Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05091-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05091-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-05091-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05091-01
Accionante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Niega amparo
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 30 de julio de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, mediante la cual se negó la solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 1 de julio de 2026, el señor Jesús Eduardo Pérez Henao, a través de apoderada
judicial, instauró acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales
al debido proceso, trabajo, estabilidad laboral, acceso a la administración de justicia,
tutela judicial efectiva, igualdad, y mínimo vital1.
2. Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia del 5 de marzo de 2026, proferida
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2 promovido contra la Nación
– Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a fin de que se declarara la nulidad de
la orden administrativa de personal 1381 del 7 de julio de 2009, mediante la cual fue
retirado del servicio por abandono del cargo, así como del acto ficto negativo
configurado ante la falta de respuesta a los recursos de reposición y apelación
interpuestos contra la decisión anterior.
3. El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió al Tribunal
Administrativo de Antioquia que, en sentencia del 13 de septiembre de 2021, accedió
parcialmente a las pretensiones, al considerar que el retiro del señor Pérez Henao
desconoció sus derechos de defensa y contradicción. Expuso que, aunque se probó
su inasistencia durante varios días y que no era necesario adelantar un
procedimiento disciplinario, la causal de despido invocada no operaba
1 También se invocó la protección a los principios de favorabilidad pensional y prevalencia del derecho sustancial.
2 Radicación: 05001-23-33-000-2015-02523-01
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05091-01
Accionante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
automáticamente y era necesario brindarle la oportunidad de justificar su ausencia.
No obstante, no se demostró que hubiera conocido oportunamente los informes y el
requerimiento formulados en su contra, así como tampoco que hubiera sido
informado sobre la actuación administrativa que podía culminar con su
desvinculación.
4. Dicha decisión fue parcialmente confirmada por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, a través del fallo dictado el 5 de marzo de 2026. La
autoridad judicial estimó que, si bien se probó la vulneración al debido proceso del
accionante, era necesario revocar el restablecimiento del derecho ordenado -
reintegro y pago de salarios y demás prestaciones sociales hasta su efectiva
vinculación, sin solución de continuidad-, al haber operado la prescripción extintiva
de los derechos reclamados, con fundamento en el artículo 129 del Decreto 1214 de
1990.
5. La parte accionante sostuvo que la decisión judicial cuestionada incurrió en
defecto sustantivo al extender al derecho al reintegro la regla de prescripción
cuatrienal prevista en el artículo 129 del Decreto 1214 de 1990 para reclamar
prestaciones sociales y salarios. Para ello, efectuó una interpretación analógica
carente de soporte legal, lo que derivó en la imposición de una consecuencia jurídica
adversa al demandante no prevista por el legislador, además de desconocer el
principio de favorabilidad laboral consagrado en el artículo 53 de la Constitución.
6. Alegó que el entendimiento normativo adoptado por el Consejo de Estado omitió
tener en cuenta que la reincorporación laboral no constituye una prestación social,
sino la consecuencia jurídica principal de la anulación del acto de desvinculación
declarado nulo, mientras que los salarios y demás emolumentos sociales dejados de
percibir son efectos económicos accesorios que no sustituyen el derecho a recuperar
la relación laboral indebidamente terminada.
7. De otro lado, manifestó que la autoridad judicial incurrió en violación directa de
la Constitución al desconocer sus artículos 53 y 228, los cuales le imponían el deber
de escoger la interpretación más favorable para el trabajador, ante la duda sobre si
la prescripción de prestaciones sociales podía hacerse extensiva al derecho al
reintegro. Por el contrario, se hizo una lectura regresiva, restrictiva y
desproporcionada del artículo 129 del Decreto 1214 de 2019 que sacrificó la
reparación a la que tenía el actor al haberse declarado que la entidad demandada
vulneró su derecho fundamental al debido proceso.
8. Seguidamente, alegó el desconocimiento del precedente constitucional que
condiciona el retiro por abandono del cargo a la garantía previa del derecho de
defensa. Explicó que, conforme a esa regla, la administración debe comunicar al
interesado la actuación y su objeto, así como permitirle aportar y controvertir pruebas
antes de disponer su desvinculación.
