente el régimen aplicable a la reliquidación de los recargos nocturnos
ordinarios y de los dominicales y festivos diurnos y nocturnos, pues consideró
porcentajes del 100 % y 135 % para estos últimos, cuando, según afirmó,
correspondía aplicar el 200 % y el 235 %, respectivamente, además del 35 % para
el recargo nocturno ordinario.

Afirmó que esos porcentajes debían aplicarse sobre la asignación básica mensual
dividida entre 190 horas mensuales y no 240, por corresponder, en su criterio, a la
jornada ordinaria laboral que debía emplearse para efectuar la reliquidación.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05310-00
Accionante: José Luis Alfaro Viracaché

Sostuvo que la interpretación acogida por el Tribunal desconoció el alcance del
artículo 39 del Decreto 1042 de 1978 y condujo a que se reconocieran sumas
inferiores a las que, según su postura, se derivaban de la sentencia objeto de
ejecución. En consecuencia, consideró que la autoridad judicial modificó
injustificadamente los parámetros que debían regir la liquidación de los recargos y,
con ello, desconoció el contenido del título ejecutivo y afectó los derechos
fundamentales invocados.

Finalmente señaló como precedentes judiciales desconocidos: i) sentencia del
27 de noviembre de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-04299-01 y ii)
sentencia de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
expediente nro. 25000234200020180147701 (4303-2022) CP Jorge Iván Duque
Gutiérrez.

Adicionalmente mencionó otras sentencias más recientes, a saber: iii) de 14 de
noviembre de 2024, C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves, expediente no.
25000234200020180001501; iv) de 14 de noviembre de 2024, C.P. Luis Eduardo
Mesa Nieves, expediente no. 25000234200020180152301; v) de 20 de febrero de
2025, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, expediente 25000234200020210026601 y
vi) de 20 de febrero de 2025, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, expediente no.
25000234200020220001401.

4. Trámite procesal

Por auto de 14 de julio de 2026, el despacho del magistrado sustanciador admitió la
solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la parte accionante y
a la autoridad judicial accionada -Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C -. De igual modo, al Juzgado Treinta Administrativo del
Circuito de Bogotá y a la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá, como terceros con interés en las resultas del proceso.
Finalmente, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas
130218 a 130222 del 16 de julio de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida
decisión.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05310-00
Accionante: José Luis Alfaro Viracaché

5. Oposición

5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C

El despacho del magistrado ponente hizo un relato de las actuaciones surtidas en
el proceso ejecutivo No. 11001-33-35-030-2022-00264-01, en el que indicó que al
estudiar el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 5 de septiembre de
2022 expidió el auto de fecha 10 de junio de 2025, en el que confirmó parcialmente
el auto recurrido y por el cual se había librado mandamiento de pago parcial, todo
ello con fundamento en las pruebas obrantes en el mismo y aplicando las normas
pertinentes en cuanto a los intereses moratorios.

Sostuvo que los autos expedidos por su despacho se encuentran ajustados a
derecho y no vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, alegados por el recurrente.

Finalmente, afirmó que lo pretendido por la parte actora a través de esta acción es
que se disponga a corregir los porcentajes del ejecutante por concepto de los
recargos festivos diurnos con el 200% y los recargos festivos nocturnos con el
235%, y no con el 100% y 135% respectivamente, sin embargo, no le asistía razón,
toda vez que los porcentajes autorizados fueron los acordes a la normativa y
jurisprudencia aplicable.

5.2. Respuesta de la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

La entidad, por intermedio de apoderada judicial, rindió informe de tutela y solicitó
declarar la improcedencia de la acción y negar las pretensiones. Sostuvo que no se
cumplió el requisito de subsidiariedad, pues el proceso ejecutivo se encontraba en
sus etapas iniciales y el accionante aún disponía de mecanismos procesales para
controvertir los parámetros de liquidación, en particular, la etapa de liquidación del
crédito prevista en el artículo 446 del Código General del Proceso. Añadió que
tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la
intervención del juez constitucional.

