Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00629-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00629-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2017-00629-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
16 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2017-00629-01 (4141-2022)
Demandante: Luz Myriam Molina de Cardona
Demandada: Universidad Tecnológica de Pereira
Tema: Marco normativo aplicable al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993.
Responsabilidad directa del último fondo en el que se realizaron
cotizaciones. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, por medio de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora Luz Myriam Molina de Cardona instauró demanda contra la Universidad
Tecnológica de Pereira, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se
acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de la Resolución Nro. 2868 del 16 de junio de 2017, por
medio de la cual se negó la solicitud de pensión de jubilación post mortem, en su
calidad de cónyuge del señor Humberto Cardona Restrepo; y de la Resolución Nro.
5642 del 24 de agosto de 2017, mediante la cual se confirmó la anterior en todas
sus partes.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación post mortem a partir del 26 de mayo de 1988, en
cuantía del 75% de lo percibido por el causante en el último año de servicios. Que
se reajuste la pensión de jubilación a partir del 1° de enero de 1989 en el mismo
porcentaje del incremento del salario mínimo y hasta el 31 de diciembre de 1993; y
con base en el IPC, a partir del 1° de enero de 1994, incluidos los incrementos
previstos en el Decreto 2108 de 1992 y en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993.
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Solicitó que de la pensión que se reconozca se deduzcan los valores que por
pensión de sobrevivientes actualmente le paga la Administradora Colombiana de
Pensiones y que las sumas que resulten a su favor se indexen debidamente.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el 9 de julio de 1969 contrajo matrimonio con el señor Humberto Cardona
Restrepo, quien falleció el 25 de mayo de 1988; y que mediante Resolución Nro.
02017 del 1° de septiembre de 1988, modificada por la Resolución Nro. 1941 de
2012, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión de sobrevivientes,
teniendo en cuenta el tiempo cotizado a esa entidad de previsión por parte de la
Universidad Tecnológica de Pereira.
Que el 11 de octubre de 2016 presentó una petición ante la Universidad Tecnológica
de Pereira en la que solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación,
que se resolvió mediante la Resolución Nro. 2868 del 16 de junio de 2017 y se
confirmó a través de la Resolución Nro. 5642 del 24 de agosto de 2017.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Se indicaron como normas violadas los artículos 48 y 53 de la Constitución Política;
el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945; el artículo 4 de la Ley 4ª de 1966; el artículo 1
de la Ley 12 de 1975; los artículos 1 y 2 de la Ley 33 de 1985; el artículo 1 de la Ley
71 de 1988; el artículo 116 de la Ley 6ª de 1992; los artículos 11, 14 y 142 de la Ley
100 de 1993; los artículos 138 y siguientes de la Ley 1437 de 2011; el artículo 1 del
Decreto 3041 de 1966; el artículo 5 del Decreto 1743 de 1966; el artículo 75 del
Decreto 1848 de 1969; el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978; el artículo 1 del
Decreto 2108 de 1992; y el artículo 42 del Decreto 692 de 1994.
En el concepto de violación expuso aspectos conceptuales sobre: el régimen
aplicable a la pensión de jubilación, el monto y el salario base de liquidación, los
reajustes e incrementos ordinarios y adicionales, los incrementos previstos en el
artículo 42 del Decreto 692 de 1994, las mesadas adicionales de junio y diciembre,
y la compatibilidad de la pensión de jubilación demandada con la de sobrevivientes
reconocida por el Instituto de Seguros Sociales.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda se admitió en auto del 26 de enero de 20181. La Universidad
Tecnológica de Pereira contestó y se opuso a las pretensiones. Indicó que a la
accionante no le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación post
mortem en el entendido que, al momento del fallecimiento del señor Humberto
Cardona Restrepo, este no contaba con los requisitos exigidos para disfrutar de la
pensión de jubilación.