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Accionante: Jesús Eduardo Pérez Henao
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
9. Sostuvo que, aunque la autoridad judicial reconoció esa regla y constató la
vulneración del debido proceso, restó toda eficacia al precedente al declarar prescrita
la totalidad del restablecimiento del derecho ordenado en primera instancia. Esto,
porque lo dispuesto por la Corte Constitucional no tiene una finalidad meramente
declarativa, sino que exige una reparación real, proporcional y efectiva del retiro
ilegítimo, salvo que exista una disposición legal que impida determinado
reconocimiento, limitación que afirmó inexistente respecto del reintegro solicitado.
10. También manifestó que la sentencia objeto de tutela carece de motivación para
declarar la prescripción del derecho al reintegro, pese a la nulidad del acto de retiro.
En su criterio, el Consejo de Estado omitió identificar una norma del régimen especial
del personal civil del Ministerio de Defensa que estableciera la extinción de esa
prerrogativa por el paso del tiempo, ni explicó por qué una regla que aplica solo para
reclamar el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales podía
extenderse al restablecimiento de la relación laboral. Tampoco justificó la aplicación
los criterios adoptados por la Corte Suprema de Justicia sobre reintegro convencional
a un caso de empleo público sometido a un régimen legal diferente.
11.Además, cuestionó que para sustentar la aplicación extensiva de la prescripción,
se haya citado lo dispuesto en los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y de
la Seguridad Social y 488 del Código Sustantivo del Trabajo, en razón a que son
normas que regulan acciones y/o derechos laborales diferentes y no habilitan
expresamente para extinguir, por analogía, el reintegro de un empleado público
retirado mediante acto administrativo nulo. Igualmente, reprochó que la premisa
general según la cual los derechos laborales no son imprescriptibles resultaba
insuficiente para concluir que el reintegro estaba sujeto a un término prescriptivo,
acorde al régimen especial aplicable al señor Pérez.
12.Acorde a lo anterior, alegó que si el juez ordinario consideraba que algunas
acreencias económicas estaban afectadas por la prescripción, debió analizarlo
separadamente, mes a mes y rubro por rubro, sin sacrificar el derecho a volver a
vincularse laboralmente. A su juicio, el fallo del Consejo de Estado produjo un
incentivo indebido, pues permite que el Estado retire a servidores públicos sin
garantizar el debido proceso ni resolver los recursos interpuestos oportunamente, y
luego invocar el trascurso del tiempo para evitar su reincorporación.
B. Sentencia de primera instancia
13. Mediante sentencia del 30 de julio de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado negó el amparo, tras considerar que no se configuraron los defectos
alegados. Señaló que la decisión de declarar prescritas las pretensiones de reintegro
y de reconocimiento de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir no
obedeció a una actuación arbitraria o caprichosa, sino al ejercicio interpretativo que
corresponde al juez. En concreto, no realizó una lectura literal del artículo 129 del
Decreto 1214 de 1990 para concluir que únicamente prescribían las prestaciones
sociales, sino que acudió a una interpretación sistemática de dicha disposición junto
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con los artículos 151 del CPT y 488 del CST, para concluir que las pretensiones
laborales reclamadas también estaban sujetas al fenómeno de la prescripción.
14. Descartó la trasgresión al principio de favorabilidad pues la autoridad judicial
conservó la aplicación del término especial de cuatro años previsto en el régimen
especial aplicable al actor, el cual resultaba más amplio que el término general
previsto en las normas del derecho laboral general. De igual manera, se descartó el
defecto por desconocimiento del precedente constitucional, dado que el actor no
identificó concretamente las decisiones que no se aplicaron y, en todo caso, estimó
que el Consejo de Estado sí acogió el precedente constitucional relativo a la garantía
del debido proceso en los eventos de retiro del servicio por abandono del cargo,
concluyendo de este que la anulación del acto administrativo que dispuso su
desvinculación no impedía examinar si las pretensiones de restablecimiento del
derecho se encontraban afectadas por el fenómeno de la prescripción.
