Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05003-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-05003-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05003-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-05003-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
10 de agosto de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05003-00
Accionante: María Vibiana Caballero
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05003-00
Accionante: María Vibiana Caballero
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial–Carácter excepcional. Requisitos generales y
especiales de procedencia. Falta de cumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela formulada por María Vibiana Caballero en contra de
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
María Vibiana Caballero, en nombre propio, promovió acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad social, que estimó vulnerados
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ocasión de la
sentencia proferida el 23 de abril de 2026 dentro del recurso extraordinario de revisión
identificado con el radicado núm. 11001-03-25-000-2023-00220-00.
En consecuencia, solicitó dejar sin efectos esa sentencia y las providencias judiciales
que le sirvieron de fundamento, así como los actos administrativos expedidos en
cumplimiento de esta.
2. Hechos
Del escrito de tutela y de los documentos allegados al expediente se acreditan los
siguientes supuestos fácticos:
2.1. Con ocasión del fallecimiento de Jorge Jesús González Cáceres, ocurrido el 5 de
octubre de 2005, surgió una controversia entre Mary Judith Jaime de González, en
calidad de cónyuge, y María Vibiana Caballero, quien adujo haber sido su compañera
permanente, respecto del reconocimiento de las prestaciones pensionales causadas
por aquel.
2.2. María Vibiana Caballero promovió demanda contra la Caja Nacional de Previsión
Social (Cajanal), con el propósito de obtener, en calidad de compañera permanente, el
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05003-00
Accionante: María Vibiana Caballero
reconocimiento de la sustitución de la pensión gracia de la cual era titular Jorge Jesús
González Cáceres. El conocimiento del asunto correspondió, por reparto, al Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué.
2.3. Mediante sentencia del 30 de septiembre de 2010, el Juzgado Sexto Administrativo
del Circuito de Ibagué accedió a las pretensiones de la demanda. En cumplimiento de
esa decisión, Cajanal expidió la Resolución UGM 000008 de 2011. Posteriormente, el
Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP) informó que María Vibiana
Caballero había sido incluida en la nómina general de pensionados.
2.4. Por su parte, Mary Judith Jaime de González promovió el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación–Ministerio de Educación
Nacional–Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de
obtener la nulidad de los actos que suspendieron temporalmente el reconocimiento de
la sustitución pensional hasta que se definiera quién ostentaba la condición de
beneficiaria. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago
de la prestación y de las mesadas dejadas de percibir. El proceso, identificado con el
radicado núm. 73001-33-31-701-2012-00237-00, correspondió en primera instancia al
Juzgado Once Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué.
2.5. María Vibiana Caballero fue vinculada a dicho proceso y formuló demanda de
reconvención. Se opuso a las pretensiones de la demanda principal y solicitó que se le
reconociera la sustitución pensional, pues afirmó que convivió con el causante durante
los últimos dieciséis años de vida de este y que cumplía los requisitos establecidos en
los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.
2.6. Mediante sentencia del 31 de marzo de 2020, el Juzgado Once Administrativo
Mixto del Circuito de Ibagué negó las pretensiones de la demanda principal y de la
demanda de reconvención. Como fundamento de esa decisión, consideró que ninguna
de las reclamantes acreditó suficientemente el requisito de convivencia exigido para
acceder a la sustitución pensional.
2.7. María Vibiana Caballero apeló la decisión. Sostuvo que el juzgado valoró de
manera indebida los testimonios, las declaraciones extrajuicio y los documentos que,
en su criterio, acreditaban la convivencia permanente con Jorge Jesús González
Cáceres durante los cinco años anteriores a su fallecimiento.
