Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04988-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04988-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04988-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C, veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04988-00
Accionante: JAIRO RODRÍGUEZ MOTTA
Accionado: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DE IBAGUÉ
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Vacaciones individuales del
régimen especial de la Rama Judicial. Derecho fundamental al
descanso remunerado y al trabajo en condiciones dignas
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Jairo Rodríguez Motta, quien actúa en nombre propio, contra
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 26 de junio de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales a la seguridad social y al descanso remunerado,
supuestamente vulnerados por la autoridad accionada.
En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:
“Se ampare el derecho fundamental invocado y, en consecuencia, se ordene a la
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL IBAGUÉ, TOLIMA -
TALENTO HUMANO- ÁREA DE PRESUPUESTO, emita el correspondiente CDP para el
reconocimiento del disfrute de mis vacaciones”.
2. Hechos
El demandante relató que se encuentra vinculado a la Rama Judicial desde el 1 de
marzo de 2007 y que se ha desempeñado en varios cargos en propiedad y en
provisionalidad.
Afirmó que el 20 de marzo de 2026, en su calidad de Juez Cuarto de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué solicitó al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Ibagué que le concediera las vacaciones individuales causadas en el
periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, a
partir del 2 de julio de 2026.
1
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Accionante: Jairo Rodríguez Motta
Resaltó que el 29 de mayo de 2026 tomó posesión en el cargo de Juez Tercero
Penal del Circuito de Ibagué, en provisionalidad, lo que implicó el cambio al régimen
de vacaciones colectivas, situación que informó al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Ibagué mediante correo electrónico de 1 de junio de 2026.
Finalmente, manifestó que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué en
Resolución núm. 057 de 16 de junio de 2026 negó la solicitud de disfrute de
vacaciones, al considerar que la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Ibagué en correo electrónico de 4 de junio de 2026, informó la falta de expedición
del certificado de disponibilidad presupuestal, en tanto el accionante cambió su
régimen de vacaciones y en la actualidad no registra períodos pendientes, a lo que
agregó que será en el mes de diciembre de 2026 que se causen bajo el régimen de
vacaciones colectivas.
3. Fundamentos de la acción
El accionante afirmó que lo sostenido por la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Ibagué para negar la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal riñe con lo dispuesto en el literal c del artículo 2 del Acuerdo
PCSJA24-12172 de 2 de mayo de 2024 expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura. Agregó que la solicitud de vacaciones la radicó dentro del plazo exigido,
es decir, 30 días antes del disfrute, e incluso envió un recordatorio al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Ibagué.
Para terminar, aseguró que “las vacaciones son un derecho y, por consiguiente, al
haberse actualizado el período pretendido es una obligación por parte de la entidad
accionada emitir el CDP para su reconocimiento”.
4. Trámite procesal
Por auto de 30 de junio de 2026, el magistrado sustanciador requirió al demandante
para que indicara con mayor claridad las autoridades demandadas y las
pretensiones de la acción de tutela.
Una vez atendido el requerimiento1, en proveído de 14 de julio de 2026 se admitió
la demanda de tutela y ordenó notificar al accionante, a la autoridad accionada y al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, como tercero con interés. De igual
modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Por último,
se negó la medida cautelar solicitada en la demanda de tutela.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 130328 a 130331
de 16 de julio de 2026 y 137968 de 29 de julio de 2026, con el fin de dar
cumplimiento a la referida decisión.
5. Oposición
5.1. Respuesta de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué
El director de la entidad solicitó que se declare la improcedencia de la acción de
tutela, al considerar que el demandante no demostró la configuración de un
1
El demandante precisó que la solicitud de amparo se dirigía únicamente contra la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Ibagué.
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perjuicio irremediable que habilite la procedencia del mecanismo constitucional de
manera transitoria.
5.2. Respuesta del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima2
El presidente de la corporación pidió que se negaran las pretensiones, en tanto no
es la autoridad competente para expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal para las vacaciones solicitadas por el demandante, lo cual, afirmó, le
corresponde a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué.
5.3. Respuesta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué
El presidente de la corporación judicial afirmó que se remitía a las consideraciones
expresadas por la Sala de Gobierno y que se plasmaron en el Acta núm. 28 de 16
de junio de 2026 y la Resolución núm. 57 de 16 de junio de 2026, las cuales allegó
junto con el informe.