15.Finalmente, concluyó que la decisión cuestionada era compatible con los fines
constitucionales que persigue la institución de la prescripción, descritos en la
sentencia C-412 de 1997 y que son garantizar la seguridad jurídica y evitar que los
conflictos permanezcan indefinidamente abiertos.
C. Impugnación
16. La parte accionante alegó que el juez de primera instancia no respondió al
problema constitucional formulado, pues entendió erróneamente que pretendía
defender la imprescriptibilidad de toda acreencia laboral o que el juez de tutela
escogiera otra interpretación del artículo 129 del Decreto 1214 de 1990. Aclaró que
lo realmente cuestionado era la posibilidad de extender el término de prescripción
cuatrienal al derecho de reintegro, ante la ausencia de una norma que así lo
dispusiera, en aplicación de disposiciones de otros regímenes y la inobservancia de
los artículos 4, 29, 53, 228 y 229 de la Constitución
17. Expuso que el fallo es contradictorio porque si bien reconoció que el asunto tiene
relevancia constitucional, al resolver de fondo concluyó que la decisión objeto de
tutela no los vulneró.
18.En lo referente al defecto sustantivo mencionó que, fue indebidamente estudiado,
pues se pasó por alto que, si bien el fallo cuestionado se reconoció expresamente
que el artículo 129 del Decreto 1214 de 2009 se refiere únicamente a prestaciones
sociales y salarios, consideró erróneo aplicar literalmente la norma, pues con ello, se
dejarían otros derechos laborales desprovistos de un término de prescripción. Con
ello, la autoridad judicial construyó una nueva regla no prevista por el legislador para
someter también ese derecho al término cuatrienal. Añadió que, la compatibilidad de
esa interpretación normativa con la finalidad general de la prescripción
(mantenimiento de la seguridad jurídica), no bastaba para considerarla ajustada a
derecho. Además, la falta de norma expresa en el régimen especial aplicable al actor,
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Accionante: Jesús Eduardo Pérez Henao
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sobre la prescripción del derecho al reintegro, no se podía equiparar con una laguna
norma que requiriera ser suplida vía jurisprudencial.
19. A su turno, enfatizó en que no se advirtió la indebida aplicación de los artículos
488 del CST y 151 del CPT, pues son normas que regulan otro tipo de relaciones
laborales. En consecuencia, puso en duda que el Consejo de Estado hubiera
efectuado un verdadero análisis sistemático, pues se limitó a citar y aplicar tres
artículos de distintos regímenes a fin de sustentar la regla que quería implementar,
pasando por alto normas que sí regían el caso.
20. Respecto al desconocimiento del precedente constitucional esgrimió que las
sentencias SU-556 de 2014, SU-053 y SU-054 de 2015, aunque se refieren a
empleados “provisionales desvinculados sin motivación” distinguieron el reintegro del
pago de salarios y prestaciones sociales, en casos en que era procedente mantener
la nulidad y el reintegro, modulando mediante límites y descuentos las
consecuencias económicas del indebido actuar de la administración.
21. Por demás, insistió en lo alegado en la tutela sobre que se trasladó al caso, sin la
debida justificación, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la
prescripción de las acciones de reintegro con fuente convencional, y se desconoció
el principio de favorabilidad.
22. Finalmente, cuestionó que en el fallo impugnado se hubiera reproducido el
razonamiento de la providencia cuestionada, sin examinar su contenido, a la luz de
los reproches de la demandante. Esto, porque no era suficiente con mencionar que
la interpretación normativa adoptada por el Consejo de Estado se adoptó en el marco
de su autonomía e independencia, pues incluso tales garantías se encuentran
limitados por el marco constitucional.
