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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05353-00

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05353-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Tribunal Superior Judicial de Ibagué, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ, el Consejo Superior de la Judicatura, la Superintendencia Nacional de Salud y la Policía Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad, a la dignidad humana y al buen nombre del actor, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: ORDENAR al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué el levantamiento de las sanciones por desacato impuestas al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga dentro del trámite incidental de desacato identificado con el número de radicado 73001-31-05-003-2025-10026-00/01/02, y asimismo a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué la terminación de los respectivos procesos de cobro coactivo derivados de dichas sanciones, dentro de un término de veinte (20) días calendario. CUARTO: ORDENAR a la Nueva EPS S.A., por conducto de su agente interventor, y a la Superintendencia Nacional de Salud que, en el marco de sus respectivas competencias y dentro de un término no superior a sesenta (60) días calendario, presenten ante el Juez de primera instancia que conoció de los incidentes de desacato dentro del expediente identificado con el radicado núm. 73001-31-05-003-2025-10026-00/01/02, un plan de acción institucional que contenga medidas concretas enfocadas a superar gradualmente el cumplimiento de las órdenes dictadas dentro del mencionado proceso. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05353-00 QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. SEXTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05353-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Wilmar Rodolfo Lozano Parga.
Parte accionada: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otros.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05353-00.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Incidente de desacato. Se
ampara y se ordena el levantamiento de sanciones.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, la Superintendencia Nacional de Salud, la Nueva EPS, el Agente
Interventor de la Nueva EPS y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Ibagué.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga manifestó que estuvo
vinculado a la Nueva EPS en el cargo de gerente zonal del Tolima y
administrador de la sede de Ibagué entre el 23 de noviembre de 2013 y
el 3 de octubre de 2025.

1.2. Señaló que durante su vinculación otorgó poder al área jurídica de la
entidad para la contestación de las acciones de tutela e incidentes de
desacato, sin que ello implicara facultades de dirección, disposición de

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recursos ni manejo presupuestal para materializar las órdenes que se
impartieran en materia de salud.

1.3. Indicó que mediante Resolución núm. 2025-320030001956-6 del 3
de abril de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud dispuso que
todos los procesos para garantizar la prestación de servicios a los
usuarios incluyendo los procesos de contratación de la IPS,
autorizaciones, facturaciones, pagos y cumplimiento de los fallos de
tutela debían ser adoptados por el nivel central, razón por la cual no
estaba dentro de su competencia ejecutar las órdenes impartidas por los
jueces constitucionales.

1.4. Afirmó que en ningún momento fue notificado a su correo personal
de las actuaciones judiciales promovidas en su contra, toda vez que eran
notificadas directamente al correo institucional de la Secretaría General
de la Nueva EPS, esto es a secretaria.general@nuevaeps.com.co y
tramitadas por el área jurídica del nivel central, dependencia donde él no
tenía injerencia.

1.5. Adujo que la Superintendencia Nacional de Salud mediante
Resolución núm. 2024160000003012-6 del 3 de abril de 2024 ordenó la
intervención forzosa administrativa de la Nueva EPS al advertir una fuerte
crisis estructural que además dificultaba la atención y cumplimiento de
las órdenes de tutela, decisión que tuvo que ser posteriormente
prorrogada mediante Resolución 2025320030001956-6 del 3 de abril de
2025.

1.6. Manifestó que a través de la Resolución núm. 030 del 30 de
diciembre de 2025, la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Ibagué decretó el embargo y posterior secuestro de sus bienes inmuebles
y cuentas bancarias, como consecuencia de 156 procesos de cobro
coactivo derivados de sanciones de multa impuestas en incidentes de
desacato por un valor aproximado de $755.861.340.33, pese a haber sido
desvinculado de Nueva E.P.S. S.A.

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1.7. Refirió que, a pesar de haber terminado su vinculación laboral desde
el 3 de octubre de 2025, continúa siendo vinculado por algunos
despachos judiciales a diferentes acciones de tutela e incidentes de
desacato promovidos contra la Nueva EPS y negándosele la solicitud de
inaplicación de sanciones de arresto y multa, sin tener en cuenta tal
condición.

