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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-02523-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
3 providencias

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2015-02523-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2015-02523-01 (1748-2022)
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

Tema: retiro del servicio por abandono del cargo. Personal civil del Ejército
Nacional. Subtema 1. Trámite administrativo previo a la decisión del retiro del
servicio por abandono del cargo. Vulneración del derecho al debido proceso.
Subtema 2. Prescripción extintiva del derecho.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, el
13 de septiembre de 2021, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

1. Síntesis del caso

El accionante solicitó la nulidad del acto administrativo por medio del cual la entidad
accionada lo retiró del servicio por declaratoria de vacancia del cargo por abandono;
y de los actos fictos negativos que lo confirmaron, por cuanto la administración no
adelantó un procedimiento breve y sumario en el que se le comunicaran las razones,
pruebas y hechos del supuesto abandono.

El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en cuanto
ordenó el reintegro del accionante, y el reconocimiento y pago de salarios y
prestaciones dejados de percibir, sin solución de continuidad. No obstante, no
accedió a la reparación del daño moral.

La Subsección revocará la referida decisión al encontrarse probada la prescripción
extintiva de los derechos reclamados.

1

Radicación: 05001-23-33-000-2015-02523-01 (1748-2022)
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. El señor Jesús Eduardo Pérez Henao, mediante apoderado judicial, presentó
demanda el 30 de noviembre de 20151, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, con las siguientes pretensiones2:

2. Se declare la nulidad de la Orden Administrativa de Personal 1381 del 7 de
julio de 2009, proferida por el comandante del Ejército Nacional, mediante la cual
se retiró del servicio al accionante «por declaratoria de vacancia del cargo por
abandono del mismo». Dicho acto se notificó por conducta concluyente el 29 de julio
de 2009.

3. Se declare la nulidad del acto ficto negativo que se configuró dada la falta de
notificación de la respuesta al recurso de reposición interpuesto contra la decisión
anterior y en subsidio el de apelación, radicado el 29 de julio de 2009.

4. A título de restablecimiento del derecho, la parte accionante solicitó que se
ordene a la entidad accionada el reintegro del señor Jesús Eduardo Pérez Henao al
cargo que desempeñaba al momento del retiro o a uno de igual o superior categoría;
el pago de los salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir
desde la desvinculación y hasta cuando se reincorpore a la institución; y el pago de
100 smlmv, por concepto de daño moral. También pidió que las sumas reconocidas
se actualicen de acuerdo con el IPC; se condene en costas a la entidad accionada
y se dé cumplimiento a la sentencia de conformidad con el artículo 192 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA).

2.1.1. Hechos

5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

6. El accionante se vinculó al Ejército Nacional como empleado público civil el
22 de mayo de 1995 y el último cargo que ejerció fue el de auxiliar de servicios,
grado 6, con funciones de panadero en el Batallón de Apoyo de Servicios para el
Combate No. 14 Cacique Pipatón, con sede en Puerto Berrío.

7. Por medio de la Orden Administrativa de Personal 1381 del 7 de julio de 2009,
dictada por el comandante del Ejército Nacional, el señor Jesús Eduardo Pérez
Henao fue retirado del servicio activo «por declaratoria de vacancia del cargo por

1 Samai, índice 09, expediente digital, archivo ED_CUADERNO1_01DEMANDA(.pdf), pág. 25.
2 Samai, índice 09, expediente digital, archivo ED_CUADERNO1_01DEMANDA(.pdf), págs. 4 a 25.

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-02523-01 (1748-2022)
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

abandono del mismo». No obstante, no se manifestaron los motivos de la decisión
y tampoco se notificó.

8. El 29 de julio de 2009, el demandante interpuso recurso de reposición y en
subsidio el de apelación contra el acto de retiro, pero a la fecha de presentación de
la demanda no se había notificado respuesta alguna.

9. La parte accionante narró que dada la pérdida de la estabilidad laboral el
señor Pérez Henao ha tenido que subsistir con trabajos informales y su familia
también ha sufrido consecuencias adversas por la decisión de la administración.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

10. En la demanda se citaron las siguientes normas vulneradas:

• De la Constitución Política, los artículos 4 y 29.
• Decreto 001 de 1984, artículo 35.
• Decreto Ley 1792 de 2000, artículo 42.

11. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante manifestó que los
actos administrativos acusados se profirieron con infracción de las normas en que
debían fundarse y falsa motivación. Afirmó que se desconoció el debido proceso,
puesto que no se le dio la oportunidad al señor Jesús Eduardo Pérez Henao de
conocer las pruebas y las razones que tenían en su contra para justificar el aparente
abandono del cargo. Al respecto, señaló que la administración no expresó las
causas de hecho y de derecho que motivaron su decisión, ni tampoco indicó los días
en que supuestamente había faltado a su labor.

12. Sostuvo que la Corte Constitucional, en la sentencia C-1189 de 2005 declaró
la exequibilidad condicionada del literal i) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, que
prevé como causal de retiro el abandono del cargo, y explicó que para aplicar esa
causal es requisito indispensable que previo a la expedición del acto administrativo
de carácter particular y concreto, que declare el retiro del servicio, se le permita al
afectado el ejercicio de sus derechos de defensa y contradicción.

13. Adujo que, aunque el fundamento de los actos acusados es el numeral 4 del
artículo 38 del Decreto Ley 1792 de 2000, los argumentos planteados en el fallo en
mención resultan aplicables, por virtud de la cosa juzgada constitucional.

14. Indicó que, en sentencia del 13 de mayo de 20103, esta corporación definió
que como la declaratoria de vacancia del empleo involucra derechos de un
particular, la administración debe garantizar la efectividad de estos y conceder al

3 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de mayo de 2010, exp. 68001-

23-15-000-2002-00288-01 (1896-2008), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-02523-01 (1748-2022)
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

afectado la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción y de defensa, previo
a la expedición del acto de retiro.

2.2. Contestación de la demanda

15. La entidad accionada se opuso a las pretensiones y solicitó que se nieguen4.

16. Alegó que la parte demandante incumplió lo previsto en el artículo 167 del
CGP, en tanto no aportó la prueba de los hechos que la benefician. En tal sentido,
los documentos que obran en el expediente no logran acreditar una «falla en el
servicio» que predique la «responsabilidad extracontractual» de la accionada
respecto de los daños y perjuicios alegados.

17. Subrayó que la declaratoria de vacancia del empleo no exige que se adelante
un proceso disciplinario, por cuanto basta que se compruebe que el empleado ha
dejado de asistir al sitio de trabajo para desarrollar sus funciones, sin acreditar justa
causa de su ausencia.

18. Afirmó que en el caso concreto el señor Jesús Eduardo Pérez Henao se
ausentó del ejercicio de sus labores los días 2, 3, 4 y 6 de abril de 2009, sin
justificación alguna, según se demuestra con la documental aportada junto a la
contestación.

2.3. Sentencia de primera instancia

19. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad mediante
sentencia del 13 de septiembre de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda y se abstuvo de condenar en costas5.

20. Señaló que no se discutió y está probado en el proceso, que el demandante
era servidor público al servicio del Ejército Nacional, vinculado como empleado civil
en el cargo de auxiliar de servicios. Indicó que mientras desempeñó el último empleo
cumplía funciones de panadero en el Batallón de Apoyo y Servicios No. 14 Cacique
Pipatón de Puerto Berrío. Por lo anterior, la normativa aplicable para definir las
causales de retiro es el Decreto Ley 1792 de 2000.

21. Adujo que, de acuerdo con las pruebas practicadas, los hechos reprochados
al accionante tienen que ver con su ausencia del lugar de trabajo durante los días
2, 3, 4 y 6 de abril de 2009, esta última data hasta las 12:00 horas. Con ocasión de
esta circunstancia se realizaron varios informes por el personal que tuvo
conocimiento del caso con destino, unos, a los superiores del batallón y, otros, a la
Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Defensa; no obstante, no
existe constancia alguna acerca de que esos informes hayan sido notificados,
comunicados ni puestos en conocimiento del accionante. A su vez, no se demostró
4 Samai, índice 09, expediente digital, archivo ED_CUADERNO1_20CONTESTACIONDEMAND(.pdf).
5 Samai, índice 09, expediente digital, archivo ED_CUADERNO1_50FALLO(.pdf).

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-02523-01 (1748-2022)
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

que se le haya informado sobre el adelantamiento de un trámite administrativo en
su contra.

