Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05233-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-05233-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05233-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-05233-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05233-00
Demandante: INCAS S.A.S.1
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Temas: Tutela contra providencia judicial / Controversias contractuales /
Defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente
judicial y violación directa de la Constitución Política
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela formulada por INCAS S.A.S. en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud2
1. INCAS S.A.S. promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan los
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
a la igualdad, a la confianza legítima, a la buena fe y a la seguridad jurídica, los
cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 1.º de junio de
2026 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, dentro del proceso
de controversias contractuales identificado con el radicado 50001-23-33-000-2016-
00648-01 (66305).
1 Representada legalmente por Herson Libardo Hernández Rodríguez, quien también manifestó
actuar en nombre propio.
2 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «2ED_Demanda(.pdf) NroActua 2».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05233-00
Demandante: INCAS S.A.S.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. El departamento del Meta en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales presentó demanda, en lesividad, en contra de INCAS S.A.S., con la
finalidad de obtener la nulidad de la Resolución 168 del 19 de noviembre de 2015,
mediante la cual la entidad había reconocido un desequilibrio económico del
contrato de compraventa 547 del 30 de abril de 2015 y ordenado el pago de
$415.612.050 a favor de la sociedad contratista.
2.2. El Tribunal Administrativo del Meta en providencia del 10 de septiembre de
2020, accedió a las pretensiones de la demanda, en consecuencia, declaró la
nulidad de la Resolución 168 del 19 de noviembre de 2015, al considerar que no se
configuró el desequilibrio económico reconocido en dicho acto y que este fue
expedido sin el aval de la Secretaría Jurídica de la entidad territorial. Así, determinó
que el departamento del Meta no estaba obligado a reconocerle y pagarle la suma
de $415.612.050. En contra de esta decisión interpuso recurso de apelación.
2.3. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en providencia del 1º de
junio de 2026, confirmó la decisión del a quo al considerar que no se acreditaron los
presupuestos de la teoría de la imprevisión, pues la fluctuación de la tasa de cambio
constituía un riesgo previsible, y, por tanto, no había lugar al reconocimiento del
desequilibrio económico. Al respecto precisó:
«En consecuencia, conforme quedó visto en precedencia, la circunstancia que dio lugar
a reconocer el desequilibrio económico del contrato por parte del Departamento en el
acto acusado no era imprevisible ni ajena a las partes, por lo que no se configuraban los
presupuestos necesarios para su reconocimiento con fundamento en la teoría de la
imprevisión, de ahí que se configure el vicio de falsa motivación, pues los fundamentos
jurídicos -aunque escuetos- que dieron lugar a la expedición del acto administrativo
acusado, no existían, aspecto que conlleva a considerar que la Resolución No.168 del
19 de noviembre de 2015 adolece de nulidad.» [sic].
2.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en defecto sustantivo por «indebida aplicación del régimen de riesgos contractuales y del
equilibrio económico del contrato». En esencia, sostuvo que la sentencia confundió el
hecho de que el contrato estuviera pactado en pesos con su obligación de asumir
cualquier aumento del dólar. También afirmó que la entidad no incluyó ese riesgo
en la matriz, por lo que no podía trasladarle sus consecuencias a la contratista.
Finalmente, señaló que el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 protege el equilibrio
económico del contrato y que, por ello, la falta de una asignación expresa del riesgo
cambiario no podía perjudicarla.
2.5. Asimismo, alegó que la autoridad judicial desconoció la matriz de riesgos y del
principio de planeación contractual. Sostuvo que el riesgo cambiario no fue incluido
2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05233-00
Demandante: INCAS S.A.S.
ni asignado expresamente en el contrato, por lo que la Sala no podía trasladarlo
posteriormente a INCAS S.A.S.
2.6. En desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado de la
providencia del 29 de mayo de 2003, según la cual una alteración extraordinaria e
imprevisible puede dar lugar al restablecimiento del equilibrio económico del
contrato. La autoridad demandada confundió el hecho de que fuera posible prever
una variación del dólar con la posibilidad de conocer de antemano qué tan grande
sería ese aumento.
2.7. También señaló que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C no
explicó por qué la variación de la TRM, que fue del 29 % y que INCAS S.A.S. estimó
en 34,5 %, no podía considerarse extraordinaria. Finalmente, sostuvo que la Sala
aplicó una jurisprudencia restrictiva sobre el riesgo cambiario sin explicar por qué
no era aplicable el precedente citado por la sociedad ni las razones para apartarse
del mismo.
