Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2016-00648-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2016-00648-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-33-000-2016-00648-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
1 de junio de 2026
Radicado: 50001-23-33-000-2016-00648-01 (66305)
Demandante: Departamento del Meta
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., primero (1º) de junio dos mil veintiséis (2026)
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – LEY 1437 DE 2011
Radicación: 50001-23-33-000-2016-00648-01 (66305)
Demandante: DEPARTAMENTO DEL META
Demandado: SOCIEDAD INCAS S.A.S.
Temas: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Es el idóneo para
cuestionar la legalidad de actos administrativos contractuales. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA -
Concepto. FALSA MOTIVACIÓN COMO VICIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Concepto.
DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO - Concepto. Eventos que afectan el equilibrio
económico del contrato. TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN - Requisitos para su configuración.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 10 de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo
del Meta, que accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la
parte demandada.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El Departamento del Meta -en lo sucesivo el Departamento o el ente territorial-,
celebró el contrato de compraventa No. 547 del 30 de abril de 2015 con la sociedad
INCAS S.A.S., cuyo objeto consistió en la “ADQUISICIÓN DE FILTROS
PORTÁTILES PURIFICADORES DE AGUA DE USO MILITAR PARA CONSUMO
HUMANO CON DESTINO A LA SÉPTIMA BRIGADA DEL EJÉRCITO EN EL
DEPARTAMENTO DEL META”.
Mediante oficio del 25 de agosto de 2015, el contratista solicitó a la Secretaría de
Gobierno y Seguridad del Departamento el reajuste de precios por desequilibrio
económico del contrato No. 547 de 2015, debido a la devaluación del peso
colombiano frente al dólar, lo que incrementó los costos de los bienes requeridos
por la entidad contratante los cuales debían ser importados. Dicha solicitud fue
reiterada por el contratista mediante peticiones del 4, 21 y 29 de septiembre de
2015.
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Radicado: 50001-23-33-000-2016-00648-01 (66305)
Demandante: Departamento del Meta
Por Resolución No. 168 del 19 de noviembre de 2015, el Departamento reconoció
el desequilibrio económico del contrato de compraventa No. 547 de 2015 y ordenó
el pago de la suma de $415.612.050 en favor de la sociedad INCAS S.A.S. Dicha
resolución fue notificada personalmente al contratista en la misma fecha de su
expedición.
El 3 de diciembre de 2015, el Secretario Jurídico del Departamento dio respuesta a
un oficio del 20 de noviembre de 2015 mediante el cual el Secretario de Gobierno y
Seguridad solicitó la revisión jurídica de la Resolución, en la que advirtió que el acto
administrativo se expidió sin el aval de la Secretaría Jurídica, motivo por el cual
recomendó iniciar los trámites para su revocatoria al considerar que era contrario al
ordenamiento jurídico.
Toda vez que no se obtuvo el consentimiento del contratista para revocar el acto, el
Departamento presentó demanda -acción de lesividad- en la que solicita que se
declare la nulidad de la Resolución No.168 del 19 de noviembre de 2015, pues
estima que en el acto se reconoció “un presunto desequilibrio económico y
financiero cuando realmente no existía”. Adicionalmente, pretende que, como
consecuencia de la declaratoria de nulidad, se disponga que la entidad demandante
no tiene el deber de reconocer y pagar la suma de $415.612.050 en favor de la
sociedad INCAS S.A.S.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. El 30 de junio de 20161, el Departamento, mediante apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales, presentó demanda en
contra de la sociedad INCAS S.A.S. con el fin de que se declare la nulidad de la
Resolución No. 168 del 19 de noviembre de 2015 mediante la cual el Departamento
reconoció el desequilibrio económico del contrato de compraventa No. 547 del 30
de abril de 2015 y ordenó el pago de la suma de $415.612.050 en favor de la
sociedad INCAS S.A.S.
1 Fls.4-20, C.1. Expediente digital en índice 2 de la plataforma Samai, archivo denominado:
“2_ED_50001233300020160064800_ACT_DEMANDA-Y-ANEXOS-P1.pdf(.PDF) NroActua 2”.
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Demandante: Departamento del Meta
1.2. En la demanda, la parte actora formuló las siguientes pretensiones (se
transcriben textualmente, incluso con eventuales errores):
“PRIMERA: Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 168 de 2015, por
medio de la cual se reconoce el desequilibrio económico del contrato No. 547
de 2015 y ordena el pago de la suma $415,612,050 CUATROCIENTOS
QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CINCUENTA PESOS MCTE.
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración se ordene al
Departamento del Meta no reconocer y menos aún pagar la suma de
$415,612,050 CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DOCE
MIL CINCUENTA PESOS MCTE establecida en la Resolución No. 168 de 2015,
del 19 de Noviembre del 2015 proferida por la Secretaría de Gobierno y
Seguridad de la Gobernación del Meta.
TERCERO: Que se condene costas del proceso a la demandada, conforme lo
disponga en la sentencia”.
1.3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la parte demandante enunció
los siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:
1.3.1. Afirmó que el 24 de marzo de 2015, el Secretario de Gobierno y Seguridad
del Departamento solicitó al Director Administrativo de Planeación Departamental
que expidiera el certificado de ejecución de recursos para la adquisición de filtros
purificadores de agua con destino a la Séptima Brigada del Ejército, en el marco del
proyecto “Apoyo a los organismos de seguridad de investigación que conforman el
FONSET del Departamento del Meta”.
1.3.2. Adujo que el 6 de abril de 2015, el gerente de presupuesto del Departamento,
expidió el certificado de disponibilidad presupuestal por el valor de $2.047.350.000.
1.3.3. Manifestó que, el 20 de abril de 2015 la Secretaría de Gobierno y Seguridad
realizó los estudios previos e invitó al señor Herson Libardo Hernández,
representante legal de INCAS S.A.S. para que presentara propuesta del proyecto.
1.3.4. Puso de presente que el 22 de abril de 2015, INCAS S.A.S. allegó la
cotización de los filtros purificadores de agua de uso militar marca “LIFESAVER
SYSTEM”.
1.3.5. Añadió que, el Secretario de Gobierno y Seguridad del Departamento expidió
la Resolución No. 028 del 27 de abril de 2015, mediante la cual justificó la
celebración del contrato de compraventa para la adquisición de los filtros
purificadores de agua por la modalidad de contratación directa.
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1.3.6. Indicó que el 30 de abril de 2015, el Departamento y la sociedad INCAS S.A.S.
celebraron el contrato de compraventa No. 547, cuyo objeto consistió en la
“ADQUISICIÓN DE FILTROS PORTÁTILES PURIFICADORES DE AGUA DE USO
MILITAR PARA CONSUMO HUMANO CON DESTINO A LA SÉPTIMA BRIGADA
DEL EJÉRCITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META”, el cual “se regirá por lo
consagrado en: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y Decreto 1510 de 2013” y cuyo
plazo de ejecución fue de 5 meses contados a partir de la firma del acta de inicio.
1.3.7. Refirió que el 13 de mayo de 2015, las partes suscribieron el acta de inicio
del contrato de compraventa.
1.3.8. Manifestó que el 20 de mayo de 2015, la señora Alis Julia Penagos González
-supervisora del contrato- y el señor Daniel Ernesto Castiblanco Mendoza -
ordenador del gasto- aprobaron el reconocimiento y pago del anticipo del 30% del
valor del contrato, el cual fue girado al contratista el 22 de mayo de 2015.
1.3.9. Expuso que el contratista, mediante oficio del 21 de septiembre de 2015
solicitó el ajuste de precios porque consideró que había un desequilibrio contractual.
1.3.10. Señaló que el 24 de septiembre de 2015, el señor Miller Oswaldo Villamizar
Rojas, jefe de la Oficina de Asuntos Contractuales del Departamento, dio respuesta
al oficio presentado por el contratista el 21 de septiembre de 2015.
1.3.11. Afirmó que el 25 de septiembre de 2015, la Secretaría de Gobierno y
Seguridad expidió constancia de la entrega de los bienes adquiridos y también se
expidió acta de certificación del contrato No. 547 de 2015, la cual fue suscrita por la
supervisora del contrato y el almacenista de la Séptima Brigada del Ejército.
1.3.12. Adujo que el 29 de septiembre de 2015, el contratista radicó nuevamente un
memorial pidiendo el ajuste de precios por desequilibrio económico del contrato,
pero solicitó que se hiciera el pago del 70% del valor del contrato restante, mientras
la entidad resolvía su solicitud.
1.3.13. Refirió que el 30 de septiembre de 2015, las partes suscribieron el acta de
finalización del contrato y la Gobernación reconoció el pago de $1.433.145.000 por
lo adeudado por el contrato No. 547 de 2015.
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1.3.14. Indicó que el 19 de octubre de 2015, la Gobernación del Meta dio respuesta
a la solicitud de ajuste de precios del contrato 547 de 2015.
1.3.15. Adujo que el 19 de noviembre de 2015, el Secretario de Gobierno y
Seguridad del Departamento expidió la Resolución No. 168 mediante la cual
reconoció el desequilibrio económico del contrato No. 547 de 2015 y ordenó el pago
de $415.612.050 en favor de la sociedad INCAS S.A.S., por considerar que las
causas por las cuales se dio el desequilibrio económico del contrato no eran
imputables a las partes.
1.3.16. Manifestó que el contratista demandado allegó facturas proforma expedidas
a nombre de una empresa diferente y engañó a la entidad para que reconociera el
desequilibrio económico del contrato No.547 de 2015, por cuanto, en los soportes
de importación no se establece que el importador de los productos era INCAS S.A.S.
y el contratista no realizó plan de inversión del anticipo donde plasmara el plan de
gastos y de ejecución del contrato.
1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, la parte actora manifestó que la
Resolución No. 168 del 19 de noviembre de 2015 es nula, porque fue proferida
“infringiéndose las normas anteriormente descritas” [ se refiere a los artículos 1, 2,
4, 6, 13, 29, 209 y 228 de la Constitución Política y 93 y 97 del CPACA]. Lo anterior,
con fundamento en que, a su juicio, en el acto acusado se reconoció “un presunto
desequilibrio económico y financiero cuando realmente no existía”. (énfasis
añadido)
1.4.1. Al respecto, puso de presente que el contratista presentó su propuesta
económica en pesos colombianos y nunca manifestó que algún ítem debía pagarse
en dólares, además en esta también tuvo en cuenta los descuentos legales propios
de la ejecución de esta clase de contratos, por lo que no era de recibo que
posteriormente alegara que tenía que realizar importaciones en dólares para llevar
a cabo el objeto contractual, pues dicha circunstancia era previsible si no contaba
con el stock de mercancías objeto del contrato.
1.4.2. Indicó que el contratista suscribió el contrato a partir de los precios allegados
con su ofrecimiento, con las características exigidas en el contrato, por lo tanto, no
podía exigirle al Departamento el reconocimiento de mayores valores que aquel
debió prever “como un requisito de planeación y de carga contractual” al momento
de su suscripción. Agregó que el contratista no puede desconocer que en la
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Resolución 028 de 2015 que determinó la modalidad de contratación directa,
“expresa y claramente” se estableció que el precio era en pesos colombianos, por
ello no podía alegar mayores costos por importación y nacionalización de los bienes
objeto del contrato originados en la devaluación del peso frente al dólar, pues la
devaluación y otras variables que afectan la depreciación o apreciación del peso
colombiano respecto al dólar son un “fenómeno predecible”.
1.4.3. Adujo que no existió el desequilibrio económico reconocido por cuanto:
“1. La entidad dentro de la invitación a presentar propuesta económica a la
Empresa INCA S.A.S, desde el inicio le solicitó que la misma se hiciera en pesos
colombianos, razón por la cual no es materia de discusión (…)
2. La empresa INCAS S.A.S presentó propuesta en pesos colombianos
indicando además que el valor incluía una serie de descuentos legales y entre
otros propios de la ejecución durante los 5 meses del mismo, situación que
tampoco es objeto de discusión (…) Por lo tanto no es de recibo, lo argumentado
por el contratista, toda vez que, la propuesta económica debió estructurarse
teniendo en cuenta la cotización real del peso colombiano frente al dólar
norteamericano, por tratarse de situaciones previsibles en aquellas
transacciones realizadas en el mercado cambiario con el fin de protegerse
frente al riesgo que se presenta en una economía como la colombiana, cuyo
comportamiento se sujeta a las continuas fluctuaciones de la moneda.
3. El contrato se suscribió bajo los precios presentados por la empresa y las
características exigidas.
4. La entidad giró el valor del anticipo en días posteriores a la firma del acta de
inicio, esto es el 25 de marzo de 2015, situación que permitía al contratista
celebrar la negociación de la compra fuera del país.
5. El contrato se finalizó sin novedad alguna salvo la solicitud de ajuste, es decir
no existió ni prorrogas ni adiciones que hicieran variar (sic) condiciones del
contrato inicial, salvo el acta de modificación donde autorizaban modificar la
forma de pago con la finalidad de cancelar el valor del contrato antes del tiempo
previsto en el plazo de ejecución.
6. La entidad recibió los elementos objeto del contrato a satisfacción".
2. Admisión de la demanda y su contestación
2.1. Mediante auto del 22 de septiembre de 20172, el Tribunal Administrativo del
Meta admitió la demanda y ordenó su notificación a la sociedad INCAS S.A.S y al
Ministerio Público.
2.2. El 26 de febrero de 2018, INCAS S.A.S. contestó3 la demanda y se opuso a sus
pretensiones, al considerar que están fundadas en supuestos fácticos que no son
ciertos y carecen de fundamento legal. En cuanto a los hechos aceptó unos y negó
otros.
2
Fl.184, C. 1. Expediente digital en índice 2 de la plataforma Samai, archivo denominado:
“2_ED_50001233300020160064800_ACT_DEMANDA-Y-ANEXOS-P1.pdf(.PDF) NroActua 2”.
3 Fls. 192 a 204, C. 1. Expediente digital en índice 2 de la plataforma Samai, archivo denominado:
“2_ED_50001233300020160064800_ACT_DEMANDA-Y-ANEXOS-P1.pdf(.PDF) NroActua 2”.
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2.2.1. A este efecto, puso de presente que, el hecho de que el contratista hubiese
presentado facturas proforma a nombre de otra empresa no era excusa para no
cumplir con el desequilibrio económico reconocido, pues el contratista le comunicó
a la entidad que Secoll S.A.S. sería la empresa importadora y los valores de la
importación se ajustaban a la realidad del cambio monetario del dólar para ese
momento que, al ser verificado por el Departamento, no vio problema en reconocer
el desequilibrio.
2.2.2. Refirió que el desequilibrio económico en este caso se fundamentó en la
teoría de la imprevisión. Al respecto, adujo que el Departamento desconoció el
principio de planeación al no tener en cuenta las diferentes circunstancias
imprevisibles que podían afectar el valor del contrato, lo cual motivó a que mediante
la Resolución No. 168 de 2015 la entidad le reconociera el desequilibrio económico
del contrato sin que mediara mala fe del contratista, pues este cumplió con la
entrega del objeto contratado.
2.2.3. Recalcó que la falta de planeación de la entidad conllevó a que el contrato
variara en el precio de los gastos de importación, de manera que si se declarara
nula la Resolución No. 168 de 2015 se causaría un grave perjuicio al contratista al
no asumir la entidad unos gastos que fueron imprevisibles.
2.2.4. Adujo que era contrario a la buena fe contractual que una parte del contrato
recibiera a satisfacción más de lo acordado y pretendiera no reconocer y pagar el
excedente.
2.2.5. Adicionalmente, propuso las siguientes excepciones:
(i) “FALTA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Y VIGILANCIA EN LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO”, bajo el entendido que se presentó una
situación imprevisible consistente en el alza inmanejable del dólar durante
la ejecución del contrato la cual fue reconocida por la Secretaría de
Gobierno y Seguridad del Departamento en la Resolución No. 168 de
2015.
(ii) “COSA JUZGADA”, frente a lo cual manifestó que la entidad con esta
demanda pretende omitir la sentencia proferida el 23 de agosto de 2017
por el Juzgado Sexto Administrativo de Villavicencio en el proceso
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Demandante: Departamento del Meta
ejecutivo iniciado en su contra por el contratista, en la cual se ordenó
seguir adelante con la ejecución y se denegaron las excepciones
propuestas por el Departamento para no cumplir con el pago de lo
reconocido mediante la Resolución No. 168 de 2015.
(iii) “AUSENCIA DE PRESUPUESTOS PARA DEJAR SIN EFECTOS LA
RESOLUCIÓN 168 DE 2015”, respecto de la cual indicó que las
actuaciones de las entidades públicas se presumen de buena fe y que la
entidad tenía la potestad de negar la solicitud de ajuste económico y por
el contrario expidió el acto administrativo demandado con sustento en el
concepto jurídico emitido por el jefe de asuntos contractuales de la
entidad, en el cual se estableció el rompimiento de la ecuación
contractual. Finalmente, agregó que “la circunstancia de que el dólar
tuviera un alza desproporcionada como en efecto sucedió, no se le puede
atribuir a la empresa INCAS S.A.S., que deba asumir ese desequilibrio
económico, que como bien se reconoció por el demandante en la
resolución 168 de 2015”.
3. Audiencia inicial
3.1. El 28 de mayo de 20194, el Tribunal Administrativo del Meta llevó a cabo la
audiencia inicial, en la que no se encontró vicio alguno que debiera ser saneado.
Luego, se pronunció sobre la excepción de cosa juzgada frente a la cual indicó que
no se configuró en el caso de estudio, por cuanto la sentencia proferida en el
proceso ejecutivo iniciado contra el Departamento fue objeto de solicitud de
complementación y de recurso de apelación y no estaba acreditado que dicha
solicitud ni el recurso se hubieran resuelto, por ende, la sentencia no se encontraba
ejecutoriada. Al no cumplirse el primer presupuesto establecido para que se
configure la cosa juzgada, resultaba innecesario el estudio de los demás
presupuestos para su configuración, por lo que se desestimó el medio exceptivo.
3.2. Posteriormente, se fijó el litigio, en el entendido de determinar si se debe
declarar la nulidad de la Resolución No. 168 del 19 de noviembre de 2015 y, en
consecuencia, ordenar al Departamento no pagar la suma correspondiente al
desequilibrio económico reconocido o si, por el contrario, como lo manifiesta el
4 Fls.269 a 273 reverso C.1. Expediente digital en índice 2 de la plataforma Samai, archivo denominado:
“2_ED_50001233300020160064800_ACT_DEMANDA-Y-ANEXOS-P1.pdf(.PDF) NroActua 2” y grabación
obrante en Índice 1 de la plataforma Samai del Tribunal.
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demandado, el Departamento desconoció el principio de planeación y, por lo tanto,
deben negarse las pretensiones.
3.3. Acto seguido, el a quo declaró fallida la conciliación judicial por falta de ánimo
conciliatorio.
3.4. Finalmente, se decretaron como pruebas las documentales aportadas por las
partes y las testimoniales solicitadas por éstas. En cuanto al testimonio del señor
Juan Alberto Hernández Rodríguez solicitado por la parte demandada, se decretó
como interrogatorio de parte debido a que según el certificado de existencia y
representación legal de INCAS S.A.S., el señor Hernández Rodríguez es el
representante legal de la sociedad.
4. Audiencia de pruebas
El 30 de julio de 20195, el Tribunal Administrativo del Meta realizó la audiencia de
pruebas en la cual recaudó: (i) los testimonios de las señoras Ángela Patricia
Zamudio Marín, Sandra Milena Cruz Piraquive y Yuli Marcela Medina Manrique,
solicitados por la parte demandante6; (ii) los testimonios de los señores Herson
Libardo Hernández Rodríguez, Vladimir Sierra Martínez y Miller Osvaldo Villamizar
Rojas, solicitados por la parte demandada; y (iii) el testimonio de la señora Laura
Herminia López Forero, solicitado por ambas partes. La parte demandante desistió
del interrogatorio de parte del señor Juan Alberto Hernández Bautista, desistimiento
que fue aceptado por el tribunal en la audiencia de pruebas7.
5. Alegatos de conclusión
Una vez finalizada la práctica de pruebas, se corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto por escrito,
respectivamente8.
5.1. El Departamento presentó alegatos de conclusión9. En su escrito, reiteró la
posición formulada en la demanda y agregó que el contratista al ser el representante
5 Fls. 287 a 290, C.1. índice 3 de la plataforma Samai del Tribunal y grabación obrante en el índice 2 de la
plataforma Samai del Tribunal.
6 Pese a que en la audiencia inicial se decretó el testimonio de la señora Gina Paola García, dicho testimonio
no fue practicado en la audiencia de pruebas celebrada el 30 de julio de 2019, porque la declarante no
compareció a la audiencia, tal como se evidencia en el acta de la audiencia y en la grabación de esta.
7 Fls.289 y 290, C.1. índice 3 de la plataforma Samai del Tribunal.
8 Fl. 289 reverso, C.1. índice 3 de la plataforma Samai del Tribunal.
9 Fls. 297 a 311, C 1. índice 3 de la plataforma Samai del Tribunal.
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exclusivo para la comercialización y venta de los filtros al momento de la invitación
contaba con las siguientes condiciones favorables: (i) la exclusividad, que le
aseguraba que no debía competir con otros oferentes para obtener el favor de la
Administración; (ii) tenía pleno conocimiento del stock en su bodega y contaba con
el tiempo suficiente para conformarlo si requería adquirir los bienes a través de la
empresa que los importaba y así cumplir a cabalidad su obligación contractual y (iii)
contaba con el dinero del anticipo el cual le fue girado el 22 de mayo de 2015.
Además, recalcó que el contratista tenía la condición de comerciante avanzado y la
experiencia en el negocio ofertado, por ende, contaba con pleno conocimiento de la
situación fluctuante del peso frente al dólar de manera que le era posible, con base
en la devaluación constante, prever el incremento rápido del valor del dólar. Por el
contrario, pese a que recibió el anticipo el 22 de mayo de 2015, no formalizó la
negociación en el exterior en esa fecha, lo cual seguramente le hubiese garantizado
sostener el valor del dólar, sino que esperó hasta el 2 de agosto, esto es 2 meses y
12 días después.
