Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04790-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04790-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04790-01
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04790-01
Accionante: LUZ MYRIAM MOLINA DE CARDONA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial de alta corte / Pensión de jubilación post
mortem / Defectos fáctico, sustantivo y procedimental / Efectos de la afiliación al ISS sobre las
obligaciones pensionales del empleador público / Alcance de la vinculación de Colpensiones.
Sentencia de Segunda Instancia
I. Síntesis de la decisión
1. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que negó la solicitud de amparo,
porque no se acreditaron los defectos alegados. La Sección Segunda sustentó las
razones por las cuales la reclamación pensional debía formularse ante Colpensiones y
explicó que su vinculación al proceso no sustituía el pronunciamiento administrativo
sobre la prestación. Los cuestionamientos sobre el régimen pensional y el alcance del
Acuerdo 00023 de 1987 no demostraron un error manifiesto y determinante que
justificara dejar sin efectos la providencia del órgano de cierre.
II. Antecedentes
La demanda
2. La señora Luz Myriam Molina de Cardona, a través de apoderado judicial, presentó
acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado1.
Invocó la protección de sus derechos al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia y al mínimo vital, que estimó vulnerados con la sentencia del
16 de octubre de 2025, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 66001-23-33-000-2017-00629-01.
Hechos relevantes
3. La señora Luz Myriam Molina de Cardona contrajo matrimonio con el señor Humberto
Cardona Restrepo el 9 de julio de 1969. Su cónyuge prestó servicios como docente para
el departamento del Quindío entre el 7 de marzo de 1967 y el 7 de abril de 1978, con
afiliación a Cajanal, y para la Universidad Tecnológica de Pereira -UTP- entre el 27 de
marzo de 1978 y el 25 de mayo de 1988, con aportes al Instituto de Seguros Sociales -
ISS-. Falleció en esta última fecha.
4. El ISS le reconoció una pensión de sobrevivientes en la Resolución 02017 del 1 de
septiembre de 1988. Posteriormente, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira,
1 SAMAI, índice 2 del proceso de primera instancia.
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Referencia: Acción De Tutela
en sentencia del 17 de junio de 2011, le reconoció el derecho a recibir el 100% de esa
mesada. El ISS cumplió la decisión en la Resolución 1941 del 9 de abril de 2012.
5. El 11 de octubre de 2016, la demandante solicitó a la UTP el reconocimiento y pago
de una pensión de jubilación post mortem desde el 26 de mayo de 1988, equivalente al
75% de lo devengado por su cónyuge durante el último año de servicios. El 15 de
diciembre de 2016, remitió los documentos pedidos e indicó que esa prestación era
compartible con la pensión que recibía de Colpensiones y que su monto era superior.
6. La UTP negó la solicitud en la Resolución 2868 del 16 de junio de 2017 porque la
afiliación de sus servidores al ISS trasladó a esa entidad el cubrimiento de las
contingencias pensionales. La demandante interpuso recurso de reposición y la UTP
confirmó la decisión en la Resolución 5642 del 24 de agosto de 2017. Al resolver el
recurso de reposición, la Universidad también sostuvo que el causante falleció a los 43
años y no cumplió la edad exigida para acceder a la pensión de jubilación.
7. La accionante promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la UTP. Solicitó la nulidad de las dos resoluciones y el reconocimiento de la
pensión de jubilación post mortem. En la quinta pretensión pidió que del valor de esa
prestación se descontara lo reconocido y pagado por el ISS, hoy Colpensiones, por
concepto de pensión de sobrevivientes.
8. La UTP solicitó la vinculación de Colpensiones y de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-. En
la audiencia inicial del 4 de febrero de 2019, el Tribunal Administrativo de Risaralda
ordenó integrar el contradictorio con ambas entidades, ante la posibilidad de que
debieran concurrir al pago de la prestación.
9. El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, negó las
pretensiones en sentencia del 7 de abril de 2022 porque la pensión de jubilación post
mortem y la de sobrevivientes eran incompatibles, pues cubrían la misma contingencia
y tenían origen en la misma relación laboral. También consideró que no podía
pronunciarse sobre la legalidad del acto del ISS que reconoció la pensión de
sobrevivientes, porque no había sido demandado.
10. El magistrado Leonardo Rodríguez Arango salvó el voto. Consideró que las
pretensiones contemplaban el descuento de la pensión pagada por el ISS y que la UTP
debía asumir el mayor valor de la jubilación post mortem, con la concurrencia de la UGPP
por los tiempos cotizados a Cajanal. La demandante apeló e insistió en que solicitaba
una prestación compartida y no el pago simultáneo de dos pensiones completas.
11. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión
en sentencia del 16 de octubre de 2025. Reconoció que la demandante no pretendía
recibir dos pensiones, pero que debía hacer la reclamación ante Colpensiones, porque
la UTP había trasladado al ISS las obligaciones pensionales a través de la afiliación del
causante. Agregó que correspondía a Colpensiones, como última entidad de previsión,
determinar la procedencia de la prestación y reclamar a la UGPP los valores a su cargo.
12. La demandante solicitó la adición de la sentencia el 5 de noviembre de 2025, porque
consideró que no se había resuelto la relación sustancial respecto de Colpensiones,
pese a su vinculación al proceso. En auto del 22 de mayo de 2026, la Subsección negó
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Referencia: Acción De Tutela
la solicitud porque consideró que no existía un punto pendiente de decisión y que lo
pedido suponía reformar la sentencia para condenar a Colpensiones, sin que esa entidad
tuviera la oportunidad de pronunciarse previamente sobre la reclamación administrativa.
Pretensiones
13. La accionante solicitó dejar sin efectos la sentencia del 16 de octubre de 2025 y que
se adoptara una nueva decisión sobre el derecho reclamado, con pronunciamiento
respecto de todas las entidades que integraron el proceso. Pidió que se revoque la
sentencia de primera instancia y se condene a la entidad que, de acuerdo con las
pruebas y las normas vigentes en 1988, debió reconocer y pagar la pensión de jubilación
post mortem.
Fundamento de la demanda
14. La accionante alegó defecto procedimental porque la autoridad judicial omitió
resolver su derecho frente a Colpensiones, pese a que la entidad fue vinculada, contestó
la demanda y ejerció su defensa. El artículo 61 del Código General del Proceso exigía
decidir la relación sustancial respecto de quienes integraban el contradictorio. Por ello,
obligarla a iniciar otro proceso desconocía la finalidad de esa vinculación, el principio de
congruencia y la prevalencia del derecho sustancial.
15. También invocó defecto fáctico por la omisión en la valoración de las pruebas sobre
el Acuerdo 00023 del 10 de noviembre de 1987 porque este establecía que la UTP
reconocía directamente la jubilación de sus empleados y conservaba a su cargo la
diferencia cuando el ISS asumía la pensión de vejez. Por ello, consideró que la afiliación
al Instituto no bastaba para excluir toda obligación de la Universidad.
16. En cuanto al defecto sustantivo, afirmó que se confundió el régimen de jubilación
de los empleados públicos con el de invalidez, vejez y muerte administrado por el ISS.
Invocó las Leyes 12 de 1975, 33 de 1973 y 33 de 1985, así como los Decretos 3135 de
1968 y 1848 de 1969. Su cónyuge completó más de veinte años de servicios al Estado
y su fallecimiento permitía transmitir el derecho sin cumplir la edad de jubilación. La
prestación debía reconocerse a cargo de la UTP, con participación de la UGPP y
descuento de lo pagado por Colpensiones.
17. Agregó que su condición de mujer, viuda y adulta mayor, de 76 años, exigía una
valoración con perspectiva de género. La duración del proceso y la exigencia de una
nueva reclamación prolongaban la afectación de sus derechos y favorecían la
prescripción de mesadas.
Trámite impartido e intervenciones
18. En auto del 24 de junio de 20262, la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió
la acción de tutela, dispuso la notificación de la autoridad accionada y vinculó al Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, a la UTP, a Colpensiones y a la
UGPP.
2 SAMAI, índice 5 del proceso de primera instancia.
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Referencia: Acción De Tutela
19. La UTP 3 solicitó negar el amparo porque la ausencia de una condena contra
Colpensiones obedecía a los límites de la justicia rogada, porque la demanda se dirigió
contra los actos de la Universidad y no cuestionó el reconocimiento hecho por el ISS. El
juez no podía reconfigurar el litigio para corregir la actuación de la demandante. Además,
el Acuerdo 00023 de 1987 fue valorado y las providencias aplicaron razonablemente las
reglas de compartibilidad y subrogación.
20. La UGPP 4 pidió declarar improcedente la tutela. Cuestionó la relevancia
constitucional, la inmediatez y la subsidiariedad; la accionante podía acudir al recurso
extraordinario de revisión y no se acreditó un perjuicio irremediable. Se pretende reabrir
una controversia decidida por los jueces naturales, con desconocimiento de la cosa
juzgada.
21. Colpensiones5 solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva y se opuso al amparo porque no encontró una solicitud administrativa sobre lo
reclamado en la tutela y la vulneración se atribuye a una providencia judicial, cuya
revisión excedía sus competencias.
22. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo de Risaralda no intervinieron.
Sentencia impugnada
23. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la sentencia del 30 de julio de 2026,
negó las pretensiones de la tutela6. Asimismo, negó la solicitud de desvinculación de
Colpensiones, al considerar que su participación en el proceso ordinario le confería
interés directo en el resultado del amparo.