2.8. En defecto fáctico por «por valoración irrazonable de la factura proforma del 28 de
mayo de 2015 y de las gestiones de importación» pues restó valor probatorio a dicho
documento, que fue expedido por Green Life Solutions a nombre de SECOLL
S.A.S., empresa que intervino en la importación de los equipos que INCAS S.A.S.
debía entregar al departamento del Meta. El cual demostraba que, 6 días después
de recibir el anticipo, ya se habían adelantado las gestiones para adquirir los
equipos, cuyo valor ascendía a US$463.000. Por ello, consideró que se le restó
injustificadamente valor a una prueba que permitía establecer cuándo se inició la
adquisición de los bienes y el costo de la operación.
2.9. Finalmente, en violación directa de la Constitución Política al afectar la buena
fe, la confianza legítima y la seguridad jurídica, pues desconoció el reconocimiento
económico que la propia entidad había efectuado mediante la Resolución 168 de
2015, pese a que INCAS S.A.S. cumplió con la entrega de los equipos, lo cuales
fueron recibidos.
1.2. Pretensiones
3. Como fundamento de la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] PRIMERA: Que se AMPAREN los derechos fundamentales de INCAS S.A.S. al
debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, igualdad, buena fe,
confianza legítima, seguridad jurídica y derecho a una decisión judicial motivada y
respetuosa del precedente
SEGUNDA: Que se declare que la sentencia proferida el 1 de junio de 2026 por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05233-00
Demandante: INCAS S.A.S.
Subsección C, dentro del proceso radicado 50001-23-33- 000-2016-00648-01 (66305),
incurrió en:
1. Defecto sustantivo
2. Desconocimiento del precedente judicial.
3. Defecto fáctico.
4. Violación directa de la Constitución.
5. Vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
TERCERA. Que, como consecuencia del amparo, se DEJE SIN EFECTOS la sentencia
del 1 de junio de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C.
CUARTA.Que se ordene al Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C,
o a la autoridad judicial que corresponda conforme a las reglas internas de reparto,
proferir una nueva sentencia en la que:
1. Se valore adecuadamente la matriz de riesgos del contrato.
2. Se determine que el riesgo cambiario no fue tipificado, estimado ni asignado
expresamente a INCAS S.A.S.
3. Se aplique el precedente favorable sobre devaluación extraordinaria como posible
hecho imprevisible.
4. Se estudie de manera integral la magnitud de la variación cambiaria durante la
ejecución contractual.
5. Se valore la buena fe contractual, el cumplimiento total del objeto contractual y la
confianza legítima generada por el acto administrativo favorable.
6. Se respete el principio de equilibrio económico del contrato estatal. […]» [sic].
1.3. Informes rendidos en el proceso
4. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio3 si
bien allegó copia del expediente digital, guardó silencio frente a la petición de
amparo.
5. El departamento del Meta4 solicitó que se declarara improcedente la solicitud y,
subsidiariamente, que se negara el amparo, al considerar que la tutela buscaba
reabrir una discusión jurídica y probatoria ya resuelta por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C. En particular, sostuvo que la sentencia
cuestionada sí explicó por qué no se configuró el desequilibrio económico y valoró
integralmente el material probatorio obrante en el expediente.
3Ver índice 14 de Samai del archivo denominado «7_MemorialWeb_LINKDEMANDAYANEXO(.pdf)
NroActua14».
4Ver índice 16 de Samai del archivo denominado
«9_Memorial_Web_ContestaciOnDemanda1RESPUESTADEPTOD (.pdf) NroActua16».
4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05233-00
Demandante: INCAS S.A.S.
6. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C5 requirió que se
declarara improcedente la tutela por falta de relevancia constitucional. Señaló que
INCAS S.A.S. no planteó una verdadera vulneración de derechos fundamentales,
sino que lo que pretende es que el juez constitucional reabra una controversia
contractual que ya había sido resuelta por el juez natural. Asimismo, explicó y
argumentó por qué no se configuró ninguno de los defectos alegados en la tutela.
7. Los demás terceros con interés guardaron silencio.
2. Consideraciones
8. En atención a los argumentos expuestos en la solicitud de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y 37
del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 333 del 6 de abril de
20216 la sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
10. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo
del Consejo de Estado7, unificó el criterio de la Corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 8. Al
respecto señalo lo siguiente
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que
las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de
derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical
5 Ver índice 17 de Samai del archivo denominado «11CONTESTACIONDE_ContestaciondeTutela(.pdf)
NroActua17.»
6 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01,
M.P. María Elizabeth García González.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05233-00
Demandante: INCAS S.A.S.
y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias
de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]»
11. Como consecuencia de lo anterior, esta Corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
12. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo9,adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela, como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
13. Ahora bien, la Corte Constitucional10 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
14. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos11, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. Para la prosperidad del amparo, debe
verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos
alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que
implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales12.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.:
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios.
Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez
10
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de
2005.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
12Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05233-00
Demandante: INCAS S.A.S.
15. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
16. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C vulneró los derechos fundamentales de
INCAS S.A.S., con ocasión de la sentencia del 1.º de junio de 2026, mediante la
cual confirmó la nulidad de la Resolución 168 del 19 de noviembre de 2015, en virtud
de la cual el departamento del Meta había reconocido el desequilibrio económico
del contrato, con la que incurrió, presuntamente, en los defectos sustantivo, fáctico,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución
Política?
2.4. Requisitos de procedibilidad adjetiva
17. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela, y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio de fondo del asunto planteado.
2.4.1. Defecto Sustantivo
18. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional13 ha señalado que este se presenta cuando el juez adopta una
decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha
resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces
gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas
jurídicas, esta no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se
encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
19. El alto tribunal de lo constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que
hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se toma
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación
13 Corte Constitucional, Sentencia T-118 a de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05233-00
Demandante: INCAS S.A.S.
sistemática de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable
al caso.
20. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales.
2.4.2. Desconocimiento del precedente judicial
21. En este punto, en cuanto al desconocimiento del precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado social de derecho.
22. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos
o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver
el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de
igualdad. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de
seguir el curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias
previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.
23. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las toma en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05233-00
Demandante: INCAS S.A.S.
24. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivada de la desobediencia al precedente.
2.4.3. Defecto fáctico
25. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 14, tiene una
dimensión negativa y otra positiva. La primera se configura cuando en desarrollo de
la actividad probatoria el juez omite la «la valoración de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez»15, «o cuando sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente»16. La segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia
pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas»17.
26. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelante el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en vigencia
y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.4.4. Violación directa de la Constitución Política
27. Se recuerda que fue definida, en un principio, como un defecto sustantivo, el cual
se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir de las
sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.
28. Posteriormente el alto tribunal de lo constitucional, en sentencia SU-069 de 2018,
señalo que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los jueces de
aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta
que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados», el cual puede
configurarse por dos hipótesis:
29. La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en
estudio, lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso
(a) se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
14 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016, entre otras.
15 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP: Antonio Barrera Carbonell.
16 Sentencia SU-159 de 2002, MP Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
17 Sentencia T-539 de 1994.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05233-00
Demandante: INCAS S.A.S.
precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se
tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
30. La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos
consagrados en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad contenida en el artículo 4 constitucional cuando exista
incompatibilidad con las disposiciones legales.
2.5. Sobre el caso concreto
31. INCAS S.A.S. acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 1º de junio de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C mediante la cual, en segunda instancia, confirmó la nulidad de la
Resolución 168 del 19 de noviembre de 2015, mediante la cual el departamento del
Meta reconoció el desequilibrio económico del contrato No. 547 de 2015 y ordenó
el pago correspondiente.
31.1. Lo anterior, al considerar que se incurrió en defecto sustantivo por «indebida
aplicación del régimen de riesgos contractuales y del equilibrio económico del contrato».
En esencia, sostuvo que la sentencia confundió el hecho de que el contrato
estuviera pactado en pesos con la obligación de INCAS S.A.S. de asumir cualquier
aumento del dólar. También afirmó que la entidad no incluyó ese riesgo en la matriz,
por lo que no podía trasladarle sus consecuencias a la contratista. Finalmente,
señaló que el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 protege el equilibrio económico del
contrato y que, por ello, la falta de una asignación expresa del riesgo cambiario no
podía perjudicarla.
31.2. Asimismo, alegó que la autoridad judicial desconoció la matriz de riesgos y del
principio de planeación contractual. Sostuvo que el riesgo cambiario no fue incluido
ni asignado expresamente en el contrato, por lo que la Sala no podía trasladarlo
posteriormente a INCAS S.A.S.
31.3. En desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado de la
providencia del 29 de mayo de 2003, según la cual una alteración extraordinaria e
imprevisible puede dar lugar al restablecimiento del equilibrio económico del
contrato. La autoridad demandada confundió el hecho de que fuera posible prever
una variación del dólar con la posibilidad de conocer de antemano qué tan grande
sería ese aumento. También señaló que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C no explicó por qué la variación de la TRM, que fue del 29 % y que
INCAS S.A.S. estimó en 34,5 %, no podía considerarse extraordinaria.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05233-00
Demandante: INCAS S.A.S.