Puso de presente que al interior de la entidad hubo inconsistencias al momento de
la expedición del acto, por cuanto la oficina de asuntos contractuales expidió dos
conceptos financieros, elaborados por diferentes profesionales en contaduría y que
“arrojaban datos totalmente opuestos, uno del 24 de septiembre de 2015 de la
señora Ángela Patricia Zamudio con desequilibrio de $24.446.526 y otro, del señor
Fernando Andrade del 19 de octubre de 2015 con desequilibrio por $415.612.050”,
los cuales fueron remitidos al Secretario de Gobierno y Seguridad y este último
acudió a la Secretaría Jurídica para que le diera el visto bueno sobre la Resolución
y procediera a su publicación en el SECOP, luego de haber expedido y notificado
personalmente el acto administrativo.
No obstante, insistió en que la Administración fue inducida a error por el contratista,
porque a sabiendas de la tendencia al alza del precio del dólar y en su condición de
comerciante avanzado, pudo celebrar el negocio con anterioridad, pero “inmerso en
su negligencia” solo lo realizó hasta el 2 de agosto de 2015 y luego le bastó con
comunicar a la Administración del desequilibrio sin allegar los documentos “ciertos
y necesarios que dieran fe de su dicho”.
Finalmente, adujo que el contratista tampoco demostró que la variación del valor del
peso hubiera incidido en los costos del contrato para que procediera el desequilibrio
económico y que de acuerdo con su estructura, en cuanto a los derechos y
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obligaciones del contratista, estos estaban sujetos a los riesgos y contingencias que
debía asumir este por cuanto correspondían al álea normal y, además, el contratista
no demostró la existencia de riesgos externos o extraordinarios que configuren la
teoría de la imprevisión, pues en este caso se probó que el alza del dólar que en
comienzo es externo y extraordinario, dejó de serlo con el paso del tiempo y por lo
tanto se tornó previsible.
5.2. INCAS S.A.S. alegó de conclusión10 reafirmando los razonamientos
presentados en su contestación. Señaló que la entidad en su demanda no
estableció con claridad los fundamentos de derecho que sustentan sus
pretensiones, pues no precisó la causal de nulidad invocada para demandar la
legalidad de la Resolución No.168 de 2015, ni definió las normas infringidas con su
expedición, por lo cual se configuró la excepción de inepta demanda.
Agregó que el acto administrativo que reconoció el desequilibrio contractual es
ajustado a derecho porque la entidad contratante tenía pleno conocimiento que la
contratista no era la productora de los bienes requeridos, por lo que, estaba a su
cargo el estudio de fluctuación del precio, máxime cuando el artículo 4º de la Ley
1150 de 2007, establece que en los pliegos de condiciones o sus equivalentes debe
incluirse la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles
involucrados en la contratación.
Finalmente, indicó que “no es admisible que por el hecho de haber celebrado el
contrato en pesos colombianos, tenga que asumir el contratista las contingencias
que se presentaron durante la ejecución del contrato en relación con la escandalosa
variación del dólar y la consecuente depreciación del peso colombiano, que aunque
se hubiera previsto, ni el economista o profesional más experto en negocios, así lo
hubiera podido estimar”.
5.3. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
6. Sentencia de primera instancia
6.1. Mediante sentencia del 10 de septiembre de 202011, el Tribunal Administrativo
del Meta accedió a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad de la
10 Fls.312 a 325, C.1. índice 3 de la plataforma Samai del Tribunal.
11 Índice 2 de la plataforma Samai, archivo denominado:
“4_ED_50001233300020160064800_ACT_SENTENCIA_1-10-2020-4.15.33-p.m..pdf(.PDF) NroActua 2”,
páginas 1 a 24.
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Demandante: Departamento del Meta
Resolución No. 168 del 19 de noviembre de 2015 y condenó en costas a la parte
demandada12. En su parte resolutiva expresamente dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 168 de 2015, por
medio del cual el Departamento del Meta reconoce el desequilibrio económico
del contrato No. 547 de 2015 y ordena el pago correspondiente, conforme lo
expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, entiéndase que el
Departamento del Meta no está obligada a reconocer y pagar la suma de
$415.612.050, establecida en la Resolución No. 168 de 2015, conforme lo
expuesto en la parte motiva.
TERCERO: CONDENAR en costas a la demandada, en favor de la demandante
en los términos expuestos en la parte motiva. Una vez ejecutoriada esta
providencia, ingrésese el expediente al Despacho para la fijación de agencias
en derecho.
CUARTO: POR SECRETARÍA, ejecutoriada esta providencia procédase al
archivo del expediente, previa devolución del remanente por concepto de gastos
procesales si a ello hubiere lugar”.
6.2. Como sustento de su decisión, el Tribunal, tras hacer referencia al equilibrio de
la ecuación contractual, encontró acreditado: (i) que debido a “la exclusividad de
distribución de los filtros de agua Lifesaver producidos por la empresa Panameña
Greenlife con la sociedad INCAS S.A.S., el Departamento del Meta no tuvo otra
opción que celebrar contrato de compraventa directo con dicha empresa el 30 de
abril de 2015, para adquirir los filtros portátiles purificadores de agua para consumo
humano de uso militar con destino a la Séptima Brigada del Ejército en el
Departamento del Meta, por un plazo de ejecución máximo de cinco (5) meses”; (ii)
que el 15 de mayo de 2015 inició la ejecución del contrato y el 22 del mismo mes
se giró el anticipo al contratista el cual sería destinado 100% a la adquisición de los
filtros de agua, (iii) que quien compró los filtros a Greenlife fue la sociedad SECOLL
S.A.S. según consta en la factura proforma del 28 de mayo de 2015, pero solo hasta
el 11 de septiembre del mismo año se realizó la declaración de importación y el 16
de septiembre vendió los filtros a INCAS S.A.S., es decir, que el contratista adquirió
12 El magistrado Héctor Enrique Rey Moreno presentó salvamento de voto a la providencia por cuanto, en su
criterio “sí se daba la condición de imprevisibilidad para el contratista en torno a la repentina y abrupta subida
del precio del dólar americano que impactó, también notoriamente, la ecuación o el equilibrio contractual”, y
constituyó un elemento extraño a las partes, pues, el representante legal de INCAS S.A.S. para el momento de
celebración del contrato, no era un experto de la economía, sino un comerciante empírico, como quedó
demostrado con su testimonio. Por lo tanto, a su juicio, la anulación del acto administrativo que declaró el
desequilibrio económico del contrato “a todas luces resulta injusta y descontextualizada, y termina afianzando
la ocasional ira o hecho del príncipe que, por razones de fondo desconocidas, impulsó su infirmación, pues,
racionalmente, con las pruebas allegadas al debate, solo dejó entrever que el visto bueno o aval jurídico sobre
la resolución que se anula le fue solicitado extemporáneamente”. Índice 2 de la plataforma Samai, archivo
denominado: “4_ED_50001233300020160064800_ACT_SENTENCIA_1-10-2020-4.15.33-p.m..pdf(.PDF)
NroActua 2”, páginas 25 a 36.
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Demandante: Departamento del Meta
los bienes que entregaría al Departamento 3 meses después de haberle girado el
anticipo.
6.3. En este orden de ideas, estimó que en el caso concreto se debía declarar la
nulidad de la Resolución No. 168 del 19 de noviembre de 2015 y acceder a las
pretensiones de la demanda, por lo siguiente:
6.3.1. Resaltó que, pese a que según declaró el señor Herson Libardo Rodríguez, -
representante legal de INCAS S.A.S. para la fecha de celebración del contrato-,
SECOLL S.A.S. era la empresa importadora y no tenía relación alguna con la
distribución que era exclusiva del contratista, de conformidad con el certificado de
exclusividad aportado por la demandada, el distribuidor estaba obligado a adquirir
los bienes única y exclusivamente a través de Greenlife, y en el proceso no estaba
acreditado que SECOLL S.A.S. fuera una importadora exclusiva de Greenlife a
INCAS S.A.S.
6.3.2. Consideró que el alza del dólar no cumplía con “el elemento sorpresa para
que sea considerado imprevisible” por cuanto ello ocurrió con ocasión de la caída
en los precios del petróleo desde el año 2009, de manera que para la fecha de
suscripción del contrato de compraventa No. 547 las partes debían conocer “la crisis
del petróleo y sus efectos frente al alza del dólar pues conforme la tasa de cambio
representativa del mercado (fl. 90-92, C1) en enero de 2015, el dólar en Colombia
estaba a $2.300 y el 18 de marzo de 2015 llegó a $2.677 y pese a que en mayo
nuevamente descendiera, la crisis del petróleo tenía incidencia directa en la
fluctuación de la moneda y por tanto, era de conocimiento para las partes
contractuales que el dólar podía seguir variando considerablemente, sin perjuicio de
establecerse el valor del incremento por tal efecto”, conclusión que el a quo
fundamentó en un artículo publicado en el periódico El Tiempo. En consecuencia,
concluyó que, al no tratarse de un elemento ajeno a las partes, no se configuraba la
teoría de la imprevisión.
Adicionalmente, hizo énfasis en que el contratista contaba con el dinero del anticipo
desde el mes de mayo y con este pudo negociar la adquisición de los filtros de agua
y no lo hizo, por lo tanto, asumió el riesgo del incremento del dólar con respecto al
peso colombiano. Lo anterior fue puesto de presente en las declaraciones de los
señores Ángela Patricia Zamudio Marín (contadora de la Oficina de Asuntos
Contractuales del Departamento), Sandra Milena Cruz Piraquive, July Marcela
Medina Manrique y Vladimir Sierra Martínez (Secretario Jurídico del Departamento)
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Demandante: Departamento del Meta
quienes afirmaron que el anticipo se giró en mayo, pero el contratista espero más
de dos meses, hasta el alza del dólar, para comprar los bienes objeto del contrato.
6.3.3. Finalmente, precisó que la Resolución No. 168 del 19 de noviembre de 2015
no tenía el aval del Secretario Jurídico de la entidad, según oficio remitido al
Secretario de Gobierno el 3 de diciembre de 2015, lo cual fue ratificado con la
declaración de Vladimir Sierra Martínez (Secretario Jurídico del Departamento), el
concepto rendido por Ángela Patricia Zamudio Marín (contadora de la Oficina de
Asuntos Contractuales del Departamento) y su declaración, así como también la
declaración de Laura Herminia López (supervisora del contrato).
Al respecto, estableció que “no era de recibo que el acto administrativo contara con
el visto bueno del Secretario Jurídico”, pues el concepto en el que se advirtió que
había razones jurídicas para considerar el desequilibrio económico, era únicamente
una asesoría jurídica respecto de esta figura en la que se le indicaron al ordenador
del gasto, esto es, al Secretario de Gobierno y Seguridad, los parámetros que debía
tener en cuenta en caso de declararlo, más no era un concepto afirmativo o positivo,
respecto a que en el contrato se hubiera roto el equilibrio de la carga económica,
como lo afirmó el demandado.
Por lo anterior, concluyó que como el acto administrativo no llevaba el visto bueno
del Secretario Jurídico, se desconoció el debido proceso con su expedición y no
podía inferirse que el concepto ofrecido por el señor Fernando Andrade Rodríguez
correspondía al de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento, pues este lo rindió
a título personal con base en sus conocimientos técnicos y por solicitud directa del
Secretario de Gobierno y Seguridad.
6.4. En este orden de ideas, decidió acceder a las pretensiones de la demanda y
declarar la nulidad de la Resolución No. 168 de 2015, “por estar incursa en las
causales de infracción de las normas en que deberían fundarse, como consecuencia
de ello, entiéndase que el Departamento del Meta no está obligado a reconocer y
pagar la suma de $415.612.050, establecida en dicho acto administrativo”.
6.5. Finalmente, condenó en costas a la parte demandada, para lo cual ordenó que
una vez ejecutoriada la providencia, ingresara el proceso al despacho para la
fijación de agencias en derecho y posteriormente, se realizara la liquidación de las
costas por secretaría.
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7. Recurso de apelación
7.1. El 14 de octubre de 2020, INCAS S.A.S. interpuso recurso de apelación13, el
cual fue concedido el 4 de noviembre de 202014 y admitido el 5 de febrero de 202115.
7.2. En su recurso, la parte demandada solicitó revocar la sentencia apelada y, en
su lugar, negar las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes
reparos:
7.2.1. Indicó que, si bien en la certificación de exclusividad como distribuidor de los
bienes objeto del contrato expedida por la empresa Green Life Solutions S.A. se
estableció que una de las obligaciones del contratista era adquirir los bienes única
y exclusivamente a través de esta empresa, ello no implicaba que por el hecho de
que INCAS S.A.S. los hubiese importado a través de Seccoll S.A.S., hubiera
incumplido sus obligaciones contractuales con el Departamento. Además, en la
factura No. 119 del 28 de mayo de 2015 expedida por Green Life Solutions S.A.,
aparece consignado el nombre del representante legal de INCAS S.A.S. y agregó
que, en todo caso, este no era un hecho relevante porque el contratista, a pesar del
desequilibrio económico sufrido por el hecho imprevisible del incremento exagerado
del dólar y la devaluación del peso colombiano durante la ejecución del contrato,
cumplió a cabalidad con el objeto de este y entregó todos los bienes a satisfacción.
7.2.2. Adujo que, contrario a lo considerado por el Tribunal, en este caso sí se
configuró un desequilibrio económico por un hecho totalmente imprevisible como lo
es la fluctuación de la moneda durante la ejecución del contrato. Al respecto, señaló
que “para la fecha de presentación de la propuesta, esto es el 22 de abril de 2015,
la TRM (…) era de $2.469,03, y su variación en los días anteriores, incluso había
tendido a bajar; y para el 30 de abril, día en que se suscribió el contrato, se
encontraba en $2.388,06, es decir por debajo del precio de cuando se presentó la
propuesta económica; luego (…) era totalmente imprevisible que las partes si quiera
consideraran la posibilidad de un incremento desmedido de la moneda americana”.
Con base en lo anterior, concluyó que en la ejecución del contrato de compraventa
No. 547 de 2015 se rompió la equivalencia de las obligaciones del contratista y su
13
Índice 2 de la plataforma Samai, archivo denominado: “7_ED_recurso-de-apelacion.pdf(.PDF) NroActua 2”,
páginas 1 a 10.
14 Índice 2 de la plataforma Samai, archivo denominado: “3_ED_50001233300020160064800_ACT_AUTO-
CONCEDE_4-11-2020-5.02.23-p.m..pdf(.PDF) NroActua 2”.
15 Índice 4 de la plataforma Samai.
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Demandante: Departamento del Meta
remuneración por una causa que ni siquiera la Administración podía prever, pues
de haber sido así no le hubiese impuesto la carga de presentar la propuesta en
pesos colombianos, como se evidenciaba en la invitación a presentar propuesta.
Adicionalmente, afirmó que en los estudios previos solo se incluyeron dos riesgos
previsibles “de tipo operacional”, esto es, el incumplimiento en la entrega de los
productos por dificultades en la importación y la pérdida y/o hurto de los bienes; sin
embargo, la entidad no previó un “riesgo de mercado” el cual tiene lugar cuando “en
el comportamiento del mercado se presentan variaciones inesperadas”, como
ocurrió en este caso con la fluctuación en la tasa de cambio del dólar. Sobre este
punto, advirtió que no era ajustado al ordenamiento jurídico, que, por cuenta del
deber de distribución de los bienes, se le trasladara al contratista la carga de asumir
cualquier tipo de riesgo, sin importar su magnitud ni limitar sus alcances.
Finalmente, hizo alusión a una sentencia del Consejo de Estado del 29 de mayo de
2003 en la que se establecieron tres presupuestos para que proceda el
restablecimiento del equilibrio económico del contrato con ocasión de la ocurrencia
de un hecho imprevisible: “(i) Que exista un hecho exógeno a las partes, que se
presente con posterioridad a la celebración del contrato; (ii) Que el hecho altere en
forma extraordinaria y anormal la ecuación financiera del contrato y (iii) Que no
fuese razonablemente previsible por los contratantes al momento de la celebración
del contrato”; también hizo referencia a que la jurisprudencia del Consejo de Estado
ha reconocido como hechos imprevisibles, entre otros, la “devaluación
extraordinaria” y adujo que en virtud del artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993, “cuando
ocurre el desequilibrio contractual causado por un hecho imprevisible, como ocurrió
en el caso bajo estudio, la entidad pública, previa solicitud del contratista, debe
adoptar las medidas necesarias para restablecer las cargas”.
7.2.3. Puso de presente que en el expediente no obra prueba que demuestre que
dicha resolución debía contar con el aval de la Secretaría Jurídica para su
expedición, como lo concluyó el Tribunal, sin tener certeza de que ello fuese
requisito para su expedición pues ni la entidad ni el a quo refirieron un sustento legal
o la normativa interna de la entidad en la que se exigiera dicho requisito. Adujo que,
por el contrario, “pareciera más un capricho personal del Secretario Jurídico, tal
como lo expone el honorable magistrado que salvó voto (…) que habiendo avalado
anteriormente el desequilibrio financiero sufrido por el contratista, a último momento
y por razones desconocidas decidió negarse a continuar con el trámite que
terminara con el pago del reconocimiento”.
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Demandante: Departamento del Meta
Asimismo, hizo alusión al trámite dado al interior de la entidad luego de que presentó
su solicitud de reajuste del equilibrio económico del contrato, frente al cual señaló
que en ningún momento se indicó el fundamento legal que demostrara que el acto
debía contar con el aval de la Secretaría Jurídica.
Finalmente, expuso que el Tribunal no tuvo en cuenta que en la ejecución del
contrato, el contratista debía importar los bienes objeto del contrato y que para la
entidad no era desconocida tal situación, tampoco tuvo en cuenta que la factura No.
119 fue expedida por Green Life el 28 de mayo de 2015, es decir, que 6 días
después de realizarse el desembolso del anticipo los bienes fueron adquiridos, que
a pesar de la pérdida de la utilidad el contratista cumplió con el objeto del contrato
y que ello quedó demostrado ante la entidad contratante, la cual “con fundamentos
técnicos y jurídicos le reconoció el desequilibrio que ahora pretende desconocer
alegando causas inexistentes”.
8. Actuación en segunda instancia
8.1. Mediante providencia del12 de marzo de 202116, se corrió traslado a las partes
y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto,
respectivamente.
8.1.1. El Departamento17 alegó de conclusión y solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia. Al respecto, señaló que el contratista no podía excusarse en la
supuesta falta de planeación de la entidad al no prever en el contrato como riesgo
de mercado la situación del alza del dólar, pues, por su condición de conocedor y
experto de su actividad comercial, estaba obligado a prever dicha situación y si
consideraba que debía incluirse un riesgo que lo previera debió advertirlo, más no
utilizar dicho argumento para obtener el reconocimiento del desequilibrio, actitud
que es contraria a la buena fe contractual.
Reiteró el argumento según el cual el alza del dólar no es una circunstancia
imprevisible que dé lugar al reconocimiento del desequilibrio económico por cuanto,
el contratista guardó silencio frente a la compra en dólares, el posible riesgo del alza
de este y presentó su propuesta en pesos colombianos, situación que, por sus
condiciones particulares, pudo anticipar y no lo hizo. Agregó que, si la variación en
16 Índice 9 Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
17 Índice 12 Sistema de Gestión Judicial SAMAI
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Demandante: Departamento del Meta
el precio del dólar llegó a tener incidencia en el valor de los elementos objeto del
contrato, ello se produjo por culpa del contratista quien no realizó su negociación
tan pronto recibió el anticipo sino 2 meses y 12 días después.
8.1.2. INCAS S.A.S. y el Ministerio Público guardaron silencio.
8.2. Mediante oficio del 13 de junio de 202418 el Tribunal Administrativo del Meta
remitió copia del auto proferido el 9 de mayo de 2024, en el que dicha Corporación
declaró la suspensión del proceso ejecutivo contractual con radicado No.
50001333300620160028501 iniciado por INCAS S.A.S contra el Departamento,
“hasta tanto se profiera la sentencia de segunda instancia en el medio de control
controversias contractuales o hasta que finalice el termino de 2 años previsto en el
artículo 163 del C.G.P”, y dispuso que una vez proferida la sentencia en el proceso
ordinario se remita copia de la misma al proceso ejecutivo.
III. CONSIDERACIONES
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia para conocer el
presente asunto; (2) medio de control procedente; (3) legitimación en la causa; (4)
oportunidad del medio de control; (5) problema jurídico; (6) solución al problema
jurídico; y (7) costas.
1. Jurisdicción y competencia
Con fundamento en el artículo 104 del CPACA19, se advierte la facultad de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del asunto, el cual versa
sobre la nulidad de la Resolución No. 168 del 19 de noviembre de 2015, por medio
de la cual se reconoció el desequilibrio económico del contrato de compraventa No.
547 de 2015 y se ordenó el pago de la suma de $415.612.050 en favor de la
sociedad INCAS S.A.S., y se solicita su consecuente restablecimiento del derecho,
18 Índice 37 de la plataforma Samai.
19“Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones,
sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando
ejerzan función administrativa. //Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…) 2. Los relativos a los
contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio
de funciones propias del Estado.”
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Demandante: Departamento del Meta
acto administrativo proferido por el departamento del Meta, en tanto entidad
territorial20.
Por su parte, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del 10 de septiembre de 2020, proferida
por el Tribunal Administrativo del Meta, dada la vocación de doble instancia del
proceso, teniendo en cuenta que la cuantía para el año 201621 -año en el que se
presentó la demanda- supera los 500 SMLMV, de conformidad con lo establecido
en los artículos 15022 y 152-523 del CPACA, vigentes a la fecha de la presentación
de la demanda.
2. Medio de control procedente
En virtud de lo previsto en el artículo 14124 del CPACA, cualquiera de las partes de
los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su
nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos
administrativos contractuales -inclusive cuando la Administración acude a la acción
de lesividad para demandar sus propios actos contractuales-, se condene a quien
se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre
otras declaraciones y condenas. El legislador también previó que el Ministerio
Público o un tercero que acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad
absoluta del contrato, la que también puede ser declarada de oficio por el juez.