1.8. Finalmente, indicó que durante las anteriores vigencias fue la Nueva
EPS quien asumió el pago de las multas que quedaron en firme, lo que
evidencia que las sanciones impuestas obedecen a una falla estructural
de la entidad y no a una conducta dolosa o negligente de su parte.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Ibagué vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida, a la
salud, a la dignidad humana, a la seguridad social e integridad personal al
imponerle sanciones por desacato a pesar de que no tenía competencia
funcional para cumplir las órdenes impartidas en las acciones de tutela, toda
vez que “[…] no era ordenador del gasto, no tenía control sobre autorizaciones
médicas, no dirigía el área jurídica, no tenía capacidad para ejecutar
decisiones, no poseía autonomía administrativa para contratar con
prestadores […]”.

Manifestó que la jurisprudencia Constitucional ha establecido que el “[…]
desacato exige responsabilidad subjetiva y no procede cuando existe
imposibilidad material de cumplimiento, especialmente en contextos de fallas
estructurales del sistema de salud […]”.

Por lo anterior aseguró que no se le debió imponer sanciones de arresto y
multa y mantenerlas dentro de los incidentes de desacato en su calidad de
“[…] exfuncionario que carecía de competencia funcional, capacidad material
y poder decisorio para cumplir las órdenes impartidas en sede de tutela, en un
contexto de falla estructural de una entidad intervenida y administrada por el
Estado […]”, para lo cual citó la sentencia SU-034 de 2018.

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Por último señaló como precedente la sentencia STP5789-2026 de la Corte
Suprema de Justicia donde se resolvió un caso sustancialmente idéntico,
donde se ordenó levantar las sanciones impuestas, la suspensión de cobros
coactivos y el traslado de responsabilidad a la entidad Nueva EPS.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA PRINCIPAL: Como consecuencia del amparo
constitucional a la violación de mis derechos anteriormente descritos
especialmente al DEBIDO PROCESO, ordenar el LEVANTAMIENTO DE
LAS SANCIONES DE ARRESTO Y MULTA VIGENTES impuestas
dentro de los incidentes de desacato proferidos en contra del accionante
en su condición de ex colaborador de NUEVA EPS.

SEGUNDA PRINCIPAL: Ordenar a NUEVA EPS en cabeza de Dr.
JORGE IVAN OPSINA actual interventor designado de NUEVA EPS S.A.,
y la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD que en el marco de
sus competencias legales y administrativas, adelanten de manera
inmediata las gestiones necesarias para la materialización y cumplimiento
efectivo de las órdenes de tutela pendientes que dieron origen a los
incidentes de desacato, así como las actuaciones judiciales y
administrativas orientadas a asumir institucionalmente las consecuencias
derivadas de dichos incumplimientos, evitando que continúen
trasladándose de manera desproporcionada a mi esfera personal.

TERCERA: Se ordene a Nueva EPS, la Superintendencia de Salud y las
autoridades correspondientes asumir institucionalmente el cumplimiento
de las órdenes judiciales […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

A través de auto de 25 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo del Tolima
dispuso remitir la presente acción de tutela al Consejo de Estado, en razón a
que uno de los accionados era el Consejo Superior de la Judicatura, razón por
la cual la presente acción de tutela fue asignada por reparto a la Sección Cuarta
de esta Corporación, asignándosele el radicado núm. 11001-03-15-000-2026-
04017-00.

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Por lo anterior la Sección Cuarta de esta Corporación mediante auto de 1 de
junio de 2026, dispuso requerir al accionante para que precisara, si la acción
de tutela se dirigía a controvertir las decisiones adoptadas dentro de los
trámites judiciales de los incidentes de desacato en los que se impusieron las
sanciones de multa y arresto en su contra o, las actuaciones adelantadas
dentro de los procesos de cobro coactivo iniciados para hacer efectivas dichas
sanciones, o ambos asuntos.

Posteriormente el despacho de conocimiento de la Sección Cuarta de esta
Corporación, mediante auto de 24 de junio de 2026, requirió por segunda vez
al accionante para que individualizara los procesos de tutela respecto de los
cuales presenta sus inconformidades, indicando la autoridad judicial que
profirió la decisión, el número de radicación del proceso de tutela y la sentencia
correspondiente.

Mediante auto de 8 de julio de 2026, el despacho de conocimiento de la
Sección Cuarta de esta Corporación resolvió, admitir la acción de tutela núm.
2026-04017-00 únicamente respecto de los reproches dirigidos contra la
sanción de multa y arresto impuestas al accionante en el expediente con
radicado núm. 2024-00160-00, asimismo ordenó a la Secretaria General
desglosar la acción de tutela y sus anexos y abrir cuadernos separados para
cada uno de los procesos cuestionados, con el fin de que cada actuación fuese
sometida a reparto y tramitada de forma independiente.