II. CONSIDERACIONES
D. Competencia
23. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
E. Análisis del caso concreto
24.La Sala coincide con el a quo en que la acción de tutela cumple los requisitos
generales de procedencia, en la medida en que (i) el asunto reviste de relevancia
constitucional, dado que los reproches planteados podrían afectar las garantías
superiores de debido proceso, acceso a la administración de justicia, trabajo y tutela
judicial efectiva, pues se dirigen a cuestionar la interpretación judicial que sometió al
término de prescripción trienal consagrado en el artículo 129 del Decreto 1214 de
1990 el derecho al reintegro derivado de la nulidad del acto de retiro; (ii) se supera
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Accionante: Jesús Eduardo Pérez Henao
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
el presupuesto de subsidiariedad, pues contra la decisión objeto de reproche no
procede otro mecanismo judicial, toda vez que fue dictada en segunda instancia y
se encuentra ejecutoriada; (iii) la tutela se instauró el 1 de julio de 2026, es decir,
dentro de un plazo razonable después de la notificación del fallo acusado3: (iv) se
identificaron los hechos que ocasionaron la vulneración constitucional alegada, así
como las prerrogativas superiores que presuntamente resultaron afectadas; y (v) no
se controvierte una sentencia emitida dentro de un trámite de tutela o alguna otra
providencia frente a las cuales esta acción constitucional es absolutamente
improcedente.
25.En cuanto al fondo del asunto, la Subsección confirmará el fallo impugnado que
negó el amparo deprecado, ante la ausencia de vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
26.En primer lugar, la parte actora alegó que la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo por hacer extensiva la regla de
prescripción trienal consagrada en el artículo 129 del Decreto 1214 de 1990,
confundiendo el derecho al reintegro laboral con las demás prestaciones sociales.
Además, cuestionó que se hubiera sustentado dicha interpretación judicial, dando
aplicación a lo dispuesto en los artículos 151 del CPT y 488 del CST.
27. Revisada la sentencia objeto de tutela, la Sala constató que la autoridad judicial
accionada no afirmó que el reintegro fuera una prestación social ni lo equiparó al
salario y las demás acreencias económicas derivadas de la relación laboral. Su
análisis se orientó a resolver si, en razón a la naturaleza diferenciada de esos
derechos, era razonable otorgarles un término prescriptivo distinto y, más
específicamente, si la reincorporación laboral podría solicitarse de manera
indefinida, ante la ausencia de reglas sobre el plazo máximo para reclamarla en sede
judicial.
28. A fin de dilucidar dichos interrogantes, la Subsección demandada reiteró que el
Ejército Nacional actuó sin garantizar el debido proceso del señor Jesús Pérez, al
disponer su retiro por abandono del cargo sin brincarle la oportunidad de ejercer
previamente sus derechos de defensa y contradicción. En consecuencia, pasó a
analizar si habían prescrito los derechos del accionante tanto al reintegro como al
reconocimiento y pago de los salarios y demás prestaciones sociales dejadas de
percibir por su retiro del cargo.
29.Al respecto, se remitió al contenido literal del artículo 129 del Decreto 1214 de
1990, según el cual el derecho a reclamar las prestaciones sociales consagradas en
el régimen especial del personal civil del Ministerio de Defensa prescribe en cuatro
años, contados desde que la respectiva prestación se hace exigible.
3 Se notificó el 13 de marzo de 2026, mediante correo electrónico, por lo que se entiende notificada a los dos (2)
días siguientes, esto es, el 17 de marzo del año en curso, conforme al artículo 205 (numeral 2 del CPACA)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05091-01
Accionante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
30. Sobre el particular, el Consejo de Estado reconoció que ese precepto legal se
refiere expresamente a las prestaciones sociales, no obstante, una lectura exegética
de su contenido, conduciría a concluir que los demás derechos derivados de la
relación laboral, distintos a los prestacionales, eran imprescriptibles, interpretación
que “no se estima correcta”.
31. Como sustento de ello, explicó que en el ordenamiento jurídico no se excluyeron
los derechos laborales del fenómeno de la prescripción. A modo de ejemplo, citó los
artículos 151 del CPT y 488 del CST que consagran la prescripción trienal de las
acciones derivadas de las leyes sociales y de los derechos regulados en ese
régimen general laboral. Disposiciones que han sido aplicadas por la Corte Suprema
de Justicia al estudiar la prescripción de la acción de reintegro con fuente
convencional4.