20 Constitución de 1991. “Artículo 286 Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios
y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias
que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley”.
21
Para el año 2016 el valor del salario mínimo legal mensual vigente era de $689.454. Para este año, el tope
correspondiente a los 500 SMLMV equivalía a $344.727.000. En este caso, la cuantía de la demanda se estimó
en un monto de $415.612.050.
22 “ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA. El Consejo de
Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia”.
23 “ARTÍCULO 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
[…] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una entidad pública en
sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados
por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas
exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
24 “Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad,
que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos
administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras
declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando
esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de
los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto,
del término establecido por la ley. (…) El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán
pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando
esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes
o sus causahabientes”.
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Demandante: Departamento del Meta
Bajo el anterior contexto, en el presente caso el medio de control de controversias
contractuales ejercido por la parte demandante es adecuado, por cuanto en el libelo
introductorio, acudiendo a la denominada acción de lesividad, se pretende la nulidad
de la Resolución No. 168 del 19 de noviembre de 2015 -acto administrativo de
naturaleza contractual-, por medio de la cual se reconoció el desequilibrio
económico del contrato de compraventa No. 547 de 2015 y se ordenó el pago de
$415.612.050 en favor de la sociedad INCAS S.A.S.
3. Legitimación en la causa
3.1. En el presente caso se concluye que el Departamento está legitimado en la
causa por activa para demandar su propio acto, esto es, la Resolución No. 168 del
19 de noviembre de 2015 -acto administrativo de naturaleza contractual-, habida
cuenta: (i) que fue parte del contrato que suscitó su expedición; (ii) que dicho acto
no pudo ser revocado (hecho probado 6.1.37.)25; y (iii) que, a su juicio, este adolece
de vicios que afectan su legalidad.
3.1. Por su parte, se considera que la sociedad INCAS S.A.S está legitimada en la
causa por pasiva, porque fue parte del contrato que dio lugar a la expedición del
acto y, además, este está directamente dirigido a dicha sociedad.
4. Oportunidad del medio de control
De acuerdo con lo previsto en el inciso primero del literal j) del numeral 2 del artículo
164 del CPACA26, en las controversias relativas a contratos -como ocurren en
aquellos eventos en los que la propia entidad demanda sus actos contractuales- la
parte interesada cuenta con 2 años para ejercer el derecho de acción, contados a
partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les
sirvan de fundamento, sin perjuicio de otros criterios previstos por el legislador.
25 De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 97 del CPACA, “Si el titular niega su
consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. A su turno, de conformidad con la jurisprudencia de esta
sección, las entidades públicas están legitimadas para demandar sus propios actos (así como están legitimadas
para presentar otras pretensiones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como ocurre en el caso
de las controversias contractuales) cuando los consideren lesivos de sus propios intereses, del ordenamiento
jurídico o de los derechos de los ciudadanos, y cuando ya no puedan revocarlos de manera directa. Cfr. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Exp. 55426.
26 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] 2. En los
siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] j) En las relativas a contratos el término para
demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de
hecho o de derecho que les sirvan de fundamento […]”.
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Demandante: Departamento del Meta
Así pues, en el caso de estudio se observa que la parte demandante pretende la
declaratoria de nulidad, con su consecuente restablecimiento del derecho, de la
Resolución No. 168 del 19 de noviembre de 2015 mediante la cual reconoció el
desequilibrio económico del contrato No. 547 de 2015 y ordenó un pago en favor de
la sociedad contratista INCAS S.A.S. Dicho acto fue expedido el 19 de noviembre
de 2015 (hecho probado 6.1.28), de modo que los dos (2) años para ejercer el
derecho de acción corrieron para la entidad demandante entre el 20 de noviembre
de 2015 y el 20 de noviembre de 2017 y, considerando que la demanda se allegó
el 30 de junio de 2016, no hay duda de que fue radicada en tiempo.
Cabe anotar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 613 del CGP, en el
presente caso no era menester agotar el requisito de procedibilidad de la
conciliación extrajudicial, comoquiera que la parte demandante es una entidad
pública.
5. Problema Jurídico
El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo
constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, a menos que
las partes hayan apelado toda la sentencia, caso en el cual el juez resolverá sin
limitaciones. Es así como, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
CGP27, el superior no puede enmendar la providencia del a quo en la parte que no
fue objeto de apelación, “salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer
modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”.
Es así como, en virtud del principio de congruencia, el juez contencioso
administrativo en sede de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo
que la parte recurrente le formule y en consonancia con lo que haya sido ventilado
en la demanda y su contestación, sin poder tomar otras determinaciones que vayan
más allá de lo anterior, excepto el análisis de los presupuestos procesales, que le
corresponde verificar aun cuando aquellos no hayan sido objeto de reproche, todo
ello considerando que el proceso contencioso administrativo es, en esencia,
rogado28.
27 “Artículo 328. […]. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido
al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de marzo de 2024. Radicado 18001-
23-33-000-2015-00105-01 (62848).
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Radicado: 50001-23-33-000-2016-00648-01 (66305)
Demandante: Departamento del Meta
Precisado lo anterior, en el presente caso se tiene que la parte demandante, vía
acción de lesividad, demanda la nulidad de la Resolución No. 168 de 2015, porque
fue proferida con infracción de la ley. A juicio de la parte demandante, el
desequilibrio económico del contrato no se configuró puesto: (i) que INCAS S.A.S.
presentó la oferta en pesos colombianos indicando que el valor del contrato incluía
unos descuentos legales propios de este tipo de contratos, sin tener en cuenta la
cotización real del peso colombiano frente al dólar, ni prever el riesgo de fluctuación
de la moneda, el cual es previsible en las transacciones realizadas en el mercado
cambiario; (ii) que el contratista suscribió el contrato aceptando los precios
presentados por este mismo en su cotización de acuerdo con las características
técnicas exigidas en el contrato, por ende no podía exigirle a la entidad contratante
el reconocimiento de mayores valores, los cuales debió tener en cuenta en virtud
del principio de planeación al momento de la suscripción; (iii) que la entidad giró el
anticipo el 22 de mayo de 2015, lo cual le permitía al contratista adelantar la
negociación de los bienes en el exterior manteniendo los precios cotizados antes
del alza del dólar; (iv) que el contrato finalizó con la solicitud de ajuste de precios
por desequilibrio económico, y que no existieron prórrogas ni adiciones que hicieran
variar las condiciones del contrato inicial, salvo la modificación en la forma de pago
para cancelar el valor del mismo antes del tiempo previsto en el plazo de ejecución;
y (v) que la entidad contratante recibió los bienes objeto del contrato a satisfacción.
El Tribunal en la sentencia de primera instancia declaró la nulidad de la Resolución
No. 168 de 2015 por considerar que esta fue proferida con desconocimiento de las
normas en que debía fundarse, por cuanto: (i) pese a que la distribución de los
bienes objeto del contrato era exclusiva del contratista y este estaba obligado a
adquirirlos única y exclusivamente a través de la sociedad Green Life, INCAS S.A.S
adquirió los bienes a través de la empresa importadora SECOLL S.A.S. y en el
proceso no se acreditó que esta fuera una importadora exclusiva de Green Life a
INCAS S.A.S.; (ii) no existió desequilibrio económico porque no se configuró la
teoría de la imprevisión, dado que el alza del dólar no cumple con el elemento
sorpresa que constituya una circunstancia imprevisible y ajena a las partes, toda
vez que ello ocurrió como consecuencia de la caída en los precios del petróleo, de
manera que, para la fecha en la que se suscribió el contrato, era de conocimiento
de las partes esta crisis y su incidencia directa en la fluctuación de la moneda; (iii)
el contratista contaba con el dinero entregado por concepto de anticipo desde el
mes de mayo, con el cual pudo haber negociado los bienes que debía entregar al
Departamento pero no gestionó oportunamente esos recursos y con ello asumió el
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Radicado: 50001-23-33-000-2016-00648-01 (66305)
Demandante: Departamento del Meta
riesgo del incremento del dólar respecto al peso colombiano y (iv) la Resolución No.
168 de 2015 fue expedida sin contar con el visto bueno del Secretario Jurídico del
Departamento desconociendo el debido proceso, pues el concepto financiero en el
que se fundamentó no correspondía al de la Oficina Asesora Jurídica.
Por su parte, la sociedad INCAS S.A.S. en su recurso de apelación solicita que se
revoque la sentencia de primera instancia con fundamento en los siguientes
reparos: (i) era irrelevante el hecho de que los bienes se hubiesen importado a
través de SECOLL S.A.S. pues ello no implicó un incumplimiento de las obligaciones
contractuales a cargo del contratista, además, a pesar del desequilibrio económico
este cumplió con el objeto del contrato a cabalidad; (ii) sí se configuró el
desequilibrio económico del contrato debido al hecho imprevisible consistente en la
fluctuación de la moneda durante su ejecución, aspecto que ni la Administración
podía prever pues de ser así no le hubiese exigido presentar la propuesta en pesos
colombianos; (iii) la entidad no incluyó en los estudios previos un “riesgo de
mercado” frente a eventos tales como la fluctuación de la tasa de cambio del dólar
y no podía trasladarle al contratista la carga de asumir cualquier tipo de riesgo sin
limitación alguna; (iv) el Tribunal no tuvo en cuenta que la factura expedida por la
empresa Green Life es del 28 de mayo de 2015, es decir que 6 días después del
desembolso del anticipo los bienes fueron adquiridos y a pesar de la pérdida en la
utilidad el contratista cumplió con el objeto del contrato y; (v) no estaba probado que
la resolución debía contar con el visto bueno de la Secretaría Jurídica para su
expedición, pues ni la entidad ni el a quo refirieron un sustento legal o la normativa
interna de la entidad en la que se exigiera dicho requisito.
A partir de lo anterior, se advierte que en el fallo de primera instancia el Tribunal se
pronunció sobre aspectos que no fueron alegados en la demanda, particularmente
en lo que atañe al hecho de que los bienes se hubiesen importado a través de la
sociedad SECOLL S.A.S y al hecho de que la Resolución No. 168 de 2015 fue
expedida sin contar con el visto bueno del Secretario Jurídico del Departamento
desconociendo el debido proceso, por lo que la Sala se abstendrá de examinar en
segunda instancia esos planteamientos -aun cuando fueron objeto de
pronunciamiento en el recurso de apelación-, pues de adentrarse en su estudio se
estaría desconociendo el principio de congruencia.
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Radicado: 50001-23-33-000-2016-00648-01 (66305)
Demandante: Departamento del Meta
Al respecto, es menester anotar que de conformidad con lo establecido en el artículo
28129 del CGP, que consagra el principio de congruencia, debe existir consonancia
o coherencia correlativa entre la providencia judicial y las pretensiones y los hechos
que se aducen en la demanda, así como las excepciones propuestas 30-31. De este
modo, si se resuelven aspectos no pretendidos en la demanda se estaría dictando
un fallo extra petita; si se condena más allá de lo pedido se trataría de una
providencia ultra petita; y si no se resuelven todas las pretensiones o las
excepciones, la decisión sería infra o citra petita32.
En diversas oportunidades esta Corporación se ha referido al principio de
congruencia de las sentencias como uno de los principios orientadores de las
decisiones judiciales, a propósito del cual ha señalado que:
“En efecto, el campo de la controversia jurídica y de la decisión del juez,
encuentra su límite en las pretensiones y hechos aducidos en la demanda
y en los exceptivos alegados por el demandado; por tanto no le es dable
ni al juez ni a las partes modificar la causa petendi a través del
señalamiento extemporáneo de nuevos hechos, o a través de una sutil
modificación de las pretensiones en una oportunidad diferente a la
legalmente prevista para la modificación, adición o corrección de la
demanda, respectivamente, so pena de incurrir en la violación al principio
de congruencia. El actor sólo cuenta con dos oportunidades para precisar
la extensión, contenido y alcance de la controversia que propone, es decir
para presentar el relato histórico de los hechos que originan la
reclamación y para formular las pretensiones correspondientes: la
demanda y la corrección o adición de la misma, de acuerdo con dispuesto
en los artículos 137, 143, 170 y 208 del Código Contencioso
Administrativo.
Sobre los anteriores lineamientos se asienta el principio procesal de ‘la
congruencia de las sentencias’, reglado por el Código de Procedimiento,
el cual atañe con la consonancia que debe existir entre la sentencia y los
hechos y pretensiones aducidos en la demanda (art. 305), que garantiza
el derecho constitucional de defensa del demandado, quien debe conocer
el terreno claro de las imputaciones que se le formulan en contra. El juez,
salvo los casos de habilitación ex lege, en virtud de los cuales se le faculta
para adoptar determinadas decisiones de manera oficiosa, no puede
modificar o alterar los hechos ni las pretensiones oportunamente
formulados, so pena de generar una decisión incongruente”33.
29 En la actualidad este principio se encuentra consagrado en el artículo 281 del Código General del Proceso,
cuyo texto es el siguiente: “Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y
con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda
ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual
verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya
sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo
de oficio(…)”.
30 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias del 18 de diciembre de 2020, Rads.:
62573, 64129 y 64270, del 19 de noviembre de 2020, Rad.: 65854 y del 5 de marzo de 2021, Rad.: 65440.
31 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias del 31 de octubre de 2016, Rad.: 59949
y del 27 de noviembre de 2017, Rad.:59913.
32 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 5 de marzo de 2020, Rad.: 64627A.
33 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1° de marzo de 2006, Rad. 15.898.
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Demandante: Departamento del Meta
De otra parte, cabe precisar que, si bien en la demanda la parte actora invoca la
presunta infracción de la ley como vicio de nulidad, lo cierto es que el sustento de
su censura se dirige, en estricto sentido, a cuestionar la motivación del acto
administrativo. En efecto, la demandante sostiene que los fundamentos fácticos y
jurídicos que sirvieron de soporte para declarar el desequilibrio económico del
contrato no correspondían con la realidad, en tanto, a su juicio, no se configuraron
los supuestos que daban lugar al restablecimiento económico reconocido por la
Administración.
Bajo el anterior contexto, la Sala, en ejercicio de la facultad excepcional de
interpretar la demanda, procederá a examinar en segunda instancia la legalidad del
acto acusado a la luz del vicio de falsa motivación34, en virtud de lo cual resolverá
el siguiente problema jurídico:
Corresponde a la Sala establecer si, de conformidad con los hechos probados, la
Resolución No.168 del 19 de noviembre de 2015, mediante la cual se reconoció el
desequilibrio económico del contrato No. 547 de 2015 y se ordenó el pago de una
suma en favor de INCAS S.A.S., adolece de falsa motivación y si, con fundamento
en ello, hay lugar a declarar su nulidad y en consecuencia ordenar al Departamento,
a título de restablecimiento del derecho, que se abstenga del pago de la suma
reconocida en dicho acto administrativo.
En tal sentido, de cara a los reparos de la demanda y del recurso de apelación, en
contraste con la motivación del acto administrativo cuestionado, habrá de
determinar si en el presente caso estaban dadas las condiciones para reconocer el
desequilibrio económico del contrato, por cuanto el contratista: (i) no previó el riesgo
de fluctuación de la moneda el cual es previsible en las transacciones realizadas en
el mercado cambiario; (ii) suscribió el contrato aceptando los precios presentados
por este mismo en su cotización de acuerdo con las características técnicas exigidas
en el contrato; y (iii) contaba con los recursos del anticipo para adquirir los bienes
objeto del contrato y no lo hizo oportunamente asumiendo el riesgo del alza del
dólar, aspectos que fueron objeto de pronunciamiento del Tribunal y respecto de los
cuales el recurrente formuló reparos concretos.
34 Excepcionalmente el juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda, siempre que el
derecho de defensa del demandado no resulte afectado, no exista una variación de la causa petendi, ni de las
pretensiones de la demanda y la acción a la que se adecua no haya caducado. Cfr. Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de abril de 2014, Rad: 26870.
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6. Solución al problema jurídico
Bajo esta óptica, antes de resolver el problema jurídico planteado, se procederá a
establecer cuáles son los hechos probados que resultan jurídicamente relevantes
para decidir la controversia sometida a juicio en esta instancia y se relacionarán las
pruebas relevantes para resolver el caso sub judice. Posteriormente, se hará
referencia al régimen del contrato de compraventa No. 547 del 30 de abril de 2015
y se expondrán unas consideraciones generales sobre el equilibrio económico del
contrato.
6.1. Hechos probados
En el caso concreto, la Sala analizará los documentos aportados al proceso de
conformidad con lo previsto en el artículo 24635 del CGP y los testimonios
recaudados, en virtud de lo prescrito en el artículo 21136 del mismo estatuto.
De la etapa precontractual
6.1.1. Mediante oficio del 24 de marzo de 2015, el señor Daniel Ernesto Castiblanco
Mendoza, Secretario de Gobierno y Seguridad del Departamento le solicitó al
Departamento Administrativo de Planeación Departamental la expedición del
certificado para ejecución de recursos del proyecto para la “Adquisición de Equipos
purificadores de agua para consumo humano con destino a la Séptima Brigada,
Departamento Meta, el cual hace parte del Proyecto programa “APOYO A LOS
ORGANISMOS DE SEGURIDAD E INVESTIGACION QUE CONFORMAN EL
FONSET DEL DEPARTAMENTO DEL META, ORINOQUÍA" radicado en el BPPDM
bajo el número 131/2013-POAI 2014”37.
6.1.2. El 25 de marzo de 2015, la Oficina Técnica de Inversión Pública del
Departamento Administrativo de Planeación Departamental certificó que el proyecto
para la adquisición de los purificadores de agua se encontraba registrado en el
35 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo
cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia […] Sin
perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar
su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se
efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente”.
36 “ARTÍCULO 211. IMPARCIALIDAD DEL TESTIGO. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de
las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de
parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes
personales u otras causas.
La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el
momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso”.
37 Fls.26 a 28, C.1.
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Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental. En este certificado
se precisó que los componentes a ejecutar en este proyecto era la “adquisición de
2.064 filtros portátiles purificadores de agua para consumo humano, tipo botella de
750 ml y 115 tipo Bidon de 18.5 litros, con destino a la Séptima Brigada del Ejército.
Por valor total de $2.047.350.000”38.
6.1.3. El 6 de abril de 2015, el gerente de presupuesto de la Gobernación del Meta,
expidió el certificado de disponibilidad presupuestal para la adquisición de los filtros
purificadores de agua en el marco del proyecto de apoyo a los organismos de
seguridad e investigación que conforman el FONSET del Departamento, por el valor
de $2.047.350.00039.
6.1.4. El 13 de abril de 2015, la Oficina de Asuntos Contractuales de la Secretaría
Jurídica del Departamento expidió el certificado en el que consta que los elementos
a adquirir se encontraban incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia
2015, por solicitud del Secretario de Gobierno y Seguridad 40.
6.1.5. El 20 de abril de 2015, la Secretaría de Gobierno y Seguridad elaboró los
estudios previos41. En este documento se estableció que el objeto a contratar era la
“ADQUISICIÓN DE FILTROS PURIFICADORES DE AGUA PARA CONSUMO
HUMANO DE USO MILITAR CON DESTINO A LA SÉPTIMA BRIGADA DEL
EJÉRCITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META”, que el presupuesto estimado
para el contrato era de $2.047.350.000 del cual se desembolsaría, en primer lugar,
un anticipo del 30% del valor del contrato y luego, se realizaría un pago final del
70% del valor del contrato sujeto a la acreditación de pagos de seguridad social, el
informe de actividades elaborado por el contratista, el informe elaborado por el
supervisor del contrato y la certificación del supervisor del cumplimiento de las
obligaciones contractuales y de seguridad social por parte del contratista y, en
cuanto al tiempo de ejecución del contrato, se estableció que este sería de 5 meses.
Igualmente, se describió la necesidad, oportunidad y conveniencia para la
celebración del contrato, se señalaron las especificaciones técnicas de los
productos a adquirir y en el estudio económico se concluyó que luego de realizar el
estudio del sector y de acuerdo con las especificaciones técnicas de los productos,
“solo existe un distribuidor exclusivo para Colombia y es la compañía INCAS S.A.S.”
38 Fl.29, C.1.
39 Fl.32, C.1.
40 Fl.33, C.1.
41 Fls. 34 a 50, C.1.
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de ahí que ante la inexistencia de pluralidad de oferentes la modalidad de selección
sería la contratación directa.
En relación con la propuesta económica, se previó que esta debía “cotizar todos y
cada uno de los ítems establecidos y el valor de la propuesta deberá establecerse
en pesos colombianos; no se aceptarán precios en otras monedas. Las sumas
cotizadas por el contratista no estarán sujetas a ajustes; igualmente se entenderá
que dichas sumas contemplan la totalidad de los costos en que incurrirá el
contratista para la ejecución y cumplimiento del contrato, razón por la cual el
DEPARTAMENTO no reconocerá costo adicional alguno por este concepto. Los
precios unitarios deberán indicarse en pesos colombianos, deberán ajustarse al
peso, bien sea por exceso o por defecto y deberán cubrir todos los costos que
implique la ejecución del contrato”.
En punto del análisis de tipificación y distribución de los riesgos, en los estudios
previos se indicó que los riesgos previsibles involucrados en la contratación como
posibles generadores de desequilibrio económico del contrato eran los siguientes:
a. Que el contratista incumpla con la entrega de los filtros por dificultades en la
importación, cuya consecuencia sería el retraso en la entrega y se calificó como
de rara probabilidad, de impacto menor y con prioridad baja.
b. La pérdida y/o hurto de los elementos, el cual se calificó como de rara
probabilidad, de impacto catastrófico y de prioridad alta.
Finalmente, en cuanto a las garantías se estableció que para la suscripción del
contrato y teniendo en cuenta la matriz de riesgos establecida, el contratista debía
constituir en favor del Departamento una garantía de cumplimiento de las
obligaciones contractuales cuya vigencia se mantendría hasta la liquidación y se
debía ajustar a “los límites, exigencias y extensión del riesgo amparado”. Asimismo,
se señaló que consistirían en pólizas expedidas por aseguradoras autorizadas para
funcionar en Colombia o en garantía bancaria expedida por un banco local.
