Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2020-00045-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2020-00045-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2020-00045-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Veintidós (22) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 52001-23-33-000-2020-00045-01 (1257-2024)1
Demandante : Ingrid Lucía Ortiz Cabezas
Demandada : E.S.E Centro de Salud Santa Barbara Iscuandé
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reconocimiento y pago de emolumentos laborales
dejados de percibir.
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala de Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del Catorce (14) de julio del Dos Mil Veintitrés
(2023), proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones
de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda2
1.1.1 Pretensiones
1. La señora Ingrid Lucía Ortíz Cabezas, acudió a la jurisdicción en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), para solicitar la nulidad del acto ficto o presunto negativo que surgió ante
la no respuesta a la petición incoada el 26 de abril de 2013.
2. A título de restablecimiento del derecho la parte actora solicitó se ordene el
reconocimiento de i) una vinculación legal y reglamentaria con La Empresa Social
1
Expediente electrónico.
2
Samai Tribunal Administrativo de Nariño – índice 00010.
2
Radicación: 52001233300020200004501 (1257-2024)
Demandante: Ingrid Lucía Ortiz Cabezas.
Demandada: E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara Iscuandé.
del Estado – Centro de Salud Santa Barbara del Municipio de Iscuandé, en el cargo
de subgerente administrativo, entre el 25 de febrero de 2009 y el 18 de agosto de
2012, ii) que se reconozca y pague las prestaciones sociales que referencia así:
cesantías, intereses a las cesantías, concepto de vacaciones, prima de navidad,
sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías, prima de vacaciones,
indemnización de vacaciones; iii) el reconocimiento de perjuicios morales y daños
materiales, iv) el pago de las indexaciones a que haya lugar, v) se condene en
costas a la parte demandada.
1.1.2 Hechos
3. Relató que, la señora Ingrid Lucía Ortiz Cabezas inició a trabajar en la Empresa
Social del Estado – Centro de Salud Santa Barbara Iscuandé el 26 de febrero de
2009, en el cargo de subgerente administrativa devengando un sueldo de
$1.800.000, hasta el 31 de diciembre de 2011; el cual fue incrementado a partir de
enero del año 2012, devengando un sueldo de $2.055.274.
4. Que el día 18 de agosto de 2012 la demandante renunció al cargo que venía
ocupando. Explicó que la renuncia fue enviada a la Representante Legal de la
E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara Iscuandé a través de correo electrónico que
arrojó constancia de recibido, además, se aportó declaración juramentada por la
parte demandante.
5. Manifestó que la demandada sólo ha pagado las prestaciones sociales del tiempo
comprendido entre el 25 de febrero de 2009, hasta el 31 de diciembre de 2011.
6. Que de forma verbal y por medio de correos electrónicos, solicitó el pago de las
prestaciones sociales del tiempo comprendido entre el 1º de enero al 18 de agosto
de 2012, sin embargo, la entidad no contestó y no realizó el pago.
7. Indicó que, el 26 de abril de 2013, con recibido del 15 de mayo de la misma
calenda, remitió petición a través del servicio 472 radicado No. RN 01077272400,
solicitando el pago de las prestaciones sociales debidas, esto es: Cesantías,
intereses a las cesantías, vacaciones, primas de navidad, indemnización por el no
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Radicación: 52001233300020200004501 (1257-2024)
Demandante: Ingrid Lucía Ortiz Cabezas.
Demandada: E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara Iscuandé.
pago oportuno de las cesantías, prima de vacaciones, indemnización de
vacaciones; pero la entidad guardó silencio frente a su requerimiento.
8. Que el día 25 de abril de 2014 con el fin de agotar el requisito de procedibilidad,
presentó ante la Procuraduría Regional de Nariño la solicitud de conciliación
extrajudicial. Diligencia que se realizó el 17 de julio de 2014 declarándose fallida por
falta de ánimo conciliatorio.
9. Manifestó que, en varias oportunidades se ha dirigido a la entidad solicitando el
pago de las prestaciones adeudadas, siendo una última petición la presentada el 5
de mayo de 2017.
1.1.3 Normas violadas y concepto de violación
10. Como normas violadas en la sentencia se citaron las siguientes:
11. Artículo 8 y 11 del Decreto-Ley 3135; artículo 28, 33, 37 del Decreto Ley 3118
de 1968, artículo 1 de la Ley 244 de 1995 frente a la mora en el pago de las
cesantías; artículos 2341 y 2343 del Código Civil; y los artículos 26, 90, 137 numeral
1, 164, 171, 165, 162, 166, y demás normas concordantes.
