Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00220-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00220-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00220-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia : Recurso Extraordinario de Revisión
Radicación : 11001-03-25-000-2023-00220-00 (2589-2023)
Demandante : María Vibiana Caballero
Demandados : Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)1 y otros2
Tema : Causales de revisión 1 y 8 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011
Decisión : Declara infundado el recurso extraordinario de revisión. No se
configuraron las causales invocadas. Los documentos allegados
no cumplen los presupuestos de la causal 1 y no se acreditó la
existencia de una sentencia anterior con identidad de partes,
objeto y causa que hubiera hecho tránsito a cosa juzgada.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por María Vibiana
Caballero contra la sentencia del 9 de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima.3
I. ANTECEDENTES
Proceso ordinario
1. María Judith Jaime de González presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos mediante
los cuales se negó de manera temporal el reconocimiento de la sustitución pensional
solicitada, hasta tanto se definiera quién ostentaba la condición de beneficiaria del
causante Jorge Jesús González Cáceres. A título de restablecimiento del derecho, pidió
el reconocimiento y pago de la sustitución pensional, junto con las mesadas causadas y
no pagadas.
2. Como fundamento de sus pretensiones, expuso que su esposo, Jorge Jesús González
Cáceres, había sido pensionado por el Fomag mediante Resolución 03433 del 23 de
enero de 2005 y que, tras su fallecimiento, solicitó la sustitución pensional en calidad de
1 En adelante Fomag.
2 Secretaría de Educación de Ibagué (Tolima) y Mary Judith Jaime de González.
3 Decisión suscrita por los magistrados Ángel Ignacio Álvarez Silva, Carlos Arturo Mendieta Rodríguez y José Andrés
Rojas Villa.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00220-00 (2589-2023)
Demandante: María Vibiana Caballero
cónyuge supérstite, acreditando el vínculo matrimonial celebrado el 14 de noviembre de
1963 y la convivencia mantenida durante su vida conyugal, aunque en los últimos años
residieran en lugares distintos por razón del servicio docente prestado por el causante.
3. Señaló que, pese a ello, la administración expidió la Resolución 230 del 15 de marzo
de 2010, mediante la cual suspendió la definición del derecho hasta que se resolviera la
controversia derivada de las reclamaciones presentadas por María Vibiana Caballero,
quien se presentó como presunta compañera permanente, y por una hija
extramatrimonial del causante. A su juicio, dicha decisión configuró un ejercicio arbitrario
de la potestad administrativa, por carecer de motivación suficiente, desconocer las
normas que regulan el reconocimiento de la prestación y ocasionarle un perjuicio
injustificado al impedirle acceder a la protección económica derivada de la pensión de su
esposo.
4. La Nación, Ministerio de Educación, Fomag guardó silencio. La señora María Vibiana
Caballero, en calidad de vinculada y demandante en reconvención, contestó la demanda
y se opuso a todas las pretensiones, al afirmar que fue quien convivió con el señor Jorge
Jesús González Cáceres durante los últimos dieciséis años de su vida, hasta el momento
de su fallecimiento. Sostuvo que el causante se encontraba separado de hecho de su
cónyuge María Judith Jaime de González desde 1966 y que, con posterioridad, mantuvo
relaciones sentimentales con otras mujeres, con quienes incluso procreó hijos. Indicó
además que la demandante no convivía con el causante ni dependía económicamente
de él, y destacó que mediante sentencia del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Ibagué ya se le había reconocido la sustitución de la pensión gracia. Por ello, solicitó que
se le reconociera a ella la sustitución pensional, al considerar que cumplía el requisito de
convivencia exigido por los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.