24. La Sección consideró satisfechos los requisitos generales de procedencia y examinó
conjuntamente los defectos alegados a partir del reproche procedimental. La sentencia
cuestionada se limitó a determinar la entidad competente para reconocer la prestación,
por lo que no correspondía pronunciarse sobre los argumentos relacionados con el
cumplimiento de los requisitos pensionales ni con la calidad de servidor público del
causante. Agregó que la afiliación al ISS trasladó las obligaciones pensionales de la
UTP, sin modificar los derechos laborales del empleado.
25. Respecto de Colpensiones, sostuvo que su vinculación al proceso judicial no
sustituía la reclamación administrativa ni permitía privarla de la oportunidad de
pronunciarse previamente sobre el reconocimiento de la prestación. Además, la
accionante no podía invocar en su favor el hecho de haber dirigido la reclamación a la
UTP y, en todo caso, el interés para formular el reproche relacionado con el litisconsorcio
correspondía a Colpensiones.
26. En cuanto a la perspectiva de género, la Sección Cuarta consideró que la decisión
cuestionada se sustentó en circunstancias objetivas relacionadas con la entidad obligada
al reconocimiento y con la ausencia de reclamación ante Colpensiones, y no en la
condición de mujer de la accionante.
3 SAMAI, índice 16 del proceso de primera instancia.
4 SAMAI, índice 17 del proceso de primera instancia.
5 SAMAI, índice 20 del proceso de primera instancia.
6 SAMAI, índice 23 del proceso de primera instancia.
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Impugnación
27. La accionante impugnó 7 porque la Sección Cuarta no examinó integralmente los
hechos, las pruebas y los defectos planteados, sino que reprodujo los fundamentos de
la sentencia cuestionada. La controversia debía resolverse desde la prevalencia del
derecho sustancial y los principios de favorabilidad, irrenunciabilidad y protección
especial a la mujer.
28. El régimen pensional de los empleados públicos vigente en 1988 era distinto del
administrado por el ISS. La afiliación no transformó la naturaleza del vínculo ni trasladó
automáticamente toda la obligación. El Acuerdo 00023 de 1987 demostraba que la UTP
actuaba como caja de previsión de sus empleados y debía asumir el mayor valor de la
prestación. Por ello, cuestionó que se le atribuyera culpa por haber dirigido la
reclamación contra la Universidad.
29. Afirmó que su demanda contempló expresamente el descuento de lo pagado por el
ISS y que la propia Universidad propuso como defensa subsidiaria el reconocimiento del
mayor valor. La compartibilidad debía resolverse entre la UTP, Colpensiones y la UGPP,
sin exigir la anulación del acto que reconoció la pensión de sobrevivientes.
30. También cuestionó que Colpensiones únicamente pudiera alegar las consecuencias
de su vinculación. La entidad contestó, propuso excepciones y tuvo oportunidades para
solicitar pruebas y controvertir la reclamación. Por ello, esas actuaciones permitían
resolver el derecho discutido sin vulnerar su defensa. Agregó que la falta de reclamación
administrativa no fue propuesta ni declarada como excepción previa y que las etapas del
proceso fueron objeto de control de legalidad.
31. Sostuvo que, si la UTP consideraba que carecía de competencia, debía remitir la
petición a la entidad competente. La falta de remisión quedó superada con la vinculación
judicial de Colpensiones. Exigir otra actuación administrativa y un nuevo proceso,
después del tiempo transcurrido, desconocía la economía procesal y favorecía la
prescripción de mesadas.
32. También insistió en que su edad, viudez y situación económica requerían una
valoración particular, que no se agotaba con afirmar que la negativa obedecía a razones
objetivas.
33. Por último, solicitó que el asunto se llevara a Sala Plena para su estudio y unificación,
si el superior consideraba que la situación planteada tenía importancia y relevancia
jurídica.
III. Consideraciones
Competencia
34. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para resolver la impugnación, conforme a los
7 SAMAI, índice 29 del proceso de primera instancia.
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artículos 86 de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991, concordantes con el
Acuerdo 080 de 2019, en el que se expidió el reglamento interno de esta corporación.
Problema jurídico
35. La Sala debe determinar si la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de
Estado vulneró los derechos fundamentales de la señora Luz Myriam Molina de Cardona
en la sentencia del 16 de octubre de 2025 y el auto del 22 de mayo de 2026, al mantener
la negativa de reconocer la pensión de jubilación post mortem reclamada a la
Universidad Tecnológica de Pereira y considerar que la solicitud debía formularse ante
Colpensiones.
36. Para resolverlo, corresponde examinar si la interpretación de los efectos de la
afiliación al ISS, el tratamiento del Acuerdo 00023 de 1987 y la respuesta sobre la
intervención de Colpensiones configuraron los defectos alegados.