La Secretaría General de esta Corporación, expidió el 10 de julio de 2026,
constancia de desglose de la tutela y sus anexos para ser sometida a reparto,
correspondiéndole a este Despacho la presente acción de tutela.

Mediante auto de 28 de julio de 2026, se admitió la presente acción de tutela.

A través de auto de 18 de agosto de 2026 se vinculó a los señores Víctor
Manuel Saavedra Ospina, Aldemar Casadiegos Jaime y al Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Ibagué.

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III. INTERVENCIONES

1. El Tribunal Superior Judicial de Ibagué solicitó su desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que carece de competencia
respecto de los hechos y pretensiones expuestos por la parte accionante.

2. La Nueva EPS señaló que a fin de restablecer la unidad del trámite se
dispusiera que los expedientes originados en la orden de desglose fueran
remitidos y acumulados al “[…] expediente matriz 11001-03-15-000-2026-
04017-00, inicialmente asignado a la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
con el fin de que los cuestionamientos formulados por el señor Wilmar Rodolfo
Lozano Parga sean conocidos y resueltos dentro de una única actuación, con
unidad de criterio y plena garantía de los derechos de defensa, contradicción
y debido proceso […]”.

Asimismo, solicitó no acceder a la pretensión subsidiaria orientada a imponer
a la Nueva EPS una orden particular de gestión individualizada en favor
exclusivo del accionante, toda vez que una decisión de esa naturaleza
impondría entre otras una carga operativa singular que alteraría el orden de
atención de miles de actuaciones semejantes.

3. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué manifestó que
esa dependencia carece de competencia para inaplicar o dejar sin efecto las
multas impuestas por despachos judiciales por cuanto “[…] dichas sanciones
provienen de decisiones que gozan de presunción de legalidad y son de
obligatorio cumplimiento, mientras no sean modificadas, revocadas o dejadas
sin efectos por la autoridad judicial competente […]”, razón por la cual solicitó
su desvinculación dentro de la presente acción constitucional.

4. La Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Ibagué solicitó declarar improcedente la presente acción
constitucional y se desvincule de la presente acción constitucional toda vez
que no ha incurrido en acción u omisión de carácter administrativo que afecten
a la parte accionante.

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5. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que
de acuerdo con la Ley 270 de 1996, modificada por la Ley 2430 de 2024 los
llamados a responder en la presente acción de tutela son las Direcciones
Seccionales de Administración Judicial de las jurisdicciones donde se
adelantan los procesos de cobro coactivo.

6. El Consejo Superior de la Judicatura solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que esa entidad no es la llamada
a cumplir las órdenes que se profieran con el fin de amparar las garantías
constitucionales del accionante.

7. La Superintendencia Nacional de Salud manifestó que no vulneró ningún
derecho fundamental de la parte accionante razón por la cual solicita su
desvinculación.

Asimismo, de manera subsidiaria solicitó en caso de que no proceda su
desvinculación, se nieguen las pretensiones.

8. La Policía Nacional solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que esa institución no vulneró los derechos
fundamentales de la parte accionante.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.

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Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Cuestión previa

2.1. De la solicitud de desvinculación

La Sala advierte que el Tribunal Superior Judicial de Ibagué, la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Ibagué, la Oficina de Cobro Coactivo
de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ, el Consejo Superior de la
Judicatura, la Superintendencia Nacional de Salud y la Policía Nacional
solicitaron su desvinculación del presente trámite de tutela.

La Sala considera que, comoquiera que la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Ibagué, la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Ibagué, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – DEAJ, el Consejo Superior de la Judicatura, la
Superintendencia Nacional de Salud y la Policía Nacional fueron relacionados
por la parte accionante como las posibles entidades que ocasionaron la
vulneración de sus derechos fundamentales, y que el Tribunal Superior
Judicial de Ibagué conoció de la sanción impuesta en el trámite del incidente
de desacato objeto de estudio identificado con el radicado núm. 73001-31-05-
003-2025-10026-00/01/02, les asiste interés directo en la decisión de la acción
constitucional de la referencia, razón por la que se negarán sus solicitudes de
desvinculación.

