Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05091-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-05091-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05091-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-05091-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
30 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05091-00
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05091-00
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Tema: Tutela contra providencia judicial. Acción de nulidad y
restablecimiento del derecho. Prescripción derechos de reintegro
y pago de salarios y prestaciones sociales. Niega
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Jesús Eduardo Pérez
Henao contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de conformidad
con lo establecido en el artículo 1.º del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 2 de julio de 2026, la parte actora interpuso acción de tutela contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, tutela judicial
efectiva, trabajo, estabilidad laboral, mínimo vital e igualdad. En consecuencia,
formuló las siguientes pretensiones:
1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, estabilidad laboral,
acceso efectivo a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, igualdad, mínimo
vital, favorabilidad laboral y prevalencia del derecho sustancial del señor JESÚS
EDUARDO PÉREZ HENAO.
2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026),
proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, dentro del radicado 05001-23-33-000-2015-02523-01 (1748-
2022), en cuanto declaró probada la prescripción extintiva de los derechos reclamados y
revocó el reintegro y el restablecimiento del derecho ordenado en primera instancia.
3. ORDENAR al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, o a la autoridad judicial que corresponda conforme al reparto
interno, que profiera una nueva sentencia de segunda instancia en la que respete los
derechos fundamentales del accionante, aplique el principio de favorabilidad laboral y se
abstenga de extender al reintegro la prescripción prevista para prestaciones sociales.
4. ORDENAR que, en la nueva providencia, se diferencie expresamente entre el reintegro
como restablecimiento principal del derecho y las eventuales acreencias económicas
derivadas, de manera que cualquier análisis de prescripción se limite, si fuere procedente
y debidamente motivado, a rubros económicos específicos, sin extinguir el derecho al
reintegro.
5. SUBSIDIARIAMENTE, si el juez constitucional considera que no debe dejarse sin efecto
toda la providencia, solicito dejar sin efectos únicamente los apartes y numerales que
aplicaron la prescripción al reintegro, y ordenar una nueva decisión limitada a ese punto.
2. Hechos
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05091-00
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:
El señor Jesús Eduardo Pérez Henao se vinculó al Ejército Nacional como empleado
público civil el 22 de mayo de 1995 y el último cargo que ejerció fue el de auxiliar de
servicios, grado 6, con funciones de panadero en el Batallón de Apoyo de Servicios
para el Combate núm. 14 Cacique Pipatón, con sede en Puerto Berrío (Antioquia).
Mediante Orden Administrativa de Personal núm. 1381 del 7 de julio de 2009,
expedida por el comandante del Ejército Nacional, el señor Pérez Henao fue retirado
del servicio activo «por declaratoria de vacancia del cargo por abandono del mismo».
El 29 de julio de 2009, el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio de
apelación contra la anterior decisión, respecto de los cuales el Ejército Nacional
guardó silencio.
El señor Jesús Eduardo Pérez Henao presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el objeto de obtener la nulidad de la Orden
Administrativa de Personal núm. 1381 del 7 de julio de 2009 y del acto ficto negativo
configurado por la falta de notificación de la decisión que resolviera el recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación interpuesto el 29 de julio de 2009. A título de
restablecimiento del derecho, el actor solicitó ordenar su reintegro al cargo que
desempeñaba al momento del retiro o a uno de igual o superior categoría; el pago de
salarios y prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir desde la
desvinculación y hasta cuando se reincorpore a la institución; y reconocimiento de cien
(100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por concepto de daño moral.
El conocimiento de la demanda correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Oralidad, que, mediante sentencia del 13 de septiembre de 2021,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas. En concreto, consideró que al actor no se le informó sobre el adelantamiento
de un trámite administrativo en su contra con ocasión de su ausencia del lugar de
trabajo durante los días 2, 3, 4 y 6 de abril de 2009, circunstancia que dio lugar a su
retiro del servicio. Además, resaltó que, si bien el Ejército Nacional no estaba obligado
a desplegar un procedimiento administrativo de tipo disciplinario para ejercer la
facultad de retiro por abandono del cargo, sí tenía la responsabilidad de garantizar,
antes de adoptar la decisión, el derecho al debido proceso del afectado, habida cuenta
de que dicha causal de retiro no opera de manera automática.
El a quo agregó que la notificación de la orden administrativa de personal acusada no
contenía información alguna que garantizara el ejercicio de los derechos del
accionante ni satisfacía los requisitos mínimos para predicar una debida notificación.