En cuanto al fondo indicó que la providencia cuestionada acogió la postura reiterada
del Consejo de Estado, entre otras, en la sentencia del 9 de noviembre de 2023,
radicado 25000-23-42-000-2022-00726-01, respecto de la liquidación de los
recargos por trabajo en dominicales y festivos. Explicó que las expresiones 200 %
y 235 %, relacionadas con la remuneración del trabajo en dominicales y festivos
diurnos y nocturnos, no correspondían a recargos adicionales en esos porcentajes,
pues el 200 % estaba integrado por el 100 % de la asignación básica y otro 100 %

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05310-00
Accionante: José Luis Alfaro Viracaché

correspondiente al recargo previsto en el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978. Por
ello, sostuvo que aplicar un recargo adicional del 200 % para los festivos diurnos y
del 235 % para los nocturnos implicaría reconocer tres veces el valor de una jornada
ordinaria, sin respaldo legal ni jurisprudencial.

Finalmente, afirmó que las providencias cuestionadas respetaron el debido proceso
y contaron con sustento normativo, jurisprudencial y técnico, por lo que la
inconformidad del accionante con la valoración jurídica efectuada por los jueces
naturales no configuró una vulneración de derechos fundamentales ni alguno de los
defectos que habilitaban excepcionalmente la tutela contra providencias judiciales.

5.3. El Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá remitió el link del
expediente, pero guardó silencio sobre los hechos que motivaron la presente acción
de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela presentada por el señor
José Luis Alfaro Viracaché es procedente de conformidad con los requisitos
generales cuando se cuestiona una providencia judicial y, en caso afirmativo, si la
autoridad judicial demandada con los autos de 6 de febrero de 2026 y 10 de junio
de 2025 incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del
precedente judicial.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones3.

3 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez

Ramírez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05310-00
Accionante: José Luis Alfaro Viracaché

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20054, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional5.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala6, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de
la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe

4 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria

Calle Correa.
5 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
6 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Accionante: José Luis Alfaro Viracaché

referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos
que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se
trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

De acuerdo con los fundamentos expuestos por la parte actora, evidencia la Sala
que insisten en la forma como en su criterio debían ser liquidados los valores a
pagar por conceptos reconocidos en una sentencia judicial cuyo cumplimiento
pretende a través del proceso ejecutivo, en el que se libró mandamiento de pago.

Revisados los antecedentes del proceso ejecutivo se observa que el Juzgado
Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 5 de
septiembre de 2022, libró mandamiento de pago a favor del actor y en contra de la
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, únicamente
por concepto de los intereses moratorios causados desde el 30 de noviembre de
2017 —fecha de ejecutoria de la sentencia— hasta el 11 de febrero de 2019 —fecha
en la que se realizó el pago—, sobre el capital reconocido mediante la Resolución
027 del 9 de enero de 2018 y liquidado mediante memorando SGH-2018, de
conformidad con el artículo 192 del CPACA.

Inconforme con esa decisión, el ejecutante interpuso recurso de apelación que fue
resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, mediante auto del 10 de junio de 2025. En esa providencia se
confirmó parcialmente la decisión respecto de los intereses moratorios y se adicionó

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la orden de pago por la suma de $12.976.619, por concepto de diferencias
relacionadas con horas extras diurnas y nocturnas, recargos ordinarios nocturnos y
festivos diurnos y nocturnos, cesantías e intereses a las cesantías, sobre una
jornada máxima legal de 190 horas mensuales y con recargos del 35 %, 100 % y
135 %. Posteriormente, mediante auto del 6 de febrero de 2026, esa corporación
judicial negó la solicitud de corrección, aclaración y adición presentada por el
ejecutante contra la anterior decisión. Ambas providencias son objeto de
cuestionamiento en la presente acción de tutela.

Revisados los argumentos del accionante, la Sala encuentra que las censuras
formuladas contra esas decisiones se concretaron en los siguientes aspectos:

(i) En relación con el defecto fáctico sostuvo que se valoró equivocadamente el
contenido y alcance de la sentencia objeto de ejecución, en la cual se había
dispuesto el reconocimiento de horas extras, compensatorios por exceso de horas
extras y la reliquidación de los recargos nocturnos ordinarios y festivos diurnos y
nocturnos. Afirmó que esa orden no fue observada adecuadamente en el auto que
libró mandamiento de pago de 5 de septiembre de 2022 y que el yerro se mantuvo
en las providencias de 10 de junio de 2025 y de 6 de febrero de 2026.