2.2. De la solicitud de acumulación

Respecto de la solicitud de acumulación presentada por la Nueva EPS, la Sala
considera que no se accederá a ella toda vez que la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, dentro del expediente con núm. de radicado 2026-04017-
00, dispuso mediante auto de 8 de julio de 2026 el desglose de la demanda y
sus anexos y abrir cuadernos separados para cada uno de los procesos

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cuestionados, con el fin de que cada actuación fuese sometida a reparto y
tramitada de forma independiente, al considerar que las sanciones
cuestionadas provienen de incidentes de desacato adelantados en procesos
de tutela “[…] autónomo e independiente, promovido por accionantes
diferentes, con fundamento en hechos y circunstancias particulares, en el que
se profirieron órdenes de amparo distintas y en el que las razones que
condujeron a la imposición de la sanción tampoco fueron las mismas. En esa
medida, el estudio de cada uno de esos asuntos cuestionados exige la
valoración individual de los supuestos fácticos y jurídicos propios de cada
expediente […]”.

3. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si las providencias aquí controvertidas vulneraron los
derechos fundamentales de la parte accionante, con ocasión de las
sanciones de arresto y multa impuestas dentro del incidente de
desacato núm. 73001-31-05-003-2025-10026-00/01/02.

4. Caso concreto

4.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales

La Sala encuentra que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad,
en razón a que: i) se cumple el requisito de subsidiariedad porque el
accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial; ii) la acción de tutela
se presentó dentro de un término razonable; iii) la situación a la cual se
atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente

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puntualizada en el escrito de tutela; iv) no se alega la existencia de una
irregularidad procesal, no es necesario efectuar un análisis al respecto, y v) la
acción constitucional se dirige contra providencias que resuelven incidentes de
desacato, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional
contenida en sentencias T-271 de 2015, SU-034 de 2018, entre otras.

Respecto del requisito de relevancia constitucional, cabe mencionar que este
se tiene por cumplido siempre que se evidencie, a primera vista, la posible
afectación o vulneración de las garantías constitucionales o el núcleo esencial
de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces2.

En el presente asunto, se tiene por satisfecho este requisito, por cuanto la parte
actora identificó y explicó las garantías constitucionales que alega vulneradas
por parte de la autoridad accionada. Adicionalmente, argumentó la presunta
vulneración desde la óptica de la protección que la Constitución Política ofrece
a estos bienes jurídicos superiores, motivo por el cual la inconformidad no gira
respecto de un asunto de mera legalidad de la decisión atacada, sino que
involucra los derechos fundamentales presuntamente vulnerados con ocasión
de las sanciones de arresto y multa impuestas dentro de múltiples incidentes
de desacato adelantados por el incumplimiento de fallos de tutela proferidos
contra la NUEVA EPS, entre ellas, la orden de arresto y multa impuestas
dentro del incidente de desacato núm. 73001-31-05-003-2025-10026-
00/01/02, desconociendo la jurisprudencia constitucional sobre la
responsabilidad subjetiva en el trámite incidental, por cuanto carecía de
competencia material y funcional para cumplir las órdenes impartidas, en la
medida en que durante su vinculación laboral no “[…] no era ordenador del
gasto, no tenía control sobre autorizaciones médicas, no dirigía el área
jurídica, no tenía capacidad para ejecutar decisiones, no poseía autonomía
administrativa para contratar con prestadores […]”.

2Corte Constitucional, sentencia de tutela T-102 de 2006, Magistrado ponente Humberto
Antonio Sierra Porto. En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-
18.

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Asimismo, se desconoció que la presente controversia se encontraba
contextualizada en la crisis estructural atravesada por la Nueva EPS, por haber
sido sometida a una intervención forzosa administrativa por la
Superintendencia de Salud mediante Resolución núm. 2024160000003012-6
del 3 de abril de 2024, es decir con anterioridad del fallo de tutelas y a las
providencias dictadas dentro de los incidentes de desacato.

El accionante señaló que a pesar de haber sido desvinculado de la Nueva EPS
continuaron produciéndose efectos como consecuencia de algunas sanciones
impuestas en su contra, como son las multas, situación que vulnera sus
derechos fundamentales.

De conformidad con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia
constitucional se ha precisado que la finalidad del incidente de desacato no es
la imposición de una sanción en sí misma, sino que debe considerarse como
una de las formas de buscar el cumplimiento de la respectiva sentencia, es
decir su propósito radica en alcanzar el cumplimiento de la orden impartida por
el juez constitucional3.