12. Como concepto de violación expuso que, se violaron las normas referidas en
tanto, no se otorgó la prima de navidad a la que tiene derecho por desempeñarse
como empleada pública, así mismo, el pago de las vacaciones, y los demás
emolumentos que reclama por ser vinculada al servicio público a través de
resolución.
13. Que conforme a la renuncia del 18 de agosto de 2012 y dado que no se pagaron
las prestaciones sociales, hay lugar al reconocimiento de la sanción moratoria
1.2. Contestación de la demanda
14. A través de constancia secretarial del 14 de diciembre de 2020, se informa que
la entidad demandada, no contestó la demanda.3
3
Samai Tribunal Administrativo de Nariño – índice 00010, archivo 14. A DESPACHO CON INFORME SECRETARIAL.pdf.
3
Expediente digital. Samai índice 11 – Tribunal Administrativo de Nariño.
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Radicación: 52001233300020200004501 (1257-2024)
Demandante: Ingrid Lucía Ortiz Cabezas.
Demandada: E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara Iscuandé.
1.3. Sentencia de primera instancia4
15. El Tribunal Administrativo de Nariño, profirió la sentencia del Catorce (14) de
julio del Dos Mil Veintitrés (2023), mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda conforme a los siguientes argumentos:
16. Analizó el material probatorio obrante en el expediente, y advirtió que, no está
demostrado que existió una vinculación de la demandante con la E.S.E.
demandada, pues no se aportó ningún elemento probatorio tendiente a acreditar tal
situación. Indicó que únicamente se adjuntaron algunos documentos que se refieren
a la reclamación de unos derechos por los que se acude al litigio, además de ciertas
actuaciones tendientes a obtener una conciliación, que en ninguna medida
demuestran que la demandante hubiese tenido algún tipo de vinculación con el
servicio público. Inclusive, aunque se aportó un escrito de renuncia, este ni siquiera
posee constancia de recibido, a partir de la cual se pueda interpretar o catalogar de
indicio de la existencia de la pretendida vinculación laboral.
Agregó:
“Al respecto, la Sala resalta que los medios de prueba que se allegaron con la demanda
únicamente dan cuenta de manifestaciones que realizó la señora Ingrid Lucía Ortiz
Cabezas, como peticiones que presentó, o declaraciones juradas, que no tienen la fuerza
que permita entender que efectivamente existió la pretendida relación laboral.
Por las razones anteriores, es preciso recordar que, en materia probatoria, en los
procesos de conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en virtud
del principio de carga de la prueba establecido en el artículo 167 del Código General del
Proceso, esta responsabilidad es de quien pretende un reconocimiento. (…)
En ese orden de ideas, se reitera, la parte demandante debió acreditar por lo menos, que
la vinculación de la demandante con la Empresa Social del Estado existió, a partir de lo
cual se pueda desprender que pudiera ser acreedora de los derechos por los que
reclama.
Ahora, considera la Sala que, si bien la entidad no contestó la demanda pese a ser
notificada en debida forma, con las consecuencias que ello acarrea, no se puede deducir
que de esta omisión se pueda desprender un indicio idóneo que permita concluir que
existió la mentada vinculación, pues en tanto se trata del servicio público, el vínculo
resulta ser calificado, y no puede quedar duda sobre su existencia.”
1.4. Recurso de apelación5
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Expediente digital. Samai índice 11 – Tribunal Administrativo de Nariño.
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Expediente digital. Samai índice 13 – Tribunal Administrativo de Nariño.
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Radicación: 52001233300020200004501 (1257-2024)
Demandante: Ingrid Lucía Ortiz Cabezas.
Demandada: E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara Iscuandé.
17. El apoderado de la parte demandante, inconforme con la decisión de primera
instancia, interpuso recurso de apelación solicitando revocar la sentencia conforme
los siguientes argumentos:
18. Consideró que, con las pruebas aportadas junto con la demanda y con la
solicitud de conciliación extrajudicial, quedaba demostrada la vinculación que tuvo
la demandante con la E.S.E Centro de Salud Santa Barbara Iscuandé, además de
la configuración del silencio administrativo negativo frente a la solicitud de pago de
las prestaciones sociales. Aclaró que, sí aportó Resolución de nombramiento sin
número del 25 de febrero de 2009, y acta de posesión de la misma fecha.
19. Advirtió que la demanda junto con los anexos fue notificada en debida forma a
través de la empresa de servicios postales 472.
Agregó:
“Lo manifestado en el artículo anterior encajona a nuestro caso, ya que la entidad
demandada en forma dolosa ha evadido el pago de lo adeudado, y además no ha
contestado la demanda propuesta dentro del término legal.
En igual forma debemos tener en cuenta que todo el trámite surtido en la actuación ha
sido conforme a lo expresado en las normas del CPACA.
