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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02340-00

Fecha
8 de junio de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02340-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar la solicitud de coadyuvancia del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buenaventura. 2. Amparar los derechos fundamentales al trabajo y al descanso de la señora Gloria Amparo García Bonilla. En consecuencia, se dispone: 3. Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buenaventura que, de acuerdo con sus competencias, y de manera coordinada, en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, adelanten las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan para que se pueda proveer su reemplazo al momento en que pretenda materializar el derecho al disfrute del descanso remunerado que ya causó. 4. De no ser impugnada, enviar la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 5. Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por cualquier otro medio expedito. 6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02340-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

8 de junio de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02340-00
Demandante: Gloria Amparo García Bonilla

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02340-00
Demandante: GLORIA AMPARO GARCÍA BONILLA
Demandado: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL
CAUCA

Temas: Vacaciones individuales del régimen especial de la rama
judicial. Falta de disponibilidad presupuestal. Derecho al
descanso remunerado.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela presentada en nombre propio por la señora Gloria
Amparo García Bonilla contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali – Valle del Cauca de conformidad con lo establecido en el Decreto
333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Gloria Amparo García Bonilla ejerció acción de tutela contra la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, por
considerar vulnerados los derechos fundamentales a la salud, a la igualdad, a la
seguridad social y al descanso. En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

“1- Se ordene a la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL VALLE del Cauca que proceda
a emitir el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal con
el fin de allegarlo al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de
Buenaventura Valle y poder gozar de mi periodo de vacaciones al
cual hice alusión en el acápite de hechos, mismo que tiene como fin
entre otros someterme a chequeos médicos, los cuales debo
practicarme cada año y descansar.”

2. Hechos

De la demanda de tutela, se recogen como hechos relevantes los siguientes:

La señora Gloria Amparo García Bonilla manifestó que está vinculada en propiedad
en el cargo de asistente social en el Juzgado Primero Promiscuo de Familia del
Circuito de Buenaventura.

Indicó que el 26 de abril de 2023 solicitó a su nominadora que le fueran concedidas
las vacaciones por el término de 25 días, correspondiente al periodo comprendido

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02340-00
Demandante: Gloria Amparo García Bonilla

entre el 7 de julio de 2020 al 6 de julio de 2021. a partir del 4 de julio de 2023
inclusive.

Dicha solicitud fue concedida por Resolución núm. 009-2023 del 26 de abril de 2023,
en la que, además, se le informó que el disfrute de estaría supeditado a la
expedición del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal.

Debido a lo anterior, la titular del despacho solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial del Valle del Cauca la expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal (CDP) para atender el pago de las vacaciones, así como
el nombramiento del reemplazo ante la ausencia temporal de la demandante.

Mediante oficio DESAJCLO23-1537 del 2 de mayo de 2023, la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Cali manifestó que no era posible expedir el CDP para
autorizar los reemplazos de vacaciones del empleado judicial porque la adición
presupuestal para ese rubro se estaba sujeta a lo dispuesto en la Circular PSAC11-
44 del 23 de noviembre de 2011, expedida por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura.

3. Argumentos de la acción de tutela

La demandante manifestó que las vacaciones son un derecho adquirido por el
tiempo laborado. Además, indicó que está demostrado que cumplió el periodo
requerido para disfrutar de vacaciones.

Sostuvo que la decisión de negar la expedición del CDP pone en riesgo el disfrute
de las vacaciones, pese a que fueron concedidas, porque si no se cuenta con
certificado no se podría nombrar su remplazo y, por ende, se afectaría el correcto
funcionamiento del servicio de administración de justicia.

4. Trámite Previo

En auto del 9 de mayo de 2023, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a las partes, al Consejo Superior de la Judicatura –Sala
Administrativa-, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y al titular del
Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de Buenaventura en
calidad de terceros con interés a quienes se les remitió copia de la demanda de
igual forma se ordenó publicar en la página web del Consejo de Estado la
providencia y notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5. Oposición

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial afirmó que no vulneró los
derechos invocados por la demandante dado que no actúa como nominador ni ha
intervenido en los hechos planteados.