De otra pate para la imposición de la sanción por desacato es necesario
verificar por parte del juez el elemento subjetivo, razón por la cual es necesario
valorar las circunstancias particulares del caso en particular, como son las
posibilidades funcionales y materiales que tenía el incidentado para poder dar
cumplimiento a las órdenes de tutela.

Respecto de la responsabilidad subjetiva esta Corporación ya se pronunció,
mediante sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado4, al estudiar la falla estructural por la que atravesaba una
entidad, concluyendo que “[…] desde una perspectiva global o panorámica del
contexto analizado, el incumplimiento de los fallos de tutela que ampararon
derechos fundamentales no resulta atribuible a la negligencia o al dolo de las
personas encargadas de acatarlos, sino a los problemas institucionales

3 Sentencia T-421 de 23 de mayo de 2003 M.P. Marco Antonio Monroy Cabra.
4 Expediente 11001 03 15 000 2024-04475-02, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.

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profundos de la EPS que imposibilita su correcto funcionamiento y la atención
oportuna de las dificultades en salud que presenten sus afiliados […]”.

Igualmente esta Sección ya se pronunció respecto de la acción de tutela
promovida por el aquí accionante Wilmar Rodolfo Lozano Parga5, en la cual
se reconoció que la situación de intervención forzosa administrativa y la falla
estructural que atraviesa la Nueva E.P.S. S.A. constituían “[…] un elemento
relevante para valorar las condiciones institucionales en las que se produjo el
incumplimiento de las órdenes de tutela y, particularmente, para determinar si
las sanciones impuestas al actor respetaron el principio de responsabilidad
subjetiva que rige el incidente de desacato […]”.

No obstante, aclaró que “[…] pese a que el actor en el escrito de tutela
cuestiona las múltiples sanciones que le han sido impuestas en los distintos
incidentes de desacato adelantados en su contra […]”, resulta necesario
estudiar las circunstancias particulares de cada proceso.

3.2. Análisis de las providencias cuestionadas en la presente acción de
tutela

De los incidentes de desacato núm. 73001-31-05-003-2025-10026-00/01/02,
el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué efectuó el siguiente análisis
probatorio:

“[…] Conocida en primera instancia la tutela instaurada por la señora
María Eugenia Sánchez Poveda en calidad de agente oficiosa de su
esposo, el señor Víctor Manuel Saavedra Ospina, contra la Nueva EPS,
concediendo el amparo de tutela mediante fallo con radicado 2025- 10026
del 20 de mayo de 2025, este Despacho Judicial dispuso:

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental a la salud del señor Víctor
Manuel Saavedra Ospina, identificado con la cédula de ciudadanía
número 6.006.786, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de
este proveído.

SEGUNDO: ORDENAR a la Nueva EPS que, por intermedio de su

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Expediente
11001 03 15 000 2026 05347 00, Sentencia de 30 de julio de 2026, Consejera Ponente: Nubia
Margoth Peña Garzón.

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representante legal, Dr. Wilmar Rodolfo Lozano Parga, que, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
providencia, si aún no lo hubiere hecho, gestione todo lo necesario para
que al accionante le sean suministrados de manera puntual y oportuna,
los medicamentos que le sean prescritos por su médico tratante para su
diagnóstico de Parkinson e hipertensión, en especial, los denominados
C-XADAGO 100MG y C-MIRAPEX ER 4.5 MG, conforme a la orden
médica y durante el tiempo que el galeno lo considere necesario.

2. Ante el presunto incumplimiento en el fallo de tutela en cuestión, la
señora María Eugenia Sánchez Poveda en calidad de agente oficiosa de
su esposo, el señor Víctor Manuel Saavedra Ospina, presentó solicitud
de incidente de desacato señalando incumplimiento por parte de la Nueva
EPS, frente a la orden de tutela 2025-10026.

[…]

De igual modo, la parte incidentada, no realizó pronunciamiento alguno
ni aportó pruebas. guardando silencio.

Quedando así evidenciado, que la Nueva EPS se sustrajo del
cumplimiento del fallo de tutela 2025-10026, pues, no ha emitido
respuesta frente al suministro de los medicamentos prescritos, conforme
a la orden médica, pasando por alto la orden constitucional.

Una vez configurado el primer elemento que constituye el Desacato,
debemos analizar las causas que motivaron el anterior incumplimiento.