5. El Juzgado Once Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué, mediante sentencia del
31 de marzo de 2020, declaró probadas las excepciones propuestas por la vinculada
María Vibiana Caballero y negó las pretensiones de la demanda principal y la de
reconvención. Consideró que del análisis conjunto del material probatorio no se acreditó
el requisito de convivencia entre la demandante María Judith Jaime de González y el
causante, necesario para acceder a la sustitución pensional. Asimismo, concluyó que
tampoco se demostró con suficiente claridad la convivencia continua entre el señor Jorge
Jesús González Cáceres y la señora María Vibiana Caballero durante los cinco años
anteriores al fallecimiento del primero, razón por la cual estimó que ninguna de las
reclamantes acreditó plenamente la condición de beneficiaria de la prestación.
6. María Vibiana Caballero, en calidad de demandante en reconvención, interpuso
recurso de apelación contra el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia,
solicitando que se revocara la decisión y, en su lugar, se ordenara a su favor el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional del causante Jorge Jesús González
Cáceres. Sostuvo que el a quo valoró de manera inadecuada el acervo probatorio, en
particular varios testimonios y declaraciones extrajuicio que, en su criterio, demostraban
la convivencia permanente con el causante hasta el momento de su fallecimiento.
Asimismo, indicó que no se apreciaron debidamente otros medios de prueba
documentales y testimoniales aportados al proceso y reiteró que cumplía con el requisito
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Demandante: María Vibiana Caballero
de convivencia previsto en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por
la Ley 797 de 2003.
7. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 9 de septiembre de
2021,4 confirmó el fallo de primera instancia, al considerar que la señora María Vibiana
Caballero no acreditó, con la claridad y suficiencia exigidas por la ley, la convivencia
permanente e ininterrumpida con el señor Jorge Jesús González Cáceres durante los
cinco años anteriores a su fallecimiento, requisito indispensable para acceder a la
sustitución pensional. Señaló que, si bien en el proceso obraban declaraciones
extraprocesales, testimonios y algunos documentos que daban cuenta de una relación
sentimental prolongada, su valoración conjunta bajo las reglas de la sana crítica
evidenciaba contradicciones relevantes sobre el tiempo, lugar y condiciones de la
convivencia, especialmente respecto de los dos últimos años de vida del causante. En
ese contexto, concluyó que no se desvirtuaba la apreciación probatoria efectuada por el
a quo ni se configuraba un defecto fáctico, razón por la cual mantuvo la decisión de negar
las pretensiones de la demanda principal y de la demanda de reconvención.
Demanda del recurso extraordinario de revisión5
8. La demandante interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 9
de septiembre de 2021 del Tribunal Administrativo del Tolima, con fundamento en las
causales previstas en los numerales 1 y 8 del artículo 250 del CPACA. Sostuvo, en primer
lugar, que con posterioridad al fallo se obtuvieron documentos decisivos que no pudo
aportar oportunamente, entre ellos certificaciones de servicios exequiales, documentos
relacionados con afiliaciones y fotografías, que a su juicio demostrarían la convivencia
permanente con el causante y que habrían podido conducir a una decisión diferente. En
segundo término, alegó la existencia de una sentencia anterior con efectos de cosa
juzgada, proferida el 30 de septiembre de 2010 por el Juzgado Sexto Administrativo de
Ibagué, que reconoció a su favor la sustitución de la pensión gracia del mismo causante,
lo que, en su criterio, resulta incompatible con la decisión posterior que negó la sustitución
pensional en el proceso objeto de revisión. Finalmente, afirmó que las autoridades
judiciales incurrieron en errores en la valoración probatoria y en un defecto fáctico al
desconocer testimonios y demás elementos que acreditaban la convivencia con el
causante durante más de cinco años previos a su fallecimiento.
Contestación del recurso
9. Las partes guardaron silencio.
Ministerio Público
10. El procurador delegado solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de
revisión, al estimar que no se configuran las causales invocadas en los numerales 1 y 8
del artículo 250 del CPACA. Señaló que, frente a la causal primera, las pruebas allegadas
4 Sentencia que quedó ejecutoriada el 21 de septiembre de 2021.
5 La demanda fue interpuesta el 8 de septiembre de 2022 ante el Juzgado Once Administrativo Mixto del Circuito de
Ibagué.