Explicó que, si bien se encarga de la ejecución, administración y representación de
la Rama Judicial, lo cierto es que la competente para desatar el asunto objeto de
estudio es la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del
Cauca, porque los requerimientos, tutelas, acciones, peticiones, quejas, reclamos,
recursos, entre otros temas relacionados con asuntos laborales de los empleados y
funcionarios de despachos judiciales, así como administrativos, son atendidos de
acuerdo con el territorio donde haya sucedido los hechos o se encuentre ubicado el
despacho judicial por la Dirección Seccional de Administración Judicial, la cual
cumple sus funciones de manera descentralizada.

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Demandante: Gloria Amparo García Bonilla

Señaló que, en el presente asunto, el nominador es quien se niega a conceder las
vacaciones solicitadas por la parte actora, sin que le sea nombrado un reemplazo
para el desarrollo de sus funciones, situación que termina afectando los derechos
fundamentales de la tutelante, toda vez que ya se tiene clara la imposibilidad de
destinar recursos para el nombramiento de un remplazo del extremo demandante,
al no tener esta la condición de funcionaria, por consiguiente, en contra de quien se
debe librar orden conminatoria, es contra el nominador para que no condicione la
concesión de las vacaciones a la expedición de un CDP que no es posible expedir.

De igual forma, manifestó que la acción de tutela no está llamada a prosperar, ni
debe ser tramitada, porque no cumple los requisitos generales y específicos para
su procedencia, pues no se está amenazando un derecho fundamental por parte de
la DEAJ. Que lo pretendido es controvertir un acto administrativo de carácter general
y abstracto, como lo es la Circular PSAC11-44 de noviembre 23 de 2011.

Finalmente, destacó que en la presente solicitud de amparo existe falta de
legitimación en la causa por pasiva en la medida que no es la entidad llamada a
conceder las vacaciones pretendidas por la demandante.

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali -Valle del Cauca
señaló que desde sus competencias no ha vulnerados los derechos fundamentales
invocados por la demandante, dado que no es decisión caprichosa de la
administración el no disponer recursos para el reemplazo del descanso de los
empleados, sino que, obedece al cumplimiento de la Circular PSAC11-44 del año
2011; la cual, no ha sido derogada, ni suspendida y solo permite que se soliciten
rubros para el reemplazo de vacaciones de los funcionarios judiciales (magistrados
y jueces) de régimen de vacaciones individuales.

De igual forma, indicó que la aprobación de disfrute de vacaciones es una obligación
que compete únicamente al titular del despacho en calidad de nominador y no debe
supeditarse a que exista presupuesto para el reemplazo.

Explicó que, conforme a lo estipulado en la Ley de presupuesto, no se puede
autorizar el CDP solicitado para el reemplazo de vacaciones de la accionante, por
cuanto no se reúne con el requisito legal, como es el de tener ante todo la
apropiación, pues de hacerlo se incurriría en delito con consecuencias disciplinarias,
fiscales y penales.

Además, explicó que la acción de tutela es improcedente en el entendido que los
empleados, y en especial el titular del despacho como Juez pueden demandar la
precitada Circular y solicitar como medida cautelar la suspensión provisional de los
efectos del acto administrativo. Por lo expuesto, solicitó que se declare
improcedente la solicitud de amparo.

Finalmente, citó varios pronunciamientos de diferentes corporaciones judiciales que
han sido enfáticos en el hecho de que la acción de tutela para la concesión de
vacaciones es improcedente.

6. intervenciones

El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buenaventura afirmó que los
hechos expuestos en el caso objeto de estudio se han dado en casos de otros
empleados, tales como el caso de la escribiente del Juzgado Segundo Promiscuo
de Familia de Buenaventura, la señora Mercedes del Rosario García Quiñonez, en
la que el Consejo de Estado, en sede de tutela, tanto en primera como en segunda
instancia, protegió los derechos fundamentales invocados y, como consecuencia,
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Demandante: Gloria Amparo García Bonilla

ordenó la expedición del respectivo CDP a efectos de que la tutelante pudiera gozar
de las vacaciones reconocidas y otorgadas.

