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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06737-00

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06737-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Néstor Augusto Carrera Bolaños de conformidad con lo señalado en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-06737-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06737-00
Accionante: NÉSTOR AUGUSTO CARRERA BOLAÑOS
Accionados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A Y OTROS

Tema: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia de la acción
por no superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala es competente para resolver la acción de tutela presentada por la parte
accionante contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, el
Tribunal Administrativo de Casanare y el Juzgado Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Yopal. Lo anterior, de conformidad con lo
establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069
de 2015 (modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025), así como con
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 27 de agosto de 20261, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia, se vinculó al proceso a terceros con interés, se negó la medida
provisional solicitada y se efectuaron algunos requerimientos. Por otro lado,
mediante proveído del 24 de septiembre de 2026 se declararon infundados los
impedimentos manifestados por los magistrados Omar Joaquin Barreto Suarez 2
y Gloria María Gómez Montoya3.

I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela

1. El 25 de agosto de 20264, el señor Néstor Augusto Carrera Bolaños,
actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Consejo de

1 Samai, índice 006 al 009. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionados al Consejo

de Estado, Sección Segunda, Subsección A, al Tribunal Administrativo de Casanare y al Juzgado
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Yopal. También se notificó en calidad de terceros
con interés a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, esta última en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
2 Samai, índice 21. Mediante escrito del 23 de septiembre de 2026 el magistrado Omar Joaquin Barreto

Suarez manifestó un eventual impedimento para pronunciarse sobre la presente la acción de tutela.
3 Samai, índice 20. A través de escrito del 23 de septiembre de 2026 la magistrada Gloria María Gómez

Montoya manifestó un eventual impedimento para pronunciarse sobre la presente la acción de tutela.
4 Samai, índice 001 y 002.

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Accionante: Néstor Augusto Carrera Bolaños
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06737-00

Estado, Sección Segunda, Subsección A, el Tribunal Administrativo de Casanare
y el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Yopal5.
Con la solicitud de amparo, pretende que se le protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a «la
prueba» y a la tutela judicial efectiva.

2. La transgresión de sus garantías constitucionales se la adjudica a las
providencias dictadas (i) el 14 de mayo de 2020, por el Juzgado Administrativo
de Descongestión del Circuito Judicial de Yopal que negó las pretensiones de
nulidad y restablecimiento del derecho formuladas contra la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Ejército Nacional6; (ii) el 3 de marzo de 2022, por el
Tribunal Administrativo de Casanare, que confirmó la decisión del a quo; y (iii) el
5 de marzo de 2026, por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, mediante la cual declaró infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la decisión del tribunal7.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Que se AMPAREN los derechos fundamentales al debido
proceso (art. 29 C.P.), a la igualdad procesal (art. 13 C.P.), al acceso a la
administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.), al derecho a la prueba —
como componente esencial del debido proceso— y a la tutela judicial
efectiva, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales
accionadas mediante las providencias que se individualizan y relacionan en
la pretensión SEGUNDA.

SEGUNDA: — Dejar sin efectos las providencias judiciales cuestionadas:

a) La sentencia del 5 de marzo de 2026 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, dentro del recurso extraordinario de
revisión radicado bajo el número 11001-03-25-000-2023-00154-00 (1944-
2023), por incurrir en motivación aparente y defecto sustantivo en la
interpretación de la causal primera del artículo 250 del CPACA, conforme se
desarrolla en el cuerpo de esta acción.

b) La sentencia del 3 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 85001-33-33-001-2016-00194-00, por
incurrir en defecto fáctico en sus dimensiones negativa y positiva al omitir la
valoración de pruebas determinantes que obraban en el expediente y al
otorgar valor probatorio absoluto y exclusivo a la excusa del 7 de octubre de
2015.

c) La sentencia del 14 de mayo de 2020 proferida por el Juzgado
Administrativo de Descongestión del Circuito de Yopal, dentro del mismo
proceso radicado 85001-33-33-001-2016-00194-00, por incurrir en defecto

5 Se debe advertir que de la revisión del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

con radicado 85001-33-33-001-2016-00194-00/01 se observa que el trámite ahora se encuentra a cargo del
Juzgado Primero Administrativo de Yopal Casanare.
6 Ello, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado

núm. 85001-33-33-001-2016-00194-00/01.
7 Sentencia dictada en el proceso identificado con el radicado núm. 11001-03-25-000-2023-00154-00.