1 Véase a folios 109-111 PDF del archivo «1_001CUADERNO1», visible a índice 40 de SAMAI del Tribunal.
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Que la Universidad Tecnológica de Pereira tuvo la posibilidad de afiliar a sus
trabajadores al Instituto de Seguros Sociales, razón por la que la contingencia de
su deceso fue legalmente cubierta por dicha entidad de previsión, al reconocer la
pensión de sobrevivientes a la demandante.
Propuso como excepciones las de inepta demanda por falta de requisitos formales,
indebida integración del litisconsorcio necesario, inexistencia de los requisitos para
ser beneficiario de la pensión de jubilación, inexistencia del derecho a trasmitir,
ausencia de causa para demandar, pensión compartida y reconocimiento del mayor
valor y prescripción extintiva2.
El 4 de febrero de 2019 se celebró la primera sesión de la audiencia inicial, en la
que se ordenó vincular al proceso a la Administradora Colombiana de Pensiones
─COLPENSIONES─ y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ─UGPP─3.
COLPENSIONES solicitó que se negaran las pretensiones. Indicó que el expediente
administrativo de la actora permitía concluir que se le reconoció la pensión de
sobrevivientes, luego de aplicar la normativa vigente a su caso y en cumplimiento
del fallo judicial proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira.
Propuso como excepciones las de falta de legitimación en la causa, inexistencia de
la obligación, prescripción y genérica4.
La UGPP manifestó que no se referiría a ninguna de las pretensiones, al no estar
relacionada con ellas y no ser responsable por su cumplimiento. Que, sin embargo,
se oponía a que la Universidad Tecnológica de Pereira hubiese señalado que debía
hacerse cargo de las declaraciones y condenas, porque la entidad no tuvo injerencia
alguna en el proceso. Propuso como excepciones las de falta de legitimación en la
causa por pasiva, falta de competencia para hacerse parte en el proceso,
inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe, prescripción y
genérica5.
Por auto del 20 de enero de 2021 se fijó el litigio y se decretaron las pruebas6.
Luego, se corrió traslado para alegar de conclusión y se dictó sentencia que fue
apelada en el plazo oportuno por la parte demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del siete (7) de abril de
dos mil veintidós (2022), negó las pretensiones. Indicó que como a la entrada en
vigencia de la Ley 33 de 1985, el causante contaba con 17 años, 11 meses y 6 días
de servicio, le asistía derecho a que se le siguiera aplicando sobre la edad de
jubilación las disposiciones anteriores a dicha ley, es decir, que la norma aplicable
para reconocer la pensión post mortem era la Ley 12 de 1975.
2 Véase a folios 122-136 PDF, ibid.
3 Véase a folios 184-190 PDF, ibid.
4 Véase a folios 192-202 PDF, ibid.
5 Véase a folios 21-62 PDF del archivo «2_002CUADERNO1-1», visible a índice 40 de SAMAI del Tribunal.
6 Véase a folios 79-87 PDF, ibid.
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Que, en principio, podía concluirse que a la demandante, en su calidad de cónyuge
supérstite, sí le asistía derecho a la pensión de jubilación post mortem, ya que el
causante, antes de su deceso, había cumplido con el requisito del tiempo de
servicios (20 años) previsto en la ley especial para el reconocimiento de la pensión
de jubilación, pues de acuerdo con las constancias laborales, a la fecha de
fallecimiento (25 de mayo de 1988), su tiempo de servicios correspondía a 21 años,
2 meses y 22 días.
Señaló que estaba demostrado que la accionante era beneficiaria de una pensión
de sobrevivientes reconocida por el Instituto de Seguros Sociales a través de la
Resolución Nro. 02017 del 1° de septiembre de 1988, pues el causante cotizó un
total de 527 semanas al Instituto. Que ello ponía de manifiesto una incompatibilidad
entre ambas prestaciones, porque las mismas provienen del tesoro, en atención a
que obedecen al reconocimiento por la prestación de servicios en el sector público,
como fue el desempeñado por el causante en la Universidad Tecnológica de
Pereira.