(ii) Respecto del defecto sustantivo señaló que se efectuó una interpretación
errónea e irrazonable de las normas y la jurisprudencia aplicables. En particular,
cuestionó la interpretación del artículo 39 del Decreto 1042 de 1978 respecto de los
recargos por trabajo dominical y festivo, pues sostuvo que los recargos nocturnos
ordinarios, festivos diurnos y festivos nocturnos debían reconocerse con
porcentajes del 35 %, 200 % y 235 %, respectivamente. Asimismo, afirmó que para
efectuar la reliquidación debía tomarse como base una jornada máxima de 190
horas mensuales y no de 240.

(iii) En ese sentido, sostuvo que la liquidación de los recargos festivos nocturnos
debía efectuarse con el 235 %, la de los recargos nocturnos ordinarios con el 35 %
y la de los festivos diurnos con el 200 %, con división de la asignación básica
mensual entre 190 horas. Afirmó que esos parámetros se desprendían de la
sentencia objeto de recaudo y que, pese a ello, la liquidación que sirvió de
fundamento a la providencia del 10 de junio de 2025 aplicó porcentajes del 135 %
para los recargos festivos nocturnos y del 100 % para los festivos diurnos, lo que,
en su criterio, desconoció el contenido del título ejecutivo.

(iv) Finalmente, alegó el desconocimiento del precedente judicial y señaló como
aplicables al asunto varias decisiones del Consejo de Estado que, a su juicio,
respaldaban la liquidación de los recargos en los porcentajes reclamados y la
utilización de una jornada máxima de 190 horas mensuales. Entre ellas invocó la

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05310-00
Accionante: José Luis Alfaro Viracaché

sentencia del 27 de noviembre de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-04299-
01 y la proferida por la Sección Segunda, Subsección A dentro del expediente
25000234200020180147701 (4303-2022), además de otras decisiones de 2024 y
2025 que consideró concordantes con su postura.

Ahora bien, una vez revisado el recurso de apelación interpuesto por el accionante
contra el auto del 5 de septiembre de 2022 que libró parcialmente mandamiento
ejecutivo a su favor, se advierte que los argumentos estuvieron orientados a
manifestar la misma inconformidad en relación con la interpretación que le dieron a
la sentencia que sirvió de título ejecutivo en relación con la forma de liquidar las
horas de trabajo suplementario y extra, incluso con saldos en negativo al final del
ejercicio.

Al respecto, el ejecutante, sustentó el recurso de apelación contra el auto del 5 de
septiembre de 2022 en que el juzgado desconoció el alcance del título ejecutivo al
negar el mandamiento de pago respecto de los compensatorios por exceso de horas
extras y de las diferencias derivadas de las horas extras diurnas y nocturnas, los
recargos nocturnos ordinarios y festivos diurnos y nocturnos, la reliquidación de
cesantías y la indexación. Frente a los compensatorios, afirmó que la sentencia de
recaudo ordenó expresamente reconocer un día hábil de descanso por cada ocho
horas extras adicionales a las 50 remunerables y que, por tratarse de una sentencia
ejecutoriada, dicha obligación no podía modificarse bajo el argumento de que el
sistema de turnos de 24 horas de trabajo por 24 de descanso ya compensaba ese
tiempo. Para sustentar esta postura invocó decisiones que, según afirmó, habían
protegido en casos análogos la intangibilidad del título ejecutivo y el reconocimiento
de esos compensatorios.

Asimismo, cuestionó la liquidación que sirvió de fundamento al juzgado para negar
el mandamiento por los demás conceptos. Sostuvo que la entidad había liquidado
de manera incompleta las horas extras y los recargos, pues utilizó como divisor 240
horas mensuales, pese a que la sentencia de recaudo había establecido una
jornada máxima de 190 horas. Afirmó que los recargos nocturnos ordinarios debían
reliquidarse al 35 %, los festivos diurnos al 200 % y los festivos nocturnos al 235 %,
con descuento de las sumas previamente pagadas. También reprochó que el
juzgado hubiera acogido la liquidación unilateral elaborada por la ejecutada sin
efectuar una confrontación detallada con los turnos efectivamente laborados y con
los parámetros fijados en la sentencia.

Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar parcialmente el auto apelado y librar
mandamiento de pago por el saldo de capital que consideró pendiente, incluidos los
compensatorios por exceso de horas extras, las diferencias por horas extras y
recargos, la reliquidación de cesantías y la indexación. Insistió en que el título

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05310-00
Accionante: José Luis Alfaro Viracaché

ejecutivo debía cumplirse en sus propios términos y que el juez de ejecución no
podía modificar, restringir o reinterpretar las obligaciones reconocidas en la
sentencia ejecutoriada.