Indicó que, en el marco del respeto por las decisiones judiciales, acogerá la decisión
que adopte el Consejo de Estado en relación con la controversia sobre el
reconocimiento de las vacaciones del demandante, quien actualmente se
desempeña como titular del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ibagué, en
provisionalidad.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
La Sala debe determinar si la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Ibagué vulneró al accionante los derechos fundamentales a la seguridad social y al
descanso remunerado al no expedir el certificado de disponibilidad presupuestal
para el reconocimiento y goce de las vacaciones individuales que se causaron
durante el periodo 2025 a 2026 mientras laboró como Juez Cuarto de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué.
3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.”
2
Aun cuando no fue vinculado al trámite constitucional, allegó informe.
3
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Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela
es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en los
siguientes términos:
“(..) La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o, si por el contrario, existen otros medios
jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.
Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha extendido los
efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el sólo hecho de que
existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción
de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter
subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. Así lo
precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU- 263 de 20153:
“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente
idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;
(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la
tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio
irremediable a los derechos fundamentales.
(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional
(personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia,
población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de
particular consideración por parte del juez de tutela"4.
De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido
para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las
personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser
eficaces para la defensa de sus derechos5, ya que, si bien la regla de la
subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de
la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos casos
en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que a pesar
de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio irremediable
3
Véase al respecto: Corte Constitucional, sentencia T-656 de 2006, M.P.Jaime Araújo Rentería, sentencia T-
435 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-768 de 2005 M.P. Jaime Araújo Rentería, sentencia T-651
de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-1012 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
4
Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
5
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
4
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o cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional, lo
anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de amparo es la protección
de los derechos fundamentales.
En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio
de defensa judicial, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e
idoneidad del otro medio, o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable,
circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del
amparo constitucional.
4. Estudio y solución del caso concreto
El señor Jairo Rodríguez Motta, quien actúa en nombre propio, interpuso acción de
tutela contra la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, con la
pretensión de que se acceda al amparo constitucional de sus derechos
fundamentales a la seguridad social y al descanso remunerado, los cuales
considera vulnerados por la decisión que negó la expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal para el goce de sus vacaciones individuales que se
configuraron cuando laboró como Juez Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Ibagué y conllevó, sostuvo, que la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Ibagué en Acta núm. 028 de 16 de junio de 2026 y
en Resolución núm. 057 de 16 de junio de 2026, negara la solicitud de vacaciones.
Esta Sala, al estudiar la procedencia de la acción de tutela en estos casos ha
señalado6 que cuando hay actos administrativos de contenido particular y concreto
de por medio, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el
que resulta idóneo, el cual contempla la posibilidad de hacer uso de las medidas
cautelares que dispone la Ley 1437 de 2011 para evitar un posible perjuicio que
llegue a tener la característica de irremediable.
Sin embargo, pese a que en el caso existe un acto mediante el cual el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Ibagué negó la solicitud de disfrute de vacaciones,
que se podría controvertir en sede ordinaria con fundamento en las causales de
nulidad que considere pertinentes conforme al artículo 137 de la Ley 1437 de 2011,
en el presente caso el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
no resultaría idóneo y eficaz para solicitar el reconocimiento del derecho
fundamental al descanso remunerado.
Igualmente, la Corte Constitucional en la sentencia SU-296 de 2023 estableció una
subregla en torno a la procedencia de la acción de tutela para reclamar la protección
del derecho al descanso relacionada con los funcionarios y empleados judiciales,
especialmente en lo referente al requisito de la subsidiaridad, en el sentido de que
“resulta desproporcionado exigirle a los funcionarios y empleados judiciales que han
causado periodos vacacionales, como es el caso de los actores en los procesos sub
examine, que acudan ante al juez contencioso administrativo, cuando lo que se
encuentra en juego es la salud mental y física del trabajador y esta afectación se
causa por una compleja interacción entre al menos tres actos administrativos (…)”.
6
Véase las sentencias de 31 de octubre de 2025, rad. 11001-03-15-000-2025-05975-00, M.P.: Myriam Stella
Gutiérrez Argüello, de 8 de junio de 2023, exp. 11001-03-15-000-2023-02340-00, M.P. Wilson Ramos Girón y
de 21 de enero de 2021, rad. 11001-03-15-000-2020-05050-00, M.P. Milton Chaves García.
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De lo anterior, no cabe duda de que el descanso es una garantía propia del derecho
al trabajo, por lo que, impedir su disfrute con fundamento en restricciones
administrativas resultaría ser una carga desproporcionada que no debe soportar el
funcionario que cumplió con todas las condiciones para acceder al beneficio
prestacional.