2.8. Mediante sentencia del 9 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo del
Tolima confirmó la decisión. Señaló que, aunque en el expediente obraban
declaraciones extraprocesales, testimonios y documentos que daban cuenta de una
relación sentimental prolongada, su valoración conjunta, de acuerdo con las reglas de
la sana crítica, evidenciaba contradicciones relevantes respecto del tiempo, el lugar y
las condiciones de la convivencia, en especial durante los dos últimos años de vida del
causante. En consecuencia, concluyó que no existían razones para apartarse de la
valoración probatoria efectuada por el a quo y mantuvo la negativa de las pretensiones
de la demanda principal y de la demanda de reconvención.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05003-00
Accionante: María Vibiana Caballero
2.9. El 8 de septiembre de 2022, María Vibiana Caballero interpuso recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, con fundamento en las causales previstas en los numerales 1.º y 8.º del artículo
250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA).
En relación con la primera causal, adujo la existencia de documentos decisivos
obtenidos con posterioridad a la sentencia, entre ellos certificaciones relativas a
servicios exequiales, documentos sobre afiliaciones y fotografías que, a su juicio,
acreditaban la convivencia permanente con el causante y tenían la aptitud para
modificar el sentido de la decisión. Respecto de la causal octava, alegó que se
desconoció la sentencia del 30 de septiembre de 2010, mediante la cual se le había
reconocido la sustitución de la pensión gracia del mismo causante.
2.10. Mediante auto del 11 de abril de 2024, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado inadmitió el recurso, porque el escrito no satisfacía los requisitos
previstos en el artículo 252 del CPACA ni las exigencias relacionadas con la indicación
de los canales digitales, el envío simultáneo a la contraparte y el poder conferido para
actuar. Por tanto, concedió a la recurrente el término de cinco días para subsanar las
falencias advertidas.
2.11. La recurrente presentó escrito de subsanación dentro del término concedido.
Mediante auto del 2 de diciembre de 2024, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado admitió el recurso extraordinario de revisión y ordenó notificar a la
Nación–Ministerio de Educación Nacional–Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, a la Secretaría de Educación de Ibagué, a Mary Judith Jaime de
González y al Ministerio Público.
2.12. Por auto del 18 de junio de 2025, el despacho tuvo como pruebas los documentos
aportados por la recurrente y requirió al Juzgado Once Administrativo Mixto del Circuito
de Ibagué para que remitiera el expediente del proceso ordinario. Negó las demás
solicitudes probatorias porque no guardaban relación con las causales invocadas y
precisó que el recurso extraordinario de revisión no constituye una tercera instancia que
permita reabrir el debate probatorio.
2.13. Mediante sentencia del 23 de abril de 2026, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró infundado el recurso extraordinario de
revisión. En cuanto a la causal prevista en el numeral 1.º del artículo 250 del CPACA,
concluyó que las certificaciones y el derecho de petición aportados se expidieron
después de la sentencia recurrida, por lo cual no constituían documentos preexistentes
que hubieran podido recobrarse con posterioridad al fallo. Respecto de las fotografías,
consideró que la recurrente no acreditó que su falta de incorporación al proceso
ordinario obedeciera a fuerza mayor, caso fortuito o a una conducta atribuible a la
contraparte.
En lo concerniente a la causal prevista en el numeral 8.º del artículo 250 del CPACA, la
autoridad judicial accionada consideró que no se acreditó la identidad de partes, objeto
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05003-00
Accionante: María Vibiana Caballero
y causa entre el proceso que culminó con la sentencia del 30 de septiembre de 2010 y
aquel en el cual se profirió la providencia objeto del recurso extraordinario de revisión.
Precisó que el primer proceso se promovió contra Cajanal y versó sobre la sustitución
de una pensión gracia, mientras que el segundo se dirigió contra la Nación–Ministerio
de Educación Nacional–Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tuvo
por objeto una prestación pensional distinta. Por consiguiente, concluyó que no se
configuró la cosa juzgada alegada.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
3.1. La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad social y a la igualdad.
En consecuencia, pidió dejar sin efectos la sentencia mediante la cual la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión, así como las providencias que le sirvieron de fundamento.
Sustentó esta pretensión en que las autoridades judiciales desconocieron el alcance
probatorio de la sentencia del 30 de septiembre de 2010, proferida por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Ibagué, y de los actos administrativos expedidos para su
cumplimiento.