La autoridad judicial accionada en proveído de 10 de junio de 2025 resolvió esos
alegatos en los siguientes términos:

“Ahora bien, considera el actor, que en el fallo objeto de ejecución, se ordenó reconocer
los puntos denominados en la liquidación como reliquidación recargos nocturnos
ordinarios del 35%, recargos festivos diurnos del 200% y recargos festivos nocturnos del
235%, compensatorios por exceso de horas extras y reliquidación de las cesantías, y el
a quo negó su inclusión en el mandamiento de pago, y esa es la razón del recurso de
apelación interpuesto.

Aduce que la accionada no ha cancelado los anteriores valores, conforme a los artículos
35, 36 literal e y 39 del Decreto 1042 de 1978.

SOBRE LA LIQUIDACION DE LOS RECARGOS DOMINICALES Y FESTIVOS
DIURNOS Y LOS RECARGOS DOMINICALES Y FESTIVOS NOCTURNOS

El artículo 39 del Decreto 1042 de 1978, norma aplicable para liquidar el trabajo en días
dominicales y festivos establece:
(…)
con el doble del valor de un día de labores, esto es, con un 100% y no con un 200%
como en algunas ocasiones se ha interpretado de manera desacertada.

En tal sentido y de manera reiterada el Consejo de Estado ha entendido el significado de
esta disposición, para lo cual se citan providencias recientes y también anteriores de la
Corporación:

En efecto, la Sección Segunda del H. Consejo de Estado el 18 de octubre de 2023, C.P:
Rafael Francisco Suárez Vargas, precisó: “Según el artículo 39 del Decreto 1042 de
1978, la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado4 y los conceptos
del Departamento Administrativo de la Función Pública, el trabajo ordinario en días
dominicales y festivos se retribuye con el doble del valor de un día de labores, es decir,
con a) el pago del día de trabajo; b) un recargo del 100%; y c) el derecho a un día de
descanso remunerado. Lo anterior no equivale a un recargo del 200%, como lo entendió
la entidad demandada. En esos términos, para liquidar el recargo dominical o festivo se
utiliza la siguiente fórmula, donde «RDF» es el recargo dominical o festivo; «ABM», la
asignación básica mensual; 190, el número de horas ordinarias de la jornada laboral
mensual; 100%, el recargo previsto en la norma citada; y «No. Horas», el número de
horas dominicales y festivas trabajadas en el mes”.

De esta forma, no solo pone de presente el error en que incurrió la entidad, sino que
precisa la fórmula que se debe tener en cuenta para liquidar los recargos.

(…)

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Accionante: José Luis Alfaro Viracaché

“En tales condiciones, la forma correcta de entender las expresiones «200%» y «235%»,
relacionadas con la remuneración del trabajo en dominicales y festivos, diurnos y
nocturnos, respectivamente, es aquella según la cual a) el 200 % está integrado por el
100 % de la asignación básica más otro 100 % del recargo que prevé el artículo 39 del
Decreto 1042 de 1978, con lo cual se completa «el doble del valor de un día de trabajo
por cada dominical o festivo laborado»

Y no se trata de una nueva postura, ya que unívocamente, la jurisprudencia ha
considerado que el recargo de dominicales y festivos previsto en el artículo 39 del
Decreto 1042 de 1978, se debe retribuir como se acaba de indicar, véase entre otras las
siguientes providencias:

(…)

HORAS EXTRAS

Sobre este punto, se tiene que en sentencia de unificación del H. Consejo de Estado del
12 de febrero de 2015, radicado 25000-23-25-000-2010-00725-01 No. Interno (1046-
2013). M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve se dispuso respecto al reconocimiento de
horas extras a los bomberos vinculados a la Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos, lo siguiente:

“De lo anterior se tiene que si el actor trabajó 360 horas mensuales por el sistema de
turnos (24 x 24) y si la jornada ordinaria es de 190 horas mensuales, entonces el actor
laboró 170 horas adicionales a la jornada ordinaria, es decir, tiempo extra, de las cuales
sólo se pueden pagar en dinero 50 horas extras al mes, de conformidad con los límites
establecidos en el artículo 36 del Decreto 1042 de 1978, modificado por el artículo 13 del
Decreto-Ley 10 de 1989. Dicha norma establece que no se pagarán más de 50 horas
extras al mes y que las horas extras laboradas que excedan el tope señalado, se pagarán
con tiempo compensatorio a razón de un (1) día hábil por cada 8 horas de trabajo. (…)
Así las cosas, el actor tiene derecho al reconocimiento de cincuenta (50) horas extras
DIURNAS laboradas en el mes, (…).”
Así las cosas, en principio solo se podría calcular 50 horas extras DIURNAS, conforme
a lo dispuesto por el Consejo de Estado en la sentencia mencionada.