Manifestó que se concluía que la accionante no podía percibir, conjuntamente, la
pensión post mortem y la de sobrevivientes, por cuanto ambas prestaciones tienen
su origen en una misma relación laboral, sin que fuera factible que por un mismo
vínculo laboral se deriven dos pensiones, lo cual en modo alguno genera un
desconocimiento de los derechos adquiridos, ya que conforme a la ley solo puede
entrar a su patrimonio una de las dos, por ser excluyentes.
Que el Acuerdo Nro. 00023 del 10 de noviembre de 1987, expedido por el Consejo
Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira, estableció que es la universidad
quien reconoce directamente la pensión de jubilación de sus empleados hasta que
cumplan con los requisitos para acceder a la pensión de vejez, fecha a partir de la
cual el Instituto de Seguros Sociales seguiría reconociendo la prestación y cesaría
para la universidad la obligación, y solo continuaría pagando la diferencia entre la
pensión de jubilación y la de vejez si a ello hubiere lugar, operando así la figura de
la compartibilidad pensional.
Que cuando el Instituto de Seguros Sociales asume el riesgo de vejez, sustituye a
la universidad en su obligación de reconocer la pensión de jubilación,
presentándose una sustitución de la entidad encargada de asumir la prestación, por
lo que resultaba improcedente que, simultáneamente, pueda gozarse de la pensión
de jubilación reconocida por la universidad y la de vejez otorgada por el Instituto,
pues ello contraría la prohibición contenida en el artículo 128 de la Constitución
Política.
Señaló que si bien la compartibilidad pensional alude a la subrogación de la pensión
por parte del Instituto de Seguros Sociales cuando se cumpla con los requisitos para
la de vejez, no cabía duda que el Instituto asumió, en forma definitiva, el pago de la
totalidad de la prestación en favor de la cónyuge supérstite, quedando obligada la
entidad empleadora a cubrir, solamente, la eventual diferencia entre el monto
reconocido y lo que efectivamente le correspondía reconocer en la calidad de
servidor público del causante, dado que la ley no autoriza que por los mismos
tiempos de servicios estatales se perciban 2 pensiones a cargo de diferentes
instituciones, máxime si se tenía en cuenta que la pensión post mortem que se
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reclamaba tenía origen en el mismo tiempo de servicio, con base en el cual el
Instituto dispuso el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
Que si la accionante consideró que debió reconocérsele la pensión post mortem,
tuvo que demandar el acto que dispuso su reconocimiento, pues no era de recibo
que a través de este medio de control se efectuara pronunciamiento alguno sobre
la legalidad del acto de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes efectuado
por el Instituto de Seguros Sociales, pues aun cuando se dispuso la vinculación de
COLPENSIONES al litigio, ello por sí solo no legitimaba el estudio de legalidad de
dicho acto, ya que no fue objeto de demanda y todavía goza de presunción de
legalidad7.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que argumentó que el
fallador de primera instancia no pudo definir que la pensión de jubilación
demandada, prevista en la Ley 12 de 1975, es diferente a la pensión de
sobrevivientes que se regía por el reglamento propio del Instituto de Seguros
Sociales, razón por la que no se está pretendiendo el reconocimiento de 2
pensiones, sino una pensión compartible con la pensión que reconoció el Instituto
de Seguros Sociales con las 527 semanas que le cotizó la Universidad Tecnológica
de Pereira al causante.
Considera que lo decidido por el Tribunal no consultó las pretensiones de la
demanda, pues se amparó en situaciones fácticas distintas en tiempo y espacio, así
como en jurisprudencia que no es aplicable a su caso concreto, por las siguientes
razones:
i) Que mientras ella no pretendió el reconocimiento de 2 pensiones de
sobrevivientes, sino una pensión de jubilación compartible, en la jurisprudencia que
tuvo en cuenta el juez de primera instancia se pretendió la compatibilidad entre la
pensión de jubilación con la pensión de sobrevivientes.
ii) Que en la pensión demandada se demostró que el causante laboró por más de
20 años al servicio del Estado, lo cual le permitía solicitar la pensión de jubilación
prevista en el artículo 1 de la Ley 12 de 1975, en cuantía equivalente al 75% del
promedio devengado en el último año de servicios, mientras que para la pensión de
sobrevivientes el Instituto solo tuvo en cuenta las 527 semanas cotizadas, es decir,
menos de la mitad del tiempo efectivamente prestado al Estado.
