Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00154-00
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00154-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00154-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00154-00 (1944-2023)
Demandante: Néstor Augusto Carrera Bolaños
Demandada: Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional
Temas: Causal primera de revisión. Prueba recobrada. Falta de
configuración de los presupuestos para su procedencia.
DECLARA INFUNDADO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión que interpuso1 el señor Néstor
Augusto Carrera Bolaños contra la sentencia del tres (03) de marzo de dos mil
veintidós (2022) proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare2, para lo cual
invocó la causal del numeral 1 del artículo 250 del CPACA.
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
1. Que ingresó al Ejército Nacional en 1990, ascendió a subteniente en 1992 y a
teniente coronel en 2010 y mediante Resolución 0687 del 1.° de febrero de 2016, el
Ministerio de Defensa dispuso su retiro del servicio activo por la causal de
«llamamiento a calificar servicios».
2. Que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
solicitando: i) la nulidad de la Resolución 0687; ii) su reintegro al cargo que ocupaba
o a uno de igual o superior categoría; iii) el reconocimiento de salarios y
prestaciones dejados de percibir sin solución de continuidad; iv) su ascenso al grado
de coronel; y v) la indemnización de perjuicios morales y daño emergente
ocasionados por el retiro.
3. Que el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito de Yopal negó las
pretensiones y, al desatar el recurso de apelación por él interpuesto, el Tribunal
1 La presentación del recurso se efectuó el 27 de marzo de 2023, de acuerdo con la anotación efectuada por la
Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación que reposa en el índice 00001 de SAMAI.
2 Decisión que confirmó la sentencia proferida el 14 de mayo de 2020 por el Juzgado Administrativo de
Descongestión del Circuito de Yopal que negó las pretensiones de la demanda dentro del trámite del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00154-00 (1944-2023)
Administrativo de Casanare, mediante sentencia del 3 de marzo de 2022, confirmó
la decisión de primera instancia.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
4. En providencia del 3 de marzo de 20223, el Tribunal Administrativo de Casanare
confirmó la decisión de primera instancia al considerar que no se acreditó que el
acto administrativo de retiro del teniente coronel (TC) Néstor Carrera Bolaños
obedeciera a una desviación de poder ni que estuviera falsamente motivado.
5. Para sustentar su decisión, el Tribunal expuso los siguientes argumentos:
6. Consideró que no se demostró que el retiro obedeciera a una retaliación ni que
la brigadier general (BG) María Paulina Leguizamón hubiera intervenido en la
recomendación negativa para su ascenso, pues aunque la señora Martha Lozano
Bernal —esposa de Néstor Carrera Bolaños y secretaria del Tribunal Superior
Militar, donde aquella laboraba como magistrada— declaró haber sido víctima de
acoso laboral y haber presentado denuncias, también obra en el expediente una
comunicación del 7 de octubre de 2015 en la que la BG Leguizamón informó su
ausencia a la junta asesora de ese día, lo que descarta su participación en dicha
decisión.
7. Señaló que, pese a que la señora Lozano Bernal sostuvo que el retiro de su
esposo en febrero de 2016 obedeció a la intervención de la BG Leguizamón por las
diferencias personales entre ambas, los oficios y escritos que, según afirmó,
respaldaban esa versión no fueron allegados dentro de la oportunidad procesal.
8. Reiteró que, aunque la testigo insistió en la supuesta injerencia de su superior
jerárquica en las decisiones relacionadas con el ascenso del demandante, tal
afirmación no aporta claridad ni precisión sobre la manera en que esta habría
influido en la determinación adoptada por la entidad, máxime cuando no se
evidenció la existencia de diferencias o conflictos entre el señor Carrera Bolaños y
la oficial, más allá de los que presuntamente surgieron entre la declarante y la BG
María Paulina Leguizamón.
9. Adujo que no hubo indebida valoración probatoria porque el material allegado
demostró que el retiro se fundó en una causal legal —llamamiento a calificar
servicios— que no exige motivación adicional porque su finalidad y motivación están
previstas en la ley.
10. Afirmó que el llamamiento a calificar servicios es una forma normal de
terminación de la carrera militar, presume su expedición en aras del buen servicio y
permite la reserva con asignación de retiro; no es una sanción ni limita derechos.
3 Índice 00011 de SAMAI, cuaderno denominado «C-PRINCIPAL», subcarpeta «016 2ª-Instancia-zip», archivo
«14-Fallo2016-00194-01 03MAR2022».
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11. Que, aunque la hoja de vida del demandante evidenciaba condecoraciones,
buen desempeño y liderazgo, estas condiciones no impiden el ejercicio de la
facultad discrecional de retiro ni le otorgan fuero de estabilidad, pues la idoneidad y
el buen desempeño son deberes del servidor y no generan prerrogativa de
permanencia ni derecho automático al ascenso.
12. Expuso que el retiro se produjo conforme a la recomendación de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa (Acta 12 de 26 de noviembre de 2015) y al
concepto del Comité de Evaluación (Acta 7885 de 24 de septiembre de 2015) que
no recomendó su ascenso a coronel.
13. Indicó que el actor no probó la presunta retaliación ni las supuestas injerencias
en su ascenso; su carga procesal no se cumplió y los testimonios aportados no
demostraron hechos concretos de desviación de poder.
14. Señaló que la decisión se adoptó aplicando los artículos 100 literal a), numeral
3 y 103 del Decreto Ley 1790 de 2000, en ejercicio de competencias legales del
ministro de Defensa, luego de establecer que el demandante estuvo en servicio
activo por más de 25 años, superando el término previsto en la mencionada norma
y teniendo derecho, por lo tanto, a la asignación de retiro.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
15. El señor Néstor Augusto Carrera Bolaños interpuso recurso extraordinario de
revisión al considerar que la sentencia está incursa en la causal 1.° de la citada
legislación.
16. Para sustentar el recurso, se expusieron los siguientes planteamientos:
17. Que el fallo concluyó erradamente que no existió desviación de poder en el
proceso de retiro. Que, no obstante, el acervo probatorio recuperado da cuenta de
tres aspectos que sí estuvieron presentes, pero que no fueron valorados por no
haberse aportado en la oportunidad procesal correspondiente:
(i) La intervención real, persistente y documentada de la BG María Paulina
Leguizamón Zárate en el proceso de ascenso, especialmente, en la decisión de no
ascenso;
(ii) La alteración y entrega incompleta de las actas que decidieron su exclusión del
proceso de ascenso —entre ellas, el Acta 09 del 7 de octubre de 2015, que
constituyó un acto preparatorio para la expedición de la Resolución 687 del 1.º de
febrero de 2016, el Acta 12 del 26 de noviembre de 2015, y el Acta 7885 del 24 de
septiembre de 2015, correspondiente a la evaluación final y recomendación de los
oficiales teniente coronel considerados para ascenso en diciembre de 2015— y;
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(iii) La persecución laboral sistemática, persistente y acreditada contra la secretaria
del Tribunal Superior Militar, Martha Flor Lozano Bernal, esposa del teniente,
circunstancia que afectó el ambiente decisional y contaminó la motivación del retiro.
Afirma haber recuperado 67 pruebas que no fueron aportadas en su momento, por
cuanto reposaban en otras actuaciones —entre ellas, procesos penales y
disciplinarios— y, «[…] en el peor de los casos fueron controlados por distintos
funcionarios y dependencias del Ejército Nacional» a la cual pertenece
orgánicamente la BG Leguizamón.
18. Sostiene que, si bien la causal primera del artículo 250 del CPACA se refiere de
manera general a pruebas documentales y no ha comprendido testimonios,
experticias, informes técnicos o exámenes médicos especializados, la
jurisprudencia ha admitido excepciones cuando circunstancias extraordinarias lo
exigen. Así, señala que, ante una orden expresa de la Corte Constitucional en sede
de tutela, la Corte Suprema de Justicia aceptó como prueba apta para configurar
dicha causal los resultados de exámenes HLA —pruebas científicas altamente
especializadas— practicados y obtenidos con posterioridad a la culminación del
proceso de filiación.
19. Por metodología, la Sala agrupará las pruebas recobradas atendiendo a la
fuente de origen, así: (A) documentación cuyo origen no se encuentra identificado,
(B) documentos obtenidos mediante el ejercicio del derecho de petición y; (C)
provenientes del proceso penal radicado 110016000050201830010 (N.I. 355553),
que cursa ante el Juzgado 61 Penal del Circuito de Bogotá. A su vez, cada grupo
se subdividirá en los distintos ejes temáticos planteados por el recurrente,
organizados en numeración romana minúscula.
A. Documentación cuyo origen no se encuentra identificado
(i) Respecto del Acta 7885 de 24 de septiembre de 2015 del Comité
Evaluador
• Acta 7885 del 24 de diciembre de 2015 del Comité Evaluador. Señala que se
recuperó el documento completo, pues inicialmente solo se habían adjuntado 8
folios al proceso, cuando este constaba de 27. Dicha acta contiene la evaluación
final, el estudio y la recomendación de los oficiales con grado de teniente coronel
para el ascenso de diciembre de 2015.