Sin embargo, como el fallo que constituye el título base de recaudo ordenó pagar horas
extras diurnas y nocturnas, así se liquidará, sumado a que el fallo de unificación del
Consejo de Estado no se había proferido cuando se emitió la providencia que sirve de
título en este proceso.

En efecto, sobre este ítem, se precisa y diferencia de modo claro, para efectos de la
liquidación a realizar, puesto que la remuneración de las horas extras varía de un 25% a
un 75%, según sean diurnas o nocturnas. Por lo que cuando no se hace esa
especificación, debe entenderse que se trata de horas diurnas exclusivamente y así se
pagará.

Aclarado lo anterior, se deja establecido que en otros asuntos similares, cuando en el
proveído dictado en el proceso ordinario no se realice distinción alguna entre horas extras
diurnas y nocturnas, solo se liquidarán horas extras diurnas.

SOBRE LOS COMPENSATORIOS DE HORAS EXTRAS

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05310-00
Accionante: José Luis Alfaro Viracaché

En el recurso de apelación, aduce la parte actora que se debe ordenar librar
mandamiento de pago por valor concerniente al pago de compensatorios de horas
extras.

Es pertinente indicar que en la sentencia base de ejecución se dispuso expresamente
que no es procedente ordenarse el tiempo compensatorio en dinero, así:

ii.-) Reconocimiento de Horas Extras y Tiempos compensatorios.

(…)

Como en el presente asunto se encuentra probado que el demandante laboro de más,
170 horas, es procedente únicamente cancelarle 50 horas por concepto de horas extras
diurnas y nocturnas y las que sobrepasen el tope determinado, se reconocerán como
tiempo compensatorio, de esta forma a partir del 28 de junio de 2011 tenía derecho a
que le fueran compensadas 120 horas extras al mes, a razón de un (1) día de descanso
por cada 8 horas extras de trabajo, tal como lo dispone el literal e) del artículo 36 del
decreto 1042 de 1978, a partir del 28 de junio de 2011, y frente a la solicitud de la parte
demandante relativa a que el tiempo compensatorio se pague en dinero, la Sala debe
precisar que si la norma ordena el reconocimiento de descanso compensatorio para
limitar el pago de las horas extras en dinero, no puede ordenarse el tiempo
compensatorio en dinero, so pena de desatender la finalidad de la norma.

Respecto a los compensatorios, el artículo 36, literal e) del decreto 1042 de 1978, señala:

“e) Si el tiempo laboral fuera de la jornada ordinaria superare dicha cantidad, el
excedente se reconocerá en tiempo compensatorio, a razón de un día hábil por cada
ocho horas extras de trabajo.(…)”

De conformidad con la anterior disposición, no puede pasarse por alto que el Consejo de
Estado en sentencia de unificación adoptó como regla la tesis que no procede el
reconocimiento de compensación por horas laboradas en exceso y en días dominicales
y festivos. En efecto, la sentencia de unificación del H. Consejo de Estado del 12 de
febrero de 2015, radicado 25000-23-25-000-2010-00725-01 No. Interno (1046-2013).
M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve ya mencionada, se señaló:

“4.2.3.- Sobre el reconocimiento de los compensatorios por trabajo en dominicales y
festivos.

Ciertamente al tenor del artículo 39 del Decreto 1042 de 1978 los empleados públicos
que en razón de la naturaleza de su trabajo deben laborar habitual o permanentemente
los domingos y festivos tienen derecho, además de la remuneración allí prevista, al
disfrute de un día compensatorio, sin perjuicio de la remuneración ordinaria por haber
laborado el mes completo.

Así las cosas, no es procedente liquidar y librar mandamiento de pago por concepto de
compensación de horas extras laboradas en exceso, pues dicho rubro fue negado en el
fallo objeto de ejecución (…)”.