31.4. Finalmente, sostuvo que se aplicó una jurisprudencia restrictiva sobre el riesgo
cambiario sin explicar por qué no era aplicable el precedente citado por la sociedad
ni las razones para apartarse del mismo.
31.5. En defecto fáctico por «por valoración irrazonable de la factura proforma del 28 de
mayo de 2015 y de las gestiones de importación» pues restó valor probatorio a dicho
documento, que fue expedido por Green Life Solutions a nombre de SECOLL
S.A.S., empresa que intervino en la importación de los equipos que INCAS S.A.S.
debía entregar al departamento del Meta. Dicho documento demostraba que, seis
días después de recibir el anticipo, ya se habían adelantado las gestiones para
adquirir los equipos, cuyo valor ascendía a US$463.000. Por ello, consideró que la
Sala le restó injustificadamente valor a una prueba que permitía establecer cuándo
se inició la adquisición de los bienes y el costo de la operación.
31.6. Finalmente, en violación directa de la Constitución al afectar la buena fe, la
confianza legítima y la seguridad jurídica, pues desconoció el reconocimiento
económico que la propia entidad había efectuado mediante la Resolución 168 de
2015, pese a que INCAS S.A.S. cumplió con la entrega de los equipos, los cuales
fueron recibidos.
32. Para mayor claridad sobre el asunto, la Sala recuerda el análisis efectuado en la
sentencia enjuiciada, por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en
torno a la decisión de confirmar la nulidad de la Resolución 168 del 19 de noviembre
de 2015, así:
«[…] En este punto, la Sala considera necesario precisar que el análisis que aquí se
adelantará no se circunscribirá a determinar, en abstracto, si existió o no un desequilibrio
económico del contrato, sino a examinar la legalidad del acto administrativo mediante el
cual la entidad demandada ordenó su reconocimiento. Por tanto, se entrará a determinar
si la Resolución No. 168 de 2015 adolece de nulidad, porque, según la demanda, se
expidió con falsa motivación.
Al efecto, conviene recordar que la motivación es un elemento del acto administrativo
que, por regla general, le impone a la Administración la carga de exponer los
fundamentos de hecho y de derecho que soportan su decisión. Por tanto, si estos no
corresponden con la realidad, bien sea porque no existen o por un error en los mismos,
se configura el vicio de falsa motivación. Así, tratándose de actos administrativos
mediante los cuales se reconoce la ruptura del equilibrio económico del contrato, si no
se encuentra verificado que en efecto concurran los presupuestos que estructuran
alguna de las hipótesis que permiten predicar dicha alteración económica, el acto
demandado estará viciado y habrá lugar a declarar su nulidad.
En este orden, conviene recordar que el Departamento motivó la decisión de reconocer
el desequilibrio económico del contrato en el argumento según el cual en este caso se
configuró la teoría de la imprevisión debido a que la pérdida de valor nominal del peso
frente al dólar durante el término de ejecución del contrato constituyó un hecho
imprevisible que incidió en el valor de los bienes importados, el cual no era imputable a
11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05233-00
Demandante: INCAS S.A.S.
ninguna de las partes y que por ende era procedente reconocer el reajuste en virtud de
lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993.
[…]
A partir del anterior marco probatorio, particularmente de la motivación de la Resolución
No.168 del 19 de noviembre de 2015, en armonía con los documentos que la integran -
informe financiero del 19 de octubre de 2015 e informe del jefe de la Oficina de Asuntos
Contractuales de octubre de 2015-, para la Sala resulta claro que dicho acto adolece de
falsa motivación, pues en efecto, contrario a lo manifestado por la parte recurrente, no
se advierte que las circunstancias, en la forma en que fueron puestas en conocimiento
de la Administración y examinadas por esta, dieran cuenta de que, la fluctuación del
dólar constituyera un hecho imprevisible y no atribuible al contratista, que alterara la
ecuación económica del contrato y, por esa vía, diera lugar al reconocimiento del
restablecimiento económico del contrato de compraventa No. 547 del 30 de abril de
2015, conforme pasa a exponerse.
Según se observa, desde un primer momento, esto es, desde que el Departamento
elaboró los estudios previos y formuló la invitación del 20 de abril de 2015 que dio lugar
a la celebración del contrato referido, quedó previsto, en cuanto a su valor, que la
propuesta debía presentarse en pesos colombianos y se dejó establecido que el precio
debía incluir todos los costos en que debiera incurrir el contratista para la ejecución y
cumplimiento del contrato, pues este no estaría sujeto a ajuste alguno por parte del
Departamento (hecho probado 6.1.5.), costos dentro de los cuales, sin duda, se
entendían comprendidos aquellos atinentes a la adquisición e importación de los bienes
objeto del contrato.