Indicó que hace referencia a los mencionados fallos en la medida en que solicita se
aplique dicha postura al caso objeto de estudio y adujo que coadyuva las
pretensiones de la demandante en la medida en que es una necesidad contar con
la disponibilidad presupuestal para designar reemplazo durante el período de
vacaciones de los empleados, dado que la planta de personal del juzgado está
conformada por juez, secretaria, escribiente, asistente social y citador, es decir, que
si no se cuenta con los nombramientos en reemplazo durante cuatro meses en el
año, se agrava la situación laboral del despacho.

Informó que la planta de personal resulta insuficiente para asumir las funciones de
las personas que gozan de un período vacacional. Que los asuntos que conoce son
diversos y, entre otros corresponden a i) procesos del sistema de Responsabilidad
Penal para Adolescente, ii) revisión de todos los procesos de interdicción en
cumplimiento de la Ley 1996 de 2019, iii) procesos que les reparten por pérdida de
competencia del defensor de familia, iv) del restablecimiento de derechos de
menores, iv) acciones constitucionales y todas las demás actuaciones judiciales y
administrativas.

Explicó que la negación de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal no solo
es vulneradora de los derechos de la demandante, sino que además causa un
desgaste injustificado en la administración de justicia.

Por lo expuesto, solicitó que se acceda a las pretensiones de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos c onstitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto”.

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Trámite previo

La Juez Primero Promiscuo de Familia de Buenaventura, en calidad de
nominador, indicó que coadyuvaba las pretensiones y solicitó que se accediera a
las pretensiones de la acción de tutela en la medida en que considera que, de no
ser expedido el CDP, se afecta el normal funcionamiento del juzgado.

Al respecto, la Sala advierte que la coadyuvancia en la acción de tutela está
expresamente prevista en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, figura que ha
sido precisada por la Corte Constitucional en las sentencias T-533 de 19981 y T-349
de 20122, en los siguientes términos:

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M.P.: Hernando Herrera Vergara.
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M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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“El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 consagra que “…Quien tuviere un interés
legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del
actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la
solicitud”.

Para actuar como coadyuvante, la jurisprudencia ha interpretado que la
disposición antes transcrita contiene solo una exigencia: demostrar un interés
legítimo en el resultado del proceso. Luego, si el juez de tutela haya acreditado el
interés del tercero o terceros intervinientes para actuar dentro del proceso, se les
debe permitir su vinculación sin que para el efecto se señale una forma específica
para hacerlo. En este respecto, en la sentencia T-435 de 2006, se expuso lo
siguiente:

‘En sus pronunciamientos sobre la coadyuvancia, la Corte Constitucional,
interpretando el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, ha entendido que terceros
ajenos a la conculcación de los derechos fundamentales con interés en el
resultado de un proceso de tutela pueden intervenir de diferentes formas,
buscando defender sus intereses’.

6.2.1 Además, esta Corporación ha considerado que permitir la participación de la
persona o personas dentro del proceso de tutela cuando la decisión que se adopte
dentro del mismo pueden afectarlos, realiza el contenido del artículo 2 Superior
que establece como fin esencial del Estado: “…facilitar la participación de todos
en las decisiones que los afectan…”, como también la efectividad del artículo 29
de la Constitución, en lo atinente a la garantía del derecho al debido proceso”.

Conforme a lo anterior, la Sala negará la coadyuvancia presentada, toda vez que,
si bien se evidencia que la juez, en calidad de nominadora, alega tener interés
directo en el asunto, lo cierto es que la decisión que se adopte en el presente asunto
no afectaría sus derechos de manera directa y, adicionalmente, su intervención en
el trámite procesal está garantizada bajo la figura del tercero con interés.

Problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si se vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la señora García Bonilla con ocasión de la decisión de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali- Valle del Cauca de negar la
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para pagar el salario de la
persona que la reemplazaría en la época de disfrute de las vacaciones, y la decisión
del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buenaventura de condicionar las
vacaciones a la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal.

Previo a resolver el problema jurídico planteado en el presente caso, la Sala
considera necesario hacer referencia a la idoneidad de la acción de tutela como
mecanismo transitorio.