En esas condiciones, concluyó que las omisiones que rodearon la expedición de los
actos acusados constituían vicios de nulidad por violación a las normas en que debían
fundarse y por desconocimiento del debido proceso. En consecuencia, ordenó a la
entidad demandada reintegrar al señor Pérez Henao como personal civil de la
institución al cargo que desempeñaba al momento del retiro, o a uno igual o de
equivalente jerarquía, y reconocer el pago de salarios y prestaciones sociales dejados
de percibir hasta que se hiciera efectivo el reintegro y declarar que no existió solución
de continuidad. Finalmente, negó el reconocimiento de la reparación del daño moral
reclamada.
La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia del 5 de
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05091-00
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
marzo de 2026, la confirmó parcialmente en cuanto compartió la decisión de declarar
la nulidad de los actos acusados, debido a que el retiro del servicio se produjo con
vulneración del derecho al debido proceso. No obstante, revocó el restablecimiento
del derecho ordenado por el Tribunal, al concluir que había operado la prescripción
extintiva de los derechos reclamados por el demandante, con fundamento en el
artículo 129 del Decreto 1214 de 1990.
3. Argumentos de la acción de tutela
El señor Jesús Eduardo Pérez Henao manifestó, en primer lugar, que la acción de
tutela cumple los requisitos generales de procedencia contra providencias judiciales.
En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia del 5 de marzo de 2026,
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, incurrió
en defecto sustantivo al aplicar al derecho al reintegro una regla de prescripción
prevista para las prestaciones sociales. Explicó que el artículo 129 del Decreto 1214
de 1990 dispone que el derecho a reclamar prestaciones sociales consagradas en ese
estatuto prescribe en cuatro años, sin regular la prescripción de la acción de reintegro
ni del restablecimiento del vínculo laboral. En ese sentido, sostuvo que el reintegro
constituye la pretensión principal, mientras que los salarios y las prestaciones dejados
de percibir son únicamente consecuencias económicas de aquella, por lo cual la regla
de prescripción prevista para las prestaciones sociales no podía hacerse extensiva al
reintegro.
Agregó que la interpretación de la autoridad judicial accionada resulta incompatible
con el artículo 53 de la Constitución Política, por cuanto, pese a reconocer que el
artículo 129 del Decreto 1214 de 1990 se refiere a prestaciones sociales, extendió el
término prescriptivo al reintegro y trasladó al trabajador una consecuencia no prevista
en la ley.
En ese contexto, sostuvo que la sentencia cuestionada también incurrió en violación
directa de la Constitución Política, al desconocer el principio de favorabilidad
previsto en el artículo 53 superior, pues, en su criterio, debió distinguir entre: (i) la
pretensión de reintegro, como restablecimiento del vínculo laboral y reparación de la
vulneración al debido proceso, y (ii) las acreencias económicas derivadas,
susceptibles eventualmente de prescripción total o parcial según la norma aplicable y
la exigibilidad de cada obligación. Asimismo, afirmó que la providencia no tuvo en
cuenta el artículo 228 de la Constitución, al privilegiar una interpretación expansiva de
la prescripción sobre la reparación material de un retiro declarado contrario al debido
proceso.
Señaló, además, que la providencia cuestionada desconoció el precedente
constitucional sobre el abandono del cargo y el debido proceso, en la medida en que
la Corte Constitucional ha condicionado la aplicación de la causal de retiro por
abandono del cargo a la garantía previa del derecho de defensa. Por lo tanto, aseguró
que, aunque la sentencia cuestionada reconoció la vulneración del debido proceso, al
declarar prescrita la totalidad del restablecimiento vació de eficacia el precedente
constitucional, pues cuando el juez constata la violación de esa garantía, el
restablecimiento debe ser real, proporcional y efectivo.
Finalmente, arguyó que la decisión carece de motivación suficiente, porque la
Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación no identificó una norma del
régimen especial del personal civil del Ministerio de Defensa que estableciera la
prescripción del reintegro. Además, adujo que, aunque se refirió a los artículos 151
del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 488 del Código Sustantivo
del Trabajo, lo cierto es que esas normas regulan acciones o derechos laborales en
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05091-00
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
escenarios distintos y no constituyen una habilitación expresa para extinguir, mediante
una analogía desfavorable, el reintegro de un empleado público retirado por un acto
administrativo nulo.