Bajo ese contexto, resulta evidente que el contratista conocía desde la etapa
precontractual las reglas económicas que regirían el negocio jurídico, particularmente
aquellas relacionadas con la asunción de los costos inherentes a la ejecución contractual
y la imposibilidad de trasladar posteriormente a la entidad eventuales sobrecostos
derivados de su actividad.
[…]
Este aspecto denota que el oferente conocía y entendía a cabalidad las condiciones en
las que debía adquirir y entregar los bienes, particularmente lo atinente a los costos que
debía asumir para su ejecución, incluyendo aquellos relativos a la importación de los
bienes y lo que ello implicaba en términos económicos, asumiendo cualquier
consecuencia dentro de su esfera o círculo de riesgo. El entendimiento y plena
aceptación por parte de INCAS S.A.S en torno a las condiciones de la invitación, también
se ve reflejado en el hecho de que el contratista no expresó inconformidad alguna en
cuanto a la forma en que debía cotizar los precios de los bienes, pese a que conocía que
debían ser pagados en dólares e importados.
En efecto, a juicio de la Sala, si el contratista formuló su propuesta en pesos
colombianos, sin advertir la necesidad de que determinados componentes fueran
reconocidos en dólares o sujetos a mecanismos de cobertura cambiaria, debe
entenderse que este asumió los riesgos asociados a la adquisición de los bienes en esas
condiciones.
Ello también se puede advertir del hecho de que en las solicitudes presentadas por el
contratista con el fin de obtener el reconocimiento del desequilibrio contractual, él mismo
refiere que la fluctuación de la moneda nacional frente al aumento del precio del dólar
12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05233-00
Demandante: INCAS S.A.S.
es una circunstancia que constituía un riesgo contractual previsible y que “por esa razón,
con el objeto de prefijar las consecuencias futuras, previsibles y evitar que el riesgo
impacte de forma grave la economía del contrato, las partes deben pactar, siempre que
resulte viable, cláusulas de estabilización, reajustes o corrección de precios, para que el
contratista reciba una contraprestación real y equivalente a la prestación ejecutada (…)”,
situación que debió poner de presente el contratista para que fuera prevista en la matriz
de riesgos y pactada en el contrato, así como al estructurar su oferta.
[…]
Por lo tanto, si bien es cierto que en el periodo comprendido entre la presentación de la
oferta -22 de abril de 2015- y la fecha en que se realizó la declaración de importación de
los bienes -11 de septiembre de 2015- hubo un incremento considerable en la TRM que
visto de forma aislada pareciera ser desproporcional, lo cierto es que al analizar el
comportamiento de dicho indicador en un periodo de tiempo más amplio, se evidencia
que el dólar venía incrementando de tiempo atrás de manera constante, de ahí que dicha
tendencia al alza debió ser tenida en cuenta por el contratista quien, por su condición de
experto en la importación, con base en esta variación desde 2014, pudo haber previsto
dicha situación al momento de estructurar su oferta, a pesar de no estar contemplada en
la matriz de riesgos.
Ahora bien, aunque para la fecha de presentación de la oferta, esto es, el 22 de abril de
2015, hubo una baja en el precio del dólar pues la TRM estaba en 2.469,03, el contratista
no podía ignorar la tendencia al alza que se venía presentando de tiempo atrás, pues
pese a que la fluctuación del dólar tenía oscilaciones a la baja en ciertos días, su
tendencia constante era al alza, lo que implicaba que el experto en la importación debía
prever este aspecto no solo al presentar la oferta sino durante la ejecución del contrato,
máxime teniendo en cuenta que su plazo de ejecución era solo de 5 meses.
En tal sentido, la Sala pone de presente que la motivación del acto administrativo
cuestionado partió de un análisis económico y financiero en el que únicamente se aludió
a la variación de la TRM en un 29% para la fecha en que se realizó la declaración de
importación de los bienes, que teniendo como referencia la fecha del acta de inicio del
contrato - 30 de abril de 2015- reflejaba una diferencia en el valor de los bienes; sin
embargo, se advierte que en el acto se omitió efectuar un análisis amplio e integral del
comportamiento de la tasa de cambio con anterioridad a la celebración y ejecución del
contrato, aspecto que resultaba indispensable para determinar si la fluctuación del dólar
alegada por el contratista constituía realmente una circunstancia imprevisible o no.
En efecto, la sola constatación de una diferencia porcentual entre dos momentos
específicos no resulta suficiente, por sí misma, para estructurar un evento de
imprevisión, pues precisamente era necesario establecer si el incremento de la TRM
obedecía a una alteración abrupta, excepcional e inesperada o si, por el contrario,
era progresiva y conocida por los agentes del mercado, particularmente por quienes,
como el contratista, desarrollaban actividades de importación de bienes.