[…]

Al descender sobre el sub lite, encontramos que la entidad NUEVA EPS
por conducto de su representante legal Gerente Zonal Tolima Dr.
WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA, su superior jerárquico el Dr.
ALDEMAR CASADIEGO JAIME - Gerente Regional Centro Oriente de la
NUEVA EPS, el Dr. LUIS FERNANDO BERNAL JARAMILLO en calidad
de Representante Legal Para Asuntos Jurídicos Y De Tutela no han
acreditado el cumplimiento de lo ordenado en fallo de tutela, demostrando
con ello una actitud totalmente indiferente al punto que ni los
requerimientos hechos con ocasión del presente incidente no han servido
para que gestione lo necesario para dar cabal cumplimiento a la orden de
tutela emitida, demostrando ello un incumplimiento al fallo judicial objeto
del presente incidente. En lo concerniente al señora GLORIA LIBIA
POLANÍA AGUILLÓN, en su condición de agente interventora de la
Nueva EPS no se impondrá sanción al interior del presente tramite
incidental.

[…]

PRIMERO: DECLARAR que hubo desacato al fallo de tutela proferido por
este despacho el pasado 20 de mayo de 2025 dentro de la Acción de
Tutela promovida por r la señora María Eugenia Sánchez Poveda en
calidad de agente oficiosa de su esposo, el señor Víctor Manuel Saavedra
Ospina contra La NUEVA EPS por conducto del Gerente Zonal Tolima
Dr. WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA, Gerente Regional Centro
Oriente de la NUEVA EPS Dr. ALDEMAR CASADIEGOS JAIME y LUIS
FERNANDO BERNAL JARAMILLO Representante Legal Par Asunto

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Judiciales Y De Tutela por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: SANCIONAR con multa de 4 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, por desacato al fallo de tutela de primera instancia
del 20 de mayo de 2025 al Doctor WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA
identificado con C.C. 79616607 en su calidad de Gerente Zonal Tolima
de la NUEVA EPS, al Doctor ALDEMAR CASADIEGOS JAIME
identificado con C.C. 88276871 en su calidad de Gerente Regional Centro
Oriente de la NUEVA EPS y al Doctor LUIS FERNANDO BERNAL
JARAMILLO identificado con C.C. 11.322.462 en su calidad de
Representante Legal Para Asunto Judiciales Y De Tutela de la NUEVA
EPS, dinero que deberá ser consignado en la cuenta del Banco Agrario
de Colombia No. 30820000640-8, denominación Rama Judicial – Multas
y rendimientos, cuenta única nacional, dentro de los cinco (5) siguientes
a la ejecutoria del presente fallo […]”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones el Juzgado accionado
resolvió sancionar al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga y la Sala de Decisión
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué mediante
decisiones del 2 de septiembre de 2025 y 29 de septiembre de 2025, dispuso
confirmar dichas sanciones.

Posteriormente el actor solicitó ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito
de Ibagué la inaplicación de las sanciones impuestas en cada uno de los
incidentes de desacato dentro de la acción de tutela, dentro del mencionado
trámite incidental, indicando que desde el 3 de octubre de ese año fue
notificado de su despido sin justa causa de la Nueva EPS, lo que le impedía
material y jurídicamente el cumplimiento de las órdenes emitidas en los
respectivos fallos de tutela.

Mediante autos de 26 de marzo y 7 de abril de 2026 el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Ibagué, resolvió negar la inaplicación de las sanciones
solicitadas por el accionante.

3.3. Análisis de la responsabilidad subjetiva en las providencias
cuestionadas

De otra parte para la Sala, el hecho de no haber cambiado la situación de crisis
de la Nueva EPS y que además continua en una intervención forzosa
administrativa y en un esquema de vigilancia y control por parte de la

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Superintendencia Nacional de Salud, constituye un elemento relevante para
valorar las condiciones institucionales en las que sucedió el incumplimiento de
las órdenes de tutela y, particularmente, para determinar si las sanciones
impuestas al actor respetaron el principio de responsabilidad subjetiva que rige
el incidente de desacato.

En ese orden de ideas, la Sala considera que teniendo en cuenta que uno
de los presupuestos indispensables para imponer las sanciones de arresto y
multa consiste en acreditar el elemento subjetivo de la responsabilidad, lo
que exige verificar las circunstancias particulares del caso en concreto y así
determinar si el incidentado contaba con la competencia funcional y material
para cumplir con las órdenes judiciales impuestas.