22. Manifestó que aunque reposa en el plenario un memorial con fecha del 9 de
mayo de 2009, en el que se le advertía al señor Jesús Eduardo Pérez Henao acerca
de la ausencia laboral que se le reprochaba y estaba suscrito por él, no existe
elemento alguno que permita extraer como verdad procesal que tuvo conocimiento
oportuno del mensaje. Esto, en cuanto se desconoce la fecha en la que se enteró
de su existencia.

23. Resaltó que si bien el Ejército Nacional no estaba obligado a desplegar un
procedimiento administrativo de tipo disciplinario para ejercer la facultad de retiro
del servidor por abandono del cargo, sí tenía la responsabilidad de garantizar, de
forma previa a la decisión, el debido proceso del afectado. Ello, en consonancia con
lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-1189 de 2005, al declarar
la exequibilidad condicionada del literal i) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004 que
prevé la causal de retiro del servicio por declaratoria de vacancia del empleo en
caso de abandono.

24. Explicó que para que se configure la causal de retiro establecida en el numeral
4 del artículo 38 del Decreto Ley 1792 de 2000, aplicable al caso concreto, debe
comprobarse una de las circunstancias de hecho que dispone el artículo 42 del
mismo decreto, entre las que está que el empleado «Deje de concurrir al trabajo por
tres (3) días consecutivos». Sin embargo, esa sola comprobación no es suficiente,
toda vez que esta última norma exige que la ausencia de trabajo se dé «sin justa
causa», lo que presupone que este tenga la oportunidad de exponer las posibles
razones que justifican su no presentación.

25. Precisó que la causal de retiro del servicio por abandono del cargo no opera
de manera automática, razón por la cual el Ejército Nacional tenía la obligación de
informar al demandante que por su ausencia del lugar de trabajo se le estaba
endilgando la referida causal; de manera que estuviera informado sobre el trámite
que se adelantaba y que podría terminar con su desvinculación de la institución.

26. Señaló que si bien no se discute que, de acuerdo con las pruebas, el
accionante dejó de asistir a laborar los días 2, 3, 4 y 6 de abril de 2009, lo cierto es
que no se logró demostrar que haya sido requerido para justificar su ausencia. Al
respecto, enfatizó que el acto demandado no indicó específicamente los días
respecto de los que se reprochó la ausencia.

27. Adujo que la notificación de la orden administrativa de personal acusada no
contenía información alguna como garantía al accionante, ni satisface los requisitos
mínimos para predicar la debida notificación, previstos por el Decreto 01 de 1984;
norma aplicable para ese momento.

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-02523-01 (1748-2022)
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

28. Concluyó que las omisiones que rodean la expedición de los actos acusados
constituyen vicios de nulidad por expedirse con violación de las normas en que
debían fundarse y con desconocimiento del debido proceso del accionante, es decir,
de sus derechos de defensa y contradicción. En consecuencia, ordenó a la entidad
accionada reintegrar al señor Pérez Henao como personal civil de la institución al
cargo que desempeñaba al momento del retiro, o a uno igual o de equivalente
jerarquía; y reconocer el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de
percibir hasta que se haga efectivo el reintegro. A su vez, declaró que no existió
solución de continuidad.

29. Por último, no accedió a la reparación del daño moral pretendida, toda vez que
no se aportó ningún medio de convicción que permitiera confirmar su configuración.

2.4. Recurso de apelación

30. La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión, bajo los siguientes argumentos6:

31. Sostuvo que la entidad sí adelantó un proceso sumario previo a la declaratoria
de la vacancia del cargo, sin que como lo pretende el Tribunal, puedan exigirse
formalismos, siempre que se cumpla con su finalidad, es decir, conocer las razones
de la ausencia. Ello, por cuanto es lógico que, de no existir una justificación
comprobada, lo que procede es la terminación del vínculo laboral.

32. Indicó que en el expediente obran los informes del 3 y 7 de abril de 2009 en
los que consta que se procuró contactar al demandante vía telefónica y buscarlo en
su hogar para verificar si tenía una situación especial; sin embargo, no fue posible
establecer comunicación. Además, que el accionante se presentó a prestar el
servicio el 6 de abril de 2009, «sin allegar documento alguno que justificara su
ausencia a laborar». También reposa el informe del 9 de mayo del mismo año, en
el que se requirió al señor Pérez Henao para que informara por escrito, adjuntando
documentos de soporte, las razones de la ausencia a sus labores como panadero.
Lo anterior, respecto de los días 2, 3, 4 y 6 de abril de 2009, hasta las 12:00 m.

33. Subrayó que se encuentra probado que la entidad buscó al demandante y
procuró contactarlo en diferentes oportunidades, y que, además, se le requirió por
escrito de manera formal, con firma de recibido de su parte; no obstante, este no
rindió justificación alguna por el abandono de su cargo. En consecuencia, no puede
premiarse la desidia de un exfuncionario público frente a sus obligaciones, ni sentar
con ello un precedente negativo para la función pública.

34. Indicó que se adhería al salvamento de voto presentado frente a la sentencia,
en el cual se sostuvo que en el presente asunto se configuró la prescripción extintiva
del derecho, toda vez que la apelación contra la orden administrativa de personal

6 Samai, índice 09, expediente digital, archivo ED_CUADERNO1_54RECURSOAPELACIONP(.pdf).

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-02523-01 (1748-2022)
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

se interpuso el 29 de julio de 2009 y la demanda se presentó solo hasta el 30 de
noviembre de 2015.

35. Aseveró que, en materia salarial, el término prescriptivo es de tres años
contados a partir de la fecha que se haya hecho exigible el derecho, según lo
dispone el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo. En cambio, en lo que
respecta a las prestaciones derivadas de la relación laboral, el término que opera
es el previsto en el artículo 129 del Decreto 1214 de 1990.

36. Afirmó que como el accionante tardó más de cinco años en acudir a la
administración a presentar algún tipo de reclamación, se configuró la prescripción
del derecho. Enfatizó que la decisión del Tribunal llevaría a concluir que los
derechos reclamados son imprescriptibles, lo cual solo ocurre con aquellos que son
de tracto sucesivo.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

37. Mediante auto del 26 de mayo de 2022 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia7.

2.6. Ministerio Público

38. La Procuraduría Delegada de Intervención Tercera ante el Consejo de Estado,
al rendir concepto solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia. Adujo
que en el caso concreto no se acreditó que la entidad accionada haya adelantado
la actuación administrativa correspondiente previo a la decisión de retiro, de manera
que el señor Jesús Eduardo Pérez Henao pudiera ejercer sus derechos de defensa
y contradicción8.

39. Sostuvo que no le asiste razón a la parte recurrente al manifestar que existe
un procedimiento sumario, en tanto el haber enviado un memorando al demandante
no constituye el inicio de una actuación administrativa formal en la que se le
advirtiera al afectado el propósito de esta y sus posibles consecuencias. Ello, en
tanto podría confundirse con una simple solicitud de explicaciones laborales sin
efectos laborales definitivos, como el retiro del servicio.

7 Samai, índice 03, expediente digital, archivo AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.doc).

8 Samai, índice 08, expediente digital, archivo

MemorialWebFLF_7CONCEPTO_CONCEPTOFIRMADO2462022INTERNO17482022VACANCIAXABANDO
NODELCARGOEJERCITO(.pdf).

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-02523-01 (1748-2022)
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

3. Consideraciones

3.1. Competencia

40. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

41. De acuerdo con el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, y
teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en la alzada, corresponde a la Sala definir si:

42. ¿En el trámite de desvinculación del Ejército Nacional, que culminó con el retiro
del servicio del demandante «por declaratoria de vacancia del cargo por abandono»,
se respetó el derecho al debido proceso del afectado?

43. En caso negativo, ¿el demandante tiene derecho a ser reintegrado al cargo
del que fue desvinculado del Ejército Nacional, y al pago de los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir?

44. De ser afirmativa la respuesta al anterior interrogante, ¿operó la prescripción
extintiva de los derechos reclamados?

45. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
temas: (1) el régimen de administración del personal civil del Ejército Nacional; (2)
el abandono del cargo como causal de retiro del servicio.

46. A partir de las anteriores consideraciones, (3) se destacarán los hechos
probados más relevantes, y (4) en el acápite de análisis del caso concreto se
resolverán los problemas jurídicos formulados.

3.3. Marco normativo y jurisprudencial

3.3.1. El régimen de administración del personal civil del Ejército Nacional

47. El Decreto 1214 de 1990, «por el cual se reforma el estatuto y el régimen
prestacional civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional», dispuso en su
artículo 2, que integran el personal civil de ambas instituciones, las personas
naturales que presten servicios, entre otras, en las Fuerzas Militares. Más adelante,
dicha normativa fue modificada por el Decreto Ley 1792 de 2000, que estableció el
régimen de carrera administrativa para los servidores públicos civiles del Ministerio
de Defensa Nacional.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-02523-01 (1748-2022)
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

48. En el artículo 2 del Decreto 1792 se previó que el servicio que prestan los
servidores públicos civiles o no uniformados es fundamental para el cumplimiento
de las funciones propias del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional. En el artículo 3, se señaló que tales servidores son empleados públicos.