Procedencia excepcional de la tutela contra providencia judicial
37. La acción de tutela contra providencias judiciales procede de forma excepcional. La
Corte Constitucional sistematizó los requisitos generales de procedencia en la Sentencia
C-590 de 20058: que la cuestión discutida tenga relevancia constitucional, que se hayan
agotado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, que se cumpla la
inmediatez, que la irregularidad procesal alegada tenga incidencia en la decisión, que la
parte identifique razonablemente los hechos y derechos vulnerados, y que no se trate de
una sentencia de tutela.
38. La relevancia constitucional no se satisface con la sola invocación de derechos
fundamentales ni con la denominación formal de defectos. La acción de tutela contra
providencias judiciales constituye un juicio de validez constitucional y no un juicio de
corrección del fallo cuestionado; por ello, no puede utilizarse como instancia adicional
para discutir asuntos probatorios o de interpretación legal resueltos por el juez natural9.
39. La Corte Constitucional señaló que este requisito cumple tres finalidades: preservar
la competencia e independencia de los jueces de las jurisdicciones distintas a la
constitucional, restringir la tutela a controversias que comprometan derechos
fundamentales e impedir que el amparo se convierta en un recurso adicional para
controvertir decisiones judiciales10.
Remisión de las peticiones por falta de competencia
40. El artículo 21 del CPACA, sustituido por la Ley 1755 de 2015, dispone que la
autoridad que carezca de competencia debe informar esa circunstancia, remitir la
petición al competente y enviar copia del oficio remisorio al interesado. La Sentencia C-
951 de 2014 precisó que la sola manifestación de incompetencia no satisface el derecho
de petición11.
8 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-352 de 2025, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
10 Ibidem.
11 Artículo 21 del CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. Corte Constitucional, sentencia C-951
de 2014.
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41. La carga del interesado de solicitar un reconocimiento no elimina ese deber de
remisión. Su eventual incumplimiento debe diferenciarse de la existencia del derecho
solicitado y de los presupuestos para obtener una decisión judicial a cargo de otra
entidad.
Defecto fáctico y desconocimiento del precedente
42. El defecto fáctico se configura cuando la autoridad judicial: «(i) omite el decreto y la
práctica de pruebas pertinentes, conducentes y útiles, lo cual impide una debida
conducción al proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución
del asunto jurídico debatido; (ii) omite considerar elementos probatorios trascendentes
que constan en el proceso, pues no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta
para efectos de fundamentar su providencia; (iii) decide separarse por completo de los
hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o (iv)
no excluye las pruebas ilícitas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva»12.
43. La intervención constitucional exige que el error sea ostensible, arbitrario y
determinante para la decisión. El desacuerdo con la valoración hecha por el juez natural
no demuestra por sí solo la existencia del defecto13.
44. El desconocimiento del precedente exige demostrar la existencia de una decisión
anterior pertinente para resolver el caso, en atención a la semejanza de los problemas
jurídicos y de sus elementos relevantes. Cuando el precedente resulta aplicable, la
autoridad judicial debe considerarlo y, si decide apartarse, identificarlo y exponer razones
suficientes que justifiquen esa separación14.
Defecto procedimental
45. La Corte Constitucional, en la Sentencia SU-026 de 2021, reiteró que el defecto
procedimental absoluto se configura cuando el juez «actuó completamente al margen
del procedimiento establecido» 15 . Su acreditación exige que la irregularidad tenga
incidencia determinante en la providencia y afecte los derechos fundamentales de quien
solicita el amparo.
46. El examen de este defecto exige precisar la actuación u omisión cuestionada, la
garantía procesal comprometida y su incidencia en la decisión. La existencia de una
irregularidad o la inconformidad con la aplicación de una regla procesal no demuestran,
por sí solas, una vulneración que justifique la intervención del juez constitucional.
Defecto sustantivo o material
47. La Sentencia SU-026 de 2021 incluyó dentro del defecto sustantivo los supuestos en
los que «se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales», así como
aquellos que presentan una «evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y
la decisión»16. Esta causal exige identificar el yerro jurídico y explicar su incidencia sobre
los derechos fundamentales cuya protección se solicita.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-167 de 2024, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
13 Ibidem.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-484 de 2024, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-026 de 2021, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
16 Ibidem.
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48. La autonomía judicial comprende la interpretación de las disposiciones aplicables al
asunto. Por ello, el desacuerdo con el entendimiento acogido por el juez natural no basta
para acreditar un defecto sustantivo. En el caso de las altas cortes, la Sentencia T-495
de 2024 destacó el deber de «aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias
aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso»17.
49. En consecuencia, cuando el reproche se refiere a la aplicación u omisión de una
disposición, su examen requiere confrontar el alcance de esa norma con las razones que
sustentaron la providencia y establecer por qué el tratamiento jurídico del asunto
compromete derechos fundamentales. La posibilidad de formular una interpretación
distinta no demuestra, por sí misma, la configuración del defecto.