En pocas palabras, no bastaba con constatar que la TRM tuvo una variación del 29% en
esa fecha determinada, pues debía analizarse el comportamiento de dicho índice para
verificar la tendencia de esa fluctuación en el tiempo, circunstancia que, al ser constante
desde agosto de 2014, desvirtúa el argumento según el cual dicha situación constituye
un hecho imprevisible
[…]
13
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05233-00
Demandante: INCAS S.A.S.
Para la Sala, en el presente caso la fluctuación del dólar o el incremento de costos
derivado de la importación de los bienes requeridos por la Administración no
desbordaba, conforme a las condiciones del contrato, su alea normal, especialmente
cuando resulta claro que el contratista tendría que importar los bienes, de ahí que fuera
razonablemente previsible establecer las contingencias económicas propias de dicha
operación.
[…]
A partir de lo anterior, se puede colegir que la situación descrita, en los términos
solicitados por la parte demandada en el marco del iter contractual, contrario a lo
escuetamente manifestado en el acto cuestionado, no configuraba uno de los
presupuestos esenciales de la teoría de la imprevisión, esto es, la existencia de una
circunstancia imprevisible que altere de manera grave la ecuación económica del
contrato; lo alegado corresponde, más bien, a un riesgo propio del contratista, derivado
de la planeación y estructuración de su oferta.
En efecto, a juicio de la Sala, si el demandado, como experto en la venta e importación
de los bienes objeto del contrato -único distribuidor autorizado-, conocía que para cumplir
sus obligaciones debía importar los bienes, le correspondía, desde luego, valorar a partir
de la estructuración de su oferta los riesgos asociados a esta operación, entre otros, a
la fluctuación de la tasa de cambio, que como quedó visto presentaba una constante al
alza desde agosto de 2014. En consecuencia, si el contratista presentó su propuesta sin
incorporar mecanismos para prevenir o mitigar dicha situación, no puede afirmarse que
su materialización constituya per se un hecho imprevisible.
En otras palabras, las condiciones fijadas permiten concluir que el eventual incremento
de costos derivado de la importación era un riesgo previsible que asumió el contratista
al celebrar el contrato, máxime cuando en el proceso de selección se dispuso
expresamente que los precios ofertados debían cubrir “todos los costos que implique la
ejecución del contrato” y que estos no serían objeto de reajuste alguno. En el presente
caso, y derivado de la variación en la TRM antes referida, lejos de configurarse un
supuesto de imprevisión, lo que se evidencia es la concreción de un riesgo propio del
alea normal del contrato y, por tanto, previsible, aun cuando el mismo no hubiera
quedado expresamente consignado dentro de la matriz de riesgos de la entidad.
[…]
En consecuencia, conforme quedó visto en precedencia, la circunstancia que dio lugar
a reconocer el desequilibrio económico del contrato por parte del Departamento en el
acto acusado no era imprevisible ni ajena a las partes, por lo que no se configuraban los
presupuestos necesarios para su reconocimiento con fundamento en la teoría de la
imprevisión, de ahí que se configure el vicio de falsa motivación, pues los fundamentos
jurídicos -aunque escuetos- que dieron lugar a la expedición del acto administrativo
acusado, no existían, aspecto que conlleva a considerar que la Resolución No.168 del
19 de noviembre de 2015 adolece de nulidad. […]» [sic].
33. En concordancia con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se configuró el
defecto sustantivo alegado. En efecto, se sostiene que la autoridad judicial
demandada aplicó indebidamente las reglas sobre los riesgos contractuales y el
equilibrio económico, pues consideró que la variación del dólar debía ser asumida
por la contratista, a pesar de que no había sido incluido expresamente en la matriz.
No obstante, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, no tenía por
14
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05233-00
Demandante: INCAS S.A.S.
objeto establecer directamente si INCAS S.A.S. tenía derecho al restablecimiento
del equilibrio económico, sino determinar si la Resolución 168 de 2015, mediante la
cual el departamento del Meta había reconocido dicho desequilibrio, estaba
falsamente motivada. Para resolverlo, examinó las condiciones económicas del
contrato y los presupuestos de la teoría de la imprevisión.
34. En el marco de ese análisis, la autoridad demanda tuvo en cuenta que el artículo
27 de la Ley 80 de 1993 protege la equivalencia entre los derechos y obligaciones
del contrato, pero también que no toda variación económica supone una ruptura del
equilibrio contractual. Por ello, examinó si el aumento de los costos de importación
obedecía a una circunstancia extraordinaria e imprevisible. Al respecto, encontró
que INCAS S.A.S. sabía que debía importar los bienes, presentó su oferta en pesos
colombianos y aceptó que el precio comprendiera todos los costos de ejecución.