49. Ahora bien, en lo que respecta al caso objeto de análisis, se tiene que en el
artículo 38 ibidem se establecieron como causales de retiro del servicio del personal
civil, las siguientes:

Artículo 38. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de los empleados
públicos del Ministerio de Defensa conlleva la cesación en el ejercicio de funciones
públicas, origina el retiro de la carrera y la pérdida de los derechos de la misma y se
produce en los siguientes casos:

1. Por renuncia regularmente aceptada.
2. Por supresión del cargo.
3. Por destitución.
4. Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo.
5. Por orden o decisión judicial.
6. Por destitución, desvinculación o remoción, como consecuencia de investigación
penal o disciplinaria.
7. Por pensión de invalidez, jubilación o vejez.
8. Por cumplir la edad de retiro forzoso.
9. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, en los siguientes eventos:
a) Como consecuencia de calificación no satisfactoria en la Evaluación del
Desempeño Laboral anual o extraordinaria para los empleados de carrera o de la
evaluación del período de prueba.
b) Derivada de la facultad discrecional del nominador para los empleados de libre
nombramiento y remoción.
c) Por informe reservado de inteligencia.
10. Por revocatoria del nombramiento.
11. Por muerte real o presunta del empleado.

50. Posteriormente, en el artículo 42, el Decreto Ley 1792 de 2000 enunció los
escenarios en los que se configura la causal 4 del retiro del servicio, esto es, el
abandono del cargo, en los siguientes términos:

Artículo 42. Retiro por declaratoria de vacancia del cargo en caso de abandono del
mismo. El abandono del cargo se produce cuando un empleado, sin justa causa:

1. No reasume sus funciones al vencimiento de una licencia, permiso, vacaciones o
comisión.
2. Deje de concurrir al trabajo por tres (3) días consecutivos.
3. No concurra al trabajo antes de serle concedida autorización para separarse del
servicio o en caso de renuncia antes de vencerse el plazo de que trata el presente
Decreto.
4. Se abstenga de prestar el servicio antes de que asuma el cargo quien ha de
reemplazarlo.
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Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

51. La Corte Constitucional, en sentencia C-757 de 20019, declaró la exequibilidad
de las normas anteriores en relación con los cargos examinados10, al considerar
que se ajustaban a la Constitución.

52. En este orden de ideas, se advierte que la causal de retiro del servicio «por
declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo» del
personal civil del Ejército Nacional, opera siempre que ocurra alguno de los
supuestos de hecho antes referidos y mientras no medie una justa causa por parte
del empleado para justificar su ausencia.

3.3.2. El abandono del cargo como causal de retiro del servicio

53. En sentencia de unificación dictada el 22 de septiembre de 200511, la Sección
Segunda de esta corporación señaló que el abandono injustificado del servicio tiene
efectos autónomos distintos cuando se trata de regular la función pública, respecto
de los que tienen lugar en el ámbito disciplinario. En tal sentido, se aclaró que la
causal de abandono del cargo no solo resulta aplicable previo al agotamiento de un
proceso disciplinario, puesto que para la administración pública es necesario que el
nominador cuente con la facultad de designar a un servidor en reemplazo de aquel
que abandonó sus tareas y con ello garantizar la continuidad de la prestación del
servicio público, fin que persigue esta figura en el escenario de la función pública.
Lo anterior, al señalar que:

si bien se trata de una misma circunstancia: el abandono injustificado del servicio,
comporta efectos autónomos distintos cuando se trata de regular la función pública
que cuando se trata de disciplinar a los funcionarios. En esa medida mal puede la
causal de abandono del cargo sólo aplicarse previo un proceso disciplinario, pues
frente a la administración pública es menester que el nominador cuente con esa
herramienta para designar un funcionario en reemplazo del que abandonó sus tareas,
para así lograr la continuidad de la prestación del servicio público, fin que no es otro
al que apunta esta figura en la función pública.

[…]

9 Corte Constitucional, sentencia C-757 del 17 de julio de 2001, exp. D-3224, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
10 El demandante alegó que el Decreto Ley 1792 de 200 fue expedido en ejercicio irregular de las facultades

extraordinarias conferidas al presidente de la República por la Ley 578 de 2000, vulnerando los artículos 150-
10, 158, 40, 55 y 103 de la Constitución Política.
Los cargos de la demanda fueron los siguientes: (1) el desconocimiento del legislador extraordinario de la
obligación prevista en el artículo 3 de la ley de facultades, de contar con la intervención de una comisión especial
integrada por miembros del Congreso de la República. (2) La falta de concertación y transparencia en el proceso
de elaboración del decreto acusado. (3) La falta de precisión de las facultades otorgadas, así como la ausencia
de justificación de su necesidad o conveniencia pública. (4) El desarrollo de facultades que no fueron
expresamente otorgadas por la Ley 578 de 1999 para modificar el contenido de la Ley 443 de 1998 y de los
decretos 1567, 1568 y 1569 de 1998.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2005, exp. 11001-03-25-000-2003-

00244-01 (2103-2003), M.P. Ana Margarita Olaya Forero.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-02523-01 (1748-2022)
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

El abandono del cargo, debidamente comprobado, es una de las formas de la
cesación de funciones o retiro del servicio, que puede ser objeto de sanción, si se dan
los supuestos para que se produzca la falta gravísima a que aluden las normas
disciplinarias, tanto la ley 200 de 1995, como la Ley 734 del 5 de febrero de 2002,
precepto este último que igualmente la consagra como falta gravísima.

Y se dice que el abandono del cargo puede ser sancionable en materia administrativa,
sólo si la conducta es típica, antijurídica y culpable. Por eso tanto el artículo 25-8 de
la Ley 200 de 1995 como el artículo 48-numeral 55 de la nueva ley 734 exigen que el
abandono sea injustificado, es decir que no medie causa alguna que exonere al
funcionario de abandonar los deberes de su cargo.

No ocurre así con la consagración que hace de esta circunstancia las normas que
gobiernan la función pública. Como se lee en todas las precitadas normas tanto para
los funcionarios de libre nombramiento como para los de carrera, la declaratoria de
vacancia por abandono del cargo no señala condicionamiento alguno de culpabilidad,
pues sólo basta que este ocurra, en los términos del artículo 126 del decreto 1950 de
1973, para que la administración pueda proveer el servicio, designando a la persona
que va a ocupar el lugar del funcionario que sin mediar causa hace dejación de su
empleo. Es una previsión que sin duda favorece a la administración no al administrado
y que tiene su explicación en el fin de interés general que anima el servicio público,
el cual no puede suspenderse por el abandono que haga un funcionario de sus
deberes, en los términos del artículo 126 del decreto 1950 de 1973.

[…]

Esta declaratoria de vacancia de un cargo no exige el adelantamiento de proceso
disciplinario; basta que se compruebe tal circunstancia para proceder en la forma
ordenada por la ley. Es decir, que ésta opera por ministerio de la ley y el
pronunciamiento de la administración al respecto es meramente declarativo.

54. Por su parte, la Corte Constitucional en la sentencia C-1189 de 2005, para
declarar exequible el literal i) artículo 41 de la Ley 909 de 2004, que prevé como
causal de retiro del servicio el abandono del cargo, sostuvo que:

es de vital importancia recordar que la decisión de retiro del servicio de un empleado
público tiene lugar mediante un acto administrativo de carácter particular y concreto
para cuya expedición debe cumplirse el procedimiento establecido en el Código
Contencioso Administrativo, esto es, que la actuación que de oficio inicie la
administración, con el fin de retirar del servicio a un empleado -sea éste de carrera o
de libre nombramiento y remoción-, le debe ser comunicada, para efectos de que éste
pueda ejercer su derecho de defensa, al ser oído por la autoridad administrativa
competente, así como para contar con la oportunidad de aportar y controvertir las
pruebas que le sean adversas12.