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Demandante: María Vibiana Caballero
con el recurso (certificaciones de servicios exequiales, fotografías y otros documentos)
no acreditan que su falta de aporte en el proceso obedeciera a fuerza mayor, caso fortuito
u obra de la contraparte, sino que evidencian una posible falta de diligencia en la actividad
probatoria, circunstancia que no puede subsanarse mediante este medio extraordinario.
Asimismo, manifestó que tampoco se configura la causal octava, pues no existe identidad
de partes entre la sentencia cuestionada y la providencia anterior invocada como
contradictoria, dado que esta última se profirió en un proceso distinto adelantado contra
Cajanal, mientras que el presente litigio se dirige contra otra entidad, lo que impide
estructurar la cosa juzgada exigida por la norma. En consecuencia, concluyó que no se
reúnen los presupuestos legales para la prosperidad del recurso.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
11. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), el Consejo de
Estado6 es competente para resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, se
abordará el análisis de esta controversia.
Problema jurídico
12. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Tolima, en la
sentencia del 9 de septiembre de 2021, incurrió en las causales de revisión previstas en
los numerales 1 y 8 del artículo 250 del CPACA, en cuanto se alega, de un lado, la
existencia de documentos supuestamente recobrados con posterioridad al fallo que
demostrarían la convivencia exigida para el reconocimiento de la sustitución pensional y
que, según la recurrente, no pudieron aportarse oportunamente al proceso ordinario; y,
de otro, que la providencia desconoció una sentencia anterior que habría hecho tránsito
a cosa juzgada.
Análisis del problema jurídico
13. En el presente asunto, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión, por cuanto la parte actora no estructuró en forma satisfactoria las causales
previstas en los numerales 1 y 8 del artículo 250 del CPACA respecto de la sentencia del
9 de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro del
proceso radicado 73001-33-31-701-2012-00237-01, conforme a las razones que se
exponen a continuación.
14. El recurso extraordinario de revisión, previsto en el Capítulo I del Título VI del CPACA,
constituye un mecanismo excepcional de impugnación que permite controvertir
sentencias ejecutoriadas proferidas por autoridades judiciales, cuando concurren
6 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12
de marzo de 2019, modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 434 de 2024, el conocimiento del asunto corresponde a
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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Demandante: María Vibiana Caballero
situaciones extraordinarias que afectan de forma sustancial la justicia material de la
decisión. Su finalidad es restablecer dicha justicia frente a vicios graves que no pudieron
alegarse o debatirse dentro del trámite ordinario del proceso, y que por su entidad
justifican la superación del principio de cosa juzgada.
15. En ese sentido, no se trata de una tercera instancia ni de una vía para reabrir el
debate jurídico o probatorio previamente resuelto, sino de una herramienta procesal
reservada a supuestos de extrema relevancia que comprometen garantías
constitucionales fundamentales, como el debido proceso o la tutela judicial efectiva.
16. El numeral 1 del artículo 250 del CPACA, dispone que es causal de revisión: “Haberse
encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los
cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo
aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.”
17. Los supuestos de hecho contenidos en la causal invocada exigen la presencia de tres
circunstancias: i) que se recobren pruebas decisivas después de dictada la sentencia; ii)
que con ellas se hubiere podido proferir una decisión diferente; iii) que el recurrente no
las hubiere podido aportar al proceso, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la
parte contraria.
18. Sobre el concepto de “recobrado” el Consejo de Estado ha indicado: “(…) Que
“recobrado”, es el documento que como tal existía antes del pronunciamiento judicial
objeto del recurso, pero estaba extraviado, perdido o refundido y solo pudo recuperarse
o rescatarse después de la sentencia (…)”7.