6.1.6. Mediante oficio de la misma fecha -20 de abril de 2015- el Secretario de
Gobierno y Seguridad del Departamento le remitió invitación a presentar propuesta
económica al señor Herson Libardo Hernández, gerente general de INCAS S.A.S.
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para desarrollar el objeto del contrato42. En la invitación se precisó que la propuesta
económica debería presentarse en pesos colombianos, se indicaron las cantidades
y características técnicas de los productos requeridos y se remitió al contratista
copia de los estudios previos.
6.1.7. El 22 de abril de 2015, INCAS S.A.S presentó la propuesta económica en la
que cotizó los filtros purificadores de agua de uso militar marca “LIFESAVER
Systems” con precios en pesos colombianos a marzo de 2015 y previendo un tiempo
de entrega de 5 meses, así:
Asimismo, en la oferta se indicó que los precios “incluyen IVA, impuestos
municipales, departamentales y/o regionales”.
6.1.8. El 27 de abril de 2015, la Secretaría de Gobierno y Seguridad expidió la
Resolución No. 028 de 2015 por medio de la cual declaró justificada la celebración
del contrato de compraventa por la modalidad de contratación directa por no existir
pluralidad de oferentes, toda vez que, según el estudio del sector, para el objeto a
contratar, esto es, la adquisición de filtros purificadores de agua para consumo
humano de uso militar con destino a la Séptima Brigada del Ejército en el
Departamento del Meta, existía un distribuidor exclusivo para Colombia del
producto, esto es, INCAS S.A.S.43.
De la celebración y ejecución del contrato
6.1.9. El 30 de abril de 2015, el Departamento y la sociedad INCAS S.A.S.
suscribieron el contrato de compraventa No. 547 de 2015 el cual se regiría por “lo
consagrado en: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y Decreto 1510 de 2013”, según
42 Fls. 59 y 60, C.1.
43 Fls. 105 a 108, C.1.
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consta en copia simple del negocio jurídico44. De acuerdo con las cláusulas primera
y segunda de dicho documento, el objeto del contrato era la "ADQUISICIÓN DE
FILTROS PORTATILES PURIFICADORES DE AGUA DE USO MILITAR PARA
CONSUMO HUMANO CON DESTINO A LA SÉPTIMA BRIGADA DEL EJÉRCITO
EN EL DEPARTAMENTO DEL META" por el valor de $2.047.350.000,
En cuanto a la forma de pago, en la cláusula tercera se pactó que el Departamento
giraría el 30% del valor del contrato como anticipo, una vez perfeccionado el
contrato, elaborado el plan de inversión del anticipo y suscrita el acta de inicio y que
el 70% restante se pagaría una vez el contratista presentara informe final al
supervisor, este certificara el cumplimiento de la ejecución, se suscribiera acta de
finalización y acta de liquidación y se cumpliera con los requisitos para el
reconocimiento y pago por parte de la Secretaría de Hacienda.
En la cláusula cuarta se acordó que el término de ejecución del contrato sería de 5
meses contados a partir del acta de inicio, la cual debía firmarse dentro de los 5 días
siguientes al nombramiento del supervisor.
En punto de las obligaciones de la entidad contratante, en la cláusula séptima se
previeron las siguientes: (i) constituir la reserva presupuestal que garantice el giro
de los recursos del contrato; (ii) cancelar el valor pactado en el contrato en las
condiciones establecidas siempre y cuando el supervisor certifique el cumplimiento
del objeto contractual; (iii) nombrar un funcionario como supervisor del contrato; (iv)
las demás estipuladas en el Decreto 1510 de 2013 y las que se desprendan de la
naturaleza del contrato de compraventa.
En relación con las obligaciones del contratista, en la cláusula octava se acordaron
las siguientes:
“1) Suministrar la cantidad de 2.064 unidades de filtros con capacidad de 750
ml y 115 bidones con capacidad para 5 galones.
2) Los elementos a suministrar deben ser nuevos y deben ser a recibir
entregados en perfecto estado físico, técnico y de funcionamiento.
3) Realizar la entrega de los elementos en las instalaciones del almacén
departamental previa verificación del personal designado por la séptima brigada
que certifiquen que las características técnicas de los elementos corresponden
a los del objeto del contrato, el estado y funcionamiento de los mismos, de lo
anterior se levantará un acta.
4) Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que
conozca con causa o con ocasión del contrato.
44 Fls. 109 a 118, C.1.
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5) Presentar al supervisor un informe con soporte fotográfico y certificación del
almacén departamental.
6) Contar con un personal idóneo para el desarrollo del presente contrato.
7) Capacitar a 5 funcionarios asignados por la séptima brigada sobre el
funcionamiento operación y mantenimiento de los elementos a suministrar en el
municipio de Villavicencio.
8) Acatar las sugerencias de la supervisión encaminadas a mejorar el proceso.
9) Presentar factura de compraventa para cancelación respectiva de los
elementos
comprados.
10) Garantizar la afiliación ante el sistema de seguridad social integral en los
términos establecidos en la ley 100 de 1.993, (EPS, Fondo de Pensiones y ARL)
y presentar constancia de pago durante la ejecución del contrato por dichos
conceptos expedida por la respectiva entidad de seguridad social o en su
defecto en fotocopia el recibo de pago legible y vigente junto con la copia de la
planilla de pago durante la ejecución del contrato.
11) El contratista dentro del monto del contrato debe garantizar los gastos de
transporte, materiales, insumos de apoyo logístico necesarios para el desarrollo
del objeto del contrato”.
En lo atinente a las garantías, en la cláusula décima se previó que el contratista
constituiría una garantía que amparara el cumplimiento de las obligaciones surgidas
del contrato, cuya vigencia debía mantenerse durante la ejecución y liquidación,
mediante pólizas expedidas por compañías de seguros autorizadas para funcionar
en Colombia, la cual debería amparar los siguientes riesgos: (i) cumplimiento, por
el 10% del valor total del contrato por un término igual a su ejecución y 4 meses
más; (ii) calidad y correcto funcionamiento de los bienes entregados por un valor
equivalente al 10% del valor del contrato con vigencia mínima de 6 meses a partir
de la fecha de entrega; (iii) buen manejo y correcta inversión del anticipo, por el
100% del valor del anticipo y un término igual al de ejecución y 4 meses más; (iv)
responsabilidad civil extracontractual, vigente durante el término de ejecución del
contrato y (v) pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
vigente por el término de ejecución del contrato y 3 años más y cuyo valor no fuera
inferior al 5% del valor total del contrato.
6.1.10. Mediante acta modificatoria del 13 de mayo de 2015, se aclaró y modificó
cláusula décima del contrato No. 547 de 2015, en lo que respecta a la garantía de
calidad y correcto funcionamiento de los bienes entregados, en el sentido de
establecer que la vigencia de esta sería igual al término de ejecución del contrato y
cuatro meses más45.
6.1.11. El 5 de mayo de 2015, la aseguradora Confianza expidió garantía única de
cumplimiento mediante la póliza No. 27 GU 016713 en favor del Departamento46.
45 Fls.119 y 120, C.1.
46 Fls. 125 y 126, C.1.
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Dicha garantía fue aprobada por el jefe de la Oficina de Asuntos Contractuales del
Departamento, por acta del 13 de mayo de 201547.
6.1.12. El 15 de mayo de 2015, el señor Herson Libardo Hernández Rodríguez,
representante legal de INCAS S.A.S., y la señora Alis Julia Penagos González,
supervisora del contrato, suscribieron acta de inicio del contrato de compraventa
No. 547 de 201548. En el acta se señaló como fecha de finalización del contrato el
14 de octubre de 2015.
6.1.13. En la misma fecha, la supervisora expidió certificado autorizando el pago del
anticipo del 30% del valor del contrato, esto es, la suma de $614.205.000 en favor
de INCAS S.A.S., como dan cuenta las copias simples de dicho certificado y del
documento denominado “reconocimiento y pago para contrato y convenios
(anticipo)”49.i
6.1.14. El 22 de mayo de 2015, el gerente de tesorería del Departamento realizó el
giro del anticipo por la suma de $614.205.000 en favor de INCAS S.A.S., según
consta en copia simple del comprobante de egreso No. 580050.
De la solicitud de reajuste por desequilibrio económico del contrato y la
terminación del contrato
6.1.15. El 26 de agosto de 2015, INCAS S.A.S. presentó ante la Secretaría de
Gobierno y Seguridad del Departamento solicitud de ajuste de precios por
desequilibrio económico del contrato, toda vez que, debido al alza extraordinaria del
dólar y la consecuente devaluación del peso colombiano, debió incurrir en mayores
costos para la importación de los bienes adquiridos en virtud del contrato de
compraventa No. 547 de 2015, circunstancia que, a su juicio, constituía un riesgo
contractual “previsible” que debía ser objeto de reajuste o corrección de precios,
como da cuenta copia simple de dicho documento51.
En esta petición el contratista puso de presente dicha situación, en los siguientes
términos:
47
Fl.130, C.1.
48 Fl. 131, C.1.
49 Fls. 132 a 135, C.1.
50 Fl.142, C.1.
51 Fls.158 a 161, C.1.
32
.
Radicado: 50001-23-33-000-2016-00648-01 (66305)
Demandante: Departamento del Meta
“(…) Los anteriores supuestos, entre muchos otros, pueden tener incidencia en
los precios de los bienes y servicios y, aunque pueden ser previsibles en cuanto
a su ocurrencia, son imprevisibles en cuanto a sus efectos cualitativos,
cuantitativos y temporales (frecuencia); por tal razón, su estimación es
compleja, como complejo es el darles tratamiento de riesgo previsible; además,
son incontenibles, inevitables e irresistibles.
Uno de esos riesgos previsibles en una economía inflacionaria como la nuestra,
es el económico, que se produce como consecuencia de la fluctuación, el
incremento continuo y generalizado o la disminución del valor de los bienes,
servicios y factores productivos, a lo largo del tiempo; por esa razón, con el
objeto de prefijar las consecuencias futuras, previsibles y evitar que el riesgo
impacte de forma grave la economía del contrato, las partes deben pactar,
siempre que resulte viable, cláusulas de estabilización, reajustes o corrección
de precios, para que el contratista reciba una contraprestación real y
equivalente a la prestación ejecutada (…) los productos objeto de la
compraventa contratada son de origen extranjero y por ende adquiridos fuera
del país bajo las condiciones financieras que el mercado y la economía reflejan
en la moneda nacional! frente al dólar como moneda de adquisición de bienes
y servicios dentro del comercio internacional, siendo respecto a la devaluación
del peso frente al dólar que en este momento desde la fecha de suscripción del
contrato (…) el valor de la moneda nacional ha perdido su poder adquisitivo en
un 34,5% desde el mes de abril del presente año hasta la fecha así- abril 30 del
2015 tasa representativa del dólar 2388,06 pesos por dólar, agosto 25 del 2015
tasa representativa del dólar 3208,37 pesos por dólar- determinando que esta
depreciación de la moneda se aplique frente a no solo la adquisición y pago en
fábrica de los elementos del suministro contratado sino en los gastos de
legalización y carga impositiva de la importación, determinando en el contrato
global una pérdida en el porcentaje anteriormente mencionado y que determina
la revisión y ajuste, bien sea adicionando un mayor valor por elemento a
entregar de conformidad al índice de devaluación del peso frente al dólar en las
fechas mencionadas o permitir el ajuste de precios en los elementos
aceptándose la entrega de un menor número de bienes hasta copar el valor del
contrato(…) Lo anterior, es lo que está generando un desequilibrio económico
en más de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (…) ya que los bienes
objeto de la compraventa tendrían un valor de: JERRYCAN DE 20.000 LITROS
(MILITAR)= $2.219.250,00 BOTELLA DE 6.000 LITROS (MILITAR)=
$1.210.500,00”.
6.1.16. La anterior solicitud fue reiterada mediante oficios del 452, 2153 y 2954 de
septiembre de 2015.
6.1.17. En el oficio presentado el 21 de septiembre de 2015, el contratista allegó
copia de la factura No.1001 expedida el 16 de septiembre por la empresa
Soluciones Ecológicas de Colombia y Latinoamérica S.A.S. (SECOLL S.A.S),
empresa importadora de los filtros a INCAS S.A.S. por la compra de los bienes por
valor de $2.078.312.040 y solicitó que en vista de que estos ya se encontraban en
la ciudad para su entrega, mientras se resolvía la solicitud de reajuste de precios,
se realizara el recibo formal de los bienes y se esperara a la liquidación para verificar
si el reajuste de precios era aprobado o no, a efectos del pago final del contratista.
52 Fls.170 y 171, C.1.
53 Fls.172 y 173, C.1.
54 Fls.154 a 157, C,1.
33
.
Radicado: 50001-23-33-000-2016-00648-01 (66305)
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6.1.18. En la solicitud radicada el 29 de septiembre de 2015, el contratista expuso
que teniendo en cuenta que los bienes entregados son importados, fueron cotizados
con el precio del dólar oficial al momento de presentación de la oferta, y que su valor
incrementó con los costos directos e indirectos de las tasas e impuestos, además
de la depreciación del peso colombiano frente al dólar de 34,5% respecto de la fecha
en que se suscribió el contrato y la fecha en que se nacionalizaron los filtros, esto
es, el 4 de septiembre de 2015. Finalmente, puso de presente que su solicitud se
hacía “ante la pública y contundente evidencia del alza inesperada y
desproporcionada del dólar en tan corto tiempo (…)”.
6.1.19. Mediante oficio No.114200-356 del 24 de septiembre de 2015, el señor Miller
Oswaldo Villamizar Rojas, jefe de la Oficina de Asuntos Contractuales de la
Secretaría Jurídica del Departamento, dio respuesta al oficio presentado por el
contratista el 21 de septiembre, el cual le fue remitido por el Secretario de Gobierno
y Seguridad para que conceptuara si era procedente o no el reajuste de precios por
desequilibrio económico55. En dicho documento, manifestó que “una vez hecho el
análisis contable y financiero, dicho desequilibrio, no sería de acuerdo a la cuantía
determinada por el contratista, si no de acuerdo a la cuantía que arrojó el análisis
contable, el cual se adjunta al presente documento” y le remitió copia del concepto
financiero elaborado el 23 de septiembre de 2015 por la contadora Ángela Patricia
Zamudio Marín, en el cual, luego de analizar el comportamiento de la TRM y la
diferencia en el valor de los elementos en la factura del 16 de septiembre de 2015,
estableció que se podía restablecer un equilibrio económico del contrato en
$24.443.52656.
6.1.20. El 25 de septiembre de 2015, el almacén del despacho del Gobernador y
Secretaría expidió el comprobante de entrada de devolutivos No.638 en el cual
consta la entrega de 64 “filtros potabilizadores de agua portátiles” y 115 “bidones
con filtros con capacidad para 5 galones” adquiridos en virtud del contrato de
compraventa No. 547 de 2015 por el valor de $2.047.350.00057. En la misma fecha
se hizo entrega de dichos bienes al sargento Ricardo Benítez Cardona, almacenista
de intendencia de la Séptima Brigada del Ejército, según consta en copia del
memorando de salida de elementos devolutivos elaborado por la Gerencia
Administrativa y de Recursos Físicos de la Secretaría de Gobierno y Seguridad del
Departamento58.
55 Fl.143, C.1.
56 Fls.293 y 294, C.1.
57 Fls.148 y 149, C.1.
58 Fl.50, C.1.
34
.
Radicado: 50001-23-33-000-2016-00648-01 (66305)
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6.1.21. Está acreditado que INCAS S.A.S. hizo entrega de los bienes objeto del
contrato No. 547 de 2015 en su totalidad, cumpliendo con las características
técnicas correspondientes y en perfecto estado y funcionamiento59.
6.1.22. El 30 de septiembre de 2015, las partes suscribieron acta modificatoria del
contrato de compraventa No. 547 de 2015, en la cual se acordó modificar la cláusula
tercera del contrato relativa a la forma de pago, en el sentido de disponer el pago
del 70% restante del valor del contrato una vez se suscriba el acta de finalización60.
En las consideraciones del acta referida se indica que ante la solicitud presentada
por INCAS S.A.S. en la que pidió que se realizara el pago del 70% restante del valor
del contrato mientras se resolvía la solicitud de ajuste de precios por desequilibrio
económico y teniendo en cuenta que el 25 de septiembre de 2015 el contratista
entregó el 100% de los filtros cumpliendo todas las obligaciones del contrato y que
únicamente estaba pendiente el acta de liquidación final, para evitarle perjuicios al
contratista era necesario modificar la cláusula tercera del contrato, mientras se
resolvía la petición de reajuste de precio.
Finalmente, en el numeral segundo del acta modificatoria se previó que “La
liquidación del contrato de COMPRAVENTA No.547 de 2015, se hará una vez se
resuelva la petición presentada por el contratista, relacionada al ajuste de precios
por desequilibrio económico”.
6.1.23. En la misma fecha, las partes suscribieron el acta de finalización del contrato
de compraventa No. 547 de 201561.
6.1.24. Está probado que el mismo día la supervisora del contrato expidió certificado
autorizando el pago de $1.433.145.000 en favor de INCAS S.A.S. correspondientes
al 70% restante del valor del contrato62-63.
6.1.25. El 19 de octubre de 2015, el contador Fernando Andrade, profesional
especializado de la Oficina de Asuntos Contractuales, realizó concepto financiero
sobre la solicitud de reajuste de precios presentada por el contratista, en el que
59
Fl.152, C.1.
60 Fls. 175 a 182, C.1.
61 Fls.203 y 204, C.1.
62 Fls.187 a 190, C.1.
63 Fls.201 y 202, C.1.
35
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estableció con base en consideraciones económicas y financieras que se debía
ajustar el valor del contrato en $415.612.050 debido a que entre la fecha en que se
firmó el acta de inicio y la fecha en la que se efectuó la declaración de importación
de los bienes objeto del mismo, el dólar tuvo una variación del 29%, lo cual
determinó una diferencia en el valor de estos64.
En este documento, antes de cuantificar el monto en el que, a juicio del contador,
se debía ajustar el valor del contrato, se realizó un análisis general sobre “los
cambios ocurridos en la economía nacional e internacional, y como estos cambios
han afectado la tasa representativa del mercado”. Al respecto, en primer lugar, se
hizo referencia a la TRM que operó en el 2015 según los índices del Banco de la
República; posteriormente, se hicieron consideraciones en cuanto a qué es la TRM,
su fluctuación, que Colombia era considerado un mercado emergente; luego se
señaló que “con base en la devaluación del peso colombiano sufrida en los últimos
meses la cual ha afectado profundamente a quienes importan productos y servicios”
el contratista presentó su solicitud de reajuste de precios en virtud del artículo 27 de
la Ley 80 de 1993 y se transcribió la norma en cuestión y, finalmente, realizó sus
conclusiones desde el punto de vista financiero, en los siguientes términos:
“Teniendo en cuenta la información del contrato en mención, la cotización inicial
fue la siguiente:
El acta de inicio del contrato 547 de 2015 se firmó el 30 de abril de 2015, para
el 22 de mayo de 2015 se efectuó el anticipo correspondiente al 30% del
contrato, equivalente a $614,205,000.00 SEISCIENTOS CATORCE MILLONES
DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE, y para el 11 de septiembre fecha
en la que efectúa la declaración de importación, el dólar tuvo una variación e
incremento del 29%, lo que determina una diferencia del valor de los productos
a suministrar de la cotización inicial teniendo como referencia el 30 de abril
fecha de la firma del acta inicio del contrato 547 de 2015 y el 11 de septiembre
de 2015, así:
64 Fls. 217 a 227, C.1.
36
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Radicado: 50001-23-33-000-2016-00648-01 (66305)
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La diferencia total en pesos colombianos entre los valores de la cotización inicial
y los valores para el 02 (sic) de septiembre de 2015, fecha del acta de
reconocimiento de mercancías, asciende a $593,731,500,00, QUINIENTOS
NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL
QUINIENTOS PESOS M/CTE. Sin embargo, la gobernación del Meta, ya ha
cancelado el 30% del valor del contrato, por lo que el ajuste que se considera
pertinente realizar es al 70% del valor del contrato restante, es decir del 100%
de la diferencia que corresponde a $593.731.500,00, se debería ajustar en un
70% así:
Se concluye entonces que el valor en el que se debería ajustar es
$415,612,050,00 CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS
DOCE MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS, debido a que la Gobernación
del Meta contrato con el señor HERSON LIBARDO HERNANDEZ
RODRIGUEZ, representante legal de INCAS S.A.S, la “ADQUISICION DE
FILTROS PORTATILES PURIFICADORES DE AGUA DE USO MILITAR PARA
EL CONSUMO HUMANO CON DESTINO A LA SEPTIMA BRIGADA DEL
EJERCITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META”, en el contrato 547 de 2015,
aceptando una propuesta económica inicial, que para el 30 de abril de 2015, fue
firmada en una acta de inicio del contrato 547 de 2015, y esta cotización fue
afectada en un 29% de incremento por el aumento en el precio del dólar, ya que
los productos objeto del suministro contratado deben ser importados, lo que
genero un desequilibrio económico para EL CONSTRATISTA”.
6.1.26. En el mismo mes -sin día determinado-, el señor Miller Oswaldo Villamizar
Rojas, jefe de la Oficina de Asuntos Contractuales suscribió y remitió al Secretario
de Gobierno y Seguridad del Departamento un oficio en el que se pronunció sobre
la solicitud de INCAS S.A.S. de restablecimiento del equilibrio económico del
contrato No. 547 de 2015 -oficio que sirvió de sustento para la motivación del acto
acusado-65.
En este documento se hizo referencia de manera general al artículo 27 de la Ley 80
de 1993, posteriormente se citó doctrina y jurisprudencia del Consejo de Estado
relativa a la aplicación de dicha norma y luego indicó que, en atención a dicha
65 Fls. 211 a 216, C.1.
37
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Radicado: 50001-23-33-000-2016-00648-01 (66305)
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solicitud, se le pidió al contador Fernando Andrade, profesional especializado de la
Oficina de Asuntos Contractuales, que elaborara un “análisis económico financiero
de los soportes allegados por el contratista, junto con el expediente contractual, en
aras de determinar si efectivamente nos encontramos frente a la figura de
desequilibrio económico del contrato estatal No. 547 de 2015 de un lado, y si fuere
el caso, estando en presencia de esto, por otro lado, determinar con la mayor
exactitud su cuantía y alcance”.