Tutela contra providencias judiciales de altas cortes
50. La jurisprudencia constitucional exige particular rigor al examinar las solicitudes de
amparo dirigidas contra providencias de las altas cortes. La Sentencia T-495 de 2024
precisó que los argumentos deben satisfacer una carga transversal, que se concreta en
«un análisis más restrictivo y riguroso sobre el cumplimiento de los requisitos generales
y específicos de procedencia»18. Esta exigencia orienta todo el examen constitucional y
no constituye un requisito adicional.
51. La intensidad del control responde a la función de las altas cortes como órganos de
cierre de sus respectivas jurisdicciones y a su competencia para establecer precedentes
con la interpretación de las normas. En ese contexto, la misma providencia, con cita de
la Sentencia T-466 de 2022, señaló que la intervención constitucional se justifica cuando:
«[…] la providencia judicial sea definitivamente incompatible con el alcance y límite de los
derechos fundamentales que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una
anomalía en el sistema jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la
intervención del juez constitucional»19.
52. Este estándar también incide en el examen de la relevancia constitucional. La
Sentencia T-495 de 2024, al reiterar la SU-573 de 2019, indicó que la tutela contra una
providencia de alta corte: «[…] exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una
actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales»20.
53. Por tanto, la solicitud debe explicar por qué el cuestionamiento trasciende una
discrepancia sobre la interpretación del derecho o la valoración de las pruebas y plantea
una afectación constitucional que requiere la intervención del juez de tutela. Este examen
preliminar debe diferenciarse del estudio de fondo: la acreditación de los requisitos
generales habilita el análisis de los defectos, pero no demuestra su configuración.
Caso concreto
54. La accionante cuestiona la decisión que negó el reconocimiento de la pensión de
jubilación post mortem reclamada a la UTP. La impugnación sostiene que la Sección
17 Corte Constitucional, Sentencia T-495 de 2024, M. P. Juan Carlos Cortés González.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-495 de 2024.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
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Segunda atribuyó a la afiliación al ISS unos efectos que no correspondían al régimen del
causante, omitió el alcance del Acuerdo 00023 de 1987 y dejó sin resolver la prestación
pese a la vinculación de Colpensiones. También reprocha que se le atribuyera culpa por
acudir a la UTP y que no se apreciaran suficientemente sus condiciones personales.
55. La controversia presenta relevancia constitucional porque plantea, concretamente, si
la respuesta judicial comprendió el fundamento normativo de la obligación reclamada y
las consecuencias de un contradictorio ya integrado. El señalamiento del Acuerdo 00023
y de las actuaciones de Colpensiones permite examinar una posible afectación del
debido proceso y del acceso a la justicia. Esta delimitación satisface el examen
preliminar exigible frente a una alta corte, sin anticipar que los defectos estén
demostrados.
56. La demandante está legitimada para solicitar la protección de sus derechos y la
autoridad judicial cuestionada profirió las providencias a las que atribuye su vulneración.
La solicitud identifica los hechos, los derechos y los reparos, y se dirige contra decisiones
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Los planteamientos sobre el
régimen pensional y el alcance de la intervención de Colpensiones fueron sometidos al
juez natural en la apelación y la solicitud de aclaración o adición.
57. También se tiene por satisfecho el requisito de inmediatez. La sentencia se notificó
el 30 de octubre de 2025 21 y la demandante solicitó aclaración o adición el 5 de
noviembre siguiente22. La Sección Segunda resolvió esa petición el 22 de mayo de 2026.
El auto se notificó el 2 de junio de 2026 23 y el amparo se promovió el 19 de junio
siguiente24. El intervalo resulta razonable, teniendo en cuenta la actuación que estaba
pendiente de decisión.
58. En cuanto a la subsidiariedad, la demandante agotó la apelación y pidió que se
complementara la decisión frente a Colpensiones. El reproche que ahora se examina no
consiste en la ausencia absoluta de una decisión sobre la demanda, pues las
pretensiones fueron negadas y el auto posterior explicó por qué la vinculación no
permitía acceder a lo solicitado. La controversia recae sobre la suficiencia y validez
constitucional de esas razones, así como sobre la interpretación del régimen pensional.
59. Esta precisión permite diferenciar el cargo de una nulidad originada en la sentencia
susceptible de revisión por la causal quinta del artículo 250 del CPACA. Aunque la
incongruencia puede dar lugar a ese recurso, la discrepancia aquí delimitada exige
revisar el entendimiento jurídico con el que se resolvió la reclamación, finalidad para la
cual la revisión no constituye otra instancia. El recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia no procede contra la sentencia cuestionada, pues el artículo 257 del
CPACA lo prevé para las sentencias dictadas en única o en segunda instancia por los
tribunales administrativos.