De manera subsidiaria, solicitó modificar la decisión cuestionada y adoptar la
determinación que correspondiera respecto de sus pretensiones pensionales.
3.2. Como fundamento de la solicitud de amparo, la parte actora alegó la configuración
de un defecto fáctico por omisión en la valoración probatoria. Al respecto, afirmó que la
autoridad judicial accionada no examinó de forma adecuada la sentencia del 30 de
septiembre de 2010 ni los actos administrativos mediante los cuales se materializó su
cumplimiento. En su criterio, tales elementos eran determinantes para acreditar la
convivencia con el causante y, por ello, requerían una valoración expresa, integral y
razonada.
Asimismo, sostuvo que la providencia cuestionada desconoció el deber de motivación
suficiente, pues descartó la relevancia de la decisión judicial de 2010 con fundamento
en la diferencia entre las prestaciones debatidas, sin explicar por qué aquella carecía
de mérito probatorio respecto de un mismo hecho histórico: la convivencia con el
causante. A su juicio, esa omisión dio lugar a una contradicción entre las decisiones
judiciales y administrativas que habían cobrado ejecutoria y las conclusiones
adoptadas con posterioridad.
Finalmente, afirmó que las autoridades judiciales vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
seguridad social y a la igualdad, así como los principios de seguridad jurídica y
confianza legítima. Aclaró que no pretendía atribuir efectos de cosa juzgada a la
sentencia de 2010 respecto de prestaciones pensionales distintas, sino demostrar que
dicha providencia imponía una carga argumentativa reforzada antes de que se
descartara su valor probatorio.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05003-00
Accionante: María Vibiana Caballero
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 1° de julio de 2026 1, el Despacho de la magistrada ponente
admitió la acción de tutela; vinculó en calidad de terceros con interés al Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Ibagué, al Tribunal Administrativo del Tolima, a la
Nación–Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG). Asimismo, solicitó a las autoridades judiciales accionadas que
remitieran el expediente del proceso ordinario, ordenó notificar a las partes y suspendió
los términos procesales.
Una vez surtidas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.2. El Tribunal Administrativo del Tolima2 remitió el enlace electrónico para acceder
al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, no se pronunció
sobre los fundamentos de la solicitud de amparo.
4.3. La Fiduprevisora S.A.3 solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela y
se ordenara su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por
pasiva. Sostuvo que la accionante no sustentó de manera suficiente los requisitos
generales y las causales específicas que habilitan, de forma excepcional, la
procedencia del amparo contra providencias judiciales, pues sus argumentos
pretendían invalidar actuaciones procesales y reabrir una controversia que ya habían
resuelto los jueces competentes.
Afirmó que no existía relación entre su actuación y la presunta vulneración de los
derechos invocados, dado que no profirió las decisiones judiciales cuestionadas ni
tenía competencia para modificarlas o restablecer los derechos reclamados. Por esta
razón, consideró que no se acreditó un nexo causal entre alguna acción u omisión
atribuible a la entidad y el supuesto desconocimiento de las garantías fundamentales
de la actora.
Por último, señaló que las autoridades judiciales actuaron conforme al ordenamiento
jurídico y respetaron las formas propias de cada juicio, sin que se acreditara el
desconocimiento del precedente ni la vulneración de los derechos al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia o a la seguridad jurídica.
4.4. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado 4 señaló que,
aunque la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, los reparos de
la actora no se dirigían, en realidad, contra la sentencia del 23 de abril de 2026, sino
contra la valoración probatoria efectuada en el proceso ordinario. Afirmó que ese
1
Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado 903AC13DC3A00B94 E219C2203FD80787 DB0D0FB1AAA53240
958A5E7237EB0C7A.
2
índice 00012 del aplicativo Samai, identificado con el certificado E652AA52330D219E D0587DD6AFFF6B82
381585923D3D0871 50E4D51ABB035D42.