19. En el presente asunto, la demandante sustentó la causal de revisión prevista en el
numeral 1 del artículo 250 del CPACA en que, con posterioridad a la sentencia del
Tribunal, recuperó y obtuvo varios documentos que, a su juicio, resultaban decisivos para
acreditar la convivencia con el causante. Entre ellos mencionó: i) una certificación
expedida el 5 de noviembre de 2021 por la empresa Los Olivos sobre la afiliación exequial
del señor Jorge Jesús González Cáceres entre los años 2002 y 2005; ii) una certificación
del 4 de noviembre de 2021 expedida por Funerales La Paz en la que aparece la
recurrente como beneficiaria en un contrato de previsión exequial; iii) documentos
derivados de un derecho de petición dirigido a Fiduprevisora relacionados con su
condición de beneficiaria en salud; y iv) un conjunto de fotografías que, según indicó,
había recuperado luego de encontrarse extraviadas.
20. Según la recurrente, dichos elementos no pudieron ser aportados oportunamente al
proceso ordinario porque no se encontraban en su poder al momento de presentar la
demanda de reconvención. En relación con la certificación del 5 de noviembre de 2021,
señaló que la afiliación exequial había sido tramitada a través de COACREITOL y no
directamente con Los Olivos, lo que dificultó su obtención en su momento. No obstante,
afirmó que con la demanda se allegó una certificación expedida por Los Olivos que fue
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 2 de junio de 2015, Rad. 11001-03-
15-000-2000-00237-01 (REV); y 7 de julio de 2015, Rad. 11001-03-15-000-2008-01048-00 (REV).
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desestimada por el Juzgado Once Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué y por el
Tribunal Administrativo del Tolima por no indicar la fecha de afiliación, circunstancia que,
en su criterio, evidenciaría un defecto fáctico por omisión, pues el juez debió decretar
pruebas de oficio para esclarecer dicho aspecto si consideraba que existían dudas al
respecto. En cuanto a la certificación expedida el 4 de noviembre de 2021 por Funerales
La Paz, afirmó que tampoco se encontraba en su poder; el derecho de petición dirigido a
Fiduprevisora tiene fecha del 12 de noviembre de 2021; y, frente a las fotografías, sostuvo
que debieron valorarse conjuntamente con las demás pruebas para inferir que
correspondían al periodo de convivencia con el causante.
21. Asimismo, la parte recurrente manifestó que las autoridades judiciales incurrieron en
un defecto fáctico por omisión al desestimar las pruebas allegadas o al no decretar
pruebas de oficio para verificar su contenido, particularmente frente a las certificaciones
exequiales y demás documentos que, en su criterio, permitían corroborar la convivencia
con el causante. De esta manera, sostuvo que las decisiones adoptadas en las instancias
ordinarias desconocieron el debido proceso al no valorar integralmente el material
probatorio ni aplicar las reglas de la sana crítica.
22. Bajo lo anterior, para la Sala dichas certificaciones y la petición referida no
constituyen documentos recobrados porque no existían antes del pronunciamiento
judicial objeto del presente recurso, y en cuanto a las fotografías no se acreditó que su
ausencia en el proceso ordinario obedeciera a fuerza mayor, caso fortuito o a la conducta
de la parte contraria. Esta Sala ha indicado que “por regla general, la configuración de
esta causal no se admite cuando la prueba en cuestión fue generada u obtenida con
posterioridad al fallo recurrido. Tampoco resulta procedente cuando el documento, aun
siendo anterior a la sentencia, pudo haber sido aportado oportunamente dentro del
proceso, pues este mecanismo de revisión no puede utilizarse para subsanar omisiones,
errores o actuaciones negligentes de las partes en el cumplimiento de su carga
probatoria.” 8
23. Al no acreditarse los presupuestos referidos, esto es, la existencia de un documento
hallado o recobrado con posterioridad a la sentencia, ni sustentarse con elementos
verificables la concurrencia de fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria que
hubieran imposibilitado su oportuna incorporación al proceso, tampoco se satisfacen los
restantes requisitos de la causal invocada.