4. Trámite procesal de la acción de tutela
En auto de 2 de julio de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a la parte demandante, al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, en calidad de demandado, y a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional y al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Oralidad, en condición de terceros con interés.
5. Oposición
El Ministerio de Defensa, Ejército Nacional solicitó negar por improcedente la
acción de tutela, al considerar que la decisión cuestionada efectuó una adecuada
valoración normativa y probatoria, sin transgredir ningún derecho fundamental. En
consecuencia, estimó que lo pretendido por el actor era reabrir un debate ya concluido
para que el juez constitucional invadiera una competencia que le era ajena.
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, pidió negar las
pretensiones de la solicitud de amparo, con fundamento en que las razones expuestas
en el fallo acusado para declarar la prescripción corresponden a una interpretación
adoptada por el órgano de cierre de la jurisdicción en esa materia según la cual el
término de prescripción también es predicable de la pretensión de reintegro como
derecho laboral, pues, de lo contrario, podría reclamarse en cualquier tiempo, que era,
precisamente, lo que buscaba el actor mediante la acción de tutela.
En consecuencia, recordó que el ejercicio de la acción de tutela contra providencias
judiciales, especialmente las proferidas por las altas cortes, es de carácter excepcional
y que, en el caso concreto, no estaba encaminada a corregir una actuación arbitraria
o una omisión judicial, sino a reabrir un debate de naturaleza estrictamente legal.
Además, señaló que el accionante manifestó su inconformidad con la decisión de
declarar probada la excepción de prescripción y pretendía que el juez constitucional
sustituyera el estudio realizado dentro del proceso ordinario, lo cual supondría una
tercera instancia en dicho proceso, en desconocimiento de los principios de autonomía
judicial y seguridad jurídica.
El Tribunal Administrativo de Antioquia se limitó a remitir el expediente digital del
proceso ordinario, pero no se pronunció sobre los hechos que motivaron la
interposición de la presente acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05091-00
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
Corresponde determinar si el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
vulneró los derechos fundamentales deprecados por el actor, al revocar el
restablecimiento del derecho ordenado en la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, declarar la prescripción del derecho al reintegro como consecuencia de la
nulidad de los actos acusados.
La Sala anticipa que negará las pretensiones de la acción de tutela, pues no se
advierte que la providencia judicial haya incurrido en alguno de los defectos alegados
por el tutelante; por el contrario, se evidencia que la decisión está debidamente
sustentada y es razonable.
Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso
(i) Requisito general de relevancia constitucional
La Sala anota que la acción de tutela cumple con el referido requisito general, porque
la parte actora invoca la protección de los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, trabajo, estabilidad
laboral, mínimo vital e igualdad, además, se sustentan con suficiencia las razones por
las que la decisión judicial cuestionada afecta dichos derechos, no se trata de un
asunto de mera legalidad o económico y los cuestionamientos tienen que ver con la
ratio decidendi. Tampoco se emplea como una instancia adicional, porque en primera
instancia se había accedido a las pretensiones de la demanda y fue con ocasión de la
providencia aquí cuestionada que se revocó la decisión de primera instancia en cuanto
al restablecimiento, al declarar la prescripción respecto de los derechos al reintegro y
pago de salarios a favor del actor.
Además, en caso de que se configure alguno de los requisitos especiales de tutela
contra providencia judicial se estarían afectando los derechos al trabajo y al mínimo
vital del actor, en la medida en que la decisión cuestionada, al declarar la prescripción,
impidió el reconocimiento del reintegro y de las consecuencias patrimoniales
derivadas de la declaratoria de nulidad del acto de retiro.
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface,
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05091-00
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la
sentencia de segunda instancia fue proferida el 5 de marzo de 2026, notificada
mediante correo electrónico enviado el 13 de marzo de 20261, y el ejercicio de la
acción de tutela tuvo lugar el 2 de julio de 2026.
En lo demás, la Sala encuentra que se encuentran satisfechos los requisitos generales
de procedencia, si se tiene en cuenta que el accionante alega una (iv) irregularidad
que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y, (vi) no se cuestionan sentencias de tutela.
Por lo anterior, la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos alegados por el
accionante.