3
Índice 00015 del aplicativo SAMAI, certificado 9A51DE97443DA5A1 B097735EC259E185 C992526C858E6B11
C4CDF946C9EFBFE2.
4
Índice 00016 del aplicativo SAMAI, certificado 667312287302BB16 C0E2F05B9E42BF87 3181BE00EBDC4FA8
2C41759569AD82D1.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05003-00
Accionante: María Vibiana Caballero
debate no podía reabrirse por medio del recurso extraordinario de revisión ni
trasladarse al juez constitucional.
Precisó que la providencia cuestionada sí examinó la sentencia del 30 de septiembre
de 2010 y concluyó que no se configuró la causal de revisión prevista en el numeral 8.º
del artículo 250 del CPACA, porque no existía identidad de partes, objeto y causa entre
los procesos objeto de comparación. Asimismo, descartó la causal consagrada en el
numeral 1.º de esa disposición, pues los documentos aportados no tenían la condición
de recobrados y, respecto de las fotografías, no se acreditó que su falta de aportación
oportuna obedeciera a fuerza mayor, caso fortuito u obra de la contraparte.
En consecuencia, sostuvo que la decisión no incurrió en defecto fáctico ni desconoció el
deber de motivación, dado que resolvió los argumentos de la recurrente dentro de los
límites propios del recurso extraordinario de revisión. En su criterio, la solicitud de
amparo reflejaba únicamente la inconformidad de la accionante con las conclusiones
adoptadas por los jueces naturales.
4.5. El Ministerio de Educación Nacional5 adujo que la solicitud de tutela es
improcedente. Aunque reconoció la legitimación de la accionante por activa y la suya
por pasiva, sostuvo que no se acreditó el requisito de subsidiariedad, pues no se
agotaron los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa, incluido el incidente
de nulidad, ni se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la
intervención excepcional del juez constitucional.
Además, alegó que el asunto carecía de relevancia constitucional, pues se
circunscribía a una controversia de naturaleza legal y económica cuyo conocimiento
correspondía a las autoridades judiciales competentes. En su criterio, la sola invocación
de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia no
satisfacía la carga argumentativa exigida para controvertir providencias judiciales, dado
que la accionante no explicó de manera suficiente cómo las decisiones cuestionadas
causaron una afectación directa, grave y concreta de sus garantías fundamentales.
Finalmente, afirmó que no se acreditó una actuación arbitraria, manifiestamente
contraria al ordenamiento jurídico o constitutiva de una vía de hecho, sino la mera
inconformidad de la actora con las decisiones adoptadas por los jueces naturales. Por
estas razones, insistió en que el amparo debía declararse improcedente.
4.6. El Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué 6 informó que
Mary Judith Jaime promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación–Ministerio de Educación Nacional–Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. Indicó que María Vibiana Caballero fue vinculada
al proceso y formuló demanda de reconvención.
5
Índice 00018 del aplicativo SAMAI, certificado C0AC2D1C39CD0BEA 6EAB88FC1D30B1F5 892580FAB9FF581B
90D7180849048540.
6
Índice 00020 del aplicativo SAMAI, certificado E5D4C4F64A97D171 75CA81490E8985E1 80B63F54B75A4502
7BF690FDB232E687.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05003-00
Accionante: María Vibiana Caballero
Señaló que, mediante sentencia del 31 de marzo de 2020, declaró probadas las
excepciones propuestas y negó las pretensiones de la demanda principal y de la
demanda de reconvención. Respecto de Mary Judith Jaime de González, concluyó que
no acreditó el requisito de convivencia necesario para obtener la sustitución pensional.
En cuanto a María Vibiana Caballero, estimó que tampoco demostró haber convivido
con el causante durante los cinco años anteriores a su fallecimiento, pues únicamente
encontró acreditada la relación entre 1990 y 1998 y advirtió que no residieron bajo el
mismo techo durante los dos últimos años de vida de aquel.