El suscrito dentro del proceso ha aportado los elementos probatorios necesarios que
conducen a demostrar que en verdad mi cliente laboró en la entidad demandada
(resolución de nombramiento, acta de posesión y presentación de renuncia); vuelvo y
repito pruebas estas que se encuentran adjuntas al proceso, legalmente inventariadas
en el capítulo respectivo de la demanda.”
20. Acompañó con el recurso de apelación la Resolución de nombramiento sin
número, del 25 de febrero de 2009, expedida por el Gerente de la Empresa Social
del Estado – Centro de Salud Santa Barbara del Municipio de Iscuandé, por medio
de la cual, la señora Ingrid Lucía Ortiz Cabezas, es nombrada en el cargo de
Subgerente; el acta de posesión, y el memorial de renuncia al cargo; además solicitó
el decreto de una prueba por interrogatorio.
1.5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021
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Radicación: 52001233300020200004501 (1257-2024)
Demandante: Ingrid Lucía Ortiz Cabezas.
Demandada: E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara Iscuandé.
21. Mediante auto del 12 de marzo de 20266, este despacho admitió el recurso de
apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de
2021; además decretó de oficio la práctica de las pruebas documentales allegadas
con el recurso de apelación, y negó la solicitud de decreto de prueba por
interrogatorio.
22. El 15 de abril de 2026 el demandante alegó de conclusión reiterando los
argumentos del recurso de apelación.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
23. De conformidad con lo dispuesto en el inciso 17 el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.
2.2. Problema jurídico
24. La controversia se contrae a determinar lo siguiente:
i) ¿Dentro del expediente está demostrada la vinculación laboral de la
demandante la señora Ingrid Lucía Ortiz Cabezas con la E.S.E. Centro de
Salud Santa Barbara Iscuandé dentro del periodo dentro del cual se
reclama el pago de prestaciones sociales?
ii) ¿Hay lugar a reconocer el pago de cesantías, intereses a las cesantías,
vacaciones, primas de navidad, indemnización por el no pago oportuno
de las cesantías, prima de vacaciones, indemnización de vacaciones,
reclamadas por la demandante por el periodo comprendido entre el 1º de
enero de 2012 al 18 de agosto de 2012?
iii) ¿Las acreencias reclamadas se encuentran prescritas?
6
Samai índice 00004.
7
modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021
8
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio
de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
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Radicación: 52001233300020200004501 (1257-2024)
Demandante: Ingrid Lucía Ortiz Cabezas.
Demandada: E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara Iscuandé.
25. Para desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.2.1.
Prestaciones sociales; 2.2.2. Marco normativo de la prescripción de los derechos
laborales, 2.2.3. Caso en concreto y 2.2.4. Condena en costas.
2.2.1. Prestaciones sociales
26. Las prestaciones sociales constituyen pagos que el empleador hace al
trabajador, directamente o a través de las entidades de previsión o de seguridad
social, en dinero, especie, servicios u otros beneficios, con el fin de cubrir los riesgos
o necesidades del trabajador originados durante la relación de trabajo o con motivo
de esta.
27. Las literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política
disponen que corresponde al Congreso de la República dictar las normas generales
y los criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno nacional para fijar el régimen
prestacional de los empleados públicos; por su parte, la Ley 4 de 1992, en su artículo
12, estableció que, el régimen prestacional de los servidores públicos de la
entidades territoriales será fijado por el Gobierno nacional, con base en las normas,
criterios y objetivos contenidos en dicha ley, sin que las corporaciones públicas
territoriales puedan arrogarse esta facultad.
28. En relación con el derecho reclamado, se resalta que respecto de los empleados
públicos del sector de la salud de las entidades territoriales y de sus entes
descentralizados, en el artículo 30 de la Ley 10 de 1990 se previó en forma expresa,
que se les debe aplicar el régimen prestacional de los empleados públicos del orden
nacional, así:
“Artículo 30º.- Régimen de los trabajadores oficiales y de los empleados
públicos. Las entidades públicas de cualquier nivel administrativo que presten
servicios de salud, aplicarán a sus trabajadores oficiales, en cuanto sean
compatibles, los principios y reglas propios del régimen de carrera
administrativa, y les reconocerán, como mínimo, el régimen prestacional
previsto en el Decreto 3135 de 1968, todo, sin perjuicio de lo que contemplen
las convenciones colectivas de trabajo.
A los empleados públicos del sector de la salud de las entidades territoriales y
de sus entes descentralizados, se les aplicará el mismo régimen prestacional
de los empleados públicos del orden nacional, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 17 de la presente Ley.”.