Los defectos sustantivo2, por desconocimiento del precedente judicial3, de
violación directa de la Constitución4 y falta de motivación5 en el caso concreto
En el asunto objeto de estudio, el señor Jesús Eduardo Pérez Henao promovió
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el fin de
1
Acorde con lo previsto en el numeral segundo del artículo 205 del CPACA, «2. La notificación de la providencia se entenderá
realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir
del día siguiente al de la notificación». 2
Como lo ha reiterado esta Sala, en los términos de la sentencia T – 1009 de 2000 de la Corte Constitucional, se presenta el
denominado defecto sustantivo cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al
caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no
guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado. Sin embargo, para que se
predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, en razón de que los jueces son autónomos para escoger entre diversas
interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico (art. 230 de la Constitución
Política). Para la Corte Constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando: (i) la norma aplicable al caso es
claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable
o desproporcionada), y, finalmente, (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva (Sentencia T – 462 de 2003, Corte Constitucional). 3
Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado
y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser
considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye
las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los
jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción. Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el
órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del
precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos
supuestos de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No obstante, la importancia de la regla de vinculación del
precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues no se puede
desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los
principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, por esa razón, se ha
advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico,
siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición, de ahí que al juez
corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad.
4
En sentencia SU-069 de 2018 la Corte Constitucional, en cuanto a la violación directa de la Constitución, precisó que el
desconocimiento de la Constitución puede producirse por diferentes hipótesis. Así, se ha sostenido que esta figura se estructura
cuando el juez en la decisión desconoce la Carta. Ello puede ocurrir, primero, porque no se aplica una norma fundamental al
caso en estudio, lo cual se presenta porque: (a) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y (c) en las
decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la
Constitución.En segundo lugar, porque se aplica la ley al margen de los preceptos consagrados en la Constitución. En este caso,
se ha señalado que los jueces, en sus fallos, deben tener en cuenta la excepción de inconstitucionalidad contenida en el artículo
4 Superior, en tanto la Carta es norma de normas y, cuando existe incompatibilidad con las disposiciones legales, debe aplicarse
de preferencia las constitucionales. 34. En suma, esta causal de procedencia específica de la acción de tutela se genera a partir del desconocimiento de los jueces
de aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta que antepone de manera preferente
la aplicación de sus postulados. 5
En sentencia T-041 de 2018, la Corte Constitucional explicó que “falta de motivación como causal de procedencia de la tutela
contra sentencias propende por la salvaguarda del derecho de los ciudadanos a obtener respuestas razonadas de la
administración de justicia, cuestión que, adicionalmente, les permite ejercer su derecho de contradicción”. 6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05091-00
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
obtener la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales fue retirado del
servicio por declaratoria de vacancia del cargo por abandono del mismo y, a título de
restablecimiento del derecho, su reintegro, el reconocimiento y pago de los salarios y
prestaciones dejados de percibir, así como la indemnización de los perjuicios
ocasionados.
El Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda al considerar que la parte demandada vulneró el derecho al debido proceso
del demandante, porque no adelantó una actuación administrativa que le permitiera
conocer los hechos que se le atribuían y ejercer su derecho de defensa antes de
disponer su retiro del servicio. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos
acusados y ordenó el reintegro, junto con el reconocimiento de los salarios y
prestaciones dejados de percibir, pero negó la indemnización por perjuicios morales.
Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado compartió la conclusión según la cual
el retiro del servicio desconoció el debido proceso del actor. No obstante, revocó el
restablecimiento del derecho al considerar que habían prescrito las pretensiones de
reintegro y de reconocimiento de los salarios y prestaciones dejados de percibir.
El señor Pérez Henao sostiene que la providencia de segunda instancia incurrió en
defecto sustantivo, desconocimiento del precedente constitucional, violación directa
de la Constitución y falta de motivación, porque extendió al derecho al reintegro una
regla de prescripción prevista para las prestaciones sociales contenida en el artículo
129 del Decreto 1214 de 1990, con lo cual se desconocieron los artículos 53 y 228 de
la Constitución y se vaciaron de contenido los efectos derivados de la declaratoria de
nulidad del acto de retiro.
Pues bien, la Sala advierte que la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado, comenzó por precisar el régimen jurídico aplicable al personal civil del Ejército
Nacional y el alcance de la causal de retiro por declaratoria de vacancia del cargo por
abandono del mismo. Explicó que dicha causal constituye una forma autónoma de
retiro del servicio y no exige el adelantamiento previo de un proceso disciplinario; sin
embargo, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional6, la
administración debe garantizar al servidor el derecho de defensa y contradicción antes
de adoptar la decisión de retiro, mediante una actuación administrativa que le permita
ejercer su derecho de defensa.