60. El punto de partida del estudio de fondo es el alcance de lo pedido. La demandante
solicitó una pensión de jubilación post mortem con cargo a la Universidad y autorizó
descontar lo reconocido por el ISS. La Sección Segunda aceptó expresamente que «no
21 SAMAI, índice 33. Proceso 66001-23-33-000-2017-00629-01.
22 SAMAI, índice 34. Ibidem.
23 SAMAI, índice 40. Ibidem.
24 SAMAI, índice 2 del proceso de primera instancia.
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pretendió el reconocimiento de 2 pensiones» y confirmó la negativa del Tribunal por
razones diferentes. Por tanto, el examen constitucional recae sobre las razones con las
que la autoridad judicial descartó la obligación atribuida a la Universidad y sobre su
respuesta a los fundamentos de esa reclamación.
61. La eventual obligación de la Universidad de pagar una diferencia debe distinguirse
de una modificación de la prestación reconocida por el ISS. La quinta pretensión
contemplaba descontar lo pagado por este último. Por ello, la ausencia de una pretensión
anulatoria contra un acto de Colpensiones no basta para descartar la obligación propia
atribuida a la Universidad; su existencia depende del régimen aplicable.
62. La sentencia accionada distinguió la protección por muerte del régimen del ISS y la
jubilación post mortem prevista en la Ley 12 de 1975. También explicó que esta última
amparaba a los beneficiarios del empleado que hubiera completado el tiempo de
servicio, aunque falleciera antes de cumplir la edad. En consecuencia, el requisito de
edad no sustentó la negativa judicial y no puede atribuirse a esa providencia el
razonamiento distinto que aparece en la respuesta administrativa de la UTP25.
63. Para identificar al obligado, la Sección Segunda acudió a los artículos 72 y 75 del
Decreto 1848 de 1969 y al artículo 2 de la Ley 33 de 1985. Relacionó los servicios
prestados en el departamento del Quindío y en la Universidad, las afiliaciones a Cajanal
y al ISS y el reconocimiento hecho por este último con las 527 semanas cotizadas. A
partir de esos elementos concluyó que la aplicación de un régimen más favorable y la
acumulación de los tiempos debían reclamarse ante Colpensiones, con la posibilidad de
que esta gestionara la concurrencia de las demás entidades.
64. El Acuerdo 00023 del 10 de noviembre de 1987 merece un examen específico. El
documento afirma que la UTP es la propia caja de sus empleados y reconoce
directamente la jubilación mientras el ISS reconoce la vejez. Su artículo tercero dispone
que, una vez el Instituto reconozca esta última, la Universidad «sólo continuará pagando
la diferencia entre la pensión de jubilación y la de vejez, si a ello hubiere lugar» 26. El
Tribunal examinó esa regulación y mencionó una eventual diferencia a cargo de la
empleadora; la Sección Segunda la reseñó al reconstruir la primera instancia y los
argumentos de la apelación.
65. El cuestionamiento no recae, entonces, en la incorporación del documento al
proceso, sino en la respuesta que recibió la obligación pensional que la demandante
sustentó en sus disposiciones.
66. El artículo tercero del Acuerdo regula el reconocimiento de una jubilación y su
posterior articulación con la pensión de vejez del ISS. Aunque ese supuesto difiere del
fallecimiento durante el servicio, la demandante no invocó aquella disposición
aisladamente, pues la relacionó con el artículo 1 de la Ley 12 de 1975, que reconoce el
derecho jubilatorio a los beneficiarios cuando el causante completó el tiempo de servicios
y falleció antes de cumplir la edad. La diferencia entre las contingencias exige examinar
esa conexión normativa y no basta, por sí sola, para descartar el argumento.
25 Resolución 5642 del 24 de agosto de 2017.
26 SAMAI, índice 2 del proceso de primera instancia. Acuerdo 00023 de 1987, considerando cuarto y arts. 2 y 3,
archivo 001_1_DemandaWeb_Demanda_tuteladeLuzMyriamMol.pdf, pp. 235–236.
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67. La regla invocada del Decreto 2879 de 1985 tampoco soluciona por sí misma esa
diferencia. El artículo 5 del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por dicho decreto, se refiere
a jubilaciones reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o
voluntariamente, y a su posterior compartibilidad con la pensión de vejez del ISS. La
prestación reclamada en este proceso se funda en una jubilación legal post mortem. La
disposición ilustra la posibilidad de que subsista una diferencia, pero no demuestra
automáticamente que ese fuera el supuesto que debía aplicarse.
68. Lo mismo ocurre con las disposiciones posteriores al fallecimiento que la
impugnación presenta expresamente como referencias analógicas. El argumento debe
apreciarse con ese alcance, sin atribuir a la recurrente una pretensión de aplicación
temporal directa que no formuló. Su utilidad para sustentar el cargo depende de que
contribuyan a demostrar un error en la interpretación acogida por la autoridad judicial. La
sola posibilidad de construir una solución diferente no satisface esa exigencia.