12 «El Código Contencioso Administrativo preceptúa en lo pertinente: "Artículo 28. Cuando de la actuación

administrativa iniciada de oficio se desprenda que hay particulares que puedan resultar afectados en forma
directa, a éstos se les comunicará la existencia de la actuación y el objeto de la misma." Más adelante
estipula: "Artículo 34. Durante la actuación administrativa se podrán pedir y decretar pruebas y allegar
informaciones, sin requisitos ni términos especiales, de oficio o a petición del interesado." Y en el artículo 35

11

Radicación: 05001-23-33-000-2015-02523-01 (1748-2022)
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

[…]

En efecto, si bien la medida administrativa de retiro del servicio por abandono del
cargo no configura una medida sancionatoria, dadas las diferencias puestas de
presente en esta providencia, la gravedad de las consecuencias que se desprenden
de dicha medida, hace indispensable que el funcionario cuente con las garantías del
debido proceso (defensa y contradicción), previa expedición del acto administrativo
de retiro del servicio. De esta manera, estima esta Corporación que los controles
posteriores que pueda ejercer el funcionario, resultan insuficientes para garantizar el
respeto de su derecho fundamental al debido proceso. (Negrillas del texto original)

55. En orden a lo expuesto, se precisa que el abandono del cargo como causal
autónoma establecida por la ley para el retiro del servicio, no requiere el adelantar
previamente un proceso disciplinario; no obstante, toda vez que la decisión de retiro
se concreta en un acto administrativo de carácter particular y concreto, según lo ha
definido la jurisprudencia, es necesario que la actuación que de oficio inicie la
administración para tal efecto se le comunique al afectado, de manera que este
pueda ejercer sus derechos de defensa y contradicción. Ello, en garantía del
derecho fundamental al debido proceso.

56. Las anteriores consideraciones, realizadas en el marco de la Ley 909 de 2004,
a juicio de la Sala también resultan pertinentes frente a la figura del abandono del
cargo, como causal de retiro del servicio del personal civil de las Fuerzas Militares,
debido a que en ambos regímenes se reguló de manera similar dicha causal.
Sumado a ello, se resalta que la garantía del debido proceso es de rango
constitucional y, por tanto, debe orientar las actuaciones de la administración
independientemente del escenario en el que se esté ejerciendo la función pública.

3.4. Hechos probados relevantes

57. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:

58. El accionante laboró al servicio del Ejército Nacional durante 13 años, 10
meses y 14 días, desde el 22 de mayo de 1995 hasta el 6 de abril de 2009. El último
cargo que desempeñó fue el de auxiliar de servicios 6 en el Batallón de Apoyo y
Servicios para el Combate No. 14 Cacique Pipatón, ubicado en Puerto Berrío,
Antioquia, según consta en la copia de la hoja de servicios 3-00071185696 del 17
de julio de 2009, expedida por la Dirección de Prestaciones Sociales de la entidad
demandada13.

dispone: "Artículo 35. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base
en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si
afecta a particulares"».
13 Samai, índice 09, expediente digital, archivo ED_CUADERNO1_31MEMORIAL- RESPUESTAOFICIO (.pdf),

págs. 5 a 6.
12

Radicación: 05001-23-33-000-2015-02523-01 (1748-2022)
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

59. Mediante la Orden Administrativa de Personal 1381 del 7 de julio de 2009,
suscrita por el comandante y el director de personal del Ejército Nacional, se retiró
del servicio al señor Jesús Eduardo Pérez Henao, «por declaratoria de vacancia del
cargo por abandono del mismo», con fundamento en el numeral 4 del artículo 38
del Decreto Ley 1792 de 200014.

60. El 18 de julio de 2009, se notificó personalmente al accionante el anterior acto
administrativo; no obstante, nada se dijo sobre la procedencia de recurso alguno en
su contra15.

61. Inconforme con lo decidido, el 29 de julio de 2009, el demandante interpuso
recurso de reposición y en subsidio de apelación. Manifestó que el acto
administrativo se expidió con falsa y falta de motivación, comoquiera que para los
días en los que no se presentó a laborar, existió una justa causa, pues se
encontraba enfermo y de ello comunicó al «coronel Per y al mayor Rojas». Sostuvo
que no se garantizó su derecho al debido proceso, por cuanto no se mencionaron
las fechas en las que supuestamente abandonó el servicio. Además, alegó que el
acto no le fue notificado en debida forma, toda vez que no se cumplieron los
requisitos previstos en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo16. En el
plenario no obra prueba sobre si la entidad demandada resolvió los recursos
presentados.

62. En informe del 3 de abril de 2009, el oficial de servicio del Batallón de Apoyo
y Servicios para el Combate No. 14 Cacique Pipatón comunicó al oficial de
inspección BASPC No. 14 Puerto Berrío que ese día no había pan para el desayuno
de los soldados. Por ende, intentaron ubicar al panadero de la unidad en su lugar
de trabajo y por vía telefónica, pero esto no fue posible; posteriormente, cuando los
suboficiales de servicio reclamaron el refrigerio ocurrió lo mismo, no se les pudo
entregar por esa situación. Indicó que se había verificado el libro de control de
ingreso del personal civil y no apareció el registro del panadero de la unidad, y si
bien se hizo la gestión para ubicarlo durante la mañana, él no apareció. Por lo
expuesto, los soldados de la unidad no habían recibido la alimentación completa, lo
que generó malestar e inconformismo17.

63. A través de informe de ausencia laboral del 5 de abril de 2009 el oficial de
servicio del Batallón de Apoyo y Servicios No. 14 Cacique Pipatón, manifestó al
oficial de servicio que ese día la agencia logística no cumplió con el menú
establecido, porque no se dio el respectivo pan; ante lo cual el ranchero de servicio

14 Samai, índice 09, expediente digital, archivos ED_CUADERNO1_10MEMORIAL-
CUMPLIMIENTOREQUERIMIENTO (.pdf), págs. 4 a 5 y ED_CUADERNO1_31MEMORIAL-
RESPUESTAOFICIO (.pdf), págs. 4 a 5.
15 Samai, índice 09, expediente digital, archivos ED_CUADERNO1_15MEMORIAL-
RESPUESTAREQUERIMIENTO (.pdf), pág. 3, y ED_CUADERNO1_16MEMORIAL-
RESPUESTAREQUERIMIENTO (.pdf), pág. 3.
16 Samai, índice 09, expediente digital, archivo ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), págs. 3 a 12.
17 Samai, índice 09, expediente digital, archivo ED_CUADERNO1_22ANEXOS-
ANEXOSCONTESTACIÓNDEMANDA(.pdf), pág. 4.

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-02523-01 (1748-2022)
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

verificó que el señor Pérez Henao, panadero de la unidad, no se presentó y por ello
no se dio pan al desayuno ni al refrigerio18.

64. Mediante «informe de incumplimiento al menú del rancho» del 5 de abril de
2009, el oficial de servicio del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No.
14 Cacique Pipatón avisó al ejecutivo y segundo comandante de la unidad que la
agencia logística no cumplió con el menú en vista de que no dio el respectivo pan.
Argumentó el ranchero que la culpa fue del panadero que no se presentó a trabajar;
novedad que se presentó hace cuatro días. Por ello, solicitó que fuera descontado
el precio del pan al momento de pagar las estancias19.

65. A través de oficio 1112 MD-CE-DIVI7-BR14-BAS14-S1-53,1 del 7 de abril de
2009, el comandante del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 14
Cacique Pipatón envió a la Oficina de Control Disciplinario Interno del Ministerio de
Defensa los informes contra el señor Jesús Eduardo Pérz Henao, quien laboraba
en esa unidad como panadero y dejó de asistir a sus funciones, sin causa justificada,
los días 2, 3 y 4 de abril de 2009, regresando a trabajar el día 6 del mismo mes y
año a las 14:00 horas20.

66. En oficio DIVI7-BR14-BASPC14-U/F del 7 de abril de 2009, el comandante de
compañía del Batallón ASPC No. 14 informó al teniente coronel comandante de esa
unidad sobre los hechos ocurridos los días 2, 3, 4 y 6 de abril del mismo año. Al
respecto, narró que el señor Jesús Eduardo Pérez Henao fue requerido por el mayor
Luis Fernando Rojas Ruiz, ejecutivo y segundo comandante del mismo batallón, el
2 de abril, toda vez que se presentó un inconveniente con el suministro de pan a la
agencia logística para el rancho de tropa; pero no fue posible ubicarlo en las
instalaciones, en razón a que no llegó a trabajar. Ese día se procedió a buscarlo en
su hogar, ya que vía telefónica no fue posible ubicarlo; no obstante, no se logró
contactarlo. Ese mismo proceso se repitió los días 3 y 4 de abril y tampoco fue
posible comunicarse con él. El día 5, domingo, se pudo ubicar vía celular e informó
que no se encontraba en el sector de Puerto Berrío y que se presentaría al día
siguiente; sin embargo, lo hizo en horas de la tarde. Con todo ello, incumplió el
horario de régimen interno, sin ninguna justificación del incumplimiento a sus
deberes y funciones como panadero21.