iii) Que en la jurisprudencia que tuvo en cuenta el fallador de primera instancia, la
gobernación de Cundinamarca emitió y pagó un bono pensional por el tiempo
prestado por el causante y asumió su obligación, lo que significaba que la prestación
fue reconocida bajo el régimen de la Ley 100 de 1993; mientras que en su caso,
acorde con los reglamentos vigentes del Instituto para el 25 de mayo de 1988, no
existía para la pensión de sobrevivientes, ni para la de vejez, la posibilidad de
acumular tiempos de servicios entre entidades públicas y privadas.
7 Véase a índice 45 de SAMAI del Tribunal.
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Y iv) que el Instituto, antes de la Ley 100 de 1993, no era entidad de previsión de
entidades públicas para la pensión de jubilación de sus empleados puesto que,
única y exclusivamente, lo era para la pensión de vejez compartible con la primera.
Además, manifestó que como el Instituto de Seguros Sociales no fue entidad de
previsión del señor Humberto Cardona Restrepo para efectos de la pensión de
jubilación, de conformidad con el Acuerdo 00023 del 10 de noviembre de 1987, era
forzoso concluir que la Universidad Tecnológica de Pereira debía reconocer la
prestación.
Que la pensión de jubilación demandada es distinta a la pensión de sobrevivientes
que reconoció el Instituto de Seguros Sociales, en la medida que para la primera se
exigen 20 años de servicio y su monto no puede ser inferior al 75% de lo devengado
en el último año.
Que el hecho de que la Universidad Tecnológica de Pereira hubiese afiliado al
causante al Instituto de Seguros Sociales, de manera alguna le impedía acceder a
la pensión de jubilación o a que su cónyuge la percibiere. Que esa afiliación, antes
de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, no implicaba que los servidores
públicos perdieran su estatus y los beneficios laborales que este les otorgaba, en la
medida que esos derechos tienen la connotación de irrenunciables e indiscutibles8.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 10 de agosto de 2022 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una
vez ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin
necesidad de traslados, salvo que las partes presentaran solicitud probatoria9.
Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no emitió concepto.
Se resolverá previas las siguientes
CONSIDERACIONES
De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico que
deberá resolver la Sala consiste en determinar si debe declararse la nulidad de las
Resoluciones Nro. 2868 del 16 de junio de 2017 y 5642 del 24 de agosto de 2017,
expedidas por la Universidad Tecnológica de Pereira; y, consecuentemente, si la
demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación post
mortem, con ocasión del fallecimiento del señor Humberto Cardona Restrepo, en
los términos de la Ley 12 de 1975.
Marco normativo aplicable al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993
El Instituto de Seguros Sociales fue creado a través de la Ley 90 de 1946, la cual
dejó a su cargo el riesgo de vejez ─artículo 47─ y obligó al empleador a entregar
8 Véase a índice 49 de SAMAI del Tribunal.
9 Véase a índice 4 de SAMAI.
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una cotización compuesta de su aporte y el de su empleado para que este cubriera
las prestaciones de invalidez, vejez y muerte de los trabajadores ─artículos 21 y
50─. Luego, con la expedición de la Resolución 831 de 1966, se precisó que desde
el 1° de enero de 1967 era obligatoria la afiliación a estas contingencias; de modo
que la cobertura a estos riesgos inició a partir de esa fecha, de manera progresiva,
en todo el país.
En esa etapa, se expidió el Decreto 3041 de 1966 que, sobre las prestaciones en
caso de muerte, preceptuó:
«Artículo 20. Cuando la muerte sea de origen no profesional, habrá derecho a
pensiones de sobrevivientes en los siguientes casos:
a) Cuando a la fecha del fallecimiento el asegurado hubiere reunido las
condiciones de tiempo y densidad de cotizaciones que se exigen, según el
artículo 5o para el derecho a pensión de invalidez;
b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando de pensión de invalidez
o de vejez según el presente reglamento».