69. La Sala de Casación Laboral, en las sentencias del 29 de julio de 1998 y del 10 de
agosto de 2000, radicaciones 10803 y 14163, explicó que, en los supuestos de jubilación
de trabajadores oficiales examinados, la afiliación al ISS no extinguía por sí sola la
obligación jubilatoria del empleador. Esta podía permanecer a su cargo hasta el
reconocimiento de la pensión de vejez y, posteriormente, subsistir respecto del mayor
valor. La segunda providencia precisó que «este régimen jubilatorio subsistió a pesar de
la afiliación de los empleados al ISS»27.
70. La pertinencia de esas decisiones radica en el examen de la subsistencia de la
obligación jubilatoria del empleador después de la afiliación al ISS. Su relación con este
asunto debe apreciarse a partir de la conexión normativa expuesta y de la obligación que
la demandante atribuye a la Universidad con fundamento en el Acuerdo 00023 de 1987.
71. La motivación reseñada permite identificar las disposiciones y las circunstancias del
causante en las que la Sección Segunda sustentó su decisión. Corresponde establecer
si el Acuerdo 00023 de 1987 y los demás fundamentos invocados por la demandante
demuestran un error manifiesto y determinante en ese entendimiento.
72. El Acuerdo 00023 de 1987 sustenta la tesis de la demandante sobre la subsistencia
de una obligación jubilatoria de la Universidad. Sin embargo, la articulación entre la
jubilación reconocida por la empleadora y la posterior pensión de vejez del ISS, prevista
en ese acto, no determina por sí sola la entidad encargada de reconocer la jubilación
legal post mortem aquí reclamada. Su aplicación exige relacionar aquellas disposiciones
con las reglas sobre reconocimiento y concurrencia que la autoridad judicial consideró
aplicables. La interpretación propuesta por la demandante plantea una solución distinta,
pero no demuestra, por ese solo hecho, que la acogida resulte manifiestamente
incompatible con el régimen examinado.
73. En ese contexto, la ausencia de un desarrollo separado del Acuerdo no basta para
configurar el defecto alegado. La sentencia respondió a la controversia sobre la entidad
responsable mediante una interpretación de las disposiciones que regulan el
reconocimiento pensional y explicó sus consecuencias para la reclamación. Aunque esa
motivación puede ser discutida desde la interpretación del régimen jubilatorio, los
27 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 29 de julio de 1998, radicación 10803,
consideraciones, apartado III; y sentencia del 10 de agosto de 2000, radicación 14163.
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reparos examinados no acreditan un error manifiesto y determinante que autorice al juez
constitucional a sustituir el entendimiento del órgano de cierre.
74. En cuanto a los efectos de la vinculación de Colpensiones, la demandante sostiene
que su participación permitía resolver la reclamación pensional dentro del proceso. Este
planteamiento concierne a sus propios derechos y a las consecuencias de una
vinculación que efectivamente se hizo. Por ello, la afirmación de primera instancia sobre
el interés exclusivo de Colpensiones para formular el reproche no responde a ese
aspecto de la controversia. Corresponde examinar si su intervención permitía decidir la
prestación reclamada, pese a la ausencia de una solicitud administrativa previa ante esa
entidad.
75. El auto del 20 de enero de 2021 reservó para la sentencia el examen de la
legitimación material en la causa y de la prescripción. También señaló que no encontraba
probada otra excepción de las previstas en los artículos 180, numeral 6, del CPACA y
100 del Código General del Proceso para declararla de oficio28.
76. Posteriormente, en la audiencia del 24 de febrero de 2021, el Tribunal hizo el control
de legalidad, no advirtió nulidades ni vicios que pudieran conducir a una sentencia
inhibitoria y declaró saneado el proceso hasta esa etapa. Las partes tampoco señalaron
tales irregularidades y la decisión no fue recurrida.
77. La sentencia y el auto del 22 de mayo de 202629 deben leerse conjuntamente para
examinar este cargo. La primera consideró que la reclamación debía formularse ante
Colpensiones; el segundo explicó que su comparecencia no suplía la oportunidad de
decidir administrativamente la solicitud y que acceder a lo pedido mediante adición
suponía reformar el fallo. Existe una respuesta expresa sobre el efecto atribuido a la
vinculación, cuya corrección no puede confundirse con la inexistencia de un
pronunciamiento.
78. La recurrente sostiene que la falta de reclamación administrativa no fue propuesta ni
declarada como excepción y que los controles de legalidad impedían oponerla
posteriormente. Sin embargo, las actuaciones reseñadas verificaron la regularidad del
trámite y reservaron para la sentencia el examen de la legitimación material en la causa.