Análisis del presupuesto de la subsidiariedad en el caso concreto

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en el mecanismo principal de protección de
los derechos, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley
establecen una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
invocados. De manera que la acción de tutela solo puede utilizarse cuando se han
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agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto
para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido,
la Corte Constitucional manifestó4:

“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del
derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar
el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción
de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para
alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales
(…).”

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues de lo
contrario la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en estos
se cuestionen las decisiones que se atacan en la acción de tutela.

En el presente asunto, la Sala encuentra que la parte no está cuestionando la
Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, que establece el programa de
vacaciones individuales del sistema penal acusatorio, pues como quedó expuesto
en los antecedentes, lo pretendido es que se disponga el presupuesto para nombrar
el reemplazo que le permita el disfrute de las vacaciones que solicitó y que, pese a
que le fueron concedidas mediante Resolución núm. 009-2023 del 26 de abril de
2023, fueron supeditadas a la expedición del CDP debido a que el nominador
requiere nombrar su reemplazo por las necesidades del servicio y la alta carga
laboral; lo que permite evidenciar que la actora tampoco pretende discutir la
legalidad del acto administrativo que le concedió las vacaciones.

Si bien la demandante podría cuestionar este último acto administrativo, mediante
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contemplado en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, lo cierto es que no resulta ser eficaz en el caso
objeto de estudio. En este punto, es importante resaltar que la Corte Constitucional3
ha precisado que, pese a la existencia de otro medio de defensa judicial, si en el
caso concreto se evidencia que el mismo no es idóneo o eficaz, la acción de tutela
es procedente como mecanismo principal.

En el sub lite, la señora García Bonilla solicita el reconocimiento del derecho al
descanso por haber laborado de forma continua e ininterrumpida desde el 7 de julio
de 2020 al 6 de julio de 2021, circunstancia que denota la necesidad urgente de
evitar que se siga prolongando en el tiempo la ausencia de descanso, que puede
comprometer la salud mental y física del demandante, dado que está demostrado
que cuenta con un periodo de vacaciones causado del cual no ha podido hacer uso,
condición que justamente se busca salvaguardar con el descanso, como se
explicará con detalle más adelante.

De hecho, no se puede pasar por alto que la parte demandante señaló que no
cuestionaba la legalidad del acto administrativo que concedió las vacaciones
solicitadas, pero las condicionó a la expedición del CDP. Dado que, su
inconformidad proviene de la actuación de la Dirección Ejecutiva Seccional de

3 Ver sentencia T-471 de 2017.

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Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca de impedirle el disfrute de sus
vacaciones, pese a que reúne los requisitos para acceder a ese derecho.

Siendo así, la Sala concluye que la presente acción de tutela cumple con el requisito
de subsidiariedad, y procede como mecanismo principal para la protección de
derechos fundamentales invocados por la parte demandante.

Caso concreto

En aras de resolver el asunto sometido a conocimiento y teniendo en cuenta la tesis
reiterada que la Sala ha manejado en casos con identidad fáctica al del sub-lite4, es
necesario tener en cuenta que, salvo las excepciones legales, todo empleado
público tiene derecho a disfrutar de descanso remunerado por cada año de servicios
prestado en cualquiera de las entidades del Estado (Decreto 3135 de 1968 - artículo
8 - y Decreto 1045 de 1978).

En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se encuentran establecidas en
el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, así:
“VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial
serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores
y Seccionales de la Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales
y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses.

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del
servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura
por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada
año de servicio”.

De otra parte, la Corte Constitucional ha señalado que “las vacaciones anuales
remuneradas como acreencia laboral, pretenden reconocer el derecho fundamental
al descanso que les asiste a los trabajadores derivado del desgaste continuo al que
se encuentran sometidos por la prestación ininterrumpida de sus servicios por
espacios prolongados de tiempo”, con lo que ha reiterado que el descanso
constituye un derecho fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones
dignas.