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fáctico en dimensión negativa al ignorar pruebas determinantes obrantes en
el expediente, y por construir su decisión sobre la premisa fácticamente falsa
de que las denuncias y querellas de la señora Martha Flor Lozano Bernal no
habían sido aportadas al proceso. No obstante, estar enunciados en la
página 16, acápite 3.5, «Medios probatorios allegados al plenario»,
numerales 15 y 16 de la sentencia del 14 de mayo de 2020 y referidos a los
folios 118-124 y 125-129.

TERCERA: Como consecuencia de dejarse sin efectos las sentencias
identificadas en el literal (b) y (c) de la pretensión anterior, se ORDENE al
Tribunal Administrativo de Casanare proferir nueva sentencia dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 85001-33-33-
001-2016-00194-00 […]

CUARTA -Pretensión subsidiaria autónoma: En caso de no acceder a las
pretensiones anteriores, se ORDENE al Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, proferir nueva sentencia dentro del recurso
extraordinario de revisión radicado 11001-03-25-000-2023-00154-008 […]

1.2. Hechos

4. El señor Néstor Augusto Carrera Bolaños ingresó al ejército en 1990,
ascendió a subteniente en 1992, a teniente coronel en 2010 y mediante
Resolución No. 0687 del 1.° de febrero de 2016, el Ministerio de Defensa
Nacional dispuso su retiro del servicio activo con fundamento en la causal de
llamamiento a calificar servicios.

5. El señor Carrera promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución No. 0687 de 2016, el
reconocimiento de salarios y prestaciones dejados de percibir sin solución de
continuidad, su ascenso al grado de coronel y la indemnización de perjuicios
morales y daño emergente ocasionados por el retiro.

6. Señaló el acto demandado no tuvo en cuenta las evaluaciones y
calificaciones periódicas en las que sus superiores inmediatos lo felicitaron, sin
que existiera en su contra una sanción o llamado de atención. Agregó que el acto
de retiro desconoció las normas de carrera militar, así como las sentencias SU-
091 de 2016 y SU-217 de 2016 de la Corte Constitucional.

7. Así mismo, indicó que la resolución demandada adoleció de falta de
motivación, toda vez que, aun cuando tuvo una fundamentación «aparente», lo
que en realidad motivó el acto no fue el mejoramiento del servicio público sino la
retaliación de la señora brigadier general María Paulina Leguizamón Zárate,
quien, en su condición de magistrada del Tribunal Superior Militar, había
sostenido serios enfrentamientos con su cónyuge Martha Flor Lozano Bernal, lo
cual es objeto de investigación disciplinaria y penal.

8 Se precisa que se efectuó una transcripción literal de las pretensiones por lo que puede contener errores.

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8. En sentencia del 14 de mayo de 2020, el Juzgado Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Yopal negó las pretensiones con
fundamento en que el llamamiento a calificar servicios de los miembros de la
fuerza pública constituye una facultad discrecional de la administración y no una
sanción, aunado a que el acto mediante el cual se materializa esta decisión no
debe ser motivado por ministerio de la ley.

9. En ese sentido, determinó que la Resolución No. 0687 de 2016 que ordenó
el retiro del accionante cumplió a cabalidad con los requisitos legales ya que: (i)
se emitió por la autoridad competente, (ii) el actor al momento del retiro llevaba
en la institución 25 años, 9 meses y 7 días, y (iii) se tenía el concepto favorable
de la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional en la cual se recomendó
retirar del servicio por llamamiento a calificar servicios haciendo uso de la facultad
discrecional.

10. Por otro lado, el juzgado señaló que con las pruebas aportadas no se
probó que la magistrada Leguizamón haya influido en dicha determinación, en
tanto que, en la mencionada acta, se analizaron aspectos netamente objetivos.
No obstante, precisó que, si bien la señora Lozano Bernal presentó unas
acusaciones de persecución laboral, no aportó pruebas fehacientes que dieran
crédito de ello, por lo que concluyó que tal situación en nada afectó la decisión
contenida en el acto de retiro.

11. En sede de apelación, mediante sentencia del 3 de marzo de 2022, el
Tribunal Administrativo de Casanare confirmó la decisión del a quo. Lo anterior,
por considerar que no se probó que el retiro del servicio obedeciera a una
retaliación u otra circunstancia subjetiva que hubiera propiciado la
recomendación de su no ascenso y del posterior retiro, pues «en todo caso no se
demostró que la brigadier general María Paulina Leguizamón hubiere intervenido
para que al demandante le fuera emitido concepto desfavorable al grado de
teniente coronel, pues si bien es cierto la señora Martha Bernal en su declaración
señala que fue víctima de acoso laboral y que presentó las denuncias
correspondientes, también lo es que obra comunicación de 07 de octubre de 2015
suscrita por la magistrada Leguizamón en la que manifestó que no asistiría a la
junta asesora que se celebraría en dicha fecha».