32. Acorde a ello, concluyó que los derechos laborales del personal civil del Ejército
Nacional prescriben en cuatro años contados desde que la respectiva obligación se
haya hecho exigible, según lo previsto en el artículo 192 del 1214 de 1990, término
que se puede interrumpir, con la presentación del reclamo escrito ante la autoridad.
33. Seguidamente, distinguió entre el término para ejercer el medio de control y el de
prescripción, en razón a que la carga de ejercer las acciones judiciales pertinentes
para consolidar la interrupción del fenómeno de la prescripción no podía confundirse
o equipararse al plazo establecido para ejercer los medios de control pertinentes.
Así, explicó que, aunque la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
podía interponerse en cualquier tiempo respecto del acto producto del silencio
administrativo, como lo señala el literal d) del numeral 1 del artículo 164 del CPACA,
si lo pretendido por el demandante mediante dicho mecanismo judicial era evitar el
fenómeno de la prescripción respecto de algunas prestaciones, debía acudir en el
plazo legalmente previsto para materializar su interrupción, so pena de que aquella
operara por virtud de la ley, respecto de algunas acreencias.
34. Como sustento de lo anterior, hizo mención a una sentencia proferida por el
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, según la cual, si bien la ley
permitía que ante el silencio de la administración no operara la caducidad, dicha
situación no podía traducirse en la inoperancia de la prescripción, esto es, que el
derecho reclamado se perdiera por la inactividad del administrado por el transcurso
del tiempo.
35.Es así como determinó que el señor Pérez debió reclamar el derecho al reintegro
y el de recibir lo dejado de percibir, desde el momento en el que quedó en firme la
decisión del retiro del servicio, comoquiera que desde ese instante se entendía que
tuvo certeza sobre su situación laboral. Al respecto, la autoridad judicial constató
que la entidad demandada lo desvinculó mediante orden administrativa de personal
4 Cita original: “Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 8 de junio de 2016 SL7805-
206, exp. 38462.”
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05091-01
Accionante: Jesús Eduardo Pérez Henao
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
1381 expedida el 7 de julio de 2009, contra la cual -el 29 de julio siguiente- interpuso
recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.
36. Precisó que para la fecha de presentación de los referidos recursos, se
encontraba vigente el Decreto 01 de 1984 (CCA), cuyo artículo 60 preveía que el
silencio administrativo negativo se configuraba cuando trascurrían dos meses
contados a partir de la interposición de los recursos, sin haberse notificado la
decisión sobre estos. En consecuencia, estableció que aquel operó el 29 de
septiembre de 2009 y que el acto de retiro quedó en firme al día siguiente, esto es,
el 30 de septiembre de esa anualidad (art. 62 del CCA).
37. Conforme a ello, concluyó que el término de prescripción de cuatro años con que
contaba el demandante para reclamar sus derechos al reintegro al cargo y el pago
de los salarios y prestaciones sociales vencía el 30 de septiembre de 2013; pero, al
haberse presentado la demanda hasta el 20 de noviembre de 2015, declaró
configurada la prescripción extintiva respecto de esas prerrogativas.
38. A partir de lo expuesto, la Sala considera que el defecto sustantivo alegado no se
configuró en el fallo objeto de tutela. Está acreditado que la autoridad judicial
demandada no confundió el reintegro laboral con una prestación social o de carácter
salarial. Por el contrario, reconoció expresamente la diferencia existente entre
ambas prerrogativas y que el artículo 129 del Decreto 1214 de 1990 regulaba solo
la prescripción del reclamo de las prestaciones sociales. Es así como, se advierte
que la cuestión que resolvió la Subsección accionada consistió en determinar si la
distinción natural de esos derechos imponía excluir el reintegro del término de
prescripción cuatrienal.