Luego se hizo alusión al artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y se concluyó que, de
conformidad con los soportes allegados por el contratista, el alza del dólar fue un
hecho “totalmente imprevisible e inimputable al contratista, así como también ajeno
a la entidad contratante”, pues se presentó una variación de la moneda que estaba
fuera del alcance del contrato suscrito entre las partes, toda vez que el aumento del
dólar “llegó a ser de los más altos en los últimos años, tal y como lo refleja la (…)
TRM”.
Igualmente, se refirió en términos generales a jurisprudencia del Consejo de Estado
relativa a los eventos en los que se presenta el rompimiento del equilibrio económico
del contrato y sobre la teoría de la imprevisión. Adicionalmente, indicó que en el
concepto financiero realizado por el contador Fernando Andrade se estableció la
cuantía de la ruptura de la ecuación contractual y con base en ello, adujo que la
pérdida del valor del peso colombiano frente al dólar durante el término de ejecución
del contrato incidió en el valor de los bienes importados, por lo que debía adoptarse
“el restablecimiento de la relación económica en aras de evitar la lesividad del
contratista”.
Finalmente, señaló que era claro que “las causas por las cuales el contratista solicita
reconocimiento del rompimiento del equilibrio, no resultan (…) imputable a las partes
inmersas en la relación jurídica, así mismo, se evidencia un factor preponderante,
el cual recae en el hecho de que el contratista, aun sufriendo dicha carga, ejecuto
el contrato No. 547 de 2015, tal y como se evidencia con la Factura de Venta No.
1001, así como con el comprobante de entrada al almacén Departamental No. 638
de fecha 25 de septiembre, donde se puede corroborar y verificar la entrega de los
elementos contratados. Por otro lado, dentro del presente escrito se expone y deja
de manifiesto las conclusiones a las cuales, los mismos documentos soporte, las
normas que regulan la materia, la jurisprudencia y doctrina que se ha ocupado del
asunto en mención (rompimiento del equilibrio económico), nos ha llevado, en aras
de evitar futuros litigios por parte del contratista, en caso de que este considere
38
.
Radicado: 50001-23-33-000-2016-00648-01 (66305)
Demandante: Departamento del Meta
llevar a dicha instancia la presente solicitud incoada, conclusiones que servirán de
motivación al acto administrativo, con el cual, se procederá al respectivo
pronunciamiento frente al contratista, respecto a la protección de la premisa jurídica
consagrada en el Artículo 5 de la Ley 80 de 1993”.
6.1.27. El 19 de noviembre de 2015, el señor Daniel Ernesto Castiblanco Mendoza,
Secretario de Gobierno y Seguridad del Departamento, expidió la Resolución No.
168 de 2015, por medio de la cual reconoció el desequilibrio económico del contrato
No. 547 de 2015 y ordenó el pago de $415.612.050 en favor de INCAS S.A.S. por
este concepto66. La Resolución da cuenta que el funcionario estaba facultado para
contratar en virtud del Decreto 0233 del 29 de julio de 2014 y que actuaba en nombre
y representación del Departamento.
Como motivación del acto, en primer lugar, se efectuó un recuento de las
actuaciones surtidas durante las etapas precontractual y contractual, y
posteriormente se hizo referencia a la solicitud presentada por el contratista en torno
al reajuste de precios con fundamento en el desequilibrio económico del contrato
derivado de la devaluación del peso colombiano frente al dólar, circunstancia
que, según se afirmó en el acto, le ocasionó un detrimento patrimonial y un
desbalance económico al contratista en la adquisición de los bienes objeto del
contrato, estimado en la suma de $706.335.750.
A partir de lo anterior, se realizó un recuento de las actuaciones realizadas por la
entidad para resolver la solicitud del contratista indicando lo siguiente: (i) que el 1
de septiembre de 2015 el Secretario de Gobierno y Seguridad le solicitó al jefe de
la Oficina de Asuntos Contractuales, Miller Oswaldo Villamizar, que realizara un
estudio jurídico para determinar si era procedente o no el reajuste de precios por
desequilibrio económico del contrato No. 547 de 2015; (ii) que el 25 de septiembre
se recibieron los bienes objeto del contrato a satisfacción; (iii) que el 30 de
septiembre se suscribió el acta de finalización del contrato; (iv) que mediante oficio
del 19 de octubre de 2015 el señor Fernando Andrade Rodríguez, profesional
universitario de la Oficina de Asuntos contractuales realizó un análisis financiero
de la solicitud en el que concluyó que, “para el 11 de septiembre fecha en la que se
efectúa la declaración de importación el dólar tuvo una variación e incremento del
29% lo que determina una diferencia del valor de los productos a suministrar de la
cotización inicial teniendo en cuenta como referencia el 30 de abril fecha de la firma
66 Fls. 242 a 248, C.1.
39
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Radicado: 50001-23-33-000-2016-00648-01 (66305)
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del acta de inicio del contrato y el 11 de septiembre de 2015” y estableció en
términos económicos que la diferencia entre los valores de la cotización inicial y los
del acta de reconocimiento de mercancías ascendía a $593.731.500; no obstante,
teniendo en cuenta que la entidad ya había cancelado el 30% del valor del contrato,
el ajuste debía realizarse sobre el 70% restante, por lo cual el valor que debía
ajustarse correspondía a la suma de $415.612.050. En tal sentido, se precisó que
el contrato No. 547 fue suscrito, “aceptando una propuesta económica inicial, que
para el 30 de abril de 2015 fue firmada en un acta de inicio (…) y esta cotización
fue aceptada (sic) en un 29% de incremento por el aumento en el precio del
dólar, ya que los productos objeto del suministro contratado deben ser importados
lo que generó un desequilibrio económico para el contratista”.
Ahora, en lo que respecta a los fundamentos jurídicos, en el acto administrativo se
expuso que, mediante oficio de octubre de 2015, el Jefe de la Oficina de Asuntos
Contractuales dio respuesta al Secretario de Gobierno y Seguridad respecto de la
solicitud de reajuste presentada y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27
de la Ley 80 de 1993, así como en la jurisprudencia del Consejo de Estado relativa
a la teoría de la imprevisión, señaló que:
“la imprevisibilidad (…) es un hecho matemáticamente verificable, que, en el
caso concreto, se analizó desde la perspectiva financiera, la cuantía de la
reclamación, para lo cual se corrió traslado de la petición del contratista al
contador FERNANDO ANDRADE, quien rindió informe financiero estableciendo
la cuantía de la ruptura de la ecuación contractual.
En este sentido, efectivamente encontramos una relación directa entre la
pérdida del valor nominal de la moneda colombiana frente al dólar americano
durante el término de ejecución contractual, hecho notorio que incidió en el valor
de los elementos importados con la factura no.1001, para el caso que nos atañe,
los bidones y botellas de uso militar con filtro, debiéndose adoptar en extrema
justicia el rápido restablecimiento de la relación económica en aras de evitar la
lesividad del contratista.
Es claro que las causales por las cuales el contratista solicita el reconocimiento
del rompimiento del equilibrio no resultan, en el presente caso (…) imputable a
las partes inmersas en la relación jurídica, así mismo, se evidencia un factor
preponderante, el cual recae en el hecho de que el contratista, aun sufriendo
dicha carga, ejecutó el contrato no. 547 de 2015, tal y como se evidencia con la
factura de venta No.1001, así como con el comprobante de entrada al almacén
Departamental No. 638 de fecha 25 de septiembre, donde se puede corroborar
y verificar la entrega de los elementos contratados”.
Finalmente, en la Resolución se puso de presente que mediante acta No.5 de 2015
del comité de orden público se aprobó el ajuste por desequilibrio económico del
contrato, que se hizo una actualización en el proyecto teniendo en cuenta el
incremento del dólar en los precios de importación, que el 9 de noviembre de 2015
se expidió un certificado de disponibilidad presupuestal por el valor a ajustar, que
en la misma fecha la Oficina de Asuntos Contractuales de la Secretaría Jurídica
40
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certificó que el producto o servicio descrito se encuentra incluido en el Plan Anual
de Adquisiciones con vigencia año 2015 y que en consecuencia “se hace necesario
reconocer el desequilibrio económico del contrato No. 547 de 2015 a favor del señor
HERSON LIBARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ representante Legal de INCAS
S.A.S. y ordenar su correspondiente pago”.
6.1.28. En la misma fecha, se notificó personalmente al representante legal de
INCAS S.A.S. el acto administrativo antes relacionado, según consta en copia
simple del acta de notificación personal67.
6.1.29. Mediante oficio del 27 de noviembre de 2015, el Secretario de Gobierno y
Seguridad del Departamento le solicitó al señor Vladimir Sierra, Secretario Jurídico
de la Gobernación, que realizara una revisión jurídica de la Resolución No.168 de
2015 y procediera a darle el visto bueno a la misma para su publicación, “una vez
se surta la correspondiente notificación personal al interesado y esta resolución
quede en firme”68.
6.1.30. El 3 de diciembre de 2015, el Secretario Jurídico de la Gobernación dio
respuesta a la solicitud del Secretario de Gobierno y Seguridad relativa a la revisión
jurídica de la Resolución No. 168 de 2015 y le señaló que, “el reconocimiento de
sumas económicas y máxime cuando se trata de dineros públicos deben contemplar
un estudio jurídico previo que garantice la confiabilidad jurídica de la decisión que
soporta (…)”. Además, señaló que dicho acto administrativo “no cuenta con el aval
o respaldo jurídico de esta dependencia, por tanto al solicitarse de manera
extemporánea un pronunciamiento de este despacho sobre la legalidad del mismo,
forzosamente me veo en la obligación de negarlo por extemporáneo”. Por lo
anterior, le sugirió que contemplara la posibilidad de revocarlo por ser contrario al
ordenamiento jurídico69.
6.1.31. El 14 de diciembre de 2015, la supervisora del contrato remitió un oficio al
representante legal de INCAS S.A.S, por solicitud de la Secretaría Jurídica,
requiriéndolo para que allegara copia de la factura que demostrara la compra en
dólares de los filtros objeto del contrato, con el fin de verificar si esta cumplía con
los requisitos legales y un informe detallando los sucesos que originaron el
desequilibrio económico del contrato y donde justificara cómo ofertó los filtros y
67 Fl.249, C.1.
68 Fl.252, C.1.
69 Fls.253 y 254, C.1.
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como los pagó, el desequilibrio y el uso que le dio al anticipo, para que la Secretaría
Jurídica del Departamento aprobara el reconocimiento del desequilibrio económico
solicitado70.
6.1.32. El 16 de diciembre de 2014, el representante legal de INCAS S.A.S. dio
respuesta al requerimiento anterior, según consta en copia simple de dicho oficio y
sus anexos respectivos71.
6.1.33. El 28 de diciembre de 2015,72 la contadora Ángela Patricia Zamudio Marín
de la Oficina de Asuntos Contractuales, rindió un nuevo concepto financiero, en el
cual puso de presente las siguientes inconsistencias de fondo:
“1. No existe Plan de Inversión del anticipo frente al cual puede confrontarse el
gasto realizado por el contratista con el recurso girado por este concepto.
2. En relación con la factura 119 expedida por la firma Greenlife hace evidencia
que se trata de una proforma, lo cual contablemente implica “Una factura
proforma no es una factura real – es simplemente un documento que declara el
compromiso del vendedor de proporcionar los bienes o servicios especificados
al comprador a un precio determinado. Las facturas proforma no se registran
como cuentas por cobrar por el vendedor ni están registrados como cuentas por
pagar por el comprador. Es decir, que las facturas proformas no forman parte
de la contabilidad”.
b. El nombre de la firma a quien se expide la factura es SECOLL S.A.S. y no
INCAS S.A.S como correspondería.
c. La cantidad de artículos a adquirir en el marco del Contrato 547 de 2015 es
diferente en varios ítems, se solicitan los siguientes artículos:
• 2100 filtros cuando la cantidad requerida eran 2064.
130 Bidones cuando lo requerido era 115.
Adicional solicitan 5 LifeSaver Cube, 4 C2 Unit-750 litre filtration system (tan), 2
C2 Unit Activated Carbon (2pk), 5 JerryCan Shower Kit, 10 JerryCan Carbon
Filter 500 litres (5pk)
Lo anterior implica que se adquirieron por parte del contratista elementos
diferentes en cantidad a los requeridos por el departamento y en consecuencia
el soporte no respalda de manera concreta la inversión realizada en el marco
del contrato. En relación con los soportes relacionados con la logística de
importación debo informar que tampoco se encuentra a nombre de la firma de
quien suscribió el contrato”.
6.1.34. Mediante oficio No.114000-427 del 29 de diciembre de 201573, el Secretario
Jurídico de la Gobernación le remitió al Secretario de Gobierno y Seguridad, el
concepto financiero realizado por la contadora Ángela Patricia Zamudio Marín y le
reiteró la necesidad de revocar el acto administrativo que reconoció el desequilibrio
económico del contrato a INCAS S.A.S., en aras de salvaguardar los recursos
públicos.
70 Fls. 256 a 258, C.1.
71 Fls.260 a 269, C.1.
72 Fls.303 y 304, C.1.
73 Fl.302, C.1.
42
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Radicado: 50001-23-33-000-2016-00648-01 (66305)
Demandante: Departamento del Meta
6.1.35. En oficio No.107000 GSCC6 del 6 de enero de 2016, la señora Laura
Herminia López Forero, supervisora del contrato, le remitió al señor Gerardo León
Mancera Parada, nuevo Secretario de Gobierno y Seguridad del Departamento, el
informe de supervisión del contrato No. 547 realizado el 30 de diciembre de 2015 y
le solicitó que convocara un comité técnico jurídico para revisar el proceso
adelantado y la posible revocatoria de la Resolución No.168 de 201574.
6.1.36. El 5 de febrero de 2016, se llevó a cabo el comité técnico jurídico en el
despacho de la Secretaría Jurídica para definir las “acciones a tomar frente al caso
de desequilibrio económico del contrato 547 de 2015”75.
6.1.37. Mediante oficio del 8 de marzo de 2016, la señora Paola Tatiana Vargas,
jefe de la Oficina de Defensa Judicial del Departamento, le comunicó al Secretario
de Gobierno y Seguridad que mediante el oficio No. 107000.GSCC48 del 8 de
febrero de 2016 le solicitaron al contratista consentimiento para revocar el
mencionado acto administrativo para lo cual le otorgaron un término de tres días
para su respuesta y que teniendo en cuenta que no se recibió consentimiento alguno
para revocar dicho acto, le solicitaba iniciar la acción de lesividad contemplada en
el artículo 97 del CPACA a fin de salvaguardar el patrimonio del Departamento.
6.2. Pruebas testimoniales
6.2.1. Obra el testimonio de la contadora Ángela Patricia Zamudio Marín, quien se
desempeñaba como profesional universitaria de la Oficina de Asuntos
Contractuales de la Secretaría Jurídica del Departamento para la fecha de los
hechos, el cual fue decretado por solicitud de la parte demandante en el marco de
la audiencia inicial llevada a cabo el 28 de mayo de 201976 y practicado en la
audiencia de pruebas celebrada el 30 de julio de 2019, según consta en el acta de
la audiencia77 y en la respectiva grabación78.
En su declaración expuso que tuvo conocimiento del contrato de compraventa No.
547 de 2015 a raíz de la solicitud de reajuste de precios por desequilibrio económico
presentada por INCAS S.A.S., dado que en atención a la misma el 23 de septiembre
74
Fl.285, C.1.
75 Fls. 287 a 290, C.1.
76 Fls. 269 a 273 reverso, C.1
77 Fls. 287 a 290, C.1. índice 3 de la plataforma Samai del Tribunal
78 Índice 2 de la plataforma Samai del Tribunal.
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Radicado: 50001-23-33-000-2016-00648-01 (66305)
Demandante: Departamento del Meta
de 2015 el jefe de la Oficina de Asuntos Contractuales, Miller Oswaldo Villamizar
Rojas, le solicitó que revisara la factura No.1001 y los demás documentos que
obraban en el proceso, para que determinara si había o no desequilibrio económico,
frente a lo cual revisó todo el proceso de contratación, el contrato y emitió un
concepto financiero en el que concluyó que con base en esa factura sí existía un
desequilibrio de $24.443.546.
Manifestó que llegó a esa conclusión al analizar que al contratista se le había girado
el anticipo del 30% del valor del contrato el 22 de mayo de 2015 por $614. 205.000,
que en ese momento el dólar estaba a $2.489, que no encontró un plan de inversión
sino un oficio del representante legal de INCAS S.A.S en el que indicaba que
utilizaría el 100% del anticipo para adquirir los bienes del contrato; luego hizo un
cuadro de análisis en el que concluyó que con el dinero del anticipo y teniendo en
cuenta los precios de la cotización de marzo de 2015, “podía adquirir los 115
jerrycan (…) y 471 botellas de 6000 litros” y que cuando revisó la factura con fecha
del 16 de septiembre de 2015 “donde se incrementa el valor del dólar, tenía un saldo
para restablecer de $24.443.526”. A su vez señaló que en la reclamación de INCAS
S.A.S se atribuía el desequilibrio económico a la fluctuación del dólar y que
“teniendo en cuenta que el anticipo se había girado el 22 de mayo y que había hecho
la compra el 16 de septiembre de 2015, rendí el concepto el 23 de septiembre de
2015, después de eso el 28 de diciembre de 2015 el secretario jurídico del
departamento, me advierte que recibió un acto administrativo donde reconocen un
desequilibrio por 415 millones con fundamento en otro concepto de otro funcionario,
por ello el secretario jurídico me pide que revise nuevamente el proceso y luego
reviso unos documentos que aparecen en la carpeta del contrato después del 23 de
septiembre”.
Manifestó que luego rindió otro concepto del 28 de diciembre de 2015 en el que
evidenció que “no existía plan de inversión frente al cual pueda confrontarse el gasto
realizado por el contratista con el recurso girado por este concepto, que en relación
con una factura que ya aparece luego No. 119 expedida por la firma Green life, que
es una factura proforma, no es una factura real sino simplemente declara el
compromiso del vendedor de proporcionar los bienes o servicios al comprador por
un precio determinado, las facturas proforma no se registran como cuentas por
cobrar por el vendedor (…) es decir que no forman parte de la contabilidad, el
nombre de la firma se expide a SECOLL y no a INCAS S.A.S. como correspondería
ya que el contrato se celebró con INCAS, la cantidad de artículos a adquirir en virtud
del contrato es diferente en varios ítems y se solicitan más artículos (…) adicional
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Radicado: 50001-23-33-000-2016-00648-01 (66305)
Demandante: Departamento del Meta
se solicitan otros productos, los soportes no respaldan la inversión concreta
realizada en el marco del contrato, en los soportes relacionados con la logística de
importación tampoco se encuentran a nombre del contratista, en todo caso los
costos del mismo debieron considerar todos los gastos en que incurrió la firma
contratista para el cumplimiento de la obligación contractual, los soportes requeridos
para realizar el pago, no tienen ninguna validez”. Adicionalmente, indicó que “esos
documentos no se encontraban en la carpeta del contrato en el momento en que
hice el primer concepto solo relacionaban un oficio solicitando el reconocimiento y
la factura 1001”.
Declaró que tuvo conocimiento de la Resolución No. 168 de 2015, porque el
Secretario Jurídico “cuando la recibió para un visto bueno me llamó y me pidió que
revisara nuevamente todo el proceso y que verificara si había lugar o no al
desequilibrio para él poder firmar esa resolución” y que supo que el jefe de la Oficina
de Asuntos Contractuales “solicitó otro concepto financiero a otro contador (…) el
doctor Fernando pero no tengo entendido por qué, creo que fue que allegaron otro
documento con más pruebas con la solicitud de desequilibrio. Y después en el año
2016, solicitaron otro concepto a la doctora Sandra Milena Cruz Piraquive en donde
ella solicita todos los documentos y su conclusión es que no existía desequilibrio.
Finalmente, manifestó que el Secretario Jurídico nunca dio el visto bueno a la
Resolución No. 168 y precisó que “a él le solicitaron que diera el visto bueno de un
acto administrativo que estaba reconociendo el desequilibrio, al llegar ese
documento a la firma del Secretario Jurídico él solicita que revisen nuevamente los
documentos del proceso para verificar si existía o no desequilibrio económico, él
nunca dio el visto bueno (…) conozco de todo el proceso porque solicitaron los
conceptos, se hizo a través de contratación directa, presentan oferta en marzo de
2015 con unos precios que tenían vigencia de 5 meses y cumplieron con el objeto
del contrato. En el momento que emití el concepto de diciembre tuve en cuenta
todos los documentos del contrato, en 2015 en marzo la firma contratista allega
cotización en pesos, pero después cuando verificamos que hay fluctuación aquí es
donde la Administración dice si en mayo le giramos el anticipo por qué no compraron
los productos y esperaron hasta septiembre que hubo alza del dólar, por eso
consideramos que no hay desequilibrio económico (…) la factura 1001 la presentan
el 15 de septiembre con base en eso hicimos un primer estudio donde dijimos que
hay desequilibrio por 24 millones, posteriormente, allegan unos documentos que no
son factura y los documentos de importación que no hacían parte del proceso
porque no estaban a nombre de la empresa contratista”.