Con base en esas condiciones, concluyó que la fluctuación de la tasa de cambio
correspondía a un riesgo propio del contrato y no a un hecho imprevisible que
permitiera aplicar la teoría de la imprevisión.
35. Así, para la Sala, no resulta contraevidente la conclusión a la que llegó la
autoridad demandada, pues no se sustentó únicamente en la moneda en la que se
presentó la oferta, sino que valoró que la empresa era distribuidora de los productos,
conocía el mercado y, por lo mismo, tenía conocimiento que debía adquirirlos en
dólares. Además, examinó el comportamiento de la TRM y encontró que, desde
agosto de 2014, existía una tendencia al alza, por lo que consideró que el riesgo
cambiario podía ser razonablemente previsto. De esta manera, la autoridad judicial
explicó que, en las circunstancias particulares del contrato, el incremento de los
costos de importación hacía parte del riesgo normal del negocio. Incluso, valoró el
proceso de selección en donde se dispuso, expresamente, que los precios ofertados
debían cubrir todos los costos para la ejecución del contrato.
36. En cuanto al segundo reproche relacionado con el desconocimiento de la matriz
de riesgos y del principio de planeación contractual, tampoco se advierte una
actuación irrazonable de la autoridad judicial. Si bien se sostiene que asignó de
manera posterior el riesgo cambiario a la empresa, pese a que este no había sido
incluido expresamente, lo cierto es que la sentencia enjuiciada reconoció esa
circunstancia, pero no modificó la matriz. Lo que hizo fue determinar, a partir de las
condiciones previstas en el proceso de selección y en el contrato, si la fluctuación
de la tasa de cambio podía considerarse un hecho imprevisible para efectos de la
teoría de la imprevisión.
37. En ese sentido, la ausencia del riesgo cambiario en la matriz no impedía que la
autoridad judicial examinara si, en las circunstancias concretas del negocio, dicha
situación hacía parte del riesgo normal del contrato. La conclusión a la que llego el
15
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05233-00
Demandante: INCAS S.A.S.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, fue que no encontró acreditado
los presupuestos necesarios para reconocer el desequilibrio económico.
38. Por último, no se evidencia un desconocimiento al principio de planeación
contractual, por el contrario, la autoridad judicial consideró que este también
imponía deberes a INCAS S.A.S., quien, por su experiencia como importador y
distribuidor de los bienes, conocía que debía adquirirlos en dólares y podía prever
los riesgos de esa operación. Además, la propia sentencia destacó que la contratista
había reconocido que la fluctuación del dólar constituía un riesgo contractual
previsible y que podía ser objeto de cláusulas de estabilización, reajuste o
corrección de precios.
39. Por ello, concluyó que, si INCAS consideraba necesario establecer alguna de
estas medidas, debía plantearlo durante la etapa precontractual y preverlo en el
contrato. Así, no se trasladó al contratista un riesgo no estipulado en la matriz, sino
que consideró que este también tenía un deber de previsión frente a los riesgos
propios de la actividad que desarrollaba.
40. Por otro lado, para la Sala tampoco se configura el defecto por desconocimiento
del precedente judicial, pues, si bien se invocó la sentencia del 29 de mayo de 2003,
expediente 14577 del Consejo de Estado, para sustentar los presupuestos de la
teoría de la imprevisión, entre ellos, que el hecho sea extraordinario, altere de
manera anormal la ecuación financiera y no sea razonablemente previsible al
momento de contratar, lo cierto es que la sentencia cuestionada no desconoció
estos criterios, pues precisamente examinó si la fluctuación de la TRM cumplía tales
condiciones y concluyó que, en las circunstancias particulares del contrato, no se
acreditaba el requisito de imprevisibilidad.
41. Para llegar a esa conclusión, tuvo en cuenta que INCAS S.A.S. conocía que
debía importar los bienes, que presentó su oferta en pesos colombianos y que la
TRM presentaba una tendencia al alza desde agosto de 2014. Por ello, consideró
que la fluctuación cambiaria hacía parte del riesgo normal del negocio y que podía
ser razonablemente prevista por el contratista.