Por lo tanto, en el presente caso, de manera excepcional procede la acción de tutela
para efectuar el estudio de la vulneración de derechos fundamentales invocados por
la parte actora, en tanto es el mecanismo constitucional idóneo y eficaz que permite
garantizar la efectividad del derecho fundamental al descanso remunerado.
De otra parte, el artículo 146 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, modificado por el
artículo 74 de la Ley 2430 de 2024 , dispone que los funcionarios judiciales de los
7
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad pertenecen al régimen
de vacaciones individuales y que tienen derecho a un descanso remunerado de
veintidós (22) días continuos por cada año de servicios.
Al respecto, esta Sala ha indicado que las vacaciones “tienen por objeto que el
empleado recupere las fuerzas físicas e intelectuales luego de un tiempo dedicado
a trabajar y de esa manera preserve su capacidad de trabajo. Las vacaciones,
tienen una naturaleza de derecho adquirido para quien ha cumplido con los
requisitos legales establecidos para que se causen. El empleador o nominador, es
la persona que está llamada a otorgar las vacaciones al trabajador”8.
En el presente caso, aun cuando el accionante cuenta con un periodo de vacaciones
del régimen individual causado en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de
2025 y el 28 de febrero de 2026, la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Ibagué le informó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué que no era
posible obtener la certificación de valores por el rubro requerido para la expedición
del certificado de disponibilidad presupuestal de reemplazo por vacaciones, toda
vez que “el doctor Jairo Rodríguez Motta; cambió su régimen de vacaciones y
actualmente no registra períodos pendientes de disfrute”, el cual será disfrutado en
diciembre de 2026 bajo el régimen de vacaciones colectivas.
Al respecto, el artículo 3 del Acuerdo PCSJA24-12172 de 2 de mayo de 2024
proferido por el Consejo Superior de la Judicatura establece que “para el
reconocimiento de las vacaciones de los funcionarios y empleados judiciales del
régimen individual, los nominadores deberán contar con el certificado de
disponibilidad presupuestal del reemplazo, el cual será expedido por parte de las
direcciones seccionales de administración judicial, al menos con una antelación de
treinta (30) días calendario al disfrute del periodo vacacional”.
7
ARTÍCULO 146. VACACIONES. <Artículo modificado por el artículo 74 de la Ley 2430 de 2024. El nuevo texto
es el siguiente:> Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán colectivas, de
conformidad con lo establecido en la ley. Salvo para los que laboren en el Consejo Superior de la Judicatura y
consejos seccionales de la judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus direcciones
seccionales, los juzgados penales municipales y los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad,
de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Las vacaciones individuales serán
concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por el Consejo Superior de la Judicatura y los consejos
seccionales de la judicatura, por la sala de gobierno del respectivo tribunal a los Jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos, por un término de veintidós (22) días continuos por cada año de servicio.
PARÁGRAFO. En ningún caso las vacaciones individuales podrán acumularse por más de (3) periodos
consecutivos.
8 Sentencia de 12 de diciembre de 2018, radicado: 08001-23-33-000-2018-00756-01, M.P. Milton Chaves
García.
6
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Accionante: Jairo Rodríguez Motta
En este contexto, de las pruebas aportadas al proceso y el informe rendido por la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué con ocasión del requerimiento efectuado por esta
Corporación, se encuentra acreditado que el accionante tiene causado y pendiente
de disfrute un período vacacional comprendido entre el 1 de marzo de 2025 y el 28
de febrero de 2026, tiempo en el que laboró como Juez Cuarto de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué.
Igualmente, se constató que el actor encontrándose en el régimen individual, el 20
de marzo de 2026 elevó la solicitud de estudio de vacaciones y que, posteriormente,
el 29 de mayo de 2026 fue nombrado en provisionalidad como Juez Tercero Penal
del Circuito de Ibagué (despacho de régimen colectivo de vacaciones), situación
que puso en conocimiento al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué.
Adicionalmente, se evidenció que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué
negó la solicitud de disfrute de vacaciones del accionante, bajo el argumento de que
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, en correo electrónico
de 4 de junio de 2026 informó que el actor cambió su régimen de vacaciones y no
registraba periodos pendientes de disfrute, el cual se causaría hasta diciembre de
2026 bajo el régimen de vacaciones colectivas.