• Decreto 2371 de 2015 y 908 del 31 de mayo de 2016. Señala que el Comité
recomendó ascender diez oficiales logísticos, pero solo nueve fueron finalmente
ascendidos mediante el Decreto 2317 de 2015, lo cual evidencia la existencia de un
cupo disponible que pudo haber favorecido al TC Carrera Bolaños. También se
destaca que varios oficiales inicialmente no recomendados para ascenso por
razones graves o por su ubicación en la clasificación —como los TC. Lozano Pardo,
Medina Valenzuela y Goyeneche Vanegas (fls. 13 y 19 del Acta 7885/15)— fueron
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ascendidos meses después, lo cual revela decisiones incoherentes y contrarias a
los criterios fijados en la propia acta y en la normativa de carrera.
Afirma que el oficial Camelo Daza, clasificado en Lista Tres, fue ascendido antes
que el coronel Carrera Bolaños, a pesar de que este último estaba ubicado en Lista
Dos, en contravía de las reglas de prelación establecidas en los artículos 64 y 65
del Decreto 1799 de 2000, según las cuales el ascenso debe otorgarse respetando
el orden de las listas: primero la lista UNO, luego la lista DOS y finalmente la lista
TRES. Tales inconsistencias demuestran, a su parecer, que el Comité actuó de
manera parcial y en desconocimiento de los criterios normativos de evaluación y
clasificación, comprometiendo la objetividad del proceso de ascenso de diciembre
de 2015.
• Evaluación realizada en el Acta 7885 del 24 de septiembre de 2015. Afirma que
el Comité de Evaluación, en dicha acta, recomendó no considerar para ascenso al
TC Carrera Bolaños por registrar varias sanciones, entre ellas una represión simple
como subteniente. El actor aduce que esta última anotación fue adicionada
arbitrariamente y provenía de una sanción de 1995 por contraer matrimonio sin
autorización, lo cual —sostiene— vulneraba su derecho constitucional a conformar
una familia. Que dicha anotación fue usada para restarle puntaje e impedir su
ascenso, pese a que el marco constitucional y el régimen especial de las Fuerzas
Militares protegen la institución familiar.
• Alegatos de conclusión presentados el 19 de julio de 2019 por parte de la Nación-
Ministerio de Defesa- Ejército Nacional ante el Juzgado Primero Administrativo de
Yopal. Sobre esta prueba considera que el apoderado del Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional sostuvo, sin aportar prueba alguna, que el TC Carrera Bolaños
había sido relevado del cargo de comandante del Batallón de Servicios 11 por
incapacidad administrativa. Sin embargo, esto fue desvirtuado con el Oficio del 19
de noviembre de 2015, rad. 20155532737133-MDN-CGFM-COEJC-CEJEM-
JEDEH-DIPER-ASC1.10 expedido por el TC Oscar Armando Rodríguez Ruíz,
subdirector de personal del Ejército, en el cual se certificó que no existía registro
alguno que indicara un relevo en su historial militar. A su juicio, esto refuerza la duda
sobre la transparencia del procedimiento adelantado por el Comité de Evaluación
en 2015, cuya actuación terminó por impedir el ascenso del oficial.
(ii) Sobre los planes de relevos
Manifiesta que de ellos se evidencia que la abrupta modificación de su situación
administrativa incidió directamente en la valoración realizada por el Comité de
Evaluación y en la decisión de no considerarlo para el ascenso a coronel.
• Plan de Relevos del 14 de junio de 2015 (Rad. 2015564153063) dispuso que el
oficial recibiera el CENAC-Yopal para su creación y activación entre el 22 y el 26 de
junio, evidenciando la confianza institucional en su gestión.
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• El anterior plan fue reiterado el 14 de junio de 2015 (Rad. 20155641753083) y
confirmó su rol central en la puesta en marcha de la unidad.
• El Plan de Relevos del 6 de noviembre de 2015 (Rad. 20155642659793), suscrito
por el MG Alberto Mejía Ferrero, demuestra la plena confianza depositada en el TC.
Carrera Bolaños para dirigir y activar el CENAC-Yopal, dada su idoneidad y
trayectoria. Sin embargo, esta decisión fue revertida de manera abrupta entre
octubre y noviembre de 2015, coincidiendo con las gestiones que, según la prueba
recobrada, realizó la BG. Leguizamón Zárate al margen de su rol como magistrada,
lo que cuatro meses después derivó en que el Comité no lo considerara para el
ascenso a coronel.
(iii) Del acoso y la persecución de la señora BG María Paulina Leguizamón
Zarate en contra de la señora Martha Flor Lozano Bernal
Expone que existió un patrón de actos de persecución ejercidos por la BG
Leguizamón Zárate en contra de la señora Martha Flor Lozano Bernal, entonces
Secretaria del Tribunal Superior Militar —donde la primera ejercía como
magistrada— y esposa del TC Carrera Bolaños.
• Oficio del 14 de septiembre de 2016, mediante el cual el Mayor General Ricardo
Gómez Nieto, segundo comandante del Ejército, compulsó copias para que se
investigara penal y disciplinariamente a la señora Lozano Bernal, pese a que el
despacho a su cargo carecía de competencia para conocer de quejas contra una
oficial comisionada a la Justicia Penal Militar. Que conforme al Decreto 1790 de
2000 y al régimen disciplinario, cualquier investigación contra la BG Leguizamón
correspondía exclusivamente al Director Ejecutivo de la Justicia Penal Militar. Aun
así, dice que el Mayor General Gómez Nieto avocó conocimiento, profirió un auto
de archivo a favor de la BG Leguizamón y ordenó compulsar copias contra la
denunciante, lo que evidencia una intervención irregular y la transformación de la
quejosa en investigada.
• Investigación disciplinaria rad. 0287-2016 ante el Ministerio de Defensa, en la
cual incluso compareció como testigo la BG Leguizamón. Pese a que inicialmente
se dictó pliego de cargos, la nueva administración del Ministerio absolvió totalmente
a la señora Lozano Bernal.
• Investigación penal rad. 11001600005020162129100, la cual se surtió de forma
paralela a la anterior y que aún cursa ante el Juzgado 27 Penal del Circuito de
Bogotá. Al advertirse que la actuación disciplinaria inicial presentaba vicios de
nulidad, la BG Leguizamón se constituyó como denunciante y víctima dentro del
proceso penal, ampliando la imputación con una calificación jurídica
desproporcionada. Esto permite concluir, a su juicio, que la misma injerencia
indebida se proyectó sobre la carrera del TC Carrera Bolaños, esposo de la
denunciante, a quien se habría despojado arbitrariamente de su ascenso al grado
de coronel.
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(iv) De la quejas y denuncias presentadas por la señora Martha Flor Lozano
Bernal por acoso laboral y las conductas inadecuadas perpetradas por la
señora BG. Leguizamón Zarate.
• Querella del 10 de julio de 2015 ante la Procuraduría General de la Nación (PGN),
presentada por la señora Martha Flor Lozano Bernal, en la que denunció el acoso
laboral ejercido por la BG Leguizamón Zárate y los comentarios expresos de la
oficial sobre «arruinar el ascenso» de su esposo.
• Informe-querella del 24 de julio de 2015, dirigido al Comandante General de las
Fuerzas Militares y al Ministerio de Defensa Nacional, reiterando la intervención
indebida de la BG Leguizamón en el proceso de ascensos y solicitando adoptar
medidas para impedir afectaciones a la carrera del oficial.
• Adición de queja del 25 de abril de 2016 radicada ante el Procurador General de
la Nación, donde se expusieron nuevos hechos de persecución y vejámenes que
comprometían la integridad personal, familiar y profesional de la denunciante.
• Solicitud de desarchivo del 18 de mayo de 2018 dirigida al Procurador General
de la Nación, aportando nuevos elementos para que continuara la investigación.
• Auto del 30 de junio de 2020 de la PGN, que decidió estarse a lo resuelto en el
auto inhibitorio del 23 de agosto de 2016, pese a estar viciado de nulidad por
provenir de una autoridad militar sin competencia para conocer quejas contra
magistrados de la Justicia Penal Militar.
• Queja del 27 de abril de 2018 ante el ministro de Defensa Nacional, en la que se
puso en conocimiento el asedio sistemático que sufría la señora Lozano y la
ausencia de una investigación seria frente a los hechos denunciados.
• Autos del 31 de julio y 5 de agosto de 2018, mediante los cuales el jefe de Estado
Mayor Conjunto se inhibió nuevamente de adelantar indagación y ordenó archivar
en favor de la BG Leguizamón, compulsando copias para abrir investigaciones
disciplinarias contra la propia denunciante.
• Denuncia presentada el 15 de abril de 2016 ante la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia (Noticia Criminal 1100160000102201600146), en la que se
informó sobre abusos, trato humillante y comportamientos peyorativos atribuidos a
la exmagistrada.