Después, se profirieron los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 que, en sus
artículos 36 y 39 ─modificados por el Decreto 434 de 1971─, y 80 y 92,
respectivamente, dispusieron la posibilidad de trasmitir el derecho jubilatorio a favor
de los beneficiarios del causante únicamente en dos eventos: i) cuando fallece el
empleado público en goce de pensión; y ii) cuando el empleado público muere con
derecho a pensión sin que se hubiere efectuado el reconocimiento. Las citadas
disposiciones ordenaban:
DECRETO 3135 DE 1968 DECRETO 1848 DE 1969
Artículo 36. Fallecido un empleado público o ARTÍCULO 80. Fallecimiento del empleado
trabajador oficial jubilado o con derecho a con derecho a pensión. Cuando fallezca un
pensión de jubilación, su cónyuge y sus hijos empleado oficial que hubiere causado en su
mejores de 23 años o incapacitados para favor el derecho a pensión de jubilación, por
trabajar por razón de estudios o invalidez y que reunir los requisitos legales, sin haberla hecho
dependieren económicamente del causante, efectiva en vida, ese derecho se transmite a las
tendrán derecho a percibir entre todos, según personas señaladas en el artículo 92 de este
las reglas del artículo 275 del Código Sustantivo Decreto, para el solo efecto de recibir de la
del Trabajo, la respectiva pensión durante los entidad obligada el pago de la pensión que le
cinco (5) años subsiguientes. hubiere correspondido al causante, durante los
dos años a que se refiere la citada norma legal.
Cuando faltaren el cónyuge o los hijos, la
sustitución pensional corresponderá a los
padres o hermanos inválidos y a las hermanas
solteras del empleado fallecido que
dependieren económicamente del causante.
Artículo 39. Fallecido un empleado público o ARTÍCULO 92. Transmisión de la pensión.
trabajador oficial con derecho o en goce de Cuando fallezca el pensionado por invalidez,
pensión de invalidez o retiro por vejez, su jubilación o retiro por vejez, su cónyuge y sus
cónyuge y sus hijos menores de 18 años o hijos menores de diez y ocho (18) años o
incapacitados para trabajar por causa de sus incapacitados para trabajar por razón de
estudios o por invalidez, que dependieren estudios o por invalidez, que dependieren
económicamente del causante, tendrán económicamente del causante, tendrán
derecho a percibir entre todos, según las reglas derecho a percibir la respectiva pensión durante
del artículo 275 del Código Sustantivo del los dos (2) años subsiguientes al fallecimiento
Trabajo, la pensión respectiva durante los cinco del pensionado.
(5) años subsiguientes.
Cuando faltaren el cónyuge o los hijos, la
sustitución pensión al corresponderá a los
padres o hermanos inválidos y a las hermanas
solteras del causante que dependieran
económicamente del extinto.
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Posteriormente, se expidió la Ley 33 de 1973 que, en su artículo 1, reguló lo
siguiente:
«Artículo 1º. Fallecido particular pensionado o con derecho a pensión de
jubilación, invalidación o vejez, o un empleado a trabajador del sector público,
sea este oficial o semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la
respectiva pensión en forma vitalicia. […]».
Luego, en materia de pensión de jubilación post mortem, se profirió la Ley 12 de
1975, que dispuso:
«Artículo 1º. El cónyuge supérstite, o la compañera permanente, de un
trabajador particular o de un empleado o trabajador del sector público, y sus
hijos menores o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro
cónyuge si éste falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta
prestación, pero que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para
ella en la Ley, o en convenciones colectivas».
Nótese que, conforme a las disposiciones transcritas, el derecho a la pensión de
jubilación post mortem surgía, en principio, para los beneficiarios de un empleado
público cuando a la fecha de su fallecimiento había consolidado completamente el
derecho jubilatorio. No obstante, el legislador extendió tal beneficio a aquellos
eventos en los cuales el empleado público hubiese alcanzado el tiempo de servicios,
pero no tuviera la edad exigida, con el fin de amparar al núcleo familiar que dependía
de él y que, por la contingencia de la muerte, no logró consolidar su derecho
pensional.