En la misma línea, esta Sección ha indicado que “El descanso remunerado,
denominado vacaciones, tiene por objeto que el empleado recupere las fuerzas
físicas e intelectuales luego de un tiempo dedicado a trabajar y de esa manera
preserve su capacidad de trabajo. Las vacaciones, tienen una naturaleza de
derecho adquirido para quien ha cumplido con los requisitos legales establecidos
para que se causen. El empleador o nominador, es la persona que está llamada a
otorgar las vacaciones al trabajador 5”’.

En este sentido, el disfrute de las vacaciones constituye un derecho fundamental
cuya protección puede ser solicitada mediante la acción de tutela.

Descendiendo al caso concreto, en el año 2005 la Presidencia de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura informó a los nominadores de
4 Ver, sentencia del 12 de diciembre de 2018, expediente con radicado número: 08001 23 33 000 2018 00756

01, Sección Cuarta del Consejo de Estado. Ver sentencia del 3 de septiembre de 2019, expediente con radicado
número 2019-04007-00 Sección Cuarta del Consejo de Estado.
5
Ver, sentencia del 12 de diciembre de 2018, expediente con radicado número: 08001 23 33 000 2018 00756
01, Sección Cuarta del Consejo de Estado. Ver sentencia del 3 de septiembre de 2019, expediente con radicado
número 2019-04007-00 Sección Cuarta del Consejo de Estado.
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la Rama Judicial el procedimiento para solicitar el nombramiento de reemplazos por
vacaciones del personal titular de los despachos judiciales. Para tal efecto, profirió
las Circulares PSAC-0589 del 18 de noviembre de 2005, cuyo asunto fue
“asignación de recursos para reemplazos por vacaciones del personal titular en los
despachos judiciales, excepto los juzgados del sistema penal acusatorio”, y 044 del
12 de mayo de 2005, en la que estableció el procedimiento para la programación de
vacaciones individuales de los servidores judiciales del Sistema Penal Acusatorio.

En estas, se establecieron como condiciones alternativas para la programación de
las vacaciones las siguientes:

“Que el número total de servidores del Despacho, incluido el Juez o del Centro de
Servicios, sea menor o igual a tres, toda vez que debido al personal escaso no es
conveniente aplicar la figura del encargo para nombrar el reemplazo del juez, y/o
redistribuir las funciones del empleado que disfrutará de vacaciones, entre los
empleados restantes.
Cuando se trate de nombramientos de reemplazos por vacaciones de Jueces, cuyo
despacho tenga más de tres servidores, el Tribunal encargado de dicho nombramiento
deberá certificar que en el Despacho no existe ningún empleado que cumpla los
requisitos para ser designado en encargo como Juez, situación que debe ser
corroborada e igualmente certificada por el director Seccional, previa verificación de las
hojas de vida correspondientes”.

Posteriormente, el 23 de noviembre de 2013, el Consejo Superior de la Judicatura
profirió la Circular PSAC11-44, en la que derogó lo establecido en las referidas
circulares “para efectos de no incluir condicionamientos para el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales que se encuentran
sujetos al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este
derecho, para lo cual deberán seguir el procedimiento que aquí se señala y que
permitirá gestionar los recursos para el nombramiento en provisionalidad de los
reemplazos, cuando haya lugar a ello”, eliminando así la restricción de la asignación
de recursos para reemplazos solo a los eventos en que se acreditara alguna de las
condiciones contenidas en las circulares precedentes.

En ésta se indicó que los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones
individuales debían reportar la programación de vacaciones correspondientes al
siguiente año ante el Consejo Seccional de la Judicatura, y la Dirección Seccional
del respectivo distrito judicial, y se estableció que las designaciones en encargo son
procedentes cuando las necesidades del servicio lo exijan, por ejemplo tratándose
de un juez, y “cuando no sea posible designar en encargo a alguno de los servidores
del correspondiente despacho judicial, la respectiva Dirección Seccional deberá
incluir dentro del proyecto de presupuesto del año siguiente, la asignación de
recursos que permita efectuar el nombramiento en provisionalidad de sus
reemplazos”.

Para la Sala, del contenido de la mencionada circular, se observa que el propósito
del Consejo Superior de la Judicatura era eliminar los obstáculos en el disfrute de
las vacaciones individuales de los servidores judiciales, por lo que no condicionó la
asignación de presupuesto al cumplimiento de los requisitos que existían en el
pasado, imponiendo únicamente el deber al funcionario de reportar la programación
de vacaciones para el año siguiente.