• Adición a la denuncia inicial, presentada ante la Fiscalía Delegada ante la Corte
Suprema de Justicia del 25 de abril de 2016, donde se ampliaron los hechos,
incluyendo la presunta contratación de detectives para realizar seguimientos
ilegales a la denunciante y a su esposo, el TC Néstor Carrera Bolaños.
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• Denuncia del 17 de noviembre de 2017 ante la Fiscalía General de la Nación
(Rad. 110016000050201744133), luego de que un particular la alertara sobre
seguimientos ilegales y posibles amenazas contra su integridad y la de su familia.
Con las pruebas recuperadas dice que se evidencia un patrón continuo y
documentado de denuncias formuladas desde 2015 por la señora Martha Flor
Lozano Bernal, todas dirigidas a diferentes autoridades del Estado, en las que se
advertía la interferencia indebida de la BG Leguizamón en el proceso de ascenso
del TC Néstor Carrera y el acoso laboral y personal ejercido contra su esposa.
Las respuestas institucionales —autos inhibitorios, archivos irregulares y compulsas
de copias contra la denunciante— provinieron de autoridades sin competencia legal,
lo que a su vez confirma el uso del poder para proteger a la oficial denunciada y
trasladar las consecuencias hacia la víctima y su núcleo familiar.
Indica que, las denuncias interpuestas en un período de casi dos años muestran un
asedio sistemático y persistente, reforzado por las advertencias de un agente de
inteligencia y por mensajes de la señora Ana Lucía Hernández —cuñada de la BG.
Leguizamón— en los que se confirmaba la contratación de detectives para seguir a
la denunciante.
(v) Otras acciones en pro de la defensa de la arbitrariedad
Que se recobraron otras documentales que evidencian otras acciones legales
emprendidas para dejar constancia de los actos arbitrarios atribuidos a la BG.
Leguizamón Zárate, así como de su incidencia en el frustrado ascenso del TC
Néstor Carrera Bolaños:
• Acción de tutela e impugnación interpuesta por la señora Martha Flor Lozano
Bernal contra el Fiscal 11 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, donde se
denunciaron irregularidades en el Acta 7885 del 24 de septiembre de 2015.
• Auto del 15 de abril de 2021 proferido por el Tribunal Superior de Bogotá (Rad.
110016000102201600146), en la cual se informó que la Fiscalía 11 Delegada
reabrió la investigación por falsedad ideológica en documento público contra la BG.
Leguizamón, con base en las denuncias de la señora Lozano; sin embargo,
posteriormente la Fiscalía volvió a archivarla.
(vi) Sobre la persecución y el acoso laboral perpetrado por la BG. María
Paulina Leguizamón Zarate en contra de Martha Flor Lozano Bernal
• Audio de la reunión del 14 de marzo de 2016 —grabado por la señora Martha
Flor Lozano Bernal— en el que se evidencia el ambiente de acoso, intimidación y
entorpecimiento laboral generado por la BG Leguizamón Zárate dentro de la
Secretaría del Tribunal. En la reunión, tanto la jefe de la dependencia como varios
funcionarios expresan el malestar, las presiones, el temor y las amenazas
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percibidas, señalando que la oficial ejercía un poder arbitrario y caprichoso que
afectaba el funcionamiento normal de la oficina.
Una de las intervenciones que destaca es la de la señora Sandra Achury, quien
confirma ese ambiente hostil al afirmar que «nadie quiere nada con ese despacho»
y que cualquier interacción con la BG Leguizamón podía convertirse en un
problema.
• Constancia secretarial del 5 de junio de 2015 (Rad. 197) deja registrado que la
BG Leguizamón Zárate ordenó de manera irregular, fuera del horario laboral, que
sus escoltas ingresaran a la Secretaría del Tribunal Superior Militar y revisaran los
anaqueles de procesos sin autorización judicial, configurando un abuso de poder y
un acto de intimidación. Este hecho coincide con posteriores irregularidades en la
dependencia, incluida la pérdida del Acta de Sala Plena 15, reportada el 2 de
octubre de 2015, lo que dio lugar a investigación penal.
• Minuta de vigilancia del 19 de noviembre de 2015, en la que se dejó constancia
de que una funcionaria de la Secretaría ingresó de forma irregular abriendo la puerta
con una radiografía y retiró documentos. Esta actuación afirma refleja un patrón de
acoso, presión y manipulación del funcionamiento interno de la Secretaría del
Tribunal, afectando la integridad de los archivos y evidenciando un ambiente de
persecución.
• Informe del 20 de noviembre de 2015, suscrito por la señora Martha Flor Lozano
Bernal y dirigido al presidente de la Corporación en el que denunció un patrón
sistemático de hostigamiento, obstrucción y desprestigio ejercido por la BG María
Paulina Leguizamón Zárate, situación que motivó el envío de la queja a la
Procuraduría y a la Dirección Ejecutiva de la JPM.
• Mensaje de Messenger y WhatsApp del 21 de abril de 2016, en el cual la señora
Martha Flor recibió mensajes y una llamada de la señora Ana Lucía Hernández —
cuñada de la BG Leguizamón— advirtiéndole que la General habría contratado
detectives para seguirla, lo que refuerza la existencia de seguimientos ilegales.
• Indica que el 25 de agosto de 2016 recuperaron pruebas sobre el acoso laboral
promovido por la BG Leguizamón a través de la escribiente Sandra Patricia Achuary
Uquijo:
• Diligencia de ratificación de queja del 25 de agosto de 2016.
• Diligencia de ampliación de la declaración 15 de mayo de 2017 dentro del rad.
IUS 2015-433339 / IUC D-2016-120-873080, donde se señaló como testigos de
la conducta de persecución y/o maltrato laboral a la BG Leguizamón y a su oficial
de apoyo Diego Julián Zamudio Rodríguez, en la que se resolvió absolver de toda
responsabilidad disciplinaria a la señora Martha Lozano Bernal.
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Afirma que la investigación se originó en una queja presuntamente fabricada por la
BG. Leguizamón Zárate, a través de la escribiente Sandra Achury, quien presentó
denuncias falsas ante la Procuraduría. En sus declaraciones de 2016 y 2017,
Achury señaló como testigos de un supuesto maltrato laboral a funcionarios que no
pertenecían a la Secretaría del Tribunal, sino que trabajaban directamente en los
despachos de la propia BG. Leguizamón y de otros magistrados.
Advierte que, debido a la estructura jerárquica del Ejército, estos uniformados y
empleados civiles debían obediencia a la oficial superior, lo que habría facilitado un
esquema de acoso y persecución laboral contra la señora Lozano Bernal.
• Oficio 312 del 27 de octubre de 2016, mediante el cual la señora Martha Flor
Lozano Bernal, informó la pérdida del proceso penal 158568, compuesto por 150
folios, seguido contra el soldado Anderson Castañeda Cárdenas por deserción. La
desaparición súbita del expediente generó burlas y reproches hacia la primera y dio
lugar a la apertura de una investigación penal en su contra, radicada
20177720040661 ante la Dirección Seccional de Seguridad Ciudadana.
• Informe de la escribiente Luz Ángela Martínez del 4 de mayo de 2016 que da
cuenta de una intromisión irregular en el archivo de la Secretaría del Tribunal
Superior Militar, registrada en video, hecho que habría contribuido a generar un
ambiente de desestabilización e intimidación contra la secretaria Martha Flor
Lozano Bernal.
• Oficio 004 del 17 de noviembre de 2016, suscrito por la señora Lozano Bernal en
la que informó al Presidente del Tribunal sobre riesgos en la seguridad de
documentos y equipos, la presencia de personas extrañas en las instalaciones y
visitas nocturnas al despacho de la magistrada BG. Leguizamón Zárate.
• Finalmente, el 14 de agosto de 2017 se detectó la interceptación del computador
asignado a Lozano Bernal, evidenciándose la generación de solicitudes sin
justificación, situación reportada por el ingeniero Fredy Arvey Romero y que reveló
un comportamiento anómalo del equipo.
• Oficio de Avantel del 16 de febrero de 2018, en el que la señora Martha Flor
Lozano Bernal informó la desaparición inusual de todos los contactos de su teléfono
personal, situación que generó preocupación ante la presunta intervención de
miembros de inteligencia vinculados —según se conoció— por la magistrada
Leguizamón Zárate.
• Testimonio rendido en la audiencia del 8 de septiembre de 2021, celebrada por
el Juzgado 28 Penal de Conocimiento de Bogotá en la que el Coronel (RA) Camilo
Andrés Suárez Aldana, expresidente del Tribunal Superior Militar, declaró haber
presenciado repetidos episodios de desavenencias, presiones y conductas de
acoso laboral ejercidas por los magistrados Leguizamón Zárate y López Criollo
contra la secretaria Martha Flor Lozano Bernal, destacando que las quejas de estos
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dos magistrados eran injustificadas y que la gestión de la Secretaría siempre fue
valorada como adecuada en Sala Plena.