Ahora bien, la Sala evidencia que el análisis realizado por la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Ibagué desconoció la excepción establecida en el literal
c del artículo 2 del Acuerdo PCSJA24-12172 de 2 de mayo de 2024, el cual previó:
“Artículo 2. REEMPLAZO PARA SERVIDORES DEL RÉGIMEN DE VACACIONES
COLECTIVAS. No es procedente el reemplazo y la consecuente expedición del certificado
de disponibilidad presupuestal para funcionarios y empleados judiciales del régimen de
vacaciones colectivas, salvo en las siguientes excepciones:
(…)
c. Cuando el funcionario o empleado judicial del régimen individual sea designado en
juzgados del régimen de vacaciones colectivas y le hayan quedado pendientes vacaciones
por disfrutar”.
De lo anterior, se advierte que la situación del demandante se encuadra en el
supuesto normativo previsto en el literal c del artículo 2 del Acuerdo PCSJA24-
12172 del 2 de mayo de 2024, pues se exceptúa de la regla general de
improcedencia del reemplazo al funcionario o empleado judicial del régimen
individual que sea designado en un juzgado del régimen de vacaciones colectivas y
al que le hayan quedado pendientes vacaciones por disfrutar. De hecho, en los
medios de prueba aportados al presente trámite constitucional quedó demostrado
que el accionante causó este período en un cargo del régimen individual de
vacaciones, y que al ser posesionado el 29 de mayo de 2026 en el cargo de Juez
Tercero Penal del Circuito de Ibagué en provisionalidad (despacho del régimen de
vacaciones colectivas), tenía pendiente el disfrute del periodo de vacaciones que se
causó mientras era beneficiario del régimen individual de vacaciones.
De modo que el accionante no disfrutó el período de vacaciones 2025-2026, pese
a que había sido causado y era un derecho adquirido a lo que se agrega que el
trámite administrativo iniciado no fue resuelto antes del cambio de cargo y la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué negó la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal, en razón a su nuevo cargo en
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provisionalidad y a que el régimen colectivo de vacaciones que le resultaba
aplicable.
Por lo anterior, para la Sala no resulta constitucionalmente admisible que al
accionante no se le permita el disfrute efectivo del período causado entre 1 de marzo
de 2025 y el 28 de febrero de 2026, toda vez que la interpretación expuesta por la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué y avalada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Ibagué, conforme a la cual el disfrute de este período
solo procedería en las vacancias judiciales de 2026, se erige como una barrera para
el goce efectivo del derecho fundamental al descanso remunerado.
Tal entendimiento sacrifica el derecho causado y adquirido por el actor en el periodo
mencionado, bajo la premisa de que aquel no se vulnera por el hecho de que el
funcionario podrá disfrutar del periodo vacacional previsto en el régimen colectivo
para diciembre de 2026, el cual corresponde a un periodo distinto y posterior, lo que
desconoce que las vacaciones deben disfrutarse en el orden de su causación y que
la postergación indefinida del descanso equivale, en la práctica, a la negación del
derecho.
Por las razones expuestas, la Sala accederá a la protección constitucional
reclamada por el accionante y amparará los derechos fundamentales al descanso
remunerado y al trabajo en condiciones dignas del señor Jairo Rodríguez Motta. En
consecuencia, se ordenará a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Ibagué que, de acuerdo con sus competencias y de manera coordinada, en el
término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente
providencia, adelante las gestiones administrativas y presupuestales que
correspondan para que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué designe
su reemplazo y materialice el derecho al disfrute del descanso remunerado.
Una vez estén disponibles los recursos presupuestales para el reemplazo del señor
Jairo Rodríguez Motta, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué dentro de
los cinco (5) días siguientes a la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal, deberá designar su reemplazo para que se materialice el derecho al
disfrute del descanso remunerado para el periodo causado entre el 1 de marzo de
2025 y el 28 de febrero de 2026 y solicitado por el actor.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Amparar los derechos fundamentales al descanso remunerado y al
trabajo en condiciones dignas del señor Jairo Rodríguez Motta. En consecuencia,
Segundo.- Ordenar a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué
que, de acuerdo con sus competencias y de manera coordinada, en el término de
cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia,
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adelante las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan, para
que se materialice el derecho al disfrute del descanso remunerado.
Una vez estén disponibles los recursos presupuestales para el reemplazo del señor
Jairo Rodríguez Motta, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué dentro de
los cinco (5) días siguientes a la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal, deberá designar su reemplazo para que se materialice el derecho al
disfrute del descanso remunerado para el periodo causado entre el 1 de marzo de
2025 y el 28 de febrero de 2026 y solicitado por el actor.
Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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