39. Consideró que una lectura literal de la norma en comento implicaría sostener que
los demás derechos laborales, que no estuvieran mencionados en ella, podrían
reclamarse indefinidamente. Así, pasó a analizar el artículo 129 ejusdem con lo
dispuesto en las reglas generales de prescripción en material laboral, previstas en
los artículos 151 del CPT y 488 del CST, así como con la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia sobre el plazo extintivo del reintegro de origen convencional.
40. Este razonamiento denota que, a diferencia de lo alegado por el actor, las normas
laborales generales no se aplicaron directamente, desconociéndose que su relación
con el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional estaba sometida a otro régimen
especial. En el fallo cuestionado es evidente que se acudió a esas disposiciones
legales como referente para evidenciar que los derechos laborales sean económicos
o no, son prescriptibles, incluyendo el reintegro.
41.Acorde a ello, consideró pertinente aplicar al señor Pérez el termino cuatrienal
establecido en el artículo 129 del Decreto 1214 de 1990, correspondiente al régimen
especial del personal civil del Ministerio de Defensa, en lugar del plazo trienal
contemplado en las disposiciones laborales ordinarias. Es decir, no trasladó
automáticamente al caso particular, normas externas al régimen especial, sino que
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las mencionó para definir el alcance temporal de los derechos que reclamaba el
actor a partir de lo establecido en la normatividad especial, utilizando los otros
referentes normativos como simples reglas de apoyo interpretativo.
42. En atención a esto, es claro para la Sala que en la providencia no era necesario
hacer mención a lo dispuesto en el artículo 4 del CST que establece la diferencia de
regímenes legales respecto de las relaciones laborales convencionales y aquellas
sostenidas con el Estado, pues se reitera que el Consejo de Estado no desconoció
dicha diferenciación.
43. De esta forma, tampoco encuentra sustento alguno lo alegado en el escrito de
impugnación respecto al defecto sustantivo. Tal como se acaba de exponer, la Sala
de decisión demandada hizo una interpretación normativa sistemática, en la que
tomó como referencia las normas que regulan la generalidad de los vínculos
laborales, extrapolando razonablemente lo allí dispuesto en materia de plazos
extintivos para reclamar acreencias laborales de cualquier índole. Haciendo
mención, además, a la jurisprudencia proferida sobre dichas normas por el máximo
tribunal de la jurisdicción ordinaria.
44. No es cierto que se haya omitido exponer la razón por la cual lo dicho por la Corte
Suprema de Justicia debía ser aplicado al caso concreto. Del recuento de la
sentencia cuestionada es evidente que la Sala expuso que lo decidido por esa
corporación judicial se tenía en cuenta para sustentar su conclusión de que el
reintegro laboral es una prerrogativa sujeta a prescripción, incluso, en las relaciones
laborales ordinarias.
45. De otro lado, se precisa que en la providencia también se explicó que debía
diferenciarse la posibilidad de demandar en cualquier tiempo la legalidad de un acto
ficto producto del silencio negativo de la administración, del tiempo con que se
contaba para evitar la extinción de los derechos laborales que se pretendieran
reclamar.
46.Según lo expuesto, no se advierte que la autoridad judicial haya creado una
consecuencia jurídica sin respaldo jurídico o extendido una regla restrictiva de forma
arbitraria. Lo que hizo fue definir el alcance del régimen aplicable mediante una
interpretación sistemática, apoyada en normas y jurisprudencia relacionadas con el
problema bajo su análisis.
47. Adicional a todo lo anterior, no puede perderse de vista que la Sección Segunda
del Consejo de Estado es el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso-
administrativa, por lo que, actuando en dicha calidad, tiene potestad para determinar
el alcance y sentido de las disposiciones legales que gobiernan las relaciones
laborales de los ciudadanos con la Administración. Aunque sus decisiones no están
exentas de control constitucional, este no permite sustituir la lectura que
razonablemente hagan del ordenamiento jurídico, por otra que el juez de tutela
considere más acertada o favorable.