12. De igual forma, el tribunal no encontró acreditada la desviación de poder
alegada, en tanto las meras afirmaciones de la cónyuge del señor Carrera
Bolaños sobre la influencia del brigadier general Leguizamón en la decisión no
tuvieron soporte probatorio, y máxime cuando en ningún momento se señaló que
entre él y la brigadier se hubieran presentado diferencias o situaciones de
conflicto.

13. Por otro lado, encontró probado que el señor Carrera estuvo vinculado en
el servicio activo por más de 25 años, superando el tiempo previsto en el Decreto
1790 de 2000 y la Ley 1104 de 2006, para efectos de poder efectuar el retiro por

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llamamiento a calificar servicios.

14. De manera posterior, el accionante interpuso recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia del 3 de marzo de 2022 del Tribunal Administrativo
de Casanare por considerar que se configuró la causal del numeral 1° del artículo
250 de la Ley 1437 de 2011, referente a haber encontrado o recobrado después
de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido
proferir una decisión diferente y que no pudo aportarlos al proceso ordinario por
fuerza mayor, caso fortuito o maniobra de la contraparte.

15. Por medio de sentencia del 5 de marzo de 2026, el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, declaró infundado el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por el señor Carrera, bajo el entendido de que no se
demostró que los documentos preexistentes al fallo no fueron aportados
oportunamente al proceso ordinario por razones de fuerza mayor, caso fortuito u
obra de la contraparte, razón por la cual no se podía utilizar ese medio
extraordinario para tratar de enmendar una negligencia con miras a obtener que
se estudie el caso y se valoren medios demostrativos que no presentó en tiempo
legal.

1.3. Sustento de la vulneración

16. La parte actora alegó que el juzgado y el tribunal incurrieron en (i) defecto
fáctico, pues omitieron valorar pruebas determinantes que obraban en el
expediente, a saber, los «movimientos de procesos» de la brigadier general
Leguizamón y las querellas de la señora Lozano Bernal.

17. Así mismo, señaló que tanto el a quo como el ad quem del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho no resolvieron el primer cargo de la
demanda referente a una irregularidad del trámite del acto de retiro, incurriendo
en una incongruencia con incidencia directa en el fallo, razón por la cual, adujo,
se configuró un (ii) defecto procedimental absoluto.

18. Adicionalmente, afirmó que se (iii) desconoció el precedente judicial, pues
en ambas instancias, las autoridades judiciales accionadas omitieron el análisis
indiciario que la sentencia SU-091 de 2016 de la Corte Constitucional impone
como obligatorio cuando se alega un uso ilegítimo del llamamiento a calificar
servicios.

19. Por otro lado, indicó que se presentó una (iv) decisión sin motivación real
por parte del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, cuando
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión sin examinar
materialmente el contenido de los oficios «Exclusivos de Comando» del 19 de
octubre de 2015 y efectuando un «razonamiento circular» en el que empleó las
conclusiones impugnadas para rechazar las pruebas que las cuestionaban.

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20. A su vez, manifestó que también se configuró el (v) defecto sustantivo,
pues el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, interpretó de
manera restrictiva la causal primera del artículo 250 del CPACA de tal forma que
exigió acreditar la fuerza mayor por no haber obtenido documentos cuya
existencia le era institucionalmente vedado conocer, lo cual, en su criterio, era un
imposible.

21. En otro orden de ideas, señaló que el juzgado, en primera instancia,
incorporó en su decisión la afirmación no probada de la entidad demandada sobre
un supuesto relevo por incapacidad administrativa, lo cual fue desvirtuado por el
oficio del 19 de noviembre de 2015, con lo cual incurrió en un (vi) error inducido.

22. Finalmente, afirmó que, con el acumulado del proceso ordinario, se (vii)
transgredió de manera directa los artículos 29, 13 y 229 de la Constitución
Política.

1.4. Intervenciones

23. El Tribunal Administrativo de Casanare señaló que con las providencias
cuestionadas no se vulneraron los derechos fundamentales del tutelante, pues,
en sede ordinaria, no se logró acreditar que el acto administrativo de retiro
estuviera viciado por desviación de poder. Así mismo, manifestó que no se
evidenció falta o indebida valoración probatoria pues fue justamente el acervo
probatorio allegado el que permitió demostrar que el acto administrativo de retiro
fue proferido bajo el amparo de una de las causales consagradas en la ley, sin
que resultara necesario motivar el acto más allá de lo requerido. Agregó que se
valoró, de forma individual y en conjunto, los medios de prueba que obraban en
el proceso y se aplicó el precedente judicial sobre la materia.