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Como puede verse, el asunto quedó resuelto en el proceso ejecutivo que aún se
encuentra en curso pendiente de la liquidación del crédito y, por tanto, la acción de
tutela promovida es asumida como una nueva oportunidad para exponer el
desacuerdo de la parte actora con la forma como debían ser liquidados los valores
a pagar por conceptos reconocidos en la sentencia judicial (título ejecutivo), pero
que no giran en torno a la real vulneración de derechos fundamentales por parte de
la decisión del juez de la ejecución.

Cabe advertir que el actor presentó solicitud de aclaración, adición y corrección del
auto del 10 de junio de 2025 por el que se confirmó la decisión de primer grado que
libró parcialmente mandamiento de pago, en la que reiteró los argumentos
expuestos en el recurso de apelación, los que precisamente se mencionaron en la
providencia del 6 de febrero de 2026 que negó dicha solicitud, en síntesis, por insistir
en los argumentos que, como queda dicho, se reiteran nuevamente a través de este
mecanismo constitucional.

En ese sentido, lo que se evidencia es que el accionante no solo busca emplear la
tutela para reiterar los argumentos planteados ante el juez de la causa en un
proceso ejecutivo que se encuentra en curso, sino que adicionalmente se utiliza
para discutir asuntos económicos, pues como se advirtió en el escrito de tutela se
cuestionó el monto presuntamente adeudado por el demandado.

Como se indicó previamente, el objeto de la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales no es ni insistir en las inconformidades ya resueltas en el
proceso ordinario ni mucho menos adicionar o completar los argumentos que
debieron exponerse ante el juez de la causa, con el fin de convencerlo de la causa
defendida, como tampoco es discutir asuntos meramente económicos que salen de
la esfera de protección de los derechos fundamentales.

En este caso, advierte la Sala que no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional al utilizar este mecanismo, en primera medida, como una instancia
adicional para discutir sus inconformidades, precisando que si bien en el escrito de
tutela se dijo que no se utilizaba esta acción como una tercera instancia, esa sola
manifestación no hace cumplir el requisito, sino que se requiere que en efecto no
se le esté dando ese uso a este mecanismo constitucional y, en segundo lugar,
como en reiteradas ocasiones lo ha señalado esta Sección7, no se cumple con el
requisito pues se está discutiendo un asunto meramente económico.

Ahora bien, advierte la Sala que, aunque desde el recurso de apelación el ejecutante
cuestionó los parámetros utilizados para liquidar las acreencias reconocidas en el

7 Ver entre otros la sentencia 11001-03-15-000-2026-04682-00 de 13 de agosto de 2026, C.P Myriam Stella

Gutiérrez Argüello.

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Accionante: José Luis Alfaro Viracaché

título ejecutivo, entre ellos, los porcentajes correspondientes a los recargos
nocturnos ordinarios y festivos diurnos y nocturnos y la base de 190 horas
mensuales, en sede de tutela adicionó su cuestionamiento con la invocación de
providencias que, a su juicio, constituyen precedentes desconocidos por la
autoridad judicial accionada. Por tanto, si bien el debate relativo a la forma de
liquidación no resulta novedoso, sí lo es, al menos parcialmente, su formulación
autónoma como defecto por desconocimiento del precedente.

Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela
contra providencias judiciales no se instituyó como un análisis de las mejores
razones entre las expuestas en la decisión atacada y la interpretación sostenida por
el tutelante, en tanto que no obedece a su naturaleza y propósito. De ahí que la
simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una vulneración de derechos
fundamentales.

De aceptar esa posibilidad, se desnaturalizaría la acción de tutela contra
providencias judiciales, como mecanismo excepcional, y se pasaría por alto la
especial deferencia que se debe guardar a las decisiones de los jueces naturales
de la causa. Es por tal motivo, que de manera reiterada se ha sostenido que cuando
se controvierte decisiones judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que
el asunto sea de tal relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin
mayor esfuerzo una vulneración grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.

Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida por un
juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los principios de
independencia, autonomía funcional y juez natural. Por consiguiente, a fin de
encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una decisión judicial sin efectos
y tales principios es imperativo que se cumplan con rigor cada uno de los requisitos
generales señalados jurisprudencialmente, incluyendo la relevancia constitucional.

Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela,
por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05310-00
Accionante: José Luis Alfaro Viracaché

FALLA

Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor José
Luis Alfaro Viracaché, quien actúa a través de apoderado judicial, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo.- Reconocer personería a la abogada Lisbeth Yanin Gómez Amaya,
como apoderada de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en los términos
del poder conferido y de conformidad con los artículos 75 y siguientes del Código
General del Proceso.

Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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