En el presente caso, respecto de la solicitud de certificación presupuestal solicitada
por el titular del despacho en el que labora la actora con el fin de programar sus
vacaciones, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Cali – Valle del
Cauca, mediante Oficio DESAJCLO23-1537 de 2 de mayo de 2023, indicó que no
era posible acceder a la solicitud, porque, lo que tiene que ver con vacaciones
corresponde a una situación administrativa que debe ser concertada entre
8
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02340-00
Demandante: Gloria Amparo García Bonilla

empleado y nominador, con ocasión del acatamiento de la Circular núm. PSAC11-
44 de noviembre 23 de 2011, que reguló únicamente el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales.

Para la Sala, si bien la referida circular únicamente hizo alusión a funcionarios
judiciales, que conforme con el artículo 125 de la Ley 270 de 1996 son los
magistrados de las corporaciones judiciales, los jueces de la República y los
fiscales, como se ha indicado en oportunidades anteriores 6: “la omisión de
establecer un procedimiento para garantizar los rubros de los reemplazos de los
empleados judiciales no puede servir de fundamento para desconocer el derecho al
descanso de estos”.

La Sala observa que, en el presente caso, la decisión adoptada por las autoridades
demandadas compromete los derechos fundamentales al trabajo en condiciones
justas y al descanso de la actora, por lo que la intervención del juez constitucional
se torna necesaria para su restablecimiento, toda vez que se evidencia que un
procedimiento netamente administrativo está comprometiendo un derecho de mayor
valía como lo es el derecho al descanso de una empleada de la Rama Judicial.

De igual forma, aun cuando frente al cumplimiento del procedimiento establecido en
la Circular PSAC 11-44 de 23 de noviembre de 2011 no existe prueba en el presente
caso, como se anticipó, la falta de asignación de recursos para nombrar sus
reemplazos sí atenta contra el derecho al descanso de la señora García Bonilla en
tanto, en la práctica, implica el aplazamiento indefinido de sus vacaciones ya
causadas, para no entorpecer el funcionamiento normal del Primero Promiscuo de
Familia de Buenaventura, situación que a juicio de la Sala no es más que un
obstáculo administrativo de los que se previó evitar con la expedición de la
mencionada circular.

Esta Sala, en un caso de connotaciones fácticas similares, manifestó que “asuntos
de índole administrativa no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del periodo
vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores, aún más si se tiene en
cuenta que el descanso constituye un derecho fundamental derivado del derecho al
trabajo en condiciones dignas. Impedir el derecho al descanso con base en
restricciones administrativas no es una carga que deban soportar las actoras,
puesto que las vacaciones constituyen una garantía fundamental que tienen todos
los empleados, por lo que no puede ser transgredida ni en función del servicio ni por
cuestiones de índole presupuestal 7”.

En este punto es importante resaltar que de conformidad con el artículo 98 de la Ley
270 de 1996, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es “el órgano técnico
y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas
de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones del Consejo Superior
de la Judicatura”. Por su parte, el artículo 99 ibidem prevé que el director ejecutivo
de Administración Judicial tiene entre sus funciones: (i) administrar los bienes y
recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su
correcta aplicación o utilización y (ii) actuar como ordenador del gasto para el
cumplimiento de las obligaciones que correspondan. Por su parte, las Salas
Administrativas de los Consejos Seccionales tienen el deber de “(…) 6. Ejercer la
vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y cuidar
del normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de esta Rama

6
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-000-
2018- 00756-01. C.P. Milton Chaves García.
7
Rad. 2020-00143-00 C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
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Demandante: Gloria Amparo García Bonilla

(…)” 8 De ahí la responsabilidad que le atañe en el caso concreto a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca.

Por lo anterior, la Sala encuentra que existe vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la señora García Bonilla toda vez que los asuntos de
índole administrativa no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del periodo
vacacional que legalmente le asiste, máxime si se tiene en cuenta que el descanso
constituye un derecho fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones
dignas, y a la fecha la demandante cuenta con el periodo de vacaciones causado
entre el 7 de julio de 2020 y el 6 de julio de 2021, de conformidad a la certificación
expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional.