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Radicado: 50001-23-33-000-2016-00648-01 (66305)
Demandante: Departamento del Meta
6.2.2. Igualmente, obra el testimonio del señor Vladimir Sierra Martínez79, Secretario
Jurídico del Departamento, el cual fue decretado por solicitud de la parte
demandada, quien en relación con la celebración del contrato y la solicitud de
desequilibrio económico manifestó que la modalidad de contratación fue la
contratación directa porque la unidad del Ejército a dónde iban dirigidos los
productos solicitó unos bienes con características especiales cuya distribución
exclusiva la tenía la firma contratista. Indicó que el representante legal de INCAS
S.A.S. presentó una oferta que fue aceptada por el Departamento bajo unas
condiciones, en pesos colombianos, precio por unidad, unas cantidades a adquirir,
por un término de ejecución de cinco meses, que se pactó un anticipo del 30% y
que durante la ejecución “el contratista, antes de vencerse el término solicita el
restablecimiento del equilibrio económico teniendo en cuenta la devaluación del
peso colombiano frente al dólar lo que no fue considerado en su momento durante
la ejecución sino se dejó para la liquidación del contrato, eso fue lo que determinó
por parte del Secretario de Gobierno de ese entonces, sin que tuviera el aval de la
Secretaría Jurídica expidiera una resolución reconociendo un valor por desequilibrio
económico, posteriormente a la notificación de ese acto administrativo consulta a la
Secretaria Jurídica para el aval y la viabilidad jurídica de ese acto, lo que me
sorprendió porque no se me consultó antes y desde luego no tuvo el aval, se hicieron
las indagaciones a través de los profesionales del área como la doctora Angela
Zamudio, Sandra Cruz y Juan Pablo Reyes quienes conceptuaron efectivamente
que no estaban dadas las condiciones y los presupuestos de legalidad para expedir
ese acto administrativo. En ese entendido se sugirió a través de un comité y quedó
plasmado en un acta que se le solicitara entonces al representante legal de la firma
INCAS S.A.S. el consentimiento para la revocatoria de esa resolución (… ) lo que
no se obtuvo por lo que en consecuencia partiendo de los argumentos y de los
conceptos que fueron emitidos en su momento nosotros solicitamos entonces iniciar
la acción de lesividad contra ese acto administrativo”.
Al interrogarle sobre el concepto del 5 de octubre de 2015 suscrito por el jefe de la
Oficina de Asuntos Contractuales y que tenía su visto bueno, el cual fue allegado al
proceso por la parte demandada, luego de revisar y reconocer el documento precisó
que en dicho oficio el jefe de la Oficina de Asuntos Contractuales le dio respuesta a
una solicitud del Secretario de Gobierno y Seguridad, sin que en ella se determinen
cifras concretas a reconocer por desequilibrio económico, sino que el estudio y las
79 Índice 2 de la plataforma Samai del Tribunal.
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Demandante: Departamento del Meta
consideraciones allí planteadas correspondían a “estudiar la figura y el contexto
normativo del restablecimiento económico, mas no se otorga un aval de la
Secretaría Jurídica frente al acto administrativo, o sea la resolución (…) que
determina el reconocimiento del desequilibrio económico en favor del contratista
(…)”. De otra parte, señaló que “El documento del profesional especializado no tiene
ni mi firma ni mi visto bueno, de manera que no es aval de Secretaría Jurídica”.
Frente a la incidencia del precio del dólar en el precio pactado en el contrato afirmó
que “la oferta se presentó en pesos colombianos, es decir, no se tuvo en cuenta la
fluctuación del dólar como determinante del precio (…) y de otro lado una vez se
entregó el anticipo el contratista tuvo alrededor de dos meses o dos meses y medio
esos recursos y no los utilizó en lo que debía utilizarlos que era básicamente la
adquisición de los elementos a suministrar, en ese periodo de tiempo, por
condiciones del mercado y fluctuaciones de la moneda efectivamente se incrementó
el precio del dólar y es lo que tengo entendido que argumenta él como un
desequilibrio, pero a mi modo de ver no utilizó los recursos del anticipo que ya los
tenía, aunado al hecho que en su capacidad financiera el contratista demostraba
tener el capital de trabajo suficiente para adquirir esos elementos y no esperar el
tiempo que tomó para adquirirlos y ver esa fluctuación en el tiempo lo que
presuntamente le perjudica según su decir (…) considero que era una situación
previsible máxime cuando estamos frente a un contratista que usualmente en el
mercado conoce las condiciones de importación y del comportamiento de la moneda
colombiana frente al dólar, sabemos que constantemente viene fluctuando o sea no
es una situación de sorpresa para el contratista era una situación previsible su oferta
fue en pesos y tuvo el tiempo suficiente los recursos del anticipo.”
6.2.3. Obra el testimonio de la contadora Sandra Milena Cruz Piraquive, quien se
desempeña como asesora financiera y contable de la Oficina de Asuntos
Contractuales, el cual fue solicitado por la parte demandante. Indicó que la
Secretaría de Gobierno y Seguridad solicitó la elaboración de un concepto financiero
respecto de la solicitud de desequilibrio económico del contrato No. 547 de 2015
presentada por INCAS S.A.S., el cual fue elaborado por ella el 3 de mayo de 2016
y dirigido a Juan Pablo Reyes quien era el jefe de la Oficina de Asuntos
Contractuales para ese momento y que en ese concepto concluyó que: (i) la factura
1001 expedida por Green Life estaba a nombre de SECOLL como proveedora de
INCAS S.A.S., pese a que INCAS tenía la distribución exclusiva de los bienes, (ii)
dentro del proceso no había un plan de inversión del anticipo, (iii) el anticipo se
desembolsó el 22 de mayo de 2015 y que INCAS S.A.S “debió formalizar la
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Demandante: Departamento del Meta
negociación en el momento que recibió el giro y no esperar hasta el 2 de agosto de
2015, esto es 2 meses y 15 días, como se observa en la declaración de importación,
con lo cual hubiera evitado el desequilibrio económico” porque ya había recibido el
dinero del anticipo que estaba pactado en el contrato y (iv) el Departamento cuando
suscribió el contrato con INCAS S.A.S. en la modalidad de contratación directa, la
entidad solicitó que el contratista tuviera buena capacidad financiera y tenga liquidez
para que en caso de que no haya anticipo, el contratista tenga como hacer una
negociación y en este caso sí hubo anticipo por lo cual pudo adelantar la
negociación.
Finalmente, señaló que tuvo conocimiento de todos los conceptos rendidos en el
proceso porque tuvo acceso a la carpeta del contrato, pero pese a ello hizo un
estudio minucioso y llegó a sus propias conclusiones con base en los documentos
que encontró en la carpeta.
6.2.4. Obra el testimonio de la señora Yuly Marcela Medina Manrique, abogada en
la Gobernación del Meta, que fue solicitado por la parte demandante. En relación
con el contrato No. 547 de 2015 manifestó que le solicitaron la elaboración de un
concepto jurídico para el mes de mayo de 2016, que hizo la revisión del proceso y
se expidió un concepto respecto de la solicitud de desequilibrio económico que el
contratista presentó. Declaró que en el concepto se evidencia que “desde que el
Departamento hizo la invitación al contratista a presentar oferta, le señala que esta
debe ser presentada en pesos colombianos, que debe incluir los gastos de
transporte, de descuentos departamentales, municipales, etcétera y la cotización
que la empresa allega antes de la celebración del contrato efectivamente contiene
esos costos de descuentos municipales, departamentales, IVA, transporte y el valor
de la cotización es en pesos colombianos (…) en ese orden de ideas (…) como el
oferente tenía conocimiento desde antes de la suscripción del contrato de que esta
oferta era en pesos colombianos cuando hago la revisión del expediente no observo
que haya un tipo de desequilibrio económico, menos cuando él tuvo un desembolso
de unos recursos a título de anticipo para hacerlos efectivos en la ejecución del
contrato, por la naturaleza jurídica que tiene el anticipo el cual fue desembolsado
días después de la firma del contrato y del acta de inicio y ya pues cuando él viene
a solicitar el desequilibrio son 5, 6 meses posteriores tanto al tiempo de ejecución
como de haber recibido los recursos para haber invertido en los elementos objeto
del contrato, también se mencionó el principio de buena fe contractual teniendo en
cuenta que era conocedor de las condiciones previas a la suscripción del contrato”.
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Demandante: Departamento del Meta
En cuanto a la existencia del desequilibrio económico precisó que el hecho de que
el contratista hubiese recibido unos recursos a título de anticipo teniendo en cuenta
que era un distribuidor exclusivo del fabricante, ese anticipo del 30% era lo que le
podía garantizar la compra de la mayoría de los bienes y haberla asegurado, que el
contratista tenía el recurso desde días después del acta de inicio y había facturas
posteriores de 5 o 6 meses, por lo tanto, jurídicamente si se tienen los recursos
públicos, se sabe que son anticipo y que son para la inversión de un proyecto de
dos ítems y más siendo proveedor exclusivo pues debió hacer la orden del pedido
y que le desembolsaran los bienes que correspondían a ese 30%, que distinto
hubiera sido si ese 30% fuera un pago anticipado que el contratista hubiese podido
destinar a cualquier cosa. En cuanto a la variación del dólar, indicó que “se podía
prever que iba a subir y el contratista desde su propuesta dio un plazo de 5 meses
donde garantizó la cobertura de ese valor de esa oferta que presenta”.
Adicionalmente, indicó que la línea de la entidad ante este tipo de contrataciones es
que el oferente debe tener en cuenta las condiciones del mercado al momento de
presentar su propuesta.
6.2.5. También obra el testimonio de Laura Herminia López Forero, quien fue
nombrada supervisora del contrato No. 547 de 2015 a partir del 1º de octubre de
2015, el cual fue decretado por solicitud común de las partes. Manifestó que cuando
la nombraron supervisora del contrato este ya había terminado, ya se había suscrito
el acta de finalización, se habían entregado todos los bienes, ya solo quedaba
pendiente la liquidación, pero en un acta modificatoria del contrato se estipuló que
no se haría la liquidación sino hasta que se resolviera sobre el desequilibrio
económico y que su antecesora le indicó que solo faltaba que rindieran los
conceptos jurídico y económico para saber si procedía o no el reconocimiento.
Señaló que los conceptos habían sido solicitados a la Oficina de Asuntos
Contractuales de la Secretaría Jurídica y que cuando ella recibió los conceptos los
trasladó al Secretario de Gobierno y Seguridad y con base en ellos ordenó que se
hiciera todo el procedimiento para expedir la resolución, que luego cuando se expide
la resolución el Secretario de Gobierno y Seguridad le pidió que “bajara a jurídica
para publicar la resolución y para mi sorpresa el Secretario Jurídico me menciona
que él no da aval jurídico a esa resolución (…) es de sorpresa porque los conceptos
que llegan a mí, para mí eran totalmente transparentes esos conceptos, no tengo la
experticia ni de economía ni de contadora para refutarlos, además vienen de la
competente para rendirlos, para mí fue sorpresa cuando el Secretario Jurídico no
da el aval cuando la oficina de asuntos contractuales prácticamente proviene de la
Secretaría Jurídica, sin embargo ante esta situación yo empiezo a actuar de manera
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Demandante: Departamento del Meta
rápida y diligente (…) en la carpeta del contrato se puede evidenciar que hice (…)
todos los trámites pertinentes para que se de pronta solución (…) el doctor Vladimir
me dice que nuevamente solicite unas facturas al representante de INCAS (…) y
nuevamente me da la orden de que lo remita a Fernando Andrade que fue quien
rindió el consentimiento con base en el cual la resolución se expidió(…) que es el
contador que pertenecía a la oficina de asuntos contractuales quien fue el que
remitió el concepto en donde se hace el reconocimiento económico de 400 y pico
de millones no recuerdo con exactitud la cifra (…) el doctor Vladimir me dice que le
pase nuevamente las facturas a él, pero para ese momento la resolución ya estaba
notificada. Siempre se veló para que las cosas se hicieran de manera correcta,
como quiera que la secretaría jurídica me dice que no dio el aval pues yo no podía
saltarme esa orden de la Secretaría Jurídica (…) en la carpeta pueden ver que hago
mis diferentes informes (…) en atención a la sugerencia que nos dio la Secretaría
Jurídica, elaboro el oficio para que la Secretaría de Hacienda no pague la resolución
(…) también elaboro el oficio (…) para que empiecen todas las actuaciones en la
Oficina de Defensa Judicial a fin de salvaguardar los recursos públicos y también
para darle una debida terminación al proceso”.
Finalmente, en relación con la diferencia de criterios del jefe de la Oficina de Asuntos
Contractuales y el Secretario Jurídico sobre la procedencia o no del desequilibrio
económico manifestó que no sabía a qué se debía que podía ser a que no tenían
buena comunicación y que ello afectó a la Secretaría de Gobierno y Seguridad
porque no tenía seguridad jurídica al momento de expedir la resolución. Además,
precisó que no tuvo conocimiento que el Secretario de Gobierno y Seguridad le
solicitó al jefe de asuntos contractuales la realización de otro concepto financiero
diferente al de la contadora Ángela Zamudio pues eso nunca “pasó por sus manos”
pese a que era la supervisora del contrato.
6.2.6. Obra el testimonio del señor Herson Libardo Hernández Rodríguez,
representante legal de INCAS S.A.S para la fecha de los hechos, el cual fue
solicitado por la parte demandada. Señaló que constituyó la sociedad INCAS S.A.S.
en el 2003 y que entre la fecha de constitución y la celebración del contrato No. 547
la sociedad se dedicó principalmente a la distribución de medicamentos y elementos
quirúrgicos, participó en muchas licitaciones y posteriormente obtuvo la licencia de
distribución de los filtros de agua producidos en Inglaterra y se dedicaba a ello en
los últimos años. En relación con el contrato objeto de estudio indicó que debido a
la petición del Ejército para la adquisición de esos filtros que son únicos, la
Gobernación le solicitó la cotización y que por eso ellos llegaron a celebrar el
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Demandante: Departamento del Meta
contrato. Señaló que de entrada se tenía conocimiento de que los filtros se debían
pagar en dólares porque son ingleses, pero que lo que no se sospechaba era que
el dólar iba a tener un alza tan alto en solo 70 días, subió casi mil pesos por dólar y
agregarle a eso el pago del IVA de nacionalización y el arancel de importación.
Indicó que la solicitud de desequilibrio que presentó era por 500 millones de pesos,
que por lo menos el Departamento les reconoció parte de ese desequilibrio y que
para ese momento era totalmente imprevisible el alza del dólar de tanto valor en tan
corto tiempo y ello afectó no solo a su empresa sino a muchas en el país.
En cuanto a la ejecución del contrato señaló que se llevó adelante sin ningún tipo
de contratiempo y que pese al inconveniente económico se obtuvieron los filtros, los
cuales se entregaron dentro del plazo de ejecución y a satisfacción con la respectiva
capacitación y se hizo la solicitud del ajuste económico por la subida del dólar.
Frente a la falta de plan de manejo del anticipo y la demora del contratista en
negociar los filtros con el anticipo para asegurar un precio, señaló que los filtros no
variaron de precio en dólar sino que el problema fue interno en Colombia porque le
vendieron los filtros en una cantidad de dólar y a esa cantidad de dólar se pagaron,
el problema no fue la negociación con la empresa internacional sino en Colombia
con el alza del dólar, ellos me mantuvieron el precio, lo que subió fue el dólar en
Colombia.
En relación con la Resolución No.168 de 2015 manifestó que la Gobernación ni
siquiera tuvo en cuenta el primer concepto financiero rendido, sino que se remitieron
al concepto jurídico y del jefe de asuntos contractuales que se rindieron en octubre,
no en septiembre, pero aparece un estudio en el que el desequilibrio da por 24
millones frente al cual manifestó su inconformidad con la cifra que les había dado
porque de hecho en el proceso está el otro estudio del doctor Andrade y que fue
con base en este que expidieron la Resolución y con base en los documentos
aportados por la Gobernación y los que la entidad le solicitó en su momento y que
en los primeros días de octubre el jefe de la oficina de asuntos contractuales y el
Secretario Jurídico le dieron viabilidad al desequilibrio económico.
En cuanto al desequilibrio económico reclamado precisó que se dio por el alza del
dólar porque debido a ello, al pagar impuestos estos fueron mucho más altos, que
el resto de los costos por transporte a nivel interno no tuvo ninguna variación y que
eso lo expresaron en la solicitud, el precio del dólar “la disparada del dólar” fue lo
que realmente afectó al contratista. Frente a la presentación de la factura proforma
sostuvo que todas las importaciones se hacen con facturas proformas que no
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Demandante: Departamento del Meta
contienen el IVA, que luego SECOLL le expide la factura a INCAS S.A.S. con el IVA
y que aportó la factura proforma porque en la Gobernación le pidieron que aportara
la factura en dólares. Sobre la diferencia en las cantidades de los bienes objeto del
contrato de las relacionadas en la factura, explicó que él compró más porque debía
tener más en caso de que algún filtro saliera defectuoso o tuviera que cambiarlo, en
virtud de la garantía.
6.2.7. De otra parte, obra el testimonio del señor Miller Oswaldo Villamizar Rojas,
quien se desempeñó como jefe de la Oficina de Asuntos Contractuales de la
Secretaría Jurídica del Departamento para la fecha en que ocurrieron los hechos.
Al respecto manifestó que tuvo conocimiento de este contrato a partir del 7 u 8 de
mayo de 2015 cuando el contratista ya había presentado la solicitud de reajuste de
precios por un posible desequilibrio económico, que en el concepto que rindió el 5
de octubre de 2015 en respuesta al Secretario de Gobierno y Seguridad lo que se
afirmó era que había argumentos jurídicos para que se analizara por la Secretaría
de Gobierno y Seguridad si había lugar o no al reconocimiento del desequilibrio,
pero que en la oficina jurídica nunca establecieron valores porque no era de su
competencia, su competencia era netamente jurídica en lo que tenía que ver con el
posible rompimiento de la ecuación contractual, que en ese concepto se manifestó
que había razones jurídicas para considerar el desequilibrio y ello fue lo que
posteriormente sirvió de base para que el ordenador del gasto, esto es, el Secretario
de Gobierno y Seguridad, expidiera el acto administrativo.
Frente al concepto financiero rendido el 19 de octubre por el contador Fernando
Andrade refirió que este “avala la postura jurídica de la oficina jurídica (…) una vez
clara la postura jurídica procedimos a cuantificar el desequilibrio económico” porque
no había “vacíos jurídicos frente al desequilibrio”. Indicó que no pidió el aval del
Secretario Jurídico para suscribir el concepto y que no tenía conocimiento de la
existencia de otros conceptos ni del cambio de postura de la Secretaría Jurídica
frente al reconocimiento del desequilibrio económico porque para el momento en
que se expidió el acto administrativo ya no fungía como jefe de la Oficina de Asuntos
Contractuales.
Comoquiera que los testimonios de los señores Ángela Patricia Zamudio Marín,
Vladimir Sierra Martínez, Sandra Milena Cruz Piraquive, Yuly Marcela Medina
Manrique, Laura Herminia López Forero, provienen de personas con un vínculo
laboral con la demandante, sus declaraciones resultan sospechosas, por lo cual
52
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Radicado: 50001-23-33-000-2016-00648-01 (66305)
Demandante: Departamento del Meta
serán valoradas con la especial severidad que se requiere80. Así las cosas,
conforme lo ha manifestado esta Corporación, los testimonios que resulten
sospechosos no pueden desecharse de plano, sino que deben ser examinados y
valorados con mayor rigurosidad, de cara a las demás pruebas que reposen en el
expediente y de acuerdo con las circunstancias propias de cada asunto litigioso81.
Precisado lo anterior, la Sala considera que resulta procedente otorgar valor
probatorio a los testimonios de los señores Ángela Patricia Zamudio Marín, Vladimir
Sierra Martínez, Sandra Milena Cruz Piraquive, Yuly Marcela Medina Manrique y
Laura Herminia López Forero quienes fungían como funcionarios de la Secretaría
Jurídica y la Secretaría de Gobierno y Seguridad del Departamento para la época
en la que se suscribió el contrato de compraventa No. 547 de 2015, pues conocieron
de primera mano las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon su
celebración y ejecución, así como del trámite realizado al interior de la entidad ante
la solicitud de desequilibrio económico presentada por el contratista y la expedición
de la Resolución No.168 del 19 de noviembre de 2015. Además, se aprecia que sus
declaraciones contienen un hilo conductor coherente y preciso frente a las
circunstancias que se presentaron ante la expedición del acto administrativo cuya
legalidad se cuestiona, aunado a que, son claras, coinciden entre sí y encuentran
respaldo en las pruebas documentales obrantes en el expediente.
En cuanto al testimonio del señor Miller Oswaldo Villamizar Rojas la Sala no le
otorgará mérito probatorio por cuanto, si bien tuvo conocimiento de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la solicitud de desequilibrio
económico presentada por el contratista y su trámite al interior de la entidad, puesto
que se desempeñó como jefe de la Oficina de Asuntos Contractuales del
Departamento para la fecha en que se presentó dicha solicitud, lo cierto es que su
declaración no es consistente con la de los demás funcionarios de la entidad que
rindieron conceptos o tuvieron conocimiento del procedimiento adelantado ante la
solicitud y que terminó con la expedición de la Resolución No. 168 del 19 de
noviembre de 2015. En efecto, en su declaración sostuvo que en el concepto
rendido por él había fundamentos jurídicos para considerar el reconocimiento del
desequilibrio económico, que por ello solicitó concepto financiero para cuantificarlo
y que fue con base en esos conceptos que el Secretario de Gobierno y Seguridad
80
“Artículo 217. Testigos Sospechosos. Son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez,
se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco,
dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u
otras causas”.
81 Cfr. Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, Rad. 20.262
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expidió el acto administrativo; sin embargo, posteriormente afirmó que para el
momento en que se expidió la resolución ya no ocupaba el cargo que desempeñaba
cuando rindió su concepto y al interrogársele sobre la existencia de otros conceptos
y si el concepto que remitió al Secretario de Gobierno y Seguridad tenía el visto
bueno del Secretario Jurídico, sus respuestas fueron evasivas y luego afirmó que
solo tuvo conocimiento de un concepto. A juicio de la Sala, de su dicho no se
desprende un conocimiento certero de todas las actuaciones de la entidad relativas
a la solicitud de desequilibrio económico. En efecto, más allá de dar cuenta del
concepto por él rendido -circunstancia que, en todo caso, se encuentra
suficientemente acreditada mediante prueba documental-, sus manifestaciones no
aportan elementos relevantes para el esclarecimiento de los aspectos sustanciales
que interesan al proceso, razón suficiente que conduce a restar eficacia probatoria
a este testimonio.