Agregó que María Vibiana Caballero apeló esa decisión y que el Tribunal Administrativo
del Tolima la confirmó mediante sentencia del 9 de septiembre de 2021. Por último,
sostuvo que los argumentos expuestos en la solicitud de tutela ya habían sido objeto de
debate en el proceso ordinario y recordó que este mecanismo constitucional no
constituye una tercera instancia ni permite modificar decisiones ejecutoriadas.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de María
Vibiana Caballero, al ser la titular de los derechos que afirma fueron vulnerados. Esto,
en la medida en que actuó como accionante dentro del recurso extraordinario de
revisión identificado con el radicado núm.11001-03-25-000-2023- 00220-00.
2.2. Por otro lado, está probada la legitimación en la causa por pasiva de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por cuanto fungió como
juez dentro del recurso extraordinario de revisión.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05003-00
Accionante: María Vibiana Caballero
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20057 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela 8 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto9.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por
parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional” 10.
4.1. Relevancia constitucional
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el
asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una
clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez
constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que
garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
7
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la
solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria
de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de
tutela
9
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo
en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el
que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en
contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error
inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión
que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces
desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta
Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05003-00
Accionante: María Vibiana Caballero
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 11.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate
en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que
la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se
establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) la afectación directa o repercusión en la
vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que
el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más
amplio en la sociedad o en el orden jurídico; yiii) la claridad y fundamentación de la
petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha
hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa
ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos
definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto12.
5. Caso concreto
11
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
12
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05003-00
Accionante: María Vibiana Caballero
La Sala advierte que la presente acción de tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. La parte actora cuestiona la sentencia del 23 de abril de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del recurso
extraordinario de revisión identificado con el radicado núm. 11001-03-25-000-2023-
00220-00. En su criterio, el asunto trasciende una simple discrepancia interpretativa,
pues compromete sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad social, debido a que la
autoridad judicial accionada desconoció el alcance probatorio de una sentencia
ejecutoriada y de los actos administrativos expedidos para su cumplimiento.
Para sustentar la relevancia constitucional del asunto, la actora alegó la configuración
de un defecto fáctico por omisión en la valoración probatoria y el desconocimiento del
deber de motivación suficiente.
En cuanto al defecto fáctico, afirmó que la autoridad judicial accionada no examinó
adecuadamente la sentencia del 30 de septiembre de 2010, proferida por el Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué, ni los actos administrativos mediante los
cuales se materializó su cumplimiento. Sostuvo que esos elementos eran
determinantes para acreditar la convivencia con el causante y, por tanto, requerían una
valoración expresa, integral y razonada.
Respecto del deber de motivación, señaló que la providencia cuestionada descartó la
relevancia de la decisión judicial de 2010 con fundamento en la diferencia entre las
prestaciones debatidas, sin explicar por qué aquella carecía de mérito probatorio
respecto de un mismo hecho histórico: la convivencia con el causante. Aclaró que no
pretendía atribuirle efectos de cosa juzgada frente a prestaciones pensionales distintas,
sino demostrar que dicha sentencia imponía una carga argumentativa reforzada antes
de que se descartara su valor probatorio. Con fundamento en lo anterior, también alegó
el desconocimiento de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.
5.2. Ahora bien, del examen de la sentencia del 23 de abril de 2026 se advierte que la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado arribó a las siguientes
conclusiones:
“13. En el presente asunto, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión, por cuanto la parte actora no estructuró en forma satisfactoria las causales
previstas en los numerales 1 y 8 del artículo 250 del CPACA respecto de la sentencia
del 9 de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro
del proceso radicado 73001-33-31-701-2012-00237-01, conforme a las razones que
se exponen a continuación.