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Accionante: Jesús Eduardo Pérez Henao
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
48. Es así como se concluye que, independientemente de la inconformidad del
tutelante con el alcance que se le atribuyó al artículo 129 del Decreto 1214 de 1990,
la interpretación cuestionada fue explícita, sistemática y sustentada jurídicamente,
por lo cual no se considera configurado el defecto sustantivo.
49. Las mismas razones permiten descartar la alegada falta de motivación de la
sentencia dictada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Así como el desconocimiento del precedente constitucional relativo al retiro por
abandono del cargo. El actor omitió señalar en el escrito de tutela las sentencias que
fueron expresamente desconocidas, omisión que intentó subsanar al presentar la
impugnación contra la decisión de primera instancia en el presente asunto, citando
las sentencias SU-556 de 2014, SU-053 y SU-054 de 2015.
50. Sobre estas providencias, se advierte que el mismo demandante expone que no
se pueden considerar como precedentes en el presente asunto dada sus diferencias
fácticas, conclusión que comparte la Sala. Además, pedir la aplicación de lo
expuesto en esos fallos de unificación denota la incoherencia en lo alegado por el
actor, pues reprocha en los múltiples defectos alegados la aplicación de normas
propias del régimen laboral ordinario al caso concreto, pero pide, en lo que le
conviene para sustentar la interpretación normativa que pretende hacer valer, los
lineamentos jurisprudenciales dados por la Corte Constitucional sobre contratos de
origen convencional.
51. En todo caso, se advierte que, la regla invocada por el demandante como
inobservada, exige que antes de disponer la desvinculación definitiva del trabajador,
la entidad estatal le informe la actuación adelantada en su contra y le permita ejercer
sus derechos de defensa y contradicción. La Subsección B no pasó por alto esa
regla, pues la identificó expresamente en el cuerpo de la sentencia y, acorde a ella,
confirmó la decisión del a quo respecto a que el Ejército Nacional había vulnerado
el derecho al debido proceso del señor Pérez Henao al desvincularlo sin brindarle la
oportunidad de explicar las razones de su inasistencia a trabajar.
52. De igual manera, no se acreditó la violación directa de la Constitución fundada en
el desconocimiento del principio de favorabilidad. A diferencia del alcance que
pretende dársele a esta prerrogativa, no implica para los jueces que en todos los
casos deban adoptar la interpretación más favorable para el trabajador, pues esta
opera ante una duda seria sobre el alcance de la norma aplicable o ante la existencia
de diferentes normas que regulan el mismo supuesto.
53.En este caso, la Sala considera que la autoridad judicial demandada no advirtió
dos reglas aplicables a la situación del señor Jesús Eduardo, entre las que debiera
escoger la más beneficiosa. El Consejo de Estado advirtió que el caso ameritaba
definir el alcance de la prescripción cuatrienal consagrada en el artículo 129 del
Decreto 1214 de 1990 sobre el derecho al reintegro.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05091-01
Accionante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
54. Finalmente, se descarta el alegato referente a que el juez de tutela de primera
instancia aplicó indebidamente lo dispuesto en la sentencia C-412 de 1997,
avalando que, en razón a la finalidad perseguida con la prescripción, esto es, la
preservación de la seguridad jurídica, se permita a los jueces, violar la reserva legal
y disponer reglas injustificadas sobre la extinción de derechos laborales,
especialmente el de reintegro, en escenarios en los que se declaró la nulidad del
acto de desvinculación. El a quo no dio ese alcance al referido precedente, pues
hizo mención a este para dar a entender que la Corte Constitucional ha avalado que
la prescripción de los derechos laborales responde a fines constitucionales válidos,
como lo es evitar la permanencia de conflictos judiciales abiertos indefinidamente.
55.Así las cosas, las inconformidades de la tutelante no demuestran afectación
constitucional alguna que acredite algún yerro de índole constitucional que implique
vulneración de derechos fundamentales.
56.En ese orden de ideas, se impone a esta Subsección confirmar la decisión de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado y negar el amparo.
57. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 30 de julio de 2026 por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
5 VF
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05091-01
Accionante: Jesús Eduardo Pérez Henao
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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