24. Así las cosas, el planteamiento de la parte recurrente se encaminó, en realidad, a
reprochar la actividad probatoria del trámite ordinario, bajo la premisa de que el juez debió
decretar pruebas de oficio o valorar de forma distinta los elementos obrantes en el
proceso. Sin embargo, tal cuestionamiento es ajeno al alcance de la causal prevista en
el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, que exige la existencia de un documento
preexistente y recobrado con posterioridad al fallo, sin habilitar la revisión para suplir la
ausencia de gestión probatoria ni para reconstruir el debate probatorio ya clausurado.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de marzo de 2026, Rad. 11001-03-25-000-
2023-00154-00 (1944-2023).
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Demandante: María Vibiana Caballero
25. En ese sentido, el recurso extraordinario de revisión no está concebido como una
tercera instancia ni como un mecanismo para reabrir el debate probatorio, y mucho
menos para cuestionar la falta de decreto o práctica de pruebas dentro del proceso
ordinario. Las etapas procesales son preclusivas y perentorias, de modo que si la parte
consideraba indispensable la práctica de determinadas pruebas, le correspondía hacer
uso de las herramientas procesales pertinentes en la oportunidad legal; por ende, no es
admisible trasladar esa discusión al ámbito extraordinario de la revisión.
26. Por otra parte, la actora invocó la causal 8 del artículo 250 del CPACA, conforme a
la cual procede la revisión cuando la sentencia es contraria a otra anterior que constituya
cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. La disposición,
además, excluye la revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa
juzgada y esta fue rechazada.
27. Esta causal exige, para su configuración, la demostración concurrente de: (i) dos
sentencias contradictorias; (ii) que la providencia anterior haya adquirido la calidad de
cosa juzgada entre las mismas partes, respecto del mismo objeto y por la misma causa;
y (iii) que en el segundo proceso no se hubiera propuesto la excepción de cosa juzgada,
o que no hubiera sido discutida en los términos previstos por la norma.
28. Sin embargo, para sustentar esta causal la parte actora se limitó a afirmar que la
sentencia objeto de revisión desconoció una providencia anterior con tránsito a cosa
juzgada, sin individualizarla en términos suficientes ni demostrar los presupuestos
requeridos para su configuración. En particular, no acreditó la existencia de una
contradicción material entre dos fallos ni la identidad de partes, objeto y causa. Por el
contrario, de sus propias afirmaciones se advierte que el proceso que invoca como
antecedente fue promovido contra la Caja Nacional de Previsión Social, entidad distinta
a la demandada en el proceso en el que se profirió la sentencia objeto de revisión, y en
dicho trámite se discutió la sustitución de una pensión gracia. Asimismo, tampoco precisó
si en el segundo proceso se propuso o no la excepción de cosa juzgada, requisito
igualmente relevante para la configuración de la causal invocada.
29. En ese contexto, no se satisfacen los presupuestos de cosa juzgada exigidos por la
causal. La semejanza temática o la analogía de supuestos no equivale a identidad de
partes, objeto y causa, de modo que tales referencias resultan insuficientes e
impertinentes para sustentar la causal octava en los términos del artículo 250 del CPACA.
30. En conclusión, al no acreditarse los presupuestos propios de las causales invocadas,
no se configura un motivo excepcional que habilite la revisión de una providencia
ejecutoriada. Por tanto, el recurso extraordinario de revisión se declarará infundado.
Condena en costas
31. El artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 255 del CPACA,
estableciendo un criterio objetivo para la imposición de costas, consistente en que estas
deben imponerse al recurrente cuando se declare infundado el recurso extraordinario de
revisión.
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Demandante: María Vibiana Caballero
32. En ese sentido, en el caso concreto, en principio procedería la imposición de costas
a la actora, dado que se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión. Sin
embargo, al no haberse acreditado su causación, toda vez que la parte accionada no
intervino en el trámite del proceso, no se impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
III. RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por María Vibiana Caballero contra la sentencia del 9 de septiembre de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho radicado 73001-33-31-701-2012-00237-01.
SEGUNDO. NO CONDENAR en costas a María Vibiana Caballero, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00220-00 (2589-2023)
Demandante: María Vibiana Caballero
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