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Radicación: 52001233300020200004501 (1257-2024)
Demandante: Ingrid Lucía Ortiz Cabezas.
Demandada: E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara Iscuandé.
29. El Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 4 de
1992 expidió el Decreto 1919 de 2002, a través del cual estableció el régimen
prestacional de los empleados del nivel territorial, indicando que aquellos gozarían
del régimen de prestaciones sociales señalado para los empleados públicos de la
Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional; esto es, se unificaron las
prestaciones a las cuales tienen derecho los empleados públicos de todo el territorio
nacional.
30. Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 5
Decreto 1045 de 1978, se infiere que los empleados públicos del nivel nacional y
territorial tendrán derecho a las siguientes prestaciones sociales, a cargo del
empleador; pues existen otras a cargo del sistema de seguridad social, tales como
las pensiones, licencias e incapacidades, siendo las primeras:
a) Vacaciones
b) Prima de vacaciones
c) Bonificación por recreación
d) Prima de navidad
f) Auxilio de cesantías
g) Intereses a las cesantías (en el régimen con liquidación anual)
h) Dotación de calzado y vestido de labor
31. Posteriormente, se expidió el Decreto 2351 de 2014 el cual estableció que, a
partir de 2015, los servidores públicos del nivel territorial tendrían derecho a percibir
la prima de servicios consagrada en el Decreto Ley 1042 de 1978 en los mismos
términos y condiciones allí señalados y en las normas que lo modifican, adicionan
o sustituyan.
2.2.2 Marco normativo de la prescripción de los derechos laborales
32. La figura de la prescripción es el fenómeno jurídico mediante el cual, el derecho
se adquiere o se extingue con el transcurso del tiempo dispuesto por el legislador,
por cuanto: «la oportunidad para reclamar el derecho que le ha sido concedido, pero ponen a dicha
oportunidad un límite temporal, determinado por la inmediatez que emana de la relación laboral.
9
Radicación: 52001233300020200004501 (1257-2024)
Demandante: Ingrid Lucía Ortiz Cabezas.
Demandada: E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara Iscuandé.
Después de ese lapso, no hay un verdadero interés en el reclamo, puesto que no ha manifestado su
pretensión dentro de un tiempo prudente para exteriorizar su razón jurídica»9
33. En ese sentido, la prescripción de los derechos laborales en el sector público lo
prevé el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, por el término de tres (3) años a partir
del momento en que la obligación se hace exigible:
«Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán
en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El
simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre
un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero
sólo por un lapso igual.»
34. La anterior disposición fue reglamentada por el Decreto 1848 de 4 de noviembre
de 1969, mediante el cual se integra el sector público y privado de la seguridad
social:
«Artículo 102. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. 1. Las acciones que emanan de los
derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en
tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya
hecho exigible. 2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la
entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.»
35. En ese mismo sentido, lo establece el Código de Procedimiento Laboral, en el
artículo 151, que determina la prescripción de las: «acciones que emanen de las leyes
sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se
haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre
un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo
por un lapso igual.»
Reglas jurisprudenciales sobre la sanción moratoria establecida por no pago
de las cesantías definitivas
36. Como ya se expuso en las leyes 244 de 1995 y 1071 del 2006 se estableció el
procedimiento para la liquidación y pago de las cesantías definitivas de todos los
servidores públicos. Adicionalmente, en el parágrafo del artículo 2 de la primera ley
en cita se reguló la sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad
pública empleadora consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta
9
Corte Constitucional. Sentencia C-072 de 1994. M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa.
10
Radicación: 52001233300020200004501 (1257-2024)
Demandante: Ingrid Lucía Ortiz Cabezas.
Demandada: E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara Iscuandé.
el pago efectivo de las mismas10.
37. Con el fin de establecer el momento a partir del cual se hace exigible la sanción
por mora, esta Corporación dictó la sentencia de unificación del 18 de julio de
201811, donde estudió las distintas hipótesis que pueden presentarse en cuanto a la
forma y oportunidad del acto de reconocimiento de la prestación (acto ficto o
expreso oportuno o extemporáneo), la notificación, interposición de recursos y
términos de ejecutoria de dicha actuación, y determinó las siguientes reglas
jurisprudenciales12:
SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para
señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías,
las siguientes reglas:
i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por
fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles
después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para
expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.
ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al
interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación,
iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar
cuando corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley 13 para que la
entidad intentará notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir
la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para
perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a
los términos de notificación y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que así lo
manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del
empleador como computables para sanción moratoria.
iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto
que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán
pasados 15 días de interpuesto.