Por lo tanto, aunque las providencias cuestionadas identificaron al accionante
como responsable, se observa que omitieron realizar un estudio detallado
acerca de las competencias que tenía asignadas el incidentado en el cargo
que desempeñaba en la Nueva EPS, es decir que faltó analizar su capacidad
funcional y material para disponer del suministro requerido para dar
cumplimiento a las órdenes.

Así las cosas, no era suficiente establecer que el accionante desempeñaba
el cargo de gerente zonal y el hecho de no haber acreditado actuaciones
positivas para el cumplimiento de las órdenes sin verificar si efectivamente
para ello contaba con las condiciones, atribuciones y medios necesarios.

Por lo anterior, mantener las sanciones impuestas sería trasladarle una
responsabilidad personal al accionante sin que se hubiera demostrado, con
la rigurosidad requerida para establecer la existencia de un desacato, que
contaba con la competencia funcional y material para cumplir las órdenes
judiciales.

En consecuencia, la Sala concluye que las providencias cuestionadas
vulneraron los derechos fundamentales del señor Wilmar Rodolfo Lozano
Parga, al no haber realizado una valoración adecuada de los elementos para

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determinar su responsabilidad subjetiva, particularmente si se tiene en
cuenta la situación especial proveniente de la intervención administrativa de
la Nueva EPS.

Por lo expuesto, la Sala concederá el amparo de los derechos fundamentales
invocados por el actor y, en consecuencia, ordenará el levantamiento de las
sanciones por desacato que le fueron impuestas dentro del expediente
identificado con el número de radicación 73001-31-05-003-2025-10026-
00/01/02, así como el respectivo proceso de cobro coactivo derivado de dichas
sanciones.

En este contexto, resulta oportuno indicar que esta Sección en casos similares
al de la referencia, los cuales fueron promovidos por la parte aquí actora contra
diferentes juzgados con fundamento en los supuestos fácticos aquí ventilados,
ha amparado los derechos fundamentales y ha ordenado el levantamiento de
las sanciones por desacato 6.

Cabe señalar en este punto que la decisión de disponer el levantamiento de la
sanción impuesta en el marco del incidente de desacato objeto de análisis no
pretende desconocer los derechos fundamentales de los usuarios de la
entidad ni las órdenes de tutela mediante las cuales se otorgó protección a
dichos derechos. En consecuencia, se ordenará a la Nueva EPS representada
por su gerente interventor, y a la Superintendencia Nacional de Salud que, en
el marco de sus respectivas competencias y en un plazo no superior a sesenta
(60) días calendario, presenten ante el juez de primera instancia que conoció
del incidente de desacato adelantado en la tutela identificada con el radicado
núm. 73001-31-05-003-2025-10026-00/01/02, un plan de acción institucional
que contenga una relación de medidas concretas orientadas a superar,
gradualmente, el cumplimiento de la orden de tutela dictada dentro del
mencionado proceso.

6 Sentencias del 30 de julio y 10 de septiembre de 2026, expedientes 2026-05399-00, 2026-

05390-00, respectivamente. Entre otras.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el
Tribunal Superior Judicial de Ibagué, la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Ibagué, la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Ibagué, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – DEAJ, el Consejo Superior de la Judicatura, la Superintendencia
Nacional de Salud y la Policía Nacional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la
libertad, a la dignidad humana y al buen nombre del actor, de conformidad con
lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: ORDENAR al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué el
levantamiento de las sanciones por desacato impuestas al señor Wilmar
Rodolfo Lozano Parga dentro del trámite incidental de desacato identificado
con el número de radicado 73001-31-05-003-2025-10026-00/01/02, y
asimismo a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué la
terminación de los respectivos procesos de cobro coactivo derivados de dichas
sanciones, dentro de un término de veinte (20) días calendario.

CUARTO: ORDENAR a la Nueva EPS S.A., por conducto de su agente
interventor, y a la Superintendencia Nacional de Salud que, en el marco de sus
respectivas competencias y dentro de un término no superior a sesenta (60)
días calendario, presenten ante el Juez de primera instancia que conoció de
los incidentes de desacato dentro del expediente identificado con el radicado
núm. 73001-31-05-003-2025-10026-00/01/02, un plan de acción institucional
que contenga medidas concretas enfocadas a superar gradualmente el
cumplimiento de las órdenes dictadas dentro del mencionado proceso.

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QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

SEXTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Salva voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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