24. En virtud de lo anterior, concluyó que la solicitud de amparo presentada
no cumple con el requisito de relevancia constitucional porque lo que pretende
es revivir el debate probatorio ya zanjado por el juez ordinario y convertir la acción
de tutela en una tercera instancia.

25. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal indicó
que el asunto que se le puso en conocimiento, por tratarse de actuaciones del
extinto Juzgado Administrativo de Descongestión de Yopal, según se observa en
SAMAI, le corresponden, en lo referente al proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho en cuestión, al Juzgado Primero Administrativo de
Yopal.

26. En virtud de lo anterior, la Secretaría General del Consejo de Estado
notificó del auto admisorio de tutela al Juzgado Primero Administrativo de Yopal
quien no allegó respuesta alguna.

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II. CONSIDERACIONES

27. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo presentada
por la parte actora. En ese sentido, se explicarán las razones por las cuales en
el asunto objeto de estudio no se supera el requisito general de relevancia
constitucional.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud no cumple con los requisitos de procedencia de tutela
contra providencias judiciales

28. El Consejo de Estado9 y la Corte Constitucional10, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales11 y a la configuración de algún
defecto especial12 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto,
previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

29. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se declarará
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

30. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

31. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.

María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez,
Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
10 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388

de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
11 (i) Legitimación en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad; (iv) relevancia constitucional; (v) efecto

decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y
(vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia de control
abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por
inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz.
12 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o

sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y
(viii) violación directa de la Constitución.

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32. La Sala advierte que el señor Néstor Augusto Carrera Bolaños está
legitimado en la causa por activa, porque fue (i) la parte demandante al interior
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se dictaron las
sentencias que se cuestionan mediante esta vía y (ii) el extremo activo en el
recurso extraordinario de revisión en el cual se profirió la otra providencia
reprochada.

33. Por otro lado, se evidencia que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, el Tribunal Administrativo de Casanare y el Juzgado
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Yopal están legitimados
en la causa por pasiva por haber proferido las decisiones objeto de
cuestionamiento dentro del presente trámite constitucional. Ahora bien, en
consideración de que el proceso ordinario pasó a cargo del Juzgado Primero
Administrativo de Yopal con ocasión de la supresión del juzgado de
descongestión, se le tendrá como accionado.

34. Empero, la Sala limitará su análisis a la providencia del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A que resolvió el recurso extraordinario de
revisión y a la providencia del Tribunal Administrativo de Casanare en tanto que
fue la que puso fin al proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.

35. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional13, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

36. Como ya se indicó previamente, la parte actora aduce la existencia de siete
defectos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Con fines metodológicos, para determinar si los reproches efectuados
tienen relevancia constitucional o, contrario sensu, se trata de meras
inconformidades de carácter legal del actor con las decisiones judiciales, se
verificará si las autoridades judiciales se pronunciaron sobre dichos aspectos
dentro del proceso ordinario y del trámite del recurso extraordinario de revisión.

37. En ese orden de ideas, se abordarán, en primer lugar, los defectos
planteados contra la decisión del Tribunal Administrativo de Casanare que puso

13 Sentencia SU-215 de 2022.

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fin al proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho. En segundo
lugar, se abordarán los defectos planteados en contra de la providencia del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual
resolvió el recurso extraordinario de revisión. Y, por último, la Sala explicará
porque no hará referencia al defecto aducido a la decisión de primera instancia
del Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Yopal en el
proceso ordinario, así como al de violación directa a la Constitución atribuido a
todo el proceso ordinario.

38. Sobre el (i) defecto fáctico por no valorar las pruebas obrantes en el
expediente referentes al «movimiento de procesos» por parte del despacho de la
brigadier general Leguizamón y a las querellas de la cónyuge del señor Carrera
en contra de la citada brigadier, se debe advertir que el Tribunal Administrativo
de Casanare hizo alusión expresa a ello en la sentencia del 3 de marzo de 2022,
al punto de señalar que del material probatorio aportado no se probó que el retiro
del servicio obedeciera a una retaliación de la brigadier Leguizamón u otra
circunstancia subjetiva y que, por el contrario, encontró acreditadas las causales
objetivas para el llamamiento a calificar servicios.