38. Por último, la citada sentencia de unificación también sentó jurisprudencia en
cuanto al salario de liquidación de la sanción moratoria y la imposibilidad de indexar
esa base (sin perjuicio de la actualización de la respectiva condena):
TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para
señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base para calcular la sanción
moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el retiro del servicio
del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta
10
“Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y
cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el
pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin
embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa
imputable a éste”.
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de julio de 2018, radicación: 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-
2015).
12
La Sección Segunda consideró que “en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social –
cesantías parciales o definitivas- o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a
partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto
administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley
1437 de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984,
artículo 51], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución”.
13
Artículo 69 CPACA.
11
Radicación: 52001233300020200004501 (1257-2024)
Demandante: Ingrid Lucía Ortiz Cabezas.
Demandada: E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara Iscuandé.
para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la causación de la mora sin
que varíe por la prolongación en el tiempo.
CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para
señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago tardío de las
cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA.
39. Posteriormente, la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió la sentencia
de unificación del 2 de noviembre del 202314, donde precisó que el derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria por el incumplimiento en el pago de las
cesantías definitivas prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, se
encuentra supeditado a la observancia del término de prescripción trienal.
2.2.3. Caso en concreto
Hechos probados
40. La Sala, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, encuentra
probados los siguientes hechos:
41. Si bien en primera instancia se consideró que incluso, no estaba acreditada la
vinculación laboral de la señora Ingrid Lucía Ortíz Cabezas, con la E.S.E. Centro de
Salud Santa Barbara Iscuandé, pues, no se aportaron al proceso para ese momento
la resolución de nombramiento, el acta de posesión o los antecedentes
administrativos que acreditaran tal vinculación; al admitirse el recurso de apelación,
se ordenó la práctica de las pruebas que lo acompañaron, de las cuales se advierten
las siguientes:
• Resolución sin número, del 25 de febrero de 200915, por la cual se hace un
nombramiento a la señora Ingrid Lucía Ortiz Cabezas para que se
desempeñe en el cargo de Subgerente Administrativa de la Empresa Social
del Estado Centro de Salud Santa Barbara Iscuandé del municipio de Santa
Barbara Iscuandé.
• Acta de posesión del 25 de febrero de 2009, donde la demandante toma
posesión del cargo de Subgerente Administrativa de la E.S.E.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2
de noviembre del 2023 .
15
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 13, archivo denominado «005_ANEXOSRECURSO(.pdf)»
12
Radicación: 52001233300020200004501 (1257-2024)
Demandante: Ingrid Lucía Ortiz Cabezas.
Demandada: E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara Iscuandé.
• Escrito del 18 de agosto de 2012 donde la demandante, remite al Gerente
del Centro de Salud Santa Barbara Iscuandé E.S.E. su renuncia. Sin
embargo, no tiene sello de recibido.
42. Junto con la demanda inicialmente se aportó:
• Derecho de petición con fecha 23 de abril de 2013, donde la demandante
reclama a la E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara Iscuandé, el pago de
prestaciones sociales, en razón de su renuncia el 18 de agosto de 201216.
• Copia de la guía No. RN010772724CO de la empresa Servicios Postales
Nacionales 472, donde se advierte que el señor Luis Carlos Arroyo, remitió
documentación el 26 de abril de 2013, a la E.S.E. Centro de Salud Santa
Barbara Iscuandé, y que dicha documentación fue recibida por la entidad el
15 de mayo de 2013.17
• Declaración juramentada ante Notario No. 163 del 8 de febrero de 201718, en
la cual la señora Ingrid Lucía Ortiz Cabezas, manifiesta bajo la gravedad de
juramento que, a través de guía con código de barras No. RN010772724CO
del 13 de agosto de 2013, en la cual aparece como remitente su compañero
permanente Luis Carlos Arroyo a quien le encomendó el envío; remitió
petición a la E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara Iscuandé, con el fin de
agotar el procedimiento administrativo.
• Formato de acta de conciliación extrajudicial Radicación No. 1122-14 de 25
de abril de 2014, realizada ante la Procuraduría 96 Judicial I para asuntos
administrativos, la cual fue declarada fallida ante la falta de ánimo
conciliatorio.19
43. Ahora bien, pese a las escasas pruebas, la Sala resalta que, las afirmaciones
realizadas por la parte actora fueron aceptadas por la demandada y ello se
corrobora con el Acta de Conciliación prejudicial realizada ante la Procuraduría 96
Judicial I para asuntos administrativos del 25 de abril de 201420.