• Correo del 20 de abril de 2012 enviado por la señora Dora Sofía Barrero,
asistente del despacho de la BG Leguizamón Zárate, en el que reconoce el trato
conflictivo y las descargas emocionales de esta última sobre funcionarios que no
tenían responsabilidad alguna, evidenciando un patrón previo de comportamiento
hostil hacia la secretaria Lozano Bernal.
• Copia del dictamen de determinación de origen y/o pérdida de capacidad laboral
y ocupacional del 9 de abril de 2021 de la señora Martha Flor Lozano Bernal. Indica
que como consecuencia de todas las circunstancias de acoso, asedio sistemático y
persecución ilegal a las que se vio expuesta la señora Lozano fue calificada con una
pérdida de capacidad laboral del 28.40%.
B. Documentos obtenidos mediante el ejercicio del derecho de petición
(i) Acta 09 del 7 de octubre de 2015, mediante la cual la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional decidió excluirlo de los oficiales ascendidos a
coronel en el mes de diciembre de 2015
Adujo que las motivaciones del Comité son trascendentales porque una
recomendación positiva garantiza la continuidad en el escalafón y el ascenso al
grado superior, mientras que una recomendación negativa faculta a la
administración —con base en los artículos 100 y 103 del Decreto Ley 1790 de 2000,
modificados por la Ley 1104 de 2006— para retirar del servicio activo por
llamamiento a calificar servicios, como ocurrió con el teniente coronel.
Afirma que se desprende la notoria injerencia que la BG Leguizamón Zárate ejerció
en el proceso de evaluación, clasificación y ascenso, así como en el manejo y
control de la documentación relacionada con el caso del TC Carrera Bolaños. Su
cercanía con las dependencias y comités encargados del estudio del ascenso,
sumada al apoyo del coronel Óscar Armando Rodríguez Ruiz —quien también
integraba el grupo de oficiales considerados para ascenso en 2015— permite inferir
que ambos habrían tenido la capacidad de incidir en la elaboración y modificación
del Acta 09. Ello explicaría la alteración del folio 2, donde se insertó una anotación
contraria a la realidad para hacer figurar que la general no participó en la sesión,
pese a que su nombre aparece en la primera hoja y nunca se dejó constancia de un
impedimento.
Que, además, según las peticiones que más adelante se enuncian, en abril de 2016
el acta constaba de 80 folios, pero tras tres años de insistentes solicitudes apareció
con 81, siendo este último folio el que contiene la excusa atribuida a la BG.
Leguizamón Zárate para no asistir a la Junta Asesora, pese a que también se halló
en la hoja dos una anotación que la enlistaba en el proceso.
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Que, además, el Acta 09 del 7 de octubre de 2015 fue suscrita, entre otros, por el
entonces TC Óscar Armando Rodríguez Ruiz en calidad de director de personal (E)
del Ejército Nacional, pese a que debía haberse declarado impedido, pues tenía un
interés directo en el resultado del proceso. En efecto, el propio oficial hacía parte
del grupo de tenientes coroneles considerados para ascenso en diciembre de 2015
y figura en la hoja 3, renglón 2 del acta, como candidato a ser ascendido el 3 de
diciembre de ese año. Su participación activa en la Junta Asesora en tales
condiciones no solo vulnera las reglas básicas de imparcialidad, sino que refuerza
la presunción de manipulación y actuación indebida ya evidenciada en el manejo de
la documentación, incrementando la desconfianza en la transparencia del
procedimiento y en el ejercicio de la función pública.
Expone que para obtener copia completa del acta y los antecedentes que motivaron
su exclusión elevó múltiples derechos de petición desde octubre de 2015 hasta
febrero de 2016, los cuales también aporta como pruebas recobradas:
Fecha Tipo Dirigido a/ Asunto Observaciones
Suscrita por relevantes
26/10/2015 Petición Mayor General Solicita antecedentes y actas del Primera solicitud formal
Alberto José proceso de ascenso. de antecedentes y actas
Mejía Ferrero – del proceso de ascenso
comandante del
Ejército
15/02/2016 Petición Mayor General Reitera solicitud de antecedentes y Reiteración.
Alberto José actas del proceso de ascenso.
Mejía Ferrero –
comandante del
Ejército
15/02/2016 Petición Mayor General Solicita folios de vida completos,
Alberto José extracto integral de hoja de vida y
Mejía Ferrero – copia auténtica del Acta No. 09 del
comandante del 7 de octubre de 2015.
Ejército
18/02/2016 Petición Coronel Óscar Advierte que los documentos
Armando entregados estaban incompletos.
Rodríguez Ruíz Reitera solicitud de conceptos de
idoneidad, folios de vida completos
y actas que sustentan el concepto
desfavorable.
1/03/2016 Respuesta Coronel Óscar Se entrega: (1) constancia de Afirma no se entrega Acta
parcial Armando tiempo de servicio; (2) Acta 7885 09 completa, folios de
Rodríguez Ruíz del 24 de septiembre de 2015 (3 vida ni conceptos de
folios); (3) certificación de idoneidad.
clasificación en Lista 2.
6/04/2016 Petición Coronel Raúl Reitera solicitud de copia auténtica
Ortiz Pulido, y completa del Acta 09 del 7 de
director de octubre de 2015, donde la Junta
personal del Asesora no recomendó su
Ejército Nacional ascenso.
26/04/2016 Respuesta Coronel Óscar Respuesta al requerimiento Dice que es relevante
a petición Armando interno. Exclusivo de comando. Se porque evidencia que la
presentada Rodríguez Ruíz solicita toda la documentación BG. Leguizamón Zárate
por la BG sobre derechos de petición y ejerció autoridad sobre el
Leguizamó tutelas del oficial. La autoridad oficial subalterno, pues
n Zárate informa que no se encontraron las instrucciones que dio
escritos en los que el actor sobre la búsqueda y
mencionara a la BG Leguizamón y manejo de escritos del
que cualquier actuación debe TC. Carrera Bolaños
atenderse según Sentencia T-050 muestran de manera
de 2016. inequívoca su
intervención e interés en
el proceso de evaluación
y ascenso de dicho oficial
dentro del Ejército
Nacional.
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Además, muestra que la
entidad vulneró el
derecho de petición al
ocultar información bajo la
categoría de “exclusivos
de comando”.
29/04/2016 Respuesta Coronel Óscar A través de la cual se indicó remitir
petición Armando copia del acta 09 del 07 de octubre
2016-560- Rodríguez Ruíz de 2015
116784-2
4/05/2016 Petición Coronel Óscar En la cual se dice que no se anexó
Armando el folio 2 del acta 09, razón por la
Rodríguez Ruíz cual solicitó copia autentica de
dicho folio.
29/06/2018 Respuesta SV. Otto Remiten vía correo electrónico las
Organista Gil y Actas 09 y 12 de 2015 al correo del
SV. Edgar Nersy TC (R) Carrera.
León Ruiz –
Analistas de
Retiro
(ii) Sobre el acto que sirvió como preparatorio para proferir la Resolución 0687
del 1.° de febrero de 2016
En relación con la obtención del Acta 12 del 26 de noviembre de 2015 indica haber
elevado múltiples derechos de petición —aportados como pruebas recobradas—
los cuales se presentan en el siguiente cuadro para efectos de mayor claridad y
orden expositivo:
Fecha Tipo Dirigido a/ Suscrito por Asunto
27/02/2018 Petición General Ricardo Gómez Solicita copia completa del Acta 09 del 7 de octubre de
Nieto – Comandante del 2015 y del Acta 12 del 26 de noviembre de 2015,
Ejército correspondientes a sesiones ordinarias de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa Nacional.
16/05/2018 Petición Ministro de Defensa Solicita intervención para que la Dirección de Personal
Nacional, Dr. Luis Carlos del Ejército responda la petición del 27 de febrero de
Villegas Echeverry 2018 y remita copia íntegra de las Actas 09 y 12.
16/05/2018 Petición Mayor General Ricardo Segunda reiteración solicitando respuesta a la petición
Gómez Nieto – del 27 de febrero de 2018 y remisión de las Actas 09 y
Comandante del Ejército 12.
16/05/2018 Petición Brigadier General Carlos Reitera por segunda vez la solicitud de copias íntegras
Iván Moreno Ojeda – de las Actas 09 y 12, inicialmente pedidas el 27 de
Comandante de Personal febrero de 2018.
del Ejército
29/06/2018 Respuesta SV. Otto Organista Gil y Remiten vía correo electrónico las Actas 09 y 12 de 2015
SV. Edgar Nersy León Ruiz al correo del TC (R) Carrera.
– Analistas de Retiro
Aduce que el Acta 12 del 26 de noviembre de 2015 de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa —acto preparatorio de la Resolución 0687 del 1.º de febrero
de 2016— registra la participación de la BG Leguizamón Zárate (folio 1) y la
recomendación unánime de retirarlo del servicio activo (folio 40). En el folio 27 se
consigna su puntaje: 7.686.988.