Finalmente, en relación con el testimonio del señor Herson Libardo Hernández
Rodríguez, la Sala considera que es procedente otorgarle mérito probatorio toda
vez que da cuenta de su experiencia como comerciante, de las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que rodearon la adquisición de los elementos objeto del
contrato y de las razones que a su juicio motivaron la presentación de la solicitud de
reajuste de precios por un presunto desequilibrio económico, circunstancias que
resultan relevantes para el análisis de los cargos objeto de estudio.
6.3. Pruebas adicionales relevantes
6.3.1. Dentro del proceso obra la “certificación de exclusividad” expedida por el
representante legal de la sociedad Green Life Solutions S.A., en la que certifica que
ha otorgado los derechos de distribución, comercialización y promoción de los
productos LIFE SAVER y certifica como distribuidor autorizado en todo el territorio
nacional de Colombia, con principal enfoque en Gobernaciones, alcaldías y fuerzas
militares y de policía, a INCAS S.A.S.82. En este documento se precisa que el
distribuidor está obligado, entre otras a: “e) adquirir los productos única y
exclusivamente a través de Green Life”.
6.3.2. Igualmente, en el expediente obra la declaración de importación de los bienes
adquiridos en virtud del contrato de compraventa No. 547 de 2015 83. En este
documento figura como importadora la sociedad Soluciones Ecológicas de
82 Fls.71 a 73 C.1.
83 Fl.184, C.1.
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Colombia y Latinoamérica S.A.S y como declarante autorizado la Agencia de
Aduanas Pasar Ltda. y consta que el 2 de agosto de 2015 se hizo la legalización de
los bienes importados y que esta declaración se canceló y suscribió el 11 de
septiembre de 2015.
6.3.3. También obra la factura de venta proforma No. 11984 que expidió la sociedad
Green Life Solutions el 28 de mayo de 2015 a Secoll S.A.S. En ella aparece
consignado el nombre del representante legal de INCAS S.A.S., el señor Herson
Libardo Hernández y se relacionan unos bienes adquiridos por valor de US 463.000
-factura que fue allegada a la entidad con posterioridad a la expedición del acto
acusado-.
6.3.4. Obra la factura de fecha 24 de septiembre 2015 expedida por INCAS S.A.S.
y dirigida a la Gobernación del Meta en la que se relacionan los bienes entregados,
esto es, 2064 botellas life saver de 6.000 UF y 115 jerrycan o bidón life saver de
20.000 UF, por el valor de $2.047.350.00085.
6.3.5. Reposa el informe de supervisión del contrato de compraventa No. 547 de
2015, elaborado el 30 de diciembre de 2015 por la señora Laura Herminia López
Forero, supervisora del contrato, en donde constan todas las actuaciones surtidas
en el marco de la celebración y ejecución del contrato y las respectivas al trámite de
la solicitud de reajuste de precios por desequilibrio económico presentada por el
contratista al interior de la entidad, como da cuenta la copia simple de dicho
informe86.
6.3.6. Obra un oficio fechado el 5 de octubre de 2015, suscrito por el señor Miller
Oswaldo Villamizar Rojas, jefe de la Oficina de Asuntos Contractuales y por el
Secretario Jurídico del Departamento, remitido al Secretario de Gobierno y
Seguridad del Departamento, dando respuesta a una solicitud para que se
pronunciaran sobre la petición de INCAS S.A.S. de restablecimiento del equilibrio
económico del contrato87, el cual fue aportado por la demandada.
En este documento, se hizo referencia al artículo 27 de la Ley 80 de 1993, se citó
doctrina y jurisprudencia del Consejo de Estado relativa a la aplicación de dicha
norma, se explicó en términos generales cuándo se rompe el equilibrio económico
84 Fl.263, C.1.
85 Fl.192, C.1.
86 Fls. 277 a 287 y 290 a 300, C.1.
87 Fls. 392 a 396, C.1.
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del contrato, se citó más jurisprudencia relativa a los eventos en los que se presenta
el rompimiento del equilibrio económico del contrato y sobre la teoría de la
imprevisión y luego indicó que “(…) teniendo en cuenta el caso que nos atañe, el
contador asesor de la oficina de asuntos contractuales, realizó el análisis económico
y financiero de los soportes allegados por el contratista junto al expediente
contractual. Por otro lado, se resalta que esta oficina jurídica, coloca dentro del
contexto jurídico el presente caso, así como también resalta el marco normativo
imperante en esta materia, en respuesta al oficio radicado por la Secretaría de
Gobierno, pues le corresponde al ordenador del gasto en el presente caso,
pronunciarse sobre el reconocimiento o no del equilibrio económico y en caso
positivo determinar su cuantía, de acuerdo a los documentos soporte allegados con
el presente oficio”.
6.4. Régimen jurídico del contrato de compraventa No.547 del 30 de abril de
2015
Teniendo en cuenta que el contrato No. 547 del 30 de abril de 2015, en marco del
cual se expidió el acto administrativo contractual que se cuestionan en la presente
demanda, fue suscrito por el Departamento para la "ADQUISICIÓN DE FILTROS
PORTATILES PURIFICADORES DE AGUA DE USO MILITAR PARA CONSUMO
HUMANO CON DESTINO A LA SÉPTIMA BRIGADA DEL EJÉRCITO EN EL
DEPARTAMENTO DEL META, se colige que el régimen aplicable al negocio
jurídico88 es el establecido en la Ley 80 de 1993, sin perjuicio de la remisión al derecho
privado prevista en el artículo 13 del mismo estatuto89.
6.5. Del equilibrio económico del contrato
El equilibrio o la equivalencia entre derechos y obligaciones de los contratos es un
instituto que propende por asegurar que durante la ejecución del contrato se
mantengan las mismas condiciones económicas y/o financieras que las partes
tuvieron en cuenta al momento de presentar oferta y de celebrar el contrato 90. Al
efecto, el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 establece lo siguiente:
88 En el contrato de compraventa se estableció que el contrato “se regirá por lo consagrado en: Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, y Decreto 1510 de 2013”.
89 “ARTÍCULO 13 Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 del presente estatuto
se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente
reguladas en esta Ley.”
90 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de enero de 2016. Rad.: 38449.
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“ARTÍCULO 27. DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL. En los contratos estatales
se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos
al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o
equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las
partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su
restablecimiento.
Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios
sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos
adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere
lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación de que
trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán adoptar
las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y
reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia de que se
trate”.
Ahora bien, tal y como lo ha sostenido de tiempo atrás esta Sección, no toda
variación de la ecuación financiera constituye un rompimiento del equilibrio
económico o financiero del contrato91, comoquiera que existen riesgos propios que
se derivan de la actividad contractual, los cuales deben ser asumidos por las partes.
En este sentido, se ha entendido que la equivalencia prestacional puede verse
afectada: (i) por factores externos a las partes que se enmarquen en la denominada
“teoría de la imprevisión”; (ii) por actos de la entidad contratante que modifiquen las
condiciones “ius variandi”; y (iii) por actos de la administración como Estado “hecho
del príncipe”92.
Ahora bien, para que se estructure la teoría de la imprevisión se requiere: (i) que el
contrato sea bilateral, conmutativo y de ejecución sucesiva, periódica o diferida; (ii)
que se presenten circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles,
posteriores a la celebración del contrato; (iii) que esas circunstancias
extraordinarias, imprevistas e imprevisibles alteren o agraven la prestación a cargo
de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa; y (iv) que
el acontecimiento sea ajeno a las partes y no corresponda a un riesgo asumido en
el contrato93.
Al respecto, la doctrina especializada precisa que “para que se configure el
desequilibrio económico de un contrato público”, específicamente en el evento de la
teoría de la imprevisión, deben concurrir las siguientes condiciones:
“a) que el hecho o acontecimiento que produce la alteración de las condiciones
contractuales sea extraño a las partes, esto es, que no pueda serles imputado;
91
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 29 de enero de 2018. Rad.: 52666.
92 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de enero de 2016. Rad.: 38449.
93 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de septiembre de 2011. Rad.: 15476; Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de febrero de 2012. Rad.: 11001-3103-040-2006-
00537-01.
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b) Que el hecho o acontecimientos que altere las condiciones contractuales sea
posterior a la presentación de la propuesta o a la celebración del contrato;
c) Que el hecho o acontecimientos que altere las condiciones contractuales
constituya un alea extraordinario, es decir, que por su carácter excepcional no
pudiere haber sido razonablemente previsto por el afectado, y
d) Que la economía del contrato debe afectarse de forma grave y anormal como
consecuencia de la alteración en las condiciones contractuales, y el
cocontratante perjudicado debe probar tal situación”94. (énfasis añadido)
6.6. Del examen de validez del acto acusado
De acuerdo con lo anterior, de conformidad con las pretensiones y hechos de la
demanda, se advierte que la parte actora, vía acción de lesividad, solicita la nulidad
de la Resolución No. 168 del 19 de noviembre de 2015, mediante la cual la
Secretaría de Gobierno y Seguridad del Departamento reconoció el desequilibrio
económico del contrato de compraventa No. 547 de 2015 y ordenó el pago de la
suma de $415.612.050 en favor del contratista INCAS S.A.S., por cuanto, a su juicio,
el acto administrativo fue falsamente motivado, pues no estaban dadas las
condiciones para dicho reconocimiento. En tal sentido, precisó que el contratista: (i)
no previó el riesgo de fluctuación de la moneda el cual es previsible en las
transacciones realizadas en el mercado cambiario; (ii) suscribió el contrato
aceptando los precios presentados por este mismo en su cotización de acuerdo con
las características técnicas exigidas en el contrato; y (iii) además contaba con el
dinero desembolsado por concepto del anticipo para negociar los bienes a adquirir
y no lo hizo oportunamente asumiendo el riesgo del alza del dólar.
El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad del acto
administrativo y ordenó que la entidad se abstuviera del pago de la suma allí
reconocida, al considerar que el alza del dólar no constituía una circunstancia
imprevisible sino que ello ocurrió debido a la crisis del petróleo, la cual tuvo
incidencia en la fluctuación del precio del dólar frente al peso colombiano, situación
que para el momento de la suscripción del contrato era de conocimiento de las
partes, por lo cual no se configuró la teoría de la imprevisión, y porque el contratista
contaba con el dinero del anticipo desde el mes de mayo y con este pudo negociar
la adquisición de los filtros de agua y no lo hizo asumiendo el riesgo del incremento
del dólar.
Inconforme con la anterior decisión, INCAS S.A.S. solicita su revocatoria con
fundamento en que sí había lugar al reconocimiento del desequilibrio económico del
94 Rodríguez, Libardo: “El equilibrio económico en los contratos públicos”, cuarta edición, Temis, Bogotá, 2021,
pág. 150 y ss.
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contrato, porque: (i) la fluctuación extraordinaria de la tasa de cambio del dólar
respecto del peso colombiano durante la ejecución del contrato era un hecho
imprevisible para el contratista, pues de haber sido previsible la entidad no le
hubiese impuesto la carga de presentar la propuesta en pesos colombianos; (ii) la
entidad no contempló en los estudios previos un riesgo de mercado que
comprendiera las variaciones inesperadas del mercado y no podía imponerle al
contratista la carga de asumirlo; (iii) el tribunal no tuvo en cuenta que para ejecutar
el contrato debía importar los filtros, aspecto que no era desconocido para la
entidad; y (iv) los filtros se adquirieron el 28 de mayo de 2015 de conformidad con
la factura expedida por Green Life y se cumplió con el objeto del contrato a pesar
de la pérdida de su utilidad.
En este punto, la Sala considera necesario precisar que el análisis que aquí se
adelantará no se circunscribirá a determinar, en abstracto, si existió o no un
desequilibrio económico del contrato, sino a examinar la legalidad del acto
administrativo mediante el cual la entidad demandada ordenó su reconocimiento.
Por tanto, se entrará a determinar si la Resolución No. 168 de 2015 adolece de
nulidad, porque, según la demanda, se expidió con falsa motivación.
Al efecto, conviene recordar que la motivación es un elemento del acto
administrativo que, por regla general, le impone a la Administración la carga de
exponer los fundamentos de hecho y de derecho que soportan su decisión. Por
tanto, si estos no corresponden con la realidad, bien sea porque no existen o por un
error en los mismos, se configura el vicio de falsa motivación95. Así, tratándose de
actos administrativos mediante los cuales se reconoce la ruptura del equilibrio
económico del contrato, si no se encuentra verificado que en efecto concurran los
presupuestos que estructuran alguna de las hipótesis que permiten predicar dicha
alteración económica, el acto demandado estará viciado y habrá lugar a declarar su
nulidad.
En este orden, conviene recordar que el Departamento motivó la decisión de
reconocer el desequilibrio económico del contrato en el argumento según el cual en
este caso se configuró la teoría de la imprevisión debido a que la pérdida de valor
nominal del peso frente al dólar durante el término de ejecución del contrato
constituyó un hecho imprevisible que incidió en el valor de los bienes importados, el
95 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 5 de julio de 2018. Rad.: 0685-2010.
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cual no era imputable a ninguna de las partes y que por ende era procedente
reconocer el reajuste en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993.
Para fundamentar la decisión el Departamento se refirió al concepto jurídico remitido
por el jefe de la Oficina de Asuntos Contractuales en el mes de octubre -sin día
determinado-, documento en el cual, por una parte, se hizo alusión general a
doctrina y jurisprudencia del Consejo de Estado relativa a los eventos en los cuales
se presenta el rompimiento del equilibrio contractual y a la teoría de la imprevisión
y, de otra, se remitió al concepto rendido el 19 de octubre de 2015 por el contador
Fernando Andrade, en el cual se hizo un análisis financiero en virtud del cual se
concluyó que “para el 11 de septiembre fecha en la que se efectúa la declaración
de importación el dólar tuvo una variación e incremento del 29% lo que determina
una diferencia del valor de los productos a suministrar de la cotización inicial
teniendo en cuenta como referencia el 30 de abril fecha de la firma del acta de inicio
del contrato y el 11 de septiembre de 2015” y estableció que el valor que debía
ajustarse era de $415.612.050 toda vez que se suscribió el contrato No. 547
“aceptando una propuesta económica inicial, que para el 30 de abril de 2015 fue
firmada en un acta de inicio (…) y esta cotización fue afectada en un 29% de
incremento por el aumento en el precio del dólar, ya que los productos objeto del
suministro contratado deben ser importados lo que generó un desequilibrio
económico para el contratista”.
Al respecto, examinadas en conjunto las pruebas que obran en el expediente, en
punto de la celebración del contrato, la Sala encuentra acreditado: i) que tanto en
los estudios previos realizados por la entidad como en la invitación a presentar
oferta remitida al contratista se estableció que la propuesta debía presentarse en
pesos colombianos (hechos probados 6.1.5. y 6.1.6.); ii) que en los estudios previos
también se señaló que en la propuesta se debían “cotizar todos y cada uno de los
ítems establecidos” y que las sumas cotizadas por el contratista no estarían sujetas
a ajustes y debían contemplar todos los costos que este debía asumir para la
ejecución y cumplimiento del contrato, por lo cual el Departamento no reconocería
costo adicional alguno (hecho probado 6.1.5.); iii) que en la oferta presentada por
INCAS S.A.S. se cotizaron los bienes por un valor total de $2.047.350.000 y se
indicó que los precios correspondían a marzo de 2015 e incluían IVA, impuestos
municipales, departamentales y/o regionales (hecho probado 6.1.7.); iv) que el 30
de abril de 2015 las partes suscribieron el contrato de compraventa No. 547 para la
adquisición de los filtros con base en la oferta presentada por el contratista (hecho
probado 6.1.9.); v) que el 15 de mayo de 2015 se suscribió el acta de inicio del
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contrato (hecho probado 6.1.12.); vi) que el 22 de mayo de 2015 el Departamento
le giró al contratista la suma de $614.205.000 correspondiente al anticipo del 30%
del valor del contrato (hecho probado 6.1.14.); vii) que el 30 de septiembre las
partes suscribieron acta modificatoria del contrato, en la cual se acordó modificar la
cláusula tercera y disponer el pago del 70% restante de su valor mientras se resolvía
la solicitud de desequilibrio económico, teniendo en cuenta que ya se había
cumplido con el objeto (hecho probados 6.1.22.); viii) que el 25 de septiembre de
2015 el contratista hizo entrega a satisfacción de los bienes objeto del contrato a la
entidad y a la Séptima Brigada del Ejército (hechos probados 6.1.20. y 6.1.21.); ix)
que el 25 de septiembre de 2015 las partes suscribieron el acta de finalización del
contrato (hecho probado 6.1.23.).
De otra parte, en lo que atañe al reconocimiento del equilibrio económico del
contrato efectuado por la Administración y las circunstancias acaecidas con
posterioridad a dicho reconocimiento, se probó: i) que el 26 de agosto de 2015
INCAS S.A.S. presentó ante la Secretaría de Gobierno y Seguridad una solicitud de
ajuste de precios por desequilibrio económico del contrato, toda vez que, debido al
alza extraordinaria del dólar y la consecuente devaluación del peso colombiano,
debió incurrir en mayores costos para la importación de los bienes adquiridos en
virtud del contrato de compraventa No. 547 de 2015, circunstancia que, a su juicio,
constituía un riesgo contractual que debía ser objeto de reajuste, solicitud que fue
reiterada mediante oficios del 4, 21 y 29 de septiembre siguientes (hechos probados
6.1.15., 6.1.16., 6.1.17. y 6.1.18.); ii) que ante la solicitud del contratista la Oficina
de Asuntos Contractuales del Departamento rindió concepto sobre el desequilibrio
económico, en el que, desde un ámbito financiero, se indicó que era procedente el
ajuste de precios por desequilibrio económico (hecho probado 6.1.25.); iii) que en
octubre de 2015 el jefe de la Oficina de Asuntos Contractuales se pronunció sobre
la solicitud de INCAS S.A.S. de restablecimiento del equilibrio económico del
contrato No. 547 de 2015, escrito en el cual, en general, aludió al desequilibrio
económico del contrato y puso de presente que en los términos indicados en el
concepto financiero del 19 de octubre de 2015 había lugar a su reconocimiento por
la suma de $415.612.050 -oficio que sirvió de sustento para la motivación del acto
acusado- (hecho probado 6.1.26.); iv) que el 19 de noviembre de 2015 el Secretario
de Gobierno y Seguridad del Departamento, con fundamento en el concepto
financiero del 19 de octubre de 2015 y de la respuesta ofrecida por el jefe de la
Oficina de Asuntos Contractuales en octubre de 2015, expidió la Resolución No.168
por medio de la cual reconoció el desequilibrio económico del contrato No. 547 de
2015 y ordenó el pago de $415.612.050 en favor de INCAS S.A.S, fecha en la cual,
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por demás, le notificó personalmente el acto administrativo al representante legal
de la sociedad (hechos probados 6.1.27. y 6.1.28.); v) que el 3 de diciembre de 2015
el Secretario Jurídico del Departamento negó por extemporánea la solicitud del
Secretario de Gobierno y Seguridad para que realizara la revisión jurídica de la
Resolución No. 168 de 2015 y le señaló que la misma “no cuenta con el aval o
respaldo jurídico de esta dependencia”, por lo cual le sugirió que contemplara la
posibilidad de revocarla (hecho probado 6.1.30.); vi) que por solicitud del Secretario
Jurídico del Departamento, la Oficina de Asuntos Contractuales rindió un nuevo
concepto financiero en el que se concluyó que no había lugar a reconocimiento
alguno por desequilibrio económico, dado que los documentos allegados por el
contratista para soportar la solicitud tenían varias inconsistencias de fondo (hecho
probado 6.1.33) y vii) que el 5 de febrero de 2016 se llevó a cabo un comité técnico
jurídico en el que se definió que el procedimiento a seguir ante la solicitud del
contratista era solicitarle consentimiento para revocar el acto o en su defecto iniciar
la acción de lesividad para salvaguardar los recursos públicos (hechos probados
6.1.36 y 6.1.37).
A partir del anterior marco probatorio, particularmente de la motivación de la
Resolución No.168 del 19 de noviembre de 2015, en armonía con los documentos
que la integran -informe financiero del 19 de octubre de 2015 e informe del jefe de
la Oficina de Asuntos Contractuales de octubre de 2015-, para la Sala resulta claro
que dicho acto adolece de falsa motivación, pues en efecto, contrario a lo
manifestado por la parte recurrente, no se advierte que las circunstancias, en la
forma en que fueron puestas en conocimiento de la Administración y examinadas
por esta, dieran cuenta de que, la fluctuación del dólar constituyera un hecho
imprevisible y no atribuible al contratista, que alterara la ecuación económica del
contrato y, por esa vía, diera lugar al reconocimiento del restablecimiento económico
del contrato de compraventa No. 547 del 30 de abril de 2015, conforme pasa a
exponerse.
Según se observa, desde un primer momento, esto es, desde que el Departamento
elaboró los estudios previos y formuló la invitación del 20 de abril de 2015 que dio
lugar a la celebración del contrato referido, quedó previsto, en cuanto a su valor,
que la propuesta debía presentarse en pesos colombianos y se dejó establecido
que el precio debía incluir todos los costos en que debiera incurrir el contratista para
la ejecución y cumplimiento del contrato, pues este no estaría sujeto a ajuste alguno
por parte del Departamento (hecho probado 6.1.5.), costos dentro de los cuales, sin
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duda, se entendían comprendidos aquellos atinentes a la adquisición e importación
de los bienes objeto del contrato.
De lo anterior también dan cuenta los testimonios de Vladimir Sierra Martínez
(Secretario Jurídico del Departamento) y Yuly Marcela Medina Manrique (abogada
de la Gobernación del Meta). En esa dirección, el primero de los declarantes
manifestó en su testimonio que el representante legal de INCAS S.A.S. presentó
una oferta que fue aceptada por el Departamento bajo unas condiciones, en pesos
colombianos, precio por unidad, unas cantidades a adquirir, por un término de
ejecución de cinco meses, que se pactó un anticipo del 30%, que “el contratista,
antes de vencerse el término solicita el restablecimiento del equilibrio económico
teniendo en cuenta la devaluación del peso colombiano frente al dólar lo que no fue
considerado en su momento durante la ejecución sino se dejó para la liquidación
del contrato (…)” y que “(…) la oferta se presentó en pesos colombianos, es decir,
no se tuvo en cuenta la fluctuación del dólar como determinante del precio (…)”. Por
su parte, la señora Medina Manrique declaró que “(…) desde que el Departamento
hizo la invitación al contratista a presentar oferta, le señala que esta debe ser
presentada en pesos colombianos, que debe incluir los gastos de transporte, de
descuentos departamentales, municipales, etcétera y la cotización que la empresa
allega antes de la celebración del contrato efectivamente contiene esos costos de
descuentos municipales, departamentales, IVA, transporte y el valor de la cotización
es en pesos colombianos”.