44. En efecto, en dicha diligencia, el apoderado de la demandada E.S.E. Centro de
Salud Santa Barbara Iscuandé, se hizo presente y manifestó contar con acta de
16
Expediente digital – archivo 03. PODER Y ANEXOS DE DEMANDA pág. 03 – 09.pdf
17
Expediente digital – archivo 03. PODER Y ANEXOS DE DEMANDA pág. 13 y 19 pdf
18
Expediente digital – archivo 03. PODER Y ANEXOS DE DEMANDA pág. 31 pdf
19
Expediente digital – archivo 03. PODER Y ANEXOS DE DEMANDA pág. 35 – 40.pdf
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Expediente digital – archivo 03. PODER Y ANEXOS DE DEMANDA.pdf
13
Radicación: 52001233300020200004501 (1257-2024)
Demandante: Ingrid Lucía Ortiz Cabezas.
Demandada: E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara Iscuandé.
comité de conciliación, y pese a que no aceptó conciliar las pretensiones elevadas,
presentó una contrapropuesta, con la cual, se puede inferir que, tanto la vinculación
en el tiempo referido por la demandante, así como el hecho de su retiro, e incluso
las prestaciones sociales a las que tiene derecho fueron ratificadas. Al respecto se
cita lo consignado:
“Se le concede el uso de la palabra al Apoderado de la Entidad convocada E.S.E.
CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA DE ISCUANDE, con el fin de que se sirva
indicar la decisión tomada en relación con la solicitud incoada, quien manifestó: “En mi
calidad de apoderado judicial y representando los intereses y derechos de la ese centro
de salud santa bárbara de Iscuande(sic) y en lo que respecta a la solicitud de conciliación
extrajudicial propuesto por la Sra Ingrid lucia Ortiz cabezas quien se encuentra
representada para este evento extraprocesal por el Dr. Julián Zúñiga Ramos y quien a
su vez para efecto de surtirse esta conciliación le ha sustituido al Dr. José Vicente
Guancha es por demás y en cuanto al monto de las pretensiones incoadas por el actor
la ese NO TIENE ANIMO CONCILIATORIO bajo dicho pedimento más sin embargo nos
atrevemos a hacer la contra propuesta la que desde ya solicitamos ser tenido en
cuenta ya que corresponde a un valor neto de 6.925.585 pesos determinado en los
siguientes conceptos una doceava de la prima de navidad una doceava de la prima
de vacaciones las cesantías los intereses a la cesantía el valor de compensación
de vacaciones la prima de vacaciones bonificación por recreación lo anterior
liquidado teniendo en cuenta el último sueldo básico que percibió la accionante de
2.055.274 pesos, sueldo considerado para el año 2012, porque la ese fundamenta
la propuesta y es con relación a la carta de renuncia suscrita por Ingrid lucia Ortiz
cabezas con fecha 18 de agosto de 2012 en la que manifiesta “que renuncia al puesto
de trabajo de subgerente administrativa y financiera que dicha decisión corresponde a
motivos estrictamente profesionales y su desvinculación a la ese(sic) es a partir del
mismo día en que se presenta la carta de renuncia misma esta que por parte de la ese
no ha sido aceptada y al no producirse el acto administrativo no podríamos hablar de la
reclamación que hace la sr Ingrid lucia Ortiz cabezas en cuanto tiene que ver con la
indemnización por el no pago oportuno de las cesantías que de acuerdo al libelo de la
conciliación presentado asciende la suma de 20.000.000. aquí podríamos entrar a
considerar que no se puede hablar de la aplicación de la norma que trae el art 65 puesto
que como se ha manifestado no existe el acto administrativo que permita dilucidar el
inicio de una posible sanción por el no pago oportuno de las cesantías, es más nos
atreveríamos a pensar que la Sra Ingrid lucia Ortiz cabezas estaría incursionando en
acciones de tipo disciplinario en cuanto tiene que ver el abandono de cargo ya que la
solicitud de renuncia no ha sido aceptada.” Se resalta.
45. En ese orden de ideas, para la Sala, queda acreditado que, la señora Ortiz
Cabezas prestó sus servicios a la E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara Iscuandé
desde el 25 de febrero de 2009, fecha en que tomó posesión del cargo de
Subgerente Administrativa, y hasta el 18 de agosto de 2012, en que fue presentada
su renuncia.
46. Está acreditado que el último salario devengado por aquella era la suma de Dos
Millones Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Cuatro pesos ($2.055.274) , tal
y como fue aceptado por el apoderado judicial de la E.S.E. en la audiencia de
conciliación citada previamente.
14
Radicación: 52001233300020200004501 (1257-2024)
Demandante: Ingrid Lucía Ortiz Cabezas.
Demandada: E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara Iscuandé.