Por ello, la declaración de saneamiento no definió la entidad obligada al reconocimiento
ni resolvió el alcance sustancial de la intervención de Colpensiones.
79. La autoridad judicial distinguió la decisión sobre los actos expedidos por la UTP del
reconocimiento de una prestación a cargo de Colpensiones. Bajo esa delimitación, el
saneamiento del proceso seguido contra los actos de la Universidad no equivalía a una
decisión sobre la posibilidad de obtener un reconocimiento a cargo de la administradora.
La participación de Colpensiones garantizó su defensa judicial, pero no demuestra, por
sí sola, que aquella distinción constituyera una barrera manifiestamente arbitraria. El
reproche, en consecuencia, no acredita la configuración del defecto procedimental
alegado.
80. En cuanto al deber de remisión de la petición, deben precisarse las razones
expuestas en la sentencia impugnada. Si la Universidad consideraba que la solicitud
28 Ibidem, pp. 138–147.
29 Ibidem, pp. 230–232.
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correspondía a otra autoridad, el artículo 21 del CPACA le imponía remitirla e informar a
la interesada. La posibilidad de que esta presentara una nueva petición y la asistencia
de un abogado no eliminaban ese deber. Tampoco permiten calificar como culpa el
ejercicio de la acción judicial dirigida a controvertir las resoluciones de la Universidad.
81. La negativa administrativa no acreditaba que la demandante hubiera aceptado la
competencia exclusiva de Colpensiones. Precisamente, la reclamación y la demanda se
fundaron en que la Universidad conservaba una obligación propia. Por eso, la referencia
a la propia culpa contenida en el fallo de tutela no se adopta como fundamento de esta
decisión. El examen constitucional debe descansar en las razones de la providencia
cuestionada y en la incidencia de las irregularidades alegadas.
82. La eventual falta de remisión, sin embargo, no demuestra por sí sola que la
Universidad fuera la obligada al pago ni que la contestación judicial de Colpensiones
sustituyera el trámite administrativo. Tampoco altera automáticamente el objeto del
medio de control. El cargo no puede prosperar únicamente por la posibilidad de que la
interesada hubiera obtenido antes otra respuesta, pues debe mostrar cómo esa omisión
administrativa determina un defecto de la sentencia.
83. La edad de 76 años de la demandante, su condición de cónyuge supérstite y el
tiempo transcurrido desde la reclamación de 2016 deben apreciarse conjuntamente al
valorar la carga que supondría una nueva gestión pensional. Aunque recibe una pensión
de sobrevivientes del ISS, ese ingreso no permite concluir, por sí solo, que su mínimo
vital esté satisfecho. La ausencia de un estereotipo explícito tampoco agota el examen
de las posibles barreras de acceso a la justicia. Estas circunstancias deben relacionarse
con la justificación de la exigencia procesal cuestionada, sin que sustituyan la
demostración del defecto ni determinen automáticamente la entidad obligada al pago.
84. La sentencia laboral del 17 de junio de 2011 reconoció a su favor el ciento por ciento
de la mesada de sobrevivientes, y la Resolución 1941 de 2012 dio cumplimiento a esa
decisión30. Se trata de la totalidad de la prestación del ISS, no del ciento por ciento del
ingreso base de liquidación ni de la acreditación del mayor valor que ahora reclama. La
certificación expedida por Colpensiones el 23 de febrero de 2021, con corte a enero de
ese año, tampoco permite establecer por sí sola sus ingresos y necesidades actuales31.
85. La solicitud de llevar el asunto a Sala Plena no encuentra sustento suficiente en la
discrepancia planteada. El análisis de los cargos se circunscribe al control constitucional
de las providencias cuestionadas y no requiere adoptar una regla de unificación del
régimen pensional.
86. El examen de los cargos permite identificar una controversia sobre la interpretación
del régimen pensional y las consecuencias de la vinculación de Colpensiones, frente a
la cual la autoridad judicial expuso razones normativas y procesales. Los reparos no
demuestran que esas razones configuren un error manifiesto y determinante que
justifique la intervención excepcional del juez constitucional. En consecuencia, la
negativa del amparo se mantiene por los fundamentos desarrollados, sin adoptar las
30 SAMAI, índice 13 del proceso de primera instancia. Archivo
15_010RESPUESTAOFICIO0100COLÉNSIONES.PDF, pp. 57–68 y 16–17.
31 Ibidem, pp. 4–5.
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consideraciones de primera instancia sobre la propia culpa de la demandante ni sobre
su falta de interés para cuestionar los efectos de aquella vinculación.
87. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del 30 de julio de 2026, que negó
la solicitud de amparo, por las razones expuestas en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 30 de julio de 2026, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo presentada por la señora
Luz Myriam Molina de Cardona, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta decisión a las partes y a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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