67. Por medio del oficio MD-CE-DIVI7-BR14-BAS14-S1-53,1 del 7 de abril de
2009, el comandante del Batallón de ASPC No. 14 Cacique Pipatón envío al coronel
director de personal los informes contra el señor Jesús Eduardo Pérez Henao, quien
en su calidad de panadero de la unidad dejó de asistir al lugar de trabajo para

18 Samai, índice 09, expediente digital, archivo ED_CUADERNO1_22ANEXOS-
ANEXOSCONTESTACIÓNDEMANDA(.pdf), pág. 5.
19 Samai, índice 09, expediente digital, archivo ED_CUADERNO1_22ANEXOS-
ANEXOSCONTESTACIÓNDEMANDA(.pdf), pág. 6.
20 Samai, índice 09, expediente digital, archivo ED_CUADERNO1_22ANEXOS-
ANEXOSCONTESTACIÓNDEMANDA(.pdf), pág. 7.
21 Número de oficio ilegible, visto en Samai, índice 09, expediente digital, archivo
ED_CUADERNO1_22ANEXOS-ANEXOSCONTESTACIÓNDEMANDA(.pdf), pág. 8.

14

Radicación: 05001-23-33-000-2015-02523-01 (1748-2022)
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

desempeñar sus funciones, sin causa justificada, los días 2, 3 y 4 de abril, habiendo
regresado a laborar el 6 del mismo mes y año a las 14:00 horas22.

68. En informe sin número, del 5 de mayo de 2009, el oficial de servicio del
Batallón de ASPC No. 14 Cacique Pipatón (Fredy Flórez Calderón) comunicó al
mayor ejecutivo y segundo comandante que ese día, cuando se encontraba
prestando servicios en la unidad táctica evidenció que el señor panadero no hizo
pan para el desayuno del personal de soldados que comen en mesa. De igual forma,
al momento de pasar a recoger el refrigerio, siendo las 10:30 a. m., el señor
panadero no había entregado las galletas; tarea que ejecutó a las 10:50 a. m.,
cuando les suministró unas galletas a medio cocinar, «para poder cumplir a la
carrera con sus obligaciones»23.

69. En oficio denominado «memorador», sin número ni fecha, dirigido al señor
Jesús Eduardo Pérez Henao, el sargento viceprimero Frey Rubén Herreño
González, administrador de la panadería BASPC No. 14, le recordó el cumplimiento
de sus obligaciones y responsabilidades como panadero del batallón y lo invitó a
comprometerse con la institución. Le señaló el horario de trabajo y su producción
diaria, a partir del 7 de mayo de 2009, de acuerdo con el «parte del rancho» y el
menú de la agencia logística24.

70. A través de oficio 1399 MD-CE-DIVI7-BR14-BAS14-S1-53,1 del 9 de mayo de
2009, el comandante del Batallón de ASPC No. 14 Cacique Pipatón, con asunto:
«memorador», le comunicó al señor Jesús Eduardo Pérez Henao lo siguiente25:

Respetuosamente, me permito recabar al señor AS6 PEREZ HENAO JESUS
EDUARDO (…) el oficio de fecha 7 de abril de 2009 en el cual se solicitó informe por
escrito adjuntando los documentos soporte que justifiquen la ausencia a sus labores
como panadero los días 2, 3, 4 de abril y el día 6 de abril «hasta las 12:00».

Por lo anterior y teniendo en cuenta que a la fecha no ha hecho llegar a este comando
justificación de su ausencia. (sic) Se dio trámite a la Oficina de Control Disciplinario
Interno del Ministerio de Defensa (…), en cumplimiento de la Ley 734 de 2002.

• El referido oficio, según se observa, fue conocido por el accionante, dada la
suscripción de su firma; esta, que a su vez coincide a simple vista, con aquella que
utilizó para conferir el poder para actuar en el presente proceso a su apoderado
judicial. Sin embargo, lo cierto es que no se dejó constancia de la fecha de
recibido26.

22 Número de oficio ilegible, visto en Samai, índice 09, expediente digital, archivo
ED_CUADERNO1_22ANEXOS-ANEXOSCONTESTACIÓNDEMANDA(.pdf), pág. 9.
23 Samai, índice 09, expediente digital, archivo ED_CUADERNO1_22ANEXOS-
ANEXOSCONTESTACIÓNDEMANDA(.pdf), pág. 10.
24
Samai, índice 09, expediente digital, archivo ED_CUADERNO1_22ANEXOS-
ANEXOSCONTESTACIÓNDEMANDA(.pdf), pág. 11.
25 Samai, índice 09, expediente digital, archivo ED_CUADERNO1_22ANEXOS-
ANEXOSCONTESTACIÓNDEMANDA(.pdf), pág. 14.
26 Samai, índice 09, expediente digital, archivo ED_CUADERNO1_03PODER(.pdf).

15

Radicación: 05001-23-33-000-2015-02523-01 (1748-2022)
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

71. En oficio MD-CE-DIVI7-BR14-BAS14-S1-53,1 del 19 de mayo de 2009, el
comandante del Batallón de ASPC No. 14 solicitó al director de personal del Ejército
estudiar la viabilidad de autorizar el retiro del señor Jesús Eduardo Pérez Henao,
quien laboraba en esa unidad como panadero. Ello, con fundamento en el artículo
42 del Decreto Ley 1792 de 2000, «por declaratoria de vacancia del cargo por
abandono del mismo», de acuerdo con el acta de abandono del servicio y los
informes adelantados en su contra, en los que consta que dejó de asistir sin justa
causa justificada los días 2, 3 y 4 de abril de 2009, habiendo regresado a trabajar el
día 6 de abril del mismo año27.

72. En acta 1249 del 19 de mayo de 2009, el jefe de personal, el ejecutivo y
segundo comandante (Fernando Arturo Rojas Ruiz) y el comandante del Batallón
de ASPC No. 14, con asunto: trata del abandono del cargo del señor Pérez Henao
Jesús Eduardo, panadero del Batallón de ASPC No. 14, de acuerdo con el artículo
42 del Decreto Ley 1792 de 2000, señalaron lo siguiente28:

De acuerdo al informe rendido por el señor capitán Mora Otero Jesús, comandante
de la Compañía de ASPC, el día jueves 02 de abril, viernes 03 de abril y sábado 04
de abril de 2009 el señor AS6 Pérez Henao Jesús Eduardo (…), quien fue nombrado
como panadero, no se presentó a laborar afectando la alimentación de los soldados,
por lo que se intentó ubicar en la casa y telefónicamente siendo imposible su
ubicación; el día domingo 05 de abril el señor sargento viceprimero Herreño González
Frey Rubén, administrador de la tienda del soldado y jefe inmediato del AS6 Pérez
Henao, logró ubicarlo telefónicamente, quien manifestó que no se encontraba en
Puerto Berrío y que haría presentación el día lunes 06 de abril, no dando (sic)
explicaciones de los días dejados de laborar.

El día lunes 06 de abril el señor AS6 Pérez Henao Jesús Eduardo, se presentó a
laborar a las 14:00, sin presentar excusa o informando el motivo de su ausencia, por
el cual (sic) el día 07 de abril de 2009, este comando le pasó oficio en el cual se le
solicita informe escrito, adjuntando soportes que justificaran la ausencia de los días
2, 3, 4 y 6 de abril de 2009, sin que a la fecha de hoy 18 de mayo (sic) el señor
empleado civil, haya rendido citado informe.

Así mismo el día 04 de mayo no asistió a laborar, sin embargo no se le dedujo el
sueldo del mes de abril en espera del pronunciamiento de la oficina de control
disciplinario del Ministerio de Defensa, despacho al cual se ha hecho el trámite de los
respectivos informes.

27 Número de oficio ilegible, visto en Samai, índice 09, expediente digital, archivo
ED_CUADERNO1_22ANEXOS-ANEXOSCONTESTACIÓNDEMANDA(.pdf), pág. 15.
28 Samai, índice 09, expediente digital, archivo ED_CUADERNO1_22ANEXOS-
ANEXOSCONTESTACIÓNDEMANDA(.pdf), pág. 16.

16

Radicación: 05001-23-33-000-2015-02523-01 (1748-2022)
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

• Pruebas testimoniales

73. En audiencia de pruebas celebrada el 25 de abril de 2017, se recibieron los
testimonios de los señores Fernando Arturo Rojas Ruiz y Fredy Arlenson Flórez
Calderón29.