39. Sobre la configuración del (ii) defecto procedimental absoluto por haber
incurrido en irregularidades en el trámite de formación del acto administrativo de
retiro, se observa que en la providencia cuestionada el tribunal se refirió al
procedimiento que rige el llamamiento a calificar servicios e indicó, etapa por
etapa, por qué en el presente caso, el mismo se cumplió a cabalidad.

40. En cuanto al (iii) desconocimiento del precedente judicial, en particular de
las sentencias T-041 de 2018 y SU-091 de 2016 de la Corte Constitucional, se
advierte que el accionante no cumplió con la carga referente a justificar por qué
los casos analizados en dichas sentencias guardaban identidad fáctica y jurídica
con el suyo.

41. En relación con la providencia del 5 de marzo de 2026, mediante la cual el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, declaró infundado el
recurso extraordinario de revisión interpuesto, la parte actora afirmó que esta (iv)
carece de motivación real ya que no examinó materialmente el contenido de los
oficios denominados «Exclusivos de Comando» del 19 de octubre de 2015 y que
incurrió en (v) defecto sustantivo porque le exigió acreditar la fuerza mayor que
le impidió acceder oportunamente a dichos documentos, cuando
institucionalmente era un imposible.

42. Respecto de estos reproches, se observa que sí fueron abordados por la
autoridad judicial, que determinó que no era posible considerar esos oficios como
pruebas recobradas ya que el recurrente no acreditó cuáles fueron las
circunstancias externas, imprevisibles e irresistibles, constitutivas de fuerza
mayor o caso fortuito que habrían justificado la omisión de aportarlos en la
oportunidad procesal correspondiente. Pero no solo ello, en la providencia se

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Subsección A y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06737-00

señaló que el accionante pudo haber solicitado vía derecho de petición dicha
información y que, en caso de que se los hubieran negado alegando carácter
reservado, hubiera podido acudir al recurso de insistencia previsto en el artículo
25 del CPACA.

43. Finalmente, esta Sala no analizará el reproche referente al (vi) error
inducido en que según la parte actora incurrió el juzgado en primera instancia, en
tanto que el mismo no se encuentra contenido en la providencia que puso fin al
proceso ordinario, y tampoco la presunta (vii) violación directa de la Constitución
puesto que se trata de una mera reiteración de los demás defectos.

44. De esta manera, para la Sala los reproches del accionante no evidencian,
prima facie, una actuación arbitraria o caprichosa del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A y del Tribunal Administrativo de Casanare con relevancia
iusfundamental sino una discrepancia de fondo con las decisiones adoptadas por
estas. Esa discusión, por su naturaleza, corresponde a la órbita del juez natural
del proceso ordinario y no puede ser reabierta por esta vía excepcional
únicamente porque la decisión adoptada fue contraria a los intereses de la parte
actora.

45. La acción de tutela contra providencias judiciales no tiene por objeto
corregir toda valoración o interpretación normativa que resulte desfavorable a una
de las partes, sino intervenir únicamente cuando se advierta una afectación
iusfundamental real, directa y evidente.

46. El hecho de que el accionante hubiera considerado insuficientes o
equivocadas las decisiones de las autoridades judiciales cuestionadas, no
convierte la controversia en un asunto de relevancia constitucional. En realidad,
su reparo se contrae a una simple inconformidad con la extensión, alcance y
sentido de la motivación expuesta por las autoridades judiciales accionadas,
aspecto que no habilita, por sí solo, la intervención del juez de tutela.

47. De esta manera, la Sala advierte que el debate propuesto por la parte
actora se dirige a reprochar nuevamente la motivación de las providencias, por
lo que permitir su reapertura en sede de tutela implicaría convertir este
mecanismo excepcional en una instancia adicional.

48. Se reitera que la competencia del juez constitucional no consiste en
verificar si comparte o no la interpretación del juez natural, ni en definir cuál de
las lecturas posibles del proceso ordinario resulta más acertada. Su intervención
está reservada para aquellos eventos en los que la providencia judicial
cuestionada compromete de manera cierta, directa y evidente derechos
fundamentales, lo cual no se advierte en este caso.

49. En suma, aunque la parte actora invocó la vulneración de derechos
fundamentales, sus argumentos reflejan una inconformidad con las decisiones

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Subsección A y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06737-00

que le fueron desfavorables. La solicitud de amparo no plantea un verdadero
debate sobre el alcance, contenido o goce de un derecho fundamental, sino que
busca que el juez constitucional revalore los argumentos defensivos expuestos
en el proceso ordinario y adopte una conclusión distinta.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por
el señor Néstor Augusto Carrera Bolaños de conformidad con lo señalado en esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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