Ahora, en lo que respecta a la competencia para conceder las prestaciones del
sistema de seguridad social, se tiene que el reconocimiento de la pensión y el pago
directo de las mesadas corresponde a la última entidad a la que se realizaron
aportes y esta, a su vez, será la encargada de recaudar los recursos aportados a
otros entes de la misma naturaleza, en beneficio de la salud financiera de aquella y
del sistema mismo.
Sobre este punto, el Decreto 1848 de 1969, en el Capítulo XIII, disponía lo siguiente
sobre la pensión de jubilación:
«[…] Artículo 72. Acumulación del tiempo de servicios. Los servicios
prestados sucesiva o alternativamente a distintas entidades de derecho público,
establecimientos públicos, empresas oficiales y sociedades de economía mixta,
se acumularán para el cómputo del tiempo requerido para la pensión de
jubilación, En este caso, el monto de la pensión correspondiente se distribuirá
en proporción al tiempo servido en cada una de aquellas entidades,
establecimientos, empresas o sociedades de economía mixta.
[…]
Artículo 75. Efectividad de la pensión.
1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará al
empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al
tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por la ley, si para entonces
se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida para tal fin, o por
la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces
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cumple los requisitos de tiempo de servicios y edad señalados para el goce de
la pensión.
2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión
social al tiempo de retirarse del servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará
directamente por la última entidad o empresa oficial empleadora.
3. En los casos de acumulación de tiempo de servicios a que se refiere el
artículo 72 de este Decreto, la entidad o empresa a cuyo cargo esté el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra
las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad
proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada
una de aquellas.
En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado al efecto en
el Decreto 2921 de 1948 y, si transcurrido el término de quince (15) días del
traslado a que se refiere el artículo 3o. del citado decreto la entidad obligada a
la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamente
legal, se entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la
resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.
El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad
correspondiente reciba el proyecto de reconocimiento de la pensión» (subrayas
fuera de texto).
En su momento, el Decreto 3135 de 1968 también señaló, en su artículo 28, que la
entidad de previsión obligada al pago de la pensión de jubilación tendría derecho a
repetir contra los organismos no afiliados a ella, a prorrata del tiempo que el
pensionado hubiere servido en ellos. No obstante, dicha norma fue derogada por la
Ley 33 de 1985, que preceptuó:
«[…] Artículo 2º. La Caja de Previsión obligada al pago de pensión de
jubilación, tendrá derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o
contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el
pensionado hubiere servido o aportado a ellos. El proyecto de liquidación será
notificado a los organismos deudores, los que dispondrán del término de quince
(15) días para objetarlo, vencido el cual se entenderá aceptado por ellos. […]».
Como se observa, si la entidad obligada al pago de la pensión es aquella que
administró el régimen o sistema pensional donde el trabajador cotizó o se afilió, se
concluye que cualquier otro trámite administrativo pensional también debe surtirse
ante esta pues, en virtud del principio de eficiencia, el fondo que recibió los aportes
está en condiciones de lograr la mejor relación posible entre los resultados
obtenidos y los recursos empleados para conseguirlos.
Resolución del caso concreto
El señor Humberto Cardona Restrepo nació el 24 de noviembre de 1944 y falleció
el 26 de mayo de 1988, es decir, a sus 43 años.
De acuerdo con los certificados de historia laboral, se tiene que prestó los siguientes
servicios al Estado:
EMPLEADOR DESDE HASTA ENTIDAD DE
PREVISIÓN
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Secretaría de Educación 7/03/1967 7/04/1978 Caja Nacional de
Departamental del Previsión Social
Quindío
Universidad Tecnológica 27/03/1978 25/05/1988 Instituto de Seguros
de Pereira Sociales
Una vez falleció el señor Cardona Restrepo, el Instituto de Seguros Sociales le
reconoció a la demandante, a través de la Resolución Nro. 02017 del 1° de
septiembre de 1988, la prestación en caso de muerte, dado que el causante falleció
por razones de origen no profesional ─Decreto 3041 de 1966─; y, para ello, tuvo en
cuenta las 527 semanas que la Universidad Tecnológica de Pereira le había
cotizado al causante.