47. La demandante, aportó petición con fecha 23 de abril de 2013, que fue remitida
el día 26 de abril de 2013 por la empresa de envíos Postales Nacionales 472 21, y
recibida por la entidad demandada el 15 de mayo de la misma anualidad 22; en ella
reclamó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a las que tiene
derecho por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2012 al 18 de agosto
de 2012; así como, de las sanciones por no consignación y pago de las cesantías;
sin que haya constancia en el plenario que aquellas hayan sido resueltas.
Análisis del caso
48. Como se expuso en precedencia, la señora Ortiz Cabezas prestó sus servicios
a la E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara Iscuandé a través de una vinculación
legal y reglamentaria, desde el 25 de febrero de 2009, fecha en que tomó posesión
del cargo de Subgerente Administrativa, y hasta el 18 de agosto de 2012, en que
fue presentada su renuncia.
49. También está acreditado que la demandante presentó petición ante la E.S.E.
demandada, recibida el 15 de mayo de 2013; y frente a la cual, no existió respuesta
alguna, configurando el acto ficto presunto negativo conforme al artículo 83 del
CPACA, del cual se solicitó la declaratoria de nulidad.
50. Comoquiera que la actora alega que sus prestaciones sociales no le fueron
pagadas, correspondía a la entidad llamada a juicio allegar al plenario pruebas del
cumplimiento de su deber legal, las cuales brillan por su ausencia, a pesar de los
requerimientos que se hicieron en primera instancia.23
51. En virtud del principio de la carga dinámica de la prueba, según el cual cada parte
debe probar los hechos que le favorecen y que está en mejor posición de demostrar24;
en el caso del pago de salarios, cesantías, primas, vacaciones y demás prestaciones
sociales, el empleador es quien tiene la obligación legal de realizar dichos pagos y,
por tanto, debe acreditar su cumplimiento. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta
21
Expediente digital – archivo 03. PODER Y ANEXOS DE DEMANDA FS. 3 – 13.pdf
22
Pág. 13 ibidem.
23
Se recalca que, la demandada no contestó la demanda, según constancia secretarial del 14 de diciembre de 2020 que obra en
el expediente digital Samai Tribunal Administrativo de Nariño – índice 00010, archivo 14. A DESPACHO CON INFORME
SECRETARIAL.pdf.
24
Consagrado en el artículo 167 del CGP, aplicable a este asunto en virtud de lo dispuesto en el artículo 306 del CPACA.
15
Radicación: 52001233300020200004501 (1257-2024)
Demandante: Ingrid Lucía Ortiz Cabezas.
Demandada: E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara Iscuandé.
que, según lo dispuesto en el artículo 167 del CGP, las negaciones indefinidas no
requieren prueba; ante ello, contrario a lo dispuesto por el A-quo, no le competía a la
parte actora probar el no pago de las acreencias reclamadas, siendo entonces deber
de la entidad demandada acreditar que, en su calidad de empleadora, había pagado
las prestaciones sociales exigidas, lo cual, se insiste, no se hizo en este asunto.
52. En atención a lo anteriormente expuesto, acreditada la vinculación para el 01 de
enero al 18 de agosto de 2012, y sin que pudiese confirmarse que la demandada
ha realizado pago alguno por la liquidación, en principio la demandante tendría
razón en su reclamo, y sería del caso establecer las prestaciones sociales a las
cuales tendría derecho la señora Ingrid Lucía Ortiz Cabezas debido a su retiro;
siendo consecuente igualmente, declarar la nulidad del acto ficto o presunto
negativo que se configuró ante la no respuesta a la petición de reconocimiento de
las prestaciones sociales dejadas de percibir; esta última decisión se adoptará en
esta instancia25. Sin embargo, en relación con el reconocimiento de derechos
laborales, resulta pertinente analizar la configuración prescripción.
53. En relación con la prescripción extintiva de los derechos laborales, está regulado
por los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, como
se expuso en el marco normativo de esta providencia.
54. De aquellas disposiciones, se colige que, «[…] una vez el derecho se hace
exigible el interesado cuenta con un término de 3 años para reclamarlo, el cual se
interrumpe por una sola vez y por un lapso igual»; de igual modo, «[…] presentada
la petición ante la administración, esta interrumpe la prescripción, y a partir de ese
momento, el empleado cuenta con tres años para su reclamación en sede judicial,
al cabo de los cuales su inactividad implicará la extinción de su derecho, y por ende,
no será posible acceder al restablecimiento del derecho».26
55. De acuerdo con las normas mencionadas, frente al caso concreto, se precisa
que, la señora Ingrid Lucía Ortiz Cabezas finalizó su vinculación con el ente
25
Se acoge precedente de la Sala, en un caso donde se solicitó la nulidad de un acto ficto o presunto negativo frente a la no
respuesta a un recurso de reposición y apelación contra decisión de retiro del servicio. En ella se verificó la ilegalidad de la decisión,
y por ende se declaró la nulidad de dicho acto administrativo, sin embargo, se verificó la prescripción de los derechos reclamados,
como sucede en el presente asunto. Véase Expediente Radicación No. 05001-23-33-000-2015-02523-01 (1748-2022), Bogotá
D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026), Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo.