42. Tampoco se advierte que la autoridad judicial hubiera ignorado la variación de la
TRM. La sentencia cuestionada explicó que el acto administrativo había tenido en
cuenta un aumento del 29 %, pero señaló que ese dato, por sí solo, no permitía
concluir que se tratara de un hecho imprevisible. Para determinarlo, revisó cómo se
había comportado la tasa de cambio durante un periodo más amplio y establecer si
el aumento había sido repentino e inesperado o si, por el contrario, respondía a una
tendencia que ya se venía presentando. En este caso, encontró que mantenía una
tendencia al alza desde agosto de 2014, por lo que consideró que la fluctuación del
dólar podía ser razonablemente prevista por el contratista.
16
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05233-00
Demandante: INCAS S.A.S.
43. Además, tampoco se advierte que la autoridad judicial demandada hubiera
desconocido la jurisprudencia de la Sección Tercera sobre el equilibrio económico
y la teoría de la imprevisión. Por el contrario, la sentencia cuestionada acudió a
distintos pronunciamientos de la Sección Tercera, entre ellos las sentencias del 27
de enero de 2016, rad. 38449; del 29 de enero de 2018, rad. 52666; y del 28 de
septiembre de 2011, rad. 15476, para sustentar las reglas aplicables a la materia.
44. En particular, tuvo en cuenta que no toda variación de la ecuación financiera
implica un rompimiento del equilibrio económico y que, para que opere la teoría de
la imprevisión, deben concurrir circunstancias extraordinarias e imprevisibles que
alteren la ecuación contractual. Por tanto, el desacuerdo de INCAS S.A.S. con esa
conclusión no demuestra el desconocimiento del precedente judicial.
45. Ahora bien, la Sala tampoco encuentra acreditado el defecto fáctico alegado. En
esencia, INCAS S.A.S. cuestionó la valoración de la factura proforma No. 119 del
28 de mayo de 2015, pues consideró que este documento demostraba que las
gestiones para adquirir los bienes comenzaron pocos días después de recibir el
anticipo y que existieron costos de importación. Sin embargo, la autoridad judicial sí
examinó la factura y explicó las razones por las cuales no podía tenerla como
prueba suficiente para desvirtuar la legalidad de la Resolución 168 de 2015.
46. En efecto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C señaló que la
factura fue expedida por Green Life Solutions a favor de SECOLL S.A.S., sociedad
que no hizo parte del contrato celebrado con INCAS S.A.S., y que fue aportada
después de expedida la Resolución 168 de 2015. Para la autoridad judicial, esto era
relevante porque el proceso no buscaba establecer, después de expedido el acto,
cuáles fueron los costos reales en que incurrió la contratista, sino determinar si los
motivos y las pruebas con los que contaba la entidad territorial al momento de
expedir el acto administrativo justificaban el reconocimiento del desequilibrio
económico.
47. A juicio de la Sala, esta valoración no resulta arbitraria ni manifiestamente
irrazonable. Pues el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C no ignoró
la factura, simplemente consideró que no era pertinente para demostrar que la
Resolución No. 168 de 2015 estaba debidamente motivada, porque la
Administración no contó con ese documento al momento de adoptar la decisión. Así,
la conclusión cuestionada responde al objeto del proceso y no evidencia una
valoración probatoria caprichosa o manifiestamente errónea, como exige la
jurisprudencia constitucional para configurar un defecto fáctico.
48. En consecuencia, el reproche de INCAS S.A.S. refleja su desacuerdo con la
conclusión a la que llego la autoridad demandada respecto de esa prueba, pero no
17
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05233-00
Demandante: INCAS S.A.S.
demuestra que la prueba hubiera sido ignorada o valorada de manera arbitraria. Por
tanto, no se configura el defecto fáctico alegado.
49. Finalmente, tampoco se configura la violación directa de la Constitución Política.
En esencia, se sostiene que la sentencia enjuiciada desconoció los principios de
buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica al declarar nula la Resolución 168
de 2015, mediante la cual el departamento del Meta había reconocido el
desequilibrio económico. Sin embargo, la autoridad judicial no desconoció esos
principios, sino que ejerció el control de legalidad sobre dicho acto y concluyó que
estaba falsamente motivado, porque no se acreditaban las condiciones necesarias
para reconocer el desequilibrio económico con fundamento en la teoría de la
imprevisión. Por tanto, la decisión no obedeció a un desconocimiento arbitrario de
la situación ya reconocida, sino a la conclusión de que ese reconocimiento carecía
de motivación.
50. En esas condiciones, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, se impone negar la
solicitud de amparo constitucional, pues, se reitera, este mecanismo no puede
convertirse en una tercera instancia.
51. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró
probado.
3. Conclusión
52. En ese orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales invocados por INCAS S.A.S. en la solicitud de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
53. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley.
FALLA:
Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de INCAS S.A.S. en la
solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C.
18
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05233-00
Demandante: INCAS S.A.S.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CJE/LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
19
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.