• Fernando Arturo Rojas Ruiz

74. Manifestó que es militar en «uso de buen retiro» como mayor. Sostuvo
respecto a los hechos de la demanda, que para ese momento era el ejecutivo y
segundo comandante del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 14
Cacique Pipatón, encargado de toda la parte administrativa. Señaló que los días 2,
3, 4 y 6 de abril de 2009, el demandante quien era panadero se ausentó de sus
labores. Si bien el sargento viceprimero Herreño lo ubicó un domingo, él dijo que se
presentaría el lunes a laborar, y así lo hizo; pero no dio respuesta o justificación por
la inasistencia, razón por la cual se procedió a informar al Ministerio de Defensa.

75. Ante las preguntas del apoderado de la parte demandada, adujo que la función
de panadero consiste en hacer el pan para el desayuno y la venta en la tienda del
soldado; el único encargado de hacer el pan es el panadero. Indicó que cuando este
se ausenta, se busca la manera de suministrar al personal de soldados desde la
tienda o comprándolo.

76. Sostuvo que el procedimiento a seguir ante la ausencia de las labores es
ubicar al empleado, estableciendo comunicación y lo primero que se le dice es que
explique la razón por la cual faltó esos días al trabajo.

77. Se le puso en conocimiento el acta 1249 del 19 de mayo de 2009 y, en
consecuencia, relató que corresponde al informe del comando del batallón, suscrito
por él, enviado a la oficina de control interno disciplinario del Ministerio de Defensa,
explicando lo sucedido ante la ausencia, y que se le había pedido un informe al
demandante para que manifestara por qué no se había presentado a laborar, pero
aun así no dio respuesta alguna.

78. En cuanto a la comunicación sostenida con el accionante, o el procedimiento
que se adelantó ante su ausencia, señaló que cuando sucedía algo, el comandante,
en este caso, el sargento viceprimero Herreño y el comandante de la compañía, el
sargento viceprimero Frey Flórez, procedían a hacer un requerimiento verbal,
porque no hay ningún proceso disciplinario para pedir informe por escrito, sino que
falta la persona y verbalmente se le pide la justificación de lo sucedido y de ahí se
decide qué hacer al respecto, como por ejemplo, iniciar una investigación. Afirmó
que no le constaba si hubo algo por escrito, pero lo que si sabía es que se le requirió
de forma verbal.

29 Samai, índice 09, expediente digital, archivo ED_CUADERNO1_32AUDIENCIAPRUEBASP(.pdf).

17

Radicación: 05001-23-33-000-2015-02523-01 (1748-2022)
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

79. Respecto a las preguntas de la agente del Ministerio Público, dijo que al
accionante se le pidió un informe por su ausencia, pero no está seguro de la fecha;
sin embargo, él no contestó. Adujo que como se trataba de un civil, quien maneja
todo es la oficina de control disciplinario del Ministerio de Defensa, que se encarga
de definir si incurrió en abandono o no del cargo, o si le impone alguna sanción.
Relató que para efectos de rendir el informe (acta 1249 del 7 de mayo de 2009) que
obra en el expediente, no se contó con la asesoría de un abogado. Manifestó que
no sabía si se practicó alguna prueba en sede administrativa, solo que el accionante
era reincidente en ese tipo de ausencias.

• Fredy Arlenson Flórez Calderón

80. Indicó que es suboficial en «uso de buen retiro» y trabaja en la Cuarta Brigada
del Ejército Nacional. Afirmó que conoce de la inasistencia del accionante a su
trabajo los días 2, 3, 4 y 6 del mes de abril, que fue cuando se hicieron unos
informes, lo que quizás fue lo único que quedó por escrito, porque es cierto que él
solía faltar al trabajo. Para ese momento aclaró que era el suboficial de operaciones
del batallón donde laboraba el demandante como panadero.

81. En cuanto al interrogatorio del apoderado de la parte accionada, adujo que el
accionante en calidad de panadero debía elaborar los panes para el personal del
Cuartel General de la 14 Brigada. Manifestó que cuando el panadero no se
presentaba le tocaba al suboficial de servicios «sacar de su bolsillo» para alimentar
a los soldados. Dijo no tener conocimiento sobre ninguna afección de la salud del
demandante para los días en los que se ausentó.

82. Explicó que el procedimiento ante la inasistencia es informar al jefe inmediato,
«sargento viceprimero Herney Pérez Herreño» y al ejecutivo que es el del área
administrativa del batallón. Indicó que el informe que él realizó (con fecha del 5 de
mayo de 2009) lo hizo porque el día que estuvo de oficial disponible en servicio no
había pan para los soldados. Añadió que posterior a los días 2, 3, 4 y 6 de abril, no
tuvo conocimiento acerca de si el accionante justificó su falta, puesto que no era
subalterno suyo; pero sí recordaba que ese actuar del demandante era recurrente.

83. En relación con las preguntas realizadas por la apoderada del accionante,
sostuvo que no tenía conocimiento sobre si este fue requerido por escrito para
explicar las razones de su ausencia.

84. Ante las inquietudes de la agente del Ministerio Público, relató que se suscribió
un acta, en reunión que promovió el área administrativa, donde se señalaron las
fechas en las que el accionante no asistió al lugar de trabajo, y creía que se le había
requerido por escrito, para que manifestara las razones por las cuales se había
ausentado; pero no sabía si compareció. Dijo que al parecer sí se había adelantado
un proceso disciplinario en contra del demandante; sin embargo, no tenía
conocimiento acerca de la forma en que terminó. Sostuvo que no recordaba si el

18

Radicación: 05001-23-33-000-2015-02523-01 (1748-2022)
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

demandante tuvo la oportunidad de conocer el informe que fue remitido con ocasión
de la vacancia del cargo.

85. Por último, se le mostró el informe suscrito por él de fecha 5 de mayo de 2009,
en el que informó que para la hora del refrigerio de los soldados no había con qué
acompañar el jugo que se les daba; fecha que como manifestó, no corresponde a
las relacionadas para retirar del servicio al accionante, en tanto fue posterior.

3.5. Caso concreto

86. En el asunto bajo análisis, la inconformidad de la parte accionada con la
sentencia de primera instancia consiste en que, según lo alegó, el Ejército Nacional
sí adelantó un proceso sumario previo a la expedición del acto administrativo
acusado, que retiró del servicio al señor Jesús Eduardo Pérez Henao. Señaló que
los informes del 3 y 7 de abril de 2009 que obran en el expediente, acreditan que se
intentó establecer comunicación telefónica con el demandante e incluso fueron a su
casa a buscarlo, pero no fue posible localizarlo y si bien regresó a trabajar, no
justificó su inasistencia durante los días 2, 3, 4 y 6 de abril de 2009.

87. Por otra parte, sostuvo que en el presente asunto operó la prescripción
extintiva de los derechos reclamados, toda vez que la demanda se presentó luego
de transcurridos más de tres años desde la fecha en la que se interpuso el recurso
de apelación contra el acto administrativo que retiró de servicio al accionante.

88. Al respecto, se destaca que el Tribunal accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, y en tal sentido ordenó el reintegro del accionante al
Ejército Nacional y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir dado
el retiro del servicio. Ello, al considerar que los actos acusados se expidieron con
violación de las normas en que debían fundarse y del debido proceso, comoquiera
que la entidad no le dio la oportunidad al demandante de justificar su ausencia
durante los días 2, 3, 4 y 6 de abril de 2009. Añadió que si bien no estaba obligada
a adelantar un proceso disciplinario para ejercer la facultad de retiro del servidor por
abandono del cargo, sí tenía la responsabilidad de informarle que por su inasistencia
al lugar de trabajo se le estaba endilgando el abandono del cargo.

89. Así las cosas, se procederá a resolver los problemas jurídicos propuestos.

3.5.1. El retiro del servicio por abandono del cargo en el caso particular

90. De acuerdo con lo descrito en el acápite de hechos probados de esta
providencia, se tiene que el señor Jesús Eduardo Pérez Henao comenzó a prestar
sus servicios al Ejército Nacional a partir del 22 de mayo de 1995, en el cargo de
auxiliar de servicios 6, ejerciendo la labor de panadero en el Batallón de Apoyo y
Servicios para el Combate No. 14 Cacique Pipatón, ubicado en Puerto Berrío,
Antioquia.

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-02523-01 (1748-2022)
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

91. Dada la ausencia para presentarse a cumplir con sus funciones los días 2, 3 y
4 de abril de 2009 y 6 del mismo mes y año en horas de la mañana —sin que exista
controversia sobre estos hechos en el presente proceso—, la entidad el 7 de julio
de 2009 profirió la Orden Administrativa de Personal 1381, a través de la cual retiró
del servicio al demandante «por declaratoria de vacancia del cargo por abandono».