El 11 de octubre de 2016, la señora Luz Myriam Molina de Cardona presentó una
petición ante la Universidad Tecnológica de Pereira, en la que solicitó:
«[…] 5.1. Se reconozca la pensión de jubilación post mortem a favor de la
señora LYZ MIRIAM MOLINA DE CARDONA a partir del 26 de mayo de 1988
en cuantía del 75% de lo devengado por el causante Humberto Cardona
Restrepo en el último año de servicios.
5.2. La pensión deberá incrementarse anualmente con base en el salario
mínimo hasta 1994 y con el IPC a partir de 1995, sin perjuicio del incremento
previsto en el artículo 42 del Decreto 692 de 1994.
5.3. Las mesadas causadas a favor de mi representada deberán pagarse
debidamente indexadas, sin perjuicio de los intereses de mora que se causante
al vencimiento de los dos (2) meses que cuenta la entidad para decidir. […]».
El ente educativo respondió a la anterior petición mediante la Resolución Nro. 2868
del 16 de junio de 2017, para lo cual señaló:
«[…] Que la Universidad Tecnológica de Pereira, desde el inicio de la relación
laboral de todo su personal trabajador, los afilió al otrora I.S.S., para efecto de
subrogarse en el pago de sus obligaciones pensionales y poder descargarlas
en el sistema pensional.
Que conforme lo dispuesto en el Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto
3041 de 1966, la Universidad Tecnológica de Pereira vinculó a todos sus
trabajadores al I.S.S.
[…]
Que si el afiliado al sistema pensional fallece o se invalida durante la vinculación
al Seguro Social, el ente obligado al pago de esa prestación es el asegurador,
es decir, el Seguro Social; en el evento de que no cumpliera los requisitos del
sistema lo sería el empleador estatal, siempre y cuando cumpliera los requisitos
para tal efecto.
Que tan cierto es lo anterior, es el hecho que a la señora MOLINA DE
CARDONA en calidad de cónyuge supérstite le fue reconocida la pensión de
sobrevivientes por parte el I.S.S. mediante la Resolución 02017 del 01-09-1988
modificada por la Resolución 1941 de 2012, con base en las cotizaciones
realizadas por la Universidad Tecnológica de Pereira.
Que se considera que no le asiste razón al apoderado de la peticionaria, cuando
reclama a la Universidad Tecnológica de Pereira una pensión de jubilación post
mortem, y la cual considera que es compatible con la pensión de sobrevivientes
que viene recibiendo por parte del sistema pensional del I.S.S. hoy
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Colpensiones, ya que la única obligación que tenía la Universidad era la de
afiliar a sus trabajadores y ampararlos de una posible contingencia por vejez,
invalidez o muerte, lo cual a la postre sucedió. […]».
Contra el anterior acto administrativo, la demandante interpuso recurso de
reposición en el que manifestó:
«[…] De acuerdo con las normas citadas anteriormente, en subsidio de la
sustitución de la pensión de invalidez, mi representada tiene derecho a la
pensión de jubilación post mortem por el deceso de su cónyuge a partir del 08
de febrero de 1990, en cuantía del 75% de lo devengado en el último año de
servicios.
Obviamente que como la pensión de jubilación reclamada es superior a la
reconocida como pensión de sobrevivientes por parte del Instituto de Seguros
Sociales, mi representada se acogería a la primera por razones de favorabilidad
[…].
[…]
Se deduce de lo anterior que como la pensión de jubilación es superior a la
pensión de sobrevivientes que le reconociera a mi representada el ISS, ésta
tiene derecho a la primera a cargo de la Universidad Tecnológica de Pereira
para ser compartida con la Universidad del Quindío-UGPP y/o con el ISS»
(subrayas fuera de texto).