Si bien es cierto que el principio de continuidad de los servicios públicos exige que
las funciones que desempeña el demandante continúen cumpliéndose
adecuadamente, el nominador no puede basarse en ese principio constitucional
para desconocer el derecho al descanso, pues la Ley 270 de 1996 prevé formas
efectivas para conciliar los dos intereses involucrados, tales como el encargo o el
nombramiento en provisionalidad 9.

La Sala destaca que, si bien la acción de tutela en el presente caso procede de
manera excepcional, la misma no procede con la finalidad de dejar sin efecto el acto
administrativo que decidió sobre la solicitud de vacaciones de la demandante, razón
por la que, de acuerdo con lo expuesto y en coherencia con el criterio que ha
manejado esta Sala10, se accederá al amparo de los derechos fundamentales al
trabajo, a la dignidad humana y al descanso de la señora García Bonilla. En
consecuencia, se ordenará a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca
y el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buenaventura que, de acuerdo con
sus competencias, y de manera coordinada, en el término de treinta (30) días
contados a partir de la notificación de la presente providencia, adelanten las
gestiones administrativas y presupuestales que correspondan para proveer su
reemplazo al momento en que pretenda materializar el derecho al disfrute del
descanso remunerado que ya causó.

8
Ley 270 de 1996.
9 Artículo 132. Formas de provisión de cargos de la rama judicial. La provisión de cargos en la Rama Judicial

se podrá hacer de las siguientes maneras:
1. En propiedad. Para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan superado toda s las etapas del
proceso de selección si el cargo es de Carrera, o se trate de traslado en los términos del artículo siguiente.
2. En provisionalidad. El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de vacancia definitiva, hasta tanto
se pueda hacer la designación por el sistema legalmente previsto, que no podrá exceder de seis meses, o en
caso de vacancia temporal, cuando no se haga la designación en encargo, o la misma sea superior a un mes.
Cuando el cargo sea de Carrera, inmediatamente se produzca la vacante el nominador solicitará a la Sala
Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según sea el caso, el envío de la
correspondiente lista de candidatos, quienes deberán reunir los requisitos mínimos para el desempeño del
cargo.
En caso de vacancia temporal en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional
o el Consejo Superior de la Judicatura o los Tribunales, la designación se hará directamente por la respectiva
Corporación.
3. En encargo. El nominador, cuando las necesidades del servicio lo exijan, podrá designar en encargo hasta
por un mes, prorrogable hasta por un período igual, a funcionario o empleado que se desempeñe en propiedad.
Vencido este término procederá al nombramiento en propiedad o provisionalidad según sea el caso, de
conformidad con las normas respectivas.
Parágrafo. Cuando la autoridad que deba efectuar el nombramiento se encuentre en vacaciones, la Sala
Administrativa del respectivo Consejo Seccional, designará un encargado mientras se provee la vacante por el
competente, a quien dará aviso inmediato.
10 Sentencia del 12 de diciembre de 2018, expediente con radicado número: 08001 23 33 000 2018 00756 01,

Sección Cuarta del Consejo de Estado.

10
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Demandante: Gloria Amparo García Bonilla

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar la solicitud de coadyuvancia del Juzgado Primero Promiscuo de
Familia de Buenaventura.

2. Amparar los derechos fundamentales al trabajo y al descanso de la señora
Gloria Amparo García Bonilla. En consecuencia, se dispone:

3. Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Cali – Valle del Cauca, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Juzgado
Primero Promiscuo de Familia de Buenaventura que, de acuerdo con sus
competencias, y de manera coordinada, en el término de treinta (30) días contados
a partir de la notificación de la presente providencia, adelanten las gestiones
administrativas y presupuestales que correspondan para que se pueda proveer su
reemplazo al momento en que pretenda materializar el derecho al disfrute del
descanso remunerado que ya causó.

4. De no ser impugnada, enviar la presente providencia a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

5. Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por
cualquier otro medio expedito.

6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase,

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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