92. Ahora bien, como se expuso en precedencia, se destaca que la declaratoria
de la vacancia por abandono del cargo no requiere que se adelante de manera
previa una actuación disciplinaria, toda vez que es necesario que el nominador
cuente con esa facultad para designar el reemplazo de aquel servidor que abandonó
sus actividades, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio
público.

93. Por su parte, el Decreto Ley 1792 de 2000, que prevé la causal por la cual se
retiró al accionante, no establece ningún procedimiento administrativo que deba
adelantarse para su aplicación; sin embargo, ello no implica que no deba respetarse
el derecho al debido proceso del afectado, a quien se le deben salvaguardar los
derechos de defensa y contradicción.

94. En el presente asunto se acreditó que el señor Jesús Eduardo Pérez Henao
no asistió a trabajar los días 2, 3 y 4 de abril de 2009 ni en la jornada de la mañana
del día 6 del mismo mes y año. En efecto, los informes rendidos el 3, 5 y 7 de abril
de 2009 por el oficial de servicio, el comandante, y el comandante de compañía del
Batallón de Apoyo y Servicios No. 14 Cacique Pipatón, dan cuenta de ello.

95. En dichos documentos consta que, si bien se procedió a establecer
comunicación telefónica con el demandante los días 2 y 3 de abril, y se le buscó en
su casa, no se obtuvo respuesta de su parte; sino solo hasta el día 5, cuando vía
celular informó que no se encontraba en Puerto Berrío y que se presentaría a laborar
al día siguiente, como sucedió el día 6 de abril, cuando llegó a laborar en horas de
la tarde.

96. A su vez, obra en el expediente el oficio 1399 MD-CE-DIVI7-BR14-BAS14-S1-
53,1 del 9 de mayo de 2009, dirigido al accionante, en el que el comandante del
batallón le manifestó que, como inobservó el oficio del 7 de abril de 2009, en el que
se le había solicitado informe por escrito para que justificara la ausencia al trabajo
los días 2, 3, 4 y 6 de abril, se dio trámite a la Oficina de Control Interno Disciplinario
del Ministerio de Defensa. Sin embargo, llama la atención que al presente proceso
se allegaron los antecedentes administrativos del acto de retiro del servicio y no se
evidencia la existencia del supuesto oficio del 7 de abril de 2009 a través del cual
se requirió al demandante.

97. Al respecto, se considera que el referido documento no acredita la protección
al derecho al debido proceso del accionante, comoquiera que solo se le dio aviso
acerca de que su caso se remitió a la Oficina de Control Interno Disciplinario del
Ministerio de Defensa, sin que se le haya dado en este la oportunidad de justificar
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Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

su ausencia o defenderse ante un eventual retiro del servicio, pues como se ve, la
entidad se limitó a aducir que no se dio respuesta a un supuesto requerimiento, el
cual como ya se dijo no obra en los antecedentes administrativos del acto acusado
allegados al expediente judicial.

98. Sumado a lo anterior, no se advierte que en el oficio se le haya siquiera
insinuado al accionante sobre las posibles consecuencias del trámite que se
adelantaba en su contra, que, en efecto, resultó en el retiro del cargo. Esto significa
que a través del referido oficio el accionante simplemente fue informado sobre un
trámite entre dependencias, sin que pueda interpretarse ello como un aviso sobre
la existencia de un procedimiento que se adelantaba en su contra con el fin de
retirarlo del servicio por abandono del cargo, y que, por tanto, se le estaba dando la
oportunidad de ejercer sus derechos de defensa y contradicción frente al particular.

99. Asimismo, debe tenerse en cuenta que aun cuando el Oficio 1399 MD-CE-
DIVI7-BR14-BAS14-S1-53,1 del 9 de mayo de 2009 fue suscrito por el señor Jesús
Eduardo Pérez Henao, no hay constancia de la fecha en la que lo recibió, por lo que
no se logra demostrar si tuvo conocimiento de este antes de la expedición del acto
administrativo que lo retiró del servicio.

100. Por otro lado, en el trámite de primera instancia, se practicaron los testimonios
de los señores Fernando Arturo Rojas Ruiz y Fredy Arlenson Flórez Calderón,
quienes eran para la época de los hechos, el ejecutivo y segundo comandante y el
oficial de servicio del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 14 Cacique
Pipatón, respectivamente. Tales testimonios no fueron tachados de falsos y en
atención a los criterios generales de valoración probatoria, se acudirá al estudio en
conjunto de las pruebas bajo las reglas de la sana crítica (arts. 24230 y 17631 del
CGP), teniendo en cuenta que el juez debe exponer razonadamente el mérito que
le asigne a cada prueba.

101. En este orden de ideas, se destaca que ambos testigos coincidieron en afirmar
que los días 2, 3, 4 y 6 de abril el señor Jesús Eduardo Pérez Henao no se presentó
a laborar; no obstante, aun cuando suscribieron informes respecto de su
inasistencia al ejercicio de sus funciones como panadero en distintas fechas, no les
constaba que alguien de la entidad le hubiese requerido por escrito para que
justificara su ausencia los días en mención.

102. De acuerdo con el testimonio del señor Fernando Arturo Rojas Ruiz, lo que se
hacía en casos de inasistencia, era tratar de ubicar al empleado para que de manera
verbal explicara las razones por las cuales faltó al trabajo. En cuanto al acta 1249
del 19 de mayo de 2009, suscrita entre otros militares por él —que se relacionó en

30 Artículo 242. Apreciación de los indicios. El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en consideración

su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso.
31 Artículo 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con

las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia
o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
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el acápite de hechos probados relevantes de esta sentencia—, sostuvo que se
emitió para ser enviada a la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de
Defensa, por ser el área competente. De esa manera, fue como se informó que el
señor Pérez Henao había sido requerido telefónicamente y buscado en su casa;
pero solo hasta el día 6 de abril, domingo, contestó y le dijo al «sargento viceprimero
Herreño», que se presentaría en el batallón al otro día. Todo, sin que hubiese
explicado los motivos de su ausencia.

103. A su turno, el señor Fredy Arlenson Flórez Calderón manifestó que el
procedimiento ante la inasistencia es informar al jefe inmediato, que para el caso
del demandante era el «sargento viceprimero Herney Pérez Herreño».

104. En tal sentido, se tiene respecto a las pruebas testimoniales practicadas, que
los declarantes desconocían cualquier tipo de requerimiento al accionante de
manera escrita con ocasión de su inasistencia; no obstante, el señor Rojas Ruiz
sabía que el día 5 de abril el demandante contestó a una llamada y le dijo al
«sargento viceprimero Herreño» que se presentaría a su lugar de trabajo, lo cual
ocurrió. Sobre el particular, no dijo conocer más detalles, por lo que no puede
entenderse que una llamada efectuada dentro de los días de la misma ausencia fue
la oportunidad para poner de presente al accionante la iniciación de un trámite
administrativo por abandono del cargo.

105. En consecuencia, la Sala estima que la entidad recurrente actuó sin garantizar
el derecho al debido proceso del señor Jesús Eduardo Pérez Henao, en tanto no se
logró acreditar con el material probatorio analizado, que le hubiera dado la
oportunidad al demandante de ejercer sus derechos de defensa y contradicción
previo a la expedición del acto administrativo acusado, a través del cual lo retiró del
servicio por abandono del cargo.

106. En punto, se precisa que, aunque en el oficio llamado «memorador», sin
número ni fecha de expedición, el administrador de la panadería instó al accionante
al acatamiento de sus obligaciones, recordándole el horario laboral a partir del 7 de
mayo de 2009, ello tampoco es indicativo de que se haya instado al señor Pérez
Henao para que justificara su ausencia en el mes de abril de 2009.

107. Adicionalmente, si bien se indicó en los informes rendidos por diferentes
militares —mencionados estos en el recurso de apelación—, que se habían
comunicado con el servidor vía celular, lo cierto es que no se puede inferir que a
partir de una conversación telefónica el afectado tuviese conocimiento de que en su
contra se adelantaría un trámite que tendría como consecuencia su retiro del
servicio.

108. En este orden de ideas, las pruebas practicadas no brindan certeza acerca de
la protección al debido proceso del demandante, la cual correspondía acreditar a la
entidad demandada, teniendo en cuenta que fue la encargada de adelantar el
trámite administrativo que finalizó con el retiro del cargo del accionante por la causal
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de abandono del cargo y como tal, era responsable de garantizar que el
procedimiento previo a la expedición del acto que definió el retiro se adelantara con
conocimiento previo del afectado, propendiendo por salvaguardar sus derechos de
defensa y contradicción.