26
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 21 de octubre de 2021, expediente 27001-23-33-000-2015
00107-01 (56-2021)
16
Radicación: 52001233300020200004501 (1257-2024)
Demandante: Ingrid Lucía Ortiz Cabezas.
Demandada: E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara Iscuandé.
demandado el 18 de agosto de 2012, y que, la reclamación en sede administrativa
fue formulada el 26 de abril de 2013 recibida por la entidad el 15 de mayo de la
misma anualidad; con lo cual, se interrumpió el término de prescripción al que se ha
hecho referencia.
56. Sin embargo, dicha interrupción opera por una sola vez y por un lapso igual,
motivo por el cual, dentro del interregno de los tres años siguientes, y dado que, se
había configurado el acto presunto negativo por la ausencia de respuesta de la
Administración, debía continuar con los trámites correspondientes para procurar el
reconocimiento del derecho en sede judicial.
57. Vale decir que, no bastaba con haber presentado la solicitud ante la autoridad
administrativa, sino que, dentro de ese mismo término, debía acudir ante esta
jurisdicción para obtener la nulidad de dicho acto administrativo y, en consecuencia,
el reconocimiento de su derecho laboral.
58. Dicho en otras palabras, al haber sido presentada la demanda el 21 de octubre
de 201927, esta Sala evidencia que, el término para acudir a la jurisdicción, teniendo
en cuenta la correspondiente reclamación administrativa (15 de mayo de 2013),
venció el 15 de mayo de 2016. Por lo tanto, el término fue ampliamente superado y
se configuró el referido fenómeno jurídico-procesal de la prescripción.
59. Por consiguiente, para esta Subsección no hay duda sobre la configuración de
la prescripción en el presente caso, independientemente, tal como se precisó en la
parte motiva de esta providencia, sobre el derecho que le asistía a la accionante
respecto del pago de las prestaciones sociales devengadas mientras se desempeñó
al servicio del ente demandado y debido a su retiro, pero, que no fueron reclamadas
oportunamente.
60. Respecto de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, debe indicarse
que el plazo para el pago de las cesantías definitivas se calcula desde el 15 de mayo
de 2013, fecha de solicitud de reconocimiento, y debía contabilizarse el término de
70 días, conforme a lo previsto en el CPACA. Por lo tanto, el límite venció el 28 de
agosto de 2013, momento a partir del cual se comenzó a causar la sanción por
27
Samai Tribunal Administrativo de Nariño – índice 00010, archivo 05. ACTA DE REPARTO Y OTROS DOCUMENTOS FLS. 42
A 49.pdf.
17
Radicación: 52001233300020200004501 (1257-2024)
Demandante: Ingrid Lucía Ortiz Cabezas.
Demandada: E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara Iscuandé.
mora, por lo que, resulta forzoso concluir que también operó la prescripción frente
a esta solicitud.
61. Siendo así las cosas, se impone para la Sala revocar la sentencia de primera
instancia, para en su lugar: i) Declarar la nulidad del acto ficto o presunto negativo
que surgió ante la no respuesta a la petición recibida por la entidad el 15 de mayo
de 2013; ii) declarar la prescripción extintiva de los derechos laborales reclamados
por la señora Ingrid Lucía Ortiz Cabezas, conforme a lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
2.2.4 Condena en costas
62. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos establecidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
63. Igualmente, no advierte la Sala la configuración de los presupuestos en el
trámite impartido en primera instancia que admita su condena, por lo tanto, se
revocará la decisión de primera instancia que condenó en costas a la parte vencida.
64. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO.– REVOCAR la sentencia del Catorce (14) de julio del Dos Mil Veintitrés
(2023), proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones
de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- DECLARAR LA NULIDAD del acto ficto o presunto negativo, que
surgió ante la no respuesta a la petición elevada por la señora Ingrid Lucía Ortiz
Cabezas, el 15 de mayo de 2013, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia;
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Radicación: 52001233300020200004501 (1257-2024)
Demandante: Ingrid Lucía Ortiz Cabezas.
Demandada: E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara Iscuandé.
TERCERO.- DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA de los derechos
laborales reclamados por la señora Ingrid Lucía Ortiz Cabezas, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO.- Sin condena en costas en ambas instancias.
QUINTO.- En firme esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Sigue leyendo
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