(…)
19. En el presente asunto, la demandante sustentó la causal de revisión prevista en el
numeral 1 del artículo 250 del CPACA en que, con posterioridad a la sentencia del
Tribunal, recuperó y obtuvo varios documentos que, a su juicio, resultaban decisivos
para acreditar la convivencia con el causante. Entre ellos mencionó: i) una
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05003-00
Accionante: María Vibiana Caballero
certificación expedida el 5 de noviembre de 2021 por la empresa Los Olivos sobre la
afiliación exequial del señor Jorge Jesús González Cáceres entre los años 2002 y
2005; ii) una certificación del 4 de noviembre de 2021 expedida por Funerales La Paz
en la que aparece la recurrente como beneficiaria en un contrato de previsión
exequial; iii) documentos derivados de un derecho de petición dirigido a Fiduprevisora
relacionados con su condición de beneficiaria en salud; y iv) un conjunto de
fotografías que, según indicó, había recuperado luego de encontrarse extraviadas.
20. Según la recurrente, dichos elementos no pudieron ser aportados oportunamente
al proceso ordinario porque no se encontraban en su poder al momento de presentar
la demanda de reconvención. En relación con la certificación del 5 de noviembre de
2021, señaló que la afiliación exequial había sido tramitada a través de COACREITOL
y no directamente con Los Olivos, lo que dificultó su obtención en su momento. No
obstante, afirmó que con la demanda se allegó una certificación expedida por Los
Olivos que fue desestimada por el Juzgado Once Administrativo Mixto del Circuito de
Ibagué y por el Tribunal Administrativo del Tolima por no indicar la fecha de afiliación,
circunstancia que, en su criterio, evidenciaría un defecto fáctico por omisión, pues el
juez debió decretar pruebas de oficio para esclarecer dicho aspecto si consideraba
que existían dudas al respecto. En cuanto a la certificación expedida el 4 de
noviembre de 2021 por Funerales La Paz, afirmó que tampoco se encontraba en su
poder; el derecho de petición dirigido a Fiduprevisora tiene fecha del 12 de noviembre
de 2021; y, frente a las fotografías, sostuvo que debieron valorarse conjuntamente
con las demás pruebas para inferir que correspondían al periodo de convivencia con
el causante.
21. Asimismo, la parte recurrente manifestó que las autoridades judiciales incurrieron
en un defecto fáctico por omisión al desestimar las pruebas allegadas o al no decretar
pruebas de oficio para verificar su contenido, particularmente frente a las
certificaciones exequiales y demás documentos que, en su criterio, permitían
corroborar la convivencia con el causante. De esta manera, sostuvo que las
decisiones adoptadas en las instancias ordinarias desconocieron el debido proceso al
no valorar integralmente el material probatorio ni aplicar las reglas de la sana crítica.
22. Bajo lo anterior, para la Sala dichas certificaciones y la petición referida no
constituyen documentos recobrados porque no existían antes del pronunciamiento
judicial objeto del presente recurso, y en cuanto a las fotografías no se acreditó que su
ausencia en el proceso ordinario obedeciera a fuerza mayor, caso fortuito o a la
conducta de la parte contraria. Esta Sala ha indicado que “por regla general, la
configuración de esta causal no se admite cuando la prueba en cuestión fue generada
u obtenida con posterioridad al fallo recurrido. Tampoco resulta procedente cuando el
documento, aun siendo anterior a la sentencia, pudo haber sido aportado
oportunamente dentro del proceso, pues este mecanismo de revisión no puede
utilizarse para subsanar omisiones, errores o actuaciones negligentes de las partes
en el cumplimiento de su carga probatoria.”
23. Al no acreditarse los presupuestos referidos, esto es, la existencia de un
documento hallado o recobrado con posterioridad a la sentencia, ni sustentarse con
elementos verificables la concurrencia de fuerza mayor, caso fortuito u obra de la
parte contraria que hubieran imposibilitado su oportuna incorporación al proceso,
tampoco se satisfacen los restantes requisitos de la causal invocada.