Bajo ese contexto, resulta evidente que el contratista conocía desde la etapa
precontractual las reglas económicas que regirían el negocio jurídico,
particularmente aquellas relacionadas con la asunción de los costos inherentes a la
ejecución contractual y la imposibilidad de trasladar posteriormente a la entidad
eventuales sobrecostos derivados de su actividad.
En este sentido, ciertamente se advierte que la sociedad INCAS S.A.S., al presentar
su oferta, realizó una cotización de los bienes requeridos en pesos colombianos con
precios a marzo de 2015, señalando que las botellas de 6.000 litros tenían un precio
por unidad de $900.000 y los bidones de 20.000 litros un precio por unidad de
$1.650.000, los cuales incluían el IVA, impuestos municipales, departamentales y/o
regionales, y expuso las características técnicas de los mismos y acreditó que era
el distribuidor exclusivo de los filtros en el territorio nacional.
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Este aspecto denota que el oferente conocía y entendía a cabalidad las condiciones
en las que debía adquirir y entregar los bienes, particularmente lo atinente a los
costos que debía asumir para su ejecución, incluyendo aquellos relativos a la
importación de los bienes y lo que ello implicaba en términos económicos,
asumiendo cualquier consecuencia dentro de su esfera o círculo de riesgo. El
entendimiento y plena aceptación por parte de INCAS S.A.S en torno a las
condiciones de la invitación, también se ve reflejado en el hecho de que el
contratista no expresó inconformidad alguna en cuanto a la forma en que debía
cotizar los precios de los bienes, pese a que conocía que debían ser pagados en
dólares e importados.
En efecto, a juicio de la Sala, si el contratista formuló su propuesta en pesos
colombianos, sin advertir la necesidad de que determinados componentes fueran
reconocidos en dólares o sujetos a mecanismos de cobertura cambiaria, debe
entenderse que este asumió los riesgos asociados a la adquisición de los bienes en
esas condiciones.
Ello también se puede advertir del hecho de que en las solicitudes presentadas por
el contratista con el fin de obtener el reconocimiento del desequilibrio contractual, él
mismo refiere que la fluctuación de la moneda nacional frente al aumento del precio
del dólar es una circunstancia que constituía un riesgo contractual previsible y que
“por esa razón, con el objeto de prefijar las consecuencias futuras, previsibles y
evitar que el riesgo impacte de forma grave la economía del contrato, las partes
deben pactar, siempre que resulte viable, cláusulas de estabilización, reajustes o
corrección de precios, para que el contratista reciba una contraprestación real y
equivalente a la prestación ejecutada (…)”, situación que debió poner de presente
el contratista para que fuera prevista en la matriz de riesgos y pactada en el contrato,
así como al estructurar su oferta.
A lo anterior, se suma que la variación del dólar era una circunstancia que venía
presentándose de tiempo atrás y que, de conformidad con la TRM, desde el año
anterior a la presentación de la propuesta por parte del contratista, esto es, desde
el 2014 presentaba una tendencia al alza constante y prolongada, como se puede
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evidenciar con base en la serie histórica de la TRM del Banco de la República96-97,
que tomada desde agosto de 2014 a diciembre de 2015 reflejaba la siguiente
variación:
Fecha TRM
01/08/2014 1878,75
15/08/2014 1877.77
01/09/2014 1918,62
15/09/2014 1994.97
01/10/2014 2022,00
15/10/2014 2049.66
01/11/2014 2061,92
15/11/2014 2160.47
01/12/2014 2206,19
15/12/2014 2405.31
01/01/2015 2392,46
15/01/2015 2438.79
01/02/2015 2441,10
15/02/2015 2376.23
01/03/2015 2496,99
15/03/2015 2661.52
01/04/2015 2598,36
15/04/2015 2550.83
01/05/2015 2393,58
15/05/2015 2389.49
01/06/2015 2533,79
15/06/2015 2535.91
01/07/2015 2598,68
15/07/2015 2688.20
01/08/2015 2862,51
15/08/2015 2983.12
01/09/2015 3079,97
15/09/2015 3032.59
01/10/2015 3086,75
15/10/2015 2928.69
01/11/2015 2897,83
15/11/2015 3073.23
01/12/2015 3142,11
96 Dicha información es tomada del catálogo de datos de estadísticas económicas publicado en la página del
Banco de la República que se encuentra disponible en el siguiente enlace:
https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-
economicas/informacionSerie/1/tasa_cambio_peso_colombiano_trm_dolar_usd
97 La Sala precisa que consulta dicho índice de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 de CGP que
prevé: “ARTÍCULO 180. NOTORIEDAD DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS. Todos los indicadores
económicos nacionales se consideran hechos notorios”.
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Radicado: 50001-23-33-000-2016-00648-01 (66305)
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15/12/2015 3356.00
Por lo tanto, si bien es cierto que en el periodo comprendido entre la presentación
de la oferta -22 de abril de 2015- y la fecha en que se realizó la declaración de
importación de los bienes -11 de septiembre de 2015- hubo un incremento
considerable en la TRM que visto de forma aislada pareciera ser desproporcional,
lo cierto es que al analizar el comportamiento de dicho indicador en un periodo de
tiempo más amplio, se evidencia que el dólar venía incrementando de tiempo atrás
de manera constante, de ahí que dicha tendencia al alza debió ser tenida en cuenta
por el contratista quien, por su condición de experto en la importación, con base en
esta variación desde 2014, pudo haber previsto dicha situación al momento de
estructurar su oferta, a pesar de no estar contemplada en la matriz de riesgos.
Ahora bien, aunque para la fecha de presentación de la oferta, esto es, el 22 de abril
de 2015, hubo una baja en el precio del dólar pues la TRM estaba en 2.469,03, el
contratista no podía ignorar la tendencia al alza que se venía presentando de tiempo
atrás, pues pese a que la fluctuación del dólar tenía oscilaciones a la baja en ciertos
días, su tendencia constante era al alza, lo que implicaba que el experto en la
importación debía prever este aspecto no solo al presentar la oferta sino durante la
ejecución del contrato, máxime teniendo en cuenta que su plazo de ejecución era
solo de 5 meses.
En tal sentido, la Sala pone de presente que la motivación del acto administrativo
cuestionado partió de un análisis económico y financiero en el que únicamente se
aludió a la variación de la TRM en un 29% para la fecha en que se realizó la
declaración de importación de los bienes, que teniendo como referencia la fecha del
acta de inicio del contrato - 30 de abril de 2015- reflejaba una diferencia en el valor
de los bienes; sin embargo, se advierte que en el acto se omitió efectuar un análisis
amplio e integral del comportamiento de la tasa de cambio con anterioridad a la
celebración y ejecución del contrato, aspecto que resultaba indispensable para
determinar si la fluctuación del dólar alegada por el contratista constituía realmente
una circunstancia imprevisible o no.
En efecto, la sola constatación de una diferencia porcentual entre dos momentos
específicos no resulta suficiente, por sí misma, para estructurar un evento de
imprevisión, pues precisamente era necesario establecer si el incremento de la TRM
obedecía a una alteración abrupta, excepcional e inesperada o si, por el contrario,
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Radicado: 50001-23-33-000-2016-00648-01 (66305)
Demandante: Departamento del Meta
era progresiva y conocida por los agentes del mercado, particularmente por quienes,
como el contratista, desarrollaban actividades de importación de bienes.
En pocas palabras, no bastaba con constatar que la TRM tuvo una variación del
29% en esa fecha determinada, pues debía analizarse el comportamiento de dicho
índice para verificar la tendencia de esa fluctuación en el tiempo, circunstancia que,
al ser constante desde agosto de 2014, desvirtúa el argumento según el cual dicha
situación constituye un hecho imprevisible.
A propósito de la previsibilidad de los hechos que pueden alterar las condiciones
contractuales, la doctrina especializada ha establecido que:
“La determinación de la imprevisibilidad del hecho alterador de las condiciones
contractuales no puede hacerse en abstracto sino que deben ser siempre
tenidas en cuenta las circunstancias específicas de cada caso concreto,
incluyendo el conocimiento que la parte afectada hubiera podido tener sobre la
situación que causa el desequilibrio contractual. Así, por ejemplo, se han
negado pretensiones de restablecimiento del equilibrio económico por
situaciones imprevistas sobre la base de que la parte afectada era un
profesional experto en el mercado específico en que se produjo la alteración de
las condiciones de ejecución, lo cual le exigía tener un conocimiento
especializado de ese mercado y generaba como efecto que, respecto de ese
mercado en particular, la cantidad de situaciones imprevisibles se
disminuyeran52 (…)
Obviamente, quedan excluidos del aleas extraordinario todos aquellos hechos
perturbadores que resulten como consecuencia directa de la impericia o del
comportamiento negligente o culposo de la parte perjudicada por ellos54.
Igualmente, según la jurisprudencia, quedan excluidas las variaciones de los
índices macroeconómicos, como la tasa de cambio o la inflación, cuando no se
acredita que tal variación es anormal respecto de los antecedentes de
comportamiento del respectivo índice55(…)”98.
Para la Sala, en el presente caso la fluctuación del dólar o el incremento de costos
derivado de la importación de los bienes requeridos por la Administración no
desbordaba, conforme a las condiciones del contrato, su alea normal,
especialmente cuando resulta claro que el contratista tendría que importar los
bienes, de ahí que fuera razonablemente previsible establecer las contingencias
económicas propias de dicha operación.
98 Rodríguez, Libardo: “El equilibrio económico en los contratos públicos”, cuarta edición, Temis, Bogotá, 2021,
págs.154 a 156.
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Radicado: 50001-23-33-000-2016-00648-01 (66305)
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Sobre el particular, en un caso en el que se analizó una reclamación por el
desequilibrio económico de un contrato de compraventa con ejecución diferida
derivado de la variación de la TRM, esta Sección consideró que:
“41. Como condición eventual pero previsible para el contratista, inherente y
derivada de sus propias operaciones comerciales, el riesgo cambiario era una
condición de potencial ocurrencia que, al derivarse del modelo de negocio que
contempló (ofertar en pesos y luego adquirir los bienes en dólares), debía ser
mitigado por él bajo la modalidad jurídica o financiera que estimara oportuna
v.gr., comprando anticipadamente o acudiendo a contratos a plazos (forwards22,
delivery23 o non delivery24) u otras herramientas disponibles. Así mismo,
considerando que la tipología del contrato celebrado fue el de una compraventa
con ejecución diferida, los riesgos relacionados con los bienes a entregar
estaban a cargo del demandante en su calidad de vendedor, al estar en mejores
condiciones de controlarlos, tal como es dispuesto por los artículos 928 y 929
del Código de Comercio”99.
A partir de lo anterior, se puede colegir que la situación descrita, en los términos
solicitados por la parte demandada en el marco del iter contractual, contrario a lo
escuetamente manifestado en el acto cuestionado, no configuraba uno de los
presupuestos esenciales de la teoría de la imprevisión, esto es, la existencia de una
circunstancia imprevisible que altere de manera grave la ecuación económica del
contrato; lo alegado corresponde, más bien, a un riesgo propio del contratista,
derivado de la planeación y estructuración de su oferta.
En efecto, a juicio de la Sala, si el demandado, como experto en la venta e
importación de los bienes objeto del contrato -único distribuidor autorizado-, conocía
que para cumplir sus obligaciones debía importar los bienes, le correspondía, desde
luego, valorar a partir de la estructuración de su oferta los riesgos asociados a esta
operación, entre otros, a la fluctuación de la tasa de cambio, que como quedó visto
presentaba una constante al alza desde agosto de 2014. En consecuencia, si el
contratista presentó su propuesta sin incorporar mecanismos para prevenir o mitigar
dicha situación, no puede afirmarse que su materialización constituya per se un
hecho imprevisible.
En otras palabras, las condiciones fijadas permiten concluir que el eventual
incremento de costos derivado de la importación era un riesgo previsible que asumió
el contratista al celebrar el contrato, máxime cuando en el proceso de selección se
dispuso expresamente que los precios ofertados debían cubrir “todos los costos que
99 Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 17 de octubre de 2023. Rad.: 61.441
F.J. 41.
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Radicado: 50001-23-33-000-2016-00648-01 (66305)
Demandante: Departamento del Meta
implique la ejecución del contrato” y que estos no serían objeto de reajuste alguno.
En el presente caso, y derivado de la variación en la TRM antes referida, lejos de
configurarse un supuesto de imprevisión, lo que se evidencia es la concreción de
un riesgo propio del alea normal del contrato y, por tanto, previsible, aun cuando el
mismo no hubiera quedado expresamente consignado dentro de la matriz de riesgos
de la entidad.
Así las cosas, si la demandada obtuvo pérdidas en la ejecución del contrato y si,
como se afirma en el acto cuestionado, incurrió en mayores costos para la
importación de los bienes objeto del contrato por cuenta del alza del dólar, las
mismas obedecieron, entonces, a falta de análisis y previsión al momento de
estructurar y presentar la oferta, aspecto que solamente le resulta imputable al
contratista, pues como es bien sabido nadie puede alegar la propia culpa en su
beneficio -nemo auditur propiam turpitudinem-, máxime, se itera, teniendo en cuenta
la experiencia y la experticia propia del giro normal de las actividades que
desarrollaba, como quedó demostrado en el proceso según lo manifestado por el
representante legal de INCAS S.A.S. en su declaración y de acuerdo con lo afirmado
por el Secretario Jurídico del Departamento en su testimonio; de manera que
cualquier disyuntiva frente a la variación en el valor del contrato de cara a la
fluctuación de la moneda debió preverse en el contrato.
En efecto, según quedó visto en precedencia, se observa, no solamente que los
costos asociados a la importación de los bienes objeto del contrato quedaron
comprendidos en los valores establecidos: (i) en la oferta presentada; y (ii) en el
clausulado correspondiente al valor del contrato, sino también que el valor del dólar
venía incrementando de forma constante desde agosto de 2014, todo lo cual permite
concluir que la fluctuación de la tasa de cambio del dólar no se trató de una
circunstancia imprevista y que no hubiere sido razonablemente posible de anticipar,
sino que, antes bien, la misma hizo parte del alea normal del contrato o del riesgo
asumido por INCAS S.A.S. al presentar su oferta y acordar las condiciones del
negocio jurídico.
De otra parte, y en atención a la motivación contenida en el acto administrativo
acusado, particularmente en lo relativo al informe financiero que sirvió de sustento
para reconocer el supuesto rompimiento del equilibrio económico del contrato, la
Sala tampoco advierte acreditada la existencia de una circunstancia ajena a las
partes que estructure la teoría de la imprevisión.
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Radicado: 50001-23-33-000-2016-00648-01 (66305)
Demandante: Departamento del Meta
En efecto, de los documentos allegados al proceso, particularmente de los que
atañen a la fase precontractual y contractual, se observa que en ninguno de ellos
se estableció un plazo específico para la adquisición de los bienes objeto del
contrato. Lo único previsto fue la obligación del contratista de efectuar su entrega
dentro del término de ejecución pactado.
Bajo ese contexto, quedó acreditado, y así fue reconocido en el acto administrativo
acusado, que el acta de inicio del contrato se suscribió el 30 de abril de 2015 (hecho
probado 6.1.12.), que el anticipo fue desembolsado el 22 de mayo del mismo año
(hecho probado 6.1.14.), que la solicitud de reconocimiento del desequilibrio
económico fue presentada por el contratista apenas el 25 de agosto de 2015 (hecho
probado 6.1.15.) y que hasta el 11 de septiembre de 2015 se suscribió la declaración
de importación de los bienes (hecho probado 6.3.2.).
A juicio de la Sala, dichas circunstancias fácticas, analizadas en conjunto con los
informes que soportaron la expedición del acto acusado, no permiten concluir que
el reconocimiento de la ruptura del equilibrio económico del contrato proviniera de
un hecho no atribuible al contratista. Por el contrario, aunque en la motivación del
acto administrativo demandado se toma como referente para el reconocimiento la
fecha de la declaración de importación y la variación de la tasa de cambio para ese
momento se omite explicar y sustentar las actuaciones desplegadas por el
contratista entre el desembolso del anticipo y el inicio efectivo de las gestiones de
adquisición de los bienes.
En otras palabras, ni el acto administrativo ni los documentos que le sirven de
soporte explican por qué, pese a que el anticipo fue desembolsado el 22 de mayo
de 2015, la declaración de importación solo vino a suscribirse hasta septiembre del
mismo año. Tampoco existe argumento alguno que dé cuenta del momento en que
el contratista inició las negociaciones o adelantó las actuaciones tendientes a la
compra de los bienes requeridos para ejecutar el contrato.
La anterior circunstancia cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que,
conforme con la motivación del acto, el propio contratista únicamente puso en
conocimiento de la entidad la afectación derivada de la variación cambiaria hasta el
25 de agosto de 2015, esto es, varios meses después del desembolso del anticipo
y cuando ya había transcurrido más de la mitad del plazo de ejecución del contrato,
el cual se había previsto por 5 meses contados a partir del acta de inicio, esto es,
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Demandante: Departamento del Meta
del 30 de abril de 2015. Lo anterior da cuenta de que la solicitud de restablecimiento
económico del contrato estuvo precedida de un lapso considerable durante el cual
el contratista conservó la posibilidad de adelantar las gestiones de importación,
adoptar medidas de mitigación o poner de presente de manera temprana las
dificultades que advertía en la ejecución contractual.
Inclusive, aunque en el expediente obra la factura de venta proforma No. 119 (hecho
probado 6.3.3.), dicho documento tampoco desvirtúa las anteriores consideraciones
ni permite tener por acreditada una circunstancia ajena a las partes. En efecto, se
advierte que la referida factura fue expedida el 28 de mayo de 2015 por la sociedad
Green Life Solutions a favor de Secoll S.A.S., sociedad que no hizo parte de la
relación contractual objeto de controversia.
A lo anterior también se suma que dicha factura fue allegada con posterioridad a la
expedición del acto administrativo acusado, razón por la cual tampoco resulta
idónea para sustentar la motivación que sirvió de fundamento a la decisión
administrativa demandada, particularmente si se tiene en cuenta que la legalidad
del acto debe examinarse a partir de los motivos y elementos de juicio existentes al
momento de su expedición.
En consecuencia, conforme quedó visto en precedencia, la circunstancia que dio
lugar a reconocer el desequilibrio económico del contrato por parte del
Departamento en el acto acusado no era imprevisible ni ajena a las partes, por lo
que no se configuraban los presupuestos necesarios para su reconocimiento con
fundamento en la teoría de la imprevisión, de ahí que se configure el vicio de falsa
motivación, pues los fundamentos jurídicos -aunque escuetos- que dieron lugar a la
expedición del acto administrativo acusado, no existían, aspecto que conlleva a
considerar que la Resolución No.168 del 19 de noviembre de 2015 adolece de
nulidad.
A partir de lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del 10 de septiembre de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que accedió a las pretensiones de
la demanda y condenó en costas a la parte demandada, por las razones expuestas
en la parte considerativa de esta providencia, esto es, al constatar que el acto
administrativo acusado adolece del vicio alegado -falsa motivación-.
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Radicado: 50001-23-33-000-2016-00648-01 (66305)
Demandante: Departamento del Meta
7. Condena en costas en segunda instancia
El numeral 1º del artículo 365 del CGP100 dispuso que se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación”, siempre que se demuestre en el expediente su causación y en la
medida de su comprobación101 .
Bajo este entendido, se condenará en costas en segunda instancia a INCAS S.A.S.
quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia, ya que aquel no prosperó, y su liquidación la hará de manera concentrada
el a quo, en los términos de los artículos 365.8 y 366 del Código General del
Proceso.
Al efecto, de conformidad con lo establecido en los numerales 3102 y 4103 del artículo
366 ibídem, en concordancia con el artículo 6 numeral 3.1.3.104 del Acuerdo No.
1887 del 26 de junio de 2003, “por el cual se establecen las tarifas de agencias en
derecho”, vigente para el momento de la presentación de la demanda, según el cual
tratándose de procesos ordinarios que se surten en segunda instancia la tarifa de
agencias en derecho será de hasta el cinco por ciento (5%) de las pretensiones, la
Sala fija las agencias en derecho en esta instancia en un uno por ciento (1%) del
valor total de las pretensiones, que corresponden a la suma de $4.156.120, en razón
de la naturaleza, calidad y cuantía del proceso, así como también de la actuación
desplegada por la parte vencedora105.
100 Aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 188 del CPACA, a cuyo tenor se expone: “[…] la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil […]”.
101 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
suplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…] 8. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”.
102 “3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales
hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado
sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado […] Los honorarios de los peritos contratados
directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que aparezcan comprobados y
el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la
Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará”.
103 “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior
de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta,
además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de
dichas tarifas”.
104 “ARTICULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: III. CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO 3.1. ASUNTOS 3.1.3. Segunda instancia (…) Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%)
del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.
105 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
72
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Radicado: 50001-23-33-000-2016-00648-01 (66305)
Demandante: Departamento del Meta
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de septiembre de 2020, proferida por
el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandada,
las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera
instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y
tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365-8 y 366 del C.G.P. Se
incluirán por concepto de agencias en derecho en segunda instancia a favor del
Departamento del Meta la suma correspondiente a $4.156.120.
TERCERO: Por Secretaría REMITIR copia de esta providencia con destino al
proceso ejecutivo adelantado al interior del Tribunal Administrativo del Meta, con
radicado número 50001333300620160028501, en el que funge como ejecutante:
INCAS S.A.S. y como ejecutado: el departamento del Meta.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al
Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
ACLARACIÓN DE VOTO
VF
73
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