Con fundamento en las pruebas obrantes en el expediente, la autoridad judicial
encontró acreditado que el señor Pérez Henao se ausentó de su lugar de trabajo los
días 2, 3 y 4 de abril de 2009 y que se reincorporó el 6 de abril del mismo año en horas
de la tarde. Asimismo, verificó que la entidad intentó ubicarlo telefónicamente y en su
residencia y que posteriormente remitió diversos informes a la Oficina de Control
Disciplinario Interno y a la Dirección de Personal del Ejército. No obstante, advirtió que
no existía prueba de que el actor hubiera sido vinculado a una actuación administrativa
previa al retiro, ni de que se le hubiera dado la oportunidad efectiva de justificar sus
ausencias antes de expedir el acto que declaró la vacancia del cargo. En particular,
señaló que el supuesto oficio del 7 de abril de 2009, mediante el cual la entidad adujo
que le había solicitado un informe por escrito, no obraba en el expediente y que el
oficio del 9 de mayo de 2009 únicamente le comunicó que el asunto había sido
remitido a la Oficina de Control Disciplinario Interno, sin demostrar que previamente
hubiese podido ejercer su derecho de defensa.
6
Sentencia C-1189 de 2005
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05091-00
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
A partir de lo anterior, concluyó que el retiro del servicio del accionante se produjo con
desconocimiento del debido proceso, razón por la cual, en principio, procedía la
nulidad de los actos administrativos y el consecuente restablecimiento del derecho.
Sin embargo, la Subsección analizó si había operado la prescripción extintiva de los
derechos reclamados. Al respecto, sostuvo que, aunque el artículo 129 del Decreto
1214 de 1990 se refiere expresamente a la prescripción del derecho a reclamar las
prestaciones sociales, una interpretación estrictamente literal conduciría a sostener
que los demás derechos laborales, como los salarios o el reintegro, serían
imprescriptibles, conclusión que consideró incompatible con el ordenamiento jurídico.
En consecuencia, acudió a los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social y 488 del Código Sustantivo del Trabajo, así como a la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia sobre la acción de reintegro de fuente convencional,
para concluir que los derechos laborales del personal civil del Ejército Nacional,
incluido el reintegro, están sometidos al fenómeno de la prescripción y que el término
aplicable es de cuatro años, contados desde que la obligación se hace exigible,
susceptible de interrupción mediante el reclamo escrito presentado ante la autoridad
competente.
En los siguientes términos lo expuso:
110. El artículo 129 del Decreto 1214 de 1990, «por el cual se reforma el Estatuto y el Régimen
Prestacional del Personal Civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional», prevé la
prescripción de los derechos laborales del personal civil del Ejército Nacional, así:
Artículo 129. Prescripción. El derecho a reclamar las prestaciones sociales consagradas en este
estatuto prescribe a los cuatro (4) años, que se cuentan desde la fecha en que la respectiva
prestación se hace exigible. El reclamo escrito recibido por entidad competente sobre un derecho
o prestación determinada interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
111. Al respecto, no se desconoce que la norma citada hace referencia solo a la prescripción de
prestaciones sociales, de manera que realizar una lectura exegética de esta implicaría considerar
que los derechos laborales distintos a los prestacionales no prescriben, por ejemplo, los salarios;
lectura que no se estima correcta.
112. Lo anterior, en tanto nuestro ordenamiento jurídico no excluye los derechos laborales (que
no se limitan a los prestacionales) del fenómeno de la prescripción. A modo de ejemplo, se tiene
que el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, señala que:
[…] las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán
desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del
trabajador, recibido por el [empleador], sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual. (Subrayas fuera del texto original).
113. Igualmente, el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, dispuso que «las acciones
correspondientes a los derechos regulados en este Código prescriben en tres (3) años (…)».
Ambas disposiciones las ha aplicado la Corte Suprema de Justicia al estudiar la prescripción de
la acción de reintegro con fuente convencional.
114. Por consiguiente, tanto el derecho al reintegro como el pago de salarios no puede ser
excluido del término prescriptivo.
115. En este orden de ideas, se tiene que los derechos laborales del personal civil del Ejército
Nacional prescriben en cuatro años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho
exigible y tal prescripción se interrumpe, por un lapso igual, con el simple reclamo escrito del
empleado ante la autoridad competente del reconocimiento del derecho.