109. Así las cosas, al no haberse respetado el derecho al debido proceso del
demandante en el trámite administrativo de desvinculación, que como se estudió en
el marco normativo jurisprudencial en precedencia, es indispensable garantizar
previa expedición del acto administrativo de retiro del servicio, por la causal de
abandono del cargo, se estima que en principio tiene derecho al reintegro al cargo
que ejercía en el Ejército Nacional y al pago de los salarios y prestaciones dejados
de percibir desde su retiro del servicio. Sin embargo, se procede a estudiar a
continuación, en aras de resolver el segundo problema jurídico propuesto, si se
configuró la prescripción extintiva de dichos derechos, como lo sostuvo la entidad
accionada en la apelación.

3.5.2. De la prescripción del derecho

110. El artículo 129 del Decreto 1214 de 1990, «por el cual se reforma el Estatuto
y el Régimen Prestacional del Personal Civil del Ministerio de Defensa y la Policía
Nacional», prevé la prescripción de los derechos laborales del personal civil del
Ejército Nacional, así:

Artículo 129. Prescripción. El derecho a reclamar las prestaciones sociales
consagradas en este estatuto prescribe a los cuatro (4) años, que se cuentan desde
la fecha en que la respectiva prestación se hace exigible. El reclamo escrito recibido
por entidad competente sobre un derecho o prestación determinada interrumpe la
prescripción, pero solo por un lapso igual.

111. Al respecto, no se desconoce que la norma citada hace referencia solo a la
prescripción de prestaciones sociales, de manera que realizar una lectura exegética
de esta implicaría considerar que los derechos laborales distintos a los
prestacionales no prescriben, por ejemplo, los salarios; lectura que no se estima
correcta.

112. Lo anterior, en tanto nuestro ordenamiento jurídico no excluye los derechos
laborales (que no se limitan a los prestacionales) del fenómeno de la prescripción.
A modo de ejemplo, se tiene que el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y
de la Seguridad Social, señala que:

[…] las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se
contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple
reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un
lapso igual. (Subrayas fuera del texto original).

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113. Igualmente, el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, dispuso que «las
acciones correspondientes a los derechos regulados en este Código prescriben en
tres (3) años (…)». Ambas disposiciones las ha aplicado la Corte Suprema de
Justicia32 al estudiar la prescripción de la acción de reintegro con fuente
convencional.

114.Por consiguiente, tanto el derecho al reintegro como el pago de salarios no
puede ser excluido del término prescriptivo.

115. En este orden de ideas, se tiene que los derechos laborales del personal civil
del Ejército Nacional prescriben en cuatro años contados desde que la respectiva
obligación se haya hecho exigible y tal prescripción se interrumpe, por un lapso
igual, con el simple reclamo escrito del empleado ante la autoridad competente del
reconocimiento del derecho.

116. Vale la pena aclarar que la carga de ejercer las acciones judiciales pertinentes
para consolidar la interrupción del fenómeno de la prescripción no puede
confundirse o equipararse al plazo legalmente establecido para ejercer los medios
de control pertinentes. Esto quiere decir que, aunque el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho puede interponerse en cualquier tiempo respecto del
acto producto del silencio administrativo, como lo señala el literal d) del numeral 1
del artículo 164 del CPACA33, si se pretende mediante el anterior mecanismo evitar
el fenómeno de la prescripción respecto de algunas prestaciones, debe acudirse en
el plazo legalmente previsto para materializar su interrupción, so pena de que
aquella opere por virtud de la ley frente a algunas acreencias.

117. Sobre el particular, se ha pronunciado esta corporación al señalar que «si bien
la ley permite que ante el silencio de la administración no opere la caducidad, es
decir, que no se limite la posibilidad de acudir ante el juez en un término perentorio
para obtener su pronunciamiento sobre la existencia o no de un derecho en cabeza
del interesado, dicha situación no se puede traducir en la inoperancia de la
prescripción, esto es, que el derecho que reclama se pierda por la inactividad del
administrado en el transcurso del tiempo»34.

118. Descendiendo al asunto en concreto, se tiene que el derecho al reintegro y lo
dejado de percibir por el demandante, en el caso particular, se pudo reclamar a
partir del momento en el que quedó en firme la decisión del retiro del servicio,
comoquiera que desde ese instante tuvo certeza sobre su situación laboral.

32 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 8 de junio de 2016 SL7805-206, exp.

38462.
33 «Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando:
[…]
d) Se dirija contra actos producto del silencio administrativo;
[…]».
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de octubre de 2019, exp.

20001233300020140001501 (4447-2016), M.P. William Hernández Gómez.

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119. Al respecto, se observa que la entidad demandada desvinculó al señor Pérez
Henao a través de la Orden Administrativa de Personal 1381 del 7 de julio de 2009.
Contra dicho acto, el afectado interpuso recurso de reposición y en subsidio de
apelación, el 29 de julio de 200935.

120. Ahora bien, para la fecha de presentación de los mencionados recursos se
encontraba vigente el Decreto 01 de 1984 –Código de lo Contencioso Administrativo
(CCA)–, que prevé en su artículo 6036 que se configura el silencio administrativo
negativo cuando transcurrido el término de dos meses contado a partir de la
interposición de los recursos de reposición o apelación, no se hubiese notificado la
decisión sobre estos.

121. Advertido lo anterior, se destaca que la parte accionante en el escrito de la
demanda afirmó que para ese momento –30 de noviembre de 201537–, no le había
sido comunicada la resolución de los recursos interpuestos. Así las cosas, como
pasaron más de dos meses desde la interposición de estos – el 29 de julio de 2009–
sin que se advierta su resolución de forma expresa, se considera que el 29 de
septiembre de 2009 se configuró el silencio administrativo negativo, en los términos
del CCA y, en consecuencia, la decisión de retiro del servicio del accionante quedó
en firme, al día siguiente, es decir, el 30 de septiembre de 2009 –artículo 62 del
CCA38–.

122. En este orden de ideas, el término de prescripción de cuatro años con que
contaba el demandante para reclamar sus derechos al reintegro al cargo y el pago
de los salarios y prestaciones dejados de percibir dada la desvinculación del servicio
vencía el 30 de septiembre de 2013; no obstante, como la demanda se presentó
hasta el 30 de noviembre de 2015, es decir, luego de fenecido el plazo concedido
por la ley para reclamar, se considera que operó la prescripción extintiva de los
derechos reclamados.

123. Por consiguiente, se declarará probada la excepción de prescripción extintiva
de los derechos invocados y, en consecuencia, habrá lugar a revocar la sentencia
de primera instancia.

35 Samai, índice 09, expediente digital, archivo ED_CUADERNO1_02ANEXOSDEMANDA(.pdf), págs. 3 a 12.
36 Artículo 60. Modificado por el art. 7, Decreto Nacional 2304 de 1989 Transcurrido un plazo de dos (2) meses

contado a partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión
expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa.
El plazo mencionado se interrumpirá mientras dure la práctica de pruebas.
La ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en el inciso 1º no exime a la autoridad de
responsabilidad; ni le impide resolver mientras no se haya acudido ante la jurisdicción en lo contencioso
administrativo.
37 Fecha en que se presentó la demanda, según obra en Samai, índice 09, expediente digital, archivo

ED_CUADERNO1_01DEMANDA(.pdf), pág. 25.
38 Artículo 62.Los actos administrativos quedarán en firme:

[…]
2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.
[…].
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3.6. Conclusión de la decisión

124. Se confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, en cuanto se
comparte la decisión de nulidad de los actos administrativos acusados. No obstante,
se revoca el restablecimiento del derecho ordenado, toda vez que operó la
prescripción extintiva de los derechos reclamados por el accionante, con
fundamento en el artículo 129 del Decreto 1214 de 1990, aplicable al caso.

3.7. Costas

125. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 39 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, el 13 de septiembre de 2021, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones
expuestas en este proveído.

Segundo. Revocar los numerales segundo, tercero y cuarto de la sentencia
impugnada, y en su lugar:

39 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-02523-01 (1748-2022)
Demandante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

Declarar probada la excepción de prescripción extintiva de los derechos
reclamados por el señor Jesús Eduardo Pérez Henao, de acuerdo con lo
expuesto en precedencia.

Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.

Cuarto. Reconocer personería a la abogada Luz Edith Quintero Giraldo, identificada
con la cédula de ciudadanía 43.272.272, portadora de la tarjeta profesional 164.653
del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderada de la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, en los términos del poder conferido que obra a
índices 13 y 14 de Samai.

Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Salva voto

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Aclara voto

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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