24. Así las cosas, el planteamiento de la parte recurrente se encaminó, en realidad, a
reprochar la actividad probatoria del trámite ordinario, bajo la premisa de que el juez
debió decretar pruebas de oficio o valorar de forma distinta los elementos obrantes en
el proceso. Sin embargo, tal cuestionamiento es ajeno al alcance de la causal prevista
en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, que exige la existencia de un documento
preexistente y recobrado con posterioridad al fallo, sin habilitar la revisión para suplir
la ausencia de gestión probatoria ni para reconstruir el debate probatorio ya
clausurado.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05003-00
Accionante: María Vibiana Caballero
25. En ese sentido, el recurso extraordinario de revisión no está concebido como una
tercera instancia ni como un mecanismo para reabrir el debate probatorio, y mucho
menos para cuestionar la falta de decreto o práctica de pruebas dentro del proceso
ordinario. Las etapas procesales son preclusivas y perentorias, de modo que si la
parte consideraba indispensable la práctica de determinadas pruebas, le
correspondía hacer uso de las herramientas procesales pertinentes en la oportunidad
legal; por ende, no es admisible trasladar esa discusión al ámbito extraordinario de la
revisión.
26. Por otra parte, la actora invocó la causal 8 del artículo 250 del CPACA, conforme a
la cual procede la revisión cuando la sentencia es contraria a otra anterior que
constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. La
disposición, además, excluye la revisión si en el segundo proceso se propuso la
excepción de cosa juzgada y esta fue rechazada.
27. Esta causal exige, para su configuración, la demostración concurrente de: (i) dos
sentencias contradictorias; (ii) que la providencia anterior haya adquirido la calidad de
cosa juzgada entre las mismas partes, respecto del mismo objeto y por la misma
causa; y (iii) que en el segundo proceso no se hubiera propuesto la excepción de cosa
juzgada, o que no hubiera sido discutida en los términos previstos por la norma.
28. Sin embargo, para sustentar esta causal la parte actora se limitó a afirmar que la
sentencia objeto de revisión desconoció una providencia anterior con tránsito a cosa
juzgada, sin individualizarla en términos suficientes ni demostrar los presupuestos
requeridos para su configuración. En particular, no acreditó la existencia de una
contradicción material entre dos fallos ni la identidad de partes, objeto y causa. Por el
contrario, de sus propias afirmaciones se advierte que el proceso que invoca como
antecedente fue promovido contra la Caja Nacional de Previsión Social, entidad
distinta a la demandada en el proceso en el que se profirió la sentencia objeto de
revisión, y en dicho trámite se discutió la sustitución de una pensión gracia. Asimismo,
tampoco precisó si en el segundo proceso se propuso o no la excepción de cosa
juzgada, requisito igualmente relevante para la configuración de la causal invocada.
29. En ese contexto, no se satisfacen los presupuestos de cosa juzgada exigidos por
la causal. La semejanza temática o la analogía de supuestos no equivale a identidad
de partes, objeto y causa, de modo que tales referencias resultan insuficientes e
impertinentes para sustentar la causal octava en los términos del artículo 250 del
CPACA.
30. En conclusión, al no acreditarse los presupuestos propios de las causales
invocadas, no se configura un motivo excepcional que habilite la revisión de una
providencia ejecutoriada. Por tanto, el recurso extraordinario de revisión se declarará
infundado.” 13
La autoridad judicial accionada concluyó que no se configuraron las causales de
revisión previstas en los numerales 1.º y 8.º del artículo 250 del CPACA. Recordó que
el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación excepcional y no una
instancia adicional que permita reabrir debates jurídicos o probatorios resueltos en el
proceso ordinario.
En relación con la causal prevista en el numeral 1.º, señaló que las certificaciones
sobre los servicios exequiales y el derecho de petición aportados por la recurrente no
tenían la condición de documentos recobrados, puesto que se expidieron con
13
Índice 00033 en el aplicativo SAMAI del Recurso Extraordinario de Revisión, certificado 1CE0BEEEBF6A5E26
BF8BEB697C7993D4 5D04AAD1DCCC4582 32366F9B0DEA332F.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05003-00
Accionante: María Vibiana Caballero
posterioridad a la sentencia objeto de revisión. Respecto de las fotografías, advirtió que
no se acreditó que su falta de incorporación al proceso ordinario obedeciera a fuerza
mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria. Por consiguiente, consideró que los
argumentos expuestos pretendían controvertir la valoración probatoria y la omisión en
el decreto oficioso de pruebas, asuntos ajenos al ámbito de aplicación de dicha causal.