Destaca que las calificaciones otorgadas se apartaron de los criterios legales del
Decreto 1799 de 2000, ignorando su idoneidad, liderazgo, profesionalismo y
desempeño positivo acreditado en su hoja de vida. Pese a ello, el Comité Evaluador
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emitió un concepto negativo para su ascenso, argumentando antecedentes
disciplinarios y su ubicación en el puesto 14 entre 17 aspirantes.
Que existen además inconsistencias en los puntajes restados: mientras el Acta 7885
del 24 de septiembre de 2015 le descontó 170 puntos, el Acta 12 de 2015 aumentó
la reducción a 215 puntos, evidenciando un procedimiento irregular orientado a
impedir su ascenso. Todo ello ocurrió en una sesión en la que estuvo presente y
participó la BG María Paulina Leguizamón Zárate.
(iii) Sobre el traslado del señor teniente coronel Néstor Augusto Carrera
Bolaños
En relación con el traslado del TC Carrera Bolaños aduce se recobraron diversos
antecedentes administrativos que permiten evidenciar una serie de actuaciones
irregulares alrededor de su situación laboral y del posterior proceso de ascenso. A
través de la respuesta al derecho de petición del 9 de mayo de 2022, se obtuvo
copia del Oficio 20155622766853 del 24 de noviembre de 2015, rad.
20155622766853-MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPER-SJU- RPPD-41.12, mediante el
cual la Dirección de Personal remitió al BG Ricardo Jiménez Mejía la solicitud
elevada por la BG Leguizamón Zárate sobre el traslado del oficial.
C) Provenientes del proceso penal radicado 110016000050201830010 (N.I.
355553), que cursa ante el Juzgado 61 Penal del Circuito de Bogotá
• Oficio del 19 de octubre de 2015 denominado «exclusivo comando», en el que la
BG Leguizamón solicitó al presidente del Comité de Ascensos certificar si ella había
tenido contacto con algún miembro o funcionario del proceso de ascenso del grado
teniente coronel al grado coronel o expresado opiniones relacionadas con el
ascenso del teniente Carrera Bolaños, quien al parecer es esposo de la señora
Martha Flor Lozano. Interpreta este acto como un ejercicio desmedido de poder,
pues en ningún comité de ascenso se expide un documento de esa naturaleza,
salvo para obtener una respuesta sugerida. Señala que, haciendo uso de su poder
de mando y sin fundamento, solicita información específica al líder del proceso de
ascenso del señor Carrera Bolaños, en una época en la que dicho trámite se
encontraba en curso.
• Oficio confidencial del 1.º de marzo de 2017, suscrito por la magistrada BG.
Leguizamón Zárate y dirigido al coronel Giovanni Valencia Hurtado, mediante el cual
amplía comunicaciones previas —hasta entonces desconocidas— y formula
preguntas detalladas sobre quién elaboró las actas de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional y quién adelantó el proceso de selección de los
tenientes coroneles evaluados para ascenso en 2015.
• Oficio del 12 de noviembre de 2015, suscrito por la BG. Leguizamón y dirigido al
jefe de Desarrollo Humano, mediante el cual solicita que se certifique si ella ha
intervenido o influido en decisiones sobre el traslado del TC Carrera.
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• Respuesta del 24 de noviembre de 2015, firmada por el coronel Raúl Ortiz Pulido,
señala que el traslado obedeció al tiempo de permanencia en el cargo (17 meses
en la Jefatura de Planeación del Ejército) y que el proceso de ascenso fue remitido
al Comité presidido por el BG Jiménez Mejía.
• Oficio 20162201222070 MDN-CGFM-CE-JEM JEOPE-CDO del 4 de mayo de
2016, suscrito por el MG Jiménez Mejía, mediante el cual se informa que la solicitud
elevada por el TC Carrera fue remitida por competencia a la Oficina de Operaciones,
dependencia que, a la fecha, no ha emitido respuesta. Ello permite concluir que la
razón por la cual el Ejército Nacional ocultó, negó y retardó la entrega de información
fue la existencia de contenido sensible que revelaba la trama de interferencias en
su proceso de ascenso.
• Respuesta del 4 de mayo de 2016 del presidente del Comité de Ascensos (rad.
2016220122073-MDN-CGFM-CE-JEM-JOP-CDO), en la que se aclara que «[…] el
Comité de ascensos del año 2015 se ajustó de manera estricta al procedimiento
establecido en la normatividad vigente que establece los requisitos legales para el
ascenso del personal de oficiales».
Reprocha que esa contestación parece responder a una inquietud que, por su
naturaleza, no requería aclaración alguna, pues las actuaciones del Comité se
presumen legales y no deberían justificar hechos que nunca estuvieron en
cuestionamiento institucional. Con ello señala que la respuesta intenta dotar de
«total y absoluta transparencia [e]l proceso» de ascenso». Además, señala que el
oficio tiene radicado interno TC-CR/2015 con lo que asume que ese cifrado hace
referencia a los oficiales considerados para ascenso de teniente coronel a coronel
en el año 2015, ciclo en el cual él participaba.
• Respuesta oficial del 8 de marzo de 2017, suscrita por el Mayor Fredy Mauricio
Franco Montes, rad. 20173051008733-MDN-CGFM-COEJCSECEJJEMGF-
COPER-DIPER-1.10, que responde a la BG. Leguizamón en la que se confirma que
el Acta del 7 de octubre de 2015 (Acta 09) fue elaborada por la Sección de Ascensos
y Retiros de la Dirección de Personal, específicamente por el secretario de la Junta,
entonces teniente coronel Óscar Armando Rodríguez Ruiz.
De estos documentos concluye que el oficial Rodríguez Ruíz actuó como secretario
y firmó el Acta 09 pese a encontrarse impedido, situación que él mismo reconoció
en el testimonio rendido ante la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de
Justicia y en diversas comunicaciones enviadas al TC Carrera Bolaños.
Resalta que resulta llamativo que la BG. Leguizamón Zárate, en 2017, solicitara
información sobre quién adelantó el proceso de selección de candidatos al ascenso
de 2015, cuando obra en el acervo recobrado un oficio «exclusivo comando» del 19
de octubre de 2015, suscrito por ella misma y dirigido al BG. Ricardo Jiménez Mejía,
presidente del Comité de Ascensos de ese año.
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En dicho oficio le pide certificar si tuvo contacto o expresó opiniones relacionadas
con el ascenso del TC Carrera Bolaños —esposo de la señora Martha Flor Lozano
Bernal—, lo que demuestra que conocía plenamente el trámite, sus actores y su
estado desde 2015, en abierta contradicción con la solicitud que formuló dos años
después, lo que permite afirmar que sí existió contacto, interés y participación
directa de la BG. Leguizamón Zárate en decisiones relacionadas con el proceso de
ascenso del TC (r) Carrera Bolaños.
Contestación al recurso extraordinario de revisión
20. La parte demandada4, pese a ser debidamente notificado de la admisión del
recurso, guardó silencio.
Concepto del Ministerio Público
21. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado, en el concepto
210 del 15 de septiembre de 20235, solicitó declarar infundado el recurso
extraordinario de revisión al señalar que el Acta 7885 de 24 de septiembre de 2015
no tiene carácter de documento recobrado, pues ya había sido aportada y
controvertida en el proceso ordinario, y si estaba incompleta, correspondía a la parte
solicitar su compulsa durante la etapa probatoria.
22. Respecto de los oficios suscritos por la BG. María Paulina Leguizamón Zárate
y la respuesta del MG. Ricardo Jiménez Mejía, señaló que dichos documentos no
acreditan las causales de nulidad alegadas, porque el Comité de Ascensos afirmó
haber actuado conforme a la normativa vigente.
23. Reiteró que el retiro del TC Néstor Carrera Bolaños mediante llamamiento a
calificar servicios no obedeció a sanción alguna, sino al ejercicio legítimo y
discrecional de la administración para mantener la estructura piramidal de la Fuerza
Pública —criterio reiterado por la Subsección A en sentencia del 27 de enero de
2022, Exp. 25000-23-42-000-2015-03530-01 (1716-2017)—, por lo que dicho acto
no requiere motivación.
24. Afirmó que el recurso de revisión no puede emplearse para corregir omisiones
probatorias de las partes y que los documentos aportados no son determinantes
para modificar lo decidido ni rompen la cosa juzgada. En consecuencia, concluyó
que no se configura la causal del numeral 1 del artículo 250 del CPACA, pues al
estar frente a la figura de retiro por llamamiento a calificar servicio de un miembro
de la fuerza pública los documentos aportados carecerían de relevancia para
soportar los cargos formulados en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
4 Cfr. Índice 00035 del aplicativo SAMAI.
5 Cfr. Índice 00013 del aplicativo SAMAI.
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Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
25. Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia
proferida el 3 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Casanare
considerando la causal invocada por el recurrente.
26. Para ello, la Sala abordará los siguientes aspectos: i) Generalidades del recurso
extraordinario de revisión, ii) Causal de revisión invocada, y iii) Caso concreto.