Adicionalmente, precisó que la prescripción de los derechos reclamados no podía
confundirse con la caducidad del medio de control, pues si bien la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho podía presentarse en cualquier tiempo respecto de los
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05091-00
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
actos fictos derivados del silencio administrativo, esa circunstancia no tornaba
imprescriptibles las pretensiones de reintegro y de reconocimiento de salarios y
prestaciones sociales.
Después de esa precisión, frente al caso concreto, sostuvo que la exigibilidad de los
derechos surgió en el momento en que quedó en firme la decisión de retiro del servicio
y dado que los recursos interpuestos por el actor el 29 de julio de 2009 no fueron
resueltos, entendió que el acto ficto negativo se configuró el 29 de septiembre de 2009,
de manera que la decisión quedó en firme el 30 de septiembre siguiente. En
consecuencia, concluyó que el término de cuatro años para reclamar el reintegro y las
demás consecuencias económicas vencía el 30 de septiembre de 2013, de manera
que como la demanda fue presentada el 30 de noviembre de 2015, declaró
configurada la prescripción extintiva de los derechos reclamados.
A partir de las anteriores consideraciones, la Sala concluye que la sentencia del 5 de
marzo de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, no incurrió en los defectos alegados por el accionante. Es así, por cuanto la
decisión de declarar prescritas las pretensiones de reintegro y de reconocimiento de
los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir no obedeció a una actuación
arbitraria o caprichosa, sino al ejercicio interpretativo que corresponde al juez. En
efecto, la autoridad judicial no realizó una lectura literal del artículo 129 del Decreto
1214 de 1990 para concluir que únicamente prescribían las prestaciones sociales, sino
que acudió a una interpretación sistemática de dicha disposición junto con los artículos
151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 488 del Código
Sustantivo del Trabajo, para concluir que las pretensiones laborales reclamadas
también estaban sujetas al fenómeno de la prescripción.
Se trata, entonces, de una decisión debidamente motivada, sustentada en una
interpretación razonable, adoptada en ejercicio de la autonomía e independencia
judicial, que no puede calificarse como caprichosa ni arbitraria ni considerarse
vulneradora de los derechos fundamentales invocados por el actor, por el solo hecho
de que este discrepe del criterio acogido por el juez natural.
La Sala tampoco observa la transgresión del principio de favorabilidad como alega el
señor Pérez Henao, pues si bien la autoridad judicial integró el artículo 129 del Decreto
1214 de 1990 con las disposiciones generales que regulan la prescripción en el
ordenamiento laboral, conservó la aplicación del término especial de cuatro (4) años
previsto en ese régimen, más amplio que el término general de tres (3) años fijado en
los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 488 del
Código Sustantivo del Trabajo. En ese contexto, la interpretación no implicó la
aplicación de un régimen más gravoso para el demandante.
De igual manera, aunque el actor alegó el desconocimiento de la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, sin identificar de manera concreta las decisiones que estimaba
desatendidas, la Sala no advierte la configuración de dicho defecto. Por el contrario,
se advierte que la autoridad judicial acogió el precedente constitucional7 relativo a la
garantía del debido proceso en los eventos de retiro del servicio por abandono del
cargo y, con fundamento en este, concluyó que el Ejército Nacional vulneró el derecho
de defensa y contradicción del actor al omitir el trámite administrativo previo a su
desvinculación. Sin embargo, estimó que esa conclusión no impedía examinar si las
pretensiones de restablecimiento del derecho se encontraban afectadas por el
fenómeno de la prescripción, en los términos expuestos anteriormente.
7
Específicamente la Sentencia C-1189 de 2005
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05091-00
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Finalmente, es preciso señalar que la interpretación de la autoridad judicial accionada
resulta compatible con los fines constitucionales que persigue la institución de la
prescripción, en tanto como lo ha señalado la Corte Constitucional8, el establecimiento
de términos de prescripción en materia laboral responde a la necesidad de garantizar
la seguridad jurídica y evitar que los conflictos permanezcan indefinidamente abiertos.
En los anteriores términos, se negará la solicitud de amparo promovida por el actor.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar la solicitud de amparo formulada por el señor Jesús Eduardo Pérez
Henao.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
8
Al respecto, la sentencia C-412 de 1997 expuso “(…) según el cual los fundamentos para establecer la prescripción de los
derechos laborales y las reglas en torno a la interrupción de la misma se encuentran referidos a la función del Estado para con
la sociedad, pues, en aras de garantizar la vigencia y efectividad del principio de la seguridad jurídica, la organización estatal
debe impedir la existencia de conflictos que perduren”.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.