En cuanto a la causal establecida en el numeral 8.º, precisó que no se acreditó la
existencia de una sentencia anterior con identidad de partes, objeto y causa. Explicó
que la providencia invocada como antecedente se profirió en un proceso promovido
contra una entidad diferente y tuvo por objeto la sustitución de una pensión gracia,
mientras que el proceso en el cual se dictó la sentencia objeto de revisión se dirigió
contra la Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y versó sobre una prestación pensional distinta. Además,
señaló que la recurrente no precisó si propuso la excepción de cosa juzgada en el
segundo proceso.
A partir de tales premisas, la autoridad judicial accionada determinó que los
argumentos de la recurrente tenían por objeto reabrir el debate probatorio concluido en
el proceso ordinario, propósito incompatible con la naturaleza excepcional del recurso
extraordinario de revisión. En consecuencia, lo declaró infundado y se abstuvo de
imponer condena en costas, debido a que no se acreditó su causación.
5.3. La Sala advierte que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado expuso, de manera suficiente, coherente y razonada, los fundamentos por los
cuales no prosperaban las causales de revisión invocadas. En concreto, explicó que: i)
las certificaciones y el derecho de petición no tenían la condición de documentos
recobrados, pues se expidieron con posterioridad a la sentencia objeto de revisión; ii)
respecto de las fotografías, no se acreditó que su falta de aportación oportuna
obedeciera a fuerza mayor, caso fortuito u obra de la contraparte; iii) los reparos
relacionados con la valoración probatoria y la omisión en el decreto oficioso de pruebas
no podían discutirse mediante el recurso extraordinario de revisión; y iv) no se
demostró la identidad de partes, objeto y causa necesaria para que se configurara la
cosa juzgada alegada con fundamento en la sentencia anterior.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que el juez natural examinó debidamente
el asunto, con sujeción a los límites propios del recurso extraordinario de revisión. En
efecto, la providencia cuestionada resolvió los argumentos de la recurrente y expuso
las razones fácticas y jurídicas que sustentaron la decisión, sin que se advierta una
actuación arbitraria o caprichosa.
Así, los reparos formulados en la solicitud de amparo reflejan la inconformidad de la
actora con la interpretación de las causales de revisión y con las conclusiones
probatorias adoptadas por la autoridad judicial accionada, pero no plantean un
problema que trascienda el ámbito legal del litigio y adquiera una dimensión
constitucional. En esa medida, tampoco se evidencia una afectación prima facie de los
derechos fundamentales invocados.
13
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05003-00
Accionante: María Vibiana Caballero
5.4. Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través
del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara
que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i)
su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien
acude a la tutela debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional
advertir tal vulneración14.
5.5. Así las cosas, resulta claro que la parte actora pretende imponer su interpretación
sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como reiterar su
discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate surtido en el
trámite del proceso primigenio.
En efecto, la acción de tutela formulada está encaminada a continuar con el debate
surtido en el trámite de instancia, toda vez que reitera argumentos de índole legal y
probatorio desarrollados en el marco de esta, sin esbozar las razones concretas por las
cuales el derecho fundamental invocado fue vulnerado con la providencia atacada, lo
que escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que la decisión censurada se
sustenta en el principio de autonomía judicial.
Cabe recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter excepcional, para
evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y entre sus
características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que su
procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión proveniente de una
autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique, como
lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera una instancia
adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada15, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 16.
Así las cosas, la Sala declarará improcedente el amparo deprecado, por no superar el
requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
14
SU-215 de 2022.
15
SU-215 de 2022.
16
Ibid.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05003-00
Accionante: María Vibiana Caballero
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por María
Vibiana Caballero contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, por no superar el requisito de relevancia constitucional, conforme lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito,
en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
Notifíquese y Cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
ECG
15
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.