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
27. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de
las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada6. En términos del artículo 248
del CPACA:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
28. El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos legales de
una sentencia ya ejecutoriada7. De acuerdo con las causales establecidas en el
artículo 250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la
supremacía de las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo
afectada por alguno de los siguientes eventos:
i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente8.
ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en
la adopción de la sentencia que se pretende anular9.
iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.
iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada10.
29. Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad
de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa
6 El artículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15
de marzo de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
8 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito,
la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación
periódica.
9 Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos
relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la
emisión del fallo.
10 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso
administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)
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juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia
para discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear
nuevas interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que
cometieron las partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse
durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
30. En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley11.
Causal primera de revisión
31. El numeral 1.° del artículo 250 del CPACA establece como causal de revisión:
«1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria.»
32. De modo que, para la adecuada invocación del referido motivo de revisión, se
debe plantear claramente de qué forma se estructuran los siguientes componentes
de la causal, a saber: i) que se recobre o encuentre una prueba documental; ii) que
esta sea decisiva para cambiar el sentido del fallo; iii) que el documento se hubiera
recobrado después de ejecutoriada la sentencia y iv) que esta no se hubiera
aportado por una causa extraña: fuerza mayor, caso fortuito u obra de la
contraparte.
33. En cuanto al carácter recobrado de la prueba, la jurisprudencia ha señalado
que se trata de aquella que, si bien existía con anterioridad al pronunciamiento
judicial objeto del recurso, se encontraba extraviada, perdida o inaccesible, y solo
pudo ser recuperada o rescatada con posterioridad a la sentencia12.
34. En este sentido, por regla general13, la configuración de esta causal no se
admite cuando la prueba en cuestión fue generada u obtenida con posterioridad al
fallo recurrido. Tampoco resulta procedente cuando el documento, aun siendo
anterior a la sentencia, pudo haber sido aportado oportunamente dentro del
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.
Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Octava Especial de Decisión.
Sentencia de 7 de julio de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2008-01048-00 (REV). C.P. María Elizabeth García
González. En esta decisión se indicó: «[…] “recobrado”, es el documento que como tal existía antes del
pronunciamiento judicial objeto del recurso, pero estaba extraviado, perdido o refundido y solo pudo recuperarse
o rescatarse después de la sentencia».
13 Excepcionalmente esta Corporación ha admitido pruebas posteriores a la fecha de la decisión cuando son
decisivas y no tienen nada que ver con una desidia probatoria que pretenda subsanarse por la vía del recurso
extraordinario, como en el caso de las pruebas de ADN. v. gr. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección
B. Sentencia del 29 de abril de 2015. Exp. 25000-23-26-000-1999-00319-01 (26239). C.P. Danilo Rojas
Betancourth.
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proceso, pues este mecanismo de revisión no puede utilizarse para subsanar
omisiones, errores o actuaciones negligentes de las partes en el cumplimiento de
su carga probatoria.
35. Finalmente, se exige que el medio probatorio tenga una incidencia
determinante en el fallo, en la medida en que su consideración hubiera llevado al
juez a proferir una decisión sustancialmente distinta a la impugnada. Para ello, se
ha resaltado la necesidad de demostrar no solo la existencia y recobro del
documento, sino también su estrecha relación con el objeto del litigio y su influencia
en la decisión adoptada14.
36. Cabe resaltar que los requisitos anteriormente mencionados son concurrentes,
de manera que la ausencia de cualquiera de ellos conlleva necesariamente a la
improcedencia de la causal primera de revisión.
37. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
Caso concreto
38. Sostiene el actor que las pruebas recobradas acreditarían la injerencia de la BG
María Paulina Leguizamón en el proceso de ascenso, la alteración y entrega
incompleta de los folios de las actas decisorias solicitadas, así como la existencia
de un ambiente de persecución laboral en contra de su esposa que, a su juicio,
habría viciado la motivación del acto de llamamiento a calificar servicios.
39. La Sala, al confrontar algunos de los documentos que el recurrente presenta
como supuestamente «recobrados» con aquellos que obraron en el expediente
ordinario, verifica que varios de ellos no pueden recibir tal calificación, por cuanto
ya reposaban en dicha actuación y, en consecuencia, eran plenamente conocidos
por el actor desde el trámite inicial del proceso. En seguida, se presenta una tabla
comparativa que indica su ubicación exacta en el expediente ordinario.
Prueba aportada Ubicación en el expediente Observaciones de la Sala
como recobrada ordinario
Decreto 7885 de 2015 Páginas 33 a 39 (correspondientes a Se constató que, aunque las pruebas
las páginas 1 y 24 a 27), disponibles fueron allegadas en diferentes
en el archivo denominado «005 oportunidades y de manera
PRINCIPAL FOLIO 212–447», fragmentada, el expediente ordinario
ubicado en la carpeta C-PRINCIPAL, contenía íntegramente la
índice 00011 del aplicativo SAMAI. documentación. En consecuencia, no es
posible considerar como «recobrados»
Con la demanda se aportaron los los 19 folios que el recurrente afirma
folios 1, 11, 18, 19 y 20 del Decreto, haber recuperado.
localizados en la carpeta «002 CD FL
136 Escáner», archivos 60 a 65,
identificados como: 60. «Acta 7885
14Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Octava Especial de Decisión.
Sentencia de 2 de junio de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2007-00879-00 (REV). C.P. María Elizabeth García
González.
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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00154-00 (1944-2023)
pag. 3.jpg», 61. «Acta 7885 pag.
4.jpg», 62. «Acta 7885 pag. 5.jpg», 63.
«Acta 7885 pag. 6.jpg», 64. «Acta
7885 pag. 7.jpg» y 65. «Acta 7885
pag. 8.jpg».
Folios 3 a 27 del Decreto 7885/15.
Páginas 95-119 del documento
disponible en el archivo denominado
«001 PRUEBAS», ubicado en la
carpeta C-PRUEBAS, índice 00011
del aplicativo SAMAI.
Acta 09 del 7 de octubre Páginas 163 a 243 del documento Se constató que en el expediente
de 2015, mediante la disponible en el archivo denominado ordinario obra completo, incluyendo la
cual la Junta Asesora «005 PRINCIPAL FOLIO 212–447», página 2 —identificada por el recurrente
del Ministerio de ubicado en la carpeta C-PRINCIPAL, como “recobrada”— y la página 18 —
Defensa Nacional índice 00011 del aplicativo SAMAI. respecto de la cual alegó que no había
decidió excluirlo de los sido entregada en su momento—.
oficiales ascendidos a
coronel en el mes de En consecuencia, resulta innecesario
diciembre de 2015 analizar como pruebas recobradas
aquellas que corresponden simplemente
a peticiones elevadas por el propio actor
entre el 26 de octubre de 2015 y el 6 de
abril de 2016, así como la del 4 de mayo
de 2016, y las respuestas institucionales
del 29 de abril de 2016 (Oficio
20165530524241-MDN-CGFM-COEJC-
CEJEM-JEDEH-DIPER-ASC1.10) y del
29 de junio de 2018, mediante las cuales
solicitó y finalmente recibió dicho
documento, pues este siempre obró en
el ordinario.
Acta 12 el 26 de Páginas 253 a 328 del documento Por esta razón, carece de sentido
noviembre de 2015 de disponible en el archivo denominado invocar como pruebas recobradas tanto
la Junta Asesora del «005 PRINCIPAL FOLIO 212–447», las peticiones elevadas por el actor como
Ministerio de Defensa ubicado en la carpeta C-PRINCIPAL, las respuestas institucionales
Nacional para las índice 00011 del aplicativo SAMAI. relacionadas con la entrega de esa acta,
Fuerzas Militares pues tales solicitudes únicamente están
encaminadas a demostrar la trazabilidad
de gestiones que él mismo promovió,
pero no acreditan la inexistencia del
documento en el proceso ordinario.
En efecto, las peticiones del 27 de
febrero de 2018, del 16 de mayo de 2018
y su reiteración, junto con la respuesta
del 29 de junio de 2018 mediante la cual
se suministró nuevamente copia del
acta, no pueden reputarse prueba
recobrada, dado que el documento
siempre obró en el proceso y estuvo a
disposición del recurrente.
Querella acoso laboral Páginas 235 a 247 del documento
ante la PGN del 25 de disponible en el archivo denominado
junio de 2015 «003 PRINCIPAL FOLIO 1-176»,
ubicado en la carpeta C-PRINCIPAL,
índice 00011 del aplicativo SAMAI.
Denuncia del 15 de abril Páginas 249 a 253 del documento
de 2016 ante la Corte disponible en el archivo denominado
Suprema de Justicia «005 PRINCIPAL FOLIO 212–447»,
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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00154-00 (1944-2023)
ubicado en la carpeta C-PRINCIPAL,
índice 00011 del aplicativo SAMAI.
Movimiento procesos y Páginas 329 a 337 del documento Tanto obraron en el proceso ordinario
providencias del disponible en el archivo denominado que la misma parte en su recurso señala
despacho de la BG «003 PRINCIPAL FOLIO 1-176», que fueron «pruebas no consideradas no
María Paulina ubicado en la carpeta C-PRINCIPAL, valoradas por el Ad quo o Ad quem».