El recurso se resolvió mediante la Resolución Nro. 5642 del 24 de agosto de 2017,
por medio de la cual se confirmó en todas y cada una de sus partes la Resolución
Nro. 2868 del 16 de junio de 2017. Luego, en el acápite de pretensiones de la
demanda, se solicitó:
«[…] 5. Declárese que del valor de la pensión de jubilación Post mortem a cargo
de la Universidad Tecnológica de Pereira, esta entidad puede deducir el valor
que por pensión de sobrevivientes le reconoció el Instituto de Seguros Sociales
a favor de la señora Luz Myriam Molina de Cardona y que actualmente le paga
la Administradora Colombiana de Pensiones. […]».
Con base en lo anterior, lo primero que pone de presente la Sala es que le asiste
razón a la señora Luz Myriam Molina de Cardona cuando en el recurso de apelación
sostuvo que no pretendió el reconocimiento de 2 pensiones porque, tanto en sede
administrativa, como judicial, expuso que su intención era que se le reconociera la
pensión de jubilación a la que pudo tener derecho su esposo pues, por favorabilidad,
esta le resultaba mucho más beneficiosa que aquella que en su momento le
reconoció el Instituto de Seguros Sociales.
No obstante, dado que la demandante pretendía lo anterior, aunado al hecho que
también solicitó el reconocimiento de los tiempos laborados por el causante ante la
Secretaría de Educación Departamental del Quindío —porque estos no se tuvieron
en cuenta en la liquidación que hizo el Instituto cuando le reconoció la pensión de
sobrevivientes—, se advierte que erró al formular la petición ante la Universidad
Tecnológica de Pereira, pues como esta afilió a sus empleados al Instituto de
Seguros Sociales, cedió la obligación de pagar las prestaciones que inicialmente le
correspondían, razón por la que transfirió los derechos asociados al reconocimiento
y pago de estas a la entidad de previsión.
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En otras palabras: si la señora Luz Myriam Molina de Cardona consideraba que la
pensión de jubilación prevista en el artículo 1 de la Ley 12 de 1975 le era más
favorable que la pensión de sobrevivientes, la reclamación debió presentarla ante
COLPENSIONES por ser la entidad que tenía el registro de los aportes del causante
y quien, actualmente, tiene a cargo la administración y pago de su prestación
económica; entidad que, además, está habilitada para repetir contra las entidades
y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les
corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas, tal y como
se expuso en el marco normativo.
Con base en lo anteriormente expuesto, se confirmará la sentencia proferida el siete
(7) de abril de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Risaralda,
por medio de la cual se negaron las pretensiones, pero por las razones expuestas,
dado que encuentra la Sala que la motivación expuesta en las Resoluciones Nro.
2868 del 16 de junio de 2017 y 5642 del 24 de agosto de 2017, expedidas por la
Universidad Tecnológica de Pereira, se ajustó a derecho, en la medida que no tenía
competencia para pronunciarse sobre el asunto, porque cualquier solicitud
relacionada con el cambio en la normativa aplicable al reconocimiento pensional de
la demandante debió tramitarse ante COLPENSIONES, por tener la responsabilidad
directa al ser la última entidad a la que el causante realizó aportes.
Finalmente, se reconocerá personería al abogado Francisco Fernando Guerrero
Bustos, identificado con la cédula de ciudadanía 1.073.604.568 y la tarjeta
profesional 343.330 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar los
intereses de la Administradora Colombiana de Pensiones —COLPENSIONES— en
este proceso10.
De la condena en costas
La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021 fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; y, en ese sentido, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
10 Véase a índice 28 de SAMAI.
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En consecuencia, se impondrán costas a la parte vencida, por cuanto se negaron
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Risaralda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el siete (7) de abril de dos mil
veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual se
negaron las pretensiones, pero por las razones expuestas.
Segundo. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
Tercero. RECONÓZCASE personería al abogado Francisco Fernando Guerrero
Bustos, identificado con la cédula de ciudadanía 1.073.604.568 y la tarjeta
profesional 343.330 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar los
intereses de la Administradora Colombiana de Pensiones —Colpensiones— en este
proceso.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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