Leguizamón de los índice 00011 del aplicativo SAMAI.
meses de octubre,
noviembre y diciembre
de 2015
Plan de relevos del 14 Con la demanda se aportaron los
de junio de 2015, rad. folios 1, 11, 18, 19 y 20 del Decreto,
20155641753083: localizados en la carpeta «002 CD FL
MDN-CGFM-CE- 136 Escáner», archivos 60 a 65,
DIPER-OF-TRAS identificados como:
«79. Plan Relevos pag. 1.jpg», «80.
Plan Relevos pag. 2.jpg» y «81. Plan
Relevos pag. 3.jpg»
Oficio del 6 de junio Páginas 161 del documento disponible
de 2018, rad. en el archivo denominado «001
20183051033131 PRUEBAS», ubicado en la carpeta C-
PRUEBAS, índice 00011 del aplicativo
SAMAI.
40. En lo que respecta a las peticiones allegadas por el recurrente, estas no pueden
ser consideradas como documentos recobrados. En primer lugar, por las razones
ya expuestas en la columna de observaciones de la tabla antes expuesta: tales
solicitudes fueron aportadas únicamente para intentar demostrar que ciertos
documentos —que también trae como «recobrados»— no le habrían sido
entregados oportunamente por la administración. Sin embargo, la verificación del
expediente permitió constatar que las pruebas documentales mencionadas
reposaban en la actuación ordinaria.
41. En segundo lugar, aun si tales peticiones (presentadas entre el 26 de octubre
de 2015 y el 6 de abril de 2016 y entre el 27 de febrero y el 16 de mayo de 2018) y
las respuestas institucionales aportadas (los días 29 de junio de 2018, 29 de abril
de 2016, 26 de abril de 2016 y 1 de octubre de 2016) fueran nuevamente adjuntadas
en esta sede extraordinaria, ello no las convierte en prueba recobrada. Dichas
actuaciones fueron promovidas por el propio actor y, por tanto, siempre tuvo
conocimiento de su existencia y contenido.
42. Pretender ahora que sean valoradas como prueba recobrada desconoce el
carácter excepcional y restrictivo del recurso extraordinario de revisión, pues esta
instancia no puede erigirse en un escenario para subsanar omisiones, reforzar o
mejorar la actividad probatoria que el interesado debió desplegar en el proceso
ordinario. La causal invocada exige la aparición posterior de un documento que sea
verdaderamente desconocido, ajeno al proceso y no accesible para el recurrente
durante el trámite ordinario, exigencias que claramente no se satisfacen en este
caso.
43. Tampoco pueden considerarse como pruebas recobradas los alegatos de
conclusión presentados el 19 de julio de 2019 por el apoderado de la Nación –
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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00154-00 (1944-2023)
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional dentro del proceso identificado con el
radicado núm. 85001-33-33-001-2016-00194-00. Ello obedece a que dicho trámite
correspondía precisamente al proceso en el que el señor Néstor Augusto Carrera
intervino como demandante, razón por la cual, al ser parte, tuvo pleno acceso al
expediente y pudo conocer sin restricción alguna su contenido. De hecho, los
alegatos de conclusión constituyen una actuación procesal respecto de la cual se
debió haber corrido a las partes, lo que excluye cualquier posibilidad de
considerarlos documentos ajenos o desconocidos al proceso.
44. Frente a la prueba testimonial del coronel Camilo Andrés Suárez Aldana, que
se afirma «recobrada» de la audiencia celebrada el 2 de agosto de 2021 ante el
Juzgado 28 Penal del Circuito con función de conocimiento dentro del proceso núm.
11001-60000-92-2016-00084-00 seguido contra la señora Martha Flor Lozano
Bernal por los delitos de falsedad ideológica en documento público y prevaricato, es
necesario precisar que la causal de revisión invocada exige que la prueba hallada
con posterioridad sea, exclusivamente, de naturaleza documental. No es admisible,
por tanto, intentar subsumir dentro de esta categoría pruebas de otro linaje, como
lo son las testimoniales.
45. En esa línea, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido enfática en
señalar que, «[…] queda descartada su configuración por pruebas de naturaleza
distinta, como los testimonios o declaraciones de terceros que aporta el recurrente
en el caso concreto, que en gracia de discusión habrían sido recobrados»15 .
46. Por otra parte, en relación con los denominados «exclusivos de comando»
obtenidos dentro del proceso penal adelantado contra la esposa del actor, así como
respecto del folio de hoja de vida, el Oficio del 26 de abril de 2016 (rad.
20165620504801-MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPER-SJU-RPPD-41.12), el Plan de
Relevos del 6 de noviembre de 2015 (rad. 20155642659793-MDN-CGFM-CE-
DIPER-OF-TRAS) tampoco es posible considerarlos como pruebas «recobradas».
Ello, porque el recurrente no explica —ni acredita— cuáles serían las circunstancias
externas, imprevisibles e irresistibles, constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito,
que habrían justificado la omisión de aportarlos en la oportunidad procesal
correspondiente.
47. Del mismo modo, se descarta la existencia de obra de un tercero, porque el
recurrente no atribuyó culpa alguna a su contraparte por la no incorporación de tales
elementos probatorios; antes bien, esas circunstancias excepcionales las alegó
respecto de otros medios de prueba.
48. Incluso, respecto de los «exclusivos de comando», conviene precisar que,
conforme lo expone el mismo recurso, la información contenida en dichos
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 26 de febrero de 2013. Exp. 11001-
03-15-000-2008-00181-00 (REV). CP. Alberto Yepes Barreito. Aun cuando esta decisión se basó en el numeral
2º del artículo 188 del Código de Procedimiento Civil, entonces vigente, el texto del numeral 1º del artículo 250
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, aplicable al asunto, es idéntico
a aquel.
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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00154-00 (1944-2023)
documentos puede o no tener carácter reservado, y su divulgación depende de la
discrecionalidad del comando que la custodia.
49. Esta circunstancia se encuentra regulada por el artículo 25 del CPACA, que
prevé el recurso de insistencia, mecanismo que el actor pudo solicitar en sede
administrativa al haberse negado la entrega de la información por vía de petición.
Lo anterior se refuerza con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 1755 de 2015,
según el cual «el carácter reservado de una información o de determinados
documentos no será oponible a las autoridades judiciales». Igualmente, el artículo
21 de la Ley 1712 de 201416 establece que la entidad requerida debe informar si
existe o no el documento solicitado, pues lo que se reserva es el contenido mismo
y no la existencia del documento. En consecuencia, el actor pudo haber accedido a
dicha información o, por lo menos, haber solicitado formalmente su entrega o
verificación durante el trámite correspondiente.
50. La misma conclusión debe aplicarse al Oficio del 24 de diciembre de 2015, cuya
copia dice haber recobrado con ocasión de una petición formulada el 9 de mayo de
2022. Esta circunstancia evidencia que la supuesta imposibilidad de obtenerlo no
provino de una causa ajena, extraordinaria o irresistible, sino de la propia inactividad
del recurrente, pues incluso fue solicitado con posterioridad a la sentencia del
proceso ordinario. Con ello se confirma que lo que pretende es mejorar tardíamente
la prueba que debió aportar en su momento, lo cual resulta incompatible con los
requisitos de la causal invocada.
51. Debe recordarse que, conforme a la jurisprudencia consolidada de esta
Corporación y a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia — entidad competente
para conocer los recursos de revisión con base en el artículo 355 del Código
General del Proceso—, sobre la «carga cualificada» en el recurso extraordinario de
revisión, el recurrente debía formular una acusación precisa, sustentada en hechos
que guardaran estricta correspondencia con la causal invocada17. Sin embargo, sus
planteamientos se orientan a reiterar inconformidades ya debatidas y resueltas en
el proceso ordinario, sin demostrar que los documentos aportados no pudieron
aportarse en su momento por una fuerza mayor, causa extraña u obra de la
contraparte.
52. Por otro lado, para la Sala, los documentos provenientes de procesos
disciplinarios, penales o actuaciones administrativas en los que la esposa del
recurrente intervino directamente —ya fuera como denunciante, víctima o
interviniente— no pueden ser calificados como prueba recobrada, pues tampoco se
16 Artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 «[…] La reserva de acceso a la información opera respecto del contenido
de un documento público pero no de su existencia. [/] […] Ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si
un documento obra o no en su poder o negar la divulgación de un documento, salvo que el daño causado al
interés protegido sea mayor al interés público de obtener acceso a la información. […]»
17 Corte Suprema de Justicia AC 2 de diciembre de 2009, rad. 2009-01923-00; reiterado en AC100- 2021). «
«[…] formular una acusación precisa con base en enunciados fácticos que guarden completa simetría con la
causal de revisión que se invoca, al punto que pueda entenderse que la demostración de esos supuestos, en
principio, haría venturoso el ataque», pues «no se trata de insistir indefinidamente en los argumentos planteados
en el curso del proceso, sino que desde un comienzo debe el recurrente justificar por qué considera fundada la
causal de revisión que alega».
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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00154-00 (1944-2023)
observa respecto de ellos que se sustente los motivos que derivan fuerza mayor o
caso fortuito (hecho externo, imprevisto e irresistible), u de obra de la parte
favorecida con el fallo (conducta dolosa imputable a la contraparte), sino que su falta
de aportación se debió a negligencia inexcusable del recurrente18.
53. Se trata de actuaciones cuyo origen se encuentra directamente vinculado con
conflictos que afectaban al núcleo familiar del recurrente. Bajo las reglas de la
experiencia, es razonable concluir que un cónyuge conoce —o, cuando menos, se
encuentra en posibilidad real y ordinaria de conocer— los procesos disciplinarios,
penales o administrativos en los que interviene su pareja, particularmente cuando
tales actuaciones derivan de hechos que inciden en la convivencia, en la dinámica
familiar o en el entorno personal inmediato.
54. Aunado a lo anterior, el recurrente contaba con la posibilidad jurídica y material
de acceder al contenido de tales actuaciones y obtener copias, ya fuera mediante
el ejercicio del derecho de petición, de conformidad con los artículos 23 de la
Constitución y 13 del CPACA, por lo que la ausencia total de gestiones dirigidas a
obtener tales documentos evidencia una manifiesta falta de diligencia procesal.
55. En estas condiciones, no es posible sostener que dichos medios de convicción
fueran desconocidos, ajenos o inaccesibles durante el trámite ordinario. Por el
contrario, el recurrente tenía plena capacidad de conocerlos, solicitarlos y aportarlos
en el momento oportuno, razón por la cual los documentos allegados no satisfacen
los presupuestos para ser considerados pruebas recobradas.
56. En todo caso, aun si se tuviera por superado este requisito, su aporte en esta
sede extraordinaria no reviste carácter determinante para modificar el sentido de la
decisión. Ello, porque no introducen elementos fácticos nuevos que pudieran alterar
la valoración probatoria ni las conclusiones del fallo ordinario, pues se refieren a
actuaciones externas al proceso contencioso y, por su propia naturaleza, no
guardan relación directa con los fundamentos objetivos del acto administrativo
demandado.
57. Esta falta de incidencia, incluso, fue expresamente reconocida por la primera
instancia, que al analizar los alegatos relativos al presunto acoso laboral sostuvo
que las diferencias surgidas entre la señora Martha Bernal —secretaria del Tribunal
Penal Militar— y la BG Leguizamón «carecían de injerencia en las decisiones
administrativas del Ministerio de Defensa» y que «no se aportaron las pruebas de
las supuestas denuncias laborales ni sus decisiones disciplinarias» (negrillas
de la Sala). En consecuencia, concluyó que tal discusión «no afecta en nada la
decisión contenida en la Resolución 0687 de 2016, pues queda claro que el
18 Entre ellos: Respuesta del 8 de marzo de 2017, rad. 20173051008733-MDN-CGFM-
COEJCSECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10; oficio «EXCLUSIVO DE COMANDO» del 12 de
noviembre de 2015 suscrito por la BG María Paulina Leguizamón Zarate; Respuesta del 12 del 24
de noviembre de 2015, rad. 20155622766433-MDN- CGFM-CE-JEDEH-DIPER-SJU-RPPD-41.
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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00154-00 (1944-2023)
Ministerio de Defensa […] retira del servicio activo al accionante en búsqueda del
interés público».
58. Así también lo consideró el Tribunal al confirmar la sentencia y acoger los
argumentos de la primera instancia, e igualmente lo refleja la propia providencia
cuando advierte que:
«[…] que pues si bien es cierto la señora Martha Bernal en su declaración
señala que fue víctima de acoso laboral y que presentó las denuncias
correspondientes, también lo es que obra comunicación de 07 de octubre de
2015 suscrita por la magistrada Leguizamón en la que se manifestó que no
asistiría a la junta asesora que se celebraría en dicha fecha
[…] se reitera que el testimonio rendido por la señora Bernal en calidad de
cónyuge del señor Carrera Bolaños, si bien insiste en la injerencia que tuvo su
superior jerárquica en la toma de decisiones para el ascenso del demandante,
tal afirmación no brinda claridad ni detalles de cómo pudo haber influido en la
determinación adoptada por la entidad demandada, máxime si se tiene en
cuenta que no se señaló que entre él y la Brigadier se hubieran presentado
diferencias o situaciones de conflicto, más allá de las que presuntamente se
originaron entre la declarante y la brigadier María Paulina Leguizamón».
59. Lo anterior demuestra que las pruebas ahora aportadas —referidas a quejas,
denuncias por acoso laboral o supuestas actuaciones de persecución atribuidas a la
BG Leguizamón y a la señora Martha Flor Lozano Bernal— no tienen otra finalidad
que reabrir el debate probatorio ya resuelto en el proceso ordinario y reforzar
extemporáneamente la actividad probatoria desplegada en dicha sede.
60. De hecho, varias de las cuestiones que ahora pretende reintroducir el
recurrente ya habían sido expresamente planteadas por él mismo en los alegatos
de conclusión, como quedó consignado cuando afirmó:
«[…] «[…] obsérvese que en la hoja No. 2 del acta No. 09 del 7 de octubre de
2015, al parecer cuando ya se habían surtido las deliberaciones para el ascenso
de los oficiales de grado Teniente Coronel a Coronel, que cumplieron
antigüedad para el efecto en el mes de diciembre de 2015, entre los que se
encontraba el demandante le registraron la siguiente nota:
“NOTA: se deja constancia que la señora Brigadier General MARÍA PAULINA
LEGUIZAMÓN ZARATE no tomo (sic) parte en las decisiones tomadas sobre
los ascensos de los señores Oficiales que ascendían al grado del Coronel.”
[…] la señora Brigadier General Leguizamón Zarate por su condición de
Magistrada del Tribunal Superior Militar, estaba inhabilitada para participar de
las deliberaciones de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para
las Fuerzas Militares y participó en la Junta del 07 de octubre de 2015, donde
se decidió no ascender al demandante por recomendación del Comité […]»
61. Estas mismas cuestiones fueron valoradas por el Tribunal, que concluyó que
aun el testimonio de la señora Bernal —aunque insistía en la supuesta injerencia de
su superior jerárquica— «no brinda claridad ni detalles de cómo pudo haber influido
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en la determinación adoptada», y que además no existían elementos que
acreditaran una incidencia real de la Brigadier en el proceso de ascenso.
62. Por lo demás, también se advierte que, con las pruebas allegadas en esta
etapa, la parte pretende reabrir un debate que no planteó en el proceso ordinario,
consistente en discutir la existencia de cupos para el ascenso a coronel en
diciembre de 2015, apoyándose en los Decretos 2317 de 2015 y 908 de 2016 y el
hecho de que varios oficiales inicialmente no recomendados —como los TC.
Lozano Pardo, Medina Valenzuela y Goyeneche Vanegas— fueron ascendidos
posteriormente, lo que, a su juicio, revelaría decisiones incoherentes e
incompatibles con los criterios fijados en el Acta 7885/15 y en la normativa de
carrera. Sin embargo, este planteamiento no fue formulado en la instancia ni fue
propuesto como concepto de violación para controvertir el acto administrativo de
retiro del servicio, por lo que no puede introducirse por vía del recurso extraordinario
para reabrir un debate que debió promoverse oportunamente en el proceso
ordinario.
63. En suma, no se demostró que los documentos preexistentes al fallo cuestionado
fueron aportados por razones constitutivas de fuerza mayor, caso fortuito u obra de
la contraparte, de modo que no puede ahora por este medio extraordinario tratar de
enmendar su negligencia con miras a obtener que nuevamente se estudie el caso y
se valoren medios demostrativos que no presentó en tiempo legal. Por tal razón, se
declarará infundado el recurso.
Condena en costas
64. Con la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 255 del CPACA se dispuso
que, en caso de declararse infundado el recurso extraordinario de revisión, se
impondría condena en costas al recurrente.
65. Dado que esta reforma prevalece sobre normas anteriores y el recurso se
resolvió bajo su vigencia, en principio procede la condena en costas. No obstante,
como la norma no regula todo lo relativo a su imposición, debe complementarse con
el CGP, que en sus artículos 361 y 365 indica que solo procede la condena «cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
66. Observa la Sala, para lo que aquí interesa, que al declararse infundado el
recurso, en principio sería procedente imponer condena en costas. Sin embargo,
teniendo en cuenta que la entidad contra la cual se interpuso no intervino en el
trámite y ni siquiera constituyó apoderado judicial que permita considerar, al menos,
que ejerció vigilancia del proceso, la Sala estima que no hay lugar a imponer dicha
condena.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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FALLA
Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Néstor Augusto Carrera Bolaños en contra la sentencia del
tres (03) de marzo de dos mil veintidós (2022) proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
decisión.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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27
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